Ahora Donald Trump planea volver a las redes sociales con una plataforma propia

El expresidente estadounidense Donald Trump tiene previsto regresar “pronto” a redes sociales con una plataforma propia después de ser vetado de plataformas como Facebook y Twitter a raíz del asalto de sus seguidores al Capitolio el pasado 6 de enero. Además de una red social propia, Trump podría lanzar también su propia cadena de televisión para captar a la audiencia de Fox News, que fue el primer medio en señalar a Joe Biden como vencedor en el estado clave de Arizona en la noche electoral.

En una conversación en el podcast The Interview, Jason Miller, uno de los asesores de Trump, afirmó que el equipo del exmandatario ha estado manteniendo conversaciones "con las plataformas de redes sociales existentes y también con algunas plataformas nuevas".  En ese sentido, adelantó que Trump “volverá a redes sociales en dos o tres meses con su propia plataforma”, y destacó que así “redefinirá por completo el juego” y atraerá a “decenas de millones” de usuarios.

Trump y sus simpatizantes denuncian un sesgo en las principales redes sociales incluso anterior al asalto al Capitolio, unos hechos que dejaron cinco muertos y que calaron profundamente en el imaginario político estadounidense.

Vetado

Tras meses de advertencias, de marcar algunos de sus mensajes como informaciones falsas y de un constante tira y afloja, el aliento por parte del que todavía era presidente de EE.UU a los actos del fallido golpe de estado del Capitolio fue lo que puso fin a la era Trump en Twitter.

No fue la primera ni la única red social que le aplicó un "límite" al exmandatario estadounidense, pero si es de las que más contundentes se han mostrado en su veto.

En tanto, Facebook, próximamente, revisará su posición con respecto a Donald Trump, y si le permiten volver a la red social, una decisión que tomará un “comité de sabios”.

Twitter, sin embargo, cerró la puerta para siempre. Incluso en el hipotético caso de que Donald Trump volviera a optar a la presidencia en 2024, Twitter reafirmó que "para siempre significa para siempre".

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Finchelstein es el autor de la recientemente editada "Breve historia de la mentira fascista".

"Dejemos de hablar de posverdad, hoy circulan mentiras fascistas"

En su reciente libro el historiador radicado en Estados Unidos ubica las graves continuidades que encarnan figuras como las de Trump y Bolsonaro con el fascismo tal como se lo conoció en el Siglo XX, con sus criminales consecuencias.

 

Para Federico Finchelstein hay una continuidad directa que lleva del fascismo “clásico” a los florecidos populismos de derecha de la actualidad. Esa continuidad está dada tanto por el desprecio de la democracia y las tendencias dictatoriales, como por el culto sistemático de la mentira. El fascismo italiano invade Etiopía en los años 30 apelando a una continuidad con el Imperio Romano, en sus memorias Goebbels publica atentados que no recibió, el asesino de veinte personas en la localidad de El Paso invoca una “verdad inconveniente”, a Bolsonaro sus partidarios lo llaman “El Mito”, Trump inventa un fraude electoral y la ultraderecha estadounidense sostiene que Hillary Clinton se alimenta con sangre de bebé. En la era de la posverdad, las redes de derecha y las fake news, todo esto se entrelaza más intrincadamente, haciendo en ocasiones indiscernibles la verdad y la mentira

Especializado en la historia del fascismo y su relación con los populismos de derecha, en el recién publicado Breve historia de la mentira fascista (Taurus) Finchelstein traza la historia del fascismo y sus expresiones en distintos puntos del globo, desembocando en en populismo representado entre otros por Trump, Bolsonaro, el movimiento español Vox, la Liga italiana y el dictador húngaro Víctor Orbán.

- En Breve historia de la mentira fascista señala que los fascistas “clásicos” creían en sus mentiras, como las de la peligrosidad de los judíos como fuente de “contagio” para la raza aria, o el destino imperial de Italia. ¿Los actuales dirigentes populistas de derecha creen en sus mentiras, o son simples cínicos, convencidos de que si mienten y mienten, algo quedará?

- El populismo es históricamente una reformulación del fascismo en términos democráticos. Deja arás elementos centrales del fascismo luego de 1945, con su derrota, para participar del mundo de la democracia; en ese marco las mentiras al estilo fascista no son centrales en el populismo. En mi opinión los populistas mienten como otros políticos de otras tradiciones, liberales, conservadores, comunistas, socialistas. Como decía Hannah Arendt, la política y la mentira van de la mano y sin embargo en el fascismo las mentiras adquieren cortes de tipo cuantitativo y cualitativo. Los fascistas mienten mucho más y además creen en sus propias mentiras y a través de esta creencia intentan transformar la realidad. En ese marco, las mentiras de Trump tienen una inspiración más fascista que populista. Lo mismo que Bolsonaro, el primer ministro húngaro Victor Orbán o Narendra Modi, primer ministro de la India,

- ¿Se puede considerar a la llamada “posverdad” y las fake news como productos de la posmodernidad, que descree de la noción de verdad?

- Para nada, esta insistencia en que la información y prácticamente la realidad de tipo empírico es parte de las fake news, es la típica insistencia de Trump, no tiene origen en la tradición posmoderna sino más bien en la tradición fascista.

- ¿Serían imaginables las mentiras de ciertos políticos contemporáneos sin la existencia de las redes, capaces de convertir en hashtag cualquier cosa?

- Evidentemente este nuevo paisaje mediático, este mundo de las redes sociales, permite amplificar una tradición de mentira totalitaria, fascista, que ya existía antes. En la época del fascismo la radio, el cine y otros medios que en su momento representaban una avanzada tecnológica le sirvieron a estos fascistas que, como bien decía el historiador Jeffrey Herf, eran modernistas reaccionarios y usaron este tipo de tecnología para hacer avanzar las causas más retrógradas.

- ¿Por qué se habla de “posverdad”, como si fuera una fase posterior a la de la verdad, y no lisa y llanamente de mentiras? ¿Es un eufemismo instigado por los fabricantes de mentiras?

- Es una pregunta muy interesante porque justamente eso que se presenta como posverdad, en realidad son mentiras. Lo que muestra que muchos de estos mentirosos creen en la verdad de sus mentiras, y eso conlleva a una pregunta más bien filosófica, que ya habían planteado muchos. En el libro recuerdo el caso de Jacques Derrida, quien en una conferencia en la UBA se pregunta: ¿es mentiroso aquel que piensa que está diciendo la verdad? Por otra parte, desde un punto de vista de la historia de la mentira lo que vemos es que cuando esta mentira o así llamada posverdad es creída, conlleva riesgos importantes de violencia y de muerte, porque este tipo de mentiras matan. Lo extraño es que es un eufemismo muchas veces planteado por aquellos que no creen esas mentiras. En concreto, pienso que sería mejor admitir que hoy circulan mentiras fascistas, como planteo en el libro.

- En el libro derriba un mito, el de que Goebbels habría dicho una de las frases más citadas del último siglo: “Miente, miente, que algo quedará”. ¿Cómo generó esa creencia, Goebbels dijo algo parecido, lo dijo otro, o no lo dijo nunca nadie?

- Es un caso muy interesante: no lo dijo Goebbels ni lo dijeron los otros fascistas globales, ya sean los de China, India o Brasil, Alemania o México, que no eran cínicos en ese sentido, sino que eran fanáticos del culto a sus líderes, y creían que sus mentiras eran la verdad. Los fascistas como Goebbels pensaban que lo que decían era cierto y que incluso cuando eso no era cierto, la idea era volver lo que decían cierto, convertir la mentira en realidad. En el libro analizo justamente las mentiras que Goebbels mismo se creía. Incluso cuando percibían el corte, la diferencia, entre lo que se decía y la realidad, pensaban que la propaganda estaba al servicio de una verdad absoluta. Más bien atribuían eso a sus enemigos y de hecho hay una frase parecida a esa, que Goebbels atribuye a Winston Churchill: la idea de que si uno repite las mentiras algo queda. Para Goebbels y para tantos otros fascistas, la propaganda refleja la verdad, que cuando no es debería ser. Los fascistas proponen reemplazar la percepción por la intuición, es decir si la realidad no corresponde con el deseo, es la realidad la que tiene que ser reformulada a través de la violencia, la persecución y la muerte.

- Tras el ataque al Capitolio, los grupos de ultraderecha y sus disparatadas teorías conspirativas, el libro redobló su actualidad. La tierra plana, el Estado Profundo, la red pedófila de políticos, empresarios y ejecutivos de Hollywood, Hillary Clinton bebiendo sangre de niños, los invasores reptilianos escapados de Invasión V… ¿Los que lanzan estos globos creen en ellos? ¿Qué es lo que hace que tengan suficiente entidad como para que estemos hablando de ellos?

- Este tipo de paranoia política reflejada en teorías de la conspiración, de una personalidad conspirativa que cree en cualquier cosa, existe desde siempre. Ya la habían estudiado bastante bien Theodor Adorno y sus colaboradores, en sus estudios sobre la personalidad autoritaria. Se trata de gente que tiene la necesidad de que la complejidad del mundo les sea explicada de una forma simple a través de la idea de que todo aquello que el líder dice es verdad. Es en ese marco que este tipo de mentiras y delirios se vuelven todavía más "virales".

- ¿Cómo se explica que un personaje como la republicana Marjorie Taylor Greene, negadora de masacres como la de El Paso o postuladora de la delirante teoría del Pizzagate, según la cual Hillary Clinton dirigiría una red pedófila desde una pizzería, haya llegado a la Cámara de Representantes? ¿Su destitución de la comisión que presidía habla de buenos reflejos del sistema democrático, o es sólo una muestra de astucia frente al desprestigio institucional de Trump?

- La diputada Marjonie Taylor Greene representa quizás una forma más extrema de lo que es hoy el trumpismo y el Partido Republicano, o para decirlo de otra manera, el Partido Republicano es hoy en día el partido de Trump y en esa medida las cosas que esta señora dijo han sido muchas veces retuiteadas, repetidas y amplificadas por Trump. Más allá de estas cuestiones que son más bien cosméticas el partido, sigue alineado con el expresidente y sigue siendo entonces un partido de extrema derecha en este momento, comparable por ejemplo al salvinismo en Italia.

- ¿Tiene la época contemporánea alguna clase de inmunidad al disparate, o puede llegar a creer cualquier cosa? ¿O son pocos los que creen? ¿O nadie, en realidad, y se trata de puras excusas para tomar el Capitolio e intentar linchar al vicepresidente “traidor”?

- Yo creo que Trump usó una estrategia fascista de la gran mentira, de insistir con una explicación simple y por supuesto fantasiosa para negar la realidad de su derrota. Creo que la fe absoluta en esa gran mentira fue la gran motivación para este tipo de personajes que son fanáticos, creyentes, estos terroristas domésticos, como se los llama en Estados Unidos. Estos grupos paramilitares justamente reflejaron esa suerte de inmunidad frente a la realidad y sintieron esa motivación de participar del golpe de Estado propiciado por Trump.

- ¿Qué posibilidades hay de que esta fábrica de mentiras, y los que las creen o se amparan en ellas, sean una tendencia creciente? ¿Podrían llegar a masificarse, o se sigue tratando de unos miles de loquitos?

- A pesar de la derrota de Trump estos populismos de extrema derecha, en muchos casos aspirantes a la dictadura y al fascismo, siguen representando un peligro concreto. En el libro critico la idea de una patología personal para pensar a líderes como Trump y Bolsonaro pues demuestro en qué medida participan de una tradición fascista que, por cuestiones profundamente ideológicas, que son parte de su teología política, terminan negando la realidad.

- ¿Esos grupos podrían llegar a tener más éxito en el futuro?

- Todo depende con qué seriedad se afronta a estos grupos golpistas y paramilitares de extrema derecha. Para mí hay que tomarse con gran preocupación el riesgo que representan para la democracia y en el marco de la ley limitar drásticamente sus actividades, que en muchos casos son ilegales.

Lo que sorprende del caso del Capitolio es que mientras en Estados Unidos se reprimen sin ningún prurito minorías y a gente que levanta reclamos populares legítimos en contra del racismo, la discriminación y la desigualdad; a estos golpistas de derecha que son "terroristas domésticos" se los trató, casi diría, con guante blanco cuando lo necesario era el uso de la fuerza. Se debió reprimirlos y arrestarlos inmediatamente. Es necesario recordar que el fascismo triunfó en el pasado cuando la justicia y el Estado ignoraron la ilegalidad de su violencia. Que Trump no haya pagado por sus acciones es algo muy preocupante.

- ¿Qué lazos existen entre los “globos” conspirativos lanzados por la derecha estadounidense y los supremacistas blancos y otros grupos asumidamente fascistas?

- Existen lazos concretos. En los eventos del Capitolio, estos racistas se aliaron a sectores quizá más "moderados" del Partido Republicano, para intentar frenar el trabajo de la democracia. En el libro explico cómo estos vínculos entre neo-fascismos y trumpismo son ideológicos, en tanto militantes y líder comparten afinidades electivas sobre mitos, mentiras y enemigos.

- ¿Pueden llegar a crecer estos grupos en su prédica frente a un gobierno como el de Biden?

- Es difícil saber qué va a pasar, pero por un lado no parece disminuir la actividad de estos grupos extremistas. Por otro lado también dependerá del gobierno de Biden. ¿Qué hará Biden frente a la ineptitud, la desigualdad, el autoritarismo, la represión y la intolerancia generadas por Trump? La pregunta es qué hará Biden para desandar esos caminos que frenan la democracia. Veremos si estos grupos crecen o si Biden sigue manteniendo ese apoyo profundo que obtuvo de una gran mayoría de la población, que lo votó como líder de un frente anti-trumpista, por no decir anti-fascista.

- En el libro señala un ida y vuelta que va de las políticas racistas y segregacionistas en Estados Unidos a comienzos del siglo XX a Hitler, que las adoptó para sí, y vuelve ahora del nazismo al neonazismo estadounidense.

- Históricamente, el populismo fue una fusión entre democracia y autoritarismo y lo que vemos ahora en estos nuevos populismos de extrema derecha es menos democracia y más autoritarismo, llegando a esta intentona golpista también caracterizada por racismo, violencia, militarización de la política y mentiras del tipo totalitarias, que eran más bien típicas del fascismo. Lo que vemos es un retorno de muchos elementos que eran típicos de esa época del fascismo clásico.

- Si Trump decide dar un paso al costado, ¿puede surgir otro Trump, otro peor incluso que él? ¿Uno más “clásicamente” fascista?

- Sí, puede surgir otro Trump o incluso un Trump más eficiente y quizás lo que sería aún más peligroso es que surja un “Trump” menos cobarde que Donald Trump, quien dijo que iba a acompañar a sus seguidores al Capitolio y luego se quedó mirándolo por televisión. El peligro de que alguien tome la posta y aumente todavía más ese odio, esa vocación dictatorial, esa militarización de la política, es real.

Una vida dedicada a estudiar el fascismo

Nacido en Buenos Aires en 1975, Federico Finchelstein estudió Historia en la UBA y obtuvo su doctorado en Cornell University en 2006. En la actualidad se desempeña como profesor de Historia en The New York School for Social Research y en Eugene Lang College de la ciudad de Nueva York. Además es director del Programa Janey de Estudios Latinoamericanos.

Ha sido comentarista de política en los diarios The New York Times y The Guardian y ha publicado numerosos artículos en diversas revistas especializadas, así como ensayos en volúmenes colectivos acerca del fascismo, el Holocausto, la historia de los judíos en América Latina y Europa, el populismo en América Latina y el antisemitismo.

Es experto en lo que denomina “fascismo transatlántico”, que va de Mussolini al indomusulmán Khan al-Mashriqi (1888/1963), pasando por el español Ramiro de Maeztu, el padre Castellani, el integralista brasileño Plínio Salgado, los “leopardos” colombianos, el rumano Horia Sima (creador del grupo Guardia de Hierro) y los “camisas pardas” japoneses.

Entre sus libros destacan Los alemanes, el Holocausto y la culpa colectiva. El debate Goldhagen; La Argentina fascista. Los orígenes ideológicos de la dictadura; El canon del Holocausto; Orígenes ideológicos de la “guerra sucia”. Fascismo, populismo y dictadura en la Argentina en la Argentina del siglo XX y Del fascismo al populismo en la historia

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Según el argumento de Cepeda, Diego Cadena habría manipulado testigos a favor de Santiago Uribe. Foto: Colprensa

Carlos Enrique Vélez, alias ‘Victor’ reiteró ante la Fiscalía cómo fueron los supuestos ofrecimientos y pagos que le habría hecho el abogado, a quien el ente investigativo llamó a juicio en el 2020 por estos mismos hechos.

 

El caso Uribe sigue generando controversia en el país. Después de que el pasado 18 de marzo El Espectador y Blu Radio revelaran partes del expediente completo que reposa en la Fiscalía sobre la investigación de falsos testigos, este sábado la cadena radial dio a conocer el testimonio de alias ‘Víctor’, un paramilitar condenado a 40 años de prisión.

Según lo informado, Vélez dice que Cadena le ofreció $200 millones de pesos, de los que habría alcanzado a recibir cerca de $50 millones, para declarar contra el senador Iván Cepeda y, así, beneficiar con su testimonio al expresidente.

Ante la Fiscalía, alias ‘Víctor’ explicó cómo fueron los supuestos ofrecimientos y pagos que le habría hecho Cadena, e incluso se molestó por tener que repetir su versión, ya que lo había hecho en otras ocasiones.

Blu Radio reveló que Diego Cadena visitó a alias ‘Víctor’ en junio de 2017 en la cárcel de Palmira y le ofreció $200 millones de pesos con dos propósitos: “uno, que declarara contra el senador Iván Cepeda y dos, que desmintiera a Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, quien ha declarado contra los hermanos Uribe. Alias ‘Víctor’ aceptó y firmó una carta que escribió Cadena”, señaló la emisora.

De igual forma, alias ‘Víctor’ agregó que la oferta no solo se la hicieron a él, sino también a otros exparamilitares que declararon en favor de Álvaro Uribe por medio de cartas gestionadas por Cadena, añadió ese medio.

Blu Radio publicó uno de los fragmentos de la declaración de Vélez, en ella se lee: ¿Usted firmó (la carta) de manera libre y voluntaria?”, le preguntó el fiscal a Vélez. “Claro –contestó él-, porque él me estaba ofreciendo”. “¿Cuánto le ofreció?”. “Como se lo dije anteriormente, $200 millones, no solo para mí si no para varias personas: lo que era alias Diana, Fosforito, varias personas, que le ayudaran a desmentir a Alberto (Guerrero)”.

El fiscal le preguntó “¿Ya le había pagado los $200 millones?”. “No, él no me dio toda esa plata”. “Entonces, ¿por qué le firmó la carta?”. Y ahí fue cuando Vélez dejó ver su molestia: “Última vez que contesto esas preguntas porque ya le he dado las mismas respuestas”.

Por último se supo que el exparamilitar le hizo a Cadena “un cronograma de las personas que le podían colaborar para desmentir a Alberto”.

Alias ‘Víctor’ agregó que Diego Cadena “lo que hizo fue manipular toda la información de la verdad de las reuniones que tuve con Iván Cepeda” y admitió que el entonces abogado del expresidente Uribe “me dio una carta a mí, yo le pasé esas consignaciones a la Corte (Suprema)”, aseguró Blu Radio.

Más adelante, en la declaración el exparamilitar señaló que alcanzó a recibir una parte del dinero que presuntamente le prometió Diego Cadena. La emisora aseguró que el entonces abogado de Uribe le consignó cerca de $50 millones y empezó a recibir los giros días después de esa primera visita en la cárcel.

Cabe resaltar que Diego Cadena ha manifestado en otras oportunidades que ese dinero no fue ningún soborno, sino que fue una “ayuda humanitaria”. Igualmente, ha indicado que fue por iniciativa suya y que el expresidente Uribe solo se enteró tiempo después.

El pasado jueves 18 de marzo, se reveló el expediente que tiene el despacho del fiscal Gabriel Jaimes y con el que buscará que un juez precluya la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe. En ese folio de pruebas al que tuvo acceso El Espectador y Blu Radio, se destacó la declaración que entregó Diego Cadena, que ejerció como abogado de Uribe, ante la Fiscalía.

En la diligencia que se desarrolló el pasado 24 de febrero en la ciudad de Cali, Cadena acudió con su abogado Iván Cancino, para ser interrogado nuevamente sobre su papel en este proceso por supuesta manipulación de testigos ya que también está acusado.

En una parte del cuestionamiento el abogado Cancino se molestó con Cadena porque supuestamente no prestó atención a lo que le preguntaban y terminó contestando de manera equivocada una pregunta sobre los testigos del caso Uribe.

“Usted presentó estos testigos ante los procesos que se estaban tramitando”, preguntó el fiscal, a lo que Cadena respondió que “sí”, el agente contrapreguntó: “de todo”, a lo que Cadena respondió que “de algunos”. De inmediato, su abogado se agita, se quita el tapabocas y le dice: “Escuchá la pregunta hombre” y se le ve muy molesto.

Cadena entonces repite: “¿Que si yo presenté a los testigos?”, y Cancino repite: “la pregunta es que si usted presentó a los testigos, escucha”. Finalmente, Cadena cambia su respuesta y dice que no.

La escena ya sembró dudas sobre la diligencia, ya que después de este percance, el fiscal y el procurador presentes en ese momento, le aconsejan a Cadena que consulte al abogado cuando tenga dudas. “No tendría ningún sentido que lo acompañe su abogado si no lo puede consultar”, dijo el fiscal.

Blu Radio presentó esta grabación junto a El Espectador, en la que Cadena además relató que su trabajo como abogado del exsenador Uribe consistía en verificar la información que le entregaba el político: “Que digan la verdad incluso si me perjudica, me decía Uribe, y utilizaba una frase: que le digan la verdad al país. Yo recopilaba la información y se la entregaba al doctor Uribe o a su exasesor Fabián Rojas [quien hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Uribe mientras este estuvo en el Senado] para que le dieran el destino correspondiente”.

En otro aparte, Cadena volvió a responder de manera equivocada. “¿Se acordó la búsqueda de testigos?”, preguntó el fiscal. “Sí, correcto”, contestó Cadena, lo que hizo reaccionar nuevamente a Cancino: “Ojo a la pregunta, usted tiene que entender la literalidad: ¿se acordó buscar testigos, encontrarlos?”. “No”, dijo Cadena. “Le pido el favor que piense la pregunta antes de responder, el objetivo es esclarecer, pero lo menos que quiero es que usted (inaudible)”, le indicó el fiscal a Diego Cadena. El funcionario judicial insistió en la pregunta, y esta vez, Cadena contestó: “Me abstengo, simplemente le puedo decir que se estaba verificando información”.

Además de esta declaración, entre las pruebas que recolectó la Fiscalía para pedir la preclusión del caso contra el expresidente, según ambos medios de comunicación, el ente acusatorio no tuvo éxito en determinar o descubrir información valiosa en las sim cards decomisadas a Juan Guillermo Monsalve y con las que hablaba por teléfono desde la Cárcel la Picota.

20 de Marzo de 2021

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Rogelio Mayta: “Subrayamos el papel nefasto de Luis Almagro en la OEA”

El canciller del gobierno de Arce afirma que Bolivia quiere tener una presencia fuerte en distintos escenarios y organismos, y que la relación con Estados Unidos no ha tenido un cambio significativo tras la asunción de Biden. 

 

Rogelio Mayta es aymará, tiene 49 años y un pasado como abogado defensor de las víctimas asesinadas en El Alto durante la llamada Masacre de Octubre Negro en 2003. Militante del MAS, llegó desde el llano a uno de los cargos más altos en el gobierno de Luis Arce Catacora. Fue elegido canciller de un país que se había convertido en paria después del derrocamiento de Evo Morales. Hoy tiene que desandar ese camino, pero en un escenario internacional más propicio para recuperar la integración continental que habían desmontado los golpistas. Un tablero regional donde los victimarios de Sacaba y Senkata en 2019, ahora empiezan a rendir cuentas.

-¿Cuál es su opinión sobre la reciente detención de la ex presidenta de facto Jeannine Áñez y algunos ministros de la dictadura?

-Ese proceso está en manos de la justicia boliviana. La denuncia se presentó ante el Ministerio Público varios meses atrás y transcurrió de manera normal. Las autoridades policiales cumplieron un requerimiento para detener a la señora Áñez y a otras personas del gobierno de facto. Al ejecutivo le corresponde generar un ambiente donde ese proceso pueda seguir su curso normal. Esperamos que así sea y se resguarden sus derechos constitucionales y derechos humanos.

-¿Qué nos puede explicar de la presunta injerencia británica en el golpe de Estado de 2019 que informaron medios de Inglaterra?

- Ante la publicación del periodismo de investigación que difundió la desclasificación de ciertos documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, convocamos al embajador de ese estado a la CancilLería y le solicitamos por escrito que nos pudiera hacer entender esa situación. El viernes 12 de marzo nos llegó una nota escrita respondiendo a ese requerimiento y estamos en el proceso de evaluar la información que se nos está dando para saber si es satisfactoria o no. Como estado vamos a manejar el tema con mucha prudencia. Aunque acá en Bolivia ha caído muy mal en varios sectores de nuestra sociedad. Se ha llegado a pedir desde las organizaciones sociales la expulsión de este diplomático, pero nosotros vamos a seguir lo que establecen las reglas del derecho internacional.

-¿Qué conclusiones sacó del encuentro que mantuvo con Felipe Solá en La Paz, su par argentino, hace una semana?

-Fue una reunión muy importante para nosotros porque viene a reencaminar la relación bilateral entre nuestros estados que se había deteriorado en extremo cuando asumió el gobierno de facto. La visita del canciller Solá concluyó con una declaración conjunta que firmamos los dos. Tiene varios puntos y abarca el aspecto multilateral sobre lo que preocupa a ambos países en distintos campos como ciencia, tecnología, cultura, el tema de género, la energía atómica, el litio, un espectro bastante amplio. Por otra parte, la comitiva argentina nos presentó un proyecto de acuerdo que renueve nuestras relaciones bilaterales un poco en el marco que ya veníamos trabajando y con miras a suscribirse lo más pronto que podamos.

-¿Cuál es la política que se ha fijado el gobierno boliviano sobre organismos multilaterales como Mercosur, Unasur, Celac, Alba o la Comunidad Andina?

-El gobierno de facto por su misma naturaleza tendió a un aislamiento, se excluyó de varios organismos multilaterales como Unasur, como Mercosur, como el Alba y las relaciones bilaterales no solo las tensó en el caso de Argentina, España, México, Cuba, Nicaragua, Irán, y otros países en un posicionamiento bastante ideologizado, poco pragmático. Enfrió las relaciones con China, con Rusia, que a la postre es un enfriamiento que resulta muy negativo y más si lo vemos desde el momento actual en que los principales proveedores de vacunas e insumos médicos precisamente son la federación Rusa y China. En cambio se apoyó significativamente en Estados Unidos. Queremos tener relaciones con todos los países de la comunidad internacional con la condición de que se respete nuestra soberanía. Buscamos potenciar a la Celac, repensar Unasur para ver si podemos volver a ponerla a punto y superar el mal momento que está enfrentando. En el caso del Mercosur estábamos en proceso de adhesión pero el golpe de Estado suspendió esa posibilidad y nosotros la retomamos porque nos decidimos a tener calidad de miembros plenos. También estamos nuevamente presentes en el Alba.

- ¿Cuál es su visión de la OEA?

- Queremos tener una presencia fuerte en diferentes escenarios y no solo en esos organismos que mencioné, sino también en otros como la OEA en relación a la cual tenemos una visión más bien crítica por nuestra mala experiencia con la misión de observación electoral y la auditoría electoral practicada en 2019 y subrayamos el papel nefasto de Luis Almagro como su secretario general.

- ¿Cómo es la relación con Brasil, la potencia regional de nuestro continente y con la cual Bolivia comparte 3.400 kilómetros de frontera común y tiene a un presidente como Jair Bolsonaro que apoyó el golpe de Estado desde el primer día?

- En este momento no tenemos una relación muy fluida, tampoco resulta negativa. Vamos a trabajar para procurar puntos de interés común que nos permitan avanzar en algunos aspectos, como por ejemplo el tema de nuestra inclusión en el Mercosur. Tenemos pendiente el tratamiento en el Congreso brasileño de esta posibilidad. Vamos a intentar ser positivos y constructivos en esta relación más allá de que podamos tener diferente visión política en distintos aspectos.

-¿Lo que está pasando con la pandemia en Brasil, no es un factor preocupante adicional por el descontrol a que ha llegado?

-A nosotros nos preocupa la pandemia en general y eso nos obligó a tomar algunas medidas restrictivas. Nos preocupan todas nuestras fronteras y obviamente que haya algunas más complicadas como el caso que apuntaba de Brasil por la extensión, pero estamos tomando las previsiones necesarias y haciendo un constante monitoreo.

- ¿Cómo es la relación con Estados Unidos desde que cambió el gobierno en Washington con la asunción de Biden en lugar de Trump?

- Hasta el momento no ha habido ningún cambio significativo. De nuestra parte manifestamos que queremos establecer relaciones constructivas y positivas con todos los países de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos. Siempre bajo el respeto de la soberanía boliviana y estamos ahí, un poco con la mano abierta para estrechar lazos. Lastimosamente pasa a depender más de la voluntad de los Estados Unidos porque tienen malos antecedentes, realizan injerencias políticas, tratan de tener cierto grado de control sobre determinados aspectos de interés regional o de determinados países. Hay un montón de pruebas y documentos desclasificados que nos muestran eso en las últimas décadas. Es más, en nuestra memoria reciente hay gobiernos de facto, gobiernos militares que tuvimos acá en Latinoamérica que han sido motivados por acciones de EE.UU. Aún así estamos dispuestos a generar relaciones constructivas y positivas, creo que eso, como quien diría, está más en la cancha de Estados Unidos que en la nuestra.

- EE.UU tiene agencias que actúan en nuestros países como la USAID, la NED, ni que hablar del papel que cumplen la CIA o la DEA. ¿Ustedes las han expulsado incluso durante el gobierno de Evo. ¿Qué opina de ellas?

- Está claro que son tan negativas y execrables como el accionar mismo del Estado. Que solamente tienden a camuflar o tratar de esconder el accionar o los intereses que determina un estado o potencia hegemónica como ha sido Estados Unidos. Para nosotros todo eso no debería ocurrir y creo que estamos en un momento de la historia en que conocemos perfectamente esos mecanismos. De ahí que en 2008 cuando acá viviamos un momento de tensión política se tuvo que sacar gradualmente a una agencia supuestamente antidrogas como la DEA y después a la USAID. Las conocemos ya y las rechazamos. Vamos a cuidar que en Bolivia no vuelvan a darse ese tipo de situaciones. El mundo está cambiando. Desde la década del 90 en que Fukuyama decía que era el fin de la historia y que teníamos una potencia hegemónica en un mundo unipolar, en este momento advertimos que estamos en un mundo multipolar o tripolar ya que la Federación rusa y China tienen pesos específicos.

- El presidente Arce cuando era ministro de Economía tenía una posición muy clara sobre la defensa de los recursos naturales de Bolivia como el litio ¿Esa política se supone que quedará ratificada?

-Más que una posición política de un gobierno es una determinación constitucional. Los recursos naturales son de los bolivianos y de las bolivianas y vamos a resguardar en todo momento que sus beneficios lleguen al pueblo. Que no se vayan con las transnacionales como ocurría antes. Eso no quiere decir que estemos cerrados a la inversión extranjera, a establecer relaciones que nos permitan una mejor explotación de nuestros recursos, pero como lo venimos sosteniendo hace más de una década, no como extranjeros en nuestra propia tierra, sino en un rol de socios, de iguales. Probablemente otros tengan capital y tecnología, pero nosotros tenemos los recursos naturales.

- ¿Cómo sigue la búsqueda de una solución a la salida al océano Pacífico con Chile que para Bolivia es una reivindicación histórica?

- La reivindicación marítima para Bolivia es irrenunciable. Está incluso definida en nuestra constitución política del Estado. Pero la relación entre Chile y Bolivia no se acaba en el tema marítimo, eso lo tenemos también claro. Compartimos una importante frontera, flujo de personas que van y vienen de un país para otro, utilizamos puertos chilenos para exportar productos bolivianos y eso hace que debamos buscar acercamientos que nos permitan dentro de todas las diferencias que podamos tener, mantener el trato de dos países vecinos y hermanos, en definitiva.

 

Por Gustavo Veiga

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Biden y el rompecabezas de las relaciones con China

El presidente Joe Biden deberá afrontar en lo inmediato una serie de crisis interiores extraordinarias –una pandemia que se dispara, una economía en punto muerto y punzantes heridas políticas, en particular tras el reciente ataque de los trumpistas al Capitolio–, pero pocos desafíos son susceptibles de resultar más graves que la gestión de las relaciones de Estados Unidos con China. Aunque suelen ser consideradas como una lejana preocupación de política exterior, estas relaciones son de hecho omnipresentes y afectan a la economía, al coronavirus, al cambio climático, a la ciencia y la tecnología, a la cultura popular y al ciberespacio.

Si la nueva administración continúa la vía trazada por la precedente, una cosa será segura: Estados Unidos se verá arrastrado a una nueva e insidiosa guerra fría con este país, lo que dificultará los progresos en casi todos los ámbitos importantes. Para lograr verdaderos avances en el actual desorden mundial, el equipo de Biden deberá ante todo evitar este conflicto futuro y encontrar medios de colaborar con su poderoso adversario. Pero algo es seguro: la búsqueda de una forma de navegar por esta vía minada resultará muy exigente para los más experimentados responsables del equipo dirigente de Biden.

Aun sin los corrosivos efectos de la diplomacia hostil de Donald Trump en estos últimos años, China plantearía un desafío enorme a cualquier nueva administración. Se jacta de ser la segunda economía mundial y, según algunos analistas, pronto superará a Estados Unidos para convertirse en la número uno. Aunque haya muchas razones para condenar la forma como Pekín ha abordado la pandemia del coronavirus, el severo confinamiento autoritario a escala nacional (después de que China rechazase inicialmente reconocer la existencia del virus y el alcance de su propagación) ha permitido al país recuperarse de la covid-19 más rápido que la mayoría de los países. En consecuencia, Pekín registró ya un fuerte crecimiento económico durante el segundo semestre de 2020, la única gran economía del planeta en hacerlo. Esto significa que China está más que nunca en condiciones de dictar las reglas de la economía mundial, una situación confirmada por la reciente decisión de la Unión Europea de firmar un importante acuerdo de comercio e inversión con Pekín [acuerdo de finales de 2020 concluyendo unas negociaciones comenzadas en 2013], dejando simbólicamente de lado a Estados Unidos, justo antes de la entrada en funcionamiento de la administración Biden.

Después de años de aumentar sus gastos de defensa, China posee ya el segundo ejército más importante del mundo, dotado de un moderno arsenal de todos los tipos. Aunque no sea capaz de enfrentarse a Estados Unidos en alta mar o en regiones alejadas, su ejército –el Ejército Popular de Liberación, EPL– está ya en condiciones de desafiar la antigua supremacía de América en regiones más cercanas, como el extremo oeste del Pacífico. Desde la expansión imperial de Japón en los años 1930 y comienzo de los 1940, Washington no se había encontrado con un enemigo tan temible en esta parte del mundo.

En algunos ámbitos críticos –avances científicos y tecnológicos, influencia diplomática y finanzas internacionales, entre otros–, China cuestiona ya, incluso supera, la primacía mundial largo tiempo asumida por Estados Unidos. En otras palabras, en muchos frentes, tratar con China plantea un enorme problema al nuevo equipo dirigente estadounidense. Peor aún, las nefastas políticas de la administración Trump respecto a China, combinadas con las políticas autoritarias y militaristas del presidente chino Xi Jinping, plantean desafíos inmediatos a Joe Biden a la hora de gestionar las relaciones entre Estados Unidos y China.

La herencia tóxica de Trump

Donald Trump hizo campaña por la presidencia comprometiéndose a castigar a China por su pretendida voluntad sistémica de construir su economía robando la de Estados Unidos. En 2016 juró que, si era elegido presidente, utilizaría el poder del comercio para poner fin a las prácticas nefastas de este país y restaurar la primacía mundial de Estados Unidos. Una vez instalado en la Casa Blanca, efectivamente, impuso una serie de derechos de aduana sobre el equivalente a unos 360.000 millones de dólares de importaciones chinas –un gran obstáculo para la mejora de las relaciones con Pekín–. Joe Biden debe decidir si mantiene estas barreras aduaneras, las suaviza o las elimina por completo.

Las restricciones impuestas al acceso de empresas chinas a la tecnología americana, en particular a programas y microchips punteros, necesarios para el futuro desarrollo de las telecomunicaciones de quinta generación (5G), son aún más amenazantes para unas futuras relaciones cordiales. En mayo de 2019, afirmando que las grandes empresas chinas de telecomunicaciones como Huawei y ZTE Corporación tenían vínculos con el EPL y representaban por tanto una amenaza para la seguridad nacional americana, Trump aprobó un decreto prohibiendo a estas empresas comprar a empresas estadounidenses microchips y otros equipamientos de alta tecnología. Le siguieron una serie de decretos y otras medidas. Pretendían restringir el acceso de las empresas chinas a la tecnología americana.

En el marco de estas acciones y de otras iniciativas conexas, el presidente Trump y sus principales asociados –sobre todo el secretario de Estado, Mike Pompeo, y Peter Navarro, asistente del presidente en el White House Nacional Trade Council– afirmaron que actuaban para proteger la seguridad nacional contra el riesgo de operaciones de información llevadas a cabo por el EPL. No obstante, según sus declaraciones de la época, era evidente que su verdadera intención era la de obstaculizar el progreso tecnológico de China para debilitar su competitividad económica a largo plazo. También aquí, Biden y su equipo tendrán que decidir si mantiene las restricciones impuestas por Trump, lo que afectaría todavía más a las relaciones chino-americanas, o da marcha atrás en un esfuerzo por mejorar estas relaciones.

La crisis china: dimensiones militar y diplomática

Un desafío aún mayor para el presidente Biden serán las iniciativas militares y diplomáticas agresivas emprendidas por la administración Trump. En 2018, su secretario de Estado de Defensa, Jim Mattis [que entró en el 20 de enero de 2017 y dimitió en febrero de 2019], publicó una nueva doctrina militar con el título de “Concurrencia de grandes potencias”. Debía regular la futura planificación del Ministerio de Defensa. Tal como enunciaba la política oficial de defensa nacional del Pentágono de dicho año, la doctrina preveía que las fuerzas estadounidenses debían concentrarse en adelante no ya en la lucha contra los terroristas islamistas en las regiones atrasadas del tercer mundo, sino en la lucha contra China y Rusia en Eurasia. “Aunque el Ministerio sigue adelante en la campaña contra los terroristas”, declaró Mattis el 26 de abril de 2018 ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, “el principal objetivo de la seguridad nacional de Estados Unidos a largo plazo es la concurrencia estratégica; no el terrorismo”.

Conforme a esta política, durante los años siguientes se ha recentrado y reorganizado considerablemente el conjunto del establishment militar, pasando de una fuerza antiterrorista y antiinsurreccional a una fuerza armada equipada y concentrada en la lucha contra los ejércitos chino y ruso, en la periferia de estos mismos países. “Hoy día, en esta era de competición entre las grandes potencias, el Ministerio de Defensa ha dado prioridad a China, y después a Rusia, como nuestros principales competidores estratégicos”, declaró el secretario de Defensa Mark Esper el 16 de setiembre de 2020, poco antes de ser sustituido por el presidente por haber apoyado, junto a otros, un llamamiento a reducir el número de bases militares americanas que siguen llevando hoy en día el nombre de generales confederales durante la guerra civil. Hecho significativo: cuando todavía estaba en el poder, Mark Esper identificó a China como el competidor estratégico número uno de Estados Unidos, una distinción que Jim Mattis no llegó a hacer.

Para asegurar la primacía de Washington en esta competición, Mark Esper destacó tres grandes prioridades estratégicas: la militarización de las tecnologías punta, proseguir la modernización y la mejora del arsenal nuclear del país, y el reforzamiento de los lazos militares con los países aliados que rodean a China. “Para modernizar nuestras capacidades”, declaró, “hemos conseguido obtener financiación para tecnologías que cambian la situación, como la inteligencia artificial, la hipersónica, la energía dirigida [por ejemplo radiación electromagnética, láseres, haz de partículas, etc.] y las redes 5G”. También se han realizado progresos significativos, afirmó, en la “recapitalización de nuestra tríada nuclear estratégica”: el redoblado amplio arsenal de misiles balísticos intercontinentales con base en tierra (ICBM), misiles balísticos lanzados por submarinos (SLBM) y bombarderos nucleares de largo alcance. Además, con el objetivo de cercar a China con un sistema de alianzas hostil dirigido por Estados Unidos, Mark Esper se jactó: “Ponemos en marcha un plan coordinado, el primero de este tipo, para reforzar a los aliados y construir socios”.

Para los dirigentes chinos, el hecho de que la política militar de Washington apele en adelante a semejante programa con tres componentes de modernización de armas no nucleares, de modernización de armas nucleares y de cerco militar, significa una cosa evidente: están confrontados a una amenaza estratégica a largo plazo que necesitará una gran movilización de sus capacidades militares, económicas y tecnológicas para poder responder. Lo cual es, desde luego, la definición misma de una nueva competición de tipo guerra fría. Y los dirigentes chinos han dejado bien claro que se opondrán a cualquier iniciativa de este tipo, tomando las medidas que juzguen necesarias para defender la soberanía y los intereses nacionales de China. No es sorprendente por tanto enterarse de que, al igual que Estados Unidos, están adquiriendo un amplio abanico de modernas armas nucleares y no nucleares, así como militarizando las tecnologías emergentes para asegurar el éxito o al menos una apariencia de paridad en un choque futuro con las fuerzas de Estados Unidos.

Paralelamente a estas iniciativas militares, la administración Trump ha pretendido perjudicar a China y frenar su desarrollo por medio de una estrategia coordinada de guerra diplomática –esfuerzos que incluyen sobre todo un mayor apoyo a la isla de Taiwán (reivindicada por China como una provincia secesionista), lazos militares cada vez más estrechos con India y la promoción de vínculos militares comunes entre Australia, India, Japón y Estados Unidos, un acuerdo conocido con el nombre de “the Quad” [Foreign Policy, 8/10/2020, The Quadrilateral Security Dialogue].

La mejora de los lazos con Taiwán era un objetivo particular de la administración Trump (y una provocación particular hacia Pekín). Desde que el presidente Jimmy Carter aceptó reconocer como el gobierno legítimo de China al régimen comunista de Pekín en 1978, y no a los taiwaneses, todas las administraciones americanas han intentado evitar la apariencia de una relación oficial de alto nivel con los dirigentes de Taipéi, aunque Estados Unidos haya continuado vendiéndoles armas y manteniendo otras formas de relaciones intergubernamentales.

Sin embargo, durante los años Trump, Washington se ha implicado en cierto número de acciones muy mediáticas con el objetivo de mostrar su apoyo al gobierno taiwanés. Contrariando con ello a los dirigentes chinos. Entre estas acciones figura la visita a Taipéi, el pasado agosto, del secretario de Salud y Servicios Sociales Alex Azar II, la primera visita de este tipo efectuada por un secretario de gabinete desde 1979. Otro gesto provocador quería ser la reunión con altos responsables taiwaneses en Taipéi por parte de la embajadora americana ante Naciones Unidas, Kelly Craft [este encuentro fue anulado a comienzos de enero]. La administración también ha intentado obtener para Taiwán la condición de observador ante la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales para reforzar su imagen de nación de pleno derecho. Igualmente preocupante para Pekín, la administración ha autorizado durante los dos últimos años nuevas ventas de armas avanzadas a Taiwán, por un total de 16.600 millones de dólares, incluyendo una venta récord de 8.000 millones de dólares por 66 aviones de caza F-16C/D.

El reforzamiento de los lazos de Estados Unidos con India y otros miembros de la Cuadrilateral (Quad) ha sido también una prioridad de política exterior de la administración Trump. En octubre de 2020, Mike Pompeo acudió a India por tercera vez como secretario de Estado y aprovechó la ocasión para denunciar a China, promoviendo vínculos militares más estrechos entre India y Estados Unidos. Recordó a los veinte soldados indios muertos en un enfrentamiento fronterizo con fuerzas chinas en junio de 2020, insistiendo en el hecho de que “Estados Unidos estará al lado del pueblo indio frente a las amenazas que pesan sobre su soberanía y su libertad”. El ministro de Defensa Mark Esper, que acompañó a Pompeo en este viaje a Nueva Delhi, habló de una cooperación creciente con India en el ámbito de la defensa, incluyendo ventas potenciales de aviones de caza y sistemas aéreos sin tripulación.

Ambos responsables felicitaron al país por su futura participación en Malabar, los ejercicios navales conjuntos de la Quad que tendrán lugar en noviembre en la bahía de Bengala. Aunque nadie lo diga explícitamente, este ejercicio ha sido ampliamente considerado como el primer ejercicio de la alianza militar naciente para contener a China. “Es más importante que nunca un enfoque colaborativo de la seguridad y de la estabilidad regionales, con el fin de disuadir a todos aquellos que rechazan una región indo-pacífica libre y abierta”, comentó Ryan Easterday, comandante del destructor de misiles dirigidos USS John S. McCain, uno de los navíos participantes.

Ni que decir tiene que todo esto representa una herencia compleja y formidable a superar para el presidente Biden, que pretende establecer una relación menos hostil con los chinos.

El problema Xi Jinping del presidente Biden

Queda claro que la herencia perturbadora de Trump hará difícil para el presidente Biden detener la pendiente descendente de las relaciones chino-americanas y el régimen de Xi Jinping en Pekín no le facilitará la tarea. No es este el lugar para un análisis detallado del giro de Xi en los últimos años hacia el autoritarismo o de su creciente dependencia de una perspectiva militarista para asegurarse la lealtad (o la sumisión) del pueblo chino. Se ha escrito mucho sobre la supresión de las libertades civiles en China y la reducción al silencio de todas las formas de disidencia. Igualmente inquietante es la adopción de una nueva ley sobre seguridad nacional para Hong Kong, utilizada ahora para detener todas las críticas al gobierno de China continental y las voces políticas independientes de todo tipo. Y nada es comparable al intento de extinción brutal de la identidad musulmana uigur en la región autónoma del Xining, en el extremo oeste de China. Ha supuesto el encarcelamiento de un millón de personas, incluso más, en equivalentes a campos de concentración.

La supresión de las libertades civiles y de los derechos humanos en China hará particularmente difícil para la administración Biden reconectar con Pekín, ya que él es desde hace mucho tiempo un ardiente defensor de los derechos civiles en Estados Unidos, lo mismo que la vicepresidenta Kamala Harris y muchos de sus colaboradores cercanos. Les resultará prácticamente imposible negociar con el régimen de Xi sobre cualquier cuestión sin plantear el tema de los derechos humanos; y ello, a su vez, no dejará de suscitar la hostilidad de los dirigentes chinos.

Xi ha recentralizado también el poder económico en manos del Estado, invirtiendo así la tendencia de sus predecesores inmediatos a una mayor liberalización económica. Las empresas de Estado continúan recibiendo la parte del león de los préstamos y otras ventajas financieras del Estado, lo que desfavorece a las empresas privadas. Además, Xi ha intentado obstaculizar a las grandes empresas privadas como el Ant Group, la exitosa empresa de pagos electrónicos fundada por Jack Ma [fundador de Alibaba], el empresario privado más famoso de China.

A la vez que consolidaba su poder económico en el país, el presidente chino ha logrado establecer relaciones económicas y comerciales con otros países. En noviembre, China y catorce naciones, entre ellas Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur (pero no Estados Unidos), firmaron uno de los mayores pactos de librecambio en el mundo, la Asociación Económica Regional Global (RCEP). Considerada como sucesora de la desgraciada asociación transpacífica de la que se retiró el presidente Trump al poco de comenzar su mandato, la RCEP facilitará el comercio entre países que representan una población de unos 2.200 millones de personas, más que cualquier otro acuerdo precedente de este tipo. Y después está el acuerdo de inversión que acaba de ser concluido entre la Unión Europea y China, otro megaacuerdo que excluye a Estados Unidos, así como la ambiciosa iniciativa china Belt and Road [la Ruta de la Seda], por un total de más de un billón de dólares, que pretende unir más estrechamente a Pekín con las economías de los países de Eurasia y África.

En otras palabras, para la administración Biden será tanto más difícil ejercer un efecto de palanca económica sobre China o permitir a las grandes empresas de Estados Unidos actuar como socios para hacer presión en favor del cambio en este país, como lo hicieron en el pasado.

 Las opciones del presidente Biden

El propio Joe Biden no ha dicho gran cosa sobre lo que tiene pensado respecto a las relaciones americano-chinas, pero lo poco que ha dicho sugiere una gran ambivalencia en cuanto a sus principales prioridades. En su declaración más explícita sobre política exterior, un artículo aparecido en el número de marzo/abril de la revista Foreign Affairs, habló de “mostrarse duro” con China en materia de comercio y derechos humanos, a la vez que buscar un terreno de entente sobre cuestiones clave como Corea del Norte y el cambio climático.

Aun criticando a la administración Trump por haberse enfrentado a aliados de Estados Unidos como Canadá y potencias de la OTAN, afirmó que “Estados Unidos debe ser duro con China”. Si China hace lo que quiere, continuó, “seguirá robando a Estados Unidos y a las empresas de Estados Unidos su tecnología y su propiedad intelectual [y] seguirá utilizando subvenciones para dar a sus empresas de Estado una ventaja competitiva injusta”. El enfoque más eficaz para contestar a este desafío, escribió, “es construir un frente unido de aliados y socios de Estados Unidos para hacer frente a los comportamientos abusivos y a las violaciones de derechos humanos de China, incluso aunque intentemos cooperar con Pekín sobre cuestiones en que convergen nuestros intereses, como el cambio climático, la no proliferación [nuclear] y la seguridad sanitaria mundial”.

Esto suena bien, pero es una posición intrínsecamente contradictoria. Si algo temen los dirigentes chinos –y a lo que resistirán con todo el peso de sus poderes– es la formación de un “frente unido de aliados y socios de Estados Unidos para hacer frente a los comportamientos abusivos de China”. Es más o menos lo que la administración Trump ha intentado hacer sin producir ventajas significativas para Estados Unidos. Biden deberá decidir dónde sitúa su principal prioridad. ¿Se trata de poner un freno a los comportamientos abusivos y a las violaciones de derechos humanos de China o de obtener la cooperación de la otra gran potencia del planeta sobre las cuestiones más urgentes y potencialmente devastadoras en el orden del día mundial en este momento: el cambio climático antes de que el planeta se recaliente de forma desesperada; la no proliferación antes de que se pierda el control de las armas nucleares, hipersónicas y otros tipos de armas avanzadas, y la seguridad sanitaria en un mundo golpeado por una pandemia?

Como en tantos otros ámbitos que deberá abordar después del 20 de enero, para progresar en cualquier cuestión, Biden deberá primero superar las herencias desestabilizadoras de su predecesor. Esto significa sobre todo que deberá reducir las tarifas aduaneras y las barreras tecnológicas punitivas y autodestructoras, ralentizar la carrera de armamentos con China y abandonar los esfuerzos para rodear al continente con una red hostil de alianzas militares. Sin esto, se corre el riesgo de hacer prácticamente imposible ningún progreso, cualquiera que sea, y el mundo del siglo XXI podría encontrarse arrastrado a una guerra fría aún más insalvable que la que dominó la segunda mitad del siglo pasado. Si ocurre así, y Dios nos guarde, podríamos encontrarnos ante una guerra nuclear o una versión climática de esta en un planeta en delicuescencia.

Por Michael T. Klare, veterano investigador en cuestiones relacionadas con la geopolítica de los recursos

https://alencontre.org/asie/japon/le-casse-tete-des-relations-chine-etats-unis-pour-joe-biden.html

Traducción: Javier Garitazelaia

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Miércoles, 17 Marzo 2021 05:52

Coto a los gobiernos que espían

Coto a los gobiernos que espían

El CyberPeace Institute (Instituto de Paz Cibernética) ha denunciado la creciente actividad y los escasos controles de empresas que comercializan software espía, a los que llega a calificar de "mercenarios". Desde este organismo critican duramente que, pese a las excusas por parte de estas compañías de que únicamente venden estas aplicaciones a gobiernos para ayudarles a combatir el crimen y el terrorismo, el número de casos en los que se viola indiscriminadamente la privacidad y se vulneran Derechos Humanos (DDHH) se dispara.

Pegasus, uno de los software espía más extendidos que desarrolla la empresa israelí NSO Group Technologies, tiene en su haber incontables violaciones de DDHH, habiendo sido utilizado por diferentes gobiernos contra periodistas, activistas y cualquier otra persona que, sin suponer una amenaza para la ley, sí eran voces contrarias a esos Ejecutivos.

Tal y como señala el CyberPeace Institute, estas malas prácticas son las que llevaron a WhatsApp a demandar en 2019 a NSO Group, tras asegurar que al menos 1.400 de sus usuarios fueron atacados con Pegasus. Basta una llamada telefónica a través de WhatsApp, incluso sin que ésta sea atendida, para instalar el software malicioso. A partir de ahí, Pegasus se haría con el control completo del teléfono móvil, pudiendo acceder a todo su contenido, geolocalizarlo, utilizar la cámara y el micrófono, etc.

Este es el motivo por el que la presidenta del CyberPeace Institute, Marietje Schaake,  demanda una legislación más restrictiva en el uso de este software espía. Compañías como Microsoft, Google, Cisco y LinkedIn, así como organizaciones como Amnistía Internacional o Access Now se han sumado a la demanda de WhatsApp.

NSO Group es la punta del iceberg de un mercado que mueve 12.000 millones de dólares al año; a la israelí se suman otras compañías que desarrollan este tipo de software, como Gamma Group (Reino Unido-Alemania); Memento Labs, conocida previamente como Hacking Team (Italia); Dark Matter (Emiratos Árabes Unidos) o Intellexa (Chipre), entre otras.

La opacidad con operan este tipo de compañías es absoluta, con la connivencia de los diferentes Gobiernos, pues no debe perderse de vista que para que sea posible un negocio mil millonario han de existir compradores. Para ocultar su rastro, las desarrolladoras de software espía acostumbran a operar con redes de empresas ficticias.

Se cargan las tintas contra gobiernos como el de Vietnam –Amnistía Internacional acaba de iniciar una campaña-, Bahrein, Marruecos o Arabia Saudí (con el caso del periodista asesinado Jamal Khashoggi como ejemplo), pero también están en cuestión el uso del software espía que realizan gobiernos considerados más democráticos. De hecho, el Citizen Lab canadiense, elaboró una investigación en 2018, llegando a detectar el software espía hasta en 45 países:

Argelia, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Canadá, Costa de Marfil, Egipto, Francia, Grecia, India, Irak, Israel, Jordania, Kazajstán , Kenia, Kuwait, Kirguistán, Letonia, Líbano, Libia, México, Marruecos, Países Bajos, Omán, Pakistán, Palestina, Polonia, Qatar, Ruanda, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Tayikistán, Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uganda, Reino Unido, Estados Unidos, Uzbekistán, Yemen y Zambia.

Más recientemente y en respuesta a un requerimiento de la ONU, el Citizen Lab revelaba como hasta 25 países serían clientes sólo de NSO Group a través de sus numerosas empresas pantalla, utilizando el software espía para vulnerar la privacidad de periodistas, rivales políticos o activistas de DDHH, dentro y fuera de sus fronteras. El organismo canadiense es claro al afirmar que "los gobiernos, incluidos los Estados que generalmente se consideran respetuosos de los derechos y con un Estado de Derecho adecuado, también pueden implementar estas tecnologías en ausencia de transparencia pública y marcos legales apropiados calibrados a la naturaleza intrusiva de estas tecnologías".

España no escapa de la mancha del uso de software espía sin transparencia ni control. En 2015 y después de que fuera hackeado el hackeador, se reveló que tanto el CNI como la Policía Nacional fueron clientes de la italiana Hacking Team, precisamente, en tiempos de las cloacas del Estado con Jorge Fernández Díaz (PP) como ministro del Interior, hechos que aún están investigándose en sede judicial.

 Por, David Bollero

17 marzo, 2021

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El peligroso discurso de odio de Daniel Ortega y Rosario Murillo

En las últimas semanas, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han exacerbado el discurso de odio que durante más de una década han promovido, desde el poder, contra los ciudadanos que demandan un cambio democrático en Nicaragua. De manera cada vez más frecuente, los gobernantes utilizan todos los medios de comunicación del país, imponiendo abusivamente una cadena nacional de radio y televisión para predicar el odio, la intolerancia y la violencia.

El discurso oficial se basa en la estigmatización de "los otros" como "enemigos", teniendo como única coartada la mentira y el cinismo, y por ello algunas personas consideran que lo que Ortega y Murillo repiten cada día carece de importancia porque no tiene ninguna credibilidad. Probablemente, la mayoría de la gente apaga la radio y la televisión oficial y no le da ningun crédito a la mentira; sin embargo, el discurso de odio de los gobernantes es extremadamente peligroso para la convivencia nacional, porque legitima ante sus partidarios el ejercicio de la violencia con impunidad.

Cada vez que Ortega y Murillo lanzan amenazas con virulencia otorgan una licencia a una minoría fanatizada para insultar, agredir, perseguir, torturar, e incluso matar, a cualquier ciudadano que reclama libertad y justicia en Nicaragua. Eso fue lo que ocurrió en La Trinidad, el 19 de julio pasado, cuando Jorge Luis Rugama fue asesinado de un disparo en la cabeza por un fanático sandinista, solamente porque gritó "¡Viva Nicaragua libre!" Y cuando el agresor Abner Pineda fue sometido ante la justicia, el juez invocó como atenuantes del asesinato que el funcionario de la alcaldía sandinista de Estelí padecía un supuesto trauma sicológico como resultado de la protesta ciudadana contra el régimen y que, además, "se encontraba en estado de ebriedad". Ese asesinato, que se mantiene en la impunidad, forma parte de la cosecha de odio de Ortega y Murillo.

En su último discurso en el Día Internacional de la Mujer, el caudillo sandinista, señalado de contumaz violador de los derechos de las niñas y las mujeres, se burló de sus víctimas y hasta clamó por la erradicación del machismo. Ortega alegó campantemente que en Nicaragua existe libertad de expresión, aunque su gobierno persigue a los periodistas, censura a los medios independientes, ha confiscado las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, y ha crimizalizado hasta el acto patriótico de ondear la bandera nacional. En estos días el joven Sergio Beteta fue declarado culpable en un tribunal por presuntos crímenes de tenencia de armas y drogas, fabricados en la cárcel de forma descarada por la fiscalía y la policía, cuando su "delito" fue quemar la bandera del FSLN y ondear la bandera azul y blanco en una protesta solitaria a la vista de transeúntes y periodistas. Y a pesar de las pruebas en su favor, ahora un juez orteguista está pidiendo contra él 16 años de cárcel, por ejercer la libertad de expresión.

El discurso de Ortega y Murillo también promueve odio y confrontación entre pobres y ricos. En nombre de los desposeídos y la "chusma", el comandante truena contra los millonarios y oligarcas, aunque en Nicaragua todo mundo sabe que la familia presidencial forma parte de los superricos y que su capital, al margen de toda clase de escrutinio público, no proviene de algún emprendimiento empresarial, sino del robo a los pobres que representa la corrupción pública y el desvío de más de 4 mil millones de dólares de la cooperación estatal venezolana para sus negocios privados.

Para justificar la represión y el estado de sitio policial, Ortega también alega que su gobierno ha sido víctima de una tentativa de golpe de Estado, pero ninguna comisión internacional de derechos humanos ha encontrado algún indicio de la supuesta conspiración durante las protestas de abril. Y lo único que han documentado son denuncias que deben ser investigadas sobre los crímenes de lesa humanidad, los asesinatos, las torturas, y las ejecuciones extrajudiciales, atribuidas a los sicarios del régimen.

Sin embargo, a pesar del miedo que provoca la violencia, la persecución, la cárcel y el exilio, en estos casi tres años de represión y estado de sitio, la dictadura Ortega-Murillo nunca ha podido quebrar la moral y la dignidad de un solo preso político, que desde la prisión sigue reclamando un cambio a través de elecciones libres. Bastaría constatar esta derrota política y moral del régimen para proclamar que el discurso de odio de Ortega y Murillo representa una política fracasada. Pero eso no disminuye su peligrosidad en una sociedad polarizada donde los perpetradores de la violencia siempre han estado protegidos por el poder de las armas y la impunidad.

Por ello exhortamos respetuosamente a los obispos de la Conferencia Episcopal, al liderazgo moral de la Iglesia católica, a que renueven su exigencia ante los gobernantes para que cese el discurso de odio que promueve la violencia antes que haya más víctimas que lamentar. Apelamos a dignidad de los servidores públicos –civiles y militares– a decir basta al discurso de odio de Ortega y Murillo, para que nunca más un nicaragüense sea asesinado por gritar ¡viva Nicaragua libre!, o encarcelado por ondear la bandera nacional.

Demandamos a los precandidatos de la oposición a la presidencia de la República a que se sumen a la campaña de los familiares de las víctimas de la represión para lograr la libertad de los presos políticos y demandar justicia por los asesinados. También llamamos a los grandes empresarios a exigir la suspensión del estado policial y una reforma electoral, para que los nicaragüenses podamos decidir en una elección libre si queremos seguir otros cinco años con la prédica de odio y violencia de Ortega y Murillo, o emprender la reconstrucción del país en democracia.

Por Carlos F. Chamorro, periodista nicaragüense

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Piñera endurece represión contra la protesta social, a fin de acabar su gestión en un año

Su gran error, abordar problemas políticos como si fueran de orden público: académico

 

Santiago. Tras retirar la semana pasada la estatua del general Manuel Baquedano en la plaza que lleva su nombre en Santiago –denominada popularmente Dignidad, por ser epicentro de las protestas sociales en Chile–, la base y el entorno del monumento amanecieron ayer cercados por columnas de hierro empotradas al piso y enrejados en planchas de metal, además de custodiados por carabineros.

El hecho en sí mismo podría no significar nada, excepto que es otra muestra del enfoque cada vez más policiaco que caracteriza al gobierno de Sebastián Piñera, que al faltar un año para su término acaba de renovar el estado de excepción constitucional so pretexto de la pandemia, y sigue empeñado en aplacar la rebeldía ciudadana por la vía de la represión en los sectores populares, señalan expertos.

"El gobierno ha anunciado mil carabineros en la plaza Baquedano todos los días viernes, que es el de las protestas. Cuando se requiere tal despliegue policial es porque no se trata de un problema de orden público, sino un problema político con raíces sociales. El gran error de este gobierno ha sido abordar problemas políticos y sociales como de orden público", dice el académico Ernesto Águila, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

Estado de excepción

"La pregunta es cómo un gobierno y un presidente logran sostenerse con 10 por ciento de aprobación y las protestas sociales recurrentes. Parte de la explicación es que el país lleva un año en estado de excepción y toque de queda. La razón es la pandemia, pero también estas herramientas han permitido al gobierno enfrentar y sofocar la protesta social. La otra razón es una oposición inerte, muy desprestigiada, que no fiscaliza ni interpela al gobierno. La debilidad del gobierno no se traduce en un fortalecimiento opositor. En este sentido hay un empate catastrófico", agrega.

Tanto el anuncio de los mil policías como el cerco de hierro en Dignidad es sintomático de que Piñera quiere impedir que la protesta social siga machacando a su gobierno, desprestigiado incluso entre sus afines, que acusan debilidad, y evidenciando que el origen del conflicto sigue irresoluto. La posesión de la plaza y del monumento es más que simbólica: luego de que la movilización la convirtió en su punto neurálgico, el presidente llegó hasta ahí en abril de 2020 aprovechando que la ciudad estaba en cuarentena a hacerse una foto que difundió en redes sociales, en otro de sus actos impulsivos y que se leyó como provocación. Después él se disculpó con una mala y falsa excusa, pero el daño estaba hecho.

De un tiempo a esta parte se suceden por doquier las acciones represivas. Para muestra, la tarde del día 13, en la populosa y rebelde Villa Francia, al oeste de Santiago, un evento destinado a reunir dinero para fines comunitarios y que realizaban los vecinos en un recinto deportivo y recreativo, fue asaltado por decenas de carabineros que llegaron con blindados, drones, vehículos lanzagases y lanza agua, allanándolo y deteniendo al menos a 26 personas. Carabineros se justificó diciendo que se estaban transgrediendo los protocolos sanitarios contra la peste del Covid-19.

Los vecinos de Viña Francia, barriada caracterizada por su resistencia contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), narraron que "los niños jugaban a la pelota, realizaban talleres de autodefensa, cuando caen carabineros y revientan todos los accesos del multiuso. No hubo mediación, golpearon a algunas chicas y se llevaron a todo el mundo".

Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dijo a Radio Universidad de Chile: "este hecho refleja un aspecto detectado hace un tiempo: sobre la base de invocar el cumplimiento de normas sanitarias se está focalizando la represión sobre todo a sectores populares que, se conoce, han tenido una actitud de rechazo al actuar policial y a las políticas gubernamentales actuales. En Villa Francia, la verdad es que se ejerció una represión brutal e indiscriminada".

Margota denunció además "un comportamiento asimétrico tanto de entes persecutores como desde los tribunales de justicia, respecto de cómo enfrentan una situación que tiene que ver con violación de derechos humanos versus manifestación y protesta social".

Por Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

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La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, en una oficina de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, La Paz, Bolivia, el 13 de marzo de 2021

La ex presidenta de facto exige juicio de privilegio, por pacificar al país

 

La Paz., La juez Regina Santa Cruz decretó ayer cuatro meses de prisión preventina para la ex mandataria de facto, Jeanine Áñez y para sus ex ministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra. Horas antes la Fisca-lía de Bolivia había pedido seis meses de cárcel preventiva para Áñez, detenida por su papel en el derrocamiento del mandatario Evo Morales, en noviembre de 2019, y ella exigió un "juicio de privilegio", al asegurar que se busca "criminalizar el hecho de que nosotros pacificamos el país en su momento con un golpe de Estado".

Tres fiscales habían firmado la imputación para la aplicación de prisión preventiva por seis meses también para los dos ex ministros Guzmán y Coimbra, acusados igualmente de delitos de sedición, conspiración y terrorismo por asumir el poder luego que Morales fue conminado a renunciar por las cúpulas castrense y policial, en medio de manifestaciones impulsadas por la derecha, que, sin pruebas, alegó fraude en las elecciones que ganó Morales, y que dejaron un saldo de 33 muertos.

La fiscalía sostiene además que el 10 de noviembre el líder cívico Fernando Camacho presentó en la sede presidencial una carta "en la que recomienda la renuncia del presidente Evo Morales".

A esta petición se sumó el comandante de las fuerzas armadas, Williams Kaliman, quien junto a otros "deliberaron" y pidieron a Morales que dimitiera.

“La fuerza armada no delibera, no realiza acción política (...). Se concretiza un golpe de Estado, toda vez que la policía y las fuerzas armadas tienen armamento letal y deciden obedecer a una persona que no tenía facultad jurídica (...)

"Por todos los hechos sediciosos y terroristas llevados a cabo el 10 de noviembre de 2019 el ex presidente Evo Morales, con el riesgo de perder la vida y velando por el pueblo boliviano, para no ser masacrados y humillados sus ministros, alcaldes y otros, renuncia a la Presidencia, junto con el vicepresidente Álvaro García Linera", añade la Fiscalía en su denuncia.

Tras la renuncia de Morales, Áñez y sus allegados habrían obligado a renunciar a Adriana Salvatierra, quien ocupaba el cargo de presidenta del Senado, y a Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, para que Áñez asumiera la presidencia de Bolivia.

La Fiscalía considera que "de esta manera posibilitaron que (Áñez) asumiera la Presidencia (...) de una forma amañada".

El caso tiene su origen en una denuncia de la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, por presunta sedición contra ocho ex autoridades policiales y militares por la muerte de manifestantes luego de asumir Áñez la presidencia.

La Fiscalía menciona a Camacho como uno de los principales impulsores de hechos ilegales, entre ellos la quema de instalaciones de distintos tribunales electorales departamentales, destrucción de actas electorales, así como de distintas presiones que impidieron el recuento oficial de votos.

Fiscalía: la ex mandataria preparaba "actos de fuga"

En cuanto a la justificación de la prisión preventiva, en el caso de Áñez, la Fiscalía expone que ésta "se encontraba realizando actos preparatorios de fuga" en el momento de su detención.

Áñez, abogada y ex presentadora de televisión, permanece detenida en un cuartel de la policía desde el sábado tras ser arrestada mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar, en Trinidad, 600 kilómetros al noreste de La Paz, donde residía. La propia Áñez, de 53 años, declaró desde una ventanilla de la celda donde se encuentra detenida y exigió "juicio de privilegio", lo que impediría la prisión cautelar.

"Es absolutamente arbitraria, ya lo he manifestado porque es pretender criminalizar el hecho de que nosotros pacificamos el país en su momento con un golpe de Estado. Es decir, que la sucesión constitucional ahora no tendría ninguna validez”, dijo la ex mandataria golpista.

"Yo tengo privilegios, le guste o no le guste a Evo Morales, y tendría que ser acusada en un caso de Corte, pero acá no tiene ninguna validez el estado de derecho y esto lo lamentamos tantísimo", agregó.

Más aún, aseguró tener "todo el apoyo del pueblo y de todos quienes creen en la democracia", menos de Evo Morales porque "él desprecia la democracia".

“Me envían cuatro meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió”, afirmó Áñez en Twitter, tras escuchar que la juez le dictó prisión preventiva.

Por fin llegará la justicia, aunque tarde: Evo Morales

Morales afirmó que la detención significa que "por fin llegará la justicia, aunque tarde. Esperemos que se haga un acto de justicia con las víctimas de tanta injusticia en Bolivia".

"Solo pedirles que haya un debido proceso, todos tienen derecho a la defensa, pero también tienen que demostrar que son inocentes, como tratan de mostrar los medios de comunicación", declaró a la radio Kawsachun Coca.

Morales subrayó que investigaciones internacionales demostraron que no hubo fraude electoral en 2019 y sí golpe de Estado. "A más de un año del golpe no se ha podido demostrar el supuesto fraude y la mejor prueba es el resultado del 18 de octubre del año pasado, cuando ganó nuevamente el MAS."

Tras la detención de Áñez, el líder opositor Carlos Mesa denunció que el MAS pretende usar un "inexistente golpe de Estado" para perseguir y "descabezar" a la oposición.

El dirigente cívico Fernando Camacho manifestó que "no hay motivos para festejar" su elección como gobernador del departamento de Santa Cruz, porque "está dándose una persecución en toda la nación hacia aquellos que estuvieron luchando por la democracia y la libertad".

El arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, criticó en su homilía dominical el "ánimo de revancha" del gobierno que “pretende tachar de golpista al pueblo y a sus representantes que defendieron al voto ciudadano y a la democracia (...) mientras los autores del fraude electoral se muestran como víctimas“. La Conferencia Episcopal Boliviana pidió la liberación inmediata de los detenidos.

Estados Unidos, la Unión Europea, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamaron por separado que se siga el debido proceso y no haya interferencia política en los juicios.

Publicado enInternacional
Lunes, 15 Marzo 2021 05:35

El poder del litio boliviano

El poder del litio boliviano

Los enormes yacimientos de litio boliviano constituyen dos vertientes opuestas: una bendición para profundizar el desarrollo económico futuro del país, o una constante amenaza debido a la ambición de compañías transnacionales y gobiernos imperiales por tratar de controlar esos recursos.

El expresidente Evo Morales Aima ha denunciado en repetidas ocasiones que su gobierno fue víctima de un “golpe de Estado del litio” cuando fuerzas de la oligarquía derechista, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Estados Unidos lo sacaron del poder en noviembre de 2019.

Un año antes de esos sucesos, en octubre de 2018, Morales había firmado un convenio con la empresa alemana ACI Systems para la explotación del salar de Uyuni, pero la oligarquía criolla, encabezada por el expresidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari, inició una virulenta campaña desinformativa al catalogar el convenio como “entreguista”.

La desinformación engañó a parte de la población que comenzó protestas bajo la dirección de elementos de la derecha respaldada por militares afines y por la OEA que alegó fraude en las elecciones de noviembre de 2019.

Aunque Evo anuló el acuerdo con ACI Systems, el golpe de Estado quedó consumado una semana después de los comicios.  

En el denominado Golpe del Litio actuaron influyentes transnacionales y hasta el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, propietario de las compañías SpaceX y Tesla (autos y equipos eléctricos). Este multimillonario estadounidense  al ser consultado en twitter por un internauta sobre si tenía algo que ver con los sucesos de Bolivia declaró que no le molestaba derrocar a quien sea, con tal de alcanzar sus objetivos empresariales.

Tras las altisonantes declaraciones de Musk, Morales declaró que el principal móvil del Golpe fue haber dejado fuera a Estados Unidos del proyecto de industrialización del litio que se llevaba a cabo en el país en conjunto con Alemania y China.

Con la empresa Xinjiang Tbea Group-Baocheng se habían rubricado acuerdos por alrededor de 2 000 millones de dólares para edificar ocho usinas, cuatro en el salar de Uyuni y cuatro en los salares de Coipasa y Pastos Grandes, pero quedaron inconcluso por la imposición del régimen de facto de Jeanine Añez y los desastrosos efectos de la pandemia de Covid-19.

Recientemente se anunció que el presidente Luís Arce reflotará el plan para convertir el salar de Uyuni en la capital mundial del litio, cuyas reservas son las mayores del orbe. Hasta el 2030 se prevén instalar 41 plantas de procesamiento en los departamentos de Potosí y de Oruro.

En declaraciones a la prensa, el nuevo presidente ejecutivo de la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Marcelo González señaló que el país tiene el inmenso desafío de reactivar esa industria tras un año de semi paralización que impidió la comercialización a gran escala del producto.

González aseguró que cuentan con recursos humanos calificados para entrar a la etapa de industrialización y entre las principales acciones está la construcción de otras plantas industriales como las de ión litio y cátodos en los departamentos de Oruro y Potosí.

Actualmente, Bolivia puede producir 12 000 toneladas de carbonato de litio al año y en la planta de Uyuni se procesan entre 700 y 1 000 toneladas mensuales de ese producto.

Asimismo, en la Planta Piloto de Baterías se construyen las 5V, similares a las utilizadas por los teléfonos móviles pero aún el país no logra satisfacer la alta demanda externa, por lo cual se busca la asociación con otra nación que colabore con transferencia tecnológica.

Para González resulta importante que se complete la cadena del litio dentro de Bolivia, es decir, se extraiga la materia prima y se procese para darle valor agregado. Argumentó que hasta ahora han cerrado la cadena del litio a nivel de laboratorios y pilotaje con la planta de materiales catódicos así como la de baterías que está produciendo para la venta en el mercado interno, y se realizan gestiones con la empresa de autos eléctricos Quantum, con sede en Cochabamba para proveerles acumuladores.

Bolivia posee 21 millones de toneladas de litio, mineral muy preciado por gobiernos desarrollados y compañías trasnacionales por su utilización en laptops, celulares, tabletas, otros equipos móviles y acumuladores para vehículos, por lo que han denominado a ese mineral como el “Oro blanco”.

Expertos indican que con la continuación del desarrollo de las baterías con base a sales de ión litio, ese producto movería unos 46 000 millones de dólares en 2022 y 220 000 millones de dólares en diez años.

Esas baterías pueden acumular en los aparatos móviles gran energía con mínimo peso y espacio para las personas y en los autos eléctricos son capaces de mantener un máximo de 3 000 ciclos de carga y descarga sin perder las propiedades de almacenaje y voltaje.

Un estudio del Servicio Geólico de Estados Unidos (USGS) estima que el 60 % del “oro blanco” mundial se haya en Argentina, Chile y Bolivia por lo que esas naciones están destinadas a impulsar su desarrollo económico en los próximos años.

Pero Argentina y Chile tienen la desventaja de que su explotación está en manos de empresas transnacionales que dejan pocas remuneraciones monetarias, mientras en Bolivia está controlada por el Estado, que según lo establecido, el 51 % de las ganancias permanecerá en el país.

Si el nuevo gobierno encamina al país por la senda política-económico-social que logró llevarlo el expresidente Evo Morales, los enormes yacimientos de litio que posee Bolivia pueden acabar de revertir la historia de pobreza de esta nación, aunque siempre debe estar alerta con las artimañas de la oligarquía criolla y de las compañías estadounidenses interesadas en hacerse del control del “oro blanco”.

Por Hedelberto López Blanch | 15/03/2021

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano

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