“Lo personal fue transformado, pero no lo político”

La destacada investigadora feminista Rita Segato ha propuesto una nueva mirada teórica para entender la violencia contra las mujeres desde una perspectiva multidisciplinaria que combina los estudios de género y decoloniales, así como la antropología. Gracias al Fondo Cátedras para Profesores Visitantes de Posgrado 2018, llegó a la PUCP a realizar diversas actividades.

 

¿Cuáles son los vínculos entre esta fase apocalíptica del capitalismo, que usted propone, y la violencia creciente contra las mujeres?

Este brote feminicida en nuestros países es un síntoma de la época. Por un lado, todas estas medidas que hemos conseguido que los Estados consideren para frenar el feminicidio y los crímenes de género no han sido eficaces: estas formas de violencia continúan ocurriendo, además están en aumento. Por otro lado, la concentración de la riqueza ha llegado a tal extremo que debemos empezar a hablar de un mundo de dueños y que provoca inevitablemente la falencia institucional. Hoy hay una hipertrofia de esta ‘dueñidad’, que precariza la vida de mucha gente. Y, en el caso de los hombres, vulnera lo que tienen que mostrar al mundo, específicamente a los ojos de otros hombres, como su potencia y carácter de dominio sobre los territorios que considera suyos (su casa, su mujer, su familia). La respuesta a esa vulneración es la violencia masculina. Para expresar su masculinidad, a muchos hombres hoy solo les queda la violencia y en su forma extrema.

Lo que usted dice se puede ver en Perú. En Madre de Dios, hay mucha explotación minera, sobre todo ilegal, y trata de personas.¿Por qué los lugares de explotación minera, de hidrocarburos o de grandes obras están acompañados siempre por la instalación de burdeles y trata?

La explicación del sentido común es que ahí hay muchos hombres solos, que necesitan remedios para su libido desatada. Yo no creo mucho en esto. Porque la prostitución no se puede comprender fuera del negocio de los dueños, tiene una dimensión económica. Pero no solo eso, el prostíbulo es una de las grandes escuelas, entre comillas, donde se ejerce la ‘pedagogía de la crueldad’ y donde el sujeto masculino se deshumaniza al deshumanizar a las mujeres como objetos consumibles. Hay un doble efecto. Y ese consumidor deshumanizado es la mano de obra que hoy las grandes empresas necesitan.

Usted dice que esta precarización, fruto del capitalismo, empuja a estos hombres a ser más violentos. ¿Podríamos decir que es a raíz de la colonialidad que estamos como estamos?

Mis análisis y resultados me llevan a decir que es imposible pensar en sociedades humanas sin algún nivel de asimetría patriarcal. Pero el patriarcado precolonial, o en medios comunales, es muy distinto al que hoy conocemos, moderno y poscolonial.Y como Aníbal Quijano, a quien considero mi maestro y el sociólogo más importante del mundo en el último cuarto del siglo pasado, pienso que la colonialidad establece un nuevo patrón de trabajo y de relaciones sociales, que funda nuestras ideas sobre progreso, desarrollo, modernidad, capital y subsiste hasta ahora. En esta época, se ha ido agravando y ha entrado en una de sus fases más destructivas.

Por un lado, se alcanzó el voto universal, y hoy se lucha por paridad y alternancia; por otro lado, las cifras de agresiones sexuales y feminicidios aumentan. ¿Qué piensa de estas políticas de igualdad dentro del sistema dominante?

Creo que la lucha es en todos los frentes. No es que debamos abandonar el campo estatal. Hasta ahora no hemos visto muchos frutos de esa tendencia del feminismo que pretende ocupar espacios de poder, pero no es para que desaparezca. Pensamos que entramos al Estado y lo capturamos, pero acaba capturándonos y nos masculiniza. Impone su patrón político. En los 60 y 70, dijimos que lo personal es político y transformamos completamente lo personal. Las mujeres intentamos, con mucha imaginación, transformar nuestros afectos, nuestra sexualidad, nos profesionalizamos, es decir nos transformamos a nosotras. Lo personal fue transformado, pero no lo político. Y creo que esa es la principal característica de nuestro tiempo: ahora comienza la transformación de lo político. ¿Es suficiente entrar al Estado?

Por Suny Sime
Punto.edu

 

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Miércoles, 07 Noviembre 2018 05:54

La guerra de las mujeres contra el ISIS

La guerra de las mujeres contra el ISIS

La documentalista Alba Sotorra ha filmado durante tres años a la comandante Arian, líder de un batallón de las YPJ, un cuerpo militar kurdo exclusivamente femenino

A finales de 2012, un grupo de guerrilleras kurdas decidió pasar a la acción militar y reconquistar al ISIS el territorio del norte de Siria, parte del Kurdistán. Para eso crearon las YPJ, siglas en kurdo de las Unidades Femeninas de Protección, una organización militar que en marzo de 2013 ya creó su primer batallón de estas soldados. Porque esa es la única condición para pertenecer a las YPJ: ser mujer. A inicios de 2018, según la agencia Reuters, las YPJ contaban con más de 30.000 integrantes. Esa fuerza llamó la atención de numerosos periodistas y escritores, atraídos por el lado romántico de la milicia. Entre esos documentalistas estaba la catalana Alba Sotorra, de 38 años. La cineasta ya sabía lo que es filmar en una guerra, como muestra su Game Over (2015), sobre un español, experto jugador de videojuegos, que se fue a Afganistán como francotirador. "Quería hacer un proyecto distinto, en profundidad, sobre las YPJ", cuenta la directora, "y buscaba un enfoque distinto. Así que fui en 2015 a vivir dos meses a Kobane [ciudad del norte del Siria recuperada de manos del ISIS]. Estuve en varias unidades y frentes, me ayudaron porque entendieron que iba más allá de lo periodístico, y charlé con muchas mujeres. Muy pocas querían ser protagonistas, porque tienen una idea colectiva de la lucha, de gran sororidad. Entre ellas se llaman heval, camarada, amiga". Y una de aquellas militares era la comandante Arian Afrín, que se convirtió en su protagonista.

Comandante Arian llega a las salas comerciales el próximo viernes, tras un largo periplo por festivales especializados en documentales. La narración está construida alrededor de un largo flashback, ya que Arian se recupera de cinco heridas recibidas en el frente. Mientras descansa, recuerda su participación en la batalla de Kobane, con la que los kurdos recuperaron la ciudad, ocupada por el ISIS desde la debacle de 2014. "Yo filmé una misión auténtica en mi primer viaje, la de la toma de Rojava. Me chocó muchísimo cómo estas mujeres encaraban la guerra: dormían juntas, sin diferencias de rango, compartían platos y cucharas, se charlaba cada día en círculo sobre los problemas emocionales", recuerda Sotorra, que cree que gracias a esa hermandad superaban las bajas, los momentos de incertidumbre y dolor, las dudas.


Arian tiene 30 años. Tiene muy claros sus ideales, su defensa de un mundo igualitario, sin distinción de géneros, algo que se logra, por ejemplo, en el gobierno paritario y democrático de la ciudad de Kobane. Por un lado es dura, ha visto lo suficiente para decir, en un momento del filme: "Si te atacan y te violan, te has de defender". Por otro, es un ser humano herido, no sabe qué ocurrirá con ella. "Volví dos años después a acompañar a la unidad de la comandante Arian. Pasé miedo, estuve tres veces envuelta en tiroteos", rememora la cineasta. En Barcelona empezó a montar la película con una estructura tradicional, hasta que un día le llamaron y le avisaron de que Arian había caído gravemente herida por cinco balazos. "Cuando la visité, no quería grabarla, solo hablar con ella. Pero Arian me convenció. Y su mirada de soldado herida, que revisa una misión victoriosa, cambia por completo el documental. Ayuda a entender qué se están jugando esas mujeres".


Ellas no solo luchan contra el ISIS, sino contra el machismo que les rodea, y por ese objetivo las YPJ ya no están compuestas únicamente de kurdas, sino que se les han unido musulmanas de muy distintas etnias. Incluso de Europa Occidental: el filme está dedicada a una inglesa, amiga de Sotorra, muerta en combate. "No quiero mostrar una romantización de la guerra, un hecho que es duro, y no deseaba caer en buenos y malos, pero su lucha va mucho más allá del conflicto bélico". Por eso, Sotorra confiesa que nunca le ha sido más fácil posicionarse. "El Estado Islámico considera a la mujer como un objeto más, con un valor sexual añadido. Poco más. En cambio, piensa un poco en lo que defienden ellas". Comandante Arian acaba con tono medianamente optimista. "Cuando me preguntan qué va a pasar allí, no sé qué responder. El norte de Siria es una zona imprevisible, volátil. En cambio, sé lo que ha pasado hasta ahora y eso es lo que quería retratar. Su apuesta por las asambleas, la democracia paritaria, el gobierno para la gente". ¿Y Arian? "Hablé con ella hace dos días. Ahora ayuda a otras militares a recuperarse, y a los desplazados por los ataques turcos".

Por Gregorio Belinchón
Madrid 6 NOV 2018 - 09:26 COT

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“La defensa del territorio en Colombia se paga con la vida”

La afrocolombiana Francia Márquez, premiada por plantar cara a la minería en Colombia, recorre Europa para denunciar el impacto de las políticas extractivas en su país


De poseedora de un territorio ancestral a ser considerada objetivo militar. La activista afrocolombiana Francia Márquez (Suárez, Colombia, 1981) nunca imaginó que defender el río en el que pescaba de pequeña le obligaría a huir de su casa para no volver nunca más. “En Colombia defender el territorio se paga con la vida”, señala a su paso por Bilbao dentro de una gira por toda Europa como referente internacional. En abril, recibió el Premio Goldman 2018, considerado el Nobel ambiental, por plantar cara a la minería ilegal y a la construcción de represas en su país. “Mi voz ya se oye por todo el mundo. Pero mi vida y la de mi comunidad siguen en peligro: presionen a sus empresas para que no saqueen más Colombia”.


Eran tan ingenuos los recuerdos de infancia en ese río que no comprendía por qué se los querían quitar. El Gobierno colombiano había proyectado desplazar el río hacia una presa. Márquez tenía 15 años y decidió unirse a las protestas. “Hasta ese momento sentía vergüenza por ser negra, por vivir en un entorno rural y descender de esclavos”. Comenzó a participar en las primeras charlas de una organización de comunidades negras en defensa de su cultura y territorios. Y cayó en la cuenta de que el color de su piel no era motivo de complejos. “Procedía de personas libres que fueron esclavizadas, que es muy distinto de lo que me habían contado en la escuela”. Y el río Ovejas pertenecía a esos mismos antepasados. Las protestas mantuvieron vivo el río.


El Gobierno entregó después en 2009 una licencia de explotación minera a una empresa trasnacional que obligaba a desplazar a las 6.000 personas que conformaban su comunidad. A sus recuerdos de pesca en el río Ovejas, ahora se le unían los de todos sus ancestros, familiares y vecinos. “Comenzamos a estudiar las leyes, a contactar con abogados, a recorrer Estados Unidos en busca de aliados”, relata Márquez con un acento cantarín, dos grandes ojos negros y el pelo lleno de trenzas. “En nombre del desarrollo nos esclavizaron y ahora en nombre del desarrollo nos expulsaban de nuestras tierras", dice.


Y consiguieron plantar cara a la multinacional: documentaron que la primera presencia de la comunidad databa de 1636 y que la Constitución reconocía el derecho de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes sobre sus territorios. Presentaron así una demanda contra el Gobierno “por violar sus derechos fundamentales”.


Al año, les daban la razón. Ordenaron que se respetaran los títulos de tierra, se paralizaran los desplazamientos y se realizara una consulta previa para otorgar nuevas licencias de explotación minera. Sus recuerdos quedaban salvados, la comunidad fortalecida y ella fue nombrada máxima autoridad local.


El río Ovejas seguía atravesando La Toma, en el departamento de Cauca. Sin embargo, la minería ilegal comenzaba a sitiar la región con maquinaria pesada. “En 2010 llegaron las primeras retroexcavadoras y con ellas las primeras enfermedades por el aumento de los niveles de mercurio en el agua”. Estima que los mineros de oro ilegales vierten más de 30 toneladas de mercurio en los ríos y lagos de la región al año, envenenando a los peces y la gente que habita sus orillas.


En los siguientes cuatro años más de 2.000 máquinas perforarían el río en busca de oro. La guerrilla y los paramilitares también se habían fijado en el valor de los recursos que bañaba el río Ovejas. “Tocaba actuar antes de que nos mataran las balas o el mercurio”.


Márquez volvió a repasar las leyes y a consultar a organizaciones internacionales. Hasta que de nuevo, decidió actuar. En 2014 inició junto a otras 18 mujeres la “Movilización de Mujeres Negras por el cuidado de la vida y de los territorios ancestrales”, rebautizada después como la “Marcha de los Turbantes”. Caminaron desde su territorio hasta la capital y visitaron por el camino a otras comunidades amenazadas. En 10 días recorrieron 350 kilómetros y llegaron a Bogotá con el apoyo total de 150 mujeres. “Nos recibían las instituciones pero nadie mostraba un compromiso real por cambiar nuestra situación”. Así que decidieron acampar en “asamblea permanente” frente al Ministerio de Interior y la Presidencia del Estado.


El Gobierno les acusó de “amenaza contra la seguridad nacional”. Pero ya nadie se atrevía a tocarlas. Los medios nacionales e internacionales seguían al detalle su marcha y sus protestas. Al Gobierno no le quedó otra que sentarse y dialogar. “Así mandaron destruir toda la maquinaría que perforaba la región y hacerlo de manera pública”. En 2015 recibió el Premio Nacional como Defensora del Año de Colombia y fue invitada a participar en el proceso de paz que se desarrollaba en La Habana.


A pesar de toda su trayectoria de lucha, la voz de Márquez no transmite euforia. Desde que su nombre apareciera en la firma de la denuncia contra el Gobierno en 2010, no ha dejado de recibir amenazas. “Al principio, lo ignoras. Después, te incomodas. Hasta que un día te avisan de que tienes que salir corriendo porque hay hombres con armas preguntando por tu casa”. Y así vive ahora: luchando por la defensa de un territorio al que no puede regresar.


El pasado mes de abril recibió en París el Nobel del medioambiente, el Goldman Environmental Prize 2018. Pero conoce el desenlace de otras mujeres que recibieron el mismo premio en reconocimiento a los mismos méritos. “Berta Cáceres también lo recibió. Ahora está muerta. Aquí no hay premio que te ponga a salvo”. Durante los días que ha visitado Bilbao ha participado en el Curso Internacional sobre Economía Popular que imparte la ONGD Paz con Dignidad. “Los privilegios de Europa se sostienen en los saqueos a otros países. Os pedimos que pongáis vuestro desarrollo al servicio de la vida de nuestras comunidades. Nos están matando, es un genocidio”, denunció.


En breve saldrá hacia Barcelona y después continuará de gira por Europa hasta regresar a su nueva casa donde seguirá luchando por la defensa del río Ovejas, el mismo en el que pescaba de pequeña junto a su madre y al que nunca más podrá regresar.


La coordinadora de ONGD de Euskadi cumple 30 años y el pasado 27 de septiembre, más de 400 personas aprovecharon para celebrar su aniversario. Durante la gala, premiaron a Francia Márquez en “representación de la lucha de los pueblos del Sur” a los que han acompañado durante todos estos años.


Márquez aprovechó su turno de micrófono para denunciar la muerte de los defensores de derechos humanos en su país. “No nos interesan las ONG que limpian la cara a las empresas que nos están matando. La cooperación no es dar limosna. Recordad que los privilegios de Europa proceden del saqueo de nuestros territorios. Seguid impulsando un desarrollo que garantice la vida y no la muerte”, enfatizó la activista colombiana y ya de ruta por Europa.

Por Iñaki Makazaga
Bilbao 1 NOV 2018 - 18:00 COT

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Domingo, 04 Noviembre 2018 05:29

Trump a referéndum

Trump a referéndum

Las elecciones legislativas y de gobernadores en Estados Unidos, que habitualmente giran en torno a asuntos estatales y locales, se han transformado este año en un referéndum nacional sobre el presidente Donald J Trump, a dos años de su elección sin mayoría en el voto popular.

El martes 6 de noviembre los votantes estadounidenses podrán elegir a los gobernadores de 36 estados y tres territorios. Los republicanos controlan ahora los gobiernos de 33 estados, de los cuales 26 están en juego en esta elección. Nueve de los 16 estados con gobernadores demócratas están en disputa, además del gobierno de Alaska, ahora en manos de un independiente.


En el Senado actualmente los republicanos ocupan 51 curules, los demócratas 47, y políticos independientes tienen los dos restantes. Estarán sujetos a elección 33 curules, de los cuales 23 los tienen actualmente los demócratas, ocho los republicanos, y dos los independientes.


Asimismo están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una mayoría de 235. Los demócratas necesitan ganar al menos 25 escaños más de los que tienen para alcanzar la mayoría.


Tradicionalmente la participación ciudadana en las elecciones en Estados Unidos es baja, y no todos los ciudadanos habilitados para votar siquiera se registran para hacerlo. En las elecciones presidenciales de 2004 concurrió a votar el 58 por ciento de la población en edad de votar; en las de 2008 el mismo porcentaje; en las de 2012 el 55 por ciento y en las de 2016 el 55,5 por ciento.


Las elecciones legislativas normalmente atraen a menos del 40 por ciento de los votantes del país. Pero este año hay indicios de que la concurrencia podría superar el 50 por ciento. En los estados donde el voto anticipado empezó hace varias semanas, más de 20 millones de votantes han emitido su sufragio, lo cual supera en mucho la participación en las elecciones legislativas y de gobernadores de 2014.


El factor principal de esta concurrencia es Donald J Trump. Una encuesta del diario USA Today y la Universidad de Suffolk encontró que el 35 por ciento de los votantes se proponía sufragar contra candidatos que apoyan a Trump, y el 23 por ciento daría su voto a los políticos que se alinean con el presidente. Sólo el 24 por ciento de los encuestados señaló que Trump no es un factor relevante en su decisión de por quién votar.


El martes próximo se sabrá si Trump tiene ahora el respaldo popular mayoritario que no alcanzó a tener hace dos años, a pesar de ganar las elecciones presidenciales (el sistema electoral no es proporcional).


VOTO CON EL BOLSILLO.


Tal como ocurre en todas partes, los votantes en su mayoría están demasiado ocupados con sus vidas cotidianas como para seguir paso a paso las tramas políticas y, en el caso actual, las piruetas de Trump, las investigaciones sobre la injerencia rusa o los adulterios del presidente.


La mayoría vota de acuerdo a cómo percibe su propia situación económica y sus perspectivas de prosperidad.


Si se toma el producto bruto interno (Pbi) como medida de la situación económica general, Trump sale ganando. El Pbi creció a una tasa anual de 3,5 por ciento en el tercer trimestre de este año, seguido de un incremento de 4,2 por ciento en el trimestre anterior, que fue el más alto desde 2014.


El índice de desempleo está en 3,7 por ciento, el más bajo en casi medio siglo, y el índice Dow Jones casi ha rozado los 27 mil puntos. La inflación se mantiene por debajo del 2 por ciento anual, algo que la Reserva Federal considera saludable.


La otra cara de esta moneda es que, si bien hay más gente empleada, los sueldos reales siguen estancados y cada vez los estadounidenses deben trabajar más horas para ganar lo mismo. Los millones de nuevos empleos creados desde la Gran Recesión –que elevó el desempleo al 10 por ciento en octubre de 2009– son trabajos temporarios, changas, subcontrataciones sin seguro médico ni licencia paga ni días por enfermedad.


El recorte de impuestos que el Congreso le obsequió a Trump a comienzos de 2017 incluyó beneficios temporarios para la clase media y trabajadora, pero beneficios permanentes para las corporaciones y los acaudalados. Ahora que el efecto de esos impuestos sobre los ingresos de los laburantes se ha ido diluyendo, también se evapora la ilusión que representaron. Y todavía los consumidores no han empezado a percibir el impacto sobre los precios que tendrán los aranceles decretados por Trump a las importaciones desde China.


Detrás de la cortina de humo que Trump levanta casi día tras día con alguna declaración ofensiva, está la realidad de largo plazo: el salario real promedio en Estados Unidos ha estado estancado por décadas y la brecha de ingresos continúa ensanchándose.


Según el Economic Policy Institute, con sede en Washington, el 1 por ciento de las familias más ricas del país tiene ingresos 25 veces superiores al 99 por ciento de la población.
Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el país cuenta con la mayor desigualdad de ingresos y el porcentaje más alto de trabajadores con ingresos bajos que cualquier otra economía avanzada, porque los desempleados y los que viven de changas reciben poco apoyo del gobierno y quedan más aplastados por la ausencia de un sistema firme de negociación colectiva.


LA VIOLENCIA.


Dos semanas antes de la elección, el Servicio Postal distribuyó 15 paquetes que contenían bombas rudimentarias y que estaban destinados al ex presidente Barack Obama, el ex vicepresidente Joe Biden, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, el ex ministro de Justicia Eric Holder, el ex director de la Agencia Central de Inteligencia John Brennan y el ex director nacional de Inteligencia James Clapper. La lista de destinatarios incluyó también a los senadores demócratas Cory Booker y Kamala Harris, la representante Maxine Waters, el actor Robert de Niro, los multimillonarios George Soros y Tom Steyer, y la cadena televisiva Cnn.


Todos ellos tienen en común que han sido críticos muy locuaces del presidente Trump. Soros y Steyer, además, comparten el hecho de tener raíces familiares judías. En el caso de Cnn, la cadena figura al tope de los medios que Trump ha denunciado como “enemigos del pueblo”.


Las autoridades detuvieron en Florida a César Sayoc, un simpatizante de Trump, quien ha sido acusado por varios crímenes, incluidas las amenazas a ex gobernantes.


Cuando todavía no había concluido la distribución postal de las bombas, un hombre intentó ingresar a una iglesia de la comunidad negra en Kentucky; luego fue a un almacén cercano, donde mató a un hombre, salió al estacionamiento y mató a otro. La policía detuvo a Gregory Bush, sospechoso en los asesinatos de Maurice Stallard y Vickie Jones, ambos negros.
El sábado 27 un individuo armado con un rifle AR-15 y varias pistolas irrumpió en la sinagoga Tree of Life, en Pittsburgh, y al grito de “¡Que mueran los judíos!” mató a 11 personas e hirió a seis, incluidos dos agentes policiales que lo enfrentaron.


Robert Bowers, el sospechoso detenido por la mayor matanza de judíos en la historia de Estados Unidos, no es un admirador de Trump. En realidad actuó porque, según sus declaraciones en la plataforma Gab, de Internet –una especie de Twitter pero frecuentada por nazis y supremacistas blancos–, cree que Trump no hace lo necesario para impedir la invasión de los inmigrantes.


La conexión entre la violencia en Pittsburgh y la inmigración, sin embargo, está presente en la retórica incendiaria y xenófoba de un presidente que inició su campaña en 2016 diciendo que los mexicanos son violadores y traficantes de drogas, que ha descrito a los países africanos como “agujeros de mierda”, y que ha mencionado a los musulmanes como indeseables. La lenta marcha desde América Central hacia el norte de algunos miles de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños ha servido para que Trump alarme a sus votantes con el peligro de una “invasión”. Trump ha dicho, sin pruebas, que entre los peregrinos hay “gente del Oriente Medio”. La cadena Fox, que funciona como máquina de propaganda a favor de Trump, ha señalado, entre otros “peligros” que representarían esos morenitos, que pueden traer enfermedades infecciosas al país.


Una semana antes del ataque en Pittsburgh, unas 270 sinagogas en Estados Unidos participaron de una ceremonia ecuménica anual, el Sábado Nacional del Refugiado, una campaña patrocinada por la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (Hias, por sus siglas en inglés), una organización mundial fundada en 1881.


Bowers, otro marginado solitario como Sayoc, nombró específicamente a Hias y repitió algunas de las declaraciones de Trump y Fox acerca de los inmigrantes. Al parecer, Bowers cree que los inmigrantes indocumentados están financiados por los judíos y que vienen a Estados Unidos “a masacrar a mi gente”.


CARAS NUEVAS, ELLAS.


La “trumpización” de las elecciones de medio término puede resultar en un fortalecimiento del nacionalismo y la xenofobia del presidente o en una vinculación tóxica entre el presidente y muchos candidatos republicanos que le siguen la corriente.


Tras la semana violenta y los exabruptos de Trump, una encuesta Gallup mostró que el índice de apoyo al presidente bajó cuatro puntos, al 40 por ciento, y el de repudio subió cuatro puntos, al 54 por ciento. Según el promedio de encuestas de Real Clear Politics, los numeritos dan 52,6 por ciento de repudio y 44 por ciento de aprobación.


Lo que sí es seguro es que el resultado tendrá un claro matiz de género.


Por un lado, este año el número de mujeres postuladas para cargos electivos es mayor que nunca, y la tendencia es claramente más notoria en el Partido Demócrata. Quince de las 22 mujeres que buscan un sitio en el Senado son demócratas, al igual que 183 de las 235 candidatas para la Cámara de Representantes, 12 de las 16 que buscan gobernar un estado, y 2.380 de las 3.365 postuladas para las legislaturas estatales.


Un caso notable es el de Stacey Abrams, quien aspira a convertirse en la primera gobernadora negra de Georgia y que aparece en las encuestas casi empatada con el republicano Brian Kemp, quien alardea de sus simpatías por Trump.


Junto con ello, desde la elección de Trump hace dos años ha crecido la brecha de género en la alineación partidaria. Según una encuesta del diario The Washington Post y la cadena Abc News, el porcentaje de mujeres que se inclinan a favor del Partido Republicano ha bajado a 32, comparado con el 37 que hubo en promedio entre 2010 y 2017.
Según la misma encuesta, las simpatías hacia Trump también varían de acuerdo al género. El 45 por ciento de los hombres encuestados aprueba la gestión de Trump, comparado con el 32 por ciento de las mujeres.


Un año después de la eclosión del movimiento #MeToo –que visibilizó la incidencia de casos de violación, abuso y acoso sexual en la sociedad– el proceso de confirmación de Brett Kavanaugh –acusado de agresión sexual por cuatro mujeres, incluyendo la psicóloga Christine Blasey Ford, quien dio su testimonio ante el Senado– como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia reabrió la polémica nacional sobre el tratamiento que reciben las mujeres cuando denuncian la violencia sexual. Un asunto que, en el caso de Trump, quien se ha jactado de “agarrarlas (a las mujeres) por la concha”, sería mejor no mencionarlo.


ASUSTALOS QUE FUNCIONA.


Al aproximarse las elecciones, Trump se las ha arreglado para hacerle sombra a todas las campañas políticas a nivel municipal, de condado o de estado, y ha entrado en un frenesí de declaraciones escandalosas y twits tecleados a las tres de la mañana.


Su táctica es simple: por un lado, identifica “enemigos del pueblo” (su favorito es “the media”, la prensa), entre los que incluye a los inmigrantes, y, por otro lado, les dice a sus votantes que la nación corre un peligro existencial por las amenazas de esos malvados.


La Caravana de la Esperanza le ha servido en bandeja una excusa. Según distintas fuentes, son entre 3.500 y 7 mil los centroamericanos que marchan hacia la frontera de Estados Unidos, donde piensan solicitar el asilo que la ley les ofrece. Trump ha convertido esto en un cuco.


Al término de la Guerra de Vietnam, Estados Unidos aceptó a casi 120 mil refugiados vietnamitas, y cinco años más tarde el país acogió a unos 135 mil cubanos que salieron por el puerto de Mariel. Ahora una caravana de menos de 10 mil hombres, mujeres y niños empobrecidos se ha convertido, en la retórica de Trump, en una invasión; y para detenerla el Pentágono ya ha movilizado 5 mil soldados, casi la misma cifra de tropas que Estados Unidos tiene en Irak.


En las últimas dos semanas Trump se ha declarado “nacionalista”, un término de uso muy poco común en Estados Unidos, porque trae la connotación de “nacionalismo blanco”. Y al menos en una ocasión dejó de lado su afiliación con el tradicional Partido Republicano y se describió como estando al frente de un “movimiento”. Movimiento y nacionalista, juntos, tienen un cierto tufo…


Trump ha definido su política exterior como “America First” (“Estados Unidos primero”), y quienes recuerdan la historia relacionan fácilmente esa consigna con Charles Lindbergh, el primer piloto que, en 1927, realizó un vuelo transatlántico en solitario. Hacia 1941, Lindbergh se convirtió en el portavoz principal del America First Committee, una organización con 800 mil miembros que sostenía que Inglaterra procuraba arrastrar a Estados Unidos a la guerra mundial.


El aislacionismo, expresado en la era de Trump por la denuncia de acuerdos internacionales y desplantes hacia viejos aliados, engrana con el miedo que el presidente instila hacia los extranjeros.


Una semana antes de la elección anunció que firmará un decreto que acabará con la práctica de otorgar la ciudadanía estadounidense a aquellos niños que nacen en el país de padres que no son ciudadanos, sean o no sean inmigrantes documentados.


La enmienda 14 de la Constitución estipula que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el cual residen”.


Trump, quien lanzó su carrera política hace casi una década poniendo en duda que Barack Obama fuera ciudadano estadounidense, sabe que tal decreto causará demandas legales y constitucionales, pero lo que importa ahora, en estos días, es fustigar a sus simpatizantes para que concurran a las urnas.


TRUCOS VIEJOS.


Estados Unidos no tiene un sistema electoral ni sus ciudadanos portan una credencial cívica para votar. Cada uno de los 50 estados tiene sus propias leyes electorales y sus requisitos de documentación para sufragar.


Desde 2010, en los estados donde los republicanos controlan la legislatura se han multiplicado las “leyes de voto”, que, usando diferentes vías, restringen el acceso ciudadano al sufragio, con el argumento de evitar fraudes.


Así, por ejemplo, en Dakota del Norte la ley exige ahora que los ciudadanos se registren indicando un domicilio específico: número, calle, ciudad. En ese estado viven miles de indígenas que residen en reservas y cuya única dirección es una casilla postal.


En otros estados se exige ahora la presentación de un documento, que puede ser la licencia para conducir, con una foto. Cientos de miles de personas, especialmente los pobres, los inmigrantes, o ancianos, no tienen esos documentos ni el dinero para adquirirlos.


Otra maniobra legal ha sido la “purga” de los padrones electorales, un trámite que responde a las realidades de diferentes sistemas electorales. Alguien que votó en 2014 o 2016 puede haberse mudado a otro estado, donde deberá registrarse. La “purga” busca, asimismo, quitar del padrón los nombres de personas fallecidas. El problema está en que el uso de las “purgas” ha mostrado ciertas tendencias: en Georgia, por ejemplo, donde los negros son el 32 por ciento de la población, 72 por ciento de los “purgados” son negros.
Varios de los estados donde estos trucos han funcionado estaban sujetos, en virtud de la ley de derechos de voto de 1965, a vigilancia especial del gobierno federal, por su tradición de establecer requisitos e impedimentos destinados a restringir el voto de los negros. En 2013, gracias al voto de una mayoría conservadora de magistrados, el Tribunal Supremo de Justicia anuló los artículos de esa ley que mantenían a esos estados bajo la lupa.


Trump, quien ni siquiera se molestó en llamar por teléfono a su predecesor y ni a las otras personas que recibieron paquetes explosivos, sí lamentó el ataque a la sinagoga en Pittsburgh. Después de todo, su hija Ivanka es judía conversa, su yerno Jared es judío, sus nietos son judíos, y está allí presente la estrecha simpatía por Biniamin Netaniahu, quien como es lógico recordó que no se debe tolerar el antisemitismo.


Pero en medio de todo esto, Trump es Trump y continuará hasta el día mismo de la elección su táctica única y favorita: atacar, atacar, atacar. En lugar de aceptar que su propia retórica ha removido la escoria en los márgenes de la decencia política de Estados Unidos, Trump culpa a “the media” y los otros “enemigos del pueblo”.


El martes se sabrá si el entusiasmo notable de los votantes por concurrir a la elección respondía a un respaldo mayoritario a Trump, o a un clamor por que cese el reality show.

 

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Miércoles, 31 Octubre 2018 08:13

Palestina y la conciencia del mundo

Palestina y la conciencia del mundo

El Consejo Central de la Organización para la Liberación de Palestina acordó ayer retirar su reconocimiento al Estado de Israel, otorgado en el contexto del proceso de paz de Oslo de 1993, ante el persistente bloqueo de Tel Aviv a cualquier perspectiva de construcción de un Estado palestino en la franja de Gaza y los territorios ocupados de Cisjordania y la Jerusalén oriental, así como la continuación de las agresiones militares, policiales, económicas y judiciales israelíes contra la población palestina, tanto en los territorios ocupados como en el propio Israel.


Asimismo, la autoridad palestina encontró inadmisible que el régimen de Tel Aviv haya proseguido todos estos años con su estrategia de crear asentamientos judíos en los territorios árabes ocupados, lo que en la práctica equivale a un intento de aniquilación demográfica de los palestinos. Hace dos semanas, por ejemplo, la autoridad ocupante aprobó la creación de un nuevo barrio judío en la ciudad palestina de Hebrón, al tiempo que ordenaba la demolición de la aldea árabe de Jan al Ahmar, en la misma Cisjordania.


Cabe recordar que los acuerdos firmados en 1993 con el auspicio del entonces presidente estadunidense Bill Clinton establecían un término de cinco años para la creación del Estado palestino en los territorios ocupados por el ejército israelí en la Guerra de los Seis días (1967), y dejaba para una negociación posterior el estatuto definitivo de Jerusalén (Al Qods, en árabe), ciudad a la que ambas naciones reclaman como su capital.


Sin embargo, 20 años después del vencimiento de ese plazo, la solución de los dos Estados parece más lejana que nunca, debido al emplazamiento de asentamientos judíos en los territorios ocupados, el asesinato de miles de palestinos a manos de las fuerzas armadas ocupantes y el inhumano bloqueo de Gaza.


Un factor adicional que permite entender la exasperación palestina, es la reciente decisión del presidente estadunidense, Donald Trump, de trasladar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén, lo que constituye un reconocimiento a la pretensión israelí de considerar a la segunda de esas ciudades como su capital única e indivisible, a contrapelo de diversas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. El magnate republicano fue más allá: eliminó los fondos de ayuda destinada a hospitales de Al Qods y a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente. Asimismo, uno de los pretextos esgrimidos por Washington para retirarse del protocolo de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas fue que por medio de ese instrumento los palestinos podrían demandar a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, por las violaciones a la legalidad internacional que ha cometido en su respaldo incondicional al régimen de Tel Aviv.


Lo cierto es que la llegada de Trump a la Casa Blanca mató las últimas esperanzas de que la superpotencia vecina conservara alguna disposición a actuar como parte mediadora en el añejo conflicto palestino-israelí y que tuviera una mínima voluntad de dar seguimiento a los acuerdos de Oslo. En tal circunstancia, deja de tener sentido que la autoridad palestina reconozca a un Estado que en lugar de aportar a la paz, en estas dos décadas no ha hecho más que avanzar en la reducción de la población palestina a un conjunto de presos en su propio territorio.


Cabe preguntarse, por último, hasta cuándo la comunidad internacional seguirá asistiendo impávida a esta barbarie que niega los avances de más de un siglo en materia de derechos humanos, colectivos y nacionales.

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Miércoles, 31 Octubre 2018 04:55

Comunicación y cultura

Comunicación y cultura

A partir del hecho de las noticias falsas, Marta Riskin sostiene que mientras unos mienten a sabiendas otros se niegan a aceptar que el proceso de socialización moldea patrones de conducta, se creen inmunes a los fenómenos colectivos y a sus efectos económicos y políticos sobre cuerpos y comportamientos.

“Ningún hombre mira jamás el mundo con ojos prístinos. Lo ve a través de un definido equipo de costumbres e instituciones y modo de pensar.”. Ruth Benedict


Son tiempos en los cuales el derecho a la información veraz está en peligro. La mayoría de los ciudadanos del planeta desconfía de medios de comunicación y redes sociales y dicen estar al tanto de los efectos del deterioro de la libertad de expresión sobre la vida democrática, la paz mundial y hasta la supervivencia planetaria.
Sin embargo, y aún descartando el porcentaje de quienes mienten a sabiendas; pocos aceptan responsabilidad o registran las contradicciones entre enunciadas preferencias éticas o políticas y sus elecciones concretas.


El mero señalamiento provoca incomodidad y justificaciones en contradicciones… ajenas.


Hábitos, prejuicios, preferencias de consumo, elecciones (de pareja, profesionales, electorales) y hasta argumentos, dependen en buena medida de decisiones mucho más inconscientes y automáticas de lo que creemos pero, rara vez detectamos los factores socioculturales que condicionan opiniones y decisiones personales, desde las más íntimas a las comunitarias.


Quizá porque solo aceptamos en teoría, que el proceso de socialización moldea patrones de conducta, creencias y rutinas sociales pero, nos creemos inmunes a los fenómenos colectivos y a sus efectos económicos y políticos sobre cuerpos y comportamientos.


Según Ruth Benedict construimos nuestra identidad dentro de un modelo cultural y cada civilización selecciona y utiliza apenas un segmento del gran arco de potenciales (y contradictorios) propósitos y motivaciones humanos. Su comparación de los pueblos Zuñi de Nuevo México, Dobu de Nueva Guinea y los Kwakiutl de la costa noroeste americana, continúa siendo reveladora.


En apretada síntesis. Los Zuñi eran muy religiosos, valoraban la cooperación y no entendían la idea de guerra; los Dobu consideraban a todo hombre un enemigo y sus mayores virtudes la agresividad y la traición; los Kwakiutl eran famosos por los Potlacht, grandes fiestas donde cada hombre destruía todas las riquezas que había acumulado en el año para demostrar su propia grandeza individual y la inferioridad de los otros.


Los tres pueblos construyeron pautas de comportamiento individual completamente diferentes, partiendo de actitudes presentes en todas las sociedades.


La agresividad y la competencia, la solidaridad y la cooperación son tendencias humanas pero su presencia conductual depende en buena medida, de los criterios de valoración que hacemos como comunidad a lo largo de la ¿evolución?


La coexistencia de los diferentes patrones de vida que la humanidad ha creado con las materias primas de la existencia requiere del cultivo inteligente de cada comunidad para continuar eligiendo los propios para una buena vida. Una elección que exige el reconocimiento sobre la poderosa influencia que hoy ejercen redes, medios, instituciones y referentes culturales para direccionar los cambios culturales en favor de mezquinos intereses.


Cuando, por ejemplo, Mario Vargas Llosa dice “la opinión pública ha llegado al convencimiento de que la política es un quehacer de personas amorales, ineficientes y propensas a la corrupción” construye opinión pública.


Acompañado por el eco mundial de repetidores seriales y eludiendo amplios y profundos debates, la idea alcanzará a cada persona hasta imponerse como principio de la vida social.
La manipulación mediática de quienes abusan del poder económico para comprar casi cualquier cosa (herramientas tecnológicas incluidas), está edificando mundos subjetivos a su triste imagen y semejanza.


Mientras se multiplica y reproduce a sí mismo en espejos de odio, miedo y violencia; no es casual que las invitaciones a individuos aislados a habitar exclusivos refugios tengan éxito.
La capacidad de reflexión y el auto cuestionamiento, un rasgo pedagógico incentivado por numerosas y antiguas culturas y sin duda, por la educación pública nacional (y descartado por todos los autoritarismos) cuestiona los objetivos del Gran Hermano; el cual ya ha demostrado su poder para construir un mundo hostil e inhabitable y, al mismo tiempo, su incapacidad para crear culturas cooperativas e integradas donde las personas puedan desarrollar sus mejores potencialidades.


El pensamiento crítico que ha dado frutos gigantescos, tales como las ciencias y las artes, es herramienta imprescindible para que una cultura utilice sus propios saberes y experiencias para interrogarse e investigar los resultados de sus acciones y para elegir entre felicidades personales edulcoradas, solitarias y abstractas o alcanzar desarrollos precisos en sus libertades y derechos individuales y colectivos.


* Antropóloga, Universidad Nacional de Rosario.

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Lunes, 29 Octubre 2018 05:52

Vademécum electoral en EU

Vademécum electoral en EU

En más de un sentido, las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de noviembre, en las que se renovará la Cámara de Representantes, parte de la de Senadores, las gubernaturas de 36 estados y miles de legislaturas locales en Estados Unidos, serán los comicios más importantes en muchos años. Es la opinión de millones de personas y diversos observadores políticos, lo mismo en los medios de comunicación que en la academia. Será un referendo sobre la política del actual presidente, quien ha profundizado la división en la sociedad, como ni el propio Nixon logró con todas sus perversidades. La pérdida de su popularidad es consecuencia de frecuentes traspiés, su apoyo al racismo, la xenofobia, el ultranacionalismo, el nativismo más rampante y su política antipopular. El electorado ve con temor y frustración la continuidad de esa política destructiva. En el Partido Republicano, al que el presidente simula pertenecer, hay gran preocupación frente a la posibilidad de perder la mayoría en la Casa de Representantes y posiblemente el Senado. La preocupación parece haber tocado también la puerta de la Casa Blanca, por lo que el mandatario se ha subido al avión presidencial para realizar una de sus actividades favoritas: pronunciar discursos a lo largo y ancho del país denostando a los medios de comunicación, las minorías afroestadunidenses, latinas, indígenas y, por supuesto, a los migrantes. Su ataque a la caravana de hondureños raya en lo patético.

La mayoría de los candidatos del Partido Republicano cifran sus esperanzas en el discurso del presidente y en la capacidad del aparato electoral para escatimar de una u otra manera el voto de cientos de miles de electores de varios estados que gobiernan los republicanos. Para ello han creado diferentes estratagemas con el fin de suprimir el voto, especialmente el de las minorías que mayoritariamente apoyan a los candidatos del Partido Demócrata. Existen diversos trabajos de investigación que han demostrado la forma en que las elecciones son decididas con base en dichas estrategias.

Uno de esos trabajos es de Ari Berman, colaborador de revistas como Mother Jones, New York Times Magazine, Rolling Stone, y también es investigador de The Nation Institute. En su libro La moderna lucha por el voto, describe la forma en que se han trazado los distritos electorales, conocida como Gerrymander, agrupando arbitrariamente a los votantes, con el fin de dar un número mayor de sufragios a una u otra de las fuerzas contendientes en los comicios.

El diseño se elabora cada 10 años en la mayoría de las legislaturas estatales, con información del censo de población. Hace varias décadas la mayoría legislativa en aproximadamente dos terceras partes de los estados ha sido controlada por los republicanos (The Atlantic/ 24/10/18). Por tanto, han sido los encargados de agrupar a los electores más convenientes a su causa.

Históricamente, la supresión del voto ha sido un estigma para Estados Unidos (The Guardian 13/10/18), pero este año pudiera superar cualquier antecedente. En una entrevista reciente en la cadena de radio pública, Berman dio cuenta de la forma en que se han "purgado" las listas de electores en Georgia, Kansas, Wisconsin, Texas, Carolina del Norte y Alabama, con el fin de coartar el voto de cientos de miles de ciudadanos. Los casos más escandalosos de corrupción electoral se han dado en Georgia y Alabama, donde los responsables de organizar los comicios y actuar como árbitros son también los candidatos del Partido Republicano. En estos estados, la supresión de electores ha sido masiva. Las posibilidades de que las argucias se multipliquen a lo largo de Estados Unidos son muy altas, según Berman.

Si los republicanos llegan a perder alguna de las dos cámaras, gubernaturas o legislaturas locales, será porque millones de votantes están hartos del gobierno de Trump, y habrán logrado sortear las triquiñuelas para suprimir su voto.

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¿El silencio del esquirol? Posgrados y universidad pública.

Los diferentes estamentos, agentes y facciones políticas que convergen en la universidad pública (profesores, administrativos, estudiantes, empleados, sindicatos, etc.) se han ido pronunciando a medida que avanza la coyuntura nacional por la que atraviesa la universidad pública de nuestro territorio. El problema de financiación es el que toma más fuerza en el escenario de la opinión pública, pero, cabe decir, reducir el problema de la universidad pública a una cuestión económica es arbitrario.

La universidad pública padece de un proceso de privatización económica que transforma, y, a su vez, reestructura su quehacer, científico, investigativo y creativo en un quehacer servil y utilitario dada su condición de empresa.

Los programas de posgrado aceleran la transformación de la universidad del siglo XXI de universidad/científica a universidad-empresa al autofinanciarse mediante la prestación de servicios.La privatización de posgrados en Colombia supone una medida de contingencia por medio de la cual se ayuda a financiar pregrados universitarios y, se aumenta la produccióninvestigativaprocurando el pensamiento científico para la regióndesde la universidad.Por el contrario, lo que ha sucedido con algunos posgrados obedece a una estrategia de marketing mediante la cual algúnagente (no necesariamente devenido del contexto investigativo) estructura un programa (especialización, maestría o doctorado) y utilizando “la marca” de una universidad lo promueve como oferta universitaria (sin contenido universitario).
Lejos de una subjetividad cognoscente, los posgrados reafirman al sujeto como productor y comprador de servicios, una subjetividad que corrobora una cultura mercantil burguesa.

Marcuse,comprendía la cultura afirmativa –burguesa- como una convención de valores de un mundo obligatorio para todos según la sociedad y el mercado, así lo expresó enEl carácter afirmativo de la cultura .Esta cultura está en apogeo a propósito de la educación como servicio y no como derecho.
Por ejemplo, en la mayoría de familias de clase media/baja colombianas se convierte en un propósito familiar enviar a un joven a la universidad para que este pueda acceder a mejores condiciones laborales una vez terminados sus estudios universitarios sin acudir a préstamos bancarios. Bajo este modelo de asistencialismo familiar, la universidad pública a graduado a muchos “primer miembro de una familia que asiste a la educación superior”. Sin embargo, el calvario empieza cuando se exigen laboralmente no solo los pregrados sino también los posgrados que cuestan X veces más que una carrera universitaria. De aquí que, si el estudiante no tuvo que acceder a créditos en su pregrado, para continuar con su formación es indispensable los mismos. Basta con mirar las innumerables ofertas de créditos para Posgrado que oferta el mismo Estado mediante el ICETEX para saber que lo dicho aquí es cierto.

El 2% de los 2,39 millones de estudiantes –aproximadamente- participan de programas de posgrado conducidos, en su mayoría, por una demanda de capacitación laboral, lejos de una motivación científica o investigativa. Tal 2% de estudiantes de posgrado ha ido en aumento en lo que va de 2016 a 2018 por lo que convierte a las especializaciones, maestrías, doctorados en el nicho de servicios más apreciado por sectores privados.

Los estudiantes universitarios pasaron de1,36 millones a 2,39 millones entre el 2007 y el 2016 ,lo que quiere decir que la universidad es un centro formativo relevante para la educación de los jóvenes y ciudadanos colombianos. Pero bajo las actuales políticas gubernamentales parece que al gobierno le pesa, le duele y le molesta el clamor por la educación de tantos ciudadanos. Aunque, por otra parte, entiende y celebra que la universidad/empresa tenga tantos clientes dispuestos a solicitar créditos para participar del “aquelarre” de la universidad con condición privada.

Mi interés no es denunciar la realidad de los posgrados de una universidad específica, considero es quehacer de todos/as el cuidar de la excelencia académica, de la formación investigativa, del progreso científico y de la pasión por la educación que ha de tener cada centro de estudios desde el grado 0 hasta el doctorado. Mi interés es señalar que sí el “ideal” gubernamental en torno a la educación superior es privatizarla no sólo volverá la educación un privilegio para quienes puedan pagar, también disminuirá la calidad de los programas, diezmará la investigación docente (actualmente algunos programas de posgrado carecen de planta profesoral propia y se caracterizan por la contratación cátedra o la vinculación de profesores de pregrado), reducirá la producción científica, y, en suma, suprimirá la capacidad creativa que tiene la universidad de plantear soluciones a los problemas sociales de nuestro territorio, todo esto en favor de las plataformas prestadoras de servicio y de capacitación laboral (del “cognitariado”) tal cual pasa con los posgrados en el territorio nacional.

Los programas de posgrado ante la coyuntura nacional no solo han guardado un silencio ensordecedor, sino que han sido esquiroles en sus propias universidades. ¿Por qué solicitamos el reconocimiento y apoyo de las universidades privadas dada la emergencia de la universidad públicay no exigimos también el apoyo incondicional de los programas de posgrado? programas que fundacionalmente deberían ser accesibles a todo aquel que tenga motivación científica, académica e investigativa, programas que saben y padecen el terrible escenario de la privatización de la universidad pública.

Ante el actual contexto de la educación superior en Colombia es imperativo apelar a los posgrados para que estudiantes, profesores, administrativos y empleados de dichos programas asuman el acontecimiento nacional de la universidad pública como suyo también. A estos agentes no solo les es propio pronunciarse sino denunciar desde su contextola metamorfosis de la universidad pública alma mater de la ciencia, la investigación, la tecnología y las humanidades en una universidad empresarial, utilitaria y paria de sus propias luchas y resistencias por su estatus público, democrático e incluyente.

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El 24 de octubre de 2016, miles de empleadas de toda Islandia abandonaron sus puestos de trabajo a las 14:38 en portesta por el hecho de que sus salarios eran inferiores al de los hombres. (Arnþór Birkisson)

Islandia es un gran lugar para ser mujer. Cada año desde 2009 encabeza el Informe sobre la Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial. En 1980 eligió a la primera presidenta del mundo, Vigdís Finnbogadóttir y, en 2009, eligió a la primera ministra abiertamente lesbiana, Jóhanna Sigurðardóttir. La primera ministra actual, Katrín Jakobsdóttir, también es una mujer.


El 1 de enero de 2018, Islandia se convirtió en el primer país del mundo en aplicar oficialmente la Ley de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, una ley histórica que exige a las empresas con, por lo menos 25 personas en nómina, que demuestren que pagan a hombres y mujeres por igual, si no quieren exponerse a un multa.


Los empleadores con 250 empleados o más deberán haber implementado el estándar de igual remuneración para el 31 de diciembre de este año. Según el número de trabajadores en nómina, otro grupo de empresas deberán proceder a la implementación de la legislación para finales de 2019, de 2020 o de 2021, de ahí que los efectos no sean inmediatos.


Lo que ha llevado a las mujeres de toda Islandia a acordar dejar de trabajar el día de hoy (24 de octubre) exactamente a las 14:55 para sumarse a la Huelga de las Mujeres de 2018y exigir la igualdad de ingresos y el fin de la violencia de género, bajo el lema “No cambiemos a las mujeres, cambiemos la sociedad”. El momento es trascendente y la hora de inicio de la huelga simboliza que, de media, las mujeres islandesas ganan el 74% de los salarios de los hombres. Si aplicáramos ese porcentaje a las horas trabajadas en un empleo de 9 a 5 estándar, las mujeres estarían trabajando sin recibir remuneración a partir de las tres menos cinco minutos de la tarde.


Las profesiones en las que predominan mujeres, como las maestras de jardín de infancia y de primaria, las comadronas o las enfermeras, ocurre que, los salarios son inferiores al de otras profesiones que requieren cualificaciones similares. Estas diferencias sistemáticas sólo se hacen patente cuando se comparan los salarios de todas las mujeres con los salarios de todos los hombres.


Una de las organizadoras de la Huelga de Mujeres, Maríanna Traustadóttir, asesora especial sobre igualdad de género de la Confederación del Trabajo de Islandia (ASÍ), que también participó en la creación y aplicación de la Ley de igualdad de remuneración, señaló a Equal Times que “las marchas de protesta de Kvennafrí [o ’Día de huelga de la mujer’] en Islandia se han centrado tradicionalmente en las diferencias salariales entre los hombres y las mujeres, y las mujeres se manifiestan para exigir la igualdad salarial. Por supuesto, a través de los años, las manifestantes también han aprovechado la oportunidad para exigir igualdad en otros ámbitos, y llevan carteles de protesta contra la violencia contra las mujeres y la cultura de la violación”.


La primera Huelga de Mujeres se celebró en 1975, coincidiendo con el inicio del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. El 90% de las trabajadoras de Islandia –25.000 personas– participaron en la huelga para exigir la igualdad de derechos. Las mujeres de todo el país se negaron a trabajar, a realizar tareas domésticas o a cuidar a los niños durante el día.


La siguiente Huelga de Mujeres tuvo lugar diez años después, en 1985, y comenzó a las 14:00 horas. Alrededor de 18.000 mujeres participaron bajo el lema “Mujeres, unámonos”.
En 2005, la hora de inicio de la protesta –14:08– se calculó sobre la base del tiempo que las mujeres tendrían que dejar el trabajo para obtener el salario equivalente al de los hombres, y más de 50.000 mujeres marcharon bajo el lema “¡Mujeres, digámoslo en voz alta!”. En 2010, el paro de las mujeres comenzó a las 14:25, y se incluyó entre los objetivos de la protesta sensibilizar sobre el problema de las agresiones sexuales. Una vez más, 50.000 personas secundaron la huelga. En 2016, entre 15.000 y 20.000 personas comenzaron a manifestarse a las 14:38. Este año se convoca la sexta Huelga de Mujeres en la historia de Islandia. Las mujeres dejarán de trabajar más cerca de las 15:00 horas que de las 14:00 horas de antaño, dejando patente el logro alcanzado a lo largo de estos años.


Guðný Guðbjörnsdóttir, profesora de la Universidad de Islandia y exdiputada de la Alianza de Mujeres, considera que la Huelga de Mujeres de 1975 supuso un “antes y un después” y dice que planea participar en la huelga de 2018. “Este momento es muy importante, sobre todo por el #MeToo. Tenemos una oportunidad única de hacer algo al respecto. También debido a la diferencia salarial y al acto simbólico de dejar el lugar de trabajo a las 14:55, ya que de media las mujeres ganan el 74% del salario de los hombres. El empoderamiento que siento al manifestarme junto a otras mujeres es una parte importante de mi vida”.


“El sexismo cotidiano está lejos de desaparecer”


Ya se han obtenido muchas victorias en favor de los derechos de la mujer, como el acceso a los anticonceptivos y a los abortos gratuitos. Islandia también tiene permisos de maternidad y paternidad, así como guarderías asequibles. La mayoría de las mujeres regresa a su puesto de trabajo después del parto, y es muy raro que una mujer islandesa se convierta en ama de casa. Pero el movimiento feminista dominante ha sido criticado por no hacer lo suficiente por las mujeres más vulnerables, como las que viven de empleos mal pagados o las inmigrantes.


Las mujeres islandesas participaron de forma destacada en el movimiento #MeToo y miles de ellas compartieron sus experiencias de acoso sexual y agresión en las redes sociales. Estos testimonios mostraron que muchas mujeres todavía tienen miedo de volver a casa solas por la noche y esperan comentarios inapropiados en el lugar de trabajo.


“Todavía nos pagan menos en muchas profesiones y estamos un poco atrás en los papeles principales. Además, el sexismo cotidiano está lejos de desaparecer, como dejó patente el movimiento #MeToo. Llevo mucho tiempo denunciando públicamente la desigualdad en el negocio de la música y, cada vez que lo hago, al menos un hombre me dice que no es realmente así. En este sentido, me parece que nos quedan años hasta que las mujeres podamos hablar de nuestras experiencias sin ser ‘corregidas’ o ‘cuestionadas’”, relata a Equal Times Hildur Kristín Stefánsdóttir, artista de música pop y feminista islandesa, en relación a la situación de los derechos de la mujer en Islandia.


Bára Mjöll, maestra de jardín de infancia, cree que a los islandeses les queda un largo camino por recorrer hasta eliminar los estereotipos: “Por ejemplo, la gente espera que sea buena en mi trabajo porque soy mujer, como si cuidar de los niños fuera algo innato. Y se sorprende cuando un hombre elige este trabajo”.


Las mujeres tienen el mismo acceso a la educación en Islandia. En 2016, el 66% de los graduados de las universidades islandesas eran mujeres. Desde hace 20 años se graduan más mujeres que hombres. Lamentablemente, esto no se traduce en que más mujeres ocupen puestos directivos que hombres.


Las mujeres sólo representan el 11% de los cargos de directores ejecutivos, y sólo el 24% de las empresas de entre 50 y 249 empleados tienen presidentas en sus consejos de administración, según la Asociación de Mujeres Líderes Empresariales de Islandia (FKA).


En teoría, los nuevos padres tienen el mismo derecho al permiso parental que las madres, pero son las mujeres las que pasan más tiempo de baja por maternidad. Cuando las parejas tienen hijos tienen derecho a tres meses de baja cada uno y otros tres meses más que pueden repartirse entre ellos como mejor les parezca, lo que hace un total de nueve meses. Las parejas heterosexuales y homosexuales tienen exactamente los mismos derechos a la licencia parental. Las familias monoparentales pueden disfrutar de nueve meses de permiso si el otro progenitor fallece, o si han concebido mediante FIV o adopción.


Pero aunque los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos sobre el papel, en la realidad no se toman el mismo tiempo de baja. En 2017, los hombres se tomaron 78 días libres mientras que las mujeres se tomaron 182 días, según la Oficina de Estadística de Islandia. Los hombres generalmente se toman alrededor de tres meses de licencia, mientras que las mujeres se toman seis.


Hay muchos factores en juego, incluidas las preferencias personales, pero hay que tener en cuenta que se anima a las mujeres a amamantar hasta que el bebé cumpla los seis meses y que las prestaciones de la licencia parental son del 80% del salario normal de los trabajadores y se limitan a 520.000 coronas islandesas (3.834 euros) al mes. Esto significa que si uno de los progenitores gana más o tiene un salario superior a 650.000 coronas islandesas (4.804 euros), su permiso parental ejercerá una mayor presión sobre el presupuesto familiar. Y los hombres siguen teniendo salarios más altos que las mujeres.


El cuidado de los hijos está disponible a partir del año, si los padres pueden pagar alrededor de 65.000 coronas islandesas (480 euros) al mes a un centro de día. A la edad de dos años, los niños empiezan el jardín de infancia y el coste desciende a 30.000 coronas islandesas (222 euros) al mes por ocho horas de atención infantil diaria, cinco días a la semana, incluidas las comidas. Disponer de cuidado infantil asequible es un paso especialmente importante para los derechos de las mujeres y su capacidad de reincorporarse al mercado laboral en igualdad de condiciones con los hombres.


Muchas cosas han cambiado para mejor desde 1975, pero eso no significa que todo sea perfecto. “Islandia puede ser un modelo a seguir, pero la lucha por la igualdad sigue en pie aquí, no hemos llegado al final del camino”, dice Maríanna. “En Islandia predicamos con el ejemplo; no nos limitamos a ’hablar por hablar’, como demostraremos en la Huelga de Mujeres del 24 de octubre”.

 

Por Kamma Thordarson
24 octubre 2018

 

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La huelga de funcionarios en Costa Rica cumple un mes y medio sostenida por los maestros

La movilización contra la reforma fiscal de Alvarado pierde fuelle después de que varios sindicatos convocantes se hayan ido desmarcando

La huelga de trabajadores públicos de Costa Rica contra la reforma fiscal impulsada por el Gobierno de Carlos Alvarado cumple ya un mes y medio sostenida por los gremios de maestros y profesores. Con el paso de las semanas, el movimiento, iniciado el pasado 10 de septiembre, ha ido perdiendo el apoyo de varios de los sindicatos convocantes, pero miles de educadores se resisten aún a devolver la normalidad a las aulas. El curso lectivo en Costa Rica, que acaba en noviembre, sigue en vilo, mientras los servicios de salud y transporte ya han sido plenamente restablecidos


El comité coordinador de la huelga reiteró este miércoles la decisión de sostener el movimiento de protesta a pesar de haber fracasado en su mayor objetivo: paralizar la economía nacional de manera suficiente como para obligar al Ejecutivo, de centroizquierda, a retirar su reforma fiscal. Esta propuesta, sin embargo, parece encaminada a su aprobación en el Congreso, después de una primera votación favorable el 5 de octubre, con el apoyo 61% de los diputados entre la minoría oficialista y grupos opositores.


De la aprobación definitiva de la reforma tributaria depende buena parte del futuro económico costarricense a corto y medio plazo: con ella, el Gobierno de Alvarado trata de frenar el severo deterioro de las finanzas públicas y poner límite al déficit público, que ya está dejando sentirse sobre la economía, en plena fase de desaceleración. Algunos partidos opositores y líderes de empresarios apoyan la propuesta, que eleva el impuesto de renta, amplía el de ventas a nuevos sectores y limita el crecimiento de beneficios salariales de empleados estatales.


Los maestros insisten en que la reforma fiscal los afecta de manera injusta. De poco ha servicio la promesa del Ejecutivo de impulsar un proyecto de ley para enmendar un rubro. La amplia mayoría de los educadores mantienen su lucha, según datos del Ministerio de Educación Pública, patrono de 85.000 personas (2,5% de la población mayor de 18 años) que trabajan para 5.500 centros que suman casi un millón de alumnos entre niños y adolescentes. Esta es la base de un modelo considerado ejemplar en la región: Costa Rica está entre los 30 mejores países del mundo en términos de calidad de educación, según el último índice de competitividad del Foro Económico Mundial. La cobertura general en primaria y secundaria supera el 90% y la tasa de alfabetización cercana al 97%, en medio de Uruguay, Argentina y Chile.


“Han capturado el calendario escolar. Es difícil encontrar en este momento una escuela pública o un colegio que funcione con normalidad, menos aún en las zonas periféricas del país”, dijo a EL PAÍS el ministro de Educación, Édgar Mora. Dice que han vuelto a trabajar más de 7.000 educadores, pero la cifra es baja frente al volumen del gremio agrupado en tres organizaciones sindicales poderosas en afiliados y en recursos. El principal portavoz sindical, Gilberto Cascante, dijo que no tenía tiempo para contestar preguntas de este periódico. Una encuesta de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicada el 5 de octubre decía que la huelga perdía apoyo popular en su cuarta semana y que tres de cada cuatro costarricenses se oponía a la suspensión de clases en centros educativos.


El presidente Alvarado insiste en la necesidad de una reforma fiscal que permita lanzar señales favorables a los financistas internacionales para mejorar las condiciones de la deuda, que equivale a un 52% del Producto Interno Bruto (PIB). El desfase entre gasto público e ingresos alcanza en este 2018 el 7% de la producción, lo que muestra el peor cuadro de aprietos financieros en 40 años. Aunque la economía se prevé crezca 3% en este año, el Ministerio de Hacienda ya reportó un bajo crecimiento de la recaudación en lo que va del 2018, inferior a 1%, el peor desde la crisis del 2009. “No hay más tiempo. Los sindicatos deben entender que estamos tratando de evitar que sean los mercados los que hagan el ajuste, de una manera más dolorosa”, advertía la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, este miércoles en una de sus decenas de entrevistas para insistir en la necesidad del plan fiscal y en la imposibilidad de complacer a los huelguistas.

 

Por Álvaro Murillo
San José (Costa Rica) 24 OCT 2018 - 15:19 COT

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