Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas

El embajador de Venezuela en la ONU denunció el "pillaje colonialista" de EE.UU., cuyas órdenes ejecutivas pretenden pagar a acreedores de PDVSA, Citgo y otras empresas petroleras con el dinero confiscado a Caracas.

 

El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, acusó al Gobierno de Donald Trump de orquestar "un robo de proporciones históricas" con los bienes confiscados al pueblo venezolano para pagar los bonos petroleros.


Moncada informó sobre dos órdenes ejecutivas emitidas este viernes por el Departamento del Tesoro estadounidense en las que autorizan usar el dinero confiscado a Venezuela para pagar los bonos emitidos por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Citgo (filial de PDVSA en EE.UU.) y otras empresas petroleras.


Con las numerosas sanciones al Gobierno venezolano, como el congelamiento de 7.000 millones de dólares en activos de PDVSA, la Casa Blanca autorizaría pagos a los acreedores que ellos escojan.


"Así los acreedores financieros de Venezuela son los primeros en recibir 'ayuda humanitaria'", señaló irónicamente Moncada en su cuenta de Twitter.
"Es claro que los abogados del Dpto. del Tesoro están beneficiando a un grupo muy específico de acreedores 'con acceso al poder' para que hagan un gran negocio con dinero del Pueblo venezolano", agregó.


De acuerdo con analistas, con el bloqueo de Venezuela de los mercados financieros internacionales, el país latinoamericano está impedido a recurrir a mercados de valores mundiales para renovar sus títulos de deuda pública o solicitar nuevos.


En este contexto, el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, nombró una nueva junta directiva de Citgo. Además, su equipo ha dejado ver que solicitarían permiso a EE.UU. para usar una cuenta de garantía bloqueada, con el fin de pagar un bono emitido por PDVSA.


"Los jefes en Washington usarán a su títere en Venezuela quien 'autorizará' el saqueo de su propio país al mismo tiempo que mendiga migajas a sus jefes para la 'crisis humanitaria'", denunció Moncada.

Publicado: 9 mar 2019 03:58 GMT | Última actualización: 9 mar 2019 04:03 GMT

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Ordena el BM a Venezuela pagar 8 mil 700 mdd a petrolera de EU

Washington. El gobierno de Venezuela deberá pagar unos 8 mil 700 millones de dólares a la petrolera estadunidense ConocoPhillips por su expropiación, en 2007, hecha por el fallecido presidente Hugo Chávez (1954-2013), de acuerdo con un fallo emitido este viernes por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial.

"La República Bolivariana de Venezuela deberá abonar por concepto de compensación por la expropiación ejecutada el 26 de junio de 2007 en violación del artículo 6 del Convenio para el Estímulo y Protección Recíproca de las Inversiones entre la República de Venezuela y el Reino de los Países Bajos con fecha 22 de octubre de 1991", sustentó el tribunal.

El panel estipuló que el monto mencionado deberá ser pagado con intereses a una tasa anual del 5.5 por ciento y declaró que los demandantes están obligados a no intentar obtener doble recuperación.

"Acogemos con beneplácito la decisión del tribunal del CIADI, que respalda el principio de que los gobiernos no pueden expropiar las inversiones privadas sin pagar una compensación", sostuvo Kelly B. Rose, vicepresidenta principal y secretaria corporativa de ConocoPhillips.

La petrolera estadunidense solicitó 30 mil millones de dólares por la nacionalización de tres proyectos petroleros hace más de 10 años, cuando gobernaba Chávez, según un informe del Banco Mundial. El CIADI dictaminó en 2013 que las medidas de expropiación decididas por las autoridades venezolanas violaron el derecho internacional, por lo que Venezuela presentó hace dos años una solicitud de reconsideración del fallo, pero el tribunal la rechazó.

El total de 8 mil 700 millones de dólares, más otros 2 mil millones de dólares que se le adjudicaron en un arbitraje anterior, convierten a la petrolera en el mayor vencedor entre la ola de reclamos por las nacionalizaciones. En este contexto, El ex vicepresidente de Venezuela y actual ministro de Industria, Tareck El Aissami, fue acusado en una corte de Nueva York de violar la ley de capos extranjeros de la droga y evadir sanciones impuestas por Washington; si es detenido y extraditado enfrenta hasta 30 años de cárcel.

El funcionario es el primer ministro chavista en ser inculpado ante la justicia estadunidense, que acusó de los mismos delitos al empresario venezolano Samark José López Bello y a otras dos personas.

El Aissami "ha usado su posición de poder para involucrarse en el narcotráfico internacional y ha evadido las sanciones y violado la ley estadunidense sobre barones de la droga extranjeros", concluyó Angel Melendez, agente especial del departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado divulgado por la fiscalía de Manhattan.

"Guerra eléctrica imperial"

En otro orden, el suministro de energía eléctrica se restableció este viernes en algunas zonas de Caracas y parcialmente en 22 de los 23 estados de Venezuela, tras un apagón que al cierre de esta edición había sobrepasado por mucho las 24 horas. El gobierno bolivariano reiteró que Estados Unidos causó el apagón y afirmó que denunciará a dicho país, con pruebas, ante una delegación de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Entre las localidades que tenían energía eléctrica en la Gran Caracas y el estado de Miranda, figuran Alta Vista, Altagracia, Avenida Victoria, Catia, Caricuao, California Norte, El Hatillo, El Marqués, El Paraíso, Los Ruices, Los Símbolos, La Vega, Montalbán, Propatria, San Bernardino y Santa Mónica.

El apagón, calificado como el más grande y prolongado en la historia del país, provocó varias afectaciones: hospitales colapsados, vuelos cancelados desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar y de las principales urbes, muchos hogares sin agua, largas filas en gasolineras, la suspensión del servicio del metro en Caracas, fallas en telecomunicación y señalamientos en vías públicas, entre otras.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, anunció en Twitter que el presidente Nicolás Maduro, "ha suspendido las clases y jornadas laborales el día de hoy, en aras de facilitar los trabajos y esfuerzos para la recuperación del servicio eléctrico en el país, víctima de la guerra eléctrica imperial!"

Por la noche pobladores hicieron sonar cacerolas en varios sectores de la capital, aunque no se registraron actos violentos. Algunas personas extrajeron gasolina de sus vehículos para encender plantas de energía portátiles.

Pese a que en alguna zonas del Venezuela se restablecía el suministro de energía, a los pocos minutos se volvía a cortar. En el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, decenas de personas, muchas con niños, esperaban a oscuras la reanudación de los vuelos.

La prensa local reportó algunas muertes en distintos hospitales que no contaban con plantas eléctricas para cubrir los servicios, aunque sólo un deceso fue confirmado por un sanatorio. El titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, proclamado "presidente encargado", responsabilizó al gobierno por los decesos y llamó a la población a protestar "con más fuerza que nunca" por el desabasto de suministros básicos en el país.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, calificó en la televisión estatal al apagón de "agresión deliberada" de Estados Unidos y anunció un "despliegue de seguridad" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aunque no dio más detalles.

El gobierno acusó a Washington de provocar un "sabotaje técnico y cibernético" contra la principal represa energética, ubicada en el municipio de Guri, en el estado de Bolívar.

El ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, dijo en cadena nacional que extremistas de derecha, bajo las órdenes del senador republicano estadundidense Marco Rubio y de Guaidó, habían "perpetrado un sabotaje brutal contra nuestro sistema de generación".

Agregó que "en pocos días vendrá a Venezuela una delegación del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de Michelle Bachelet, (y) a ellos les vamos a llevar las pruebas".

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, tuiteó: "No hay comida. No hay medicinas. Ahora no hay electricidad. Lo próximo, no habrá Maduro. Las políticas de Maduro no traen más que oscuridad".

En otro mensaje señaló que el apagón no fue provocado por Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Brasil ni Europa, cuyos gobiernos son detractores del gobierno bolivariano. "La escasez de energía y el hambre son el resultado de la incompetencia del régimen de Maduro", agregó.

En conferencia de prensa en Washington, Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, reiteró que su gobierno no utilizará la fuerza para entregar "ayuda humanitaria" al país petrolero, y agregó que la administración de Donald Trump no tiene planes de invadirlo. El 23 febrero pasado Guaidó fracasó en ingresar la "asistencia" a través de la frontera entre ambos países.

En tanto, la organización Human Rights Watch instó al gobierno de Estados Unidos a ofrecer el estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos debido a las "deterioradas condiciones" en el país.

 

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Chelsea Manning, encarcelada por negarse a testificar en el caso Wikileaks


La exanalista militar estadounidense, que filtró cientos de miles de documentos secretos a la organización de Julian Assange, reitera que no cooperará con la investigación

Chelsea Manning, la exanalista de Inteligencia del Ejército estadounidense que filtró miles de documentos secretos del Pentágono y del Departamento de Estado a la organización Wikileaks en 2010, ha sido detenida este viernes después de que un juez federal la declarara en desacato por negarse a testificar ante un gran jurado que investiga a la compañía de Julian Assange. La decisión del juez se produce tras una breve audiencia en la que Manning, de 31 años, ha confirmado que no tenía intención de cooperar con la investigación, a pesar de que los fiscales le garantizaron inmunidad por su testimonio.

Manning deberá permanecer en prisión hasta que acceda a testificar o hasta que el gran jurado termine su trabajo. Sus abogados han pedido que fuera enviada a casa a cumplir su pena, por complicaciones médicas que padece, pero el juez ha negado la petición.


“En solidaridad con muchos activistas que se enfrentan a la adversidad, me mantendré fiel a mis principios”, ha dicho Manning. “Mi equipo legal continúa impugnando el secretismo de este proceso y estoy preparada para enfrentarme a las consecuencias de mi negativa”.


Un juez militar condenó a la exanalista a 35 años de cárcel por la filtración de más de 700.000 documentos, pero solo cumplió siete, gracias a la conmutación de pena concedida por el expresidente Barack Obama en 2017, en los últimos días de su mandato. Por su condición de persona transgénero adaptándose a su vida como mujer, Manning lo pasó particularmente mal en la prisión militar masculina e intentó quitarse la vida en dos ocasiones en 2016.


El caso, que tiene lugar en una corte federal de Virginia, es parte de la amplia investigación sobre Wikileaks y Assange, que se encuentra desde 2012 viviendo en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar su arresto. Durante su juicio en 2013, Manning reconoció haber enviado archivos de documentos secretos a Wikileaks. Aseguró haberse comunicado online con alguien que probablemente fuera Assange, pero afirmó que actuó por su cuenta sin ser dirigida por nadie de Wikileaks.


La filtración de Manning lanzó a la fama global a Wikileaks. Años después, la organización de Assange publicó los correos electrónicos del Partido Demócrata supuestamente robados por hackers rusos durante la campaña presidencial de 2016, lo que la convierte en una pieza importante en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en dichas elecciones que llevaron a Trump a la Casa Blanca.

Por Pablo Guimón
Washington 8 MAR 2019 - 15:06 CO

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Jueves, 07 Marzo 2019 06:31

Brasil: el fin del Gobierno Bolsonaro

Brasil: el fin del Gobierno Bolsonaro

Algunos analistas y no pocos medios consideran que el presidente Jair Bolsonaro ya no gobierna en Brasilia. El mandatario y sus hijos son calificados como "payasos" por Mauro Lopes, del colectivo 'Periodistas por la Democracia', asegurando que "en Brasil manda una Junta Militar que aún no confiesa su nombre pero ya extendió sus redes".

 

En los dos primeros meses de Gobierno, Bolsonaro estuvo dos semanas internado, provocó una crisis ministerial por una pequeñez en su cuenta de Twitter, que llevó a la destitución de Gustavo Bebbiano, jefe de la Secretaría General de la Presidencia, quien además de ser el encargado de su campaña presidencial tuvo un entredicho en público con uno de sus hijos. En lugar de Bebbiano fue designado otro militar, el general Floriano Peixoto Neto.


El periodista afirma que "el Gobierno de Jair Bolsonaro no existe más", que "podrá seguir viviendo en el Palacio Alvorada y hasta jugar videojuegos en su oficina del Planalto, siempre que obedezcan a sus superiores, los generales".


Las afirmaciones parecen exageradas, pero reflejan en gran medida lo que está sucediendo. Desde la prensa más conservadora, O Estado de Sao Paulo, ya se habla de "la militarización de la máquina pública federal". Se trata, en opinión de varios periodistas especializados en las Fuerzas Armadas, como Tania Monteiro, de "una nueva fase del movimiento creciente de escoger oficiales de la reserva de las Fuerzas Armadas para posiciones estratégicas y sectores históricamente envueltos en denuncias de corrupción".


Un nuevo relevamiento detectó hasta 103 militares en los escalones segundo y tercero del Gobierno, ministerios, bancos e institutos estatales. Entre los objetivos declarados por las autoridades se conjugan los verbos "sanear" la gestión y "cuidar" los recursos del Estado. El especialista en ciencias políticas Eliézer Rizzo de Oliveira estima que la participación de militares obedece al descrédito de los políticos y a la inexperiencia del nuevo presidente. Pero advierte del "riesgo de desprestigio de las Fuerzas Armadas en caso de fracaso".


Sin embargo, se están enfrentando a problemas que van mucho más allá de sus capacidades para resolverlos. La primera es la verdadera escasez de cuadros gestores que no estén vinculados al sistema político, que ha sido siempre la fuente de reclutamiento de los administradores superiores del Estado, incluso en la dictadura militar (1964-1985).


La segunda son los salarios. Es casi imposible atraer especialistas por salarios que oscilan entre los 800 y 5.000 dólares, valores que se estiman muy bajos en comparación con lo que perciben directores del sector privado. Los militares en la reserva ya tienen su pensión y en caso de trabajar en el Estado perciben un complemento salarial, lo que beneficia sus bolsillos y a las arcas estatales. Pero el cuello de botella sigue siendo la capacitación.


El exministro de Asuntos Estratégicos, Hussein Kalout, destacó que "el Estado fue capturado por el corporativismo y las corporaciones sindicales", y que si esa realidad no es desmontada, "no hay manera de mejorar la gestión pública; mejorar la eficiencia de la máquina y racionalizar su funcionamiento requiere un esfuerzo colectivo y reformas estructurales".
Los analistas olvidan, sin embargo, que la larga dictadura militar que estuvo en el poder durante 21 años, dejó paso a la partidocracia de la que ahora reniegan. Los uniformados habían comenzado su gestión impulsando un fuerte crecimiento de la economía, pero cuando llegó la crisis de la deuda y se estancó la economía brasileña, a comienzos de la década de 1980, decidieron retornar a los cuarteles.


Por otro lado, los problemas que conlleva el Gobierno de Bolsonaro son mucho más graves que la falta de cuadros directivos. Días atrás, el canciller Ernesto Araújo, fundamentalista anticomunista, tuvo un fuerte enfrentamiento con el expresidente Fernando Henrique Cardoso, una de las figuras más importantes del país, miembro del neoliberal PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña).


El 28 de febrero, Cardoso había señalado en su twitter que "nuevas elecciones libres son el camino para el futuro democrático en Venezuela", porque "las intervenciones militares no conducen a la democracia". La respuesta del canciller fue torpe. Dijo que el expresidente "defiende tradiciones inútiles de retórica vacía" y que las "desprecia abiertamente".


En una extensa perorata llena de prejuicios ideológicos, el canciller Araújo criticó la tradición de 25 años de política exterior brasileña, por estar basada en el "consenso", al que calificó como "infame", ya que permitió "el predominio creciente del bolivarianismo en América del Sur". Finalizó asegurando que en la crisis en curso "no fue Brasil quien siguió a EEUU, sino al contrario".


Semejante visión del mundo debe sonrojar a muchos brasileños y en particular a los militares, que se juegan el prestigio de su institución bajo este Gobierno.
Encuentro dos problemas urgentes para la gobernabilidad brasileña.


La primera es que no resulta adecuado atacar la política del consenso, en la que coinciden todos los estadistas del mundo menos Donald Trump, por lo menos en sus declaraciones. El inquilino de la Casa Blanca está aislado y en declive, y es muy probable que no pueda revalidar su cargo en las elecciones del próximo año.


La segunda es que los militares no tienen el menor interés en cortar los vínculos con toda la clase política brasileña, en particular con un veterano político como Cardoso, que no es un adversario porque está fuera del juego electoral y además tiene un enorme prestigio en el país y fuera de fronteras. Más allá de lo que se pueda opinar de Cardoso, es evidente que en algún momento en los próximos años, los actuales gobernantes deberán relacionarse con esos políticos que dicen detestar. Los partidos de Cardoso y de Lula son los dos más sólidos de la democracia brasileña y de algún modo los están poniendo en la misma bolsa, ganándose enemigos de forma gratuita.


El canciller Araújo ya se ha enfrentado a la poderosa burocracia de carrera de Itamaraty, situación que acaba de agravar al despedir a un embajador por criticar sus opiniones.
El destacado diplomático y economista Rubens Ricupero, exsecretario general de la Unctad, tuvo un fuerte cruce con el canciller al considerar que está realizando "un acto de represión político-ideológica que recuerda los momentos más sombríos de la dictadura militar, de la cual el actual presidente es un confeso admirador".


Ricupero remató su crítica diciendo que, a la luz de la actuación del canciller, "¿cuál es la autoridad moral que tiene este Gobierno para denunciar la represión del régimen de Maduro?" Parece evidente que las grietas de credibilidad son cada vez mayores en el Gobierno de Brasil.

21:45 06.03.2019URL corto

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El presidente de Ecuador adquirió una vivienda en España en 2016 a través de una sociedad 'offshore'

Medios ecuatorianos implican a Lenín Moreno en un escándalo de corrupción con ramificaciones en España. El diputado Ronny Aliaga, del partido Revolución Ciudadana, ha presentado una denuncia ante la fiscalía ecuatoriana


La activista con la que habla Público no puede esconder su indignación. Si se tratase de Vladímir Putin, Nicolás Maduro o Kim Jong-Un, afirma, la noticia habría salido hace tiempo en portada en todos los diarios, y a cuatro columnas. Sin embargo, la noticia ni siquiera ha sido tal. Y no porque ella y otros lo intentasen. Hasta que ha dado con Público, se puso en contacto con otros medios de comunicación, algunos de ellos importantes, pero ninguno contestó (uno de los pocos que se hizo eco del caso fue el portal kaosenlared). Para la activista, el motivo es claro: el protagonista de este escándalo no es otro que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que ha llevado al país de vuelta a la esfera de influencia estadounidense.
El escándalo, destapado por los periodistas Christian Zurita Ron y Fernando Villavicencio en el portal digital La Fuente a mediados del pasado mes de febrero en un reportaje titulado El laberinto offshore del círculo presidencial, tiene ramificaciones en España. El diputado de la Asamblea Nacional de Ecuador por la provincia de Guayaquil, Ronny Aliaga, se trasladó recientemente hasta el municipio alicantino de la Vila Joyosa para denunciar que un apartamento del edificio Mirador fue adquirido presuntamente por la empresa offshore INA Investment, de cuyo accionariado forma parte el círculo íntimo de Moreno. Las propias siglas de la compañía serían una referencia al nombre de las tres hijas del presidente ecuatoriano: Irina, Karina y Cristina. La sociedad compró esta vivienda, que habría sido utilizada por la familia del presidente ecuatoriano para pasar sus vacaciones en el litoral valenciano, en el año 2016 a través de dos transferencias desde el Balboa Bank de Panamá. Txema Guijarro, diputado de Podemos por Alicante, presentó ayer martes una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados sobre la cuestión.


Los 'INA Papers'

La sociedad en el centro del escándalo estuvo domiciliada en Belice, un país centroamericano considerado paraíso fiscal. INA Investment fue constituida por el hermano del presidente ecuatoriano, Edwin Moreno Garcé, en marzo de 2012, siendo Lenín Moreno vicepresidente del país. Moreno Garcé también habría gestionado según las informaciones publicadas por La Fuente la apertura de cuentas en el Balboa Bank. Formaron parte de esta sociedad, ya disuelta, la esposa de Lenín Moreno, Rocío González, su consejero presidencial, Santiago Cuesta, y el empresario Conto Patiño, amigo personal del presidente ecuatoriano. En el escándalo también estarían implicados el empresario Xavier Macías Carmigniani y su esposa, María Auxiliadora Patiño Herdoiza, hija de Conto Patiño y administradora de la sociedad.


INA Investment compró varios inmuebles entre los años 2012 y 2016 para el uso de Lenín Moreno y su familia, además de artículos de diseño, carteras de piel de cocodrilo, automóviles de gama alta y muebles de lujo y alfombras para su residencia en Ginebra, cuando trabajaba como comisionado especial de la ONU para temas de discapacidad y accesibilidad. La trama se descubrió de hecho a raíz de que María Auxiliadora Patiño cometiese un desliz y pagase con fondos de INA Investment algunos de esos objetos para Rocío González Moreno durante los años en que el matrimonio residió en Ginebra.


En el reportaje de Christian Zurita Ron y Fernando Villavicencio se destaca una transferencia de unos 18 millones de dólares estadounidenses procedente de Sinohydro, una empresa estatal china, a la empresa Recorsa, administrada por Conto Patiño. Sinohydro recibió un contrato del gobierno ecuatoriano para la construcción de la presa de Coca Codo Sinclair, al este de Quito, la mayor obra de infraestructura pública de la historia del país. La oposición a Lenín Moreno considera que el entonces vicepresidente facilitó en 2009 a Carmigniani la obtención de contratos relacionados con este proyecto a cambio de comisiones. En su denuncia, Aliaga señala a Xavier Macías, Conto Patiño y María Auxiliadora Patiño como los testaferros que administraron y ocultaron las compras para Moreno y su familia realizadas con el dinero de los sobornos en efectivo, depositados en cuentas opacas en paraísos fiscales y administradas por INA Investment. El total superaría, de acuerdo con algunas fuentes ecuatorianas, los 65 millones de dólares.


Uno de los casos más sonados denunciados por los medios ecuatorianos ocurrió en 2016. Aquel año varias provincias del país se vieron afectadas por un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter. Lenín Moreno y Santiago Cuesta, denuncian el diputado del partido Revolución Ciudadana y otros, desviaron parte de las donaciones destinadas a ayuda humanitaria a cuentas privadas para su uso particular.


"Estamos viendo cómo la familia presidencial de Ecuador se ha dado la gran vida con dinero proveniente de las coimas de Sinohydro mientras el pueblo sufre despidos masivos, aumento de combustible, inseguridad, ineptitud e inconsecuencia de las autoridades", declaró Aliaga días atrás en una entrevista con Radio Panamericana.


Teniendo en cuenta que ni el presidente de Ecuador ni su equipo de comunicación han desmentido hasta la fecha lo publicado por La Fuente, en su denuncia ante la fiscalía, Ronny Aliaga considera plenamente justificada su denuncia, en la que solicita "la correspondiente investigación en contra del presidente Lenín Moreno, su hermano Edwin Moreno y otros" por la presunta comisión de los delitos de perjurio, falso testimonio y cohecho. Ante los medios de comunicación, el diputado ecuatoriano responsabilizó al gobierno de los riesgos que pueda haber a su seguridad e integridad.

 

Barcelona
06/03/2019 07:46 Actualizado: 06/03/2019 07:46
Àngel Ferrero

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Estados Unidos causa miles de muertos en Venezuela

Mientras que los estadounidenses han protestado y se han rebelado legítimamente en contra de la declaración de emergencia nacional del presidente Trump para construir su preciado muro, lo que privaría al Congreso de ejercer su autoridad constitucional sobre el gasto; el presidente ha usado días atrás otra falsa declaración de emergencia nacional que ha pasado ampliamente desapercibida.

Cada orden ejecutiva anunciada por Trump en la que se imponen sanciones económicas a Venezuela incluye una frase que declara que Venezuela está causando una “emergencia nacional” a Estados Unidos y que representa “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional” de Estados Unidos.


El hecho de que estas absurdas afirmaciones hayan pasado desapercibidas en los principales medios de comunicación muestra cuán débil es el Estado de derecho en Estados Unidos en lo referido a la política exterior, tal y como han señalado expertos legales. Esto es especialmente cierto para aquellas medidas de agresión perpetradas por nuestro gobierno y que tienen como consecuencia la muerte de personas en otros países.


Y no hay que equivocarse al respecto: las sanciones de Estados Unidos a Venezuela están matando personas y han estado matando personas ya por algún tiempo, como ha señalado el economista de la oposición Francisco Rodríguez, el principal experto en el mundo en economía venezolana.


No existen estimaciones de la cantidad de muertos ocasionados por las sanciones, pero dada la experiencia en países con situaciones similares, es probable que haya miles o decenas de miles hasta el momento. Y empeorará rápidamente si las recientes sanciones persisten.


¿Cómo es que las sanciones matan gente? En general, lo hacen dañando la economía. Esto incluye pérdidas de empleo e ingresos de quienes ya enfrentan una situación desesperada; pero sobre todo, incluye la disminución del acceso a bienes esenciales para salvar vidas, como medicamentos, suministros médicos y atención médica.


Por ejemplo, en la década de 1990 en Irak, la cantidad de niños que murieron a causa de las sanciones se contaron por los cientos de miles.


Pero el pueblo venezolano ha sido incluso más vulnerable a las sanciones económicas de Estados Unidos que el iraquí. Venezuela depende de las exportaciones de petróleo para casi todos los dólares que la economía necesita para importar artículos de primera necesidad, como medicamentos y alimentos. Esto significa que todo lo que reduce la producción de petróleo está afectando principalmente al común de la población, pues reduce los dólares que el sector privado y el gobierno emplean para importar bienes que cubran las necesidades básicas de las personas, así como para el transporte, piezas de repuesto y la mayoría de los artículos que la economía requiere para funcionar.


Las sanciones de Trump de agosto de 2017 impusieron un embargo financiero que ha cortado casi todo el acceso de Venezuela a la obtención de préstamos. Esto tuvo un enorme impacto en la producción de petróleo, que ya había estado disminuyendo. La tasa de declive se aceleró rápidamente; durante el año posterior a las sanciones, caería en 700,000 barriles por día, aproximadamente tres veces más rápido que en los 20 meses anteriores. Esta aceleración en la pérdida de producción de petróleo posterior a las sanciones equivale a la pérdida de más de $6 mil millones. A modo de comparación, cuando la economía venezolana estaba creciendo, Venezuela gastaba alrededor de $2 mil millones por año solo en medicamentos. Se ha estimado que el total de las importaciones de bienes para 2018 fue de $11.7 mil millones.


Cuando se impusieron estas sanciones, Venezuela ya sufría una profunda recesión y tenía problemas en la balanza de pagos, los que requerían una reestructuración de la deuda. Para reestructurar la deuda, el gobierno tiene que ser capaz de emitir nuevos bonos, pero las sanciones de Estados Unidos hicieron esto imposible.


Las sanciones de Trump –tanto las sanciones de agosto de 2017 como el nuevo embargo de petróleo– hacen que también sea casi imposible para el Gobierno tomar medidas que pongan fin a la hiperinflación, la que actualmente se estima en 1.6 millones por ciento anual. Para estabilizar la hiperinflación se debe restaurar la fe en la moneda nacional. Esto podría hacerse a través de la creación de un nuevo sistema de tasa de cambio y otras medidas que requerirían el acceso al sistema financiero internacional basado en el dólar. Sin embargo, las sanciones lo impiden.


Las sanciones impuestas por el Gobierno de Obama en marzo de 2015 (para las que igualmente se declaró una “emergencia nacional”) tuvieron también un impacto muy grave. Esto es bastante conocido dentro de las instituciones financieras, pero por lo general no se informa en los principales medios de comunicación, los que abordan estas sanciones tal y como las anuncia el Gobierno de EEUU, como “sanciones impuestas a individuos”. Pero cuando los individuos son funcionarios gubernamentales de alto rango, por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas, las sanciones causan enormes problemas, ya que estos funcionarios son aislados de las transacciones necesarias en la mayor parte del sistema financiero mundial.


Las instituciones financieras se alejaron cada vez más de Venezuela después de marzo de 2015, ya que vieron los riesgos de otorgar préstamos a un Gobierno que Estados Unidos estaba cada vez más decidido a derribar y, a medida que la economía empeoraba, parecía más probable que tuviera éxito. El sector privado venezolano se vio privado del acceso vital al crédito, lo que contribuyó a la caída sin precedentes –en realidad, casi increíble– del 80 por ciento de las importaciones en los últimos seis años, lo que ha devastado esta economía dependiente de las importaciones.


El 23 de enero, el Gobierno de Trump anunció que estaba reconociendo a Juan Guaidó, actualmente jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, como “presidente interino” del país. Al hacerlo (junto con los países aliados políticamente), Washington impuso básicamente un embargo comercial contra Venezuela. Esto es así ya que cualquier ingreso proveniente de las ventas de petróleo de cerca de las tres cuartas partes de los mercados de exportación de Venezuela (Estados Unidos y sus aliados) ya no se destinará al Gobierno, sino al “presidente interino”. Se establecieron algunas excepciones temporales para las compañías petroleras estadounidenses, pero este embargo es lo suficientemente amplio como para multiplicar rápidamente el daño económico, el sufrimiento y la muerte que han causado las sanciones anteriores.


En una declaración sobre las recientes sanciones emitida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se señaló que “precipitar una crisis económica y humanitaria en Venezuela no es una base para la solución pacífica de las controversias”.


Siguiendo las declaraciones y acciones del equipo de Trump (incluido el asesor de seguridad nacional, John Bolton, el senador Marco Rubio y el criminal de guerra de los años ochenta y ahora enviado especial a Venezuela, Elliott Abrams) se desprende que no están interesados en una resolución pacífica a la crisis venezolana. No son de los que se preocupan por la cantidad de personas que morirán en el camino que lleve al derrocamiento del Gobierno.


La verdadera pregunta es por qué reconocidos progresistas de la talla de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi, apoyan esta operación ilegal y cruel. ¿Acaso es posible que no sepan lo que están haciendo Trump y sus sanciones?


* Codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington D.C. y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del libro Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de la economía global (2016, Akal, Madrid).

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Guaidó volvió a Venezuela y no hubo incidentes

Aunque los opositores, de la mano de Estados Unidos, habían agitado el fantasma acerca de una posible detención por haber violado la prohibición de salir del país, el autoproclamado presidente no tuvo trabas para regresar.

Juan Guaidó llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas pasado el mediodía en Venezuela. Selló su pasaporte en migraciones, fue recibido por embajadores de Francia, Alemania, Portugal, España, Rumania, entre otros, y por seguidores. La presencia de diplomáticos se debió a, según afirmaron, garantizar que no fuera detenido, como se especulaba que podría suceder, ya que el Tribunal Supremo de Justicia había dictado su prohibición de salida del país.


A la hora de su ingreso ya estaba organizada su recepción en Caracas, en la zona de Las Mercedes, espacio habitual de los actos de la oposición en la zona adinerada del este de Caracas. La oposición también estaba movilizada en otros lugares del país, como en la ciudad de Maracaibo.


El autoproclamado presidente había anunciado su retorno por redes sociales desde días anteriores, en la noche del domingo publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter para llamar a que no decayera la movilización, ratificar su decisión de mantener la hoja de ruta, y en una entrevista afirmó que en caso de ser detenido se trataría de un Golpe de Estado. Voceros del gobierno norteamericano habían afirmado por su parte que tomarían severas respuestas en caso de que algo le sucediera.


Esa situación de tensión finalmente fue disipada con su llegada que, a diferencia de su salida, fue por el aeropuerto y no por un camino ilegal de frontera. La decisión de dejarlo ingresar de esta manera parece haber respondido a la voluntad de no abrir un escenario que desemboque en una mayor escalada dentro de un cuadro de gran inestabilidad.


Guaidó se dirigió desde el aeropuerto a Las Mercedes, donde habló ante quienes lo esperaban y una gran cantidad de medios de comunicación nacionales e internacionales. Su discurso se centró en varios aspectos. En primer lugar, en los elementos que ha planteado como necesarios para lograr los objetivos de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres: la unión de todos los factores de la oposición, la movilización en las calles, y el apoyo internacional.


En segundo lugar, dirigió el mensaje hacia la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Afirmó que la cadena de mando quedó rota ya que él es el presidente encargado, que por esa razón no lo habrían detenido al llegar al país, y que, salvo una pequeña parte, la totalidad de las tropas lo apoyan.


En tercer lugar, llamó a dos actividades. Una reunión con sindicatos de trabajadores públicos para hoy, luego de la cual dará un anuncio, y una movilización a nivel nacional para el sábado. “Claro que sí se puede y claro que vamos a poder (…) el momento es ahora, el cambio es ahora”, afirmó.


Durante el acto Guaidó mostró su pasaporte, y ratificó que había ingresado de manera legal. En efecto, no tiene orden de aprehensión en su contra, la violación de la prohibición de salida del país deberá ser dictaminada por una averiguación del Ministerio Público. Solo podría haber sido aprehendido en flagrancia al momento de salir del país, o al tener una orden judicial al regreso. Cuenta, además, con inmunidad parlamentaria al ser presidente de la Asamblea Nacional.


Guaidó se retiró de la plaza y la jornada finalizó en tranquilidad, en el marco de un feriado de carnaval donde abundaron las imágenes de playas llenas y actividades para niños en las plazas de las ciudades. El objetivo de Guaidó que era volver, mostrarse triunfante por el apoyo internacional y haber logrado salir y regresar, fue alcanzado. El del gobierno, que era evitar todo tipo de incidentes, también. La relación de fuerzas se mantuvo en el mismo punto.


Quedan a partir de ahora incertidumbres y preguntas similares a las que existían días atrás. La principal es: ¿cómo piensa avanzar en el primer objetivo de cese de usurpación, es decir que Nicolás Maduro abandone del palacio de Miraflores, con una Fanb que no se ha quebrado? Los días siguientes darán mayores indicios de cuál será la hoja de ruta, en lo nacional, internacional, en lo público, y en los planes que se desarrollan por debajo de la mesa, ligados a la amenaza de posibles acciones militares de fueras irregulares dirigidas desde Estados Unidos y Colombia.

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Martes, 05 Marzo 2019 06:21

Trump endurece el cerco sobre Cuba

Trump endurece el cerco sobre Cuba

Estados Unidos deja que los ciudadanos estadounidenses demanden a una lista negra de empresas por activos que les fueron expropiados en la isla durante la revolución

La Administración de Donald Trump anunció este lunes una medida con la que se endurece el cerco contra la economía de Cuba al permitir que los ciudadanos estadounidenses puedan demandar a algunas empresas bajo control del Ejército o los servicios de inteligencia del régimen. En la práctica, significa que las empresas e inversores de terceros países quedan exentos de pleitos, pero la Administración deja abierta la puerta a seguir apretando las tuercas a la dictadura castrista por la misma vía, en un momento de alta tensión en la región a raíz de la crisis venezolana.


El proceso de “deshielo” iniciado por la Administración de Barack Obama con Cuba finalizó con la llegada de Trump a la Casa Blanca, que decidió limitar los viajes a la isla y prohibir las relaciones comerciales con el conglomerado de sus fuerzas armadas. El incremento de presión anunciado este lunes se articula a través del Título III de la conocida como ley Helms-Burton, que data de 1996, bajo el Gobierno del demócrata Bill Clinton. En teoría permite a los ciudadanos de origen cubano reclamar en los tribunales de Estados Unidos las propiedades que les fueron arrebatadas con motivo de la revolución hace más de medio siglo.


Todos los Gobiernos desde Clinton, sin embargo, han dejado sin efecto dicha parte de la norma por el alud de demandas que podría suponer (hasta 200.000 pleitos, según cifras recientes de Reuters) mediante una serie de suspensiones sucesivas del artículo que se renovaban cada seis meses. Esta vez, Washington ha optado por mantener la suspensión pero solo durante un mes, lo cual aumenta la presión sobre La Habana.


Las firmas extranjeras siguen protegidas por la dispensa durante dicho periodo, no las de la lista negra de empresas asociadas al régimen. En ella figuran organismos como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el del Interior, cinco grupos empresariales (Cimex, compañía turística Habaguanex, Gaesa, grupo turístico Gaviota y Unión de Industrias Militares) y una larga lista de hoteles en La Habana, Santiago y Varadero, entre otros enclaves, varios con la enseña Meliá e Iberostar, ambos propiedad de Gaviota.


La suspensión del artículo III, es decir, la prohibición de demandas para el resto, comenzará el 19 de marzo y finalizará el 17 de abril, según informó el Departamento de Estado. Tras dicho periodo, queda la puerta abierta a seguir endureciendo el embargo. Si ese artículo entrase en vigor de forma plena, medida que Trump ha evitado, cualquier empresa con intereses en la isla podría ser llevada a los tribunales por ciudadanos estadounidenses que considerasen que están usando terrenos o activos que en su día les fueron expropiados. Washington encendió las alarmas hace más de un mes, cuando aprobó una suspensión de tan solo 45 días, en lugar del semestre habitual, y anunció que se tomaba ese periodo para “revisar” la situación. Es lo mismo que ha afirmado esta vez, disparando las especulaciones.


La Administración de Trump considera que Cuba forma junto con Venezuela y Nicaragua una “troika tiránica” que se retroalimenta entre sí. Fuentes del Departamento de Estado recalcaron en una conferencia telefónica que la decisión de endurecer el embargo se ha tomado de forma completamente independiente, tras constatar que la nueva Constitución ratificada en referéndum el pasado 24 de febrero mantendrá el sistema político de la isla, gobernado por el único partido político legal: el comunista. La medida, no obstante, tiene lugar en un contexto de gran inestabilidad a raíz del pulso en Venezuela. Más de 50 países, entre ellos, Estados Unidos, reconocen al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino y reclaman la celebración de elecciones, mientras el líder chavista, Nicolás Maduro, sigue aferrado al poder con el apoyo de los militares.

Por Amanda Mars
Washington 4 MAR 2019 - 18:51 COT

 

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Lunes, 04 Marzo 2019 06:24

El miedo europeo a la China de Xi

El miedo europeo a la China de Xi

Occidente se debate entre ver a China como oportunidad o amenaza. En Europa, la percepción de riesgo crece: una mirada que incluye tanto el intercambio económico como los análisis del modelo político chino. El poder y los cambios impulsados por su actual líder. La pelea con Trump.

 

El politólogo doctorado en la Universidad Católica de Milán Filippo Fasulo insiste en que, como académico, tiene (debe tener) una mirada crítica pero no ética ni de juicio. “Lo que necesitamos –afirma– es tener las cartas de China sobre la mesa para comprender mejor.” Investigador del Instituto Italiano de Estudios de Política Internacional y de la Fundación Italia-China, pasó por Buenos Aires y fue entrevistado por PáginaI12 sobre las preocupaciones que existen en Europa (se traslada a todo Occidente) sobre el ascenso chino.

–Napoleón dijo: “Cuando China despierte, el mundo temblará”. Los franceses siguen disparando, como con el terrible documental de Arnaud Xainte contra el presidente Xi Jinping. ¿Lo viven así, hoy, los europeos?


–La visión cambió muy rápido en 2 o 3 años. En lo económico, la inversión china ya se ve menos como oportunidad que como peligrosa en ciertas áreas. El Parlamento Europeo debate cómo controlarla, incluso bloquearla en sectores estratégicos o tecnológicos. Los países más inquietos son los fabriles, Alemania, Francia o Italia, no tanto los nórdicos, más volcados a servicios. Una parte de la disputa se vio cuando la Unión Europea denegó el estatus de economía de libre mercado a China en la Organización Mundial del Comercio, porque así le es más fácil reclamar por dumping. Otro ejemplo es la mayor presión de firmas europeas para que China sea recíproca en el acceso de inversiones, porque ven asimetrías.

–¿En lo político también en Europa crecen las posturas críticas?


–Sí. Vivimos un momento de transición, cambia China y el análisis cambia también. Hay think tanks europeos, sobre todo en Alemania (como el Mercator Institute for China Studies, Merics), con una posición muy crítica sobre el autoritarismo y en particular la propensión externa, o sea fronteras afueras.


–Pero China no busca exportar su modelo al estilo de la vieja URSS, si bien hay textos que citan la “superioridad” de su modelo frente al de Occidente.


–Me refiero a otros aspectos, además del tema que cité de las inversiones: el mayor rol de los medios de comunicación social chinos en Europa y el rol de los estudiantes. Hay muchos en Gran Bretaña, Francia, Alemania (en Italia también, pero más que nada en bellas artes y canto lírico, eso no incide) que estudian ciencias duras o tecnológicas y hay inquietud, pues se cree que esos jóvenes tienen lazos con el Partido Comunista de China, ese es el punto.

–¿Cuál sería el problema?


–Hay temor al llamado sharpower, al medio del poder duro y el softpower; o sea, de que China –igual Rusia– puedan influir en la política interna europea por esas vías. Esa percepción es la que fue cambiando y genera temores. Y lo grave es que los gobiernos no saben qué hacer; por un lado afirman que “queremos tener una relación con China porque es más importante ahora”, pero a la vez, dicen “hay que parar las relaciones porque pueden ser una atadura”.


–Desde la reforma constitucional reciente en China asoman más temores sobre su sistema, al menos en la prensa dominante europea y en sus think tanks.


–La academia europea ahora habla más del retorno del autoritarismo en China y del “fin de la ilusión” que ya vivió Estados Unidos y Occidente en general. Aflora esa conciencia. Es un punto muy importante, haber pensado que China iría a una democracia multipartidaria, liberal... eso estaba en el abordaje académico hace 10 o 20 años.


–Pero era utópico. Usted mismo plantea en un capítulo del libro El Sueño Chino (CEAP/UBA, 2018) que para que ocurriera eso China debería revertir una visión del mundo milenaria. Por otro lado, en Occidente la democracia liberal casi no da respuesta positiva a ningún problema, más bien al contrario, en América latina, en Europa, incluso en EE.UU...


–Pero esa ilusión sobre China estaba. Básicamente, hay una concepción muy diferente en China y en Occidente de lo que es el gobierno. La pregunta no es tanto cómo gobernar, sino qué es gobernar. China y Occidente dan respuestas distintas y, por lo tanto, son diversos sus sistemas. En China, parece haber un objetivo final bien definido, y todo lo que debe hacer la autoridad sería buscar la mejor manera para realizar esa utopía. En esa construcción, el gobierno ya sabe qué hacer, busca la mejor gente para ello, la llamada meritocracia. Ahora bien, esa es la teoría; en la práctica surgen problemas. Y todo eso en China se articula a su largo pasado histórico.

–O sea, ¿no es un atributo del PCCh sino que viene del fondo de la historia imperial?


–Viene de lejos, pero el problema que yo veo es que, en rigor, no hay definición ni concepto exactos de cuál es el objetivo final.


–Una vez un diplomático me aconsejó en China no preguntar qué es específicamente “socialismo con peculiaridades chinas”, pues iba a incomodar. En mi opinión, capitalismo no es, y sacar a 800 millones de pobres en pocas décadas es claramente una política social gigante.


–Pero, si no hay algo exacto ¿cómo poner un límite? Más, cuando no hay un Congreso o una Constitución que lo fijen. En Occidente el poder absoluto se define claramente y se marca un límite. Lo que pasa en China es que el poder absoluto no es definido, a lo sumo tiene un límite moral. El emperador tenía un límite sobre el qué hacer bien; Mencio, discípulo de Confucio, hablaba del deber de hacer la revolución si eso no ocurría. Todavía está esa tradición de hacer el buen gobierno y trabajar para el bien de la población.


–¿Quién define qué es eso?


–Ese es el punto. El gobierno mismo lo define, y entonces siempre puede ir cambiándolo. Debería haber un equilibro. Debe hacer buen gobierno, pero a la vez demostrar que lo hace bien. En la antigüedad, si había algún desastre natural o una revolución, eso marcaba algo. Hay momentos en que no se requiere controlar mucho. Hay otros, como este, en los cuales mostrar que se está gobernando bien es difícil y surge un mayor control social, incluso digital, en la era de Xi Jinping.

–Ya abordaremos eso, pero sigamos con las diferencias que hay con el sistema político occidental en general, que no luce muy democrático y afronta serios problemas de legitimidad.

–La democracia liberal no tiene un objetivo definido. En tal caso se define una vez cada 4 o 5 años, al votar. Es un proceso cuantitativo, suma un individuo más otro, un voto más otro. En cambio, la meritocracia puede definirse como la cualidad del funcionario; hay, así, un proceso cualitativo, ahora con el PCCh o antes con el examen imperial. Son dos construcciones diversas de instituciones. Luego, la democracia tiene la promesa fallada, es cierto, pero también este sistema chino las tiene.

–¿Más que una democracia multipartidaria se critica la falta de un Parlamento y una Constitución como contrabalances?

–El punto es que en China el poder no se puede limitar, salvo un límite moral e interno. Es un mecanismo circular. Analistas como Thomas Metzger estudiaron la visión optimista y pesimista sobre la sociedad civil. En Occidente, la sociedad civil cree que el gobierno actúa siempre mal y debe limitarlo. En China, la sociedad civil trabaja con el gobierno.

–Es que en Occidente la sociedad civil está afuera del gobierno, lo interpela, pero en China parece dentro del Estado. Un famoso sinólogo dijo que lo asemeja a su padre.

–Justamente, la sociedad debería ayudar al gobierno a hacer el bien, pero en China está adentro. Eso explica que en su academia puede haber diferentes líneas, pues están dentro del sistema, no confrontan con el gobierno, sino que lo ayudan a ser mejor. Describe muy bien lo que pasa en China. Occidente es distinto.

–¿Ahí entran los derechos humanos y las diversas visiones de Occidente y Oriente?


–El concepto de derechos humanos es la idea de que el individuo está separado del Estado; así, tiene que ampliar el grado de libertad del individuo. En China –que no lo inventó, en Europa era igual antes de que naciera el liberalismo– el individuo es parte del Estado, parte del tian xia. El Sueño Chino de Xi Jinping, diferente al sueño americano, apunta a una comunidad, no a un individuo. Luego, en Occidente, si el individuo se realiza en la sociedad, tiene un beneficio. En China, si la sociedad se realiza, el individuo también tiene su beneficio. La suma de los intereses individuales hace un cambio total de interpretación. Mirar así a China así hace más fácil entenderla. En el Sueño Chino de Xi, el año 2049 es el nuevo objetivo, como la sociedad armoniosa u otros slogans de líderes anteriores. Si vamos a ver la distinción del objetivo final en 2049 (una sociedad moderna y próspera) y el intermedio en 2021 (no más indigentes en China) vemos reminiscencias confucianas. El “Libro del Gran Saber” habla de metas de mediano y largo plazo.

–Académicos occidentales mentan “totalitarismos” como el fascismo o el comunismo en China, categorías y de hecho fenómenos que surgieron en Occidente, uno como subproducto y otro como rival del capitalismo… ¿es lícito aplicarlos a China?


–No sé. Quizá debamos poner esa descripción en la discusión que teníamos, sobre objetivos finales de un gobierno. Fascismo y comunismo tienen un proyecto utópico. Sería un error decir que el fascismo es una versión negativa y el comunismo una positiva de la misma cosa. Tienen cosas similares, el uso del Estado en la economía y la corrupción o, en todo caso, formas no puras de fascismo y no puras de comunismo, etc. El debate es complicado. En China está siempre ese equilibrio en cuanto a su objetivo final y el hecho de hacer buen gobierno. El control debe buscar el equilibrio, y tildarlo de fascista o comunista no es preciso. Ahora, algunos académicos probablemente lo vean como más “fascista” porque el componente de control es más relevante que hace unos años, por razones políticas y económicas.


–¿Por qué hoy sería más relevante el control?


–Hay una transición importante. Los chinos hablan de una nueva era y “nueva normalidad”, y no es sólo propaganda, deben adoptar un nuevo modelo de desarrollo económico, distinto al anterior.


–O sea, están creciendo a 6/7 por ciento cuando antes lo hacían a 10 por ciento, el PBI se apoya más en el mercado interno que en el sector externo...


–Eso. Pero es un proyecto que tiene costos sociales y políticos. Cerrás una fábrica y abrís una nueva, pero un obrero no pasa en un día de hacer un juguete a hacer un misil o una nave espacial. El presupuesto para hacer ese tránsito es ajustado.


–¿Como nuestras “reconversiones” en los años 70/80?


–Similar. Entonces, como hay o puede haber resistencia o malhumor social, sube la necesidad estatal del control.


–¿Qué opina de Xi y de cómo encara ese desafío?


–Xi es un sujeto especial, en medio de esa transición. Nunca hubo en China alguien que en 2012 dice ser un hombre de compromiso entre dos facciones, que iba a ser uno de los dos funcionarios más importantes junto a Li Keqian (como antes el ex presidente Hu Jintao y el ex premier Wen Jiabao) y cinco años después escribe su nombre en los estatutos del PCCh al mismo nivel que Mao Zedong. Veo una veloz centralización política que no es sólo porque Xi procura el núcleo del poder partidario y del Estado, sino porque está convencido de que hay que hacer esa transición económica, y para hacerla necesita centralizar el poder para superar la reforma sin que la frenen intereses políticos ni económicos.


–¿Quiénes se resisten?


–Si el dirigente local o central necesita –de nuevo– cerrar una fábrica y echar muchos trabajadores, tiene al político nacional con vínculos con esa empresa, y al político local que puede ver complicada su carrera, no quiere desempleo en su provincia. En 2014, Xi hizo una reforma jurídica y ahora ni el gobierno ni la corte locales pueden frenar una decisión de Beijing. Xi sabe que debe hacer esa transición económica; si China no la hace, no puede haber un buen gobierno, es un punto clave para el PCCh: debe mejorar la economía y para eso, hacer reformas con costos económicos y sociales. Pasó en muchos países occidentales. Hay ganadores y perdedores. Al hacerlo, Xi pierde alguna fuerza política, surgen opositores. Y ahora es muy complicado. Sólo él está al comando. Un problema económico es el equilibrio entre el mercado y el estado centralizado. En el Estado se sabe qué tiene que hacer. Pero el centro no puede conocer todo. No puede advertir si hay errores o si hay algo no funciona.

–¿Por ejemplo?


–Creo que Xi no vio venir la amenaza de guerra comercial con EE.UU. Cuando se encontraron en 2017, Xi parecía el hombre fuerte y Donald Trump, el débil. Cuatro meses después, Trump empezó esta guerra y complicó a Xi. A mitad de 2018 incluso hubo rumores de desestabilización en China. O sea, en poquísimo tiempo pasó todo esto y hay señales sugestivas. Luego del Congreso partidario hubo tres plenario y faltó el cuarto, que es habitual. En medio, hubo una reforma constitucional que le dio más poder a Xi. ¿Por qué todo eso? ¿Está Xi tan fuerte que no necesita ese pleno? ¿O por tan débil no logró consenso en el seno del PCCh? ¿El hombre parecido a Mao está débil o está fuerte? Todo, en medio de una economía cambiante y una transición histórica, cuando China quiere coronar su regreso a lo que era antes de las guerras del Opio del siglo XIX que la postergaron y dieron primacía a Occidente.

–¿Todo esto puede condicionar a Xi?


–Sí, a su política al interior de China y también al exterior. En su país, debe controlar más porque, si no, la economía se detiene y afectaría su política exterior, y debe mostrarse nacionalista hacia afuera para un consenso interno que haga menos visibles los problemas económicos. Es todo un equilibrio muy delicado.


–¿Cómo juega ahí el control en las redes, la cuestión digital, big data, comparado con Occidente, que también ejerce sus controles, desde ya?


–En Occidente, al final, hay una posibilidad de control sobre ese control. Mark Zuckerberg puede ir al Capitolio y explicar lo que pasa. En China no. Ahí el Estado dice: esto sirve para la estabilidad del buen gobierno y se termina el debate. Occidente en manos de compañías privadas tiene obviamente muchos problemas y mucho por mejorar, pero hay un control, está la posibilidad de poner en tu teléfono alguna privacidad más alta, en China no. Y tu opinión política no es relevante para Facebook. En China sí.


–Mmm... acá hay un colosal manejo de esos datos para inducir votos, manipular, condicionar resultados electorales...


–Pero es diferente. Si no sos influenciable, podés no aceptar eso. En China es distinto. Tu opinión muy crítica al gobierno chino directamente no se permite. La propaganda, la manipulación en internet, ¿es nueva? No, se hacía antes con la tv, la radio, la prensa. Las fake news están en la historia, las hubo hasta en el Imperio Romano o la Antigua Grecia. Claro, hoy hay técnicas más eficaces, un público más amplio. Yo veo diferencias. Si vos escribís “mi gobierno no me gusta”, acá no pasa nada.

–Bueno, más o menos.


–Ok, con alguna excepción, no te ponen publicidad...


–O podés ir preso también; se acusa a Venezuela de tener presos políticos, pero hay opositores presos en Argentina y en muchos países de Occidente, Lula, virtualmente Assange, en Colombia matan a diario a líderes opositores...


–Pero es completamente distinto en China, no podés escribir eso, directamente.


–¿La censura china en las redes globales como Google, Facebook, tiene que ver también con su soberanía y la lucha contra EE.UU. por el control del big data y las bases de datos?

–El fenómeno es previo a la guerra comercial. China permitió Facebook hasta 2009, tras una revuelta en la provincia Xinjiang, de mayoría musulmana, y Google se fue antes también. Entonces la guerra con EE.UU. no era tan clara. Por ejemplo, en el mercado chino Apple es muy fuerte, a la ciudad de Zhengzhou la llaman Apple City porque allí se hacen todos los componentes. Si por esta situación ese tipo de empresas se muda, digamos, a la India, como se habla, y los nuevos IPhone se fabrican en otro lado, es una cuestión gigantesca que puede cambiar totalmente lo economía global. Por lo que pasó con la detención de la directiva de Huawei, en Italia ya hay quienes dicen “no compremos Huawei”. Yo creo que debemos mantener el sándwich frío, ser muy calmos, es un cuadro complejo y las consecuencias de estas peleas pueden ser muy grandes.

 

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Domingo, 03 Marzo 2019 09:40

El fiscal del diablo

El fiscal del diablo

Néstor Humberto lleva en la vida pública nacional desde finales de los años 80, en activa relación entre el sector privado bancario y la política partidista. Su relación entre el capital y el poder lo ha convertido en un alfil para tapar los torcidos. Hoy, con el escándalo de Odebrecht, su autoridad está cuestionada. Cada episodio que se conoce de esa serie, trasluce una realidad cada vez más oscura y tétrica de las “altas esferas”. Este perfil describe el sector social al que pertenece.

 

Abogado y economista, recientemente cumplió 69 otoños; proviene de una familia acomodada. Su padre, Humberto Martínez Salcedo –“El corcho”–, fue actor, periodista, humorista y director de cine. Trabajó para la emisora cultural HJCK; fundó el periódico El Pereque. Su imagen más recordada se relaciona con el maestro Salastiano Tapias, obrero de construcción en el programa “Sábados felices”, y el maestro Taverita en la serie nacional “El Chinche”. Con sus personajes se quejaba de la ineficiencia del Estado, de hecho dejó el Derecho para dedicarse al humor político; vivió entre la censura cuando le cancelaban sus programas. Su hijo seguiría sus pasos con el Derecho, pero en el otro campo quizás se convertiría en un mal chiste improvisado o muy gris. Como Heriberto de la Calle, en abril de 1998, cuando le preguntaba si con el doctor Pastrana todos eras sanos y calletanos, éste respondía que eran una gran alianza por el cambio. Como diría Garzón: quién iba a pensar que al primer maestro humorista le saliera un hijo así de cafre.

 

Trepando a la carrera

 

Nuestro bachiller salió del Colegio Mayor de San Bartolomé a comienzos de los setenta, quizás allí conoció a José Elías Melo cuando capaban clase o saltaban tapia. Posteriormente se formó en las disciplinas de economía y leyes en la Pontificia Universidad Javeriana, se especializó en derecho financiero y arbitramento comercial, conocimiento que pronto pondría en práctica al fundar el Centro de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, para escalar a continuación como funcionario de la Superintendencia de Sociedades hasta llegar a ser Superintendente delegado para instituciones financieras.

 

A finales de los 80 Virgilio Barco lo nombró Superintendente Bancario y a comienzos de los 90 asumió la primera Junta Directiva del Banco de la República; también estuvo en la Comisión de Supervisión Bancaria de América Latina y el Caribe; fue subgerente legal del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Una trayectoria como para saltar al escenario de la política nacional en el Ministerio de Justicia y Derecho en tiempos de Samper. Quizás allí aprendió cómo hacer grandes torcidos. Después viajaría como embajador en Francia, hasta que se le abrió la boca renunciando para lanzarse como precandidato liberal a la Alcaldía de Bogotá, disputa que pierde con nuestro alcalde de papel. Entonces se unió a una disidencia del partido liberal, alrededor del exfiscal Valdivieso, para aliarse con los conservadores.

 

El éxito del oportunismo lo llevó en la era Pastrana –a finales de los años 90– a ser Ministro del Interior y ejercer interinamente como Ministro de Justicia. Su renuncia se debió a un escándalo nacional, presionado para dimitir ante la amenaza de una moción de censura interpuesta por el entonces senador Amylkar Acosta –político liberal guajiro. El asunto en cuestión fue la reforma política; renunció antes que se votara la moción. Hoy tiene muchos más motivos para renunciar.

 

Una vez acumulado poder político y económico, montó su propia oficina de abogados, profesión que combinó durante toda la era de Uribe con la de profesor en distintas universidades. Hoy recibe el respaldo de quien está al frente y a la sombra de una franja importante del país en nuestro país, pues ante las denuncias de Daniel Coronel, el otrora Presidente y hoy Senador asegura que el fiscal es un hombre honesto.

 

Su relación con el capital financiero lo llevó a estar a la cabeza en el pleito más sonado en los 90, al representar a la familia Gilinski contra el Grupo Empresarial Antioqueño –el otrora “Sindicato Antioqueño”, en la fusión entre el Banco de Colombia con el Industrial Colombiano (BIC). De hecho, la firma legal Martínez Neira ha asesorado fusiones y compras bancarias como Colpatria con Corpavi, Bogotá con Megabanco y Superior con Davivienda. El éxito de la firma ha llegado a tal punto que realizó un acuerdo de asociación en Nueva York con el bufete legal DLA Piper (la mayor facturadora del mundo). Un negocio donde el bufete gringo adquirió una parte de la firma Martínez Neira, a la vez ambas se intercambian mutuamente clientes. La firma Martínez Neira ha asesorado no sólo a Luis Carlos Sarmiento sino también a Ardila Lule y al grupo Santo Domingo.

 

En el 2013, Néstor Humberto fue asesor en el proyecto de Ley de Baldíos, nada más que para beneficiar la situación jurídica de los grandes “cacaos” que habían comprado enormes extensiones de tierra en la antillanura, pasándose los topes legales de tierras dadas por la antigua reforma agraria. En el segundo periodo de Santos volvió a ser ministro, pero ahora con más poder como Ministro de Presidencia. Era conocido como el “Superministro” pues se relacionaba con todos los partidos e incluso unificó en un solo decreto cada ministerio, con especial polémica con el sector ambiental.


Unos años más, en el 2015, su poder seguía creciendo a tal punto que a finales del primer semestre protagonizó una pelea de gabinete, desautorizó de frente y en público –ante el Congreso– a Juan Fernando Cristo y Yesid Reyes, ministros del Interior y Justicia en ese momento. La coyuntura era el debate sobre el equilibrio de poderes, Humberto hizo proposiciones sin consultar nada con sus pares.

 

Con esta trayectoria logró el apoyo de los poderosos de siempre y de los advenedizos. Su amistad con Germán Vargas viene desde su disidencia liberal para fundar “Alianza por el cambio”, bautizado luego como “Cambio Radical”; no es extraño, por tanto, que Germán Vargas presionara a Santos para incluirlo en la terna de Fiscal sobre los 113 candidatos postulados, a pesar de no ser penalista. Con 17 de los 20 votos logrados en la Corte Suprema, cerraría con broche de oro una parte de su meteórica carrera. Cuando le preguntaron, como candidato, en qué casos se declaraba impedido señaló “No tengo ningún familiar y ningún cliente en causa de investigación”.

 

Amigo de Luis Carlos Sarmiento

 

El escándalo por corrupción suscitado por las contrataciones con Odebrecth tiene hasta el momento 91 personas investigadas, 18 en la cárcel, 15 fiscales rastreando coimas en 150 contratos ficticios y por 32,5 millones de dólares. De los pormenores que dejan ver la pus que cubre ese cuerpo se sabe más a partir de las declaraciones del trío brasileño de los “Luizes”, por ejemplo de los sobornos dentro de la Ruta del Sol II –Ocaña-Gamarra–, contratada durante la administración de Álvaro Uribe.

 

En ese entonces el viceministro de transporte, Gabriel García Morales, recibió sobornos que untarían a congresistas y funcionarios, el propio Gabriel sostiene que a los brasileños los conoció en Casa de Nariño. Ahora existen indicios que el 30 por ciento del soborno lo recibió Corficolombiana del grupo Aval, en manos de José Elías Melo Acosta, alto director de gerencia, que también fue ministro de trabajo en la era Gaviria y después Superintendente Bancario. Seguramente su confesión y aceptación de cargos sean favores cobrados para salvar a Luis Carlos Sarmiento Junior. El grupo Aval dice que conocieron de los sobornos en diciembre de 2016, cuando los directivos de Odebrecth declararon ante la justicia americana y brasileña. Pero el contrato de transacción es la prueba reina para demostrar un acuerdo para conciliar las partes. Varios poderosos están implicados, por ejemplo, Pedro Valencia, abogado de Corficolombiana en 2010 y hermano del actual ministro de agricultura.

 

La cercanía de Néstor Humberto con Sarmiento es tal que fue nombrado dentro de la Junta Directiva de la Casa Editorial El Tiempo, también como asesor de cabecera en la compra de El Tiempo al grupo español Planeta, y ante Securities and Exchange Commission, una especie de superintendencia en los Estados Unidos, para la entrada del Grupo Aval en la Bolsa de Nueva York. También asesoró al grupo en la compra de Promigas.

 

Caso Pizano

 

Recientemente la Fiscalía cerró el caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano, exauditor de la Ruta del Sol, quien evidenció los sobornos y se los comunicó en agosto de 2015 a este paladín del derecho económico, para que se los entregara a Sarmiento. Pizano insistía que nadie le ponía cuidado por lo que llamaban chismes. En el curso de tal conversación con el hoy fiscal, la informalidad de éste, entre groserías y risas confirma la presencia del delito: “esta vaina se putió […] verifique esta mierda […] ese es un torcido […] yo tengo tantos años como profesional, yo me conozco a toda esa gente […] el único guevón que va a estar enterrado es usted (risas)”.

 

El fiscal dice que no podía como particular denunciar, además porque no se sabía para dónde iba la plata. Pero, ¿cómo no van a saber que es un delito? ¿Qué no tenía certeza que eran coima? Dice que cuando se posesionó como fiscal, Odebrecth no era todavía un escándalo. Las cosas cambian y Pizano se convirtió en testigo contra el presidente de Corficolombiana, lo que permite presumir que ya había tensión de alto calibre entre los otrora amigos.

 

En el caso Odebrecht, Néstor Humberto se declaró impedido solo hasta mayo del 2018, antes viajó internacionalmente para entrevistarse con 10 fiscales, incluyendo el de Brasil. Hay que recordar que nuestro personaje también está impedido en el caso Hyundai donde fungía de apoderado del señor Carlos Mattos, que ha querido pasar limpió y se sabe del millonario soborno a la juez Ligia del Carmen. Parece que la juez y el hoy fiscal ya se conocían en un pleito que terminó favorable a Corficolombiana.


Con esta última empresa el ahora fiscal ya había adelantado obscuras acciones como la del fraude financiero, donde se justificaban como CDTs falsos para no pagarle a Alejandro González Beltrán 3.000 millones resultado de sus inversiones, negocio en el cual la Sala penal de la Corte había fallado a favor de González. Entonces, Humberto Martínez apareció con falsas propietarias, las hermanas Jaramillo, que nunca fueron consultadas, utilizando sus firmas y cuando ellas fueron a reclamar Humberto les dijo: “¿ustedes no estaban muertas?”. Aún el señor González está esperando su plata. Todos los sucesos que circulan a su alrededor demuestran el peso de Corficolombiana, vía Humberto Martínez Neira en la rama judicial.

 

Entre coimas y algo más, hay que recordar que el señor Pizano comenzó a ser investigado en 2017 por el proyecto Tunjuelo-Canoas, contratado por la Administración Distrital de Samuel Moreno, actuando allí como gerente del Acueducto. ¿Un hombre ingenuo y utilizado por terceros? Todo puede ser, en todo caso temía ir a la cárcel, como Luis Fernando Andrade ex director de la ANI, quien pide que el fiscal declare impedimento en su caso, pues la investigación del fiscal sería sesgada.

 

Pizano se sentía decepcionado, deprimido y no quería quedar como corrupto. Se fue quedando solo; el fiscal le indicó que si tenía pruebas hiciera un memorial. Temía incluso por su propia vida. Fue el mismo Humberto quien declaró que su viejo amigo murió de una falla cardiaca, quizás un susto al corazón por el intento de suicidarse.

 

A continuación, casi de inmediato, el turno le correspondió a su hijo, “muerte accidental”, al beber, tres días después, de una botella; él era quién más sabia del asunto de su padre e incluso guardó los audios. Algunos familiares señalan que la botella no estaba ahí. Para la Fiscalía es un caso cerrado sin preguntas por resolver, como por ejemplo, frente a las presiones que padecía Pizano.

 

Por este culebrón tuvo que renunciar al Director Nacional de Medicina Legal, a cargo de la entidad desde hacía ocho años, por “confundir” un análisis de una supuesta mancha de sangre existente en una toalla usada por Pizano, que después se dijo que no era de humano y que en verdad resultó ser una muestra de saliva. El anuncio se hizo público después de la reunión con el fiscal. Pero siempre la fiscalía ha reforzado la teoría que no murió envenenado, basado para ello en una supuesta autopsia en el hospital de Facatativá. El sindicato de Medicina Legal ha denunciado que la muestra analizada no sirve para determinar la presencia de cianuro y que en este caso se han pasado por alto los protocolos internos.

 

Ante todo esto, no es casual que diferentes personas y organizaciones exijan al fiscal que se declare impedido para seguir al tanto del caso. Y tienen razón. El fiscal debe estar impedido por varias situaciones: en primer lugar, porque emitió concepto jurídico favorable en la adición Ocaña-Gamarra en septiembre de 2012 en la Ruta del Sol II. Es decir, que comprometió su criterio jurídico para adicionar los polémicos otro sí. Aunque nuestro tinterillo bursátil ha querido negar todo, como asesor apoderado del consorcio Ruta de Sol en 2012 ante el Ministerio de Comercio, el último día de la ejecución del término, presentó el contrato de estabilidad jurídica. Como superministro dio vía libre a la adición Ocaña-Gamarra considerada de importancia estratégica en el Conpes del 2014. Néstor Humberto dice que todo es una conspiración de exclientes, funcionarios de la DEA y fiscales de los Estados Unidos. En 2016 redactó el contrato de transacción para dimitir controversias entre Odebrecht y Episol –que es la firma que pertenece al grupo Aval–. Es decir, a pesar de evidenciar delitos deciden limar asperezas con una indemnización.

 

Las grabaciones demuestran de su conocimiento de las coimas en 2015. Esto quiere decir que tenía conocimiento de detalles de la corrupción y lo ocultó ante la Corte para ser elegido como fiscal. Ya en el cargo realizó toda suerte de acciones y declaraciones como ante el Capitolio el 27 de noviembre de 2018, utilizando a funcionarios y recursos de la fiscalía, junto con pruebas de procesos sin legalizar pues para su defensa obtuvo acceso al celular, computadores y tablet del difunto Pizano.

 

Todos sus actos son susceptibles de investigación. Solo hasta el pasado 24 de enero el fiscal se declaró impedido en lo relacionado con el caso Odebrecth. Con el atentado a la Escuela General Santander, los medios y el alto gobierno dejaron que proyectara su imagen de eficiencia y prontitud sin importar imprecisiones y errores. Todo con la necesidad de aparentar resultados.

 

Así las cosas, Néstor Humberto recuerda más al abogado de don Corleone, encargado de ocultar los crímenes de la mafia italiana; la diferencia es tenerlo en el ente acusador. Sin duda, es un chiste gris de la oligarquía para poderse reír de todo el país de abajo. Él representa ese sector acomodado, que enamorado de sus privilegios y de los beneficios del poder ganados, está dispuesto a conservarlos, al costo que sea, dando batalla permanente por proteger los privilegios de los más ricos y poderosos del país. No hay límite ni norma que valga para sacar limpios a esta “gente de bien”. Cómo él mismo diría, ese es el talante de nuestro fiscal.

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