Tras seis días de protestas, el presidente conservador Sebastián Piñera se vio obligado a revocar el aumento en las tarifas del Metro en Santiago. Sin embargo, las movilizaciones se extendieron a varias ciudades y derivaron en reclamos contra el modelo económico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. La prohibición de salir aplica de las 10 de la noche a las 7 de la mañana. Al amparo del estado de emergencia impuesto tras los violentos disturbios del viernes, los militares volvieron a las calles después de 19 años. La imagen, en Santiago, donde ayer el Metro continuaba cerrado. Foto Afp

Movilizaciones se extienden a todo el país // El hashtag#chiledesperto se multiplica en redes sociales

Santiago. Manifestantes desafiaban anoche en esta capital el toque de queda impuesto luego que el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, se vio obligado a revocar un aumento en las tarifas del Metro en Santiago, tras seis días de protestas que el viernes se intensificaron y sembraron el caos en prácticamente toda la ciudad.

A pesar de la revocación de las tarifas, las movilizaciones continuaron aquí y se extendieron a otras ciudades como Concepción, Valparaíso, Viña del Mar, Iquique, Antofagasta y Coquimbo, entre otras, en las mayores protestas en décadas en Chile.

En las primeras horas de este domingo fue impuesto el toque de queda en Valparaíso y el estado de excepción en Concepción.

Convocadas inicialmente en redes sociales bajo la consigna #EvasionMasivaTodoElDia en rechazo al alza del pasaje del Metro, miles de personas –en su mayoría estudiantes– se congregaron desde el lunes pasado para derribar las rejas de acceso y saltar los torniquetes del ferrocarril metropolitano.

La evasión de pago derivó en reclamos contra un modelo económico heredado de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), en el que el acceso a la salud y la educación es prácticamente privado, contra la desigualdad social, las bajas pensiones y el alza de los servicios básicos, entre otras demandas, con una fuerza que sorprendió al gobierno de Piñera y a la clase política.

Al amparo del estado de emergencia decretado antenoche por Piñera tras los disturbios del viernes en la capital, los militares volvieron a las calle desde que el país recuperó la democracia en 1990.

Vamos a suspender el alza de los pasajes del Metro, lo que requerirá la aprobación de una ley que debe ser muy urgente, anunció Piñera en una declaración desde el presidencial Palacio de La Moneda, en un discurso en el que afirmó escuchar con humildad y atención la voz de mis compatriotas. Pero amenazó: los responsables, los violentistas van a pagar por sus culpas.

En el contexto del estado de emergencia, el general Javier Iturriaga decretó toque de queda en la capital de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. La medida, anunciada con apenas dos horas de anticipación, fue desafiada por grupos de personas que al cierre de esta edición marchaban por las calles y continuaban instalando barricadas, muchas con fuego.

A mediodía se inició un cacerolazo en Santiago, con miles de personas haciendo sonar ollas y sartenes. Se reportaron más tarde enfrentamientos entre encapuchados y las fuerzas especiales de la policía en la céntrica Plaza Italia, el frontis de la casa de gobierno y la plaza de armas de Maipú.

El detonante de estas protestas, en las que destaca el hashtag en redes sociales #chiledesperto, fue el alza de 800 a 830 pesos (de 1.12 a 1.17 dólares) en las tarifas del Metro.

En la Plaza Italia, escenario de algunas de las peores protestas del viernes, se desplegaron decenas de militares, incrementando la molestia de los manifestantes, algunos de los cuales los increparon directamente o les arrojaron fotografías de desaparecidos durante la dictadura pinochetista, que se saldó con más de 3 mil 200 muertos y desaparecidos.

El caos se extendió el viernes por todo Santiago, con enfrentamientos en varios puntos, saqueos e incendios. Al menos 167 heridos, en su mayoría policías, 308 personas detenidas y 78 de las 136 estaciones del Metro vandalizadas fue el saldo preliminar de las manifestaciones en la capital chilena, se informó ayer.

El Metro permanecerá cerrado este domingo y las autoridades no saben cuándo volverá a estar completamente operativo.

La sede de la empresa eléctrica Enel sufrió un incendio en sus escaleras exteriores, informaron autoridades. La compañía, de capital italiano, indicó que manifestantes atacaron el inmueble poco antes del siniestro.

Además, al menos 20 autobuses del transporte público fueron quemados ayer en los alrededores de la Plaza Italia, lo que llevó a la empresa Transantiago a la suspensión temporal de todo el servicio, lo que dejó a la capital prácticamente sin transporte público.

A pesar de llevar 24 horas cerradas al público, nuevos incendios se reportaron en las estaciones de San Pablo, Elisa Correa, Las Rejas y Macul. Otros incendios se registraron en casetas y comercios durante la noche. También se reportaron saqueos en diferentes partes de la ciudad y ciudades del interior.

Las protestas se extendieron a otras partes, como las comunas de Ñuñoa y Providencia, donde los vecinos salieron pacíficamente a las calles para hacer sonar sus ollas, al igual que en otras regiones y ciudades como Valparaíso y Viña del Mar.

Incendian El Mercurio

En Valparaíso las oficinas del diario El Mercurio y un supermercado, antes saqueado, fueron incendiados.

En Iquique manifestantes sustrajeron cañones de una intendencia militar.

En Coquimbo se incendió la Cruz del Tercer Milenio, principal monumento de la ciudad.

Una fotografía de Piñera comiendo pizza con su familia en un restaurante capitalino en el mismo momento en que Santiago ardía, azuzó aún más la furia en un país con un largo historial de protestas violentas, pero que en años recientes se mantenía en relativa calma.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó ayer a Chile a garantizar el orden público protegiendo la integridad de los manifestantes.

Con casi 140 kilómetros, el Metro es el de mayor extensión de Sudamérica. En América Latina sólo es superado por el de la Ciudad de México. Es el eje central del transporte público, con 3 millones de pasajeros diarios.

Chile carece de combustibles fósiles y debe importar todo el petróleo y gas natural que necesita para funcionar, lo que se traduce en pasajes del transporte público caros, elevados precios de gasolinas, diésel y energía eléctrica, entre otros.

El Metro sube el valor de los pasajes cuando se suman factores como el alza del dólar, del petróleo y el desgaste del material del subterráneo. El pasaje subió a comienzos de mes en casi 4 por ciento, aunque el costo para adultos mayores y escolares no fue incrementado.

Con el ingreso per cápita más alto de América Latina, un crecimiento estimado para este año de 2.5 por ciento del producto interno bruto y una inflación de 2 por ciento, el malestar en la sociedad chilena creció a la par de sucesivas alzas en los costos de la salud y la electricidad, las bajas pensiones y una crónica –y elevada– desigualdad social.

La masiva protesta tomó por sorpresa al gobierno de Piñera, que sólo días antes había afirmado que Chile era una especie de oasis en la región, y que se prepara para ser sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en noviembre y la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en diciembre.


La olla de presión revienta en el oasis chileno

El aumento del costo de la vida y la desconexión de los políticos con la ciudadanía explicarían en parte el estallido social que tiene el país bajo el control de los militares

 

El País

Rocío Montes

Santiago de Chile 20 OCT 2019 - 04:04 COT

Aparentemente Chile era un oasis dentro de una América Latina convulsionada, como dijo hace unas semanas el presidente Sebastián Piñera. Pero entre jueves y viernes explotó una especie de olla de presión con violentas protestas sociales que este sábado tienen la capital bajo control militar, como no sucedía desde la dictadura. Las movilizaciones se originaron por el alza del precio del pasaje del metro, pero parece existir cierta coincidencia en que lo de la tarifa del boleto se trata apenas de la expresión de un descontento mayor de la sociedad chilena. La acción del Ejército apoyado por los carabineros no ha logrado aplacar la protesta en diferentes zonas de Santiago de Chile, donde este sábado se han seguido produciendo enfrentamientos, ataques incendiarios y saqueos en el comercio. Las manifestaciones comienzan a irradiarse a otras regiones del país, lo que obligó al Gobierno a decretar un toque de queda.

Por las redes sociales circula una imagen que intenta explicar el problema. Como punta del iceberg –se muestra–, aparecen las protestas por el alza de la tarifa del metro, que comenzaron la semana pasada con entradas masivas de jóvenes saltando los accesos del metro sin pagar. Pero de acuerdo al dibujo, existe una parte profunda del iceberg que no se ve: “Pensiones indignas, salud precaria, sueldos miserables, educación de mala calidad, licencias médicas por depresión, deuda universitaria vitalicia, sueldos de la élite política, delincuencia sin control, empleos precarios, Pagogate y Milicogate [los escándalos de corrupción en Carabineros y el Ejército, respectivamente]”. En definitiva, que lo que ocurre tendría relación a un hartazgo que ni este Gobierno ni los anteriores han logrado apaciguar.

La economía crece en torno a un 2,5%, menor a lo prometido por la Administración de Piñera, aunque ciertamente mejor que muchos de los vecinos de Chile en la región. Pero vivir se ha vuelto caro, sobre todo en Santiago, donde el precio de la vivienda ha aumentado hasta un 150% en la última década, mientras los sueldos apenas un 25%, según un estudio de la Universidad Católica. Chile pertenece a la OCDE, pero un 70% de la población gana menos de 770 dólares mensualmente y 11 de los 18 millones de chilenos tienen deudas, según cálculos de la Fundación Sol.

El mes pasado se anunció que las cuentas de luz aumentarán hasta un 10% y las alzas del precio del transporte –justificadas por la guerra comercial y el aumento del precio del dólar, entre otros asuntos– motivaron declaraciones desafortunadas de las autoridades. Como lo que aumenta es el precio del billete del metro en horario punta, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, indicó: “Alguien que sale más temprano y toma el metro a las siete de la mañana, tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy”. Fue una especie de bofetada a los habitantes de Santiago que pueden tardar hasta dos horas en llegar a sus lugares de trabajo.

Para la analista política y académica de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, las protestas que estallaron en Chile son “un fenómeno que se ha incubado por mucho tiempo”. “De partida, es protagonizada por una nueva generación de chilenos, de menos de 30 años, que no conocieron la dictadura, abiertos para expresar sus angustias y que, desesperanzados, sienten que no tiene nada que perder, por lo que sus reclamos fácilmente pueden llegar a la violencia”. Dammert destaca, a su vez, “la relación carnal” entre la elite política y económica, que les impide ver lo que está ocurriendo en los sectores medios. “Existe mayor conexión hacia arriba que hacia abajo”, señala la experta en seguridad, en referencia a todos los últimos mandatos (desde el de Michelle Bachelet de 2006 en adelante). “A este escenario se suma una policía que ha actuado con falta de profesionalismo y la indolencia de las actuales autoridades”.

De acuerdo al abogado y cientista político Carlos Huneeus, “existe una falla brutal de liderazgo del presidente Piñera, porque tiene cero sensibilidad política para controlar lo que ocurre”. “En un régimen presidencial en que el presidente está inmovilizado y de paso inmoviliza a todos, el gobernante se transforma en un obstáculo para el restablecimiento democrático. Lo mismo que la oposición, que no existe”, indica Huneeus.

Las revueltas actuales eran difíciles de predecir, según indica el experto electoral y académico de la Universidad Católica, Roberto Méndez, porque la chispa podría haber explotado por cualquier asunto. "En la población chilena existe una dualidad. Por una parte, reconoce el tremendo progreso que ha tenido Chile en los últimos 30 años, que pasó de ser uno de los países de mayor pobreza de la región a tener de los mejores ingresos. Se valora que haya reducido la pobreza a menos del 10% y que se hayan mejorado las condiciones de vida de la mayoría". La gente quiere mantener este progreso, explica Méndez, "pero, por otro lado, existe una sensación de malestar que quizá el mismo crecimiento ha alimentado, porque las expectativas de las personas han crecido con mayor rapidez que los ingresos". Se trata de una paradoja del crecimiento que no se sabe cómo combatir, dice el analista. Sobre si los chilenos quieren un cambio de modelo económico, Méndez no tiene dudas: "Aunque probablemente un sector de la política chilena volverá a malinterpretar las protestas, la ciudadanía no pide un cambio de modelo, sino que una mejoría de los servicios públicos y mayor acceso al bienestar de un país de ingresos medios-altos".

Para Ernesto Ottone, sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, “este estallido violento tiene un apoyo del resto de la sociedad que es interesante de analizar”. Según el académico y escritor, se trata de “una clase media que vive mejor que lo que vivía antes, pero que está frustrada ante sus aspiraciones y, sobre todo, tiene una mala opinión del conjunto de instituciones del Estado y del sector privado. "Los sueldos se consideran bajos, existe una percepción de abusos y todo estalla con medidas como el alza del pasaje”. Pero para Ottone, "el sector social que aplaude y toca las cacerolas en señal de apoyo, anhela las mejoras, pero a la vez es tremendamente individualista”. Si a este cuadro se le suman todos los escándalos recientes –graficados en la figura del iceberg que circula por las redes– y “un Gobierno y una oposición ineptos”, se desata la tormenta perfecta.

El sociólogo Carlos Ruiz, académico de la Universidad de Chile, señala que las protestas se explican “por el nivel extremo en que en Chile se ha privatizado la reproducción de la vida cotidiana, lo que crea una cantidad de fuentes de incertidumbre que –al menos en este nivel– no existen en otras sociedades del mundo”. Han salido a las calles niños y jóvenes apoyados por sus familias, opina Ruiz, que considera que estas protestas son la continuación de las que han explotado en Chile desde 2006 a la fecha. “Es una ola que arrasa con moros y cristianos. Con los Montesco y los Capuleto. Es la razón por la que la política queda muda”.

Para Ruiz, "se trata un malestar inorgánico y carente de representación política que ninguna fuerza se puede atribuir, ni siquiera el Frente Amplio" de izquierda, que se formó luego de las protestas estudiantiles de 2011 y actualmente tiene 20 parlamentarios en el Congreso, otras de las instituciones con el prestigio por el suelo. "La única organización que sigue siendo bien valorada en Chile son los bomberos", explica.

Publicado enCrisis Chile
Cientos de personas han salido a las calles nuevamente para exigir la renuncia del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ante la actual crisis sociopolítica que vive ese país.

 Las protestas populares en Haití son un episodio de las consecuencias, cada vez más estructurales y catastróficas, de una historia de saqueo y olvido.

 

En Haití la crisis de régimen se agudiza luego de semanas de protestas ininterrumpidas. Los disturbios actuales son la culminación de más de un año de agitación y casi tres años de descontento con el actual mandatario, Jovenel Moïse. Los manifestantes se aglutinan en el Palacio Nacional, en las oficinas de la ONU y en las calles para demandar la renuncia del presidente. La crisis política no es nueva sino que condensa, cuanto menos, los dos últimos gobiernos del Partido Haitiano Tet Kale (PHTK). Su fundador, Michel Martelly (2011-2016), al igual que su discípulo Moïse, son acusados de desviar los fondos de la ayuda internacional de las dos últimas catástrofes climáticas que azotaron la isla. Como consecuencia, la población fue condenada al hambre, la pandemia y el debacle de su economía. Lucrar con la desgracia de millones de compatriotas parece ser la receta del “capitalismo del desastre”[1]. Una vez más, tal como lo hiciera en su origen como “la otredad incómoda” de la Revolución Francesa, Haití muestra que, por encima de cualquier valor universal de humanidad, para la comunidad internacional los “negocios son negocios”[2].



Haití presenta uno de los mayores niveles de inseguridad alimentaria del mundo, con más de la mitad de la población –y el 22% de los niños del país- con desnutrición crónica. Su Índice de Desarrollo Humano la posiciona entre los últimos puestos, no sólo de la región sino del mundo: 168 sobre 189 países[3]. Los indicadores de la calidad de vida de la población son apabullantes y, además, Haití debe hacer frente a las catástrofes naturales que azotan el Caribe. El Índice de Riesgo Climático Global de 2019 coloca a Haití en cuarto lugar de entre los países más afectados por los desastres climáticos anuales, ranking que encabezan Puerto Rico –donde se logró en las calles la renuncia de su gobernador[4], también acusado de malversar fondos de ayuda- y Honduras, sobre cuyo presidente pesan graves acusaciones de fraude, corrupción y narcotráfico[5].

A casi diez años del terremoto más devastador y mortífero de su historia, Haití no sólo sigue sin recuperarse de esos destrozos, sino que sufre una nueva crisis política y social que se agravó desde mediados de septiembre. En un contexto de inflación del 15%, un déficit de $89,6 millones de dólares, y una moneda (gourde) en rápida devaluación, se espera que este año la crisis humanitaria solo empeore. Sumado a esto, la crisis del suministro de electricidad, debido a la falta de gasolina, terminó por desatar el descontento social frente a una cotidianeidad desbaratada: no funcionan el transporte público, el comercio ni las escuelas.

Así, las habituales catástrofes naturales han terminado por naturalizar las consecuencias sociales de los problemas políticos, los cuales involucran a actores locales que de ningún modo lograrían sortear la crisis sin la venia de los intereses internacionales y la invisibilización de la crisis por parte de sus vecinos latinoamericanos, concentrados en la situación venezolana.

Un presidente ilegítimo, el origen de la crisis actual

Moïse llegó a la política como un outsider[6], representando a la elite agraria gracias a su rol como dirigente de Agritrans, una empresa bananera del nordeste. Su experiencia política previa era nula, pero fue escogido por Martelly (PHTK) como su sucesor. En las elecciones primarias de octubre de 2015 Moïse obtuvo el primer lugar con un 32,81%. Sin embargo, los comicios estuvieron signados por las denuncias de fraude, intimidación de votantes y protestas callejeras, por lo que finalmente fueron anulados. Martelly, con el apoyo de los Estados Unidos (EE. UU)., la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de otros gobiernos extranjeros, quería cuanto antes resolver el traspaso del Gobierno a su sucesor. Sin embargo, los funcionarios electorales -debido a las persistentes protestas sociales y una nueva catástrofe, el paso del huracán Matthew- demoraron en tres oportunidades consecutivas una nueva votación ante la amenaza de violencia incontenible[7].

El malestar social que aglutinó al arco opositor, líderes religiosos y empresariales, así como miembros de la diáspora haitiana y organizaciones de derechos humanos, se condensó en la falta de transparencia de los procesos electorales y la necesidad de reformar el proceso de votación. Entre febrero de 2016 y febrero de 2017 se estableció un Gobierno interino a cargo de Jocelerme Privert, quien fue electo por la Asamblea Nacional para llenar el vacío de poder tras la finalización del mandato de Michel Martelly. Unas nuevas elecciones se desarrollaron en noviembre de 2016 y, a contrapelo de la coyuntura, Moïse resultó electo en primera vuelta con el 55,67% de los votos[8]. Nuevamente, la denuncia de fraude empañó unos comicios que demoraron más de un mes en ser validados.

Sumada a la escasa legitimidad de origen, el incremento de la conflictividad social y la crisis política tienen tres elementos clave: (1) la crisis del combustible; (2) un gran recambio institucional y (3) la manifiesta corrupción de sus funcionarios.

En cuanto al precio del combustible, desde 2005 el Gobierno de Hugo Chávez creó el Programa Petrocaribe, el cual permitió a Haití comprar, desde 2006, petróleo a precio subsidiado. Los fondos liberados por este beneficio permitían favorecer al desarrollo de infraestructura y programas sociales, de salud y educación. Producto del bloqueo y la crisis económica que atraviesa, en marzo de 2018 Venezuela detuvo los envíos de barriles a precio subsidiado. Sumado al fin del beneficio, el Gobierno haitiano anunció en julio del mismo año la eliminación de los subsidios a la energía. Esta impopular medida estuvo en consonancia con lo acordado en febrero de 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI): un paquete de reformas estructurales a su economía, eufemismo utilizado para nombrar el ajuste. A cambio, el organismo prometió préstamos financieros por 96 millones de dólares para ayudar al país a pagar su deuda[9]. El ciclo de una nueva crisis política comenzó con el aumento del petróleo y sus derivados: 38% la gasolina, 47% el diesel y 51% el kerosene[10]. Frente a ello, la calle volvió a estallar, las protestas se masificaron y la policía reprimió, generando más muerte y más caos. Finalmente, la medida fue derogada.

Como consecuencia del ajuste impulsado por el FMI, se agudizó la crisis institucional caracterizada por un recambio permanente de funcionarios, especialmente del primer ministro, cargo que tiene como función la mediación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para lograr gobernabilidad y consenso. Luego de la oleada masiva de protestas de julio de 2018, Jack Guy Lafontant presentó su renuncia. Moïse, entonces, buscó reemplazarlo con un conocido abogado y exrival presidencial, Jean-Henry Céant, intentando de esta forma lograr la unidad con la oposición. Tan sólo seis meses después, Céant fue removido. Su sucesor fue Jean-Michel Lapin, quien duró apenas cuatro meses en el cargo para finalmente presentar su renuncia proclamando la falta de acuerdo entre los actores políticos. Horas más tarde, el presidente Moïse nombró a su cuarto primer ministro, Fritz-William Michel, portador de un perfil más tecnócrata y hasta entonces funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. A diferencia de sus antecesores, Lapin ni siquiera consiguió la ratificación de su cargo por parte del Senado –no porque el oficialismo careciera de mayoría sino debido a los disturbios ocasionados-, por lo que formalmente todo el Gabinete carece de institucionalidad. La última intentona de lograr la designación de Lapin, en septiembre de este año, culminó con un senador del oficialismo, Jean-Marie Ralph Féthière, descargando un arma de fuego contra los manifestantes en el Parlamento con el saldo de un fotógrafo y un guardaespaldas heridos[11].

Por último, en febrero de 2019 estalló el escándalo de corrupción popularizado como #PetroCaribeChallenge. El hashtag se originó mediante un tweet que preguntaba en creole: ¿Dónde está el dinero de PetroCaribe? Desde entonces comenzaron el activismo por una auditaría colectiva y una nueva oleada de movilizaciones contra el Gobierno haitiano, acusado de malversar miles de millones de dólares provenientes del subsidio venezolano. Como corolario de la gran movilización ciudadana, a fines de mayo el Tribunal de Cuentas entregó al Senado un informe mediante el cual concluyó que al menos 14 exfuncionarios malversaron más de 3.800 millones de dólares del programa Petrocaribe entre 2008 y 2016. Sobre el actual mandatario, el informe detalla que Agritrans fue adjudicataria de contratos para construir proyectos bananeros y carreteras que jamás fueron realizados, a pesar de recibir el dinero para tales fines[12].

¿Ayuda o injerencia internacional?

¿Es Haití un Estado fallido? Desde su independencia y su primera Constitución, en 1804, Haití pasó por 30 golpes de Estado y tuvo 20 constituciones. Actualmente, vive una de sus mayores crisis sociopolíticas desde la ocurrida en su bicentenario (2004) con el golpe a Jean Bertrand Aristide, luego de que éste manifestara que Haití exigiría una reparación histórica a Francia, su exmetrópoli. Finalmente, Francia tomó la iniciativa en la solución de la crisis haitiana y forzó la dimisión de Aristide. En febrero de 2004 el mandatario abandonó Haití en un avión estadounidense, escoltado por militares de ese país. Desde entonces y hasta octubre de 2017 el país fue intervenido por la ONU (Organización de Naciones Unidas) mediante la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH)[13]. Posteriormente, se adoptó la forma de Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), una misión que buscó estandarizar el sistema de administración de Justicia de Haití a los modelos implementados en las últimas dos décadas en la región. La MINUJUSTH garantizó un contingente policial como forma de “alivianar” el uso de la fuerza. No obstante, con la tendencia regional de militarización de las fuerzas de seguridad esto se traduce en el mantenimiento de la ocupación y la represión. La prórroga de existencia de la misión concluyó su mandato el 15 de octubre de 2019, lo que no implica que la ONU abandone Haití sino, más bien, que busque nuevas formas de injerencia[14][15].

Si bien laayuda humanitaria tiene como objetivo proporcionar alimento, asistencia sanitaria y psicológica con aprobación del Gobierno y sin violar su soberanía -especialmente frente a catástrofes naturales- en la práctica ha sido desvirtuada paraintervenir militarmentenaciones, derrocar gobiernos y apoderarse de su riqueza natural[16]. Luego del terremoto de 2010, la MINUSTAH “colaboró” con una comisión de 7 mil soldados y policías. El saldo: cientos de denuncias de abusos sexuales y una epidemia de cólera causada por quienes fueron a brindar “asistencia”[17][18].

De acuerdo al exdirector del Fondo de Asistencia Económico y Social (FAES) de Haití entre 2012 y 2015, Klaus Eberwein, sólo el 0,6% de las donaciones internacionales terminó en manos de organizaciones haitianas, un 9,6% en manos del Gobierno haitiano y el 89,8% restante fue canalizado a organizaciones no haitianas. Lamentablemente, Eberwein fue hallado sin vida con un disparo en la sien en un hotel en Miami antes de comparecer frente a una comisión anticorrupción del Senado haitiano sobre los fondos de Petrocaribe y las malas prácticas de la Fundación Clinton[19].

Los fondos se tradujeron en la proliferación de ONGs que comenzaron a proveer funciones que solía cubrir el Estado, consolidando una nueva etapa en la agenda del sistema neoliberal. Mientras las ONGs avanzaban el Estado se retraía, incidiendo tanto en la soberanía como en la autodeterminación del país[20]. La intermediación de las organizaciones permite que quienes las financian, como el Banco Mundial, el Gobierno de EE. UU. , el Fondo Monetario Internacional o empresas transnacionales, obtengan la liberación de las barreras arancelarias, lo que termina por devastar la producción interna y, por tanto, la economía del país mediante la privatización de los servicios públicos y la contratación de empresas privadas internacionales para ofrecerlos. Este mapa configura lo que la economista Naomi Klein ha denominado como “capitalismo de desastre”, que opera junto con la “doctrina del shock”. Según su tesis las crisis derivadas de catástrofes, como en el caso de Haití, habilitan oportunidades de negocios para la inversión privada, así las potencias y los intereses de las multinacionales consiguen anclarse en el territorio arrasado de la mano de las ONGs.

A modo de conclusión

El PHTK es el actual garante de los negocios del capital internacional, fundamentalmente mediante el traspaso de tierras campesinas a transnacionales estadounidenses. Para ello sólo cuenta con un escueto sector de la oligarquía local, quien se beneficia con una parte del desvío de fondos a expensas de la mayoría de la población. La exacerbación de la dependencia de la ayuda internacional combina el tradicional colonialismo con una nueva fase del neoliberalismo como gestor del desastre. La influencia norteamericana consolidó una economía haitiana predominantemente extractiva -aproximadamente 2.000 millones en depósitos minerales explotados principalmente por corporaciones estadounidenses y canadienses-[21]. Actualmente, dicha influencia es el único sostén de un presidente impopular, cuya dimisión sigue exigiendo el pueblo en sus protestas masivas.

Mientras los líderes de la oposición llaman a los manifestantes a no claudicar hasta obtener la renuncia de Moïse, la consigna se hace carne: “les estamos diciendo a las personas que viven en el área de Cité Soleil y a la población haitiana que se levanten para derrocar a este Gobierno” afirmó Francois Pericat, un participante en las protestas del 27 de septiembre a The Associated Press en alusión a un barrio pobre y sobrepoblado de Puerto Príncipe.”El presidente Jovenel Moïse no está haciendo nada por nosotros, sólo nos está matando”[22]. Moïse asumió la Presidencia un 7 de febrero, fecha emblemática que recuerda el final de casi 30 años de dictadura (1957-1986) de la familia Duvalier, François (Papa Doc) y su hijo Jean-Claude (Baby Doc), quien finalmente huyó de la isla producto de las protestas generalizadas. Luego del anuncio del cierre de la MINUJUSTH, Moïse ha afirmado que no presentará su renuncia y dice no querer tener otro 1986 [23]; sin embargo, la sublevación popular está cada vez más cerca de repetir la hazaña.

 

Por Bárbara Ester

CELAG

 

Notas:

[1] Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo de desastre, Paidós, Argentina, 2008.

[2] https://www.celag.org/haiti-herida-abierta-de-america-latina/

[3] https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Haiti%20Country%20Brief_%20August_2019.pdf

[4] https://www.celag.org/puerto-rico-afilando-cuchillos/

[5] https://www.celag.org/honduras-una-decada-de-golpes-e-inestabilidad/

[6] https://www.voanoticias.com/a/haiti-presidente-moise-investidura-trump-eeuu/3705034.html

[7] https://www.nytimes.com/es/2016/02/06/editorial-haiti-democracia-en-pausa/

[8] https://www.celag.org/informe-electoral-haiti/

[9] https://www.nodal.am/2019/10/decadas-de-neoliberalismo-neocolonialismo-e-injusticia-climatica-han-llevado-a-haiti-al-limite-por-keston-k-perry/

[10] https://pulsonoticias.com.ar/8911/el-fmi-agita-las-llamas-de-la-insurreccion-en-haiti/

[11] https://www.ap.org/ap-in-the-news/2019/ap-photographer-wounded-in-haiti-shooting

[12] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48711839

[13] http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE-131.pdf

[14] https://news.un.org/es/story/2019/10/1463911

[15] https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201910161088993267-mision-de-paz-de-la-onu-concluye-mandato-en-haiti-sin-impedir-brotes-de-violencia/

[16] https://www.theguardian.com/world/2019/oct/11/haiti-and-the-failed-promise-of-us-aid

[17] https://www.celag.org/haiti-resultado-intervencion-humanitaria/

[18] https://www.nytimes.com/2017/06/26/world/americas/cholera-haiti-united-nations-peacekeepers-yemen.html

[19] http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/08/08/hallan-muerto-a-un-funcionario-de-haiti-que-iba-a-denunciar-a-la-fundacion-clinton/

[20] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37614689

[21] https://www.nodal.am/2019/10/decadas-de-neoliberalismo-neocolonialismo-e-injusticia-climatica-han-llevado-a-haiti-al-limite-por-keston-k-perry/

[22] https://www.nytimes.com/2019/09/28/world/americas/haiti-protests-moise.html

[23] https://www.jornada.com.mx/2019/10/16/mundo/026n4mun

Fuente: http://www.celag.org/haiti-protestas-interminables-en-una-republica-olvidada/

Publicado enInternacional
El paro y la protesta se extienden en Ecuador

 

Ecuador amaneció por segundo día consecutivo sin transportes y con ccortadas en varios puntos. Moreno dijo que no va a permitir que se bloqueen camiones cargados con productos básicos.

Ecuador amaneció por segundo día consecutivo sin transportes y con calles y carreteras cortadas en varios puntos. El presidente Lenín Moreno decretó ayer el “estado de excepción” para intentar sofocar las manifestaciones contra el "paquetazo" impulsado con el apoyo del FMI. Ayer la liberación del precio de los combustibles produjo aumentos de hasta un 123 por ciento. Sin embargo Moreno volvió a defender su decisión. “Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida, se eliminó el subsidio, se acabó la zanganería”, dijo.

Luego de los disturbios del jueves, los dirigentes del sector de transporte decidieron continuar con el paro nacional. "No queremos desestabilizar el país, pero lamentablemente en este momento lo que se está tratando es de sobrevivir", dijo a la prensa el presidente de la Federación Nacional de Transportistas Pesados, Luis Vizcaíno. "Si se logra bajar un poco las tarifas del combustible creo que puede haber una salida para que el Ecuador vuelva a la paz", añadió.

En Quito, solo opera el servicio municipal de transporte, que no se adhirió a la medida de fuerza. Una de las empresas que prestan este servicio, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), informó cierres viales en varios puntos de la ciudad y que taxistas colocaron barricadas y encendieron neumáticos en la céntrica avenida Teniente Hugo Ortiz para impedir el paso de los vehículos. Para contrarrestar los efectos del paro, el gobierno decidió que las Fuerzas Armadas habilitaran sus vehículos para movilizar a los ciudadanos. El servicio se prestó en las ciudades de Quito, Guayaquil, Manabí, Ibarra y Pastaza. Las autoridades suspendieron las clases en las escuelas primarias y secundarias y para los institutos de formación superior y técnica.

En su perfil de Twitter, la Fiscalía indicó que fueron detenidos el secretario general del Sindicato de Chóferes y el presidente de la Cámara de Transporte de la ciudad andina de Cuenca, a los que identifica como Mesías V. y Manolo S., respectivamente.

El saldo de la jornada de protesta de ayer fueron 21 policías heridos y 277 detenidos, informó el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. “Cometieron actos de vandalismo y atentaron contra la propiedad", dijo Jarrín. "Con el estado de excepción se está logrando el propósito fundamental, el cual es restablecer el orden y la paz social", expresó el ministro desde la casa presidencial.

Desde Guayaquil, Moreno afirmó que las medidas no fueron fáciles de tomar, pero que está dispuesto a dialogar con aquellos que respeten los derechos humanos. “Conversar sí, habrá mecanismos de palear un poco el efecto que pueda tener en algunos sectores (la medida), claro que sí, estamos dispuestos a hacerlo, pero bajo ninguna circunstancia vamos a cambiar la medida”, dijo. Señaló que aproximadamente 60 mil millones de dólares se destinaron a subsidios durante estos años. “Pongamos los pies en la realidad, sepamos exactamente a qué nos habíamos enfrentado, no queremos beneficiar a los que más tienen, no queremos a los contrabandistas, eso sí no me pidan: que dialogue con los contrabandistas que se han enriquecido pasando combustibles hacia países vecinos”, afirmó el mandatario. Moreno también dijo que no va a permitir que se bloquee la circulación de camiones con productos básicos. Informó que se requisaron dos camiones que bloqueaban el paso en el sur de Guayaquil y que se va a seguir requisando lo que sea necesario.

Legisladores de Revolución Ciudadana, el partido del ex presidente Rafael Correa, que forma parte de la Asamblea Legislativa, solicitaron la destitución de Lenín Moreno y adelantar las elecciones presidenciales y legislativas. "Esta Asamblea tiene que revisar el estado de excepción y determinar el incumplimiento de funciones del presidente", afirmó la legisladora Gabriela Rivadeneira.

La ola de reclamos comenzó luego de que, acosado por el endeudamiento y la falta de liquidez en una economía dolarizada, Moreno pactó un millonario programa de créditos con el FMI. El paquete de medidas incluye la quita de subsidios a los combustibles, que demandaban 1.300 millones de dólares al año. También despidos de empleados públicos y reforma tarifaria. La liberación de los precios provocó el aumento del galón de nafta (equivalente a 3,78 litros) desde US$ 1,85 a US$ 2,22. 

El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, indicó que el Ejecutivo hará un "ajuste" en los pasajes de autobuses interprovinciales. También impulsará que los municipios hagan lo mismo con el transporte urbano y de taxis, que están a su cargo. "Pero esta subida del pasaje, que será moderada, que será justa y que será técnica, no deberá tener consecuencias en los (precios de los) demás productos", añadió.

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticaron la represión policial del jueves. "Repudiamos el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, como evidencian imágenes de represión a las protestas sociales. (...) Seguimos con preocupación la situación de un centenar de detenidos en todo el país, por lo menos 19 heridos y 20 periodistas agredidos", indicó el organismo vía Twitter. El relator para Ecuador del Comité de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Mikel Mancisidor, cuestionó las medidas tomadas por Lenín Moreno. “Rechazamos que los derechos a la libertad de asociación, asamblea y movimiento hayan sido suspendidos", dijo.

Además del FMI, otros organismos multilaterales también entregarán 6.070 millones de dólares en préstamos a la administración de Moreno, que por falta de liquidez ha emitido bonos por más de 10.000 millones de dólares. La deuda externa pública de Ecuador subió en 47 por ciento en el actual gobierno, llegando a 39.491 millones de dólares. Esto representa el 36,2 por ciento del PIB.


Lenín Moreno: un converso contra las cuerdas

Por Juan Manuel Karg

 

La declaración de Estado de Excepción que Lenín Moreno Garcés ordenó este jueves en Ecuador termina de mostrar su conversión total a nivel político: fue antecedida por una serie de protestas y movilizaciones contra el alza en el precio de los combustibles, dispuesto tras la quita del subsidio estatal, lo que provocó el fastidio en amplios sectores sociales que eligieron las calles para manifestar su descontento.

 Antes, el Fondo Monetario Internacional había pedido la implementación a la brevedad de otras dos medidas ortodoxas, las reformas laborales y tributarias, para así desembolsar unos 4200 millones de dólares. Moreno, que se mostró como un alumno ejemplar de Donald Trump en el encuentro que el Jefe de Estado norteamericano tuvo con algunos mandatarios de nuestra región en el marco de la Asamblea General de la ONU, viene de retirar el busto de Néstor Kirchner de la sede de la Unión de Naciones Sudamericanas que lleva el nombre del ex presidente argentino en Mitad del Mundo. Antes, había sido pieza clave en el lanzamiento de Prosur, el esquema integracionista que pretende reemplazar a la Unasur y es solo un maquillaje sin sede, funcionarios ni atribuciones.

Como se ve en el artículo tres del Estado de Excepción, Moreno suspende "en todo el territorio nacional el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión", lo cual "consiste en limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durantes las veinticuatro horas del día". Este decreto, que tiene dos meses de rigor a partir de la firma del Jefe de Estado, tuvo su fatídico estreno en las inmediaciones del Palacio de Carondelet el mismo jueves, con una represión policial que incluyó detenciones arbitrarias y ataques a los periodistas allí presentes (dos cronistas de El Comercio fueron golpeados, según se advierte en diversos videos subidos a las redes sociales). 

Luego Moreno se desplazó hasta Guayaquil. "La tarea de mi presencia es evitar que aquellos que saquearon el país sigan saqueando el Ecuador" dijo allí Lenín, intentando sin pruebas mezclar lo que sucedía en las calles de esa ciudad -además de movilizaciones genuinas, hubo desbordes con saqueos a comercios incluídos- con el gobierno de Rafael Correa (del cual el fue funcionario de alto rango, vale decir, hasta el último día, y al cual valoraba como "el mejor gobierno de la historia de Ecuador").

 La derecha sudamericana enfrenta un momento de serias convulsiones que sobrepasan Ecuador: Argentina se precipita a un fin de mandato de Mauricio Macri con alarmantes índices de pobreza y una impagable deuda con el propio FMI; Paraguay está en recesión económica; Perú naufraga en una disputa fraticida entre el Ejecutivo y el Legislativo, que hizo que este último quede disuelto; Brasil se prende literalmente fuego mientras Bolsonaro cae en su popularidad y Lula permanece detenido injustamente en Curitiba; Colombia asiste a una escisión de las FARC ante un acuerdo de paz que se debilita, entre otros datos que dan cuenta del complejo momento que viven los gobiernos conservadores en la región. 

Sin embargo, el caso ecuatoriano amerita especial tratamiento: Moreno tiene una fuerza social, política y electoral escasa, casi irrelevante, y para gobernar debe apoyarse en los sectores más conservadores del país, tanto a nivel político como económico. Del otro lado, el correísmo muestra músculo: en las últimas elecciones conquistó dos de las tres gobernaciones más importantes del país (Pichincha y Manabí). Hay un líder, en el extranjero, que aún tiene la capacidad de aglutinar a un segmento no menor de la población de ese país ante el ajuste en curso: este elemento puede ser significativo a mediano plazo.

 La decisión de Moreno tiene que ver con un dato inequívoco de la política ecuatoriana: las calles le toman el pulso a los gobiernos que deciden ajustar a la población. Le pasó a Jamil Mahuad, que contaba con el mismo asesor con el que cuenta Moreno: Jaime Durán Barba, que tiene un 2019 para el olvido, visto y considerando además la estruendosa derrota de Mauricio Macri en las PASO de Argentina. Por este dato histórico, que tiene que ver con la tradición de un pueblo decidido a salir a las calles para confrontar los abusos del poder, y por la debilidad estructural del gobierno de Moreno, habrá que prestar atención al día a día de una crisis que acaba de empezar y nadie sabe como puede terminar. El converso está contra las cuerdas y todos los actores políticos y económicos del país notan su debilidad. La huelen. Moreno, que dejó de ser Lenín hace ya mucho tiempo, vive sus horas más complicadas.

Politólogo UBA. IIGG - Facultad de Ciencias Sociales. @jmkarg 

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Lenin Moreno decreta "estado de excepción" para contener las protestas

El aumento de combustibles derivó en un paro nacional de transporte y protestas en todo el país.

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, decretó el “estado de excepción” que le permitirá sacar las fuerzas armadas a las calles en su país. Lo hizo después de anunciar el martes un aumento de hasta el 123 por ciento en el precio de los combustibles, lo cual derivó en un paro nacional de transporte y protestas en todo el país.  La liberación del precio de los combustibles, anunciada por Moreno, ató esos precios a valores internacionales, generando el desproporcionado aumento. Las medidas anunciadas forman parte de la reforma tributaria que le exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Ecuador en el marco del acuerdo que firmaron en marzo de este año.

Frente al avance de múltiples focos de protesta en varios puntos de Quito, la policía cercó vastas zonas del centro y reprimió movilizaciones, entre ellas una de estudiantes. Las Fuerzas Armadas rodearon el Palacio de Gobierno. Las protestas se extendieron por todo el territorio ecuatoriano, con intentos de saqueos y cortes en rutas y vías de acceso. Miles de pasajeros se las ingeniaron para movilizarse en las avenidas troncales a través del sistema municipal de transporte, que no adhirió al paro, pero en el resto de la ciudad colapsó a falta de autobuses y taxis privados y de cooperativas, que acataron masivamente. 

 "Mientras no se dé marcha atrás en las alzas de los combustibles, nosotros no dejaremos de protestar", dijo Carlos Guzmán, dirigente de una cooperativa de taxis que se manifestó en el centro viejo de la capital. “El gobierno se sacó toda la careta y planteó el paquetazo neoliberal que le ordenó el FMI, donde todo el peso del proyecto económico lo pone en las espaldas del pueblo ecuatoriano", señaló el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) Mesías Tatamuez.

Como respuesta Moreno decretó el “estado de excepción” para garantizar la “movilidad en todo el territorio nacional”. Esto le permite volcar a las calles las Fuerzas Armadas. “Las medidas siguen firmes. No existe la más mínima posibilidad de cambiar aquellas medidas relacionadas con ese subsidio perverso que causaba daño al país”, dijo Moreno, descartando rumores que hacían pensar en una posible marcha atrás.

El aumento de combustibles es parte de las reformas tributarias, a las que hay sumar las laborales, que el gobierno impulsa en función del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En marzo Ecuador firmó un acuerdo con este organismo para conseguir créditos por 4.209 millones de dólares, en medio de serios problemas financieros. Otros organismos multilaterales también entregarán 6.070 millones de dólares en préstamos a la administración de Moreno, que inició su mandato en mayo de 2017. Por falta de liquidez su gobierno ya emitió bonos de deuda por más de 10.000 millones de dólares.

“Moreno tiene la amenaza del FMI de que no canalizará el siguiente desembolso a menos que se cumplan las medidas de equilibrio de fiscal que ellos requieren”, dijo en diálogo con Página/12 Andrés Arauz, ex presidente del Banco Central de Ecuador entre 2009 y 2011. “El decreto de Moreno no sólo elimina el subsidio a los combustibles. Lo que hizo fue liberar el precio para de esa forma atarlo a los valores internacional”, explicó. La cotización del galón americano de diésel pasó de 1,03 dólares a 2,30 dólares y la de gasolina corriente, de 1,85 a 2,40 dólares, en surtidoras de Quito. 

Según el ministro de Economía, Richard Martínez, el esquema de precios vigente hasta entonces era insostenible.  "Lo que estamos haciendo es sincerar los precios, retirar un subsidio, un regalo que estaba haciendo el Estado”, señaló.

El martes, admás del aumento de combustible, Moreno ebozó algunas de las reformas laborales y tributarias que presentará al Parlamento, pero no hizo circular el proyecto de ley, por lo que no se descarta que aparezcan otras sorpresas. dado que el aumento, impacta con más fuerza a los sectores más desprotegidos, para compensar Moreno anunció otra medida supuestamente orientada a que las grandes empresas compartan el sacrificio. Anunció que las empresas que generen ingresos anuales de más de 10 millones de dólares "pagarán, por tres años, una contribución especial que totaliza más de 300 millones".  Esos fondos se destinarán exclusivamente "para seguridad, educación y salud", subrayó el mandatario. 

Sin embargo, para Arauz, la medida anunciada es de corte voluntarista y por lo tanto inefectiva. “Esta podría ser vista como una medida progresista, ya que apunta a los sectores que más ganancias obtienen. Sin embargo es un impuesto extraordinario, con esquema de tributación voluntario, sin ejercicio de control”, sostiene Andrés Arauz. El presidente ecuatoriano también anunció la reducción de aranceles de importación para bienes de capital y materias primas que beneficien a los sectores agrícola e industrial. Además, suprimirá los impuestos a la importación de teléfonos móviles, computadoras y tabletas. A los exportadores les anunció la simplificación para la devolución de tributos al comercio exterior, por un porcentaje del valor de la exportación. Entre las medidas fiscales dijo que decidió bajar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para materias primas, insumos y bienes de capital que constan en una Lista del "Comité de Política Tributaria”.

Entre las medidas que componen la reforma laboral figura la reducción en 15 días de vacaciones a los empleados de empresas públicas, y la aportación de un día de salario al año, anunció el presidente. “Su remuneración es superior a la que se percibe en el resto de la administración pública", argumentó Moreno. Otra medida es la reducción de los topes en las distintas escalas salariales de la función pública, la cual ahorraría al Estado 148 millones de dólares en una fase inicial, dijo el mandatario. Además estableció un cronograma de despidos que pretende llevar adelante el próximo año, que aportará otros 160 millones de dólares adicionales a las arcas estatales. "Todo esto, insisto, contribuye a dinamizar la economía y el empleo", argumentó Moreno.

Pero para Arauz los objetivos de Moreno son otros. “Entre las metas que impuso el FMI figura la eliminación del déficit, no reducirlo, para de esa manera llegar a un superávit primario del 4 por ciento. Estas medidas que toma el gobierno van en sintonía con ese objetivo”, sostiene Arauz. “No se debe invertir en obra pública, se deben acumular reservas, para llevarlas a bancos extranjeros. Buscan extraer liquidez para depositarla afuera. El programa estipula que para el 2022 deben existir reservas en el exterior por 15.000 millones cuando ahora hay 4.000 millones”, informó Andrés Arauz.


El paquetazo del FMI lleva a Lenín Moreno al borde del precipicio

Eloy Osvaldo Proaño

CLAE

La caída vertiginosa de la credibilidad del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, la imposición del paquetazo impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la declaración del estado de excepción ante el reclamo popular, se suman a las denuncias de corrupción, que van abonando el mismo camino que debieron seguir sus antecesores Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez

Con la declaración del estado excepción que durará 60 días, con posibilidad de renovación (según la ministra de Gobierno María Paula Romo) el presidente Lenín Moreno, pretende "garantizar la seguridad" ante los "focos localizados" de violencia. "La gente piensa que no tomo decisiones, pero sí lo hago", aseguró Moreno.

La ola de movilizaciones respondió a un “paquetazo” económico decretado por el gobierno e impuesto por el FMI, que incluye el incremento del precio del diésel y gasolina extra, producto de la eliminación del subsidio estatal, además de reformas laborales y tributarias . El gobierno pretende ahorrar 1.400 millones de dólares anualmente.

A las manifestaciones de los transportistas se sumaron organizaciones sociales, indígenas y estudiantes universitarios que rechazan lo que tildan de “paquetazo”. Lo cierto es que desde la medianoche del miércoles no hay transporte y las clases han sido suspendidas en todo el país y el jueves el ambiente de las protestas subió de tono.

La gasolina extra ha pasado de costar 1,85 dólares por galón a 2,22, respectivamente. El diésel, habitual combustible del transporte de mercancías, estaba entre un dólar y 1,37 dólares, dependiendo del tipo, y ahora sube a casi el doble, con algo más de 2,10 dólares el galón.

"Las medidas que tomamos en conjunto están en firme, no existe posibilidad de cambiar, principalmente las relacionadas con el subsidio que causa tanto daño al país que distorsionaba la economía", dijo Moreno desde la casa de gobierno.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló el miércoles desde Washington que las reformas anunciadas por Moreno tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana, y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo.

Destacó asimismo que las autoridades “están trabajando en importantes reformas destinadas a apoyar la dolarización de Ecuador, incluida la reforma del Banco Central y el Código Orgánico de presupuesto y planificación”. El 11 de marzo, el FMI avaló un acuerdo técnico de asistencia financiera a Ecuador por 4.200 millones de dólares, que permitió el desembolso inmediato de 652 millones de dólares

Assange, los INA Papers, Unasur, Opep

Lenín Moreno sorprendió el jueves 11 de abril al revocar el asilo que Ecuador le había concedido a Julián Assange, situación que le fue exigida por el vicepresidente estadounidense Mike Pence y, según señalan algunos analistas, por el Fondo Monetario Internacional para otorgarle los créditos solicitados.

La medida acabó con su estadía de casi siete años en la embajada ecuatoriana en Londres y permitió que la policía británica lo arrestara, para entregarlo al gobierno estadounidense. Moreno aseguró que Assange “prácticamente convirtió a la embajada en un centro de espionaje internacional y terrorismo informático”, quebrando las normas de convivencia y hasta manchando con sus heces las paredes de la sede diplomática.

Existe una evidente relación causal y temporal entre las revelaciones de Wikileaks acerca de los INA Papers y la expulsión de Julián Assange de la embajada de Ecuador en Londres. Las revelaciones sobre los sobornos recibidos amenazaron con acabar con la carrera política de Moreno, e incluso, dar con sus huesos en la cárcel.

En marzo de 2012, en la capital de Belice, el hermano del presidente, Edwin Moreno Garcés constituyó una empresa fantasma offshore bajo el nombre INA Investment Corp (acrónimo de las tres últimas letras del nombre de las tres hijas que del mandatario: Irina, Carina y Cristina), con el fin de recibir dineros de coimas que se recaudaban por medio del “empresario” y a la vez su testaferro Xavier Macías Carmignani.

Los sobornos comprobados se recibieron de empresas como la china Sinohydro y la panameña Recorsa pagaban por el lobby efectuado en las adjudicaciones de determinadas concesiones con el estado. En uno solo de esos movimientos se pagaron ni más ni menos que 18 millones de dólares.

Los INA Papers son una importante serie de documentos que confirman la existencia de una organización criminal liderada por Lenín Moreno. Por medio de al menos una docena de sociedades fantasmas constituidas en diversos paraísos fiscales, cometió una serie de delitos que incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y el cohecho en perjuicio del Estado ecuatoriano, cuyos alcances han derivado en lo que Interpol categoriza como crimen transnacional.

Las últimas semanas Lenín Moreno no sólo decidió la salida de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), bombardeando el esfuerzo de integración política regional, sino también el vaciamiento de la sede en la mitad del mundo, que incluyó quitar la estatua del expresidente argentino Néstor Kirchner. Y anunció también el retiro del país de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Presidentes expulsados

Los ecuatorianos saben de levantamientos populares contra presidentes que los han engañado, impulsados por movimientos populares e indígenas, desde, al menos, la década de 1980 hasta el ingreso en el nuevo milenio.

Abdala Bucaram, fue alcalde de Guayaquil tras ser electo en 1984. Fue enjuiciado por injurias a las Fuerzas Armadas y peculado en 1985. En su intento por huir de la prisión preventiva en el juicio por peculado, viajó a Panamá. En 1987 el Congreso le dio amnistía , permitió que participe en las elecciones de 1988 en la que perdió contra Rodrigo Borja, y los juicios en su contra volvieron a activarse inmediatamente y tuvo que volver a Panamá.

En 1992 el Congreso le otorgó amnistía por segunda vez y se postuló para los comicios presidenciales de 1992 en los que volvió a perder. Su tercera candidatura fue en 1996 y ganó. En 1996, la entonces Corte Suprema de Justicia presentó dos juicios en su contra debido a mal manejo de gasto público y un sobreprecio en la adquisición de mochilas escolares. En 1997 el congreso lo calificó de ‘incapacidad mental’, fue destituido y viajó a Panamá, lugar en el ha permanecido exiliado.

Jamil Mahuad fue electo presidente en 1998 y destituido de sus funciones en enero del 2000, tras poner al país al borde de la hiperinflación. Esto llevó a la quiebra o cierre de 21 de los 42 bancos existentes en esa época. Mahuad decretó un congelamiento de depósitos y dolarizó al país. Se produjo una devaluación acelerada. El precio del dólar había subido de 4.500 a más de 25.000 sucres en menos de un año.

El 21 de enero de 2000 fue derrocado cuando las Fuerzas Armadas le quitaron su apoyo. El gobierno de Chile le ofreció asilo diplomático pero Mahuad se fue a dar clases en la universidad de Harvard. El 27 de mayo de 2014, la Interpol emitió una circular roja para poder detener a Mahuad en cualquier parte del mundo y llevarlo a los tribunales de Ecuador, pero fue retirada en menos de un mes.

La justicia ecuatoriana lo busca por el presunto delito de peculado —mal uso de fondos públicos— que significaría una pena de 12 años en prisión.

El 21 de enero del 2000 Lucio Gutiérrez participó en una rebelión indígena y de militares de bajo rango que derrocó al presidente constitucional Jamil Mahuad. Fue arrestado por golpista y confinado en el Fuerte Militar Atahualpa, donde permaneció por 120 días hasta que el Congreso le otorgó la amnistía. En las elecciones del 2002 se lanzó como candidato presidencial y ganó en la segunda vuelta.

El mandato de Gutiérrez experimentó casos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Creó la Pichi Corte donde se buscaba eliminar los juicios para los ex presidentes Gustavo Noboa y Abdalá Bucaram. El aumento del costo del combustible y el no cumplimiento de su plan político llevó a la ciudadanía a protestar durante varias semanas hasta que, el miércoles 20 de abril de 2005, Gutiérrez dejó la presidencia, a bordo de un helicóptero del Ejército.

….

La renovada represión marca la ruta de su posible futuro, sobre todo cuando las guarismo de las últimas elecciones regionales marcaron un sostenido aumento del poder popular del expresidente Rafael Correa, denostado, permanentemente atacado por Lenín Moreno, quien supo ser su vicepresidente y su candidato a sucederlo.

Moreno no tiene ningún poder de mando, pero aún le resta cumplir con algunos objetivos de los sectores de poder, como desdolarizar caóticamente, que es lo que aspiran los grandes importadores, los grandes exportadores y los banqueros, sobre todo.

No sería descartable que dada la debilidad de Moreno, esos mismos sectores sean los que aceleren la asunción del vicepresidente para que pueda seguir con las medidas económicas y el camino trazado. Algo similar sucedió, recuerda el exvicecanciller Kintto Lucas, en el año 2000 con Mahuad-Noboa cuando se declaró la dolarización.

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Hong Kong prohíbe el uso de máscaras en las manifestaciones

La Jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, ha anunciado este viernes en rueda de prensa la ilegalización desde esta medianoche del uso de máscaras con las que los manifestantes ocultan su identidad durante las protestas que se han sucedido en la ciudad en los últimos cuatro meses.

Para ello, el Gobierno echará mano de una ley de emergencia que constituirá como delito el uso de máscaras para intentar "restaurar el orden", según ha dicho Lam, quien ha añadido que "la ley no implica que Hong Kong esté en estado de emergencia", sino que "las protestas son cada vez más frecuentes y violentas, y la gente está preocupada".

"Esperamos que la ley pueda tener un efecto disuasorio", ha dicho Lam al especificar que la ley "apunta a las personas que han recurrido a la violencia". Defiende que tomar la decisión de aprobar este tipo de legislación "no ha sido fácil, pero necesario" y aclara que se trata de una legislación subsidiaria que se presentará en el Consejo Legislativo el 16 de octubre para que los legisladores puedan modificarla, pero ya después de haber sido implementada.

Asimismo, Teresa Cheng, Secretaria de Justicia, indica en la comparecencia del Ejecutivo ante la prensa que la legislación "no socavará las libertades de las personas, que pueden asistir a reuniones, siempre y cuando no utilicen máscaras".
La ley contempla sentencias de hasta un año de prisión y multas de hasta 25.000 dólares hongkoneses (3.188 dólares), especifica el Secretario de Seguridad del Ejecutivo hongkonés, John Lee Ka-chiu.

Para Lee, "la medida ayudará a los agentes de la Policía recolectar información", dado que "en los últimos cuatro meses la mayoría de la gente que ha participado en incidentes violentos usaba máscaras para ocultar su identidad con el objetivo de lanzar cócteles molotov y causar daños a edificios públicos".

Sin embargo, la prohibición puede avivar aún más las protestas en la ciudad financiera, ya que cientos de personas ya se han echado este viernes a las calles del distrito financiero de Central para protestar contra esta ley coreando eslóganes como "Hong Kong, resiste".

Las protestas en Hong Kong, que se convirtieron en masivas en junio a raíz de una polémica propuesta de ley de extradición, se han sucedido durante casi cuatro meses y han mutado hasta convertirse en un movimiento que busca una mejora de los mecanismos democráticos que la rigen y una oposición al autoritarismo de Pekín.


No obstante, algunos manifestantes han optado por tácticas más radicales que la protesta pacífica y los enfrentamientos violentos con la Policía son habituales.

04/10/2019 - 11:03h

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 Una manifestante, durante su arresto, este domingo en Hong Kong. En vídeo, crónica de las protestas. GETTY IMAGES | ATLAS

Decenas de miles de personas salieron este domingo a las calles, en la mayor manifestación desde hacía un mes en Hong Kong, para protestar contra el Gobierno chino en una concentración que, a tramos, contó con incidentes de violencia. Centenares de policías salieron de las bocas de metro, de callejones, de furgonetas enviadas por la Comisaría central para detenerlos, en una operación de limpieza por todo el centro de la antigua colonia que se prolongó durante horas y que dejó claro el profundo cisma que se ha creado no solo entre manifestantes y los Gobiernos de Hong Kong y Pekín; también, entre la Policía local y los ciudadanos de a pie.

Los altercados entre ambas partes fueron los más violentos hasta la fecha en tres meses de protestas. Los dos lados han endurecido sus tácticas en vísperas de los festejos con los que China quiere celebrar por todo lo alto los 70 años de la República Popular —uno más que los que llegó a cumplir la ahora difunta Unión Soviética—. Los manifestantes están dispuestos a aguar la fiesta; la Policía y el Gobierno autónomo, a impedírselo.

Que los altercados de este domingo, el décimo séptimo de protestas en la antigua colonia británica, iban a tener una escala mucho mayor que en fines de semana previos quedó claro desde primera hora de la tarde. Ya antes de comenzar la manifestación, para la que el grupo convocante no había pedido autorización previa de la Policía, los agentes lanzaron varias rondas de gases lacrimógenos en la cabeza de la marcha, en Causeway Bay, uno de los grandes núcleos comerciales hongkoneses.

Los manifestantes también habían dejado claro que querían hacerse oír más que nunca, en la ciudad y en el exterior. El lema oficial de la marcha era “contra el totalitarismo global”; muchos jóvenes portaban distintas banderas —Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, España, Irlanda, Estonia, Senegal— y lemas en varias lenguas. La imagen del presidente chino, Xi Jinping, se había transformado en una alfombra sobre la que los movilizados pateaban con entusiasmo; abundaban los carteles en los que las estrellas de la bandera nacional china se habían convertido en una esvástica. Todos los manifestantes ocultaban su rostro en mayor o menor manera.

Las cargas policiales comenzaron a mitad de recorrido, en lo que pareció un cambio de táctica con respecto a otras ocasiones. Grupos de jóvenes radicales habían cubierto con carteles y pintadas negocios supuestamente de propiedad prochina, roto cristales y lanzado cócteles molotov contra la boca de metro de Wan Chai, una de las más concurridas en la isla de Hong Kong. Los antidisturbios dispararon abundantes rondas de gas pimienta y balas de plástico; una hirió a una periodista indonesia.

En la cabecera de la manifestación, en torno a los edificios de Gobierno, los antidisturbios —conocidos popularmente como los raptors— utilizaban cañones de agua, más rondas de gases lacrimógenos, más balas de plástico. El gas pimienta aún seguía flotando en el ambiente minutos después de que, finalmente, cargaran contra los manifestantes y detuvieran a decenas de ellos. La escena se repitió en diversos puntos de la ciudad, mientras el público increpaba ruidosamente a los agentes y estos —devolviendo a veces los insultos— trataban a su vez de impedir el trabajo de los periodistas, intentando deslumbrarles con luces o —en alguna ocasión— lanzando gas lacrimógeno en lo que pareció un gesto intencionado.

“Mira en lo que se han convertido”, sollozaba Sophia, una joven menuda. “Mi abuelo, mi abuela, son partidarios de China. Puedo entenderlo. Ellos me dan sus argumentos e intentan razonar. Esta Policía no solo es que defienda a China. No razona, nos ataca, nos insulta, han perdido por completo su ética profesional”.

Una investigación sobre la violencia policial es una de las demandas principales de los manifestantes, que reclaman también sufragio universal, la puesta en libertad de los detenidos en las protestas y que se retire la descripción de “disturbios” a las manifestaciones. Hasta ahora, la única reivindicación que se ha visto cumplida ha sido la retirada del proyecto de ley de extradición cuyo trámite desencadenó las movilizaciones el pasado 9 de enero.

A lo largo de las avenidas del centro de Hong Kong, la Policía seguía avanzando para retirar las barricadas, algunas incendiadas, que los manifestantes habían dejado en su retirada. Tras ellos, centenares de ciudadanos les seguían increpando.

 Hong Kong 30 SEP 2019 - 00:21 COT

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La líder hongkonesa retirará el proyecto de ley de extradición, según la prensa local
  • - Fuentes citadas por el diario South China Morning Post aseguran que Lam ha convocado a los 43 diputados progubernamentales para una reunión en su residencia oficial tras la que anunciaría la retirada definitiva del texto de extradición
  • - La política ha negado ayer mismo que hubiera ofrecido su renuncia a las autoridades chinas: "Jamás he ofrecido mi dimisión al Gobierno Popular Central"
  • - Aunque ya había suspendido su tramitación y luego aseguró reiteradamente que el proyecto estaba "muerto", los manifestantes no se han dado por satisfechos

 

 La jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunciará este jueves la retirada del polémico proyecto de extradición que ha suscitado las multitudinarias protestas registradas en la ciudad desde hace tres meses, según varios medios de la ciudad.

Fuentes citadas por el diario South China Morning Post y por el portal de noticias HK01 aseguran que Lam ha convocado a los 43 diputados progubernamentales a las 16:00 hora local (10 horas en España) para una reunión en su residencia oficial, tras la que anunciaría la retirada definitiva del texto.

Aunque ya había suspendido su tramitación y luego aseguró reiteradamente que el proyecto estaba "muerto", los manifestantes no se han dado por satisfechos; una de las cinco demandas del movimiento es precisamente la retirada efectiva y definitiva de esa reforma legal.

De producirse finalmente, esto significaría que tras trece semanas de protestas las autoridades locales accederían a cumplir con una de las cinco exigencias, en un gesto para "calmar el ambiente", según una de las citadas fuentes.

El resto de peticiones son el establecimiento de una comisión independiente que investigue la supuesta brutalidad policial, la retirada de cargos contra los detenidos por las protestas, la retirada del calificativo de "revuelta" sobre las manifestaciones y la aplicación del sufragio universal para la elección del jefe del Ejecutivo local.

Lam goza, según las últimas encuestas, de la popularidad más baja jamás registrada por un líder del Gobierno local desde que Hong Kong regresó a manos chinas tras siglo y medio de dominación colonial británica.

No obstante, y pese a que los manifestantes han exigido una y otra vez su dimisión, la política ha negado ayer mismo que hubiera ofrecido su renuncia a las autoridades chinas: "Jamás he ofrecido mi dimisión al Gobierno Popular Central (el Ejecutivo de Pekín). Nunca me he planteado dimitir. La elección de no dimitir es mía propia".

Así, Lam respondía a unas grabaciones obtenidas por la agencia de noticias Reuters durante una reunión con empresarios locales en las que se le escucha decir: "Si tuviera elección, lo primero (que haría) sería dimitir, después de haberme disculpado convenientemente".

En sus últimas intervenciones, los portavoces del Ejecutivo chino han reiterado su apoyo a Lam, a su Gobierno y a la Policía de Hong Kong para que resuelvan la situación.

Las manifestaciones comenzaron el pasado mes de marzo como oposición a una polémica propuesta de ley de extradición que, según abogados y activistas, podría haber permitido a Pekín acceder a "fugitivos" refugiados en territorio hongkonés.

Éstas han movilizado desde junio a cientos de miles de personas y han dejado enfrentamientos entre algunos manifestantes violentos y la policía, a la que se ha acusado de abusar de su poder a la hora de disuadir las protestas.

Aunque a principios de julio las autoridades hongkonesas declararon "muerta" esa propuesta de ley, los manifestantes exigen que se retire oficialmente y han ampliado sus demandas con el objetivo de mejorar los mecanismos democráticos de la ciudad y, en definitiva, oponerse al autoritarismo chino.

EFE

04/09/2019 - 09:52h

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 Estudiantes con uniforme, durante las protestas en Hong Kong este lunes. AP

Universitarios y estudiantes de secundaria lanzan una huelga de dos semanas con multitudinarios mítines

Cadenas humanas. Carteles y pegatinas con el lema “Ánimo, Hong Kong”. Algún ojo tapado. Muchas máscaras de gas, convertidas ya en parte del equipo habitual de los jóvenes manifestantes antigobierno en Hong Kong. Con varios mítines a los que han asistido decenas de miles de personas, los estudiantes universitarios y de secundaria del territorio autónomo chino han dado este lunes el pistoletazo de salida, el día de vuelta a las clases, a dos semanas de huelga para reclamar democracia y denunciar a su Gobierno y su policía autónoma. Ellos, algunos tan jóvenes como de solo 12 años, han estado en todos los actos de protesta a lo largo de todo el verano. Y aseguran que, haya clases o no, no van a cejar en sus intentos de ser escuchados.

En el centro financiero de Hong Kong, hasta 4.000 jóvenes, según los organizadores, asisten a la concentración convocada por las asociaciones de estudiantes de enseñanza media. Muchos han observado la huelga y se han saltado las clases. Otros han venido en cuanto ha terminado el medio día. Algunos con el permiso de sus padres, otros a escondidas. Casi todos con la cara tapada con mascarillas o máscaras de gas. Las camisetas negras se mezclaban con los uniformes escolares; en la mayoría de los casos, una pegatina con lemas de protesta tapaban en las camisas los emblemas del colegio correspondiente.

“Si los estudiantes de Hogwarts puede derrotar a los Mortífagos, los estudiantes de Hong Kong derrotarán a la Policía hongkonesa”. Kipper, de 18 años, enmascarado y con casco —el equipo ya habitual de los manifestantes, al que ha añadido una capa negra para reforzar su referencia a la saga de Harry Potter— quiere transmitir ánimo con su cartel casero. “Es una manera de expresar apoyo a los estudiantes con un poco de humor”, sonríe.

El humor era necesario tras la crispación de los últimos días. A las detenciones de nueve políticos de oposición y prominentes activistas el viernes, el sábado se sumaron graves enfrentamientos entre manifestantes y policía, que se saldaron con cerca de 70 detenidos. En tres meses, los arrestados ya suman casi un millar, el más joven con solo doce años. Una polémica intervención violenta de los agentes en una estación de metro esa noche ha intensificado el debate sobre el comportamiento policial y el divorcio entre el cuerpo y una buena parte de la población, que les increpa en cada salida. Gobierno y policía, por su parte, denuncian actos de vandalismo de los participantes en las protestas. El domingo, tras intentar rodear el aeropuerto, grupos de jóvenes radicales causaron daños en varias estaciones de metro.

“Hace falta una enorme dosis de valentía para que los estudiantes hayan venido hoy”, aseguraba Isaac Cheng, vicepresidente del partido Demosisto, uno de los organizadores del mitin. “Muchos han acudido debido a la violencia sin precedentes de la Policía el fin de semana, cuando agentes atacaron a golpes a pasajeros” del metro”, sostenía.

Aunque el ambiente es festivo —los lemas de los últimos tres meses se corean una y otra vez, “¡ánimo, hongkoneses!” “¡Proteged Hong Kong!”, entre aplausos— algunos de los participantes reconocen que no se presenta una salida clara y no ven cómo pueden acabar las protestas. “¿Esperanza? Ninguna. No creo que el Gobierno (autónomo) nos haga caso. Y Pekín, mucho menos. Quiere recortar nuestras libertades, nuestro sistema de vida, y cuanto antes, mejor”, opina Chiu, una joven de 17 años que confecciona pequeños lazos blancos, el color del luto, para repartir entre sus compañeros. “Pero aunque no haya esperanza, es mejor actuar e intentarlo que no hacer nada”.

En el caso de esta generación, el sentimiento de identidad hongkonesa está profundamente arraigado. Solo un 10% de los jóvenes hongkoneses se declara “orgulloso” de ser chino, según una encuesta de la Universidad de Hong Kong en junio pasado. “Mientras más jóvenes son los consultados, menos probable es que se sientan orgullosos de ser un ciudadano chino, y más negativos son sus puntos de vista sobre las políticas del Gobierno central hacia Hong Kong”, escribían los autores del sondeo.

Algunos de los jovencísimos participantes reconocen que hasta este verano apenas se habían interesado por la política. Otros aseguran que ya habían empezado a desarrollar una conciencia activista hace cinco años, cuando los estudiantes universitarios lanzaron las protestas prodemocracia conocidas como el Movimiento de los Paraguas. “Entonces ya nos hubiera gustado participar para reclamar reformas”, asegura Ho, una adolescente de 16 años que se cubre el rostro con una mascarilla quirúrgica. “Pero éramos demasiado jóvenes. Esta vez, no queríamos dejar pasar la oportunidad de contribuir y hacernos oír. Si la perdemos, tal y como se presentan las cosas, probablemente no haya otra en el futuro”.

Su amiga Lila, tan enmascarada o más que ella, está de acuerdo. “No nos pueden silenciar. Sabemos que nos pueden arrestar, pero no nos van a callar. No vamos a rendirnos. Seguiremos protestando, aunque nos detengan”, asegura, entre gestos de asentimiento de sus compañeras. “Es nuestra obligación —interviene Ho de nuevo—. No nos podemos callar. El Gobierno (autónomo) no nos escucha, pero tenemos que dejar claro que los hongkoneses queremos que se oiga nuestra voz”.

Los estudiantes sostienen que mantendrán su huelga hasta el día 13, y amenazan con medidas más duras si para entonces el Gobierno sigue sin ofrecer respuesta. Una posición que al otro lado de la bahía, en el campus de la Universidad China de Hong Kong, reiteraban los cerca de 30.000 universitarios que participaban en un mitin similar.

Las protestas reclaman la retirada del proyecto de ley de extradición, ahora suspendido, que permitiría la extradición de sospechosos a países con los que Hong Kong no tiene un acuerdo, incluida China; la dimisión de la jefa del Gobierno autónomo, Carrie Lam; una investigación independiente sobre el comportamiento de la Policía; la puesta en libertad de los detenidos en las protestas, y la reapertura de un proceso de reformas democráticas.

Pero si los estudiantes y trabajadores insisten en mantener el pulso al Gobierno, el ejecutivo también sostiene su órdago. Este lunes, el secretario de Seguridad, John Lee, elevaba la retórica oficial y por primera vez hacía referencia al “terrorismo”, una descripción a la que hasta ahora solo había recurrido Pekín: “el nivel de violencia, peligro y destrucción ha alcanzado niveles muy graves”, sostenía. “Los radicales han aumentado sus actos violentos e ilegales, mostrando elementos de terrorismo”.

En la noche, la calma del día volvía a romperse. En el popular barrio de Mong Kok, la Policía lanzaba varias rondas de gas lacrimógeno para disolver protestas.

Por Macarena Vidal Liy

Hong Kong 2 SEP 2019 - 14:50 COT

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El socialismo del siglo XXI es similar al del XX

Si sólo fuera Venezuela. Pero nuestra historia de crímenes es demasiado larga como para seguirla ignorando. Roque Dalton y la comandante Ana María, miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, son apenas dos perlas en un collar interminable. ¿En qué cuenta colocamos los crímenes de Sendero Luminoso, los miles de asesinados en nombre de la revolución y del “presidente Gonzalo”? ¿Y los muertos por Daniel Ortega? ¿Quién los asume? ¿Quién da la cara por tantas y tantos asesinados en nombre de un proyecto emancipatorio que no es tal?

Cuando no se puede culpar al imperialismo, como en los casos mencionados, la opción es mirar para otro lado. O mentar “errores”, para desviar la atención. Como todos los cometemos, ¿quién podría culpar entonces a los perpetradores? Lo grave es la doble moral, la ética de usar y tirar, para evitar no sólo la condena verbal, sino para no entrarle de veras a nuestro Gulag*, a los crímenes que cometemos en nombre de nuestro proyecto político que, bien mirado, es apenas un proyecto de poder.

El Foro de San Pablo tiene una larga trayectoria. Fue fundado en 1990 a instancias del Partido de los Trabajadores de Brasil, para enfrentar las consecuencias de la caída del socialismo real y las consecuencias del neoliberalismo en América Latina. Su importancia radica en que funciona como una suerte de centro de pensamiento para las izquierdas del continente y coordina a la casi totalidad de estas fuerzas.

Sin embargo, desde su creación ha sido incapaz de explicar las causas por las cuales colapsaron los socialismos soviéticos y los porqués de que China se haya colocado a la cabeza del neoliberalismo global. La impresión que se recoge es que los problemas del socialismo son, básicamente, los países imperialistas que ponen palos en la rueda de un sistema exitoso que avanzaría imparable si no fuera por las dificultades externas.

Lo demás serían errores entendibles. En una extensa entrevista de Tomás Borge a Fidel Castro en 1992, centrada en la figura de Stalin, reconoce: “Creo que Stalin cometió errores muy grandes, pero también tuvo aciertos grandes”. Entre los errores destaca “enorme abuso de poder”, pero no dice a qué se refiere y se niega a echar sobre sus hombros los millones de muertos por el régimen. Luego menciona dos tipos de errores: la política agraria y la militar.

Llama la atención que no mencione crímenes como los cometidos contra la vieja guardia bolchevique, Kamenev, Zinoviev, Trotski, Bujarin, por mencionar apenas algunos de los más conocidos. No son errores. Fueron asesinatos evitables, al punto que buena parte de ellos fueron rehabilitados tiempo después. Los juicios de Moscú no se debieron ni a errores ni a la locura de Stalin. De los 1.966 delegados del XVII Congreso del Partido Comunista, celebrado en 1934, 1.108 fueron arrestados y casi todos murieron ejecutados o en prisión.

Con razón Pierre Broué, en su historia del partido bolchevique, concluye que hubo una “exterminación” de los militantes y cuadros del partido de le época de Lenin. La importancia de esta historia, que llamamos habitualmente estalinismo, es que sigue operando, que no está cerrada. La represión sirve en dos sentidos: consolida a la burocracia en el poder y le allana el camino para convertirse en una nueva clase dominante. Por eso la represión no es un hecho menor: no es un error ni es consecuencia de la “manía persecutoria” de un loco (Stalin), como dijo tiempo después Kruschev.

Quiero enfatizar que la represión tiene una utilidad política y económica, como señala Foucault. En el bienio 1936-1937 hubo en la URSS 680.000 ejecutados y 630.000 internados en campos de trabajo. Hubo además, y de esto casi no se habla, una vergonzosa colaboración entre el KGB y la Gestapo alemana, que llevó a la entrega al régimen nazi de comunistas alemanas y austríacos refugiados en la URSS.

Lo anterior me parecen consideraciones necesarias para abordar los procesos actuales, porque buena parte de lo que sucede con los partidos integrados en el Foro de San Pablo no es nuevo, sino la repetición de una historia con la que en algún momento  deberíamos zanjar. Porque la represión es un límite ético intolerable. 

El Foro de San Pablo, a mi modo de ver, omite tres cuestiones en relación con Venezuela, Nicaragua y el conjunto de la izquierda en la región.

La primera es la necesidad de asumir que el socialismo no consiste en la concentración de los medios de producción y de cambio en el Estado, como se hizo en todos los procesos revolucionarios. Concentrar poder y recursos en el Estado va a contramano de la emancipación, crea las condiciones para la emergencia de un poderosa burocracia que, poco a poco, se va transformando en una nueva clase que se coloca sobre la sociedad y la oprime para beneficio propio.

La segunda es que la represión tiene por objetivo catapultar a esa clase a la gestión de los medios de producción. Aquí es necesario actualizar los análisis y comprender que la burguesía tiene dos ramas: la tradicional, propietaria de los medios de producción, y la que los gestiona. Son dos caras de la clase dominante, pero de la clase de los gestores son muy pocos los que quieren hablar. 

Sin embargo, es lo que sucedió en la URSS y está sucediendo en China con los cuadros del Partido Comunista. Algo muy similar a lo que sucede en Venezuela y en Nicaragua, donde Ortega y su grupo han desviado los beneficios económicos procedentes de Caracas para su grupo de poder.

La tercera es el pragmatismo, las desviaciones éticas que terminan haciendo que las revoluciones sean muy parecidas a los regímenes que existían antes. Hoy muchos ex comandantes sandinistas consideran que entre Ortega y Somoza no hay gran diferencia. La corrupción rampante en las izquierdas en los gobiernos juega un papel similar a la que otrora jugaba la represión: es un modo de acumulación “originaria” de una clase emergente que hace un discurso de izquierdas pero actúa como las derechas. 

¿Cómo es posible que el Foro de San Pablo se niegue sistemáticamente a condenar la represión y corrupción de los gobiernos que lo integran? 

Por último, debemos recordar que la implosión de la URSS no fue impuesta desde fuera, sino fruto de la deserción de los trabajadores, que primero se replegaron ante la represión y luego fueron dejando de colaborar con el régimen, boicoteando a la burocracia en el poder en todos los aspectos que pudieron.

Maduro perdió el barrio 23 de Enero, un bastión del chavismo y lugar emblemático de la conciencia popular venezolana. Algo similar sucedió con Monimbó, que fue un barrio clave en la lucha contra los Somoza y ahora es un bastión de la resistencia a Ortega. Son signos que las izquierdas no quieren o no pueden ver ni, peor aún, comprender.

 

*Campos de trabajo forzoso en la Unión Soviética donde se internaba a personas opuestas al régimen.

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El socialismo del siglo XXI es similar al del XX

Si sólo fuera Venezuela. Pero nuestra historia de crímenes es demasiado larga como para seguirla ignorando. Roque Dalton y la comandante Ana María, miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, son apenas dos perlas en un collar interminable. ¿En qué cuenta colocamos los crímenes de Sendero Luminoso, los miles de asesinados en nombre de la revolución y del “presidente Gonzalo”? ¿Y los muertos por Daniel Ortega? ¿Quién los asume? ¿Quién da la cara por tantas y tantos asesinados en nombre de un proyecto emancipatorio que no es tal?

Cuando no se puede culpar al imperialismo, como en los casos mencionados, la opción es mirar para otro lado. O mentar “errores”, para desviar la atención. Como todos los cometemos, ¿quién podría culpar entonces a los perpetradores? Lo grave es la doble moral, la ética de usar y tirar, para evitar no sólo la condena verbal, sino para no entrarle de veras a nuestro Gulag*, a los crímenes que cometemos en nombre de nuestro proyecto político que, bien mirado, es apenas un proyecto de poder.

El Foro de San Pablo tiene una larga trayectoria. Fue fundado en 1990 a instancias del Partido de los Trabajadores de Brasil, para enfrentar las consecuencias de la caída del socialismo real y las consecuencias del neoliberalismo en América Latina. Su importancia radica en que funciona como una suerte de centro de pensamiento para las izquierdas del continente y coordina a la casi totalidad de estas fuerzas.

Sin embargo, desde su creación ha sido incapaz de explicar las causas por las cuales colapsaron los socialismos soviéticos y los porqués de que China se haya colocado a la cabeza del neoliberalismo global. La impresión que se recoge es que los problemas del socialismo son, básicamente, los países imperialistas que ponen palos en la rueda de un sistema exitoso que avanzaría imparable si no fuera por las dificultades externas.

Lo demás serían errores entendibles. En una extensa entrevista de Tomás Borge a Fidel Castro en 1992, centrada en la figura de Stalin, reconoce: “Creo que Stalin cometió errores muy grandes, pero también tuvo aciertos grandes”. Entre los errores destaca “enorme abuso de poder”, pero no dice a qué se refiere y se niega a echar sobre sus hombros los millones de muertos por el régimen. Luego menciona dos tipos de errores: la política agraria y la militar.

Llama la atención que no mencione crímenes como los cometidos contra la vieja guardia bolchevique, Kamenev, Zinoviev, Trotski, Bujarin, por mencionar apenas algunos de los más conocidos. No son errores. Fueron asesinatos evitables, al punto que buena parte de ellos fueron rehabilitados tiempo después. Los juicios de Moscú no se debieron ni a errores ni a la locura de Stalin. De los 1.966 delegados del XVII Congreso del Partido Comunista, celebrado en 1934, 1.108 fueron arrestados y casi todos murieron ejecutados o en prisión.

Con razón Pierre Broué, en su historia del partido bolchevique, concluye que hubo una “exterminación” de los militantes y cuadros del partido de le época de Lenin. La importancia de esta historia, que llamamos habitualmente estalinismo, es que sigue operando, que no está cerrada. La represión sirve en dos sentidos: consolida a la burocracia en el poder y le allana el camino para convertirse en una nueva clase dominante. Por eso la represión no es un hecho menor: no es un error ni es consecuencia de la “manía persecutoria” de un loco (Stalin), como dijo tiempo después Kruschev.

Quiero enfatizar que la represión tiene una utilidad política y económica, como señala Foucault. En el bienio 1936-1937 hubo en la URSS 680.000 ejecutados y 630.000 internados en campos de trabajo. Hubo además, y de esto casi no se habla, una vergonzosa colaboración entre el KGB y la Gestapo alemana, que llevó a la entrega al régimen nazi de comunistas alemanas y austríacos refugiados en la URSS.

Lo anterior me parecen consideraciones necesarias para abordar los procesos actuales, porque buena parte de lo que sucede con los partidos integrados en el Foro de San Pablo no es nuevo, sino la repetición de una historia con la que en algún momento  deberíamos zanjar. Porque la represión es un límite ético intolerable. 

El Foro de San Pablo, a mi modo de ver, omite tres cuestiones en relación con Venezuela, Nicaragua y el conjunto de la izquierda en la región.

La primera es la necesidad de asumir que el socialismo no consiste en la concentración de los medios de producción y de cambio en el Estado, como se hizo en todos los procesos revolucionarios. Concentrar poder y recursos en el Estado va a contramano de la emancipación, crea las condiciones para la emergencia de un poderosa burocracia que, poco a poco, se va transformando en una nueva clase que se coloca sobre la sociedad y la oprime para beneficio propio.

La segunda es que la represión tiene por objetivo catapultar a esa clase a la gestión de los medios de producción. Aquí es necesario actualizar los análisis y comprender que la burguesía tiene dos ramas: la tradicional, propietaria de los medios de producción, y la que los gestiona. Son dos caras de la clase dominante, pero de la clase de los gestores son muy pocos los que quieren hablar. 

Sin embargo, es lo que sucedió en la URSS y está sucediendo en China con los cuadros del Partido Comunista. Algo muy similar a lo que sucede en Venezuela y en Nicaragua, donde Ortega y su grupo han desviado los beneficios económicos procedentes de Caracas para su grupo de poder.

La tercera es el pragmatismo, las desviaciones éticas que terminan haciendo que las revoluciones sean muy parecidas a los regímenes que existían antes. Hoy muchos ex comandantes sandinistas consideran que entre Ortega y Somoza no hay gran diferencia. La corrupción rampante en las izquierdas en los gobiernos juega un papel similar a la que otrora jugaba la represión: es un modo de acumulación “originaria” de una clase emergente que hace un discurso de izquierdas pero actúa como las derechas. 

¿Cómo es posible que el Foro de San Pablo se niegue sistemáticamente a condenar la represión y corrupción de los gobiernos que lo integran? 

Por último, debemos recordar que la implosión de la URSS no fue impuesta desde fuera, sino fruto de la deserción de los trabajadores, que primero se replegaron ante la represión y luego fueron dejando de colaborar con el régimen, boicoteando a la burocracia en el poder en todos los aspectos que pudieron.

Maduro perdió el barrio 23 de Enero, un bastión del chavismo y lugar emblemático de la conciencia popular venezolana. Algo similar sucedió con Monimbó, que fue un barrio clave en la lucha contra los Somoza y ahora es un bastión de la resistencia a Ortega. Son signos que las izquierdas no quieren o no pueden ver ni, peor aún, comprender.

 

*Campos de trabajo forzoso en la Unión Soviética donde se internaba a personas opuestas al régimen.

Publicado enEdición Nº260