Viernes, 29 Marzo 2019 05:59

Estados mafiosos y poder político

Estados mafiosos y poder político

Ante nuestros ojos podemos observar cómo los Estados-nación se van deslizando hacia instituciones controladas por grupos paramilitares, mafias policiales y narcotraficantes. Lo que antes parecía una excepción, acotada a situaciones casi extremas, ahora se está convirtiendo en norma, a medida que el Estado ya no es aquella institución capaz de controlar territorios y asegurar el monopolio de la violencia legítima, como sostuvo Max Weber.

La crisis de los estados va de la mano con el crecimiento de grupos que ocupan los espacios que en otros tiempos fueron controlados por aquellas instituciones. El sociólogo brasileño José Claudio Alves, especialista en las periferias urbanas, asegura que las "milicias" de Río de Janeiro controlan la adjudicación de las áreas donde los migrantes del nordeste pueden comprar terrenos y construir sus viviendas, gracias a "informaciones privilegiadas obtenidas dentro del Estado" (goo.gl/KSQY5G).

"Me impresiona mucho el poder que tienen estos grupos y la fragilidad de la justicia frente a ese poder", sostiene Alves. Está haciendo referencia a un poder territorial que tiene su propio brazo político, anclado en las bancadas de la ultraderecha y partidos con una lógica fundamentalista religiosa, en el caso de Brasil. Como sucedió con Marielle Franco, concejala negra y lesbiana asesinada hace un año, se asiste a un aumento de las ejecuciones sumarias ante la nula respuesta estatal.

No se están registrando ni homicidios ni desapariciones, por lo menos en Río, porque el miedo es más poderoso que la voluntad de denunciar. Estamos ante la pérdida de derechos y la situación va empeorando, en toda la región latinoamericana. "Cinco décadas de grupos de exterminio han elevado hasta 75 por ciento la votación para Bolsonaro y la extrema derecha en la Baixada Fluminense", la región carioca más violenta del estado, según Alves. La violencia actual fue construida durante la dictadura y profundizada en democracia.

Las milicias van cambiando. Ahora detectan dónde se está moviendo el capital (grandes obras de infraestructura, como parte del modelo extractivo), y controlan de forma violenta el acceso al empleo que esas obras generan, de modo que cobran "impuestos" a las personas que quieren trabajar en las empresas, ya sean privadas o estatales. Los empleados deben entregar parte de sus salarios a los paramilitares.

Esto lo he visto en Medellín, en Río de Janeiro y cada vez en más ciudades de América Latina, ya sea bajo gobiernos conservadores o progresistas, porque estamos ante una mutación estructural de esa relación que llamamos Estado. "Otra novedad es la milicia marítima", sigue Alves. Aborda a los pescadores en el mar, les pide licencia de pesca y exige dinero para que sigan haciendo su trabajo de sobrevivencia. "Controlan incluso el acceso a los servicios médicos de los hospitales de Río", cobrando tasas y negando el ingreso a quien no paga.

Conclusión: "La relación de las milicias con el Estado es determinante para que se transformaran en una estructura de poder absoluta, amplia, autoritaria, potente y creciente en Río de Janeiro". Actúan de forma legal, con acceso a informaciones económicas que consiguen del Estado mediante aliados; pero también ilegal: asesinan, torturan y desaparecen. "Salimos de la dictadura oficial, para la dictadura de los grupos de exterminio y las milicias", apunta Alves, para quien nunca existió un fin de la dictadura.

Ante esta deriva creo que podemos hacer dos reflexiones.

La primera es que la crisis de los estados es el aspecto determinante que lleva a la creación de poderes como las milicias, paraestatales que no antiestatales. Este es el cambio estructural en relación con las instituciones; algo que he visto días atrás en Barcelona, donde el poder municipal no pudo detener la represión policial a los inmigrantes. Este poder creció incluso bajo Lula o los Kirchner, no por culpa de ellos sino porque estamos ante un proceso global, irreversible por ahora.

La segunda se relaciona con nuestras estrategias. Incrustarse en el Estado, ocupar el Estado o tomarlo, o como se llame a ese proceso consistente en ganar elecciones y administrar lo existente, tenía sentido cuando los Estados-nación encarnaban una configuración mínimamente democrática. Ahora puede ser muy peligrosa, porque nos paraliza ante enemigos que desbordan cualquier control institucional y nos hace cómplices de sus desmanes.

El historiador Emilio Gentile señala que la novedad de la ultraderecha actual consiste en "el peligro de que la democracia se convierta en una forma de represión con consentimiento popular" (goo.gl/5v37eS ). Una fachada electoral que encubre la falta de democracia es un mal asunto porque nos entretiene mientras desarma los poderes propios, que son los únicos que nos pueden permitir enfrentar y superar esta fase del capitalismo extractivo que depreda los bienes comunes, desarticula los estados-nación y arremete contra los pueblos del color de la tierra.

 

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Contraloría inhabilita a Guaidó por 15 años

Caracas. El jefe de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Juan Guaidó, quien se proclamó "presidente encargado" el pasado de 23 de enero, quedó inhabilitado este jueves para ocupar cargos públicos durante 15 años, "el máximo establecido en la ley", en un contexto cada vez más crítico por un megaapagón y la pugna entre Washington y Moscú por su relación con la nación petrolera.

Elvis Amoroso, titular de la Contraloría General de la República, precisó en rueda de prensa que una investigación iniciada el 11 de febrero determinó que Guaidó "ocultó y falseó datos en su declaración patrimonial", además de que recibió "fondos del exterior" de los cuales no informó a la autoridad.

El contralor, cercano al presidente Nicolás Maduro y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aclaró: "la inconsistencia en los bienes indicados en su declaración jurada de patrimonio y los ingresos que le ha correspondido percibir como diputado a la Asamblea Nacional, así como los gastos excesivos en su modo de vida, no se corresponden con los que puede financiar un diputado".

Agregó que Guaidó, desde que fue electo diputado en 2015, no justificó la fuente de ingresos para financiar más de 91 viajes al extranjero, valuados en 94 mil 110 dólares, en los que se trasladó en "aeronaves privadas o chárter" y se hospedó en "hoteles de lujo" en más de 248 días.

Amoroso también acusó al opositor de "usurpar funciones públicas y cometer acciones con gobiernos extranjeros que perjudican al pueblo de Venezuela y al patrimonio público, generando un daño a la paz social, la estabilidad democrática y al orden constitucional".

Aunque no precisó cuándo empezará la inhabilitación, ni reveló el monto de una multa que también será impuesta a Guaidó, indicó que la contraloría continuará investigando al opositor, y pidió al ministerio público y otros órganos del Estado sumarse a la pesquisa.

Mientras, en un mitin realizado en el Colegio de Ingenieros, el dirigente opositor desestimó la decisión al explicar que Amoroso "no es contralor", debido a que la AN es la única que puede designarlo en el cargo, y no la Constituyente. El órgano parlamentario controlado por la oposición fue declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia desde 2016.

De acuerdo con la Constitución de Venezuela, los diputados de la AN no pueden ejercer otro cargo ni percibir ingresos diferentes a los obtenidos por su función.

En los últimos años la contraloría ha inhabilitado para ejercer cargos públicos a varios líderes opositores por actos administrativos ilícitos, entre ellos Henrique Capriles y Leopoldo López, quienes han dicho que la medida sólo buscó marginarlos del juego político.

Capriles tuiteó: "aquí el único que inhabilita es el pueblo venezolano". En otro mensaje comentó que Maduro y los suyos "cada día se hunden más en su pantano. Van al basurero de la historia".

En Washington, el vocero del Departamento de Estado, Robert Palladino, calificó la inhabilitación de absurda y ridícula, mientras el enviado especial para Venezuela, Elliott Abrams, reiteró: "lo único que se puede negociar con Maduro son los términos de su salida".

Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, tuiteó: "desconocemos todas las actuaciones ilegales de los órganos represivos de la dictadura usurpadora de Maduro contra el presidente encargado".

En segunda resolución, el Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela condenó la inhabilitación de Guaidó, al considerar que la decisión "menoscaba los esfuerzos por conseguir una solución pacífica y democrática a la crisis".

El GCI, integrado por 16 países de Europa y América Latina, también consideró que se necesita restaurar "la democracia, el estado de derecho y la separación de poderes" en la nación sudamericana. La declaración, que no suscribió Bolivia, fue leída en español por el canciller ecuatoriano, José Valencia, y en inglés por la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, al término de su segunda reunión, esta vez hecha en Quito, en la cual no participó México.

En este contexto, funcionarios estadunideses reportaron que su gobierno instruyó a intermediarios petroleros y refinadores a escala internacional que reduzcan aún más sus tratos con el gobierno bolivariano. Además, American Airlines anunció que suspenderá de forma indefinida sus vuelos a Venezuela por la crisis política.

Resuelta, crisis por apagón

El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que la electricidad fue restituida en la mayoría del país, tras el megaapagón que comenzó el pasado lunes y que el gobierno bolivariano atribuye a "ataques terroristas" de Estados Unidos y la oposición.

Rodríguez ratificó en conferencia de prensa que el nuevo apagón se originó por ataques con "rifles de alto calibre" que provocaron un incendio en los patios de transmisión de la central hidroeléctrica de Guri, en el sureño estado de Bolívar, que genera 80 por ciento de la electricidad que se consume en Venezuela. Informó que este viernes se reanudarán las actividades laborales y educativas.

Panaderías, recauderías, supermercados, farmacias y pequeños comercios de Caracas abrieron sus puertas este jueves, pese a la suspensión de actividades laborales que anunció el gobierno debido a la intermitencia del servicio eléctrico, corroboró la agencia de noticias Sputnik.

Los venezolanos tuvieron que caminar kilómetros para conseguir agua potable, fabricar lámparas con aceite, salar la carne o recoger agua de manantiales para sortear el apagón, cuando creían superado el que afectó al país del 7 al 14 de marzo, el peor de su historia.

En entrevista para Venezolana de Televisión, cadena estatal, el fiscal general Tarek William Saab aseguró que los presuntos actos de sabotaje al sistema eléctrico buscan generar enfrentamientos para justiciar una intervención extranjera.

Maduro llamó a la población a mantenerse organizada para defender la paz y las agresiones contra el Sistema Eléctrico Nacional, convocó a manifestarse este sábado en la operación Defensa de la Libertad y aseveró que el apagón fue provocado por un "francotirador", enviado por la oposición.

Dmitry Peskov, vocero del presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró que las topas que enviaron el pasado fin de semana a Caracas permanecerán "el tiempo que sea necesario" y pidió a Estados Unidos que no se "preocupe" por sus relaciones con el país sudamericano.

En Bruselas, la Eurocámara aprobó una resolución en la que critica la supuesta influencia de Cuba sobre Venezuela y advirtió que, de continuar, afectará las relaciones entre la Unión Europea y la isla.

 

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Miércoles, 27 Marzo 2019 06:28

Si Colombia fuera Venezuela

Si Colombia fuera Venezuela

Según los últimos informes de diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos Colombia ocupa el primer puesto mundial en cuanto a persecución y asesinatos de líderes sociales. Solo en el año 2018 en ese país 126 personas, de un total de 321 en el mundo, casi el 50%, incrementaron este fatídico ranking. Y en los tres primeros meses de 2019 se contabilizan ya más de 30 las personas defensoras asesinadas. 

La firma en el año 2016 de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano llevaron la esperanza a la sociedad de este país por iniciar el camino hacia la paz después de casi 50 años de una guerra que había sacudido todos los rincones del mismo. Sin embargo, a raíz de dicha firma el listado de persecuciones, criminalizaciones y muertes se ha incrementado a un ritmo casi superior al de los tiempos de la guerra si nos centramos en aquellas personas que defienden los derechos humanos. Esto, además del hecho evidente de que el actual Gobierno del presidente Iván Duque ha frenado, casi hasta el sabotaje, el cumplimiento de los mencionados Acuerdos en muchos de sus puntos esenciales, como la justicia especial para la paz (JEP), que es uno de los ejes fundamentales para la reparación y recuperación de la convivencia. Y también ha cerrado la posibilidad de abrir la mesa de conversaciones con la última guerrilla activa de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).


Ante toda esta situación el Secretario General de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, expresaba recientemente de forma diplomática su “enorme preocupación” por la impunidad con que se están cometiendo estos ataques. Y el Relator Especial para la situación de los defensores de derechos humanos en el mundo, también de las Naciones Unidas, Michel Forst, denunciaba el aumento de los asesinatos de estos líderes mientras disminuía el número de homicidios globales en el país. Así, el ambiente de impunidad llega hasta tal punto que este Relator expresaba también “me han horrorizado las versiones de los campesinos afrocolombianos e indígenas describiendo los ataques que enfrentan sin poder decir el nombre de los victimarios”. Por esta razón pedía al Estado colombiano la reacción necesaria, que tomara medidas reales y efectivas, para acabar con estos escenarios de impunidad.

Respecto a los responsables de la situación, además de por algunas disidencias de las diferentes guerrillas, en gran medida, la misma estará propiciada por el paramilitarismo que nunca desapareció de Colombia y que ahora trata de ocupar aquellos espacios territoriales que la guerrilla desmovilizada de las FARC dejó libres. Ese paramilitarismo opera principalmente en negocios como el narcotráfico, el crimen organizado o la protección de intereses económicos múltiples. Y precisamente estos últimos están también muy presentes entre otros responsables (terratenientes, latifundistas, transnacionales extractivas) en este escenario y hoy pujan por ocupar y explotar esos territorios ricos en recursos naturales diversos. Hay que recordar que Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y eso, en términos económicos, se traduce para las transnacionales de todo tipo en una fuente inagotable de negocios y beneficios. Ante ambos procesos el Gobierno colombiano está o apoyando abiertamente a los segundos (poderes económicos), en aras del siempre recurrente discurso del desarrollo, o en una evidente pasividad ante los primeros (paramilitares), por garantizar éstos un control territorial que el Estado no tiene capacidad para alcanzar y por su golpear constante sobre los diferentes agentes sociales que plantean la crítica política al sistema.


Todo lo hasta aquí señalado genera, además de los ataques continuos contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y la persecución de organizaciones sociales, indígenas, negras, de mujeres, campesinas, una creciente extensión de la crisis humanitaria profunda. Así, aunque invisibilizada por la mayoría de los medios de comunicación masiva y alejada de las grandes declaraciones políticas, la realidad del creciente empobrecimiento de cada vez mayores capas de la población es una constante. De ello nos habla el hecho inocultable de que Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de población desplazada interna, superando los siete millones. Personas que durante la guerra se vieron obligadas a huir de sus tierras, de sus comunidades y que hoy aún no pueden regresar ya que, en gran medida, el Estado sigue sin dar cumplimiento a su compromiso para facilitar la restitución de esas tierras.


De forma más reciente, desde el pasado 10 de marzo se inicio la movilización (Minga) de los pueblos indígenas, comunidades negras, campesinas y otros sectores sociales en el suroeste del país en reclamo del cumplimiento de antiguos acuerdos alcanzados con los gobiernos colombianos. Y también, entre otros, en denuncia de los continuos procesos de criminalización de la protesta y asesinatos de los líderes sociales. La respuesta del Gobierno hasta la fecha está siendo la represión sistemática que ya ha producido nuevas muertes y episodios continuos de represión a las comunidades hasta el punto de extender la solidaridad con dicha protesta a otros puntos del país. La Minga pide que el presidente Iván Duque, tan prolífico en declaraciones y acciones en el marco continental (Venezuela), se siente a una mesa de diálogo con estos sectores históricamente arrinconados y se alcancen compromisos firmes para mejorar verdaderamente las condiciones de vida y de derechos en la propia Colombia.


El interrogante final, ante la situación brevemente aquí descrita sobre Colombia y ante la permanente falta de informaciones sobre ella en la mayoría de los medios de comunicación, es la que da título a este texto. ¿Nos podemos imaginar este silencio informativo si solo una parte de esto estuviera ocurriendo en Venezuela? Hace pocas semanas hablábamos en otro texto del doble rasero que se evidencia entre este último país y la grave situación de emergencia social y política en Haití, ahora volvemos a constatar esa doble moral política y mediática sustituyendo al país caribeño por Colombia. Es más grave si cabe, pues además de invisibilizar lo que aquí está ocurriendo es precisamente a Colombia a la que se presenta como una democracia avanzada y punta de lanza contra Venezuela. Demasiada hipocresía e injerencia externa para poder realmente construir un continente soberano y de justicia para las mayorías sociales.


Por Jesus González Pazos, miembro de Mugarik Gabe
@jgonzalezpazos

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Para Trump, los Altos del Golán son de Israel

Estados Unidos rompe con décadas de consenso mundial y se convierte en el primer país en reconocer la soberanía de Israel sobre una área siria que ocupa desde 1967.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer un decreto por el que reconoce oficialmente la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. El mandatario justificó esa medida por lo que calificó como las agresivas acciones de Irán y de grupos terroristas contra Israel. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió, sin embargo, que la decisión estadounidense no cambia en absoluto el estatus internacional de esta zona arrebatada a Siria en 1967.


“Esto es algo que debería haberse hecho hace muchas décadas”, dijo Trump al rubricar la proclamación presidencial, junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca. “Las acciones agresivas de Irán y de grupos terroristas siguen convirtiendo al Golán en una plataforma de lanzamiento de ataques contra Israel”, denunció el magnate neoyorquino. Estados Unidos se convierte así en el primer país en reconocer la soberanía de Israel sobre un área siria que ocupa desde la Guerra de los Seis Días de 1967, y que se anexionó en 1981 en un gesto que la población rechazó y la comunidad internacional no reconoció.


Netanyahu celebró como histórica la formalización de esa medida, que Trump ya había adelantado el pasado jueves en un vía Twitter. “Su proclamación llega en un momento en que el Golán es más importante que nunca para nuestra seguridad”, dijo a Trump el primer ministro israelí. “Para mí era muy importante venir aquí, a la Casa Blanca. Israel ha tenido la suerte de tener a muchos amigos dentro del Despacho Oval durante muchos años. Pero Israel nunca ha tenido mejor amigo que usted”, disparó el premier, quien se vio obligado a acortar su visita a Estados Unidos -inicialmente prevista para dos días- por nuevas tensiones en la Franja de Gaza (ver aparte). Netanyahu afirmó, asimismo, que su país nunca renunciará a su soberanía sobre los Altos del Golán. “Nunca renunciaremos a ellos”, sentenció.


Sin embargo, la ONU subrayó que la decisión del presidente estadounidense no cambia el estatus internacional de esta zona arrebatada. “Para nosotros, el estatus del Golán ocupado está consagrado en las resoluciones del Consejo de Seguridad. La postura no ha cambiado”, dijo a los periodistas Stéphane Dujarric, el portavoz del jefe de la organización, António Guterres. “Para el secretario general está claro que el estatus del Golán no ha cambiado a pesar de la decisión de Trump”, agregó.


No obstante, de cara a las elecciones del 9 de abril en las que Netanyahu se juega su puesto, el primer ministro puede presumir cuando vuelva de Washington de otra victoria diplomática (que se sumaría al reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel por parte del gobierno de Trump). La decisión del mandatario republicano le cae, entonces, como anillo al dedo a un Netanyahu que podría ser acusado en los próximos días de corrupción en tres casos. Por el momento, en la carrera hacia las elecciones, el líder del derechista Likud, en el poder desde hace diez años, ve sus posibilidades de reelección recortadas por el candidato centrista Benny Gantz, un general retirado, quien se presenta como un serio adversario.


Con la firma de este decreto, Estados Unidos rompe con décadas de consenso internacional, al transformarse en el primer país en reconocer la soberanía de Israel sobre un área estratégica que ocupa a Siria desde la Guerra de los Seis Días de 1967 y que se anexionó en 1981. Esa anexión nunca fue reconocida por la comunidad internacional. En 1981, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad una resolución que declaraba nulas y sin efecto jurídico internacional las decisiones de Israel de imponer sus leyes y su administración en ese territorio. La ONU tiene desplegada desde 1974 una misión de paz en el Golán, que se encarga de mantener el alto el fuego entre Israel y Siria y de vigilar la implementación del acuerdo de retirada. Actualmente, dicha área está poblada por unos 27.000 sirios de mayoría drusa. Está compuesta por cuatro pueblos árabes -Majdel Shams, Ein Qiniyye, Masade y Buqata- además de una treintena de asentamientos judíos, que son considerados colonias por la comunidad internacional.


El gobierno sirio rechazó la decisión de Washington. “En un ataque flagrante a la soberanía e integridad territorial de Siria, el presidente de Estados Unidos reconoció la anexión del Golán sirio”, dijo una fuente del ministerio de Relaciones Exteriores, citado por la agencia de noticias estatal SANA. “Trump no tiene el derecho ni la autoridad legal para legitimar la ocupación israelí”, añadió esta fuente de la diplomacia siria.


Por su parte, Rusia, aliada del gobierno de Bashar Al Assad, dijo temer una nueva ola de tensión en la región.“Desgraciadamente,eso puede conducir a una nueva ola de tensión en Medio Oriente”, advirtió la portavoz de la diplomacia rusa Maria Zajarova, según informaron las agencias de prensa rusas.

 


 

“El Golán es un territorio sirio ocupado” comunicó el organismo

 

La Liga Arabe condenó la decisión de EE.UU.

 

La Liga Árabe condenó ayer la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967. El secretario general de ese bloque, Ahmed Abulgueit, dijo en un comunicado que esa decisión “no es válida en su forma y su contenido” y refleja una “violación de la ley internacional”, además de “disminuir la posición de Estados Unidos en la región y en el mundo”. Abulgueit agregó que no cambia el estatus legal de los Altos del Golán: “El Golán es territorio sirio ocupado, ningún país reconoce la soberanía de Israel sobre el Golán y hay resoluciones del consejo de seguridad (de la ONU) adoptadas por unanimidad que así lo confirman”.


Asimismo, señaló que “legitimar la ocupación es una nueva tendencia de la política estadounidense”, que marcha a la par con “las posiciones y los deseos israelíes”. “No se pueden otorgar derechos ni conceder privilegios por la fuerza, la ley internacional no está constituida por un solo estado, independientemente de su posición”, añadió el secretario general.
En la nota declaró que la Liga Árabe “respalda con fuerza el derecho de Siria a sus tierras ocupadas” y que eso se reflejará en las posturas que adopten en la cumbre del organismo el próximo fin de semana en Túnez.


Por su parte, el ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, rechazó la decisión de Trump y advirtió de que va a aumentar las tensiones en la región de Oriente Medio. “Jordania tiene una actitud firme y clara, y rechaza cualquier decisión que reconozca la anexión de Israel de los Altos del Golán ocupados”, dijo Safadi en un comunicado.


También el Ministerio de Exteriores libanés mostró su rechazo a la medida de Trump y aseguró en un comunicado que el Golán “es una tierra árabe siria y ninguna decisión podrá cambiar este hecho”, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) del país de los cedros.


El propio gobierno sirio calificó de “violación” la decisión de Washington y aseguró que no afectará a la realidad sobre el terreno. “No podemos permitir la legitimación de la ocupación de los Altos del Golán”, dijo asimismo el presidente Tayyip Erdogan, quien se opone al presidente sirio Bashar al-Assad, en un discurso en una reunión de la Organización de Cooperación Islámica en Estambul. Tanto Irán como Rusia han desplegado fuerzas en Siria para apoyar a Assad durante el conflicto sirio.

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Planta de Abengoa en Chile. Imagen del Gobierno de Chile.

En este artículo dividido en dos partes, abordamos los tratados de inversión y sus respectivas cláusulas ISDS (Investor-State Dispute Settlement), también conocidas como los tribunales privados de justicia. Estos organismos poco transparentes pueden dirimir en disputas entre Estados soberanos y empresas internacionales, potencialmente dando la razón a estas últimas a costa de medidas sociales, sanitarias o regulaciones medioambientales.


En un contexto de globalización al servicio de los intereses privados de una minoría, se tratan de una gran amenaza para la defensa del derecho a la energía. Quién sabe, para el cese de la nuclear al afectar a los beneficios de las compañías del oligopolio

Un punto caliente que está sangrando nuestras arcas públicas, y que está impidiendo que se puedan llevar a cabo inversiones en otros ámbitos tales como la lucha contra la pobreza energética son los tratados de inversión y sus respectivas cláusulas ISDS (Investor-State Dispute Settlement), firmados por nuestro país.


Los acuerdos internacionales para la protección de las inversiones, ya sean de carácter bilateral o multilateral, específicos sobre inversión o parte de un tratado comercial, han sido unos de los incentivos que los Gobiernos de los países en vías de desarrollo, o del sur global, y políticamente más inestables, han usado tradicionalmente para atraer las inversiones foráneas y dotarse de infraestructuras (como hospitales, carreteras, centrales hidroeléctricas, etc.). Ello ha contribuido a la expansión internacional de las empresas transnacionales que tienen, en estos acuerdos, un instrumento más que eficaz para proteger sus intereses.


Esta figura comenzó a generalizarse en los años cincuenta cuando el Estado anfitrión garantizaba al inversor extranjero (empresa, multinacional generalmente) un alto estándar de protección asegurándole que no sería objeto de trato discriminatorio, siendo tratado de manera justa y equitativa. Para la eventual violación del tratado por parte del Estado receptor, estos tratados solían llevar aparejada, como garantía adicional, una cláusula de resolución de diferencias mediante arbitraje internacional o ISDS, dando la opción a la empresa inversora de acudir a los tribunales del Estado anfitrión o a un tribunal de arbitraje internacional, pero no a los dos a la vez. En teoría, todas las partes ganaban. Las empresas tenían derecho a un árbitraje neutral en el caso de que surgiesen problemas y podían reclamar la correspondiente compensación por el perjuicio económico causado.


Actualmente existe un buen número de estos tribunales privados de arbitraje internacional como el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo o la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (con sede en París), la Corte Permanente de Arbitraje (con sede en La Haya), el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC o el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong son otros de los tribunales arbitrales internacionales. Los conflictos son dirimidos por árbitros, en principio, imparciales y resueltos mediante laudos arbitrales.


Sin embargo, las supuestos beneficios de estos tribunales privados de justicia, auténtico sistema paralelo al poder judicial, dista mucho de lo que pregona la propaganda que les rodea. Se argumenta en su favor la seguridad jurídica de las resoluciones que son vinculantes para las partes, rapidez al haber menos instancias, imparcialidad y menor coste económico. Pero ninguna de estas características son ciertas.


Respecto a la seguridad jurídica, esta es más que dudosa. El sistema es muy opaco, las resoluciones no son públicas y, por tanto, no hay manera de saber con seguridad los argumentos jurídicos empleados por las partes.


En cuanto a la agilidad, si bien es verdad que no hay tantas instancias a las que recurrir dado que los laudos arbitrales no son recurribles y solo pueden ser anulados por defecto de forma, la media para resolver un caso se sitúa en cuatro años y medio. Así se indica para el CIADI en el trabajo Justicia privatizada. El Estado español y los mecanismos de resolución de controversias inversor-Estado, Ecologistas en Acción, 2016.


Por lo que se refiere a la imparcialidad, es preocupante que en muchos casos la mayor parte de los árbitros han actuado como asesores jurídicos en otras disputas, con el conflicto de intereses que puede surgir. Se habla de corrupción generalizada en estos ámbitos.


A todo ello le acompaña el escandaloso gasto que supone, pues si bien las estadísticas hablan de dos millones de euros en concepto de gastos para resolver un conflicto en una corte internacional, los laudos reflejan un coste que puede superar los ocho millones de euros. Así, la factura solo del presidente del tribunal del CIADI, en el primer laudo dictado frente a España por una demanda interpuesta por un fondo de inversión por la modificación de la normativa sobre renovables, fue de 232.796 euros en concepto de honorarios, más de 80.000 euros en concepto de gastos administrativos y 238.000 euros de gastos directos en concepto de mensajería, impresión y copias del laudo.


Pero lo realmente grave es que se trata de un sistema en el que las compañías multinacionales pueden llevar ante la justicia internacional a Estados soberanos y doblegarlos haciéndoles cambiar normas de gran calado social, económico, cultural o medioambiental porque tengan un efecto restrictivo sobre sus beneficios privados y sean contrarias a sus intereses. Es la instancia que garantiza el cumplimiento de la Lex Mercatoria, es decir, las miles de normas contenidas en los acuerdos de inversión, tratados comerciales, contratos y normas de comercio. Es la instancia que privilegia a escala planetaria los intereses de las grandes empresas y sus accionistas frente a los derechos de las personas, los pueblos y del medio ambiente.


Como ejemplo, señalar el caso de la corporación estadounidense Cargill, que en 2009 demandó al Estado mexicano por la creación de una tasa que el Gobierno había impuesto a las bebidas azucaradas por una cuestión de salud pública. La demanda ganada ante el CIADI le hizo embolsarse 66 millones de euros. O el de las españolas Abengoa y COFIDES, que también demandaron al Gobierno mejicano en 2009 por haberles impedido la puesta en funcionamiento de una planta dedicada al almacenamiento y gestión de desechos industriales peligrosos en Zimapán, en el estado de Hidalgo, percibiendo 31,14 millones de euros. Alegaron que la medida atentó contra “sus derechos de inversionistas”.


El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, ya dijo en 2014: "Es alarmante que puedan cambiar las leyes de una nación o anular las resoluciones de Gobiernos y jueces. Además, operan en cualquier parte del mundo y juzgan actos soberanos".

Por Cecilia Sánchez
Ecologistas en Acción

publicado
2019-03-25 06:40:00

 

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Estados Unidos: del sueño a la pesadilla americana

La igualdad de oportunidades se ha visto especialmente dañada en la mayor economía del planeta


Si un estadounidense quisiera vivir el sueño americano quizá debería viajar a España. Esta es una de las conclusiones que entre cifras y palabras se puede filtrar del informe de la OCDE ¿Un ascensor social roto? Cómo promover la movilidad social. Un español tarda unos 120 años en pasar de la pobreza a los ingresos medios, frente a los 150 de un estadounidense. La distancia que existe entre cuatro y cinco generaciones. El caso es que si analizamos la denominada curva del Gran Gatsby, que relaciona la baja movilidad con la elevada desigualdad, la tierra de las oportunidades refleja una imagen más injusta que la española.


Es el desfigurado retrato de una de las sociedades con mayor inequidad del planeta. En España, el 1% de las personas más ricas del país recibe el 8,6% de la renta nacional. El porcentaje, en la otra orilla del Atlántico, sube al 20,8%. Pero el país lo soporta porque esa desigualdad impregna la esencia de su mitología. Estados Unidos adora las buenas historias que llevan de la nada a la riqueza. La de la presentadora Oprah Winfrey, por ejemplo, ha sido mil veces contada. Su ascensión de una niñez pobre en el sur rural a multimillonaria estrella de los medios de comunicación. “El sueño americano sigue vivo, con más trabas, pero vivo”, defiende Jorge Pérez, de 69 años, uno de los empresarios latinos más ricos del mundo, quien ha forjado un imperio en el sector inmobiliario a través de su empresa, situada en Miami, The Related Group. “Yo soy un ejemplo perfecto. Nací en Cuba, viví en Colombia y fui a la universidad en Estados Unidos, sin tener un centavo, gracias a las becas. Allí abrí un negocio de la nada que hoy construye miles de millones de dólares en bienes raíces [terrenos y viviendas]”.


Sin embargo, el sueño, a veces, funde a negro. Desde la Edad Dorada (1870-1890) la mayor potencia económica del mundo no tenía unos índices de desigualdad tan elevados. El salario medio estadounidense lleva estancado casi cincuenta años y cada vez menos jóvenes piensan que les irá mejor que a sus progenitores. “Hay un ejemplo muy nítido: el 90% de los chicos nacidos en 1940 en Estados Unidos ganaba más que sus padres, pero solo el 50% de los chavales que nacieron en 1980 han sido capaces de lograr lo mismo”, advierte Ryan Rippel, director de movilidad económica de la Fundación Bill & Melinda Gates.


Este estancamiento tiene muchos culpables: el mercado laboral, la accesibilidad a la vivienda, la clase de barrio, el racismo estructural. “Cuando los niños crecen en el mismo vecindario, con padres que tienen ingresos similares, a los chicos afroamericanos les va peor en la vida que a los blancos del mismo entorno”, sostiene Ryan Rippel. Y todo puede empeorar. Aún se aguarda el impacto de la “innovación radical”. “Podemos estar acercándonos a una revolución definida por el pleno empleo, baja productividad, altos márgenes empresariales y elevada desigualdad”, prevé Christophe Donay, director de análisis macroeconómico de la gestora Pictet WM. Esta inequidad y el declive postindustrial justifican, por ejemplo, el coste humano y económico (unos 69.000 millones de euros anuales) de la epidemia del consumo opio en Estados Unidos. Un angustioso relato de cómo el analgésico más antiguo conocido por el hombre anestesia el dolor de la democracia liberal más avanzada del planeta. El mundo rota impulsado por sus propios contrasentidos.

Por Miguel Ángel García Vega
Madrid 24 MAR 2019 - 11:01 COT

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Directiva de 'copyright': últimas horas para evitar la censura automatizada en internet

Una última iniciativa ciudadana paneuropea invita a los internautas a pedir personalmente a los eurodiputados que rechacen la norma, con la amenaza de no votarles en las elecciones a la Eurocámara del próximo 26 de mayo.


El Parlamento Europeo vota, a partir de las 12:30 de este martes, el texto definitivo (PDF) de la polémica directiva del 'copyright', una norma que marcará de forma exahustiva qué se puede y qué no se puede compartir en público en función de quién sea el dueño de contenidos. Una última iniciativa ciudadana paneuropea invita a los internautas a pedir personalmente a los eurodiputados que rechacen la norma, con la amenaza de no votarles en las elecciones a la Eurocámara del próximo 26 de mayo.


La complicada renovación de las normas europeas sobre derechos de autor, en la era de las redes sociales, los móviles y la inmediatez, ha desembocado en un complejo texto pactado que, a juicio de sus detractores, únicamente pretende contentar a una parte de la industria de los contenidos y no a todos los creadores.


Por un lado, el artículo 15 (durante su tramitación era el artículo 11) pretende obligar a todo sitio web o aplicación comercial —tanto grandes buscadores y agregadores de contenidos como cualquier sitio que contenga publicidad— a pagar una licencia a los editores de prensa por recoger citas a noticias que sean algo más que palabras sueltas o fragmentos muy cortos.


El artículo 17 (durante su tramitación era el artículo 13), por su parte, pretende evitar que los usuarios cualquier plataformas sociales de publicación de contenidos, como Twitter, Facebook, Instagram y aplicaciones comerciales, a que compren licencias de contenidos antes de que se compartan en la red, así como que eviten que los usuarios publiquen material infractor, incluso antes de que éste se publique.


La previsible consecuencia es la llamada 'censura algorítmica': esas empresas tirarán de robots —el volumen de lo que se publica allí es tan grande que es imposible hacerlo a mano— para identificar (y evitar) posibles violaciones de derechos de autor de lo que usted o yo subamos a las redes, por si acaso.


A lo largo de su tramitación, el texto del proyecto de directiva ha ido modificándose y sorteando diversos obstáculos, mientras los textos se iban filtrando en un proceso que ha sido muy poco transparente. La eurodiputada Julia Reda, del Partido Pirata, ha sido la cabeza visible de un movimiento de alerta y protesta que ha incluido académicos, entidades y grupos de ciberactivistas como EDRI, Electronic Frontier Foundation y Xnet, e incluso el relator de la ONU para la libertad de expresión y la Wikipedia.


Durante este fin de semana se han celebrado manifestaciones más io menos multitudinarias en varias ciudades de la Unión Europea, las más numerosas en Alemania, contra esta nueva normativa. Porque la votación del martes es la última oportunidad para tumbar estas medidas.


Mientras, el sitio web #SaveYourInternet —una iniciativa conjunta de las principales ONG y asociaciones contrarios a esta directiva— apura su llamamiento a todos los ciudadanos para que escriban a los parlamentarios europeos que les representan. Esta plataforma, que aglutina las principales asociaciones y movimientos de la sociedad civil en defensa de los derechos de los internautas, dispone de un formulario sencillo con el que realizar esta tarea.


La idea es presionar a los miembros de la Eurocámara para tumbar la directiva en su votación final. En el apartado de europarlamentarios españoles, la herramienta permite escribir directamente a todos ellos, e incluso llamar por teléfono a sus respectivas oficinas.


La idea es dirigirse a los representantes, con insistencia pero educadamente, y dejar claro que "su voto sobre si rompen Internet construirá o destruirá el voto del ciudadano en las elecciones de la UE" del próximo 26 de mayo. Una iniciativa que recuerda el grito de #NoLESVotes contra la 'Ley Sinde' en España, hace ya más de ocho años.

Madrid
25/03/2019 10:44 Actualizado: 25/03/2019 10:

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El mandarín Xi seduce a Italia y resucita a Marco Polo

Estados Unidos (EU) se desgarra con el resultado de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, mientras China se insinúa triplemente en Italia, en el principado de Mónaco (Ciudad-Estado a carta cabal y paraíso fiscal estratégico) y Francia.

Ocho siglos después al descubrimiento de la entonces encapsulada civilización china por el veneciano Marco Polo, ahora el mandarín Xi conecta con Europa a sus "Tres Rutas de la Seda" –terrestre, marítima y del Ártico (https://bit.ly/2CuUAqX)– primordialmente con Italia, pese a la hostilidad de EU y la Unión Europea(UE).

Se dice fácil, pero Italia, miembro del cada vez más agónico G-7 y la disfuncional OTAN, es el primer país europeo a vincularse con el supremo proyecto geoeconómico de infraestructura del siglo XXI que cuenta con el apoyo militar geoestratégico de Rusia.

Según Global Times, la audaz conectividad de Italia con las rutas de la seda del siglo XXI constituye "una ruta pragmática para estimular su economía" (https://bit.ly/2YkmFdY).

El portal chino comenta que la economía de Italia no se ha recuperado de la crisis financiera de 2008 ni de la crisis europea de la deuda, por lo que acoge con agrado las inversiones de China que básicamente busca “puertos de encrucijada ( hub ports)” en Europa para recibir "contenedores de larga escala", como es el caso del puerto de Pireo (Grecia), adquirida por Cosco de China.

Israel, con el primer Netanyahu, principal aliado de Trump en el mundo, ya cedió dos de sus tres principales puertos a China (https://bit.ly/2RdRAUY), mientras Pekín coloca su mira en los puertos italianos de Génova y Trieste.

En China están conscientes del endurecimiento de la postura de la UE que tilda a Pekín de "competidor económico en búsqueda del liderazgo tecnológico y un rival sistémico (sic) que promueve modelos alternativos de gobernanza". ¿Cuál es el problema de que exista la multipolaridad de corte ecuménico plural sin apartheid tecnológico?

Le Monde, muy cercano a la cancillería francesa, informa que los gobiernos italiano y chino firmaron un protocolo de acuerdo "no vinculante" de 29 contratos –de 2 mil 500 millones de euros a un potencial de 20 mil millonesde euros– para el "ingreso de Italia en las nuevas rutas de la seda", pese a "las inquietudes de Bruselas y Washington".

Los principales contratos son descolgados por Ansaldo (turbinas) y el Grupo Danieli que participara con mil 100 millones de euros a la construcción de una siderúrgica en Azerbaiyán– que, a mi juicio, conecta las rutas de la seda con la Unión Económica Euroasiática del zar Vlady Putin (https://bit.ly/2HINfbF).

Hoy Alemania ostenta siete veces más exportaciones que las de Italia a China que apenas llegan a 13 mil millones de euros cuando existe mucha duplicidad europea, quizá para aplacar la ira trumpiana, en referencia a los intercambios de Alemania y Francia con China: el comercio bilateral de Pekín y París ha alcanzado niveles récord cuando las exportaciones francesas agrícolas, farmacéuticas y de cosméticos crecen en forma exponencial (https://bit.ly/2U4GRBe).

Después de la visita un tanto cuanto inesperada del mandarín Xi a Mónaco, acudirá a Francia, donde participará en "una reunión inédita con el presidente Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker", según Le Monde, que afirma el escepticismo de Macron sobre el acuerdo entre China e Italia y la "acción europea uniforme de Merkel frente a Pekín" (https://lemde.fr/2Wk1TcA).

Asia Times vaticina que el mandarín Xi descolgará "magnos acuerdos con el presidente galo Macron", donde pesará la sombra de la debacle de Boeing que aprovechará la aeronáutica europea de Airbus (https://bit.ly/2USzav3).

¿Se adelanta Italia a la virtual balcanización de la UE, que empiezan a enunciar los medios alemanes (https://bit.ly/2CCjaWK), o a la inevitabilidad del Zeitgeist (espíritu del tiempo) del siglo XXI con la predominancia de la "asociación estratégica" de China (superpotencia geoeconómica) y Rusia (superpotencia "hipersónica" militar)?

¿El mar Mediterráneo convertido en mare sinicum?

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Domingo, 24 Marzo 2019 05:34

La represión ya está en marcha

La represión ya está en marcha

Para contener a los 3.000 manifestantes de París, hubo muchos policías y símbolos como el recurso al Ejército francés.


El nombre del partido presidencial La República en Marcha se volvió ayer “La Represión en Marcha”. Los chalecos amarillos que, en toda Francia, participaron en la décima novena jornada de manifestaciones pusieron al frente de sus marchas ese cartel en signo de repudio al denso operativo policial con el que, esta vez, el Ejecutivo decidió impedir que se repitieran los saqueos de la semana pesada. Para contener a los 3.000 manifestantes de París hubo no sólo muchos policías sino, además, muchos símbolos. El más pesado es el recurso al Ejército francés. Los incendios y las depredaciones del sábado 16 de marzo en la Avenida de los Campos Elíseos, la convergencia entre los chalecos amarillos más radicales y los Black Blocs y la destrucción de las insignias bandera de las marcas del lujo mundial (el restaurant Le Fouquet’s, de Hugo Boss, Lacoste, Nespresso, Foot Locker, Longchamp, Zara) desencadenaron una purga inédita entre los altos mandos policiales, la prohibición de manifestar en ciertos barrios de París y otras ciudades así como la implementación de un red represiva sin precedentes. A medio día, más de 5.000 “controles preventivos” habían sido realizados por las fuerzas del orden. Capitales provinciales como Niza, Toulouse o Burdeos prohibieron a los chalecos toda manifestación en los centros donde se encuentran las boutiques de lujo. En París, los Campos Elíseos, los alrededores del Palacio presidencial y de la Asamblea Nacional fueron vedados a los manifestantes por los 6.000 miembros de las fuerzas de seguridad desplegados en París.


La imagen más impactante es, sin embargo, la presencia del Ejército francés cuya primera misión, el operativo Centinela diseñado en 2015 para proteger de los ataques terroristas los lugares públicos, fue ampliada ahora a la represión. El muy cuestionado Ministro de Interior, Christophe Castaner, dictó la consigna “impunidad cero”. La democracia macronista ha sido incapaz de resolver la crisis de los chalecos amarillos y terminó desplazando al Ejército para resguardar los símbolos de la ostentación y la riqueza. La imagen del gobierno se ha ido degradando a la par de la de los chalecos amarillos. El movimiento paga el tributo de las escenas de violencia y destrucción que las manifestaciones dejan a su paso. En los últimos días, una encuesta de opinión realizada por Odoxa demuestra la erosión de los chalecos: el 58% de los encuestados considera que la violencia le ha restado mucho crédito a los chalecos amarillos mientras que un 55% anhela que se terminen las manifestaciones. Las cifras son igualmente adversas para el gobierno. 76% cree que el Ministro de Interior no podrá mantener el orden público, 70% siente que Emmanuel Macron es igualmente incapaz y 67% piensa lo mismo del Primer Ministro Édouard Philippe. Cuatro meses de crisis debilitaron a todos los actores. El movimiento comenzó el 17 de noviembre con dos identidades permanentes: una, a lo largo de la semana, con la ocupación de las rotondas: la otra, el sábado, con las manifestaciones en las ciudades. Los intentos oficiales de desactivar la tensión no se completaron. Incluso si los chalecos se dividieron y fueron perdiendo impacto y respaldo (en un momento 76% de la población los apoyaba), la onda amarilla prosiguió su ruta. El telón que tapaba la Francia desértica se desplomó. El decorado de la felicidad liberal quedó al desnudo y, desde entonces, los chalecos han ido sembrando su propia agenda ante la impotencia política del gobierno y el presidente.


“Emmanuel Macron, el vértigo autoritario”, escribe el portal de información Mediapart. Unos 350 universitarios firmaron este fin de semana un texto contra “el grave peligro que corre la población con la política del gobierno”. La derecha, en cambio, se posiciona en contra de los chalecos amarillos. Uno de sus portavoces más camaleónicos, el filósofo Bernard-Henry Lévy, acusa a los chalecos de encarnar un “nihilismo mortífero”. Ese “vértigo” se explica por la obsesión de evitar que los sectores más duros del movimiento hagan causa común con los Black Blocs, tal y como ocurrió a mediados de marzo. Con el paso de las semanas, los grupos políticos radicales se mezclaron con los chalecos amarillos. El último que subió al escenario fue Black Bloc. Estos radicales vestidos de negro y pasamontañas están constituidos por una mezcla de antifascistas, anarquistas y los llamados autónomos. En un bar de París, uno de los Black Bloc explica a PáginaI12 que la situación insurreccional creada por los chalecos amarillos resultó un terreno de acción propicio y, sin que haya habido ninguna coordinación previa, “se plasmó en la calle de forma irremediable porque nadie acepta que la respuesta a una demanda social sea la represión salvaje”. Julien es un Black Bloc miembro del llamado “Comité invisible” que en 2007 publicó un famoso ensayo, “La Insurrección que viene” (La Fabrique Edition). Este libro, en sus primeras línea, constata que “cualquiera sea el ángulo desde el que se lo mire, la situación presente no tiene salida”. Por ello postula que la “insurrección no es sólo necesaria, sino también ineluctable”. A su manera, para ellos, los chalecos amarillos han sido el tambor que activó el nacimiento de esa insurrección.


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Ecuador de Lenín Moreno es una tierra sin ley

Es casi inexplicable lo que acaba de ocurrir en Ecuador. Faltando apenas cuatro días para las elecciones, el Consejo Nacional Electoral del país sudamericano decidió que cada voto en blanco debería ser contado como si fueran tres votos y así aumentar exponencialmente las posibilidades de anular la inminente victoria de los candidatos de izquierda para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo responsable de los concursos de mérito y oposición para todas las autoridades de control como fiscales, jueces, contralor, etcétera.

Lenín Moreno convocó un referendo en abril de 2018 con el objetivo de destituir y nombrar a dedo a las más altas autoridades del país, incluyendo jueces y fiscales. Ese procedimiento es una violación al Estado de derecho, ya que está explícito en la Constitución vigente que esos cargos deben ser ocupados mediante concurso público de méritos y oposición. El objetivo era nombrar un personal próximo a Moreno que iniciara una persecución política al presidente Rafael Correa y a importantes miembros de su gabinete con el objetivo de matar políticamente la Revolución Ciudadana. La misión de observadores de la OEA indicó que ese referendo fue realizado sin el dictamen de la Corte Constitucional, lo que reafirma su inconstitucionalidad. Para estos gobiernos neoconservadores, que llegaron a las presidencias de los países liderados por proyectos de cuño popular, la implementación de un proyecto neoliberal sólo se puede lograr a partir del atropello a la legalidad con el apoyo de las empresas privadas de comunicación. Y eso se explicita en Ecuador de manera exageradamente vergonzosa.


Parte del plan de Moreno era convocar elecciones para que fuera la sociedad quien eligiera a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que Moreno no se esperaba era que con una inmensa ventaja los candidatos de la izquierda estuvieran para ser electos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una función del Estado que permitirá frenar en cierta forma la persecución judicial contra la izquierda ecuatoriana. Y lo que todo indica es que usarán cualquier subterfugio ilegal, amoral e inconstitucional para no permitir que la voluntad de la gente sea una amenaza para sus planes.


Fue así que Moreno entregó la sede de Unasur, que es un edificio público y no es propiedad del Ecuador, a una universidad privada de sus aliados políticos, pisoteando acuerdos y leyes internacionales, con la certeza de que no enfrentarán a la justicia nacional ni internacional. Moreno ha entrado a la historia de la región con acciones reprochables. Así como desapareció Unasur, un organismo de integración regional indispensable para enfrentar el poder político y económico del Norte. Moreno también atropelló las negociaciones para un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Durante el proceso que avanzaba en firme, por obedecer órdenes de Estados Unidos suspendió la mesa y expulsó a los equipos negociadores. Jamás se había visto que un país garante y sede de las negociaciones para un acuerdo de paz actuara de esa manera. A partir de la suspensión se generó una grave crisis que ha postergado indefinidamente el fin del conflicto con los elenos.


Y qué decir del caso Julian Assange, en el que Moreno ha dicho públicamente que lo quiere entregar. Ha suspendido durante meses todos los derechos de que Assange gozaba como refugiado del Ecuador. Prohibió la visitas, acceso vía telefónica, al Internet, a libros, revistas etcétera. Assange está en una condición que emula a los detenidos ilegales por Estados Unidos en la base de Guantánamo. Su objetivo es forzar a que Assange se quiebre y salga de la embajada para ser detenido por el Reino Unido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado que el Ecuador no puede entregarlo y debe resguardar su integridad física.


En Ecuador no hay un Estado de Derecho y se ha transformado en una tierra sin ley.

Por Amauri Chamorro. Comunicólogo .

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