Bolsonaro reitera ante los inversores que Guedes, su ‘superzar’ de las finanzas, tiene plena autonomía para liberalizar la economía

El presidente y su ministro presentan los avances en su agenda de reformas para abrir la economía de Brasil

Los inversores con interés en Brasil pueden estar tranquilos, la política económica no está en manos del presidente. Como el propio Jair Bolsonaro les ha explicado este jueves a los 1.500 empresarios reunidos en São Paulo, él es solo un entrenador de futbolistas en los que confía. Y la política económica, ha reiterado el polémico mandatario, es asunto del superzar económico, Paulo Guedes. “La economía es suya, no indiqué a nadie. No interfiero”, ha dicho a un auditorio que ha respondido con un aplauso cerrado. Bolsonaro y Guedes no han logrado llegar al foro de inversores con la reforma de las pensiones definitivamente aprobada, pero el ministro ha reiterado: “La democracia y los mercados son nuestra guía”.

El ultraliberal Guedes entró en el Gabinete del ultraderechista Bolsonaro con la misión de dar la vuelta a la economía brasileña. En su discurso ha presentado la llegada del presidente al poder como una revolución en toda regla para corregir la política económica. Un país con una economía cerrada, un inmenso aparato burocrático y un sinfín de normas. “Los Gobiernos anteriores pusieron la economía por encima del país”, ha dicho el ministro, que se hizo rico en el mundo de las finanzas y casi no tenía experiencia política. Desde su nombramiento está implementando una agenda para sanear las cuentas, desregularizar, encoger la estructura del Estado, hacer concesiones y privatizaciones.

Poco después de que Bolsonaro terminara su discurso, la agencia Bloomberg ha publicado que el Gobieno de Estados Unidos apoya la entrada de Argentina y Rumanía en la OCDE, y no de Brasil, en una carta enviada al organismo pese a que el presidente Donald Trump había prometido a su homólogo apoyar la candidatura brasileña. Horas después el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha tuiteado que que "apoyan totalmente a Brasil para que inice su proceso de acceso".

Coincidiendo con el foro, Brasil ha comenzado a licitar concesiones de explotación petrolífera. “Estamos quitando trabas al petróleo, que lleva cinco años en el mar (sin ser explotado)”, ha remarcado. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, ha asegurado que Brasil empieza a recuperar la confianza exterior. "En un momento que muchos países están mirando hacia dentro y cuestionando el comercio exterior, Brasil está poniendo en marcha una ambiciosa agenda de apertura económica e inserción internacional", ha dicho en un discurso en el que también ha recordado uno de los datos símbolo de la anquilosada economía brasileña. Una empresa requiere 2.000 horas anuales para pagar los impuestos, un récord mundial.

La reforma de las pensiones, la estrella de la agenda legislativa de este Gobierno que es un paso imprescindible para frenar la sangría de las cuentas públicas, está a punto de concluir su procelosa tramitación parlamentaria pero por pocos días no ha llegado a tiempo. Aprobada en julio en la Cámara de Diputados con holgura, el plan es que el Senado celebre la votación final a partir del día 22 para implementar un profundo cambio en el sistema de jubilaciones que supondrá un ahorro de en torno a 900.000 millones de reales en una década (unos 200.000 millones de euros).

La clave es ver en qué queda el ahorro cuando la ley sea definitivamente aprobada. Esa es la señal que esperan los inversores. Aunque la tramitación ha sufrido diversos retrasos, que el Gobierno tenía contemplados, el motivo del último es cuando menos llamativo: la canonización este domingo en Roma de Irmã Dulce —hermana Dulce, la primera santa brasileña—. “Soy católico, pero esto es un chiste. Hay tres aviones llenos de políticos que van a costa del contribuyente, retrasando 10 días la votación de las pensiones”, dijo el senador Major Olimpio, el jefe de la bancada del partido de Bolsonaro. La siguiente gran reforma económica, la tributaria, ya está en marcha,

El presidente ha mencionado el derrame de petróleo que ha llevado chapapote a más de cien playas del noreste y ha hablado de medio ambiente en general, un tema importante para los inversores pero que es también el que más críticas extranjeras le genera. Tras asegurar que pretende explotar la Amazonia “de manera sostenible”, ha reiterado su intención de regular la minería informal. “Queremos legalizar el explotación [minera] para los blancos, como dicen los indios, y para los indios”, ha recalcado el presidente que considera que las regulaciones ambientales, que han sido clave para la preservación del bosque tropical, son un corsé demasiado apretado. Su llegada al poder ha supuesto un enorme debilitamiento de la fiscalización ecológica. El Gobierno ha logrado recaudar este jueves 8.900 millones de reales (casi 2.000 millones de euros) con las licitaciones petrolíferas. Uno de los bloques a subasta, cuya explotación supone, según los ambientalistas, un riesgo para una zona con la mayor biodiversidad marina del Atlántico sur, ha quedado desierto.

Pero las enormes expectativas con las que los mercados recibieron a Guedes y a Bolsonaro —con subidas récord en la Bolsa— no se ha traducido en el crecimiento económico inicialmente esperado, en parte por la coyuntura internacional, y en parte porque el Gobierno se ha enzarzado en infinidad de polémicas y no ha mantenido una relación con el Congreso todo lo fluida que los modos políticos brasileños exigen. “El crecimiento ahora es sostenible, sano, no una burbuja artificial”, ha recalcado Guedes.

Por Naiara Galarraga Gortázar

São Paulo 10 OCT 2019 - 18:22 COT

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Viernes, 20 Septiembre 2019 10:10

¡Bingo! Primer premio: ISA

¡Bingo! Primer premio: ISA

No renuncian a su pretención de feriar la totalidad del patrimonio público construido por generaciones de connacionales. Ahora el gobierno Duque, continuador de la política neoliberal, sondea el ambiente para determinar el mejor momento para privatizar ISA, una de las empresas más rentables del país. ¿Cuáles son las implicaciones de la venta de la multilatina más importante de Colombia?

La empresa de servicios públicos Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) es considerada como la primera multilatina del país, es decir, la empresa nacional con mayor y más potente presencia en toda la región. De sus negocios en el país hacen parte la transmisión de energía, concesiones viales y telecomunicaciones. Mucho más allá del mismo, opera con alrededor de 45.142 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica, 907 kilómetros de autopistas y 49.500 kilómetros de líneas de fibra óptica administrada por Internexa (Ver figura 1 y 2).

En la actualidad sus calificaciones crediticias reflejan su sólido perfil financiero al mostrar flujos de efectivo estables y predecibles (Ver figura 3). Su valorización desde el año 2015, sumando hasta el 18, muestra un incremento del 19,69 por ciento, con un precio en las acciones de alrededor de 18.000 pesos (Ver tabla 1 y 2).

Tabla 1

 

Tabla 2

 

 

Esta multilatina es la cuarta más grande en el índice de acciones Colcap –uno de los índices bursátiles de la Bolsa de Valores de Colombia– y se estima que tiene un valor de 5.200 millones de dólares. Su fortaleza es evidente: durante el tercer trimestre del año 2019 facturó $5,1 billones con activos cercanos a los $42 billones, y planea inversiones por más de $13 billones en el periodo 2018-2022.

Estos indicadores, alentadores para el país y su débil economía, no son suficientes para el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla y el gobierno de Iván Duque, quienes insisten en salir del 51,41 por ciento de acciones que aún posee el Estado en la importante empresa colombiana y de esta manera darle la propiedad de la misma a capitales transnacionales –que en este momento son propietarios del 38,42 por ciento– para supuestamente cubrir el déficit fiscal de $14 billones de pesos que carga el país, pues con su venta estiman recoger un monto total de alrededor de $10,2 billones de pesos.

 

Continuidad de la privatización de los bienes públicos

 

El gobierno de Iván Duque no es el primero en proponer la privatización de ISA. Algunos de los que le antecedieron la sometieron a un largo proceso de privatización.


El primero en afectarla fue el de Cesar Gaviria, promotor de la mal llamada “Apertura económica”, con la cual disfrazó la privatización de importantes bienes públicos de la sociedad colombiana. Su gobierno, con las leyes 142 y 143 de 1994, ordenó escindir ISA y de esta manera formar Isagen (1995), empresa hoy privatizada de generación y comercialización de energía, quedando en ISA solo la trasmisión de energía y las telecomunicaciones, segmento económico que hoy maneja Internexa.

Después (1996), bajo el gobierno de Samper cambian de forma irregular la estructura jurídica de ISA, de una empresa industrial y comercial del Estado a empresa de servicios públicos mixta, constituida por acciones.

Como si fuera una maldición empecinada con acabar con ISA, en 1999, durante el periodo de Andrés Pastrana, subvaloran la empresa tasándola en una tercera parte de su valor real, con el fin de entregarla a multinacionales. La artimaña privatizadora despertó repudio en amplios sectores nacionales, quienes al denunciar lo que estaba en curso explicaron a la sociedad colombiana lo negativo de feriar un bien estratégico, fundamental para la prestación de los servicios públicos esenciales y fundamentales.

 

 

Pese a su derrota, gobernantes, políticos y magnates de la especulación no renuncian a su pretensión de privatizar a ISA. Es así como durante el gobierno de Uribe y el de Santos, maniobran nuevamente con medidas jurídicas para debilitarla, creando empresas filiales, potenciando la flexibilización laboral, trasladando trabajadores a otras entidades, eliminando sindicatos, incrementando tarifas, entre otras de las medidas aplicadas.


Incoherencia. Vale la pena recordar que cuando el gobierno de Juan Manuel Santos propuso la privatización de Isagen, fue la bancada del Centro Democrático una de las principales opositoras a esta iniciativa, hasta el propio Iván Duque –entonces senador– expresó: “Yo creo que si esta privatización tiene lugar sería un gran despojo para la nación y sería algo que mal señalaría ante la opinión pública la actitud de este Congreso, el no haber presionado por mejores instrumentos financieros, el no haberle dado mejores opciones al pueblo colombiano y haberle quitado una empresa rentable, un activo que es símbolo de rentabilidad financiera, ambiental y social”*. La venta de de Isagen no pudo impedirse. Los que ayer se ‘opusieron’ a esta privatización hoy son los promotores de igual suerte para ISA.

 

Efectos de la venta de ISA

 

Actualmente el Estado participa en 107 empresas que podrían ascender a un valor de $160 billones de pesos. El gobierno de Iván Duque estima reunir $30 billones de pesos en cuatro años con la venta de activos de estas empresas, de los cuales espera recaudar $5 billones en el 2019; es por esto que han iniciado los procesos de venta de Ecopetrol –de la cual espera privatizar el 8,5 por ciento que esta pendiente desde la década pasada– y el porcentaje accionario que al Estado le queda de ISA.

Vender una empresa como ISA implica perder una fuente de recursos presentes y futuros para Colombia, los que pasarían a enriquecer los bolsillos de los propietarios de las trasnacionales que se adueñarían de la multilatina, lo que además sería la renuncia a la seguridad eléctrica de país.

 

 

No se puede olvidar que ISA es una empresa estratégica para el progreso, desarrollo y autonomía económica del país, y que es la última empresa del sector eléctrico de orden nacional que le queda al pueblo colombiano. Privatizarla es entregar la posición estratégica que tiene Colombia como el único puente terrestre entre Centroamérica y Suramérica, lo que debela la importancia de esta empresa para las telecomunicaciones y el intercambio en la transmisión de energía entre países del sur, centro y norte del continente.

 

Una empresa para el futuro si luchamos por ella

 

Hay que entender que la operación de ISA en el mercado de la energía, vías y comunicaciones en Latinoamérica ha sido exitosa, de lo cual dan cuenta sus resultados en los mercados de Perú, Brasil y Chile, lo que en parte le permitió en 2017 cumplir con las metas previstas y trazadas para 2020, las cuales implicaban triplicar las utilidades del año 2012. Ante esto, la multilatina tiene una estrategia de apertura y crecimiento para el 2030 que implica aumentar su participación en la construcción de vías en Colombia y Perú, así como abrir nuevos mercados en países como Estados Unidos, Argentina y México.

Sin embargo, el escenario es escabroso y al parecer las proyecciones de futuro quedarán en el aire ante la imposición de absurdas ideas de seguir feriando lo público. La desinformación reinante en el país, el temor que se acrecienta sobre las comunidades producto del asesinato continúo de líderes y lideresas, la atomización de los diferentes movimientos sociales –cada uno tratando de resolver sus urgencias–, con sindicatos debilitados producto de diferentes agresiones y errores en su conducción, así como la ausencia de la alternativa política con capacidad de liderazgo y de movilización nacional, auguran una resistencia menor del pueblo colombiano ante lo que ya se ve venir.

Ante este oscuro panorama, donde la intensificación del conflicto armado se avecina, donde los referentes políticos y sociales cada vez son más difusos y la democracia es un simple formalismo, es urgente luchar por los bienes públicos –producto del ahorro nacional–, los mismos que dignifican y deben ser resguardados en su naturaleza, pues sirven al desarrollo de los pueblos y a resguardar el bienestar de los territorios.

El reto de proteger a ISA de su privatización es un reto mayúsculo que pondrá a prueba al conjunto de actores sociales alternativos del país. La alarma es para cerrar filas y con ello impedir que la lleven a cabo, levantando al mismo tiempo banderas de gobierno alterno, garantizando con ello que lo público en verdad sea administrado y planeado de cara al país, garantizando así, en toda su palabra, el bienestar del conjunto social.

* https://congresovisible.uniandes.edu.co/agora/post/vender-isagen-es-premiar-el-derroche-y-la-falta-de-creatividad-financiera-senador-ivan-duque/7240/

 

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Martes, 10 Septiembre 2019 04:50

Deterioros neoliberales en América Latina

Deterioros neoliberales en América Latina

Las leyes neoliberales impuestas en América Latina por Estados Unidos y organismos financieros internacionales como fundamento principal del capitalismo, han llevado a la región a enfrentar grandes escollos económicos y sociales para su subsistencia. 

El objetivo de ese sistema como parte del capitalismo globalizado es impulsar la liberación del comercio en general, eliminar la injerencia del Estado en la economía y reducir al máximo el gasto público con el consecuente empobrecimiento de millones de habitantes y en contraposición, el enriquecimiento de pequeñas minorías.

Son varios ejemplos los que destacan en esta oleada de derechización regional auspiciada desde Washington y que han llegado al poder por diferentes vías como golpes de Estado, destituciones parlamentarios o elecciones fraudulentas.

Empecemos por Honduras, donde tras el golpe al presidente Manuel Zelaya se eliminaron el ciento por ciento de las leyes acordadas en ese corto período para beneficio del pueblo, lo que trajo como consecuencias la congelación de la Ley del Salario Mínimo, pérdida de 300 000 empleos, fragmentación de las jornadas laborales, derogación de los acuerdos con el ALBA, restitución de privilegios a las compañías transnacionales e impulso de las privatizaciones.

En la actualidad, según el diario La Prensa, casi seis millones (71 %) de los 8,5 millones de habitantes del país son pobres; de esa cifra, 4,2 millones están en situación de extrema pobreza que tratan de sobrevivir con solo un dólar al día, mientras solo 15 familias controlen el 80 % de las riquezas nacionales.

Guatemala ha sido considerado uno de los Estados fallidos arrasados por Occidente donde se unen corrupción, pandillas, pobreza, desigualdad, desnutrición y mortalidad infantil.

Los economistas aseguran que el país se aproxima a la catástrofe humanitaria y las áreas rurales son las más afectadas, de donde procede la mayoría de los emigrantes. Los recursos son escasos, la presencia del Estado inexistente, el crimen organizado poderoso y la presión de los grupos de poder para implementar proyectos mineros e hidroeléctricos, casi insostenible

Un Informe de Desarrollo Humano elaborado por la ONU asevera que más de tres millones de guatemaltecos viven en pobreza extrema y casi 12 millones de personas, 67 % de la población, "sufre carencias que vulneran su bienestar".

Paraguay esta considerado uno de los países más desiguales de Suramérica, donde la pobreza golpea al 30 % de la población que ha sufrido en los últimos años grandes inundaciones y dejado desamparados a miles de habitantes. Para la ONG Oxfam ésta es la cara más cruel de la desigualdad en un país donde los más pobres ganan hasta 22 veces menos que los más ricos. Asimismo, con la progresiva mecanización de la agricultura, ligada a la producción extensiva de la soja, se produjo un éxodo masivo desde el campo y los emigrantes que huyeron del hambre se instalaron en áreas de riesgo, como el lecho del río Paraguay en los barrios de Asunción, vulnerables a las riadas.

En cuanto a Ecuador, en solo dos años el gobierno de Lenín Moreno ha impulsado al Estado a la década de 1990 al desmontar importantes avances democráticos de la Constitución Política de 2008. Durante los gobiernos de Rafael Correa el país redujo la pobreza y los programas sociales beneficiaron a los habitantes pero ahora, con los acuerdos con el FMI, Moreno redujo el gasto público de 3 461 millones de dólares a 773 millones con graves perjuicios para las mayorías.

Pero los casos más desafortunados en los últimos tiempos han sido los de Argentina y Brasil. En este último, tras el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y las arbitrariedades jurídicas para detener a Inacio Lula da Silva para que no se pudiera presentar a elecciones, los regímenes de Michel Temer y de Jair Bolsonaro han desmontado todos los programas sociales y privatizado numerosas empresas públicas.

Entre los más afectados aparece el Sistema Único de Salud (SUS) instaurado por los gobiernos de Lula y Dilma que atendía al 65 % de la población y que Temer y Bolsonaro lo redujeron drásticamente con la excusa de que “no hay suficiente capacidad financiera que permita suplir todas las garantías constitucionales”. A la par, ambos gobiernos atentaron contra la Amazonía al autorizar a terratenientes y empresas transnacionales a deforestar esa reserva de la biosfera mundial.

Mientras en Argentina, con la llegada al poder de Mauricio Macri y su política neoliberal llevaron a la nación a un endeudamiento abismal, acuerdos leoninos con el FMI y profunda devaluación de la moneda que pasó de 2014 a la fecha de 16 a 61 pesos por dólar.

Según la Universidad Católica Argentina (UCA) la "pobreza multidimensional" que abarca carencias económicas, de diversos derechos y servicios básicos, subió al 41,2 % de los habitantes.

En cuatro años de gobierno, se duplicaron los precios del transporte público automotor y en 70 % los del metro urbano; el costo de la luz subió en 500 %; el agua y gas en más de 320 %; la atención médica y de las medicinas en 50 %, y la gasolina, 30 %. La Argentina actual es una nación fallida dirigida no por Macri, sino por el FMI.

Después de estos ejemplos podríamos preguntarnos: ¿Permitirán nuestros pueblos continuar siendo saqueados por el sistema neoliberal capitalista? El tiempo dará la respuesta.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

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“La corrupción es el caballito de batalla de todas las derechas”

Por estos días, Rafael Correa viene denunciando una persecución política por parte del actual mandatario, Lenin Moreno. Pero el cambio de signo político ecuatoriano es aún más profundo: la transición hacia una derecha más radical se impone con poca resistencia social, observa Mauro Cerbino. En diálogo con Página/12, el investigador de la Flacso Ecuador analiza los rasgos del gobierno de Moreno en un escenario regional de viraje hacia una derecha que vino para quedarse. Aunque advierte que los resultados de las elecciones en Argentina son el ejemplo de un “volver a pensarse de los pueblos en Latinoamérica”.

-¿Qué implicancias tiene el cambio de signo político en la región?

-En la región estamos observando el retorno de las derechas y el ocaso de aquellos procesos que pudimos definir como progresistas. Estamos acostumbrados a un movimiento cíclico en la región, pero no debemos olvidar nunca quiénes son los que tienen el verdadero poder: el poder de la banca y de las finanzas, los poderes militares, los poderes de la opinión, los grandes medios de comunicación. Los grandes poderes fácticos nunca descansan. Cuando viven momentos que les son contrarios o les afectan, presionan para que haya un cambio. Cuando retorna, la derecha lo hace con mayor fuerza porque es capaz de neutralizar el poder existente.

-¿A qué "poder existente” se refiere?

-A la potencialidad que se expresó en la construcción política anterior a este gobierno. El presidente Lenin Moreno es, en verdad, una transición hacia la derecha más radical, que podría venir próximamente y que tendría el gran poder de enterrar, desactivar y vaciar de sentido aquel vocabulario que, durante el gobierno de Rafael Correa, fue capaz de sostener discursivamente una acción política novedosa y alternativa.

-¿En qué reside la importancia de los discursos para la acción política?

-¡El vocabulario es importante! El gobierno de Correa, desde 2007 hasta 2016, se propuso construir una nueva terminología política; eso tuvo efectos en la construcción de subjetividades, especialmente de los sectores populares. Uno de los dispositivos más importantes de la acción política de Correa fueron los “Enlaces” todos los sábados. En ese espacio, se nutría de los significantes clave de ese vocabulario político que marcaba una diferencia con el pasado, esos significantes podrían tener la capacidad de incidir en lo que Gramsci llamaba “el sentido común”. ¿Cómo transformamos el sentido común que han ido configurando los grandes medios de comunicación? ¡Disputando significantes! En Ecuador no solo vendrá la derecha, sino que esa derecha tendrá la capacidad de vaciar el vocabulario.

-¿Por qué se desactivaron esos significantes?

-Esos significantes se hicieron carne en los sectores populares. Siempre hubo una identificación con el líder; caído el líder, se vacía también el discurso. El logro actual es que se haya revertido la construcción de aquellos significantes y, en su lugar, se lograra poner la corrupción en la agenda pública. La corrupción es el caballito de batalla de todas las derechas del mundo. Ha sido una gran arremetida sobre el impacto emocional, tratar la problemática de la corrupción política atribuida al anterior gobierno. Eso ha neutralizado cualquier posibilidad de mantener vivos aquellos significantes.

-¿Por qué cree que es tan eficaz instalar la corrupción como tema de agenda?

-La corrupción tiene mucho apego, sobre todo en la clase media. No solo porque está bien orquestado por el discurso político del actual gobierno ecuatoriano y los medios de comunicación, sino porque va directo a la psicología del ciudadano de clase media.

-¿Cómo funciona esa psicología?

-El razonamiento es: “¿cómo es posible que aquellos que nos habían hecho creer esto, aquello y lo otro, se fueran llevando partes del recurso público? ¿Y cómo es posible que yo no haya participado del reparto de la torta?” No se olvide de que en la clase media, más que un colectivo hay un conjunto de yoes. Lo que abona el resentimiento de clase media no es solo que se hayan cometido actos de corrupción, sino el hecho de no haber participado de ese reparto. Y ese argumento es muy eficaz del lado del receptor. Mi foco no está puesto en cómo viene armado ese discurso desde el gobierno o los medios, sino en cómo pega en la gente, porque la gente se siente defraudada, pero no tanto porque no sea justa la corrupción, sino porque le afecta en su bolsillo.

-¿Qué factores explican la desactivación de la figura de Rafael Correa, tratándose de un ex presidente que terminó su mandato con imagen positiva?

-Desde el punto de vista simbólico, pesa mucho que Correa se haya ido a otro país a poco de haber terminado su gobierno. En algunos casos, eso debe haber producido algún tipo de escozor; creo que esa decisión ha tenido sus defectos en términos simbólicos. Luego están los cuadros intermedios de ese movimiento que nunca quiso ser partido. No es posible construir un escenario político si no se crea una organización que se parezca a la estructura de un partido. La idea de movimiento dura un tiempo, pero luego debe convertirse en otra cosa, especialmente cuando el movimiento político tiene aspiraciones de gobierno. Por eso, cuando cae el gran líder que personificó el proceso, que incluyó públicos muy diferentes en colectividades —no solamente las clases más plebeyas o parte de la clase media, sino que también convenció a otros sectores— que se identificaron con ese líder, no hay recambio. Ese liderazgo fuerte permitió que se mantuviese el proceso a lo largo del tiempo. Pero el líder no es vitalicio. Por eso, cuando cae el líder muestra la costura y, con ello, sus límites. El populismo en general tiene esta paradoja: un liderazgo fuerte viabiliza procesos de cambio a veces acelerados, y a la vez representa un límite debido a la incapacidad de ser reemplazado.

-¿Cómo hacer sostenible estos procesos, más allá de esos liderazgos fuertes?

-Es necesario razonar sobre el recambio, los líderes no son eternos. En el caso venezolano, como en el ecuatoriano y el boliviano, parecería que los líderes que han dado paso a esos procesos bloquearon ellos mismos la posibilidad de generar cuadros que puedan luego convertirse en potenciales líderes.

-¿En qué medida la polarización política es condición de posibilidad de los gobiernos de derecha en la región?

-Creo que se acabó el tiempo de la polarización. Hoy, en el Ecuador, hay un gobierno que está manejando la crisis y tratando de administrar la transición hacia una derecha más radical. Pero el nuestro no es un país polarizado; no sabría reconocer cuáles son los polos enfrentados. También a ese respecto habría que preguntarse sobre la responsabilidad del gobierno anterior.

-¿Por qué lo dice?

-El anterior gobierno también neutralizó, incluso, las mínimas capacidades de resistencia y de protesta que podían persistir en este país. Desarticuló los movimientos sociales, despotenciándolos. Un país sin movimientos sociales pierde la columna vertebral, y por ende, la posibilidad de organizar políticamente, toda acción de protesta. Hoy están reformando, casi mutilando, la Ley de Comunicación, como lo hicieron en Argentina con la Ley de Servicios Audiovisuales. Hemos hecho unos comunicados y varios intentos, pero estamos seguros de que vamos a perder. ¿Dónde está la capacidad de organizarse políticamente y generar presión sobre el gobierno o el Parlamento para no retroceder a antes de 2007? La polarización, en definitiva, es un signo político muy importante, es la esencia de la política. Yo, en cambio, veo una sociedad política neutralizada, vaciada de vocabulario progresista; veo un gobierno que está administrando una transición hacia la derecha radical y no veo ninguna posibilidad de resistencia y oposición de ningún tipo.

-¿Cómo observa esta “transición” del gobierno de Moreno, en lo económico y social?

-Desde el punto de vista económico, no hemos tenido grandes shocks como los que están viviendo en Argentina. Aunque sí hubo cierto cambio de política económica. En los años anteriores pensábamos en nacionalizar empresas y ahora, en cambio, estamos privatizando las empresas del Estado. Hay retrocesos en cuanto al rol de los medios de comunicación y la famosa norma de la distribución del espectro radioeléctrico. Pero desde el punto de vista macroeconómico, lo que se está haciendo no produce siquiera reacciones por parte de los sectores de la sociedad.

-¿Y en áreas como educación y salud?

-Esas áreas sensibles se han mantenido. En educación superior se ha mantenido el mismo presupuesto. Inicialmente se quiso reducir, pero inmediatamente empezaron las reacciones contra esa medida y se regresó a los anteriores presupuestos. Desde el punto de vista económico, este gobierno está tratando de aguantar lo más posible, aunque la deuda está aumentando. Para este año están previstos cerca de ocho mil millones de dólares de deuda nueva, y cara, además.

-¿Cara?

-Es una deuda importante, contraída con intereses cercanos al 11%. De hecho, se habla del Fondo Monetario Internacional. En el tiempo que lleva este gobierno se tomaron decisiones desde el punto de vista del impacto discursivo, recurriendo al slogan “el gobierno de todos”. Una cosa que, obviamente, ya hace reír, porque nunca un gobierno puede ser de todos. Pretenden mostrar que en todos los espacios hay momentos de deliberación que luego se traducen en política pública. Pero es solo un maquillaje, una retórica. Y los medios de comunicación se han alineado con el gobierno sin demasiado esfuerzo.

-¿Observa cambios en el mercado de trabajo en estos dos años de gobierno de Lenin Moreno?

-Ha aumentado el subempleo, más que el desempleo. Pero a diferencia de Argentina, este país en los últimos años ha vivido una especie de burbuja, donde fue posible producir una serie de medidas. Por ejemplo, la eliminación de la tercerización.

-¿Cómo se logró eliminar la tercerización?

-En los hechos, no se podía abaratar costos laborales contratando a terceros para realizar actividades que las empresas estaban en condiciones de realizar con personal propio. Y además el Estado fue el gran inversor. Es decir que, desde 2007 y hasta 2014, el gran caudal de inversiones en el Ecuador estuvo dirigida por el Estado, en parte gracias a los altísimos niveles del petróleo, a lo que se sumaron algunas acciones bien desarrolladas por parte del gobierno de Correa. Luego empezó la crisis y en 2016, el gran terremoto.

-Entre esas acciones, ¿incluye la investigación y reestructuración de la deuda externa?

-La redefinición de la deuda fue beneficiosa. Hubo un momento de mayor efervescencia económica que permitió al Estado invertir muchísima cantidad de dinero en obras y eso generó más trabajo. La burocracia creció bastante durante el gobierno anterior, con un fuerte incremento de los puestos de trabajo. Hoy se nota que hay un problema, pero tampoco es muy notorio todavía. Hay desempleo, pero no es tan importante como en otros países. Por eso digo que no hay ningún motivo que nos haga pensar en la posibilidad de un estallido. Lo que sí hay es una amenaza permanente de salirse de la dolarización. Y ese es un recurso discursivo al que el gobierno acude mucho con la amenaza de: “si no hacemos bien las cosas…”, “si no cuidamos las cuentas…”, “si no disminuimos el gasto público…”.

-¿Qué cree que puede ocurrir en las próximas elecciones?

-Nuestro país está claramente dividido entre sierra y costa. En la costa está la mayor cantidad de empresas exportadoras de banano, de camarones, de los commodities que exporta Ecuador. Pero en la costa están también los líderes de la derecha tradicional, muy conservadora y radical. En este gobierno estamos viendo cómo en ciertos puestos clave hay personas que vienen de la costa. La incógnita, por ahora, es entender el comportamiento político de la sierra y especialmente de Quito, y ver si lo que queda de la revolución ciudadana —el movimiento de Correa— es capaz de reorganizarse electoralmente.

-¿A qué puestos clave se refiere, puntualmente?

-El vicepresidente viene de una familia empresaria de Guayaquil, es un joven de poco más de 30 años. El presidente le ha encargado las funciones principales relacionadas con la economía, más puntualmente la relación con las empresas. Pareciera que con este gobierno se está produciendo una entrada paulatina de las élites de la costa, en particular de las élites de Guayaquil. Las élites de la costa han estado muy retrasadas desde el punto de vista del ejercicio del poder del Estado, y este pareciera ser su momento de ingreso. Espero equivocarme, pero cuando la derecha vuelve, vuelve para quedarse, para permanecer más tiempo del que pudieron permanecer los gobiernos progresistas cuando se dieron las condiciones para gobernar desde una perspectiva que no fuera de derecha. Porque los tiempos de la derecha son siempre más largos que los tiempos del progresismo y de la izquierda. El centro no existe en política. Y la derecha en el Ecuador no es una derecha conservadora al estilo del conservadurismo europeo. Es una derecha mucho más retrógrada e inequitativa.

-¿Cree que el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en las elecciones de Argentina tendrá algún efecto a nivel regional?

-Podría ser, considerando además la magnitud de la diferencia obtenida en las PASO en relación a la coalición liderada por Macri. Podría ser un ejemplo interesante de un volver a pensarse de los pueblos que en Latinoamérica se han volcado hacia la derecha, tras capitalizar algunos malestares producidos en los gobiernos progresistas. Pero, sobre todo, por no haber profundizado dichos gobiernos en las reformas estructurales para un sólido cambio político en nuestras sociedades.

¿Por qué Mauro Cerbino?

En el inicio de su currículum se lee claro: el objetivo de Mauro Cerbino es colaborar con distintas instituciones en la “comprensión de los distintos actores sociales y culturales —especialmente los jóvenes— y de la comunicación mediática, política y del común”. Es doctor en Antropología Urbana por la Universitat Rovira i Virgili, fue decano del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de la Flacso Ecuador, y actualmente integra el Caces, equivalente a la Coneau argentina. 

En una combinación entre vigilancia epistemológica y consecuencia política, Cerbino exploró experiencias sociales de lo más diversas: después de años de estudiar las organizaciones juveniles de la calle, se adentró en el corazón de los medios comunitarios en el Ecuador. Su investigación quedó plasmada en diversos libros: El lugar de la violencia (Taurus-Flacso), Más allá de las pandillas (Flacso) y Por una comunicación del común (Ediciones CIESPAL).

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Miércoles, 04 Septiembre 2019 05:32

Repensar la utopía

Repensar la utopía

¿Tiene sentido reivindicar la utopía? Más que nunca. En tiempos de indigencia política en los que el progreso social corre el riesgo de estancarse, e incluso de invertirse, y donde el pensamiento único campa a sus anchas, es la única opción coherente.

 

La utopía secularizada relata cómo los avances sociales se consiguen únicamente mediante la protesta social y la movilización ciudadana, a veces tras décadas o siglos de insistencia. El mundo no mejora por sí solo.
Francisco Martorell. “Soñar de otro modo”.

 

Corren malos tiempos para la utopía política, esto es, para la concepción de modelos sociales que aspiren a construir un mundo más justo reorganizando nuestras instituciones. La esperanza social se ha reducido a un esqueleto de ilusión: son Google y las grandes compañías las que nos prometen ahora la sociedad de la abundancia. Mientras la utopía política desaparece, las distopías, creadas en el periodo de entreguerras del siglo pasado, se adueñan de la cultura entera. Moviéndose entre obras inquietantes y de alta calidad a otras, la mayoría, dirigidas al disfrute sensacionalista de las masas, el éxito de la distopía denota que la fe ilustrada en un futuro mejor ha dado paso al miedo postmoderno a un futuro peor. Da igual que nos fijemos en la ciencia ficción o en la filosofía, en el activismo o en el arte: un estado de ánimo distópico monopoliza el ambiente, extendiendo la pasividad y el derrotismo, actitudes muy del gusto del establishment.

Francisco Martorell Campos, doctor en Filosofía y miembro del grupo de estudios Histopía, explica en Soñar de otro modo. Cómo perdimos la utopía y de qué forma recuperarla (La Caja Books, 2019) cómo llegamos a esta situación. Fue con el nacimiento del neoliberalismo cuando se declaró de forma definitiva la impertinencia del pensamiento utópico y se propagó el dogma, apuntalado en 1989, de que “no hay alternativa”. Desde entonces, todo queda en manos del individuo, y buscar la transformación social de manera programática se contempla como un objetivo absurdo, anticuado y peligroso. Vivimos, se dice, en el mejor, o menos malo, de los mundos posibles. El argumento de base es que la historia demuestra que siempre que las utopías trataron de convertirse en realidad terminaron en tragedia. Como antídoto, el neoliberalismo invita a fijar en las “preferencias” y “esfuerzos” individuales el camino hacia la felicidad. Eso implica, entre otras cosas, la progresiva degradación de lo público y el auge simultáneo de lo privado, la sustitución del nosotros por el yo y la reducción de la existencia a un juego solitario atravesado por el riesgo y la incertidumbre.

Pese al empeño neoliberal de blanquear el orden dominante, es fácil descubrir trazos distópicos en sus dominios. La crisis de 2008 y su multitud de secuelas perniciosas, el ascenso de la extrema derecha o el desastre medioambiental prueban la necesidad de luchar por un futuro distinto, libre de los males vigentes. Pero no actuamos en consecuencia. De una forma u otra, hemos interiorizado la cosmovisión neoliberal. Nos hemos acostumbrado a vivir en una distopía light y a pensar distópicamente. O lo que es lo mismo, a contemplar con resignación a las víctimas –parados, emigrantes, trabajadores precarios, ancianos o niños desamparados- que genera. Lo máximo a lo que ambicionamos es a rescatarlas, a impedir este o aquel despropósito concreto (un desahucio, un vertido ilegal, etc.), a defender los logros heredados..

Desutopizados por completo, actuamos y meditamos a corto plazo, a pequeña escala y a la defensiva, huérfanos de alternativas globales al sistema imperante, sin iniciativa ni proyectos de transformación a largo plazo. Al morder el anzuelo de que la utopía es necesariamente tóxica, renunciamos a forjar el porvenir y olvidamos que, aunque abrigó cuantiosos aspectos totalitarios durante la modernidad, inspiró, de igual manera, los aspectos más edificantes del mundo en el que vivimos. Pocos recuerdan que el sufragio universal fue en su día una medida utópica, por no hablar de los derechos de la mujer. Y menos aún los que se hacen cargo de que el programa tipo de las formaciones socialdemócratas de los cincuenta y sesenta parecen hoy revolucionarios.

Deseoso de revertir la situación, Francisco Martorell propone una renovación de la utopía política capaz de alejarla de cualquier forma de autoritarismo y de reinstaurar el impulso utópico en la teoría y la práctica transformadoras. Para ello, recorre la historia de la utopía literaria, desde Tomas Moro hasta Kim Stanley Robinson, pasando por H. G. Wells y Úrsula K. Le Guin. Este periplo, que incorpora un recorrido análogo alrededor de la distopía, se desarrolla en torno a tres áreas: la naturaleza, la historia y la sociedad. Partiendo de las transformaciones recientes producidas en cada una de ellas y desenmascarando los aspectos ideológicos de fenómenos como el ecologismo, el transhumanismo, el conservacionismo, la nostalgia sistémica, las políticas de la memoria, las redes sociales y las políticas de la diferencia, Martorell sugiere cómo debería desplegarse la utopía para desprenderse de sus nocivos fetiches modernos (la naturaleza pura, la historia dotada de sentido intrínseco, la sociedad armónica-totalizada), para sortear las trampas postmodernas de lo políticamente correcto y colmar las necesidades emancipatorias actuales.

¿Tiene sentido reivindicar la utopía? Más que nunca. En tiempos de indigencia política en los que el progreso social corre el riesgo de estancarse, e incluso de invertirse, y donde el pensamiento único campa a sus anchas, es la única opción coherente. La propuesta de Martorell de una utopía secularizada, que apueste por políticas concretas como la renta básica o el reparto del trabajo, nos permite recuperar cierta esperanza, no en el porvenir por sí solo, tal como nos anuncian los tecnólogos, sino en la capacidad de imaginar, planear y construir juntos un mañana mejor. Nos sacude la parálisis, el victimismo y el entontecimiento letárgico procedente de la sociedad actual, rendida a la distopía del “no hay alternativa”. Nos enseña, de paso, cómo renunciar a la utopía es el síntoma principal de que el neoliberalismo nos ha derrotado, por muy anti-neoliberales que nos guste exhibirnos…

Por Leo Sousa / Andoni Alonso


publicado

2019-09-04 08:00

Publicado enCultura
Lunes, 02 Septiembre 2019 06:03

Antineoliberalismo

Antineoliberalismo

 Ante el inaguantable torrente de ataques, asaltos, crímenes, corrupción, impunidad y las medidas descaradamente crueles del régimen estadunidense en estos últimos dos años, no es difícil perder de vista el surgimiento de otras fuerzas que, por ahora, ofrecen rayos de luz vitales con un potencial que preocupa, y mucho, a la cúpula económica y política de este país.

Durante las últimas cuatro décadas, Estados Unidos –al igual que tantos otros países del llamado Tercer Mundo– fue sometido a la receta neoliberal con muchos de los mismos efectos, aunque en diferentes escalas, y con el mismo resultado final: una concentración de la riqueza y la correspondiente desigualdad económica que hoy esta al centro de la disputa por el futuro.

Ante ello, al igual que en otros países, brotó aquí una resistencia antineoliberal que se expresó de diferentes maneras, incluida la lucha contra el TLCAN (definido entonces como "el candado de las reformas neoliberales" en los tres países) y después el movimiento altermundista; pasando por la resistencia de los inmigrantes, al estallido de Ocupa Wall Street.

Tal vez lo más sorprendente es que ahora muchos de los actores antineoliberales se identifican, abiertamente, como "socialistas", y bajo esa amplia y ambigua bandera están definiendo gran parte del debate político nacional, incluyendo en la pugna electoral presidencial a través de figuras como el senador "socialista democrático" Bernie Sanders.

Aunque algunos intentan descartar la importancia de estas expresiones, la cúpula suprema del país está cada vez más preocupada por estas fuerzas antineoliberales.

La Business Roundtable, integrada por 192 ejecutivos en jefe de las empresas más grandes del país, recién emitió una extraordinaria declaración sobre el "propósito" de las empresas, al señalar que el objetivo de generar ganancias para accionistas ya no debe ser la única meta y que ahora debería incluir servir los intereses de sus clientes, sus trabajadores y las de sus comunidades y proteger el medio ambiente, herejía absoluta de la biblia neoliberal de Milton Friedman. Reconocieron que el sueño americano no está funcionando para todos, y resaltaron la desigualdad de ingresos como un problema central, ellos han de saber, son el 1 por ciento. (opportunity.businessroundtable.org/ ourcommitment/). En los últimos meses, otras figuras empresariales han sonado alarmas de que el "sistema" podría estar enfrentando un momento "existencial".

El propio presidente ha repetido que "estamos alarmados por las llamadas por adoptar el socialismo" y reitera en sus mítines: "jamás permitiremos que Estados Unidos se vuelva un país socialista".

Este pánico empresarial y político es, en gran medida, un reconocimiento de que hay una creciente desilusión con el experimento neoliberal, y que el mensaje de políticos como Sanders contra la injusticia económica del sistema actual está resonando cada vez más un amplio apoyo entre el electorado.

Desde hace un par de años, de manera paralela con el fenómeno populista de derecha, las fuerzas autodefinidas socialistas, junto con aliados progresistas, también han captado la atención y cada vez más poder, dentro del Congreso y en puestos locales y regionales. Más aún, buena parte del debate político entre el establishment gira sobre cómo y cuándo floreció el socialismo en este país, y cómo controlarlo. Diversas encuestas registran que la mayoría de los jóvenes menores de 30 años de edad favorecen el socialismo sobre el capitalismo por primera vez; y 43 por ciento de todos los estadunidenses dicen que el socialismo sería positivo para este país.

Muchos de los movimientos progresistas más importantes y poderosos del momento –desde los dreamers inmigrantes, a Black Lives Matter, los estudiantes contra las armas, y ahora las colegas de Greta Thunberg, entre otros– de alguna manera están rechazando si no el modelo mismo, sí las consecuencias violentas del neoliberalismo.

Tal vez todo esto apunta a que el actual régimen es el último grito histérico para defender un modelo bárbaro ante estos movimientos civilizadores.

Publicado enInternacional
Jueves, 22 Agosto 2019 05:38

La guerra del agua

La guerra del agua

Se dice que las futuras guerras serán por el agua, pero lo cierto es que hoy ya se libera una lucha entre la apropiación del agua por parte de las transnacionales, frente a millones de ciudadanos que no tienen acceso al líquido elemento. Es una lucha entre la codicia del lucro privado y el derecho humano al agua de millones de ciudadanos.

Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta, el problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa.

El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10% se destina al abastecimiento de agua potable para la ciudadanía.

Según la ONU, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.

En cuanto a América Latina y el Caribe, más de un tercio no tiene acceso al agua "gestionada de forma segura".

Alrededor del líquido elemento se disputan grandes intereses y se generan conflictos como los que viven muchos países como Honduras, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, etc. Al otro lado del mapa mundial, Palestina, la República Democrática del Congo, son países donde el acceso al agua hace la diferencia entre la vida y la muerte.

El agua es un derecho humano

Luego de intensos esfuerzos, el año 2010, Bolivia junto a otros países logró que la Asamblea General de la ONU reconociera explícitamente que "el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos".

A los países les queda claro que deben buscar soluciones al problema. Para ello los Gobiernos ejecutan diferentes esquemas. Pero la preocupación surge cuando los Parlamentos y Gobiernos buscan 'transferir' a la empresa privada la responsabilidad que le toca asumir al Estado.

El caso de la República de El Salvador

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en El Salvador más del 40% de sus habitantes vive en situación de pobreza.

Los datos que publica el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son aún más lapidarios puesto que "más de 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua y el 75% de las grandes industrias carecen de sistemas de tratamiento de aguas servidas".

El 90% de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares sin tratamiento y casi el 60% de la población rural no tiene acceso al agua.

A esta calamitosa situación se suma que la mora en el pago del servicio fue tan alta, que en enero de 2019, el entonces presidente Sánchez Cerén exoneró a los usuarios en mora, de los intereses moratorios y los recargos por pago extemporáneo, permitiéndoles obtener la reconexión del vital líquido.

Durante su gestión Sánchez Cerén promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de El Salvador, para garantizar el derecho humano al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo de la ONU, pero la oposición no lo permitió.

Un derecho humano incompatible con el interés privado

La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es vital resolver el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando aprobar una Ley de Aguas.

Si bien el actual anteproyecto define que "el derecho humano al agua y el saneamiento es fundamental e irrenunciable", no obstante, lo que preocupa a la población es la posible privatización del sector mediante la creación de un 'ente rector' o figura similar, con participación de las empresas privadas.

La Procuraduría de El Salvador lamentó la propuesta de conformar una Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con participación del sector privado. Argumenta que, por la naturaleza de ese sector, su objetividad puede estar gravemente comprometida.

Según la Alianza contra la privatización del Agua "se trata de un proyecto exclusivo para las clases altas de nuestro país" por tanto se hace necesario frenar este matrimonio declarado entre empresa privada y Estado que atenta contra el agua, el medio ambiente y la vida.

Otro aspecto que genera preocupación son los permisos que podría otorgar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Informar mediante un cartelito

El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá autorizar a particulares a través de un permiso, el uso o aprovechamiento del agua y "solo en casos excepcionales se hará divulgación pública sobre el proyecto en cuestión, y los posibles afectados tendrán 10 días para reaccionar".

Se dispone además que, en los casos excepcionales, se haga una publicación nacional en la prensa y además "por medio de un cartel". Dicho anuncio de cartel deberá ser fijado en las alcaldías municipales correspondientes.

¿Se imagina usted a padres, madres, campesinos, trabajadoras de maquilas, estudiantes, vigilando a diario las alcaldías para enterarse de si han colgado algún cartelito por ahí, que le signifique a la larga, riesgo de enfermedades e incluso su vida?

La carga de la prueba cae en los posibles afectados

Más aún, el artículo 85 propone que, en el caso de los proyectos grandes, los afectados deberán exponer "razones de hecho y de derecho para no conceder la autorización" y deben adjuntar "las pruebas que tengan en su poder o señalando donde se encuentran, si estas existieren".

Al leer esto uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Por qué deben ser los ciudadanos de a pie, quienes deban demostrar la inviabilidad de un proyecto? ¿acaso no es el Estado el llamado a buscar el bienestar de sus ciudadanos?

Estas son apenas algunas pinceladas, que justifican claramente la preocupación de la gente.

Chile y Bolivia, dos antípodas

En febrero de 2000, el entonces presidente y exdictador de Bolivia Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial, privatizó el servicio de suministro de agua a Cochabamba. Bolivia ese tiempo vivía uno de los momentos históricos más nefastos por la imposición del modelo neoliberal que solo dejó pobreza y debilitó al Estado.

El contrato de privatización del agua fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron hasta llegar a un 300%.

El pueblo cochabambino organizado logró la anulación del contrato de privatización en una movilización conocida como "la guerra del agua".

Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano el año 2009 aprobó en la nueva constitución política que "el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo".

La carta fundamental de Bolivia define que los recursos hídricos en todos sus estados, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y que cumplen una función social, cultural y ambiental, por tanto "no podrán ser objeto de apropiaciones privadas".

En Chile la propiedad del agua fue privatizada

La Constitución Política adoptada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, define el agua como un bien privado y no como un derecho humano, al otorgar "la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes" donde "los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".

El código de aguas de Chile indica que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él y puede ser incluso hipotecado.

Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las empresas estatales y municipales cubren un 4,3% de los servicios de agua potable, mientras que las empresas privadas manejan el 95,7% del mercado.

Según la misma fuente, la falta de prevención en la garantía del derecho humano al agua potable significó, en los últimos años, cortes significativos de ese servicio para los usuarios.

Por su parte, el movimiento por la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA) afirma que "el agua no es, ni puede continuar siendo una mercancía, por tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado".

La lucha por hacer valer el derecho humano al agua es tortuosa para los activistas sociales que se manifiestan por la necesidad de recuperar y defender el agua.

¿Estados al servicio de las compañías transnacionales?

Lo que ocurre actualmente en Chile como en El Salvador debe servir de espejo y alerta por lo que pueda suceder o ya está sucediendo en muchos países donde pretenden privatizar el agua.

La privatización, a menudo, es presentada como la única forma de hacer más eficiente la prestación de algún servicio o la administración y explotación de algún recurso.

Este no debería ser el caso del agua, pues al tratarse de un derecho humano, es completamente impropio 'delegar' su gestión o su propiedad a la empresa privada.

Cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones frente a sus ciudadanos, y transfiere o delega sus deberes al sector privado, este último, por su naturaleza, lo que hará es convertir a los ciudadanos en clientes, y el agua en una mercancía.

El ser cliente significa que, si la persona no tiene capacidad de pago, pierde el derecho al servicio. Así de simple. Es cuestión de estar dentro o fuera del mercado. Estar 'fuera del mercado" implicará mayor pobreza, enfermedades y muerte.

En la lógica de apropiación privada del agua subyace una cruda verdad, que en términos económicos se denomina "demanda inelástica", entendida como aquella demanda de mercado que no sufre variación, a pesar de que el precio del producto se eleve.

Esto ocurre con la demanda del agua, por el hecho de ser un elemento vital para la vida que no tiene sustitutos. Esta característica proporciona a las compañías privadas la certeza de que su requerimiento no disminuirá, incluso si los ingresos de la familia bajan o si el precio se incrementa.

Es justamente por esta razón que la responsabilidad de los Estados en la protección de la vida y los derechos de sus ciudadanos es mayor y no debe ser transferida a terceros. Son los Estados los que deben buscar ser eficientes y justos.

Por María Luisa Ramos Urzagaste

Sputnik Mundo

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Miércoles, 21 Agosto 2019 06:05

Cuentas sin cuadrar y una caja de Pandora

Cuentas sin cuadrar y una caja de Pandora

Vivimos pleno ajuste fondomonetarista. Ese era, dijeron, el único camino para enfrentar la grave situación económica heredada del correísmo. Según ese discurso es necesario primero ajustar las cuentas fiscales y liberalizar la economía para recuperar los “equilibrios macroeconómicos”, para luego retomar el crecimiento: la receta neoliberal. Ese discurso se orquestó masivamente, con eco en grandes medios de comunicación, analistas convencionales, cámaras de comercio, etc. Pero los resultados son otros…

Más allá de cualquier discurso oficial, como en su momento anticipamos, lo que realmente vivimos son los intentos del “frágil” gobierno morenista de cargar la crisis al pueblo. Para colmo, ni siquiera las metas del ajuste neoliberal se están alcanzando: pese a los últimos recortes presupuestarios – o quizá debido a los mismos y a su efecto recesivo – el déficit fiscal del Presupuesto General del Estado (PGE) a julio de 2019 llegó a un saldo negativo de 1.279 millones, un 62,3% mayor al déficit de 787 millones registrado en igual período del año anterior; y es muy probable que iguale al valor negativo en 2018 de 2.900 millones de dólares. Bajo estas tendencias, es muy seguro que no se alcance el déficit previsto en el acuerdo con el FMI para 2019: 2.000 millones de dólares.

Lo peculiar es que el déficit persiste pese a que el gobierno continúa aplicando un severo ajuste, por ejemplo, sobre una inversión pública que cae desde 2014. Así, a julio de 2019 solo se ejecutó el 22,3% del Plan Anual de Inversiones públicas (PAI), representando apenas 773 millones de dólares de un total anual previsto de 3.461 millones (en 2013 el plan de inversiones sumó 8.104 millones). Otro ajuste se ha dado en la masa salarial, la cual de enero a julio de 2019 sumó 5.083 millones de dólares, casi 82 millones menos en comparación al mismo período de 2018 (implicando el cierre de enero a junio de 16 mil plazas de trabajo). En este caso, es clara la prioridad de reducir la masa salarial contrayendo el empleo público en vez de reducir los salarios de la burocracia dorada. A su vez, los otros ingresos previstos por el gobierno no fluyen. Se hablaba de mil millones por concesiones – léase privatizaciones – que, sin embargo, no avanzan como se esperaba. Además, el servicio de la deuda pública (amortizaciones e intereses) genera un peso cada vez más insoportable: a julio de 2019 ese servicio alcanzó los 5 mil millones de dólares.

Dado semejante escenario, es casi seguro que los aportes financieros de los organismos multilaterales, sobre todo aquellos previstos en el acuerdo con el FMI, serán insuficientes para cerrar la brecha fiscal… Eso podría agravar la compleja situación pues esos organismos, ante un potencial incumplimiento del acuerdo, podrían reducir o aun suspender los desembolsos, todo para obligar al gobierno a adoptar ajustes más severos.

Por su parte, los economistas ortodoxos, conservadores y prudentes (OCP) actúan algunos como caja de resonancia del FMI y otros quejándose por la falta de celeridad. Mientras, el ajuste no solo se enfoca en el déficit, sino que la desesperación podría llevar a buscar ingresos con nuevos impuestos (p.ej. incrementando el IVA) y/o con alzas de los precios de los combustibles (p.ej. eliminando el subsidio a la gasolina extra). A su vez, según la evaluación del ajuste que hizo en junio el FMI, las expectativas serían que en 2019 la masa salarial pública se reduzca en 200 millones de dólares y en 2020 lo haga en 600 millones, mientras que la reducción de subsidios debería llegar a 1.100 millones en el presente año. En complemento, los economistas OCP piden más flexibilizaciones laborales y ambientales (basta ver la barbarie propuesta por la Cámara de Comercio de Guayaquil) para “mejorar la competitividad” y recuperar la inversión privada…

Entre todo esto, persiste la lectura convencional, teológica y dogmática de la economía, sin considerar los graves efectos presentes y futuros del ajuste. Por ejemplo, seguir reduciendo la inversión pública trae secuelas recesivas, claramente visibles en el estancamiento del ingreso por persona que, de llegar a 6.347 dólares anuales en 2014, pasaría a 6.320 dólares anuales en 2019 (media década perdida...). Asimismo, el “empleo adecuado” sigue sin recuperarse al englobar solo al 37,9% de trabajadores a junio de 2019 (deterioro que se arrastra desde 2015). Más grave aún, hay un recrudecimiento de la pobreza sobre todo rural: entre diciembre de 2014 y junio de 2019 ha aumentado de 35,3% a 43,8%. Estos son apenas breves muestras de la urgencia de un análisis más integral de la economía antes de exigir más ajustes.

En síntesis, la economía, con el ajuste fondomonetarista, se muerde su propia cola, las cuentas no cuadran, y vemos varios indicios de que el estancamiento se mantendrá o incluso se recrudecerá en los próximos años. Mientras, el impacto social y político puede volverse una caja de Pandora... como se ve, por ejemplo, en la Argentina.-

Alberto Acosta y John Cajas Guijarro: economistas ecuatorianos.

NOTA: Este texto saldrá publicado en el periódico EL CONEJO, de la CEDOCUT.

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Miércoles, 24 Julio 2019 06:15

¿Y ahora, Brasil?

¿Y ahora, Brasil?

Las palabras que más se repiten hoy son estupefacción y perplejidad. El gobierno brasileño ha caído en el abismo del absurdo, en la banalización total del insulto y la agresión, en el atropello primario de las reglas mínimas de convivencia democrática (por no hablar de las leyes y la Constitución), en la destilación de odio y negatividad como única arma política. Todos los días somos bombardeados con noticias y comentarios que parecen provenir de una cloaca ideológica que ha acumulado rancidez y descomposición durante años o siglos, y ahora rezuma el hedor más nauseabundo y pestilente como si fuese el aroma de la novedad y la inocencia. Esto causa estupefacción en quienes se niegan a ver normalidad en la normalización del absurdo. La perplejidad se deriva de otra verificación, no menos sorprendente: la aparente apatía de la sociedad civil, de los partidos democráticos, de los movimientos sociales y, en definitiva, de todos los que se sienten agredidos por semejante desatino. Da la impresión de que la insistencia y el abuso de la insolencia tienen el efecto de un gas paralizante. Es como si nuestra casa estuviese siendo asaltada y nos escondiésemos en un rincón con el temor de que el ladrón, si nos viese, se sintiera provocado y además de nuestras posesiones nos quitara también la vida. Puesto que un país es más que un conjunto de ciudadanos estupefactos y perplejos, y como en política la fatalidad no existe, hay que pasar de la estupefacción y la perplejidad a la indignación activa y la respuesta organizada y consistente en nombre de una alternativa realista. Para ello hay que responder dos preguntas principales. La primera, ¿cómo fue posible todo esto? La segunda, ¿con qué fuerzas políticas y de qué modo se puede organizar una respuesta democrática que ponga fin a este vértigo y retome el camino democratizador del pasado reciente sin cometer los errores en los que incurrió?

¿Cómo sucedió? La reflexión al respecto debe tener siempre en cuenta los factores internos y geoestratégicos. Las razones que llevaron a la dictadura entre 1964 y 1985 no fueron superadas con el regreso a la democracia. El pacto con los dictadores no permitió juzgar el terrorismo de Estado, exigió la continuidad (y hasta la profundización) del modelo capitalista neoliberal, y no resolvió la cuestión de la concentración de la tierra sino que, al contrario, la agravó, permitiendo a las élites patrimonialistas servirse de la democracia como antes se habían servido de la dictadura. La Constitución de 1988 contiene una profunda vocación democratizadora que las élites nunca han tomado en serio.

La continuidad también se produjo en el campo de las alineaciones geoestratégicas. Es conocida la intervención estadounidense en el golpe de Estado de 1964 y esa tutela imperial no terminó con la transición democrática. Solo cambió de discurso y táctica. Organizaciones internacionales de la llamada sociedad civil, formación de "jóvenes líderes", "promoción" de un sistema judicial conservador e iglesias evangélicas fueron los vehículos privilegiados para frenar la politización de las desigualdades sociales causadas por el neoliberalismo. En este ámbito, el largo papado de Juan Pablo II (1978-2005) desempeñó un papel decisivo. Liquidó el potencial emancipador de la teología de la liberación y permitió que en las periferias pobres el vacío lo ocupara la teología de la prosperidad, hoy dominante. La receta neoliberal se aplicó en el subcontinente con especial dureza en los años 90. Suscitó movimientos de resistencia que en la década del 2000 permitieron la llegada al poder de gobiernos de partidos de izquierda, en el caso de Brasil siempre en coalición con partidos de derecha. Este hecho coincidió (no por casualidad) con el descuido momentáneo del Imperio, embarrado en el pantano de Irak desde 2003.

Las lecciones que se pueden extraer de este periodo son las siguientes. La izquierda se embriagó con el poder del gobierno y lo confundió con el poder social y económico que nunca tuvo. El Foro Social Mundial (FSM), del que fui uno de los impulsores desde sus inicios, creó la ilusión de una fuerte movilización política de base. Tenían razón quienes advirtieron desde el principio que el predominio de las ONG en el FSM contribuía a la despolitización de los movimientos. La izquierda partidaria abandonó las periferias y se refugió en la comodidad de los palacios de gobierno. Mientras tanto, en el Brasil profundo el trabajo ideológico conservador seguía su camino, listo para ser aprovechado por la extrema derecha. Bolsonaro no es un creador; es una creación. La parálisis de la sociedad política progresista y organizada viene de lejos. Si solo ahora es visible es porque solo ahora se sufren sus peores consecuencias. Se concedieron las mejores condiciones operativas y remuneratorias al sistema judicial y al sistema de investigación criminal, pero se creía que eran órganos políticamente neutrales del Estado. De la operación militar-mediática de 1964 a la operación judicial-mediática de 2014 hay una gran distancia y diferencia. Pero tienen dos puntos en común. Primero, la demonización de la política es el arma política privilegiada de la extrema derecha para asaltar el poder. Segundo, las fuerzas políticas de derecha se sirven de la democracia cuando esta les sirve. Pero cuando la opción es entre democracia o exclusión, o entre libertad política o libertad económica, optan siempre por la exclusión y por la libertad económica.

La respuesta democrática. No se pueden improvisar soluciones de corto plazo para problemas estructurales. La historia de Brasil es una historia de exclusión social causada por una articulación tóxica entre capitalismo, colonialismo y patriarcado o, con más precisión, heteropatriarcado. Las conquistas de inclusión fueron conseguidas con muchas luchas sociales, casi nunca llegaron a consolidarse y han estado sujetas a retrocesos violentos, como sucede hoy. La victoria de la extrema derecha no fue una simple derrota electoral de las izquierdas. Fue la culminación de un proceso golpista con fachada institucional en el que, en el plano electoral, las izquierdas hasta probaron una resiliencia notable en las condiciones de una democracia al borde del abismo en que lucharon. Lo que hubo fue una vasta destrucción de la institucionalidad democrática y un retorno del capitalismo salvaje y del colonialismo por vía de la siempre vieja y siempre renovada recolonización imperial y evangelización conservadora. La sensación de tener que comenzar todo de nuevo es frustrante, pero no puede ser paralizadora. Por otro lado, es necesario actuar de inmediato para salvar lo que queda de la democracia brasileña. Lo más grave que está ocurriendo no es solo el hecho de que el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado está siendo usado antidemocráticamente (y, por tanto, de manera ilegítima), como bien revela la Operación Lava Jato. Es también el hecho de que el Estado está perdiendo visiblemente ese monopolio con el incremento de actores armados no estatales, tanto en la ciudad como en el campo.

El corto y el mediano plazo no tienen que chocar necesariamente si se tiene una visión estratégica del momento y de las fuerzas con las que se puede contar. Es urgente revolucionar la democracia y democratizar la revolución, pues de otro modo el capitalismo y el colonialismo harán una farsa cruel de lo que todavía resta de democracia. Para este propósito, las diferentes fuerzas de izquierda deben abandonar sectarismos y unirse en la defensa de la democracia. Por otro lado, tienen que evitar a toda costa articulaciones con la derecha, aunque eso cueste la conquista del poder. En las condiciones actuales, conquistar el poder para gobernar con la derecha es un suicidio político.

A corto plazo, veo tres iniciativas realistas. La primera es que los movimientos sociales tienen que reinventar el Foro Social Mundial, esta vez sin tutelas de ONG y con la atención centrada en las exclusiones más radicales vigentes en el país. En ese sentido, el movimiento indígena, el movimiento negro y el movimiento de mujeres y LGTBI son, en toda su pluralidad interna, los sujetos más creíbles para tomar la iniciativa.

Segunda: el sistema judicial fue llevado a un desgaste extraordinario por la manipulación grosera a la que ha sido sometido por Moro y Cía. al servicio del imperialismo. Pero es un sistema internamente diversificado, y persisten en él grupos significativos de magistrados que entienden que su misión institucional y democrática consiste en respetar el debido proceso y hablar exclusivamente mediante sus fallos. La violación grosera de esta misión denunciada por la Vaza Jato está obligando a las organizaciones profesionales a desmarcarse de los aprendices de brujo. La reciente declaración pública de la Asociación de Jueces para la Democracia en sentido de que el ex presidente Lula da Silva es un preso político, constituye una señal auspiciosa del camino iniciado para recuperar la credibilidad del sistema judicial.

La tercera iniciativa debe producirse en el sistema político-partidario. Las elecciones municipales de 2020 son la oportunidad para comenzar a frenar a la extrema derecha y dar ejemplos concretos de cómo las fuerzas de izquierda pueden unirse para defender la democracia. Tres ciudades importantes pueden ser la plataforma para la resistencia: Río de Janeiro, Sao Paulo y Porto Alegre. En Río de Janeiro, Marcelo Freixo del PSOL es el candidato indiscutible para articular las fuerzas de izquierda. En las otras dos ciudades, son indispensables dos cuadros importantes del PT: Fernando Haddad en Sao Paulo y Tarso Genro en Porto Alegre. Se trata de dos políticos que salieron fortalecidos de la crisis, el primero por el modo extraordinario en que enfrentó a Bolsonaro y por las condiciones en que lo hizo, y el segundo por haber sido uno de los mejores ministros de la historia de la democracia brasileña y por la integridad que mostró durante todas las crisis por las que pasó el PT mientras fue titular del gobierno. Los demócratas brasileños deben transmitir a estos políticos el sentimiento de que su momento llegó nuevamente, ahora para comenzar todo de nuevo y desde el nivel local.

* Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.

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Kyriakos Mitsotakis, durante un mitin de campaña. / AFP / LOUISA GOULIAMAKI

Los 158 escaños alcanzados por Nueva Democracia en la Cámara sobre un total de 300 suponen su mejor resultado de los últimos doce años. Kyriakos Mitsotakis será el próximo presidente de Grecia.

 

 

El conservador Kyriakos Mitsotakis será el próximo presidente de Grecia. El país heleno ha apoyado masivamente la propuesta de Gobierno del partido que provocó la gran crisis económica que terminó en el rescate draconiano por parte de la Unión Europea. Cuatro años después del referéndum en el que la mayoría del país gritó "oxi" ("no" en griego) a la troika, hoy le han dicho "no" a Alexis Tsipras

Nueva Democracia consiguió algo más del 39% mientras que Syriza superó el 31%, seguidos de lejos por el partido de centro Kinal, sucesor del histórico Pasok, que rozó el 8%. Los 158 escaños alcanzados por Nueva Democracia en la Cámara sobre un total de 300 suponen su mejor resultado de los últimos doce años.

Syriza se quedó 8 puntos por detrás, pero obtendrá tan solo 86 escaños, una distancia que surge del bonus de 50 escaños que la ley electoral griega otorga al partido ganador -en teoría por última vez en estas elecciones-.

"Pedí un mandato fuerte y me lo han dado con generosidad. No defraudaré sus esperanzas", declaró Mitsotakis antes de acudir a la sede de su partido para darse un baño de masas.

Tsipras: "Nos vamos con la cabeza alta"

Tsipras describió su derrota como "el coste político" de las difíciles decisiones que tuvo que tomar durante estos años. Felicitó a Mitsotakis y le pidió que no desmantele los avances sociales que ha conseguido durante su mandato.

"Nos vamos con la cabeza alta. Hace cuatro años nos encargamos de un país al borde de la quiebra. Hoy dejamos un país libre (de rescates), en crecimiento y con reservas en sus cajas, con el interés de la deuda al mínimo histórico", afirmó Tsipras.

Vástago de una de las mayores dinastías políticas del país, Mitsotakis recoge así los frutos de una campaña en la que tildó a Tsipras de "traidor" y "mentiroso", dando fuelle al desencanto acumulado durante estos años.

Ahora se ha alzado como la nueva esperanza de la clase media con un programa que orbita en torno a la reducción de impuestos y el crecimiento de la economía.

Por su parte, Tsipras ha intentado demostrar en los últimos meses que, a pesar de haber claudicado ante los acreedores y haber suavizado algunas de sus posturas más radicales, aún tiene una agenda social de izquierdas.

Especialmente tras la derrota en las recientes elecciones europeas y locales, Syriza ha intentado convencer a los griegos de que gracias a su gestión la crisis humanitaria no llegó a más y que, tras tanto esfuerzo, se merecen la oportunidad de gobernar sin corsés.

Este domingo el indignado pueblo heleno ha demostrado que no comparte esta opinión y ha confiado mayoritariamente en un hombre que, entonces ministro, aplicó el segundo programa de rescate.

Participación muy baja

La participación, con un 57 %, fue una de las más bajas de la historia de la democracia griega, aunque superó ligeramente la de las elecciones de septiembre de 2015, tras el referéndum y la fractura de Syriza.

Muchos ciudadanos decidieron huir a la playa de la ola de calor que asoló Grecia hoy, lo que afectó a la participación en una jornada electoral que por lo demás fue tranquila.

Aunque la victoria de Nueva Democracia era de esperar -todos los sondeos indicaban una amplia ventaja-, la sorpresa del día la han dado la extrema derecha y el pequeño partido del exministro de Finanzas Yanis Varufakis.

Sorpresas de la extrema derecha y de Varufakis

Los neonazis de Amanecer Dorado quedaron sin representación en el Parlamento por primera vez desde su irrupción en 2012 tras quedarse por debajo del mínimo necesario del 3 %.

MeRA25, que bebe directamente de las ideas y personalidad de Varufakis y se presenta como un "frente griego patriótico de europeístas", consiguió entrar en el Parlamento con 9 escaños.

Syriza llegó al poder en 2015 como una alternativa a los anquilosados partidos tradicionales y una salida de izquierdas para los decepcionados con el Partido Socialista. La izquierda europea la adoptó como estandarte hasta que su evolución a alumno ejemplar de la Unión Europea se convirtió en un lastre.

Hoy, sin embargo, el líder de la formación de izquierdas Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, uno de los mayores aliados de Tsipras al comienzo de su mandato, mandó un mensaje de apoyo en el que resaltó "el coraje de gobernar con todos los poderes griegos y europeos en contra".

ATENAS

07/07/2019 18:59 Actualizado: 08/07/2019 08:25

AGENCIAS

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