Miércoles, 03 Febrero 2021 06:15

¿China va ganando la "guerra de las vacunas"?

¿China va ganando la "guerra de las vacunas"?

Estamos atravesando una guerra de las vacunas, en la cual las farmacéuticas occidentales atacan a sus pares china y rusa, y viceversa. Pero también hay una guerra por las vacunas, que en este momento se han convertido en un bien escaso por el cual disputan los países.

 

Luego de que varias personas fallecieran en Noruega tras recibir la vacuna de Pfizer, científicos y medios chinos dijeron que "la comunidad sanitaria china se pronunció en contra del uso de la vacuna de Pfizer en los adultos mayores".

Por su parte, The New York Timesasegura que la vacuna china, Sinovac, "no puede detener el virus tan bien como las desarrolladas por Pfizer y Moderna, las farmacéuticas estadounidenses", aunque acepta que es eficiente y segura.

La polémica está servida. Global Timesasegura, en base a datos del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, que hubo "casi 4.400 reacciones adversas después de que las personas recibieron la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19".

Más allá de datos que sólo estudios científicos podrán confirmar en el largo plazo, lo cierto es que las vacunas china Sinovac y la rusa Sputnik V están siendo desprestigiadas por los más variados motivos en Occidente, mientras las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca son también fuertemente criticadas aunque por motivos diferentes.

La Fundación kENUP publicó cifras que revelan la escala de la inversión pública en Occidente en vacunas y medicamentos contra el COVID-19. En los últimos once meses los gobiernos gastaron más de 100.000 millones de dólares en vacunas y medicamentos contra el COVID-19.

El 95% de los fondos públicos se destinaron a vacunas y sólo el 5% en medicamentos. Por su procedencia, 32% de los fondos destinados a los productores de vacunas procedían de Estados Unidos, 24% de la Unión Europea y 13% de los gobiernos de Japón y Corea del Sur.

Como puede apreciarse, cuando hay mucho dinero en juego la industria farmacéutica se empeña en buscar soluciones rápidas. Sin embargo, los gobiernos financiaron con algunas condiciones: utilizaron Compromisos de Mercado Anticipados (CMA), para tener el derecho a adquirir un número determinado de dosis de vacunas en un período de tiempo determinado.

Un informe de France 24señala que mientras "los occidentales compraron el 90% de las dosis de las dos vacunas estadounidenses", lo que "dejará huellas y rencor entre los países del Sur", China hizo lo contrario y definió sus vacunas como un "bien público mundial".

El medio destaca que en estos momentos se respira "un aroma de guerra fría" y que "la geopolítica de la vacuna vuelve a trazar las líneas de fractura que se creían pertenecientes al pasado". Este medio europeo cree que China está ganando la guerra de las vacunas por las mismas razones que encumbraron al Dragón al sitial adquirido.

"China tiene ventajas extremadamente importantes teniendo varias vacunas, capacidades de producción considerables, vacunas que a veces son más fáciles de utilizar y, sobre todo, una prioridad muy clara: distribuirla con bastante rapidez a los países en desarrollo", explica a France 24 Antoine Bondaz, investigador de la Fundación para la Investigación Estratégica.

Al tener una incidencia muy baja de COVID-19 en su población, donde los contagios no superan los 100 al día, China tiene las manos libres para exportar la casi totalidad de su producción de vacunas.

El Dragón está llevando vacunas a países de África, Asia y América Latina, pero también a países europeos como Hungría, Serbia y Turquía. Llama la atención el acuerdo con Brasil para fabricar vacunas, a través del gobierno del estado de Sao Paulo, ya que se trata del más cercano aliado de EEUU en la región.

Para el diario financiero españolEl Confidencial, China será "la ganadora de la guerra mundial de las vacunas". Del mismo modo que al comienzo de la pandemia encabezó la "diplomacia de las mascarillas", ahora puso en marcha una ofensiva geopolítica para "inundar el mundo con millones de dosis de vacunas".

Según este medio, las dos vacunas chinas "no son ni tan seguras ni tan eficaces como las equivalentes occidentales, pero son eficaces y más baratas. De momento son las más utilizadas en el mundo".

En medio de las polémicas sobre retrasos en el traslado de las vacunas, Global Timesinforma que la empresa china CanSino Biologics está lanzando "una nueva que garantiza una doble protección después de una sola inyección".

Según los datos proporcionados, la vacuna de CanSino utiliza un vector de adenovirus recombinante, una tecnología similar a las que usan la rusa Sputnik V, la farmacéutica británico-sueca AstraZeneca y Johnson & Johnson.

Sin embargo, lo más importante es que "la vacuna se puede almacenar y transportar a temperaturas que oscilan entre 2 y 8 grados, y la producción no necesita el laboratorio de nivel 3 de bioseguridad como lo requiere la fabricación de vacunas inactivadas, lo que según los expertos las hace más accesibles para los países en desarrollo con instalaciones limitadas".

El éxito de China no debe sorprender. Cuenta con la más pujante industria del mundo y con fuertes inversiones en investigación y desarrollo, con científicos y técnicos de primer nivel. Se trata de las mismas características que explican el ascenso de la potencia asiática que esta década se convertirá en el primer PIB del mundo.

Pero con eso sólo no le alcanzaría, ya que las tecnologías occidentales siguen siendo muy potentes, como lo demuestra la enorme capacidad de EEUU para liderar desde la innovación militar hasta la sanitaria.

China ha desarrollado aquellas vacunas que los países de ingresos bajos y medios del mundo están en condiciones de sufragar que, en los hechos, es donde vive la mayor parte de la población mundial. Pero a la vez, está consiguiendo ingresar en espacios como la Unión Europea, que hasta ahora eran coto exclusivo de las grandes empresas occidentales.

18:52 GMT 02.02.2021URL corto

Por Raúl Zibechi

Publicado enInternacional
La Rusia que se rebela Entrevista a Andrey Schelchkov

La detención de Alekséi Navalny abrió un nuevo frente para Vladímir Putin. Con la mirada puesta en las protestas de la vecina Bielorrusia y en la estrategia para enfrentarlas, el gobierno apuesta a responder con violencia a las manifestaciones y esperar su desgaste. El costo es mostrarse como un régimen abiertamente represivo. Navalny, entretanto, se reafirma como la principal figura de la oposición.

 

El envenenamiento, la salida del país y el regreso y detención de Alekséi Navalny han reactivado las protestas en las calles a lo largo y ancho de Rusia. Con una popularidad que comenzó hace años con sus denuncias anticorrupción, Navalny, de 44 años, se transformó en la principal figura de la oposición, con un apoyo particularmente significativo entre los jóvenes. El gobierno respondió a las protestas con una inusitada escenificación de poder y no menos represión. En esta entrevista, el historiador de la Academia de Ciencias de Rusia Andrey Schelchkov analiza la coyuntura, el liderazgo de Navalny y sus posturas ideológicas -algunas de ellas, paradójicamente, no tan lejanas a las de Putin- y el escenario que abre esta nueva ola de protestas.

¿Cuál es la estrategia del gobierno ruso frente al caso Navalny? ¿Cuánto incide lo que ocurre en la vecina Bielorrusia, con las persistentes protestas en las calles, en la escenificación de la fuerza y la fuerte represión de las protestas?

Parece que el gobierno dejó al lado todas las apariencias. La arbitrariedad es absoluta, la represión es brutal y ejemplarizadora, lo que a los ojos de la gente menos involucrada políticamente contrasta con la imagen paternalista que siempre buscó proyectar Vladímir Putin. Ahora el gobierno optó por la variante de la violencia abierta, al estilo de Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia. Está cortando sus vías de comunicación con amplias capas de la sociedad, inclusive con los partidarios de Putin. La represión acelera la radicalización de la protesta, lo que podría acortar las posibilidades de supervivencia del régimen. Nunca la policía tuvo una imagen positiva, pero ahora está por debajo del suelo. La cantidad de arrestados sobrepasa lo imaginable: entre el 23 y el 31 de enero han sido casi 10.000 personas en todo el país. Ni en la época soviética hubo algo parecido. En la URSS, la policía era disciplinada y no arbitraria o abusiva. Claro, hablamos de la época de Leonid Brézhnev, con Stalin no existía la ley. Cuento esto porque aún ahora hay una cierta confianza e ilusión en la justicia, que de todos modos se fue evaporando en estos años. Hoy solamente los más ancianos tienen estos espejismos. Por ejemplo, una vecina mía de más de 80 años y muy favorable a Putin me dijo «¿Por qué Navalny protesta en vez de ir a denunciar la corrupción en la fiscalía?». Santa simplicitas.

De todos modos, durante estas protestas, no en todas las ciudades hubo confrontación con la policía. Por ejemplo, en mi ciudad natal, Krasnodar, que cuenta con un millón de habitantes y es tradicionalmente muy conservadora, salió muchísima gente. El 23 de enero hubo alrededor de 7.000 personas, un número nunca visto allí desde que se recuerde, y nadie les puso trabas a las marchas. Hay que recordar que todas las manifestaciones fueron prohibidas, lo que hace más importante el número de manifestantes. Tal vez las fuerzas especiales se fueron a Moscú y no tenían con qué reprimir en ciudades más pequeñas. Las autoridades apuestan a la estrategia de Bielorrusia: la gente se cansará y la represión va a cumplir su función. Creen que si mantienen preso a Navalny el gobierno podría aguantar algunas semanas de protestas. El problema es si esto se convierte en una especie de intifada rusa. Por primera vez la policía se enfrentó a la resistencia violenta de quienes protestan. Y además vienen elecciones al Parlamento que puede causar otras conmociones.

El gobierno no puede dejar en libertad a Navalny sin que ello sea considerado una muestra de debilidad, algo que Putin teme más que nada porque sería una señal a los servicios de seguridad de que el jefe está débil, y esto podría causar una crisis en la elite gubernamental. El gobierno prefiere una crisis corta ahora que una crisis sin fin con Navalny en libertad. La incógnita es qué sucede si esta situación dura demasiado tiempo. Ya nadie escucha la propaganda por la TV, excepto gente mayor que no sale ni para protestar ni para apoyar a Putin. Los medios oficialistas dicen que las protestas fueron insignificantes. Pero todo el mundo ve la histeria de las autoridades, que cerraron el centro de Moscú para peatones (algo inédito), frente a lo cual los manifestantes se dispersaron por barrios más periféricos mostrando que están «por todos los lados». El centro, donde hasta las estaciones de metro fueron cerradas, parecía parte de una ciudad bajo estado de sitio. Pero el drama no es Moscú, siempre rica y acomodada, y siempre de oposición, sino las provincias, pobres o ricas pero siempre leales, donde sorprendió la dimensión de la protesta.

¿Cómo está hoy la popularidad de Putin? Hasta ahora había un clivaje claro entre «las capitales» (Moscú-San Petersburgo) y el resto de Rusia, pero desde hace tiempo se ven protestas en otros sitios, incluyendo el extremo oriente.

No tiene sentido seguir las encuestas oficiales, pero incluso ellas registran una caída de la popularidad de Putin hasta 53%. Más o menos independiente, el Levada Center llevan la caída hasta 39%, pero lo más interesante es su nivel de apoyo entre los jóvenes (hasta 35 años): en un año, cayó de 36% a 20% de apoyo. En realidad, el problema está además en que Putin aparece como mentiroso e incluso ridículo. Surgieron miles de chistes, una forma de reacción popular tradicional en política en Rusia. Putin pasa a ser objeto de burlas, incluso cae en el ridículo, y esto es lo peor que le puede pasar desde punto de vista de su imagen. Incluso muchos de los que lo saludaron como gran líder nacional durante la epopeya de la anexión de Crimea ya no lo apoyan.

Lo que se denomina «la provincia» es un mundo heterogéneo, y las grandes ciudades del interior (Novosibirsk, Ekaterimburgo y muchas otras) son un gran problema para el gobierno, incluso electoral. En el oriente, en el Pacífico, la población fue siempre rebelde, muchos son descendientes de los deportados, ahí la violencia es muy posible y no hay temor. Ya provocaron grandes sorpresas electorales, allí las autoridades se sienten débiles, pero las preocupan más Moscú y San Petersburgo, donde se decide la suerte del poder; por eso tanto dinero va a estas dos ciudades. En Siberia oriental (Jakasia, Jabárovsk, Vladivostok), en las pasadas elecciones, ganaron los candidatos spoilers (postulados no para ganar, sino para obstaculizar el triunfo opositor), y la política de Navalny denominada «opción inteligente» llamó a la gente a votar por cualquier candidato con posibilidades de ganarle al oficialismo. En varias regiones ganaron los opositores. En Vladivostok simplemente anularon las elecciones, en Jabárovsk en un año detuvieron al gobernador, provocando masivas protestas diarias y semanales que las autoridades no se atrevieron a reprimir. Estas protestas duraron seis meses. Y las consignas pasaron lentamente de un espirito anti-Moscú, que es inherente a todas las provincias rusas, a las consignas anti-Putin. Pero sin tener liderazgo político ni idea de cómo seguir, las protestas se desvanecieron. Y lo más preocupante es que Navalny, desde su regreso, se convirtió en un instante en un héroe sin temor y en figura unificada de la oposición, que consolida todo el descontento en el interior ruso, que realmente está social y económicamente mal.

Navalny es un nacionalista, aunque parece más abierto a temas como los derechos LGBTI, de las mujeres, etc. ¿Qué lo diferencia ideológicamente de Putin?

Navalny es un nacionalista light. Es un político nato, se apoya en los sentimientos que existen en la sociedad: nacionalismo antiinmigrante, sobre todo contra los provenientes de Asia central, de religión islámica y social-liberal. Sabe que Rusia es un país de izquierda, pero donde los social-liberales ya son derecha, por eso tiene discurso de justicia social y de igualdad, en esencia es un «socialista» en lo social y es liberal en lo económico y en la política, una combinación complicada. El problema no es tanto qué lo diferencia de Putin sino lo contrario, qué tiene de parecido con el presidente. Y esto es el caudillismo, un liderazgo personalista. Por eso algunos lo llaman «joven Putin». Navalny consiguió formar un numeroso grupo de seguidores jóvenes, muy abnegados y sacrificados. En cuanto a la agenda social de feminismo, derechos LGBTI, etc., tiene el discurso muy liberal. Pero su nacionalismo preocupa a muchos porque es antiinmigrante (la inmigración es un gran problema cultural y religioso en Rusia), aunque entronca con la sensibilidad de muchos simpatizantes de Putin. Por ejemplo, Navalny acusa a los oligarcas putinistas de fomentar la inmigración de Asia central para mantener salarios bajos. Tampoco les gusta a los liberales su posición sobre el problema de Crimea, que coincide con la de Putin. Hay que recordar que Navalny fue expulsado a principio de 2000 del partido social-liberal Yabloko por sus posiciones nacionalistas. Sin embargo, la mayoría de los opositores, en la derecha y en la izquierda no oficialista (Frente de Izquierda), apoyan a Navalny por ser capaz hoy de enfrentar a Putin.

¿Qué elementos explican la dimensión de la protesta? No parece ser solo la libertad de Navalny... 

Navalny, en su confrontación con Putin, se convirtió en la figura unificadora contra el régimen, y eso ayuda a aumentar la cantidad de personas dispuestas a salir a las calles por su libertad. Lo que sorprende es que un tercio de ellas salió por primera vez. Se junta el cansancio por la pandemia, la crisis, la erosión de los niveles de vida, lo que contrasta con la opulencia gubernamental. Por eso, el video que publicó el equipo de Navalny sobre un un lujoso palacio en las costas del mar Negro, supuestamente perteneciente a Putin, fue una especie de chispa. De ahí la indignación de Putin. Muchos creen que la detención de Navalny sin ninguna justificación legal es una venganza por esa denuncia. De ser cierto, esto colocaría a Putin ya no en el papel de un líder autoritario, lo que parece no molestarlo mucho, sino en el de un vulgar político corrupto. Después de 20 años de poder personal de Putin, muchos sienten ya mucho hastío.

En un comienzo, Putin tenía una base de apoyo también entre los jóvenes, ¿eso está cambiando?

Es cierto, era más popular entre los jóvenes, pero era la época en que el petróleo estaba a 100 dólares por barril; ahora no hay nada de eso. Los jóvenes se enfrentan a varios problemas: (a) tienen mayor información por internet, viven en internet y no ven televisión, que es pura propaganda; (b) en Rusia casi 90% de los jóvenes (de hasta 35 años) son graduados de la universidad y 80% trabajan en puestos que no corresponden a su especialidad profesional, es decir que la frustración laboral entre jóvenes es muy grande; además, el sistema de Putin, que conforma una elite cerrada, acortó todos los canales de ascenso social; (c) hay también un conflicto de tipo estético: los valores putinistas de la guerra, la masculinidad y el imperio no pegan en la mayoría de los jóvenes, que se muestran bastante sordos a todo eso. Las tentativas de crear un movimiento pro-Putin entre los jóvenes en 2005-2010 fracasó. Sus líderes terminaron apropiándose de los recursos y no cuajó. En el ciclo de protestas anti-Putin de 2011-2012, ellos ni aparecieron… Un gran problema con los jóvenes es que no conocieron la URSS, por eso no tienen el temor a una repetición de las épocas estalinistas que tuvimos todos los que vivimos la época soviética. Ellos no tienen miedo a las policías y salen a enfrentarse de manera abierta.

Muchos cantan «Abajo el Zar» en las protestas... ¿quiénes salen a las calles? ¿Puede formarse allí un nuevo bloque opositor con más suerte que los anteriores en los 20 años de putinismo?

Es un gran enigma… Lo más lógico sería que el partido Yabloko, que tiene personería jurídica para presentar las listas para elecciones, aproveche las protestas y acepte la colaboración con los navalnistas. Ahí cambiaría el panorama político, pero es posible que prefieran mantener su mísera existencia sin conflicto con el Kremlin que pujar por ganar las elecciones (en 2021 hay elecciones legislativas). Es la única opción, porque los demás partidos no oficialistas deben juntar firmas para obtener su personería y las autoridades frenan siempre su registro. Si Yabloko no acepta el apoyo de los navalnistas, el voto de protesta va a ser aprovechado por el Partido Comunista, que hace algunas cosas críticas al gobierno pero es antinavalnista. Sin embargo, las bases del PC y de Yabloko (sus diputados municipales, por ejemplo) ya están con los navalnistas y en pleno conflicto con la cúpula de sus partidos. En perspectiva, no veo lo que muchos siempre quisimos: el pluralismo en el espacio opositor. Navalny sin duda va a monopolizar la posición del líder único, incluso desde la prisión.

En una de las fotos desde la comisaría, justo atrás de Navalny se ve en la pared una foto de Genrikh Yagoda, quien estuvo a la cabeza del KGB entre 1934 y 1936, en pleno estalinismo. ¿Se le dio alguna significación particular a esa imagen en Rusia? Hoy en el país parece haber libertad de expresión por fuera de los canales oficiales. ¿Cómo es la situación?

Pues sí, y es una especie de ironía, ya que Yagoda también fue fusilado por Stalin. Aquí lo comentaron mucho, fue más bien un pretexto para comparaciones con el pasado a mi juicio inadecuadas. De momento se conservan pocos medios absolutamente opositores, como el canal de TV Dozhd (Lluvia) que transmite solamente por internet y es de pago, pero tiene mucha audiencia y casi las 24 horas habla del caso Navalny. Las radios y los periódicos conservan cierta libertad y los hay de línea opositora. Ahora bien, las autoridades ya se enteraron de que los millones invertidos en la propaganda por televisión sirven solamente para convencer a las personas de mucha edad y no sirven ya nada para atraer a los jóvenes, que no ven televisión y menos aún los canales oficialistas, con un discurso y una estética tan anticuados. Por eso el gobierno está buscando formas de controlar las redes sociales y YouTube, Telegram, etc. Y es muy posible que cierren más medios. Mucho depende de que les importe la reacción internacional que siempre puede amenazar su pecunia, que es lo más sagrado. Por eso dan un paso y esperan la reacción interna y externa. Pero Occidente prefiere, como siempre, obtener grandes ganancias con Rusia antes que defender los derechos humanos o civiles, por eso ahora es más importante en Europa la presión de la opinión publica frente a sus gobiernos, sobre todo el alemán y el francés, y ni hablar del italiano, que siempre elige una posición prorrusa, para que corrijan su política hacia Moscú.

Publicado enInternacional
Alexéi Navalni durante la vista judicial en el Tribunal Municipal de Moscú, este martes.AP

El activista llama en la vista judicial celebrada en Moscú a mantener la presión en la calle contra Putin

Un tribunal de Moscú ha condenado este martes al destacado opositor ruso Alexéi Navalni a ingresar en prisión por violar repetidamente los términos de una sentencia por fraude de 2014 y la libertad condicional impuesta entonces, por no presentarse a las revisiones judiciales. A esa condena la jueza le ha restado casi un año por el tiempo que pasó en un arresto domiciliario que cumplió en su momento. La pena efectiva se queda así en dos años y ocho meses. La sentencia supone un desafío a los reiterados llamamientos internacionales que insistían en la liberación de Navalni y puede inflamar la ya alta tensión entre el Kremlin y los seguidores del activista anticorrupción. Las autoridades han desplegado un gran número de antidisturbios en el centro de Moscú y de San Petersburgo y han cargado con gran fuerza contra las personas que han salido a la calle de forma pacífica para protestar por el veredicto. Hay más de un millar de detenciones, según la organización especializada Ovd-Info.

Tras conocer la sentencia, el destacado opositor, que ha pasado el juicio haciendo gestos de cariño a su esposa, Yulia Naválnaya, presente en la sala, solo ha atinado a dedicarle unas palabras. “No estés triste, todo va a salir bien”, ha remarcado antes de que se lo llevasen de la sala, cuando Naválnaya ha roto a llorar. Sus abogados han informado de que recurrirán la condena hasta la última instancia. Se espera que esta semana Navalni sea ya trasladado a una colonia penal (un tipo de cárcel en la que los reclusos deben por lo general trabajar, entre otras cosas). La condena ha suscitado la crítica de Estados Unidos y de la Unión Europea, que han reclamado la liberación inmediata del opositor y se ha mostrado profundamente preocupados por la deriva del caso, cuyo fallo llega, además en vísperas de la visita a Moscú del Alto Representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell. El Kremlin había recalcado ya este martes por la mañana que no admitiría “sermones” de nadie sobre el asunto, ni ningún tipo de injerencia.

El activista anticorrupción, de 44 años, que fue arrestado tras regresar a Moscú desde Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento grave sufrido este verano en Siberia por el que culpa directamente al presidente ruso, Vladímir Putin, ha afrontado el juicio con todas las cartas sobre la mesa: sabiendo que lo más probable es que fuese condenado. Así, ha utilizado la vista para lanzar un impetuoso discurso político. Desde la cabina acristalada en la que tradicionalmente se sientan los acusados, el disidente ha asegurado que seguirá luchando y ha cargado contra Putin: “Por mucho que pretenda ser un gran geopolítico, su principal amargura es que pasará a la historia como un envenenador”.

Las protestas multitudinarias en apoyo al líder opositor de las pasadas semanas no han logrado su objetivo. Tampoco la crítica y la presión de los países Occidentales que habían exigido la liberación de Navalni, convertido en el crítico más visible contra el presidente ruso y el hombre que ha logrado impulsar las mayores movilizaciones de la última década. Las autoridades rusas, que también han procesado a sus principales aliados, ya habían señalado que no se dejarían influir por la presión pública. Y lo han cumplido. Navalni queda ahora no solo apartado de la política ―ya fue vetado en las elecciones presidenciales de 2018― sino también de la calle. La sentencia puede hacer que las movilizaciones sociales se desinflen, pero también dar todavía más altura al opositor e impulsar las protestas.

“Espero de veras que este proceso no sea percibido por la gente como una señal de que deben tener miedo”, ha insistido ante la juez Navalni, vestido con un jersey azul marino con capucha. El activista anticorrupción ha elogiado a las decenas de miles de personas que han salido a las calles en numerosas ciudades de Rusia, pese a las amenazas de las autoridades y los duros arrestos, y ha asegurado que no cesará la lucha política. Y ha vuelto a llamar a nuevas protestas. Este martes, decenas de sus seguidores han acudido a apoyarle en un día crucial a las inmediaciones del Tribunal Municipal de Moscú, que ha amanecido completamente cercado por los antidisturbios y la policía.

Caso ‘congelado’ desde 2014

El hecho de que el caso detrás de los cargos contra el destacado opositor fuese declarado “injusto y arbitrario” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017 ha aumentado todavía más el malestar entre la ciudadanía rusa. El tribunal, con sede en Estrasburgo, condenó a Rusia por violar el derecho a un juicio justo de Alexéi Navalni y de su hermano, Oleg. Ambos fueron condenados en el mismo proceso por malversación de fondos (unos 500.000 euros) en dos firmas rusas, incluida la sucursal en el país euroasiático del gigante de cosméticos francés Yves Rocher.

Estrasburgo falló que Rusia debía pagar 10.000 euros a cada uno de los hermanos Navalni por daños y perjuicios y reembolsar sus costos legales: 45.000 euros para Alexéi Navalni y 18.000, para Oleg. Navalni no tuvo que entrar en prisión, sino que recibió lo que se denomina una “condena suspendida”; su hermano, Oleg sí cumplió la pena completa: tres años y medio en una colonia penal (un tipo de cárcel en la que los recursos deben trabajar por lo general).

Pese a la antigüedad del proceso y el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso siguió quedando ahí, como una bala en la recámara contra el opositor. La sentencia señalaba que Navalni debía permanecer limpio durante seis años tras el veredicto para que la condena fuese anulada definitivamente, pero el opositor ha acumulado desde entonces en su expediente otros delitos, sobre todo relacionados con su participación y organización de protestas anti-Kremlin. Así que el caso denominado Yves Rocher nunca dejó de estar en la nevera. Hasta finales del año pasado, cuando el proceso resucitó y derivó en una nueva causa judicial contra el opositor.

Navalni ha respondido con cierta ironía en el juicio a las acusaciones de la Fiscalía, que defendió que no hay justificación para que el opositor no acudiese a las revisiones judiciales establecidas sobre su caso y ha tratado de argumentar no solo que ya incumplió las citas antes de salir del país sino también que no tenía forma de saber que el activista se encontraba en Alemania, donde fue trasladado sin conocimiento en un avión medicalizado. “Estaba en coma”, ha remarcado Navalni. “¿Podría explicarme cómo pude haber cumplido mejor con mis obligaciones? Primero estaba inconsciente, luego consciente, más tarde tuve que aprender a caminar de nuevo”, ha señalado el destacado opositor, que ha recalcado que incluso el presidente ruso —que se ha referido a él en ocasiones como “el paciente de Berlín” por su hospitalización allí— sabía que estaba en Alemania.

Los abogados de Navalni han argumentado que no se les notificó que se buscaba al activista hasta pocas horas antes de que este fuese inscrito en la lista de personas buscadas por las autoridades rusas. Desde que recuperó el conocimiento, el opositor siempre había asegurado que tenía intención de volver a Rusia. Y así lo hizo pese a la seguridad de que sería arrestado nada más pisar Moscú y que la probabilidad de ser condenado era inmensa.

En la vista blindada de este martes, la juez ha atendido a la propuesta de la fiscal, que había reclamado que se restablezca la condena original de tres años y medio en régimen penitenciario que se le suspendió en 2014, aunque finalmente ha restado el tiempo que el opositor cumplió en arresto domiciliario.

La indignación por el nuevo proceso a Navalni, que desde el 18 de enero se encuentra cumpliendo 30 días de prisión preventiva, sumada al descontento ciudadano por la corrupción, la desigualdad y una situación económica complicada, han encendido las protestas contra el Kremlin, que han sacudido Rusia los dos últimos fines de semana. El domingo, un despliegue policial inédito en las principales ciudades de Rusia y la dura represión de las fuerzas de seguridad no lograron, sin embargo, reducir las manifestaciones, que terminaron con más de 5.100 detenidos en todo el país, algunos bajo una fuerte violencia, el uso de porras y de pistolas eléctricas.

Entre los detenidos está Yulia Naválnaya, la esposa del opositor, que recibió una multa de 20.000 rublos (220 euros) por participar en la manifestación, y que ha estado presente este martes en el juicio contra su esposo. “Te vi en la televisión en mi celda. Dicen que estás violando constantemente el orden público. ¡Chica mala! Pero estoy orgulloso de ti”, le ha dicho Navalni desde el acuario en un costado de la sala de vistas, revestida de paneles de madera, donde el opositor ha permanecido todo el juicio.

Navalni, que se ha hecho conocido por sus revelaciones de la corrupción de la élite política y económica de Rusia, se ha convertido en el crítico más visible de Vladímir Putin. A él y a su supuesto palacio multimillonario dedicó precisamente su último informe difundido en YouTube, que ha espoleado las protestas.

Por María R. Sahuquillo

Moscú - 02 feb 2021 - 17:14

Publicado enInternacional
La trama detrás del golpe de Estado en Myanmar

Los militares detuvieron a todos los líderes del gobierno que Aung San Suu Kyi dirigía sin presidir. Aludieron a un supuesto fraude electoral en noviembre. 

 

Las fuerzas armadas de Myanmar aludieron fraude en las elecciones de noviembre pasado y el domingo detuvieron a todos los líderes del gobierno que la Nobel de la Paz de 75 años Aung San Suu Kyi dirigía sin presidir. Consumado el golpe, los militares declararon el estado de emergencia durante un año y anunciaron que el exgeneral Myint Swe ejercerá la presidencia del país. 

En Myanmar, antes Birmania, en el medio de India, China, Tailandia y Bangladesh vive gente como Aung Tun. Mediana altura, 45 años, vende celulares en Yangon. En sus fotos de Facebook aparece con un pareo y sus dos hijos con la cara pintada, como todos los varones birmanos. Su foto de perfil está enmarcada por la de su líder y la frase: “estoy con Aung Sang Suu Kyi”. Ahora postea: “Queremos pedir a los líderes del mundo, a las Naciones Unidas, a los medios que ayuden a nuestro país, queremos desarrollarnos como nuestros vecinos”.

El héroe de la independencia birmana fue Aung Sang (padre de Aung Sang Suu Kyi), asesinado en 1947. El exilio llevó a Suu Kyi a estudiar en Delhi primero, Oxford después y quedarse en Inglaterra. En 1988 volvió. Le pidieron que hablara en un acto en el Shwedagon Pagoda, templo budista de 2500 años con una cúpula de oro que se ve desde todo Yangon. Medio millón de personas descubrió ahí a la líder de su revolución democrática. Suu Kiy arrasó en las elecciones de 1990 pero los militares no reconocieron el resultado y encarcelaron a todos los opositores. Un año después ella recibió el Nobel de la Paz, se negó a ser extraditada y aguantó 15 años de prisión domiciliaria. 

La dictadura flexibilizó libertades y convocó a elecciones parlamentarias en 2010 pero antes reformó la Constitución: retuvo el 25% de las bancas del parlamento, la atribución de nombrar ministros y de formar gobierno “en caso de emergencia”, el manejo de los recursos naturales y la prohibición de ser presidente para cualquiera con familia no birmana, justo como Suu Kii, cuyos hijos y difunto esposo nacieron en Inglaterra. En 2016 se convocaron elecciones presidenciales y la LND de Suu Kyi arrasó con Htin Hyaw como candidato. Suu Kii fue designada Consejera de Estado, una especie de presidenta ipso facto.

Hasta 2014 el Relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Myanmar fue el abogado argentino Tomás Ojea Quintana. “Para mí esto es un deja vú”, afirma a PáginaI12. En 2010, se encontró personalmente con Suu Kyi y le expresó la importancia de juzgar los crímenes cometidos por los militares en las últimas décadas, algo que nunca sucedió. Ojea Quintana está sorprendido por el golpe, cree que el detonante pudo haber sido la abrumadora nueva victoria de Suu Kyi en las elecciones de noviembre, fue un empujón de legitimidad: “con la continuidad del gobierno electo con ese nivel de apoyo, se debilitaría el poder que se guardaron los militares”.

La teoría birmana de los dos demonios

Para Myanmar son bengalíes, para Bangladesh son birmanos. Los rohingyas son apátridas. “Deben parar. Nunca vi una población tan discriminada en mi vida”, dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterrez. Los rohingyas son vulnerables como minoría étnica, como musulmanes y como descendientes del subcontinente indio. Según la ACNUR, al menos 723.000 rohingyas, una de las más de cien etnias que habitan Myanmar, tuvieron que escapar de las fuerzas oficiales birmanas hacia Bangladesh desde mediados de 2017. El 40% son menores de 12 años. En Bangladesh los retienen en un campo de refugiados de 13 kilómetros cuadrados.

La excusa es combatir al ARSA, un grupo insurgente de no más de 500 miembros a quienes los ultranacionalistas budistas comparan con ISIS. Después de décadas de aislamiento en telecomunicaciones, la irrupción de los celulares y de Internet fue una estampida. La campaña de fake news del movimiento budista Ma Ba Tha describiendo al millón de rohingyas como parte del ARSA caló hondo hasta en la base electoral budista de Suu Kii. En 2018, Facebook reconoció en un comunicado que “podría haber hecho más” para evitar que su plataforma sea usada para un genocidio. A fines de 2019, Aung Sang Suu Kyi fue a la Corte Internacional de Justicia a defender a las mismas Fuerzas Armadas que la habían llevado a prisión. Reconoció delitos de lesa humanidad pero los colocó en el marco de un conflicto que comenzó el ARSA.

Hasta llegar al poder, Occidente veía en Suu Kyi a una par de Mahatma Gandhi y Nelson Mandela. Pero otro premio Nobel, Barack Obama, notó algo distinto. Cuando la visitó en 2012 conversaron sobre el dilema de pasar de ícono opositor a tener el poder. “Yo siempre fui una dirigente política”, le dijo Suu Kyi. Ben Rodes entonces asesor de Obama contó que saliendo, de regreso en la limusina, el ex presidente reflexionó: “Yo solía ser también el rostro de un poster, la imagen solo se desvanece".

Occidente y China

La devaluación de la imagen de Suu Kyi en Occidente la obligó a buscar apoyos en donde sea posible. Fue a ver al presidente de Hungría, el nacionalista Viktor Orban, para hablar sobre “el crecimiento de la población musulmana”. China -que también es acusada de crímenes de lesa humanidad contra los islámicos Uyghur en la región de Xinjiang- vio una oportunidad.

Similar a lo que ocurre en otras regiones en las que Gran Bretaña trazó mapas mezclando pueblos, como Medio Oriente, Myanmar es un país sin una única nación consolidada. Frente a eso, China, desde hace una década, observa lo que pasa en su frontera sur y de vez en cuando mueve una ficha.

En 2017, China incorporó a la Constitución la Belt and Road Initiative, presentada poco antes por Xi Jin Pin como la Ruta de la seda del siglo XXI, un esquema en el que el premier chino invitó a los países a unirse a la mayor red logística global en que el país asiático es el gran dinamizador. Los tigres asiáticos saltan y también se agazapan. Los chinos no están lejos de consolidarse como los principales rule makers del sudeste asiático. Una de las piezas fundamentales del esquema es el puerto que Xi Jin Pin espera construir en Myanmar para acceder de manera directa al mar Índico, acompañado de un oleoducto que le ahorraría unos cuantos millones en la importación del crudo desde el Golfo Persa. El Corredor Económico China-Myanmar consolidaría esta política y, para ello, China puso a consideración del gobierno birmano 38 proyectos de infraestructura que Suu Kyi no desarrolló con la velocidad que los chinos pretendían.

A fin de enero ocurrió un hecho que habría ofendido la mellada paciencia roja: Myanmar adquirió un millón y medio de vacunas para Covid-19 de India y firmó un contrato con el Serum Institute del mismo país para recibir 30 millones más.

Por ahora China no condenó oficialmente el derrocamiento del gobierno civil en Myanmar pero el ministro de relaciones exteriores Wang Wenbin explicó que “China y Myanmar son buenos vecinos. Esperamos que todas las partes puedan resolver sus diferencias dentro del marco de la Constitución y la ley, salvaguardando la estabilidad política y social”. Un evento curioso sucedió el 12 de enero pasado. Wang Yi, canciller chino, se reunió con Min Aung Hlaing, jefe de las fuerzas armadas en la capital birmana. Desde ayer a la madrugada, Min Aung Hlaing es quien firma los decretos de Myanmar.

Miles como Aung Tun dan la batalla en su Facebook, Suu Kyi vuelve a estar presa, los militares vuelven al lugar de donde nunca se fueron y el abogado argentino que los denunciaba hace una década, Tomás Ojea Quintana, aprovecha la jurisprudencia universal de los delitos de lesa humanidad. En Argentina, defiende a una organización de rohingyas que acaba de presentar en el juzgado de Servini de Cubria una denuncia por genocidio en la provincia birmana de Rakhine. 

Por Pablo Linietsky y Daniel Wizenberg

Publicado enInternacional
Lunes, 01 Febrero 2021 06:20

El ejemplo

El ejemplo

Dediqué 33 años y cuatro meses al servicio militar activo como miembro de la fuerza militar más ágil de este país, los marines. Serví en rangos comisionados desde segundo teniente a mayor general. Y durante ese periodo dediqué la mayoría de mi tiempo a ser un golpeador de alta categoría para el gran empresariado, para Wall Street y para los banqueros.

“En suma, fui un estafador, un gánster para el capitalismo… Ayudé a hacer seguro a México, especialmente Tampico, para los intereses petroleros estadunidenses, en 1914. Ayudé a hacer de Haití y Cuba un lugar decente en donde los chicos del National City Bank pudieran recaudar ingresos. Ayudé en la violación de media docena de repúblicas centroamericanas para beneficio de Wall Street… Ayudé a purificar a Nicaragua para la casa banquera internacional de Brown Brothers en 1909-1912. Traje la luz a República Dominicana para los intereses azucareros estadunidenses, en 1916. En China, ayudé a asegurar que la Standard Oil pudiera avanzar sin ser molestada.

"Durante esos años tenía, como decían los cuates, en el cuarto de atrás, un negocio turbio padre. Viendo hacia atrás, creo que le podría haber ofrecido algunas pistas a Al Capone. Lo más que él logró fue operar su negocio en tres distritos. Yo operé en tres continentes."

El mayor general Smedley Butler, autor de estas palabras en 1935, fue en su tiempo el militar más condecorado de Estados Unidos, incluida la Medalla de Honor por su papel en la batalla de ocupación de Veracruz el 22 de abril de 1914. Muchos conocen estas citas (parte de un libro y discurso), pero siempre vale recordarlas como parte de la larga historia de disidencia en Estados Unidos contra sus aventuras bélicas.

Hoy día, el gasto en "defensa" –aprobado de manera bipartidista (en ciertos rubros como este existe un consenso a pesar de la supuesta polarización política en el país)– asciende aproximadamente a 740 mil millones de dólares, más que el presupuesto militar combinado de los próximos 10 países con los mayores presupuestos militares. Eso es, según cálculos del Friends Comittee on National Legislation, más de 2 mil millones de dólares cada día, más de un millón de dólares cada minuto.

Según cifras recientes del proyecto Costos de Guerra de la Universidad Brown, Estados Unidos ha gastado más de 6.4 billones en guerras y operaciones militares en Afganistán, Pakistán e Irak desde 2001, donde se han registrado por lo menos 800 mil muertes, la mayoría civiles (https://watson.brown.edu/costsofwar/).

Algunas de las operaciones bélicas son llevadas a cabo ahora de manera más "discreta", por ejemplo, el gobierno de Barack Obama realizó por lo menos 500 ataques con dron, asesinando a más de cuatro personas.

El culto al poder militar de este país es algo practicado por presidentes y líderes políticos de ambos partidos. El nuevo gobierno de Biden ha declarado que entre sus objetivos está el de restaurar el liderazgo estadunidense en el mundo (ver Tinker Salas y Silverman: https://www.jornada.com.mx/2021/ 01/31/opinion/014a1pol). Biden ha formulado una consigna de que Estados Unidos será líder no sólo a través del "ejemplo de nuestro poderío, sino por el poder de nuestro ejemplo".

Esto, mientras la violencia política armada además de la criminal dentro del "país ejemplar" ha llegado a tales niveles de que hasta se efectuó una intentona de golpe de Estado y el centro de su capital está bajo protección de miles de tropas armadas de la Guardia Nacional, no para enfrentar a algún enemigo externo, sino el "terrorismo doméstico" de sus propios ciudadanos (muchos de ellos, veteranos militares).

La violencia dentro del país no se puede desvincular de su historia de violencia a nivel internacional. Vale recordar las palabras del reverendo Martin Luther King, quien en 1967 declaró que no podía hablar más sobre la violencia que se sufría en las ciudades estadunidenses sin abordar "el mayor proveedor de violencia en el mundo hoy día: mi propio gobierno".

Bruce Springsteen: War. https://youtu.be/mn91L9goKfQ

George Carlin: Nos gusta la guerra: https://www.youtube.com/watch?v=SoqcDPiVxJ8

Publicado enInternacional
Manifestantes rusos encaran a elementos de la policía antidisturbios en el segundo fin de semana de protestas para exigir la liberación del líder opositor Aleksei Navalny. Durante al menos seis horas los inconformes fueron un dolor de cabeza para la autoridad.Foto Ap

Moscú. Ni las numerosas detenciones previas ni el desmesurado despliegue policial impidieron que ayer decenas de miles de personas salieran a la calle a protestar en al menos 85 ciudades de Rusia sin temor a exponerse a la brutal represión que suele ser habitual en cualquier manifestación no autorizada y que en esta ocasión se saldó con un nuevo récord de detenidos, al menos 5 mil 135, en una primera estimación con datos que llegan de todo el país.

Tan sólo en Moscú la ONG OVD-info reportó mil 653 detenidos a las 23:45 (hora local), de ellos 82 periodistas que cubrían las marchas de inconformes con la política del Kremlin, la mayoría estudiantes universitarios, conscientes de que podían sufrir detenciones al azar, golpizas, multas elevadas e incluso condenas a varios años de prisión.

Las protestas, por segunda semana consecutiva, dejaron de ser un fenómeno exclusivo de la capital de Rusia y las muestras de rechazo al presidente Vladimir Putin comienzan a cobrar fuerza en el interior del país, en unos lugares más que en otros.

Para el Kremlin las manifestaciones que piden la libertad del líder opositor Aleksei Navalny –quien se encuentra en prisión preventiva desde el mismo día de su regreso de Berlín, el 17 de enero, y en espera de un juicio, mañana, que puede condenarlo a años de cárcel–, son impulsadas desde el exterior, en particular por Estados Unidos al que atribuye una "grosera injerencia" en sus asuntos internos, al tiempo que justifica el uso desproporcionado de la fuerza por ser protestas ilegales, al no contar con el permiso de las autoridades debido a la "situación epidemiológica", razón por la cual hace días condenaron a arresto domiciliario a los principales colaboradores de Navalny.

Difícil saber si las protestas de ayer se pueden equiparar en número a las del sábado anterior, pero –a juzgar por lo que pasó en Moscú, San Petersburgo y Yekaterimburgo, las ciudades más pobladas del país– es obvio que durante al menos seis horas los manifestantes no pudieron ser frenados y pusieron de cabeza a la policía, unidades antidisturbios y guardia nacional, que desde temprana hora bloquearon por completo el centro de estas urbes, cerraron decenas de estaciones del Metro, modificaron las rutas del transporte público de superficie, instalaron vallas en las calles y estacionaron decenas de camiones para trasladar a los eventuales detenidos.

En Moscú –con una sorprendente organización horizontal sin líderes visibles, mediante breves mensajes en redes sociales que trató de silenciar la policía–, las columnas de protestantes no buscaron concentrarse en un solo sitio, sino que se convirtieron en un auténtico dolor de cabeza para las fuerzas del orden al separarse en numerosos grupos para avanzar por otras zonas de la capital y más adelante volverse a juntar, y así varias veces, provocando el desplazamiento frenético de un lugar a otro de los uniformados.

Rompen cerco policiaco

Varios centenares de manifestantes lograron romper el cerco policial y se aproximaron a la prisión de Matrosskaya Tishina, donde está recluido Navalny, para lanzar consignas en su apoyo.

A convocatoria de los colaboradores de Navalny que están en la clandestinidad o lograron refugiarse en otro país, como Iván Zhdanov y Leonid Volkov, mañana mucha gente tratará de acercarse a la corte que juzgará al opositor para exigir su libertad.

Las actuales protestas obedecen también a la indignación que causó en muchos rusos, jóvenes sobre todo, el supuesto palacio que atribuye Navalny a Putin, un video disponible en YouTube que a la fecha está por llegar a 106 millones de vistas.

Los desmentidos del Kremlin no han sido convincentes y el más reciente intento parece más bien la enésima confirmación de que a veces es peor el remedio que la enfermedad: el magnate de la construcción y banquero Arkadi Rotenberg, amigo de la infancia de Putin desde que ambos se aficionaron al yudo, dijo el sábado anterior ser el dueño del polémico palacio.

Rotenberg concedió sólo una breve entrevista a un medio electrónico que cuenta con el beneplácito del Kremlin y se limitó a afirmar que el palacio es suyo y que no hay nada de ilegal en eso, sin mostrar ningún documento que lo demuestre ni precisar cuándo lo compró, cuánto le costó, quién se lo vendió, qué relación tiene él con las empresas en paraísos fiscales que figuran como propietarias, por qué varias empresas del sector público financiaron su construcción o cómo es que otros potentados y amigos de Putin hicieron generosas donaciones.

Tampoco aclaró Rotenberg quién autorizó que el presunto hotel que ahora quiere construir ahí tenga helipuerto y viñedos propios, cómo es que la vigilancia de la propiedad de un particular corre a cargo de los servicios secretos que protegen a los más altos funcionarios o por qué está prohibido acceder por tierra, mar y aire, entre muchas otras preguntas que no consideró necesario hacerle el periodista.

Por uan Pablo Duch

Corresponsal

Publicado enInternacional
Militares en Yangon, Myanmar, este lunes. — LYNN BO BO / EFE

Los militares declararon este lunes el estado de emergencia y anuncian que tomarán el control político del país durante un año después de detener a varios miembros del Gobierno, otros políticos y líderes civiles.

 

de Myanmar (antigua Birmania) declaró este lunes el estado de emergencia durante un año al tomar el control político del país. Los militares han anunciado la detención de la líder del Gobierno, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, además de otros políticos y líderes civiles.

El hasta ahora vicepresidente, Myint Swe, que fue nombrado en el cargo por los militares gracias a los poderes que les reserva la actual Constitución, asumió la presidencia interina y le cedió todos los poderes al jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, según ha informado el canal Myawaddy News, controlado por los militares.

Aparte de Suu Kyi, también ha sido detenido el hasta hoy presidente del país Win Myint, además de varios ministros y dirigentes del partido gubernamental Liga Nacional para la Democracia (LND). Entre la treintena de arrestados se encuentran activistas, escritores y artistas, según una lista extraoficial a la que tuvo acceso la agencia Efe.

Las líneas de teléfono y comunicaciones permanecen cortadas desde primera hora de la mañana en todo el país mientras que el único medio de comunicación que está emitiendo es el canal de los militares.

Durante la mañana se vieron en Rangún, la mayor ciudad del país, largas colas en los cajeros automáticos de los bancos, que en algunos casos se habían quedado ya sin efectivo.

Suu Kyi pide a los birmanos que no acepten el golpe 

Por su parte, Suu Kyi pidió a los ciudadanos que no acepten el golpe de Estado perpetrado este lunes por el Ejército y que protesten. En un comunicado colgado en un perfil en Facebook de la LND, la formación hasta ahora gobernante acusó a los militares de someter al país a una dictadura.

"Las acciones de los militares llevan de nuevo al país a la dictadura", señala un comunicado publicado por la Liga Nacional para la Democracia (LND) en nombre de Suu Kyi, que pidió a la gente que no lo acepte y "protesten con todo corazón contra el golpe de Estado".

Primera sesión de la legislatura tras las elecciones de 2020

El parlamento de Myanmar tenía previsto celebrar este lunes la primera sesión de la legislatura tras las elecciones de noviembre de 2020, en las que la LND, formación de Suu Kyi, consiguió una abrumadora victoria.

Los rumores de golpe de Estado se habían ido intensificando desde que el pasado martes el portavoz militar Zaw Min Tun se negara a descartar la toma del poder por parte del Ejército tras denunciar supuestas irregularidades en las elecciones legislativas del pasado 8 de noviembre.

El poderoso Ejército de Myanmar, que gobernó el país entre 1962 y 2011, cuando se inició una transición controlada hacia la democracia, finalmente rechazó el sábado esa posibilidad y garantizó en un comunicado su compromiso con la defensa de la Constitución.

La aplastante victoria electoral de Suu Kyi demostró su gran popularidad en Myanmar, a pesar de su mala reputación internacional por las políticas contra la minoría rohinyá, a la que gran parte se le niega la ciudadanía y el voto, entre otros derechos.

La Comisión Electoral negó el fraude electoral

Las supuestas irregularidades fueron denunciadas en primer lugar por el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP), la antigua formación gubernamental creada por la anterior junta militar antes de disolverse.

La Comisión Electoral ha negado el fraude electoral en los comicios de noviembre, ganados con una mayoría aplastante por la Liga Nacional para la Democracia al conseguir el 83 por ciento de los 476 asientos del Legislativo.

El USDP fue el gran perdedor de las elecciones, al lograr solo 33 escaños, y se ha negado a aceptar los resultados, llegando a pedir que se celebren nuevos comicios organizados por el Ejército.

Los militares, que redactaron la actual Constitución en un plan de ruta para lograr una "democracia disciplinada", contaban ya con grandes poderes en el país, al disponer del 25 por ciento de los escaños del Parlamento y de los influyentes ministerios del Interior, Fronteras y Defensa.

Rangún

01/02/2021 07:40 Actualizado: 01/02/2021 10:14

Agencias

El Ejército

Publicado enInternacional
Un hombre camina frente a un mural de Daniel Ortega en Managua.STRINGER / Reuters

El presidente de Nicaragua agrega a su lista de megaproyectos fallidos una oficina para “promover el desarrollo de actividades espaciales y ampliar las capacidades del país”

 

Primero fue un canal interoceánico. Daniel Ortega anunció con bombo y platillo al mundo que abriría Nicaragua en canal con una inversión de más de 40.000 millones de dólares que aportaría un oscuro empresario chino para construir una segunda ruta comercial en Centroamérica, un canal más grande que el de Panamá, del que no se ha colocado una sola piedra. Luego puso los ojos en el espacio. El sandinista anunció el encargo de la construcción de un satélite a una empresa china, que sería bautizado como Nicasat-1, a un costo de a 346 millones de dólares. En órbita nunca estuvo. Y ahora el mandatario nicaragüense se suma a la carrera espacial al anunciar la creación de una “Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros Cuerpos Celestes” en uno de los países más pobres y atrasados del continente. Su megalomanía incluye declarar la autonomía espacial de su país, según establece el documento enviado a la Asamblea Nacional para su aprobación: “Promover el desarrollo de los sistemas espaciales y los medios, tecnología e infraestructura necesarios para la consolidación y autonomía de este sector en Nicaragua”.

El país centroamericano, sumido en una profunda crisis política y social desde 2018, cuando Ortega desató una brutal represión contra las manifestaciones que pedían el fin de su mandato, acumula tres años de recesión económica y según datos del Banco Mundial pasó de tener un buen ritmo de crecimiento de 4,6% en 2017 a una contracción de -3,9% en 2019 y con un panorama desalentador para este 2021. La misma institución estima que la pobreza aumentó en un 15,1% en 2020, es decir, que 350.000 personas se han empobrecido. Con la violencia del Gobierno contra cualquier voz crítica, un desempleo galopante, el golpe de los huracanes Iota y Eta y los estragos de la pandemia de covid-19 (cuya letalidad Ortega negó), los nicaragüenses luchan día a día para sobrevivir en una economía de miseria, mientras en El Carmen, el búnker en Managua de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, sueñan a lo grande. Y es así que la nueva secretaría espacial tendrá entre sus funciones “promover el desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país, en las ramas educativas, industrial, científica y tecnológica en esta materia”.

La noticia de la creación de esta oficina ha sorprendido a los académicos nicaragüenses, que miran con recelo las nuevas ambiciones cósmicas de Ortega. “Ni siquiera tenemos en nuestras escuelas un programa de educación relacionado con las ciencias del espacio, no tenemos instituciones, observatorios ni nada así”, ha dicho Jaime Incer Barquero, el principal científico nicaragüense, a la revista Confidencial, uno de los medios atacados por Ortega, cuya redacción fue confiscada en 2018. “Todos estamos extrañados, no sabemos cuál es la razón, qué capacidad tenemos nosotros”, se pregunta el académico, una de las voces más críticas con el proyecto canalero de Ortega.

Mientras Nicaragua se hunde en la pobreza, Ortega intenta dar una imagen de prosperidad y avance gracias a lo que él llama su proyecto “revolucionario”: un sistema autocrático, en el que él y su familia controlan las instituciones del Estado, los medios de comunicación y empresas familiares que chupan los recursos del Estado. Aislado por la comunidad internacional, con sanciones impuestas a integrantes de la cúpula gubernamental por Estados Unidos y la Unión Europea, el régimen intenta mantenerse a flote aumentando impuestos y cobros por servicios como las pruebas para detectar la covid-19, necesarias para salir del país, a un costo de 150 dólares. Ortega también ha hecho que la Asamblea, que él controla, aprobara una ley que cataloga como “agentes extranjeros” a organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos internacionales. El reglamento establece multas de hasta medio millón de dólares para las organizaciones que se nieguen a inscribirse en la lista negra creada por el Ministerio de Gobernación (Interior).

Tras el fallido canal interoceánico y el satélite que nunca estuvo en órbita, está por verse qué avances científicos logra la nueva secretaría para asuntos espaciales. A los nicaragüenses ya no les sorprende la megalomanía de Ortega, un mandatario que cada vez parece más alejado de la realidad. Félix Maradiaga, una de las voces más críticas contra el régimen de Managua, lo definió perfectamente en Twitter: “¡Los Ortega-Murillo viven en la Luna! Mientras los problemas terrenales del desempleo, inseguridad y delincuencia, asfixian al pueblo, los Ortega-Murillo crean una Secretaría para asuntos ultraterrestres. ¡Urge un Gobierno democrático capaz de atender los problemas de la nación!”

Por Carlos Salinas Maldonado

México - 31 ene 2021 - 11:18

Publicado enInternacional
Sábado, 30 Enero 2021 05:34

¿Acabarán alguna vez?

¿Acabarán alguna vez?

Llega el 20º aniversario de la Guerra contra el Terrorismo.

 

“Este es un nuevo tipo de guerra, que llevaremos a cabo agresivamente y metódicamente para interrumpir y destruir la actividad terrorista”, anunció el presidente George W. Bush apenas dos semanas después de los ataques del 11-S. “Algunas victorias se conseguirán fuera de la vista pública, en tragedias evitadas y amenazas eliminadas. Otras victorias quedarán claras para todos”.

 

Este año marcará el 20º aniversario de la guerra contra el terrorismo, incluyendo el conflicto sin declarar de EE UU en Afganistán. Después de que el apodo original de esa guerra, Operación Justicia Infinita, fuera rechazado por ofender sensibilidades musulmanas, el Pentágono la renombró como Operación Libertad Duradera. A pesar de no haber ni victoria clara ni la más ligera evidencia de que la libertad duradera se hubiera impuesto alguna vez en ese país, “las operaciones de combate de EE UU en Afganistán terminaron”, según el Departamento de Defensa, en 2014. En realidad, ese combate simplemente continuó bajo un nuevo nombre, Operación Centinela de la Libertad, y se prolonga hasta hoy.

Igual que la invasión de Iraq de 2003 —conocida como Operación Libertad Iraquí—, Libertad Duradera y Centinela de la Libertad, no consiguieron hacer justicia a sus nombres. Ninguno de los apodos aplicados a las guerras de EE UU post 11-S atrapó tampoco nunca la imaginación pública; los campos de batalla se extendieron desde Afganistán e Iraq hasta Yemen, Somalia, Filipinas, Libia, Siria, Níger, Burkina Faso y más allá, con un precio superior a 6,4 billones de dólares y un coste humano que incluye al menos 335.000 civiles asesinados y al menos 37 millones de personas desplazadas de sus hogares. Mientras tanto, las durante tanto tiempo claras victorias prometidas nunca se materializaron incluso mientras el número de grupos terroristas en el mundo proliferaba.

El mes pasado, el principal general de EE UU ofreció una evaluación de la guerra afgana que fue tan adecuada como sombría. “Creemos que, tras dos décadas de esfuerzo consistente, hemos logrado una pizca de éxito”, dijo Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto. “También diría que durante los últimos cinco o siete años como mínimo hemos estado en una situación de tablas estratégicas”. Las declaraciones de Milley ofrecían apelaciones mucho más adecuadas que aquellas con las que el Pentágono había soñado durante años. Si el Departamento de Defensa hubiera abierto las guerras post 11-S con nombres como Operación Pizca de Éxito u Operación Tablas Estratégicas, al menos los estadounidenses habrían tenido una idea realista sobre qué esperar en las décadas siguientes mientras tres presidentes llevaban a cabo tres guerras no declaradas sin conseguir victorias en ningún lugar del Gran Oriente Medio o África.

Qué traerá el futuro en términos de los muchos conflictos armados de este país está más oscuro que nunca mientras el Gobierno de Trump ha perseguido una variedad de esfuerzos en el último momento interpretados como intentos de último minuto para hacer buenas las promesas de terminar las “interminables guerras” de este país o simplemente como intentos llenos de amargura para desestabilizar, minar y sabotear al “Estado profundo” (la CIA en concreto) a la vez que para dejar sin mano de obra a la próxima política exterior del Gobierno de Biden. En realidad, sin embargo, las tambaleantes tácticas finales del presidente Trump, aunque en absoluto terminan las guerras de EE UU, ofrecen al Gobierno de Biden una oportunidad única para poner esos conflictos en los libros de historia, si el presidente electo elige aprovecharse del involuntario regalo que le dio su predecesor.

El tercer presidente que no terminó la Guerra contra el Terrorismo

Durante cuatro años, el Gobierno de Trump ha llevado a cabo una guerra en múltiples frentes, no solo en Afganistán, Iraq, Somalia, Siria y en otros lugares del planeta, sino también con el Pentágono. Donald Trump entró en la Casa Blanca prometiendo detener las incesantes intervenciones en el extranjero de EE UU y repetidamente flirteó con terminar esas “guerras interminables”. No lo hizo. En vez de eso, él y su gobierno siguió llevando a cabo los muchos conflictos de EE UU, aumentó las tropas en Afganistán y Siria, y amenazó con ataques nucleares contra enemigos y aliados por igual.

Cuando finalmente el presidente empezó a hacer gestos hacia reducir los conflictos interminables del país e intentó retirar tropas en varias zonas bélicas, el Pentágono y el Departamento de Estado empezaron a dilatar y obstaculizar a su comandante en jefe, engañándole, por ejemplo, cuando se trató de algo tan básico como el número real de tropas estadounidenses en Siria. Incluso tras llegar a un acuerdo con los talibanes para finalizar la guerra afgana y ordenar significativas retiradas de tropas de ese país y otros a medida que se convertía en un presidente incapaz, no consiguió detener una sola intervención armada que hubiera heredado.

Lejos de terminar con las interminables guerras, el presidente Trump intensificó las más interminables de todas: los conflictos en Afganistán y Somalia, donde Estados Unidos ha estado involucrado de forma intermitente desde los años 70 y 90, respectivamente. Los ataques aéreos en Somalia, por ejemplo, se han disparado bajo el Gobierno de Trump. De 2007 a 2017, el Ejército de EE UU llevó a cabo 42 ataques aéreos declarados en ese país. Bajo el presidente Trump, se ejecutaron 37 ataques en 2017, 48 en 2018, y 63 en 2019. El año pasado, el Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) reconoció 53 ataques aéreos en Somalia, más que durante los 16 años de los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama.

Los motivos de ese aumento siguen envueltos en el secreto. En marzo de 2017, sin embargo, el presidente Trump supuestamente designó partes de Somalia como “áreas de hostilidades activas”, mientras eliminaba las reglas de la era de Obama que requerían que hubiera seguridad de que los ataques aéreos no hirieran o mataran no combatientes. Aunque la Casa Blanca rechaza confirmar o negar explícitamente que esto ocurriera alguna vez, el general de brigada retirado Donald Bolduc, que encabezaba el Mando África de Operaciones Especiales en ese momento, dijo a The Intercept que “la carga de la prueba respecto a qué se podía considerar objetivo y por qué motivo cambió dramáticamente”. Ese cambio, apuntó, llevó a AFRICOM a llevar a cabo ataques que previamente no habrían tenido lugar.

El aumento en los ataques aéreos ha sido desastroso para los civiles. Mientras el Mando África reconoció recientemente cinco muertes de no combatientes en Somalia por estos ataques aéreos, una investigación de Amnistía Internacional descubrió que, en solo nueve de ellos, murieron 21 civiles y otros 11 fueron heridos. Según el grupo de seguimiento del Reino Unido Airwars, la evidencia sugiere que hasta 13 civiles somalíes han sido asesinados por ataques aéreos estadounidenses solo en 2020, y la reciente decisión de Trump de retirar las fuerzas estadounidenses de allí no terminará con esos ataques aéreos, y mucho menos la guerra de EE UU, según el Pentágono. “Aunque es un cambio en el despliegue, esta acción no es un cambio en la política de EE UU”, se lee en una declaración del Departamento de Defensa que siguió a la orden de retirada de Trump. “EE UU retendrá la capacidad de llevar a cabo operaciones de contraterrorismo focalizadas en Somalia y de recoger advertencias e indicadores tempranos respecto a amenazas contra la patria”.

La guerra en Afganistán ha seguido una trayectoria similar bajo el presidente Trump. Lejos de rebajar la intensidad del conflicto mientras negociaba un acuerdo de paz con los talibanes y buscaba retiradas de tropas, la administración intensificó la guerra en múltiples frentes, desplegando inicialmente más tropas aumentando su uso de poder aéreo estadounidense. Como en Somalia, los civiles sufrieron enormemente, según un informe reciente de Neta Crawford, del proyecto Costes de la Guerra de la Brown University.

Durante su primer año en el cargo, el Gobierno de Trump relajó las normas de combate e intensificó la guerra aérea en un esfuerzo por conseguir una mejor posición en la mesa de negociaciones. “Desde 2017 hasta 2019, las muertes civiles debidas a los ataques aéreos de EE UU y fuerzas aliadas en Afganistán aumentaron dramáticamente”, escribió Crawford. “En 2019, los ataques aéreos mataron a 700 civiles, más que en ningún otro año desde el comienzo de la guerra en 2001 y 2002”. Después de que EE UU y los talibanes alcanzaran un acuerdo de paz provisional el pasado febrero, los ataques aéreos estadounidenses disminuyeron, pero nunca cesaron por completo. Tan recientemente como el mes pasado, EE UU supuestamente llevó a cabo uno en Afganistán que dio lugar a víctimas civiles.

A medida que esas muertes civiles por la fuerza aérea estaban disparándose, una unidad paramilitar afgana de elite formada por la CIA, conocida como 01, en alianza con fuerzas de Operaciones Especiales de EE UU, estuvo involucrada en lo que Andrew Quilty, escribiendo en The Intercept, denominó como “una campaña de terror contra civiles”, incluyendo “una serie de masacres, ejecuciones, mutilación, desapariciones forzosas, ataques sobre instalaciones médicas, y ataques aéreos con el objetivo de estructuras conocidas por albergar civiles”. En total, la unidad mató al menos 51 civiles en la provincia afgana de Wardak entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019.

Como Akhtar Mohammad Tahiri, el jefe del consejo provincial de Wardak, dijo a Quilty, los estadounidenses “pisan todas las reglas de la guerra, derechos humanos, todas las cosas que dijeron que traerían a Afganistán”. Están, dijo, “comportándose como terroristas. Muestran terror y violencia y piensan que traerán control de esta forma”.

La decisión del presidente Biden

“No somos un pueblo de guerra perpetua, es la antítesis de todo lo que defendemos y de todo por lo que lucharon nuestros ancestros”, escribió el secretario de Defensa en funciones como parte de un informe de dos páginas a los empleados del Departamento de Defensa el pasado noviembre, añadiendo: “Todas las guerras deben terminar”. Su predecesor, Mark Esper, aparentemente fue despedido, al menos en parte, por resistirse a los esfuerzos del presidente Trump de retirar tropas de Afganistán. Pero ni Miller ni Trump resultaron estar comprometidos con acabar de verdad con las guerras de Estados Unidos.

Tras perder la reelección en noviembre, el presidente dictó una serie de órdenes retirando algunas tropas de Afganistán, Iraq y Siria. Virtualmente todo el personal militar va a ser retirado de Somalia. Allí, sin embargo, según el Pentágono, algunas o todas esas fuerzas serán simplemente “reposicionadas desde Somalia a países vecinos para permitir operaciones transfronterizas”, por no hablar de las continuas “operaciones focalizadas de contraterrorismo” en ese país. Esto sugiere que la prolongada guerra aérea seguirá ininterrumpida.

Lo mismo ocurre con otras zonas bélicas donde está previsto que las tropas estadounidenses permanezcan y no se ha anunciado ningún cese de los ataques aéreos. “Todavía vas a tener la capacidad de hacer las misiones que hemos estado haciendo”, dijo el mes pasado un veterano cargo del Pentágono respecto a Afganistán. Miller se hizo eco de esto durante un reciente viaje a ese país cuando dijo: “Especialmente quiero ver y oír el plan para nuestro continuado papel de apoyo aéreo”. Irónicamente, el informe ‘todas-las-guerras-deben-terminar’ del documento de noviembre de Miller en realidad defendía una actitud de guerra eterna insistiendo en la necesidad de “acabar con la guerra que Al-Qaeda trajo a nuestras orillas en 2001”.

En la clásica forma de ‘EE UU-finalmente-ha-dado-el-paso-definitivo’, Miller afirmó que Estados Unidos está “a punto de vencer a Al-Qaeda y sus socios” y “debe evitar nuestro pasado error estratégico de no librar la batalla hasta el final”. Para cualquiera que pueda haber pensado que estaba señalando que la guerra contra el terrorismo estaba acercándose al final, Miller ofreció un mensaje que no podía haber sido más sucinto: “Esta guerra no ha terminado”.

Al mismo tiempo, Miller y varios otros nombrados por Trump tras las elecciones, incluidos su jefe de personal Kash Patel y el vicesecretario de Defensa para Inteligencia en funciones, Ezra Cohen-Watnick, han buscado hacer importantes cambios de política de último minuto en el Pentágono, molestando a miembros de la elite de la seguridad nacional. El mes pasado, por ejemplo, responsables del Gobierno de Trump entregaron al Estado Mayor Conjunto una propuesta para desvincular la Agencia de Seguridad Nacional y el Cibercomando de EE UU. Miller también envió una carta a la directora de la CIA Gina Haspel informándola de que está en peligro un antiguo acuerdo en el que el Pentágono ofrecía apoyo a la agencia.

Informes de prensa indicaron que el Departamento de Defensa está revisando su apoyo a la CIA. El motivo, contaron a Defense One antiguos y actuales responsables gubernamentales y militares, era determinar si fuerzas de Operaciones Especiales deberían ser redirigidas desde las operaciones de contraterrorismo de la agencia hacia misiones “relacionadas con la competencia con Rusia y China”. The New York Times sugirió, sin embargo, que el verdadero propósito sería “hacer difícil” que la CIA llevara a cabo operaciones en Afganistán.

Las retiradas de tropas y los cambios de última hora en la política han sido desechados por expertos y defensores de la elite de la seguridad nacional como los despreciables actos finales de un presidente fracasado. Sea lo que sean, también representan una genuina oportunidad para un presidente electo que ha defendido un giro en la política de seguridad nacional. “Biden acabará con las guerras interminables en Afganistán y Oriente Medio, que nos han costado incalculable sangre y riqueza”, se lee en el plan para “Liderar al Mundo Democrático” en JoeBiden.com. Allí, también, en la letra pequeña, acecha una serie de lagunas sobre luchar-hasta-el-final como la de Miller, como sugieren las palabras en cursiva en esta frase: “Biden traerá a casa la inmensa mayoría de nuestras tropas de Afganistán y centrará nuestro enfoque en Al-Qaeda e ISIS”.

Bajo un acuerdo que el Gobierno de Trump alcanzó con los negociadores talibanes el año pasado, Estados Unidos promovió retirar todas las tropas que quedan en Afganistán para el 1 de mayo de 2021, si ese grupo cumple sus compromisos. Si el equipo de Biden quisiera aprovecharse tanto del pacto de retirada del Gobierno de Trump como de su desesperado esfuerzo para maniatar a la CIA, una parte importante de la guerra estadounidense simplemente expiraría esta primavera. Aunque esto sin duda suscitaría aullidos de angustia por parte de los defensores de esa guerra fallida, el presidente Biden se podría remitir a los poderes de guerra asignados constitucionalmente al Congreso, dejando al poder legislativo la decisión de declarar la guerra en ese país tras todos estos años o simplemente permitir que el conflicto termine.

También podría utilizar el intimidante púlpito de la presidencia para llamar a la expiración de la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés) de 2001, una resolución de 60 palabras aprobada por el Congreso tres días después de los ataques del 11 de septiembre, que se ha utilizado para justificar 20 años de guerra contra grupos como el Estado Islámico que ni siquiera existían el 11-S. Podría hacer lo mismo con la Autorización en Iraq para el Uso de la Fuerza Militar de 2002, que autorizó la guerra contra el régimen de Saddam Hussein en Iraq, pero fue sin embargo citada el año pasado en la justificación del Gobierno de Trump para el asesinato con drones del general iraní Qasem Suleimani.

Tras dos décadas después de que el presidente George W. Bush lanzara “un tipo diferente de guerra”; más de una década después de que el presidente Barack Obama entrara en la Casa Blanca prometiendo evitar las “guerras estúpidas” (aunque prometiendo ganar la “guerra correcta” en Afganistán); seis meses después de que el presidente Trump se comprometiera a “acabar con la era de las guerras interminables”, el presidente electo Biden entra en la Casa Blanca con una oportunidad para empezar a hacer buena su propia promesa de “acabar con las guerras interminables en Afganistán y Oriente Medio”.

Como el presidente Bush señaló en 2001: “Algunas victorias se ganarán fuera de la vista pública, en tragedias evitadas y amenazas eliminadas”. Las guerras de Estados Unidos en el siglo XXI han sido, en vez de eso, tragedias para millones y han llevado a una proliferación de amenazas que dañaron a Estados Unidos de forma importante. El presidente electo Biden ha reconocido esto, apuntando que “quedarse atrapado en conflictos imposibles de ganar solo consume nuestra capacidad de liderar en otros asuntos que requieren nuestra atención, y nos impide reconstruir los demás instrumentos del poder estadounidense”.

Las guerras fallidas sin fin son, sin embargo, también un legado de Joe Biden. Como senador, votó a favor del AUMF de 2001, el AUMF de 2002, y después secundó a un presidente que expandió las intervenciones en el extranjero de EE UU, y nada en su historia personal sugiere que tomará las valientes acciones necesarias para lograr poner un fin a los conflictos internacionales de Estados Unidos. “Ya es hora de que terminemos con las guerras infinitas”, anunció en 2019. En realidad, al entrar en el Despacho Oval se encuentra ante una decisión formidable: ser el primer presidente de EE UU de este siglo que no redoble la apuesta en conflictos internacionales malditos o el cuarto que descubra el fracaso en guerras que nunca se pueden ganar.

Por Nick Turse

30 ene 2021 04:49

tomdispatch.com

Artículo publicado originalmente por Tomdispatch.com y traducido para EL Salto por Eduardo Pérez

Publicado enInternacional
En China, un ex banquero fue ejecutado por "corrupción y bigamia"

Acusado de haber recibido sobornos por más de 200 millones de dólares 

El banquero chino Lai Xiaomin, expresidente del denominado "banco malo" estatal chino Huarong, fue ejecutado este viernes, tres semana después de haber sido condenado a muerte por los cargos de corrupción y bigamia. Xiaomin es el protagonista, según la prensa china, del "mayor caso de corrupción financiera" de la historia del país en una trama de sobornos cuando ocupó un alto cargo en la Comisión Reguladora de la Banca de China (CBRC). 

La sentencia del tribunal, que lo condenó a muerte el 5 de enero, dio por probado que Lai solicitaba explícitamente los sobornos a cambio de ascensos o adjudicaciones de proyectos, algo que "puso en peligro la seguridad y estabilidad de las finanzas nacionales y tuvo un impacto social extremadamente negativo".

El antiguo banquero --que fue expulsado del Partido Comunista de China (PCCh) en 2018-- aceptó sobornos por más de 1.788 millones de yuanes (277 millones de dólares, 225 millones de euros) entre 2008 y 2018, período en el que también había sido uno de los principales dirigentes de la Comisión Reguladora de la Banca de China (CBRC).

Las condenas a muerte son cada vez menos frecuentes en este tipo de casos de corrupción en China, y habitualmente vienen acompañadas de la denominada "prórroga de dos años", que supone que no se ejecuta al condenado a menos que reincida en sus delitos en los dos años siguientes a la sentencia y habitualmente se reduce a cadena perpetua.

Sin embargo, en el caso de Lai jugó en su contra su condición de alto cargo de varios organismos públicos y la "extrema gravedad", según el tribunal, de sus delitos. Lai, detenido desde 2018, fue declarado culpable de participar en el desfalco de otros 25 millones de yuanes (3,9 millones de dólares, 3,2 millones de euros) de las cuentas de la sociedad estatal de gestión de activos financieros que presidía.

Entre sus pertenencias figuraba un alto número de inmuebles, relojes de lujo, automóviles, oro y colecciones de arte. Por el momento, y pese a que la Justicia ha ordenado la confiscación de todos sus activos, se siguen sin recuperar 104 millones de yuanes (16,1 millones de dólares, 13,1 millones de euros) obtenidos ilegalmente por Lai.

Huarong es uno de los cuatro "bancos malos" de ese país. Fue fundado en 1999, tras la crisis financiera asiática, con el objetivo de purgar las insolvencias en el sistema bancario chino. La entidad, tras la llegada de Lai, comenzó a invertir en activos de alto riesgo, según un documental emitido a principios del año pasado por la televisión estatal CCTV.

En ese programa, Lai confesó que prefería los pagos en metálico y que conducía con el maletero lleno de dinero hasta un apartamento al que denominaba "el supermercado", en el que las autoridades encontraron más de 200 millones de yuanes (30,9 millones de dólares, 25,2 millones de euros) en efectivo.

Las confesiones televisadas son cada vez más habituales en China en casos de alto perfil, y la campaña anticorrupción es uno de los programas estrellas del presidente, Xi Jinping.

Publicado enInternacional