MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Domingo, 21 Abril 2013 14:20

Dialéctica de la democracia

Dialéctica de la democracia

 

Edición 2013. Formato: 17 x 24 cm, 352 páginas
P.V.P:$35.000 ISBN:978-958-8093-92-5

 

Reseña:

Antonio García resalta, en "Dialéctica de la democracia", la pluralidad de imágenes de la "democracia": la liberal burguesa de tipo formal, representativa, política; la populista, basada sobre la redistribución de los ingresos y el acceso a nuevas clases y nuevas fuentes de poder, mediante la instauración de un Estado asistencialista, paternalista; y la socialista, que en distintos grados apunta a diversas formas limitadas de democracia económica o social. Frente a este fraccionamiento de la democracia, el Maestro Antonio García Nossa plantea frontalmente que el desarrollo económico es un todo y debe integrarse al desarrollo social, político, como arte y parte de una misma ecuación humana, social e institucional, lo cual encuentra plena vigencia en las discusiones que como sociedad tenemos que afrontar en la actual coyuntura que vive el país.

 

Antonio García Nossa. Nacido en Bogotá el 16 de Abril de 1912.Su obra, amplia y vital, en lo fundamental desconocida en nuestro país, resume la vivencia que tuvo en distintos países del continente, donde fue asesor de diversos gobiernos, en especial de asuntos agrarios, desde la primera presidencia de su amigo boliviano Hernán Siles Zuazo, pasando por el presidente socialista, el militar peruano Juan Velasco Alvarado, hasta el socialista chileno Salvador Allende.Otra faceta de su vida, la docencia, la practicó con dedicación a lo largo de América Latina, desde Argentina hasta México.

 
 
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Sábado, 20 Abril 2013 07:22

Frenan juicio a un genocida

Frenan juicio a un genocida

En un fallo que causó indignación en los organismos de derechos humanos, una jueza guatemalteca ordenó suspender el juicio contra el dictador Efraín Ríos Montt y el ex general José Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados por los delitos de genocidio. Tras el fallo de la jueza del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo de Guatemala, Carol Patricia Flores, la continuidad del proceso deberá ser resuelta por la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país, en las próximas 48 horas.

 

Flores afirmó el jueves que la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia ordenaron que el proceso judicial regrese a la etapa en que se le recusó a la jueza. La magistrada explicó que el proceso deberá reiniciarse a lo actuado al 23 de noviembre de 2011, por lo que el caso regresa a una etapa intermedia, dejando las audiencias del juicio sin validez. “No lo hago porque yo quiero sino porque lo ordenó la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, argumentó. Pero el Tribunal Primero A de Alto Riesgo, presidido por la jueza Jazmín Barrios, envió ayer una consulta a la CC para que defina el procedimiento a seguir para la continuación del proceso, luego de que por unanimidad los miembros de ese cuerpo rechazaran por ilegal la anulación del juicio decretada el jueves por un juzgado de primera instancia.

 

La audiencia programada para ayer por el Tribunal A de Mayor Riesgo, a cargo del juicio contra Ríos Montt y su ex jefe de inteligencia militar, Rodríguez Sánchez, no pudo realizarse por ausencia de los abogados defensores de ambos ex generales, señalados de haber conocido los planes militares para ejecutar al menos 15 matanzas en comunidades del pueblo maya ixil entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, cuando Ríos Montt ejerció de facto el poder en Guatemala, estimando que durante los ataques perdieron la vida al menos 1771 indígenas de esa etnia maya.

 

Barrios dejó claro su rechazo a la resolución “ilegal” de la jueza Flores. Además de la consulta del tribunal, los magistrados de la CC deberán resolver la apelación presentada por la Fiscalía en contra de la resolución de la jueza Flores, así como los amparos solicitados ayer por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) y la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), entidades que actúan como querellantes. “Este tribunal es independiente y ningún órgano jurisdiccional puede obligarlo a suspender el juicio o retrotraerlo a una etapa anterior”, informó Barrios en una breve exposición antes de levantar la frustrada audiencia. Ante la ausencia de los letrados de los dos acusados, Barrios ordenó a la Defensa Pública Penal nombrar a dos abogados que los representen en el juicio.

 

Ante lo ocurrido, activistas humanitarios que habían colmado la sala de visitas de la CSJ iniciaron ayer de inmediato una marcha rumbo a la sede de la CC lanzando consignas como “sí hubo genocidio” y “justicia, justicia”. Los organismos internacionales también se manifestaron sobre lo sucedido. Mediante un comunicado, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) expresó su preocupación por la suspensión del juicio y advirtió que la suspensión fue ordenada por un juez distinto del que escuchaba el juicio, hecho que consideró como una afrenta para las numerosas víctimas. “Este importante retroceso unos días antes de la sentencia esperada es una bofetada para muchos hombres y mujeres indígenas que tuvieron el coraje de participar como testigos en las audiencias públicas”, señaló. Asimismo, Amnistía Internacional pidió ayer revocar el fallo que anuló el juicio. “La decisión de anular el juicio por genocidio debe ser revocada con urgencia”, afirmó la entidad humanitaria a través de un comunicado.

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Siria: Al Qaida a la cabeza de la oposición contra Al Assad

La guerra contra el dictador sirio no carece de curiosidades. Los países árabes amigos de Occidente que apoyan su derrocamiento tratan de financiar al Ejército Sirio Libre ante el creciente dominio de Al Qaida en el campo de operaciones. El grupo terrorista Jabhat al Nusra,rincipal formación jihadista armada en Siria, anunció que conjuntará sus fuerzas con las de “Al Qaida en Irak” (AQI) “para ayudar a nuestros hermanos oprimidos en Siria”. “Los hijos del Frente Al Nusra renovamos nuestro compromiso con el sheik de la Jihad Ayman al Zawahiri y le declaramos nuestra obediencia” (Le Monde, 10/4/13). Ayman al Zawahiri, comandante en jefe de Al Qaida, es el sucesor de Osama bin Laden y planea instaurar un Estado islámico en Siria cuando Al Assad caiga. El nuevo agrupamiento se llamará “Al Qaida en Irak y el Levante”.

 

El jefe de la rama iraquí de AQI, Abu Bakr al Baghdadi, confirmó que el Frente Al Nusra fue fundado por elementos llegados de Irak, donde lucharon contra la ocupación de la OTAN con la bendición del régimen sirio, que por entonces alentaba a los jihadistas a combatir en Irak. Pero un boomerang es un boomerang. Bien lo conocen los talibán que EE.UU. alimentó de todos los modos posibles contra la invasión rusa de Afganistán y que, cumplida la misión, no tardaron a su vez en ser expulsados del poder. Por Estados Unidos.

 

El tipo de oposición armada que se está creando en Siria preocupa a sus vecinos árabes y no sólo. Jordania, que hasta hace dos meses mantenía una actitud pasiva por temor a que el terrorismo se hiciera presente en su territorio, pasó a convertirse en abastecedora de armas a los rebeldes moderados por la frontera sur de Siria. Qué casualidad: contemporáneamente, recibía de Arabia Saudita más de mil millones de dólares (www.guardian.co.uk, 14/4/13). Pero no sólo Riad y Amán participan en esta empresa. “Algunos Estados del golfo, Gran Bretaña y EE.UU. han aumentado aceleradamente su apoyo a determinados sectores rebeldes a fin de frenar los avances de los grupos vinculados con Al Qaida”, señala además The Guardian. ¿Entonces a quién combaten en Siria, a Al Assad o a Al Qaida?

 

Hay razones, claro. A fines del año pasado, más de cien organismos civiles y militares de la oposición firmaron una declaración expresando su solidaridad con Jabhat al Nusra (www.telegrahp.co.uk, 10/12/12) y rechazando la decisión estadounidense de declararla una organización terrorista (www.state.gov, 11/12/12). Luego de este anuncio del Departamento de Estado, numerosos batallones rebeldes manifestaron idéntica solidaridad (www.microsofttranslator.com, 7/3/13): su proclama subrayaba el rechazo a la intervención estadounidense “porque todos somos Jabhat al Nusra” Se explica: los avances militares más importantes contra el régimen sirio son atribuibles a estos jihadistas, ahora aliados con Al Qaida, que están mejor armados, mejor entrenados y van al frente en los ataques. Hace meses que se informa que constituyen la fuerza militar más importante de la oposición (www.mcclatchydc.com, 3/1/13).

 

El Consejo Nacional Sirio, reconocido oficialmente por EE.UU., Rusia y otros países como representante legítimo del conjunto de la oposición, se ha visto superado por lo que sucede en la guerra misma. Hillary Clinton, cuando fungía como secretaria de Estado, reconoció una vez que Al Qaida y otros grupos que figuran en la lista de grupos terroristas “están de nuestro mismo lado en Siria y ayudan a los rebeldes” (www.infonews.com, 1/3/12). Se estima que un grupo de Al Qaida que participó en el derrocamiento de Khadafi fue transportado a la región en aviones de la OTAN e infiltrado en Siria. Pero la nueva situación ha cambiado las apuestas, creando un estado de cosas de suma complejidad para Occidente.

 

Analistas como John Glass consideran que el esfuerzo de socavar la ayuda a los grupos afines a Al Qaida –los rebeldes más efectivos desde el punto de vista militar– no pondrá fin a ese conflicto interno de la oposición ni al régimen de Al Assad. “La política de ayudar sólo a los rebeldes amigos –señala– ha prolongado por demás el conflicto, empeorado la crisis humanitaria y ayudado a promover a Al Qaida en Siria” (y) no se puede confiar en que los regímenes de Arabia Saudita y Jordania ayudarán realmente a los moderados que luchan por la ‘democracia’ post Al Assad” (www.antiwar.com, 15/4/13). Mientras esto se dirime en relación con el campo opositor, se asiste a una paradoja de proporciones: Al Assad convertido en campeón de la lucha contra Al Qaida y otras organizaciones terroristas que figuran en la lista negra del Departamento de Estado.

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Forbes: dos bancos chinos son las mayores empresas del mundo

Los bancos chinos ICBC y China Construction Bank han destronado a las estadounidenses Exxon Mobil y JPMorgan como las mayores empresas del mundo que cotizan en bolsa, según la lista publicada hoy por la revista Forbes.


 
Con unas ventas de 134.770 millones de dólares y un valor de mercado de 237.260 millones, Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) ha arrebatado a la petrolera Exxon Mobil el primer puesto de este codiciado ranking, que reúne a las 2.000 mayores empresas del mundo por ingresos, beneficios, activos y capitalización bursátil.


 
También procede del gigante asiático la segunda mayor compañía del planeta, el banco China Construction Bank, gracias a una facturación de 113.080 millones de dólares y con más de 355.000 empleados, por lo que ha conseguido escalar once puestos de la lista en tan solo un año.


 
“El ascenso de ambas empresas se ha debido a un crecimiento de dos dígitos tanto en sus ventas como en sus ganancias”, explicó el editor de la lista, Scott DeCarlo, quien sin embargo destacó que las tasas de crecimiento de esos dos bancos se están ralentizando y alertó de la caída de la rentabilidad en el sector bancario chino.


 
La medalla de bronce recae igualmente sobre una entidad financiera, en este caso el mayor banco por activos de Estados Unidos, JPMorgan Chase (que en 2011 había logrado encabezar esta lista), con unas ventas de 108.180 millones de dólares y un valor de mercado de 191.450 millones.


 
El cuarto puesto lo ocupa este año el conglomerado General Electric, mientras que hay que bajar hasta el quinto lugar para encontrar al líder del año pasado, la petrolera Exxon Mobil, que sin embargo sigue siendo la compañía más rentable del mundo gracias a unos beneficios de 44.900 millones.


 
Completan el “top ten” de este ranking el banco británico HSBC, la petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell, la entidad financiera china Agricultural Bank of China, el grupo inversor del multimillonario Warren Buffett, Berkshire Hathaway, y la petrolera china Petrochina.


 
Para encontrar a la primera empresa latinoamericana hay que descender hasta el puesto número 20, donde se coloca la petrolera brasileña Petrobras, que ha sufrido una caída de sus ingresos hasta los 144.100 millones que le ha supuesto bajar diez puestos de esta lista.


 
Por regiones geográficas, Asia-Pacífico se sitúa por sexto año consecutivo en lo más alto de la tabla con 715 empresas, 18 menos que el año pasado, seguida por Europa, Oriente Medio y África (606), Estados Unidos, con 19 firmas más que en 2012, y las Américas, con 143, dos menos que el año pasado.

 

17 abril 2013


 
(Con información de EFE)

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Martes, 16 Abril 2013 06:25

Obama y latinoamérica

Obama y latinoamérica

Una de las áreas del mundo donde la política exterior de EEUU ha decepcionado más a las fuerzas progresistas de América (Norte, Centro y Sur) ha sido en Latinoamérica. La falta de cambio ha sido una constante. Casi inmediatamente después de su primera elección, la Administración Obama mostró un silencio ensordecedor frente al atentado al presidente Correa, de Ecuador, cuando, en septiembre de 2010, hubo un intento golpista. Vimos también el mismo silencio durante el golpe de Estado contra el presidente legalmente elegido, Fernando Lugo, que fue destituido por la oligarquía que ha dominado Paraguay durante la mayoría de su historia. El Departamento de Estado de EEUU no denunció tal golpe.
 


Pero el caso más flagrante fue la aceptación del golpe militar de Honduras, cuando un presidente democráticamente elegido, el presidente Manuel Zelaya, fue detenido y expulsado del país, instaurándose uno de los regimenes más represivos en aquel continente. El asesinato político de sus oponentes es práctica común en aquel país. 83 miembros del Congreso de EEUU enviaron una carta a la entonces Ministra de Asuntos Exteriores de EEUU, la Sra. Hillary Clinton, pidiendo que se denuncie la situación represiva existente en Honduras. El presidente Obama, no sólo no rechazó el golpe militar, sino que lo apoyó, indicando que las elecciones (fraudulentas) que tuvieron lugar después del golpe habían legitimado al nuevo gobierno.


 
Tal situación de brutal represión apenas aparece en los medios de mayor difusión de EEUU y de Europa. Mientras que tales medios han ido mostrando una enorme hostilidad al gobierno venezolano presidido hasta hace poco por el gobierno Chávez, que intenta alcanzar el socialismo utilizando la vía democrática (hay mayor diversidad ideológica con los mayores medios de difusión en Venezuela que en España), han mantenido un silencio ensordecedor frente a las atrocidades y asesinatos políticos cometidos por un gobierno cuyo partido pertenece a la Internacional  Liberal, a la cual pertenecen muchos partidos europeos, incluido el partido gobernante en Catalunya, el CDC). Según la International Federation for Human Rights (que ha preparado un informe para el International Criminal Court) basada en París, en 2012 se cometieron más de 100 asesinatos políticos (en contra de sindicalistas, periodistas y campesinos, entre otros) con un número mayor de desaparecidos, detenciones ilegales, torturas y violaciones, represión dirigida a crear temor entre la población, según tal informe. Figúrense, por un momento si tales hechos hubieran ocurrido en Venezuela bajo el gobierno del Sr. Chávez. El escándalo internacional hubiera sido enorme. En lugar de ello, un silencio sepulcral que detecta y muestra una complicidad además de hipocresía.


 
Pero lo que es todavía peor, desde el punto de vista de la  Administración Obama, no es su silencio, sino su apoyo a tales atrocidades. En realidad existe evidencia, mostrada y documentada por el miembro del Senado de EEUU, el senador Patrick Leahy, de que tales asesinatos son realizados por la policía del gobierno hondureño (dirigido por Juan Carlos Bonilla) a la cual el gobierno federal de EEUU ha estado asesorando y financiando (Ver Mark Weisbrot, “Will Obama’s Legacy Be a Death Squad Government in Honduras?” The Guardian 30.03.13). En realidad, y tal como denuncia el senador Leahy, tal ayuda es ilegal en EEUU, pues la ley federal de aquel país prohíbe la ayuda militar o policial que policías o ejércitos que han cometido actos de violación de derechos humanos que han permanecido inmunes.


 
Como concluye Weisbrot, Obama ha vuelto a los estándares de brutalidad que caracterizó la política del Presidente Reagan, el guru de los neoliberales, que hoy han reavivado su brutalidad y opresión que permanece oculta en los medios de mayor difusión en tales países.

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Los Patrones –entre la barbarie y la impunidad.

En Colombia la figura del patrón asociada a poderosos criminales es asunto cotidiano. Los patrones representan la vigencia del mundo medieval y encarnan los más grandes episodios de terror y humillación a la condición humana. El patrón es el que está por encima de las leyes, de las reglas y de los límites que puedan anunciar los derechos. Los patrones encarnan tres condiciones: son propietarios de la tierra y de las riquezas que estas provean y  quienes habitan en ella, están a su merced como súbditos que deben lealtad al señor a cambio de la cual reciben protección militar, ayuda económica y reconocimiento social; constituyen una especie de monarcas, de reyes, que son protegidos por sectores de la clase política y económica, militares y la iglesia católica. Esta última asiente que el poder del patrón tiene alguna procedencia divina y; son redefinidos y presentados socialmente por sus aliados y socios como líderes, capaces de pacificar y ejercer un poder absoluto e incuestionable en los territorios controlados con su poderío económico y militar.


Los patrones asumen que solo ellos tienen derechos, hacen depender de ellos la vida de cualquier otro, bien sea de entre quienes están a su servicio y son colocados en situación de inferioridad o de quienes califican como adversarios o críticos. Igual hacen depender de ellos los deseos y la satisfacción de necesidades de quienes son cobijados por su manto. Ellos definen los modos de relacionarse, de vestirse, de vivir en los territorios bajo su control, imponen toques de queda e indican las estrategias de guerra. Su servidumbre trata de imitarlos, de seguirlos, de complacerlos, saben que se está más cerca o lejos de ellos según los hechos de lealtad que logren demostrarle.  Se miente, se envilece, se injuria, se calumnia, se traiciona o se mata para complacer al patrón. Un buen súbdito es el que pone su vida al servicio del patrón, el que está siempre dispuesto a matar o morir por él, es capaz de torturar, mutilar, ofender, humillar,  para que el patrón sepa de su valentía.

 

Cuando muere un patrón, sus súbditos, socios y aliados tratan de convertirlo en mito, en leyenda. Por estos días en Colombia ha muerto quizá el más poderoso patrón de los últimos cincuenta años. Un férreo campesino que logró sentar a otros patrones en la misma mesa para imponerles sus propias reglas. Se hizo propietario de un millón de hectáreas e incalculable número de cabezas de ganado, recibió la concesión para la explotación sin reglas de las minas de esmeraldas más importantes del mundo, fue el esmeraldero que obtuvo el mayor reconocimiento en este campo de negocios, comerció con extranjeros (japoneses, australianos, americanos, brasileros), propuso la creación de una bolsa mundial de la esmeralda y pasará a la historia de quienes tuvieron relación con el como el pacificador del occidente de Boyacá. No se ha calculado su fortuna, buena parte de ella sostenida a través de terceros, pero habrá que contarla en miles de millones de dólares sustraídos, arrebatados del vientre de una de las regiones más ricas en recursos pero más empobrecidas y saqueadas del planeta. Allí miles de personas incluidos niños, niñas, jóvenes han sido sistemáticamente ultrajadas, degradas de su condición humana, humilladas trabajaron durante décadas de trabajo elevado al más alto grado de explotación. Niños que para pagar un plato de comida diario y un poco de agua se sumergen en profundidades de 200 y más metros bajo tierra en jornadas de sumaban hasta 15 horas diarias -muchos nunca salieron y otros fueron asesinados al salir-.


El patrón se convierte en una leyenda que sobrevivió a más treinta atentados de sus antiguos socios, evadió todas las formas de justicia incluida la de ejércitos preparados para matarlo, fue amigo y aliado de presidentes, congresistas, magistrados, generales, obispos y gentes comunes que un día recibieron una caridad o sus vidas fueron perdonadas.  


El patrón de los patrones, también es observado por haber sido el más poderoso continuador de las prácticas medievales de terror. En la zona esmeraldera bajo su dominio, que comprendía al occidente de Boyacá (y el oriente en el valle de Tenza), los muertos asociados a su poder se contabilizaron por miles. Se ha afirmado que hasta el proceso de pacificación que adoptó un modelo de Paz Romana de no agresión mutua entre patrones con perdón y olvido sin investigaciones ni castigos, firmado a comienzos de los años noventa, se habían consumado más de tres mil asesinatos que quedaron en total impunidad. Fueron víctimas de las que nadie nunca pudo reclamar e incontables las señales de terror que quedaron en los cuerpos mutilados, destrozados, quemados con el uso de prácticas de máxima barbarie.


De las minas bajo la autoridad de los patrones salían historias que rápidamente se convertían en mitos, que contribuían para que miles de desplazados de otras violencias de una misma guerra llegaran a las minas, para que los jóvenes de los sectores populares sin oportunidades y empobrecidos desertaban de los colegios y fueran en busca del embrujo verde, a enguacarse, a llenarse con el  dinero suficiente para vengarse de la pobreza, para comprar derechos, para portar un arma, para intentar hacerse socio de un patrón ya reconocido y tener autoridad, para no volver a recibir humillaciones.  De todas partes venían gentes pobres a buscar suerte en las minas, los patrones daban o quitaban esa oportunidad. En las minas se vivía un modo de sobrevivencia desprendido de todo compromiso, de toda ética, de toda responsabilidad, la única regla a respetar era mantener lealtad hacia los patrones, quien la traspasara moría.


De los patrones dependía el poder político, económico y militar. Los patrones imponían candidatos ganadores en los procesos electorales,  de ellos dependía llamar a rendir cuentas a funcionarios y fijar compromisos a candidatos para alcaldías, gobernación, congreso e inclusive presidencia. De los patrones dependían las obras públicas y los informes que salían de la región, los funcionarios estaban a merced de la autoridad suprema del patrón, su función principal era servir a los intereses de los patrones, no de la sociedad. Los funcionarios  elaboraban y presentaban informes y justificaban las decisiones ya tomadas por los patrones, lo demás eran excesos. Los altos prelados de la iglesia con presencia en la región, aunque hacían manifiesta su imparcialidad no se inhibían de exaltar a los patrones y exhibir en su pecho los enormes crucifijos de oro macizo y esmeraldas incrustadas obsequiados por los patrones, inclusive la virgen exhibía en su media luna los obsequios de los patrones.


Ninguno de los patrones emblemáticos de la región esmeraldera como Efraín Gonzales y el Ganso Ariza, lograron el poder de Don Víctor. Rodríguez Gacha el Mexicano, socio de Pablo Escobar y los hermanos Castaño, patrones todos, pusieron en evidencia la relación de las esmeraldas con la cocaína y el paramilitarismo fortalecido con la creación de 63 cooperativas de seguridad convivir en la región, cuya paternidad fue de Álvaro Uribe.  


“Don Victor Carranza”, estuvo presente en todas las etapas de la explotación, saqueo y guerra asociada a las esmeraldas y su autoridad recibida con temor para los despojados y agradecimiento por sus beneficiados y benefactores fue reforzada con la concesión privada de más del 60% de las minas de esmeraldas, que recibió del presidente Misael Pastrana y las continuas intervenciones de la jerarquía eclesiástica católica que se encargó de la construcción de un nuevo imaginario social que presenta al patrón como líder y gestor de paz.


P.D. El comercio de esmeraldas lleva al mercado negro un 300%  más de lo que se registra legalmente y sobre lo que se entregan a los municipios exiguos montos por regalías de explotación.
mrestrepouptc.blogspot.com

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En Brasil el precio de la fe se paga con poder político

La alianza entre fe, dinero y poder existe desde siempre, por supuesto. Al fin y al cabo, en muy tempranas eras quedó claro que explotar a los desvalidos, desesperados y miserables es seguro y rentable. Tanto es así que la Iglesia Católica sentó los precedentes en materia de enriquecerse a través de la fe. Los nuevos evangélicos, sin embargo, supieron ser más ágiles y seductores, y en las últimas tres o cuatro décadas rápidamente se llenaron de dinero y también de poder político.

 

Hoy día, son ambicionados por todos los partidos brasileños en búsqueda de alianzas. El Frente Evangélico Parlamentar es la segunda mayor bancada en el Congreso brasileño, superada solamente por la de los ruralistas, que defienden –con la frecuente adhesión de los evangélicos– los intereses del agronegocio.

 

Entre las muchas sectas, una merece ser destacada. Basta con recordar que la más actuante y lucrativa multinacional brasileña no es la estatal Petrobras, ni la minera Vale, y menos aún el Banco Itaú. Es la Iglesia Universal del Reino de Dios, una secta pentecostal creada en un garaje de suburbio en Río de Janeiro por un antiguo funcionario de los correos llamado Edir Macedo, que en 1977 se autotituló obispo.

 

A propósito: conviene recordar que en Brasil es muy fácil conquistar ese título. Hay cursos por correspondencia y un diploma de pastor vale como 250 dólares. El de obispo es más caro, unos 400 dólares, pero el retorno es seguro y rápido.

 

Las leyes brasileñas aseguran exención de impuestos, y la libertad de culto está asegurada por la Constitución. Basta con registrar una iglesia para empezar a gozar de los beneficios constitucionales. Fue lo que hizo Edir Macedo hace 36 años, cuando creó lo que hoy es un gigante en el comercio de la fe.

 

Su secta está presente en Argentina y Costa Rica, en Panamá y México, en Uruguay y Colombia, en Ecuador y Puerto Rico, en Portugal e Inglaterra, en Angola y Mozambique, en Estados Unidos y en Japón, en India y Rusia. En total, la Universal del Reino de Dios actúa en más países que la cadena McDonald’s.

 

En Brasil, además de cinco mil templos, es dueña de la segunda mayor red nacional de televisión, controla cinco grandes diarios de provincias, tiene más de 80 emisoras de radio que cubren 75 por ciento del territorio nacional, una agencia de turismo, otra de publicidad, otra de taxis aéreos y un sinfín de empresas. Todo eso gracias a las contribuciones de los fieles.

 

La Universal del Reino de Dios es un fenómeno, pero no es el único. Más y más iglesias pentecostales brotan a cada semana como hongos después de la lluvia.

 

El poder económico de los evangélicos alimenta su capacidad de movilizar fieles y, en consecuencia, su poder político. Marcelo Crivela, un sobrino de Edir Macedo igualmente autonombrado obispo, obtuvo como dádiva el Ministerio de la Pesca en el gobierno de Dilma Rousseff. Jamás vio un pescado crudo en la vida, pero ganó la cartera gracias a que su partido aceptó integrar la alianza de respaldo a la presidenta.

 

En el Congreso, la bancada cuenta con 68 diputados y tres senadores. Entre ramos tradicionales y sectas nacidas de la nada, la Asamblea de Dios tiene 22 parlamentarios, la Iglesia Bautista once, la Presbiteriana ocho, la Universal con siete, y las demás reúnen otros veinte escaños. Son neopentecostales el líder del PMDB, mayor partido brasileño y principal aliado del PT, en la Cámara de Diputados, y los ultraconservadores evangélicos se muestran especialmente activos en las comisiones parlamentarias.

 

Una de ellas, la de Derechos Humanos, está presidida, gracias a la desidia de los demás aliados, por el pastor Marcos Feliciano, del PSC, partido vinculado con la Asamblea de Dios. Feliciano es un fundamentalista rabioso, que enfrenta procesos judiciales por racismo y homofobia. Peor: de los 18 miembros de la comisión que trata temas como el derecho al aborto, al casamiento entre personas del mismo sexo, la ley de prostitución o la defensa de los homosexuales, 14 son evangélicos ultraconservadores.

 

La tendencia nítida es que el poder económico de las sectas evangélicas se fortalezca y que, al mismo tiempo, aumente su actuación como grupo de presión social y, por lo tanto, de fuerza política. De los 42 millones de fieles brasileños, la inmensa mayoría pertenece a las clases sociales más bajas, que ahora son llamadas emergentes gracias a los programas de inclusión llevados a cabo primero por Lula y ahora consolidados por Dilma Rousseff. Grandes industrias concentran sus atenciones en ese segmento, y se asesoran con líderes religiosos para lanzar productos direccionados especialmente para los evangélicos. De celulares a computadoras, de jabón de tocador a publicaciones, los fabricantes buscan presentar productos diferenciados para atraer a esa inmensa clientela.

 

En la política, es más fácil. Lo que quieren los evangélicos es lo mismo que los demás: poder, espacio. Y, por lo visto, son cada vez más exitosos en sus afanes.

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La relación imperial del establishment alemán

Hoy el establishment alemán (los centros financieros y las grandes empresas dedicadas a la exportación junto a su instrumento político, bien representado por el gobierno Merkel) domina el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Junto con el Fondo Monetario Internacional, este establishment dicta e impone a los países periféricos de la Eurozona una serie de políticas públicas que están dañando el nivel de vida y bienestar social de las clases populares de tales países.


 
Tales políticas incluyen (1) recortes muy sustanciales de la protección social de tales países (con reducciones muy notables de las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar) y otras intervenciones públicas que están deteriorando la infraestructura física y social del país, y (2) reformas laborales encaminadas a reducir los salarios de la población trabajadora. Las primeras políticas públicas se están imponiendo bajo el argumento de que hay que reducir el déficit y la deuda pública de tales países a fin de recuperar la confianza de los mercados financieros, y así los Estados puedan conseguir dinero prestado de los bancos. El segundo tipo de políticas públicas —la desregulación del mercado de trabajo— se fuerza sobre los países indicando que tal disminución de los salarios es necesaria para hacer a las empresas más competitivas y facilitar así las exportaciones, que seráren las actividades económicas que sacarán a los países (incluyendo España y sus CCAA) de la profunda recesión en la que se encuentran.


 
Tales políticas se realizan con el apoyo de los establishments financieros, empresariales, políticos y mediáticos que gobiernan tales países periféricos (incluyendo España), pues, excusándose en la necesidad de mantenerse en Europa (presentando su permanencia en el euro como garantía de su pertenencia) imponen tales políticas. Consiguen con ello lo que siempre han deseado: debilitar al mundo del trabajo, a fin de optimizar sus intereses financieros y económicos. En todos estos países las rentas del capital están subiendo a costa del descenso de las rentas del trabajo. La evidencia de ello es clara, robusta y contundente. Entre 2009 y 2012, la parte del PIB que corresponde a la compensación de los trabajadores ha perdido peso. En España, este porcentaje ha pasado de ser el 50% al 46% (es decir, una disminución del 4% del PIB), en Grecia e Irlanda también se ha reducido el 4% del PIB y en Portugal el 3%. Lo que se llamaba antes la lucha de clases continúa desarrollándose en tales países con la ayuda del establishment alemán, que domina el establishment europeo.


 
¿Por qué se realizan tales políticas?


 
El hecho de que tales políticas se impongan a la población (en ninguno de tales países existe un mandato popular para que se lleven a cabo) se debe a que tales políticas benefician, además de a los establishments de los países periféricos, al establishment alemán, y muy en particular a la banca y a las compañías exportadoras alemanas. Los famosos rescates bancarios y las supuestas “ayudas financieras” a los Estados de los países periféricos es básicamente ayuda a los bancos alemanes (entre otros bancos europeos) como bien han reconocido economistas asesores al Gobierno Merkel como Jürgen Donges, en sus declaraciones de apoyo a las supuestas ayudas a España, aprobadas en el Parlamento alemán (Las responsabilidades del ‘establishment’ alemán en la crisis española, Público, 07.02.13).


 
Otro ejemplo del impacto diferencial de tales políticas ha sido el establecimiento del euro que ha beneficiado primordialmente al establishment alemán. Como he detallado en mis trabajos, el BCE no es un banco central. Es un lobby de la banca y muy en particular de la banca alemana. Ni que decir tiene que tal institución también está sujeta a otros intereses además de los alemanes, lo cual explica, en ocasiones, las tensiones entre el Bundesbank (el Banco Central Alemán) y el BCE. Pero, sigue, en general, las directrices del gobierno alemán, el cual sintetiza los intereses del establishment alemán. Y tal BCE está jugando un papel clave en imponer tales políticas. Su propia existencia, proveyendo préstamos a intereses muy bajos a la banca (pero no a los Estados), para que estos compren a intereses desmesurados la deuda pública de los Estados periféricos ha sido la causa del enorme endeudamiento de tales Estados. Tal crecimiento de la burbuja de la deuda pública está destruyendo (con los recortes de gasto público) el ya escasamente financiado Estado del Bienestar de los países periféricos de la Eurozona, destrucción que se hace para pagar a la banca alemana los intereses de tal deuda (además de debilitar el mundo del trabajo, lo cual explica el apoyo de tales políticas por parte del mundo empresarial exportador en tales países).


 
Y todo ello se presenta, realiza e impone, en teoría, para defender el euro y la pertenencia a Europa de tales países. La “alarma” de que el euro está en peligro es el justificante de tales políticas. Pero el euro nunca ha estado en peligro. Antes al contrario está sobrevalorado, perjudicando enormemente a las economías de los países periféricos. En realidad, las enormes desigualdades existentes entre el centro y la periferia de la Eurozona favorecen al primero y perjudican a los segundos. Existe un flujo de capitales de la periferia al centro que los países periféricos no pueden revertir. Es la descapitalización de tales países, impuesta por el establishment alemán, que es el primer beneficiario de tal sistema. Los bancos y los Estados de la periferia tienen una gran escasez de capital mientras que los bancos como Deutsche Bank y los bancos alemanes más importantes así como el Estado alemán tienen dinero de sobras.


 
Como el establishment alemán domina la Eurozona


 
Esta es la relación imperial que se genera y reproduce sin ningún tipo de intervención militar. De ahí que no pueda hablarse del IV Reich. Pero las relaciones de dominio económico, político e incluso mediático existen. Le sorprenderá al lector que incluya también el mediático. Dos ejemplos de este dominio mediático han aparecido recientemente: uno es el veto a un artículo de Juan Torres en El País de Andalucía. Juan Torres publicó un excelente artículo (Alemania contra Europa, 24.03.13) alertando del dominio alemán haciendo una reflexión muy acertada de los paralelismos existentes con épocas anteriores. Tal artículo fue retirado de la web de El País donde inicialmente se publicó, debido a presiones mediáticas y políticas alemanas sobre El País. El establishment alemán no quiere que se hable del pasado relacionándolo con el presente.


 
Otro caso reciente prueba lo que digo: en un artículo publicado en Público (Las responsabilidades del ‘establishment’ alemán en la crisis española, 07.02.13), señalaba yo que la influencia del establishment alemán en España es una constante en la historia de nuestro país. Señalaba que el gobierno alemán configuraba en gran medida las políticas del gobierno español que estaban dañando el bienestar de la población española. Pero añadía que el establishment alemán tenía una gran responsabilidad en la génesis de la crisis en España pues fue el gobierno alemán, bajo Hitler, el que jugó un papel determinante de la victoria del General Franco, impidiendo las reformas tan necesarias para modernizar el país, realizadas por la II República. No es por casualidad que los países como Grecia, Portugal y España, que están en una situación desesperante sean países que han sido dominados por fuerzas ultraconservadoras en la mayoría de su historia. Y en España, el establishment alemán jugó un papel clave en la victoria de tales fuerzas, frenando las reformas (iniciadas por la II República) del sistema productivo y de su economía, que han sido difíciles de aplicar debido a la enorme influencia que las ultraderechas tienen en España, que ahora utilizan “la crisis del euro” para continuar manteniendo sus privilegios.


 
Pues bien, una revista alemana (Kulturaustausch) tradujo tal artículo, eliminando toda referencia al pasado. Desaparecía la complicidad del establishment alemán en el establecimiento del fascismo español y en el mantenimiento de unas estructuras que mantuvieron España en el subdesarrollo económico, social y político por más de cuarenta años.


 
Una última observación: en Alemania (y en España) hay clases sociales.


 
El lector notará que a lo largo de este artículo hablo del establishment alemán, más que de Alemania. Y ello se debe a la necesidad de no confundir el establishment gobernante en un país con el propio país, una confusión que el establishment alienta y favorece pero que no corresponde a la realidad. En Alemania, como en España, hay clases sociales con intereses distintos que están en conflicto —como ahora— con gran frecuencia. Una de las “víctimas” del establishment alemán es la propia clase trabajadora alemana que es la que sufre en primera mano las reformas Schröder-Merkel. El crecimiento de la productividad alemana ha beneficiado predominantemente a las rentas del capital, no a las del trabajo, cuyos salarios han permanecido estancados por la mayoría del tiempo desde el establecimiento del euro.


 
Y es a esta clase trabajadora alemana a la cual va dirigida la desinformación producida por los medios de mayor difusión alemanes (incluyendo los llamados serios y responsables) que presentan la situación de los países periféricos como resultado de la pereza y escasa productividad de sus trabajadores, de su excesiva protección social, y otras falsedades, atribuyéndose el rechazo popular en estos países a tales imposiciones de políticas de austeridad a características culturales y étnicas que producen un populismo, poco maduro, como lo definía el Spiegel hace unos días. El racismo y el estereotipo étnico son una constante en la cultura hegemónica alemana.

 

Por Vicenç Navarro
 Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University


04 abr 2013

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Miércoles, 03 Abril 2013 06:48

Amenazas del Acuerdo Transpacífico

Amenazas del Acuerdo Transpacífico

Esta semana se reanudan en Singapur las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, un proyecto anunciado por sus promotores como el más grande y ambicioso tratado comercial. Participan 11 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Se dice que será un instrumento para el crecimiento, el empleo y la prosperidad. Esa es la promesa, pero la realidad será distinta.

 

La economía mundial tiene tres décadas de acuerdos comerciales de corte neoliberal que han incluido una fuerte liberalización financiera, tanto en lo interno como en los flujos trans-fronterizos. También han sido acompañados de reglas sobre propiedad industrial, compras del sector público, medidas sanitarias y fitosanitarias, relaciones laborales y la prohibición de requisitos de desempeño sobre las corporaciones internacionales. Esos acuerdos comercia

 

¿Cuál ha sido el resultado? Una economía mundial semi-estancada, altos niveles de desempleo, deterioro ambiental acelerado y la peor crisis en 80 años. Alguien podría pensar que con estos ‘logros’ se habría frenado el afán de negociar nuevos acuerdos comerciales. Pero es exactamente al revés. Las corporaciones trasnacionales necesitan abrir espacios de rentabilidad, aunque sea en detrimento de las reglas de ética social y de salud ambiental. Y como esas empresas trasnacionales se han adueñado del ámbito regulatorio, sus amanuenses en la burocracia se esmeran inventando nuevos pactos comerciales.

 

México aceptó ser parte del proceso negociador el año pasado. Al hacerlo tuvo que aceptar dos condiciones dañinas. La primera es que renunció a cualquier pretensión de reabrir negociaciones sobre acuerdos ya adoptados por los países que arrancaron el Acuerdo Transpacífico (ATP). Es decir, aceptó el principio de que lo que ya se acordó debe ser aceptado por un nuevo “socio” para ingresar al proceso. La segunda es que tampoco puede solicitar la inclusión de nuevos temas en la agenda del proceso. Así, México entró en las negociaciones como siempre: de rodillas y entregando todo aún antes de comenzar a negociar. Alguien podría pensar que con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) nuestro país ya entregó todo y no hay nada que perder. Eso es parcialmente incorrecto. Se entregó todo a Estados Unidos y Canadá, no a otros ocho países en Asia y América Latina. El ATP es una nueva amenaza sobre México.

 


Uno de los rasgos característicos del ATP es que los gobiernos pueden ser demandados por una empresa extranjera cuando ésta sienta que se ha visto afectada en sus ganancias esperadas. Esta parte del ATP está inspirada en el capítulo XI del TLCAN que constituye una amenaza particularmente peligrosa en materia de salud pública, protección al consumidor y medio ambiente. De hecho este instrumento ya fue utilizado por la empresa Metalclad en 1996. Por cierto, Monsanto podría estar recurriendo a esta parte del TLCAN para forzar al gobierno federal a abrir completamente el campo mexicano a sus dañinos maíces transgénicos. ¿Se atreverá el gobierno de Peña Nieto a rechazar con una clara negativa los peligrosos planes de la transnacional o aceptará jugar el rol de subordinado?

 

El ATP también es un instrumento para presionar a China en el plano monetario. ¿Cómo es que el gigante asiático no forma parte del ATP? La respuesta es que se pretende crear un cinturón comercial que sirva para frenar el auge del yuan chino como moneda de referencia y permita extender la vida útil del dólar estadunidense. Las llamadas “guerras de divisas” de hoy se verán exacerbadas por la entrada en vigor del ATP.

 

Por su parte, Japón apenas va a incorporarse a las negociaciones. Los japoneses están preocupados por la presión para abrir su sector agropecuario y desregular su sistema de salud pública. El 13 de marzo un comité del parlamento japonés envió una carta al primer ministro Shinzo Abe alertando sobre la amenaza del ATP. Su advertencia central: es necesario evitar la humillación y subordinación de México al incorporarse al proceso el año pasado. Y es que a los parlamentarios japoneses no se les escapa el costo que significa aceptar un proyecto de tratado que ya está muy avanzado sin haber participado en las negociaciones. A diferencia de los gobiernos mexicanos, Japón no siente que debe comportarse como satélite de Estados Unidos.

 

El ATP también podría convertirse en un cordón o bloque militar. En esta región ya existen antecedentes de acuerdos comerciales y estratégicos para frenar el auge económico de una potencia emergente que tenía sus propias pretensiones imperialistas (Japón en los años 1921-1938). El resultado fue la extensión de la segunda guerra mundial en el océano Pacífico. Un mal presagio: Obama acaba de establecer el Pacífico occidental como el centro de operaciones de las fuerzas navales estadunidenses.

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Domingo, 31 Marzo 2013 08:03

Medios públicos en el centro del debate

Los medios de comunicación públicos son, desde su misma génesis, un tema de debate en todo el mundo. Por lo general, las funciones, los objetivos y el origen de la financiación que los medios estatales deben tener son materia de discusiones interminables por especialistas, académicos, dirigentes políticos y gobernantes, a la vez que por los ciudadanos. ¿Cuál debería ser el objetivo primordial de un sistema de medios públicos? ¿Deberían plasmar en sus contenidos las temáticas y lenguajes que los privados-comerciales desechan cotidianamente? ¿O, por el contrario, tienen que conformar una programación con un fuerte perfil cultural-educativo, transmitiendo valores ciudadanos y democráticos? ¿O, acaso, deben apuntar a competir con los privados por una porción de la audiencia, con formatos y búsquedas que replican los contenidos mainstream? Estas son sólo algunas de las preguntas que giran alrededor de los medios públicos.

 

Desde hace algunos años los gobernantes de los países de América latina han desarrollado en paralelo –aunque con sus matices– sistemas de medios públicos que intentan equilibrar el mapa de comunicación nacional, dándoles un fuerte impulso para fortalecer su presencia en la sociedad, ya que históricamente estuvieron relegados o subordinados a la estética de los medios privados. Incipientes, en plena etapa de despliegue y a la espera de consolidarse, los renovados sistemas de medios públicos reeditaron un debate que parecía perdido en las sociedades latinoamericanas. Algo tan positivo como conflictivo. Las nuevas leyes de medios, aprobadas o en calidad de proyectos según cada país, alimentaron la discusión, no exenta de intereses –políticos, económicos y culturales– que contaminan un intercambio de opiniones que hay que dar abiertamente. Con ese espíritu de pensarlos y analizar su actualidad, Página/12 convocó a distintos especialistas sobre medios públicos para que sienten su posición respecto de lo que ocurre en América latina, pero sobre todo en la Argentina.


El rating de los medios públicos

 

Una de las discusiones primarias que surgen sobre los medios públicos se refiere a su finalidad. Hay quienes creen que su principal objetivo debe estar atado a brindar un servicio cultural-educador, en una suerte de formador electrónico de identidad y civismo. Otros, en cambio, señalan que es necesario que los medios estatales apunten a competir por la audiencia, como una manera de hacerlos más rentables y hacer que su mensaje llegue a la mayor cantidad de la población de un país. ¿Es posible, en el contexto latinoamericano, otorgarles un perfil cultural-educativo a sus programaciones y que, a su vez, compitan por la torta de audiencia y publicitaria? La discusión es infinita y al respecto chocan distintas posiciones. Se abre el primer round.

 

“El principal objetivo es constituir una emisora plural y respetuosa de la diversidad cultural, social y política que tienen las sociedades en América latina”, afirma Martín Becerra, especialista en política de comunicación e investigador UNQ-Conicet. “Ello conduce, a mi juicio, a que una emisora para ser pública no esté sujeta ni a los dictados del mercado con su correlato de generar una programación exitosa en términos de rating exclusivamente ni a la lógica gubernamental que subordina todo contenido informativo al previo cálculo de que debe beneficiar al partido gobernante, ya que en ambos casos se menoscaba la capacidad de la audiencia de elaborar su propia síntesis”, subraya el autor de Cajas mágicas, el reciente y gran trabajo sobre medios públicos en América latina que escribió junto a Luis Arroyo, Angel García Castillejo y Oscar Santamaría (ver aparte).

 

En la misma línea, el profesor del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, Luis Albornoz, cree que un operador público debe estar al servicio de los ciudadanos, pero con independencia económica y política. “A través de una o varias señales, debe ofrecer un abanico amplio de contenidos que satisfagan las necesidades e incentiven las inquietudes de los distintos sectores que conforman la sociedad. Esto implica una atención por las necesidades de (in)formación y entretenimiento tanto de grandes audiencias como de minorías. La Convención de la Unesco sobre la diversidad cultural (2005), a la cual adhirió la mayor parte de los países de la región, explica que para valorizar la diversidad cultural y propiciar el entendimiento mutuo son necesarios el acceso equitativo a una gama rica y diversificada de expresiones culturales procedentes de todas partes del mundo, y el acceso de las culturas a los medios de expresión y difusión”, analiza el autor de La nueva televisión del Mercosur (La Crujía), entre otros libros.

 

El primer quiebre en el debate lo da Omar Rincón, el especialista colombiano, autor de Televisión pública: del consumidor al ciudadano (La Crujía). En su manera de pensar los medios públicos, se arriesga a dejar de lado las concepciones tradicionales de la academia. “En el siglo XX soñábamos con una TV estatal que debía ser cultural, educativa y analítica de información. Siempre se quiso que no fuera de gobiernos sino de ciudadanía. Llegados al siglo XXI y viendo las experiencias de todo el mundo, creo que debe ser de entretenimiento y olvidarse de lo educativo y cultural; de gobierno, para que no sigamos jugando a esos eufemismos de que es pública pero se hace para el gobierno, así la evaluaríamos contra el proyecto político del gobierno y dejaríamos de jugar a la autonomía inexistente; y televisiva más que contenidista, ilustrada y moralista”, dispara el colombiano, en una posición transgresora.

 

En una síntesis entre ambas posturas, Valerio Fuenzalida, profesor e investigador del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile, cree que es más fácil señalar los objetivos –que en su opinión se ajustan a cada época– que no deben perseguir los operadores públicos: “No debe estar al servicio del gobierno de turno, ni de intereses privados ni corporativos. Debe estar al servicio de la audiencia-ciudadana, lo cual hay que definir en cada época, pues es un servicio cambiante en la evolución histórica y tecnológica. En este momento y con la actual tecnología digital abierta, me parece que la TV pública debe operar varios canales segmentados para servir mejor a la audiencia: un canal con 24 horas de información, canal infantil, canales regionales, canal cultural, y otros según cada país”.

 

Entre los que mantienen una visión tradicionalista del rol de los medios estatales y quienes optan por pensarlos de acuerdo con la realidad latinoamericana del siglo XXI, la puja por la audiencia también se cuela. Desde España, Albornoz está convencido de que las variables a través de las que se debe evaluar un sistema de medios público deben correrse de los índices de audiencia. “Reducir la actuación de un operador que presta un servicio público a la tiranía del rating es un error. Es preciso pensar en otros indicadores de eficiencia que vinculen la oferta de programación con satisfacción, innovación, diversidad cultural o educación”, afirma. En contraposición, Rincón señala que “el rating debe existir porque nadie hace televisión para que no lo vean, pero también para dar trabajo a la gente del sector, experimentar modos de narrar, intentar otros modos de programar y narrar, crear pantalla para la gente, meter estéticas populares en lo público, potenciar la industria de creación audiovisual.”

 

Si bien tanto Fuenzalida como Becerra acuerda en que el rating no puede ser un fin en sí mismo para un medio estatal, ambos especialistas consideran que la audiencia debe ser un objetivo para pensar sus programaciones. “Un canal público sin público es una contradicción. Pueden existir canales de nicho, pero deben llegar a ese público de nicho: un canal cultural puede tener bajo rating, pero es necesario para expresar las creaciones culturales”, analiza Fuenzalida. Becerra, en tanto, agrega que para que “la televisión sea pública debe tener público, es decir que debe disputar la preferencia de las audiencias con programas que interpelen desde un espacio que no sea la apelación al consumo su interés”.


América latina unida por la misma voz

 

La creación o fortalecimiento de redes nacionales de medios públicos es un denominador común en América latina en la última década, en la que algunos gobiernos decidieron tomar un papel activo y propositivo en materia de política comunicacional, con el objetivo de modificar las relaciones de fuerzas con los privados. La Argentina, Venezuela, Brasil y Paraguay dieron importantes pasos al respecto. Ecuador, Uruguay y recientemente México se sumaron a la tendencia, con proyectos de leyes que, entre otras cosas, apuntan a desarrollar los sistemas de medios no gubernamentales. Esta avanzada estatal es tan celebrada por los especialistas consultados como necesariamente discutida, especialmente en torno de la difusa frontera entre lo gubernamental y lo público que se da en la práctica.

 

“Hay una moda de medios públicos, pero hay mucha propaganda y poca televisión, mucha ilustración y poco popular, mucho deseo y poco dinero, mucha ideología y poco entretenimiento. Obvio, es mejor que haya donde no había nada”, analiza Rincón, como punto de partida. “Desde el pasado siglo –se suma Albornoz–, América latina ha desarrollado un modelo de TV a la estadounidense: operadores privados brindando un servicio con fines comerciales y, por supuesto, con fuerte poder político. Las bases para el desarrollo de medios públicos son una novedad histórica. Este cambio, alentado por gobiernos y diversos colectivos sociales, se da en un marco complicado: alto grado de concentración de la propiedad del conjunto de las industrias culturales y dura confrontación política, donde los grupos empresariales se resisten a perder poder.”

 

El mayor inconveniente de la incipiente refundación de los medios públicos es, a juicio de los consultados, lograr consolidar autonomía y pluralidad. “Hasta ahora, no logran superar la crisis del fracaso de la TV de propaganda gubernamental: no logran encontrar definiciones de tareas de servicio público, masivas y de calidad. Un servicio público hoy indispensable es una información plural y balanceada, ya que vivimos en sociedades complejas pos fundamentalismos ideológicos, sociedades que requieren discusión de ideas para acordar las metas y medios, la búsqueda de los cuales ya no se puede guiar por dogmas infalibles”, reflexiona Fuenzalida. Para lograr la mentada democratización, Albornoz sostiene que “es primordial que la actuación de los operadores públicos descanse en marcos jurídicos capaces de garantizar una gestión independiente de los poderes políticos de turno y en modelos financieros transparentes, estables y sostenibles”.

 

Entre la función social y la búsqueda de acaparar mayores audiencias, entre la conformación de una programación popular y contenidos culturales–educativos, entre la necesidad de fortalecer sistemas de medios públicos para equilibrar el control informativo e imprimirles un marco jurídico que garantice la pluralidad y autonomía política y económica, los medios públicos dirimen su resurgir en América latina entre puntos de vista que no siempre terminan en consensos. Los objetivos, contenidos y finalidades de las emisoras públicas son tan vastos como las maneras de pensar la sociedad. Lo interesante es que, tras la tormenta de gobiernos neoliberales en la región, el debate se haya abierto. Más vale darlo que creerlo perdido e infructuoso.

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