Prensa Diputados – 05/08/2020.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley 219/2019-2020.

Todo parece indicar que su uso es más generalizado que lo evidente, pero hasta el 26 de enero de 2021 no había logrado en Colombia un eco mediático.

En efecto, aquel día los medios oficiosos de comunicación le dieron eco a una conversación que Natalia París, reconocida como modelo, DJ y publicista, sostenía con alguno de sus amigos y en la cual le invitaba a una rumba en un yate. Cuestionada por un periodista por estar invitando en medio de la pandemia a reuniones donde puede generarse infección con el covid-19, su respuesta fue espontánea y franca: (no pasa nada) “Yo tomó dióxido de cloro”.

Su confección no pasó en vano. Como cascada le llovieron rayos y centellas: por un lado, algunos periodistas la trataron de irresponsable por tomar un líquido que no es reconocido por la autoridad médica como remedio para tratar nada; por otro lado, un día después la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó dejar de promocionar el mencionado líquido.

Al mismo tiempo, por redes circularon numerosos comentarios, unos valorando el derecho que tiene la gente a darse opciones para su salud cuando el Estado no responde de manera pronta y adecuada ante una crisis como la que estamos viviendo; pero, además, en cuanto a reconocer y valorar el saber popular, que no puede ser desconocido por una supuesta autoridad científica o de otro orden que en mucho de lo realizado ante la actual crisis pandémica ha demostrado improvisación, desconocimiento y sometimiento ante los interés económicos de los grandes conglomerados farmacéuticos. Por su parte, otros descalificaban el uso de medicamentos no avalados por la autoridad científica.

Paralelamente a estas respuestas, también circularon las de quienes usan y defienden el uso del dióxido de cloro como oportuna solución alternativa para prevenir el contagio infeccioso por covid-19, como para su tratamiento. Una de ellas partió de la doctora Claudia Cepeda, vicepresidenta de la Coalición Mundial de la Salud capítulo Colombia, y en la cual expresa:

“Estamos trabajando fuertemente por defender a nuestros ciudadanos, tenemos presencia en 45 países y somos un poco más de 7.500 médicos en diferentes ramas y en Colombia estamos agendados 440. Alrededor de 800 profesionales de la salud, 350 profesionales en otras áreas inscritos y registrados en la comusav (sede Colombia).


Entre los métodos alternativos, todos ejercemos el consumo del dióxido de cloro (CDS), lamentablemente ninguno lo formula por las prohibiciones y amenazas por parte del gobierno, pero nadie nos puede prohibir contar nuestra historia personal. Mi familia, mis amigos y yo tomamos dióxido de cloro (CDS), pero debo compartir que desde la comusav mundial tenemos una curva científica seria y estructurada, la misma que el invima no ha querido aceptar, nuestros médicos científicos han solicitado en repetidas ocasiones al ministro de salud, al invima, para que abran la investigación sobre el oro líquido para nuestra salud “dióxido de cloro” (CDS), ellos han hecho caso omiso, y sus comunicados carecen de soporte científico, han hecho que nuestros centros hospitalarios violen incluso tratados que se firmaron a favor de los Derechos Humanos como el de Helsinki, el cual se supone está por encima de las Constituciones de todos los países (donde todos los ciudadanos del mundo tienen derecho de implementar sus propios remedios cuando el Estado no está en condiciones de suministrarlo). hoy estamos viviendo esta difícil situación. […]


[…] Hoy no podemos tapar el sol con un dedo, el dióxido de cloro (CDS) no Lo podrán detener, ya que sin temor a equivocarme más de 5 millones de personas en mi país consumimos el preciado oro líquido, tengo amigos que lo toman desde hace 13 años, otros desde hace 10 años, […].


Debo contar que no es una pócima milagrosa. Es una carga de oxígeno puro que le damos a nuestro organismo. Yo era una paciente oxígeno dependiente, requería cipac para dormir; hoy gracias a Dios no lo necesito, tomo dióxido de cloro (CDS), y como yo tengo varios testimonios que soportan lo mencionado.


Tengo testimonios de personas curadas de cáncer, VIH, lupus, niños autistas y más de 1.000 casos soportados con historias clínicas, y ni hablemos de las enfermedades cardíacas y del sistema respiratorio. Tantas enfermedades que han sido superadas gracias a Dios y al dióxido de cloro CDS […].”


En Suramérica

De acuerdo a lo retomado por algunas publicaciones de circulación periódica en el país, en las citadas declaraciones de Natalia París, ella también aludió al beneficio en salud pública logrado en Perú por el uso de CDS, que, de acuerdo a la modelo, sirvió para salvar miles de vidas.

Algo similar sucedió en Bolivia, donde el amplio uso por parte de su población llevó a su Cámara de Diputados el 2 de agosto de 2020 a la aprobación de un proyecto de ley que “[…] regula la elaboración, comercialización, suministro y consentido del dióxido de cloro de manera preventiva y como tratamiento para pacientes de coronavirus”.

La aprobación en cuestión evidencia que el dióxido de cloro es una opción para la salud a la cual acude la gente desde hace tiempo, pero que en la actual coyuntura ganó mayor reconocimiento por los efectos arrojados ante la creciente ola de infectados y muertos por la infección producida por el coronavirus.

La solución alternativa para la salud también ganó espacio en Ecuador, al punto que el 9 de julio de 2020 el impulsor pionero del CDS, Andreas Ludwin Kaleker, fue invitado a participar en un debate sobre esta expectativa para la salud pública en sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de este país, para explicar su potencialidad y valorar la posibilidad de asumirla para contener la creciente del covid-19. En la sesión, donde no hubo acuerdo para su reconocimiento y comercialización, se informó de la realización en Guayaquil, entre el 27 de marzo y 10 abril, de un ensayo con CDS que incluyó un grupo de 104 voluntarios entre 18 y 80 años de edad, y verificado por una organización afin a la que reúne a los médicos alternativos reunidos en la Asociación ecuatoriana de médicos expertos en medicina integrativa (aememi). Tal ensayo, realizado en pleno pico de la pandemia en la capital costera de Ecuador, no fue aceptado como prueba científica por no regirse a los parámetros de la OMS.

En la misma sesión, Kaleker dijo contar con por lo menos 6 mil casos comprobados de resolución positiva de crisis de salud por covid-19.

Una realidad tal tiene asiento también en Colombia con el uso de moringa y otros brebajes caseros, como los procesados a partir de jengibre y otras hierbas, todas con propiedades de estimular las defensas del cuerpo, o el consumo periódico de aspirina para diluir la sangre y con ello impedir su coagulación, facilitando así la oxigenación del cuerpo.

Como es conocido, estos y otros recursos se volvieron más comunes por estos días, no solo en barrios populares sino también en cárceles, espacios donde la salud como fundamental derecho humano es burlada cotidianamente. Estamos ante realidades desconocidas por las prestadoras de salud pública, que abandonaron la prevención y el trabajo de salud territorializado con lo cual ni conocen ni dialogan con los saberes populares.

Pero igualmente estamos ante el seguimiento y el manejo dado por los medios oficiosos a estos medicamentos populares que, para el caso del dióxido de cloro, son descalificados sin argumentos de peso, simplemente amparados en las siglas de la Organización Mundial de Salud, la cual funge como incuestionable autoridad mundial.

Lo cierto de todo esto es que nuestra sociedad debiera reclamar que el Ministerio de Salud y el Invima inviten al personal médico que defiende el uso del CDS a que sustenten y comprueben su eficacia, sin desconocer de primerazo sus argumentos ni criminalizar la comercialización de una forma de enfrentar la infección por covid-19. Al fin y al cabo, como debieran defender los actores sociales alternativos, la ciencia en todo caso no es neutra y responde a poderosos intereses, como lo vemos por estos días en el negociado creado con las vacunas para paliar la citada crisis de salud pública.

El debate está abierto y lo peor que pudiera suceder es desconocerlo, minimizarlo, despacharlo con calificativos y/o criminalizarlo, amenazando con cancelar licencias a quienes defienden posturas diferentes de las difundidas por los grandes medios de comunicación y la OMS.

 

 

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Publicado enEdición Nº276
Vacunación en Chile: detrás del proclamado éxito de las cifras

En las estadísticas mundiales, Chile apareció como uno de los países con mayor número de vacunación en el mundo contra el Covid-19 en las tres últimas semanas. Las estadísticas son claras. A la fecha, casi 3 millones han recibido al menos la primera dosis del antiviral, es decir, una tasa de 15.66 por cada 100 habitantes, cuando en la Unión Europea la tasa es de 6.09.

Frente a lo que se presenta como una campaña exitosa y un consenso mediático, urge alertar sobre tres elementos clave que cuestionan la perspectiva hegemónica y alertar a tres actores centrales en la lucha contra la pandemia: los epidemiólogos, cientistas sociales y periodistas; los políticos, y los ciudadanos.

Detrás de las cifras. Las estadísticas oficiales pintan un panorama muy exitoso para Chile. Sin embargo, detrás de la cifra de 2.87 millones de inoculaciones al 20 de febrero hay una realidad más dispar. Se presentan las estadísticas como si todas las vacunas fueran igual de efectivas y se habla de población inoculada cuando sólo 55 mil personas han recibido las dos dosis de las 2.88 millones de vacunaciones realizadas. Las cifras entregadas por el DEIS indican que 18.6 por ciento de las personas se ha vacunado, pero el cálculo de la población objetivo considera un universo de poco más de 18 millones, cuando las estimaciones del INE a 2020 señalan que somos casi 19.5 millones de personas. Del total de vacunas 2 millones 777 mil 252 son Coronavac y 112 mil 696 Pfizer/BioNTech.

El consenso científico es que estas vacunas tienen distinto desempeño en su respuesta a la inoculación, algunas son más efectivas que otras. Los estudios más recientes demuestran que Pfizer/BioNTech es la vacuna más eficaz, con 95 por ciento de protección efectiva. Siguen Moderna (94), Sputnik V (92), Novavax (89), AstraZeneca (70), Johnson &Johnson/Jannsen (66). Mientras la vacuna CoronaVac/Sinovac, producida en China, tiene resultados menos destacables, quedando en último lugar con 50 por ciento de eficacia. Es decir, que de 100 personas que se vacunaron con las dos dosis, la mitad va a volver a contagiarse.

Es una responsabilidad de los epidemiólogos, cientistas sociales y periodistas interpretar las estadísticas con precaución y distancia, e informar a la población que detrás de las estadísticas de vacunación hay distinciones entre vacunas de acuerdo con su eficacia.

La Unión Europea no ha autorizado esa vacuna porque no se ha comprobado una eficacia suficiente. En otros países del mundo, como en Filipinas, se denuncia que a las clases populares se aplican la vacuna CoronaVac cuando las privilegiadas se reservan los mejores biológicos. Mientras en Chile todos los medios celebran el éxito de una campaña de vacunación con 96 por ciento de CoronaVac.

Peligrosos usos electorales. Con la celebración de las estadísticas nacionales, surge otra pregunta. ¿El objetivo de esta campaña masiva de vacunación en Chile es proteger a la población frente al virus o tener las mejores estadísticas en términos de número de vacunaciones?

Las cifras son alentadoras y es fácil dejarse seducir. Esconden una batalla frente a la pandemia que es más compleja y está lejos de acabarse. Aclarar estos puntos es aún mas importante en este año electoral cuando se elijen a constituyentes, gobernadores y consejeros regionales, alcaldes, concejales, diputados, senadores y al presidente.

Poco se ha hablado de las implicaciones que tiene la vacunación en un periodo de elecciones y es fácil caer en el manejo político de las estadísticas. Las distintas temporalidades de las epidemias hace aún más importante este punto. Cuando las estadísticas de vacunación son de uso inmediato, la tasa real de protección de la población sólo se conocerá varias semanas después y no es antes de meses que se verá reflejado en el número de muertos el éxito o el fracaso de la estrategia del gobierno frente a la pandemia.

Más allá de usos electorales, la difusión y amplificación por líderes políticos y mediáticos de un mensaje que lleva a muchas personas a considerarse protegidas del virus cuando no lo son, o sólo parcialmente, puede resultar en una nueva ola de contagios y, por tanto, a numerosos muertos adicionales del Covid-19.

A escala colectiva puede tener sentido usar masivamente una vacuna que sólo es 50 por ciento efectiva para bajar la circulación del virus entre la población. Pero si las personas que recibieron esta vacuna se creen protegidas del virus, bajan la atención a las protecciones sanitarias y retoman su vida activa como si el virus ya no les afectara. El riesgo es alto, de ser así esta campaña de vacunación podría tener el efecto inverso, hacer subir el número de contagiados y de muertes por Covid.

Mantengamos las precauciones sanitarias. Tercero, es crucial que los ciudadanos no bajemos la guardia frente al Covid-19. Todos podemos dejarnos cautivar por las atractivas cifras y la esperanza de un pronto regreso a la vida social activa. El virus no ha desaparecido y la pandemia está lejos de acabarse. Muchas personas vacunadas pueden ser infectadas por el virus y, por tanto, propagarlo. Si estas personas disminuyen las precauciones sanitarias y retoman una vida activa “como antes”, lejos de estar a punto de vencer la pandemia, como lo dejan creer las estadísticas de vacunaciones, estamos al borde de una tercera ola de contaminación. Es indispensable y urgente llamar a los ciudadanos a mantener las medidas de cuidado, respetar la distancia social, usar correctamente la mascarilla, el lavado constante de manos, el uso de alcohol gel y seguir con las acciones de solidaridad y ayuda mutua que salvaron a muchos durante esta pandemia .

Karla Henríquez Ojeda* y Geoffrey Pleyers**

Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Bernardo O’Higgins

** Profesor de sociología, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica

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Prensa Diputados – 05/08/2020.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley 219/2019-2020.

Todo parece indicar que su uso es más generalizado que lo evidente, pero hasta el 26 de enero de 2021 no había logrado en Colombia un eco mediático.

En efecto, aquel día los medios oficiosos de comunicación le dieron eco a una conversación que Natalia París, reconocida como modelo, DJ y publicista, sostenía con alguno de sus amigos y en la cual le invitaba a una rumba en un yate. Cuestionada por un periodista por estar invitando en medio de la pandemia a reuniones donde puede generarse infección con el covid-19, su respuesta fue espontánea y franca: (no pasa nada) “Yo tomó dióxido de cloro”.

Su confección no pasó en vano. Como cascada le llovieron rayos y centellas: por un lado, algunos periodistas la trataron de irresponsable por tomar un líquido que no es reconocido por la autoridad médica como remedio para tratar nada; por otro lado, un día después la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó dejar de promocionar el mencionado líquido.

Al mismo tiempo, por redes circularon numerosos comentarios, unos valorando el derecho que tiene la gente a darse opciones para su salud cuando el Estado no responde de manera pronta y adecuada ante una crisis como la que estamos viviendo; pero, además, en cuanto a reconocer y valorar el saber popular, que no puede ser desconocido por una supuesta autoridad científica o de otro orden que en mucho de lo realizado ante la actual crisis pandémica ha demostrado improvisación, desconocimiento y sometimiento ante los interés económicos de los grandes conglomerados farmacéuticos. Por su parte, otros descalificaban el uso de medicamentos no avalados por la autoridad científica.

Paralelamente a estas respuestas, también circularon las de quienes usan y defienden el uso del dióxido de cloro como oportuna solución alternativa para prevenir el contagio infeccioso por covid-19, como para su tratamiento. Una de ellas partió de la doctora Claudia Cepeda, vicepresidenta de la Coalición Mundial de la Salud capítulo Colombia, y en la cual expresa:

“Estamos trabajando fuertemente por defender a nuestros ciudadanos, tenemos presencia en 45 países y somos un poco más de 7.500 médicos en diferentes ramas y en Colombia estamos agendados 440. Alrededor de 800 profesionales de la salud, 350 profesionales en otras áreas inscritos y registrados en la comusav (sede Colombia).


Entre los métodos alternativos, todos ejercemos el consumo del dióxido de cloro (CDS), lamentablemente ninguno lo formula por las prohibiciones y amenazas por parte del gobierno, pero nadie nos puede prohibir contar nuestra historia personal. Mi familia, mis amigos y yo tomamos dióxido de cloro (CDS), pero debo compartir que desde la comusav mundial tenemos una curva científica seria y estructurada, la misma que el invima no ha querido aceptar, nuestros médicos científicos han solicitado en repetidas ocasiones al ministro de salud, al invima, para que abran la investigación sobre el oro líquido para nuestra salud “dióxido de cloro” (CDS), ellos han hecho caso omiso, y sus comunicados carecen de soporte científico, han hecho que nuestros centros hospitalarios violen incluso tratados que se firmaron a favor de los Derechos Humanos como el de Helsinki, el cual se supone está por encima de las Constituciones de todos los países (donde todos los ciudadanos del mundo tienen derecho de implementar sus propios remedios cuando el Estado no está en condiciones de suministrarlo). hoy estamos viviendo esta difícil situación. […]


[…] Hoy no podemos tapar el sol con un dedo, el dióxido de cloro (CDS) no Lo podrán detener, ya que sin temor a equivocarme más de 5 millones de personas en mi país consumimos el preciado oro líquido, tengo amigos que lo toman desde hace 13 años, otros desde hace 10 años, […].


Debo contar que no es una pócima milagrosa. Es una carga de oxígeno puro que le damos a nuestro organismo. Yo era una paciente oxígeno dependiente, requería cipac para dormir; hoy gracias a Dios no lo necesito, tomo dióxido de cloro (CDS), y como yo tengo varios testimonios que soportan lo mencionado.


Tengo testimonios de personas curadas de cáncer, VIH, lupus, niños autistas y más de 1.000 casos soportados con historias clínicas, y ni hablemos de las enfermedades cardíacas y del sistema respiratorio. Tantas enfermedades que han sido superadas gracias a Dios y al dióxido de cloro CDS […].”


En Suramérica

De acuerdo a lo retomado por algunas publicaciones de circulación periódica en el país, en las citadas declaraciones de Natalia París, ella también aludió al beneficio en salud pública logrado en Perú por el uso de CDS, que, de acuerdo a la modelo, sirvió para salvar miles de vidas.

Algo similar sucedió en Bolivia, donde el amplio uso por parte de su población llevó a su Cámara de Diputados el 2 de agosto de 2020 a la aprobación de un proyecto de ley que “[…] regula la elaboración, comercialización, suministro y consentido del dióxido de cloro de manera preventiva y como tratamiento para pacientes de coronavirus”.

La aprobación en cuestión evidencia que el dióxido de cloro es una opción para la salud a la cual acude la gente desde hace tiempo, pero que en la actual coyuntura ganó mayor reconocimiento por los efectos arrojados ante la creciente ola de infectados y muertos por la infección producida por el coronavirus.

La solución alternativa para la salud también ganó espacio en Ecuador, al punto que el 9 de julio de 2020 el impulsor pionero del CDS, Andreas Ludwin Kaleker, fue invitado a participar en un debate sobre esta expectativa para la salud pública en sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de este país, para explicar su potencialidad y valorar la posibilidad de asumirla para contener la creciente del covid-19. En la sesión, donde no hubo acuerdo para su reconocimiento y comercialización, se informó de la realización en Guayaquil, entre el 27 de marzo y 10 abril, de un ensayo con CDS que incluyó un grupo de 104 voluntarios entre 18 y 80 años de edad, y verificado por una organización afin a la que reúne a los médicos alternativos reunidos en la Asociación ecuatoriana de médicos expertos en medicina integrativa (aememi). Tal ensayo, realizado en pleno pico de la pandemia en la capital costera de Ecuador, no fue aceptado como prueba científica por no regirse a los parámetros de la OMS.

En la misma sesión, Kaleker dijo contar con por lo menos 6 mil casos comprobados de resolución positiva de crisis de salud por covid-19.

Una realidad tal tiene asiento también en Colombia con el uso de moringa y otros brebajes caseros, como los procesados a partir de jengibre y otras hierbas, todas con propiedades de estimular las defensas del cuerpo, o el consumo periódico de aspirina para diluir la sangre y con ello impedir su coagulación, facilitando así la oxigenación del cuerpo.

Como es conocido, estos y otros recursos se volvieron más comunes por estos días, no solo en barrios populares sino también en cárceles, espacios donde la salud como fundamental derecho humano es burlada cotidianamente. Estamos ante realidades desconocidas por las prestadoras de salud pública, que abandonaron la prevención y el trabajo de salud territorializado con lo cual ni conocen ni dialogan con los saberes populares.

Pero igualmente estamos ante el seguimiento y el manejo dado por los medios oficiosos a estos medicamentos populares que, para el caso del dióxido de cloro, son descalificados sin argumentos de peso, simplemente amparados en las siglas de la Organización Mundial de Salud, la cual funge como incuestionable autoridad mundial.

Lo cierto de todo esto es que nuestra sociedad debiera reclamar que el Ministerio de Salud y el Invima inviten al personal médico que defiende el uso del CDS a que sustenten y comprueben su eficacia, sin desconocer de primerazo sus argumentos ni criminalizar la comercialización de una forma de enfrentar la infección por covid-19. Al fin y al cabo, como debieran defender los actores sociales alternativos, la ciencia en todo caso no es neutra y responde a poderosos intereses, como lo vemos por estos días en el negociado creado con las vacunas para paliar la citada crisis de salud pública.

El debate está abierto y lo peor que pudiera suceder es desconocerlo, minimizarlo, despacharlo con calificativos y/o criminalizarlo, amenazando con cancelar licencias a quienes defienden posturas diferentes de las difundidas por los grandes medios de comunicación y la OMS.

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Activos soberanos como garantía de compra: las insólitas exigencias que Pfizer habría puesto a los Gobiernos de América Latina para venderles vacunas

La farmacéutica estadounidense habría pedido eximirse de responsabilidades ante posibles resultados adversos en el uso de los fármacos, según una investigación periodística realizada por The Bureau of Investigative Journalism y Ojo Público.

 

Una publicación de la organización periodística The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), en conjunto con el medio peruano Ojo Público, revela que Pfizer, la farmacéutica multinacional con sede en EE.UU., impuso condiciones abusivas a Gobiernos de Latinoamérica al momento de negociar millonarias compras de vacunas contra el covid-19. 

La investigación afirma que, entre las exigencias de la empresa, se pidió colocar en forma de garantía activos soberanos de países, incluyendo propiedades públicas, como embajadas y bases militares, o reservas de bancos federales. Esto, como forma de resguardo ante eventuales demandas por posibles resultados adversos tras la aplicación de las dosis. Frente a ello, una fuente anónima calificó la postura de Pfizer como una "intimidación de alto nivel".

"Una exigencia extrema"

El caso de Argentina, donde los diálogos quedaron truncados, fue uno de los más llamativos. Es que, aunque sea común que los fabricantes de vacunas planteen condiciones para eximirse de la mayor cantidad de responsabilidades legales posibles, desde el Gobierno de Alberto Fernández sostienen que la firma norteamericana se pasó del límite.

"En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer exigía más y más"

En junio, empezaron las conversaciones, y el Congreso aprobó una ley especial para que se indemnizara a Pfizer en caso de demandas civiles, a pedido de la contraparte. Igualmente, para la clase política argentina la compañía sí debía ser responsable ante cualquier conflicto por negligencia o malicia, algo que el grupo privado rechazaba. "En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer exigía más y más", le dijo un funcionario argentino al medio ya citado.

Entre los inesperados planteos, la farmacéutica le solicitó al país que contratara un seguro internacional ante eventuales conflictos. Y en diciembre, llegó la condición que terminó resquebrajando la negociación: pidieron que Argentina colocara sus activos en forma de garantía, algo que podía incluir inmuebles estratégicos y fondos del Banco Central. "Era una exigencia extrema que solo había escuchado cuando había que negociar la deuda externa, pero tanto en ese caso, como en este, la rechazamos inmediatamente", comentó un miembro de la administración peronista. 

De forma pública, el entonces ministro de Salud, Ginés García González, ya había expresado"Pfizer se portó mal con Argentina". En efecto, el país sudamericano fue usado como sede para los ensayos clínicos de la vacuna, pero hoy la ciudadanía no puede contar con ese producto para combatir la pandemia por la falta de acuerdo. 

"Abusivos"

Según la publicación, un conflicto similar se produjo en las negociaciones entre Pfizer y Brasil. Al 'Gigante de Sudamérica' le habrían planteado que, además de disponer de activos soberanos, tendría que depositar dinero en una cuenta bancaria del extranjero para crear otro fondo de garantía. Estos requisitos fueron definidos como "abusivos" por el Ministerio de Salud. Igualmente, el ente regulador brasileño ya aprobó el uso de estas inyecciones a gran escala, aunque la compra está trabada. 

De todos modos, en América Latina y el Caribe Pfizer logró vender su vacuna a nueve países: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Perú, aunque los detalles de los acuerdos no se hicieron públicos.

Desde Lima, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que los planteos de Pfizer fueron distintos a los de otros laboratorios, a pesar del pacto logrado. Por eso, las negociaciones del convenio para adquirir 9,9 millones de dosis —se requieren dos aplicaciones— se extendieron por más de seis meses, en medio de pactos de confidencialidad. Finalmente, el precio se fijó en 12 dólares por cada inyección, es decir, 24 por la vacuna completa. 

Por otro lado, Perú cedió parte de su soberanía y aceptó que ante controversias, otra jurisdicción pueda ejecutar decisiones de un tribunal arbitral. "Un Estado, por regla general, no se somete a que otro Estado pueda decidir sobre la confiscación de su propiedad", subrayó el abogado especialista Eduardo Iñiguez.

Con este marco, son varios los políticos latinoamericanos que se quejan por una presunta mala fe de la compañía para negociar con países no desarrollados. Consultado para esta investigación, Pfizer manifestó: "A nivel mundial, también hemos asignado dosis a países de ingresos bajos y medianos bajos a un precio sin fines de lucro, lo que incluye un acuerdo de compra anticipada con Covax para suministrar hasta 40 millones de dosis en 2021".

Entre tanto, esa empresa espera vender este año vacunas contra el coronavirus a un valor total de 15.000 millones de dólares. BioNTech, la firma asociada a Pfizer, ya recibió subvenciones del Gobierno alemán por alrededor de 445 millones de dólares. 

Publicado:24 feb 2021 17:49 GMT

Publicado enInternacional
Francia garantizará productos menstruales para estudiantes

La ministra de Educación Superior, Frédérique Vidal, adelantó que en las próximas semanas se instalarán máquinas que ofrecerán tampones, toallas sanitarias y otros artículos.

 

El Gobierno de Francia anunció que los productos menstruales serán gratuitos para la población estudiantil a partir de septiembre, con el objetivo de combatir las dificultades económicas que tienen muchas personas para afrontar aquellos gastos.  

La ministra de Educación Superior, Frédérique Vidal, adelantó que en las próximas semanas se instalarán máquinas que ofrecerán tampones, toallas sanitarias y otros artículos en residencias de estudiantes y servicios de salud universitarios. 

En ese sentido, la funcionaria agregó que el Gobierno se propuso hacer que la protección de período sea "completamente gratuita" para todos al comienzo del próximo año académico en septiembre, con la instalación de 1.500 distribuidores. 

Un estudio de la Asociación Federativa de Estudiantes de Poitiers y la Asociación Nacional de Estudiantes Parteras realizado en febrero reportó que un tercio de las estudiantes necesitan ayuda para comprar esos insumos para la menstruación.

Afectados por la crisis económica derivada del coronavirus y las restricciones de movilidad, numerosos estudiantes franceses tienen que acudir a la beneficencia de los bancos de alimentos de las ONGs y asociaciones.

En diciembre, el presidente Emmanuel Macron había prometido abordar el tema de la pobreza de época, cuando impulsó la creación de un "cheque psicólogo" para los estudiantes con dificultades y la posibilidad de comer dos veces al día por un euro en los restaurantes universitarios.

Al comentar sobre la difícil situación de las mujeres sin hogar, el máximo mandatario señaló en ese momento que "el hecho de tener su período en la calle y no poder comprar algo para protegerse y preservar su dignidad" se suma a la humillación que sufrieron.

La medida para hacer que la protección sanitaria sea gratuita para los estudiantes se produce en medio de un creciente enfoque en la pobreza juvenil luego de imágenes impactantes de bancos de alimentos inundados por estudiantes con dificultades debido a la pandemia covid-19.

Muchas y muchos jóvenes dicen que están luchando para llegar a fin de mes después de perder trabajos de medio tiempo en cafés y restaurantes que han estado cerrados durante meses debido a la crisis de salud.

La situación en otros países

En Argentina, un proyecto de ley integral de menstruación sostenible presentado por los diputados del Frente de Todos, Nicolás Rodríguez Saa y Lucas Godoy, contempla la entrega gratuita por parte del Estado, obras sociales y prepagas de insumos ecológicos y saludables para la gestión menstrual, además de antiinflamatorios, y la incorporación de la menstruación en la educación sexual.

Por su parte, la organización Economía Feminista lanzó en 2017 la iniciativa MenstruAcción, que alertó sobre el factor de desigualdad que implica la natural e inevitable llegada mensual del ciclo, un gasto que pagan las mujeres en un contexto donde ganan, en promedio, un 30% menos que los varones.

Otros países también están experimentando con la gratuidad de insumos para la menstruación. Escocia se convirtió en noviembre de 2020 en el primer país del mundo en aprobar la distribución gratuita de toallas higiénicas en los establecimientos públicos, abriendo un camino que inspiró a las feministas y activistas contra la pobreza de todo el mundo a abordar también el tema de la pobreza de época.

Asimismo, Nueva Zelanda anunció el 18 de febrero que experimentará a partir de junio, y durante tres años, la distribución de esas protecciones periódicas gratuitas en los colegios, mientras que en Inglaterra los productos de período gratuito están disponibles en todas las escuelas primarias y secundarias.

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Una técnica de reprogramación celular permitiría a los soldados de EE.UU. regenerar sus heridas como 'Wolverine' de X-Men

Una tecnología basada en la reprogramación celular curaría heridas más de 5 veces más rápido de lo natural.

El Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de EE.UU. junto con la Universidad de Míchigan exploran una tecnología basada en la reprogramación celular que permitiría sanar las heridas más de 5 veces más rápido de lo que el cuerpo humano las cura de forma natural.

Así, los efectivos estadounidenses podrían obtener habilidades curativas 'semejantes' a las de 'Wolverine', el superhéroe de Marvel Comics asociado con los X-Men, quien puede regenerar sus células al ser herido. El ente científico de la rama militar compartió cómo avanza la investigación.

¿Qué es la reprogramación celular y cómo trata las heridas?

Esta técnica básicamente reprograma el genoma de una célula humana por ejemplo, una célula de la piel, para convertirla en un tipo de célula diferente (muscular, sanguínea o cualquier otro tipo). La reprogramación se efectúa gracias a las proteínas llamadas factores de transcripción que 'activan y desactivan' varios genes dentro de las células para regular los procesos de división, crecimiento, así como la organización y la migración celular.

A nivel práctico, se supone que los factores de transcripción se aplicarían mediante un 'vendaje' que se aplica como un espray directamente a las heridas, para que las células musculares expuestas se conviertan en células cutáneas superficiales. Así las células reconfiguradas cubren la herida y esta se cura más rápido.

Algoritmo matemático 

Para identificar con precisión cuáles son los factores de transcripción que hacen cambiar de tipo a las células, el equipo de científicos elaboró un algoritmo guiado por los datos proporcionados por un microscopio de imágenes de células vivas, que determina las proteínas correctas y pronostica los puntos del ciclo celular donde aquellas pueden afectar mejor al cambio deseado.

"Es raro que las matemáticas ofrezcan resultados tan prometedores con tanta rapidez. La investigación matemática básica suele tardar décadas en convertirse en modelos que puedan aplicarse a una tecnología", señaló Frederick Leve, uno de los autores de la investigación. 

Si se logra aplicar esta tecnología a gran escala, "revolucionará el Ejército del Aire en los próximos años", reza el comunicado oficial.

Publicado: 21 feb 2021 12:48 GMT

Una calle en llamas en Puerto Príncipe después de una protesta contra el presidente Jovenel Moise el pasado 14 de febrero. VALERIE BAERISWYL / AFP

El mundo después de la covid

 

El máximo riesgo de crisis política es a los dos años del pico de la pandemia

 

Verano del 2022. Justo cuando los gobiernos piensan que lo peor ya ha pasado tras llevar a cabo una campaña exhaustiva de vacunas y paquetes billonarios de reactivación económica, el mundo, de repente, se enciende. Hay batallas campales en cientos de ciudades entre manifestantes y policías antidisturbios vestidos al estilo de Robocop . Imágenes de edificios en llamas se proyectan en millones de pantallas de televisión. Los gobiernos caen en elecciones tumultuosas.

No es la próxima entrega de la serie distópica Years and years sino un escenario que dibuja lo que podría pasar tras la pandemia a partir de un análisis realizado por los sesudos técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

 “Desde la plaga de Justiniano en el siglo VI y la Peste Negra del siglo XIV hasta la gripe española del 1918, la historia está trufada de ejemplos de epidemias que tienen fuertes repercusiones sociales: transforman la política, subvierten el orden social y provocan estallidos sociales”, afirman Philip Barrett y Sophia Chen en su informe Las repercusiones sociales de las pandemias (enero del 2021). Y el periodo tras la covid no tiene por que ser muy diferente.

¿Por qué? Una posible explicación es que una pandemia “pone de manifiesto las fracturas ya existentes en la sociedad: la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos”, sostienen los técnicos del FMI.

A partir de un análisis de millones de artículos de prensa publicados desde 1985 en 130 países, el FMI ha elaborado un índice de malestar social que permite cuantificar la probabilidad de una explosión de protestas como consecuencia de la pandemia. Los técnicos relacionan los casos de estallidos sociales con 11.000 diferentes acontecimientos ocurridos desde las años ochenta. Estos incluyen desastres naturales como inundaciones, terremotos o huracanes, así como epidemias.

Utilizando complejas ecuaciones algebraicas, los expertos descubren “una relación positiva y significativa” entre desastres y estallidos sociales. Concretamente, “existe una relación positiva entre los estallidos sociales y las epidemias”, afirman Barrett y Chen en su informe.

Como suele ocurrir con los estudios económicos, la relación entre desastres y protestas es algo que tal vez mucha gente, sin necesidad de ecuaciones matemáticas, entenderían intuitivamente. Pero lo interesante del análisis del FMI es la relación cronológica que identifica entre las epidemias y los estallidos sociales. Hay un importante efecto retraso. Muchos meses, hasta dos años, separan el momento álgido de la epidemia de las rebeliones.

Efectivamente, ha habido pocas protestas durante esta pandemia. Más bien, en los últimos meses “el numero de manifestaciones físicas de malestar social ha caído a su nivel mas bajo en casi cinco años”. La excepción es el movimiento Black Lives Matter tras el asesinato a manos de policías de George Floyd en Minneapolis, que desencadenó una oleada de protestas en EE.UU.

Pero mas allá de este resultado inmediato pacificador de las epidemias, “a más largo plazo, la frecuencia de estallidos sociales se dispara”, se sostiene en el informe del FMI, de tono mucho más frío y distanciado que la información que analiza sobre disturbios en millones de indignados artículos de prensa a lo largo de las décadas.

A partir de la información obtenida sobre diferentes clases de protesta, los investigadores del FMI demuestran que, con el tiempo, “el riesgo de disturbios y manifestaciones contra el gobierno va en aumento” . Es más, “sube el riesgo de graves crisis políticas (acontecimientos que pueden derribar gobiernos), que normalmente ocurren en los dos años posteriores a la epidemia grave”, resumen los técnicos de la institución multilateral de sede en Washington.

El informe llega a la conclusión de que “el malestar social era elevado antes de la covid y se ha moderado durante la pandemia pero, si la historia nos sirve de guía, es razonable esperar que, conforme la pandemia se disminuya, los estallidos sociales emergerán de nuevo”.

Otro informe del FMI titulado Cómo las pandemias conducen a la desesperación y al malestar social (octubre del 2020), de Tahsin Saadi Sedik y Rui Xu, utiliza metodología similar para determinar con precisión este efecto retraso. “Las epidemias severas que provocan elevada mortalidad aumentan el riesgo de disturbios y manifestaciones antigubernamentales”, explican. Estos “eventos pandémicos generan un riesgo de desorden civil significativamente más elevado después de 14 meses”. Cinco años después de la pandemia todavía existe un “efecto cuantitativamente significativo sobre la probabilidad de estallidos sociales”. Los brotes de ébola en el Oeste de África entre el 2014 y el 2016, por ejemplo, “provocaron un aumento de la violencia civil superior al 40% al cabo de un año y su efecto sobre el malestar social persistía varios años después”.

Aunque la chispa de la violencia no tiene por qué estar relacionada con la pandemia, el trauma social y el impacto socioeconómico de la crisis sanitaria está detrás de las
repetidas instancias de protestas.

Pero la pandemia tampoco es la causa inicial sino un catalizador. El primer eslabón del efecto dominó es la desigualdad y la percepción de injusticia, explican los analistas del FMI. “Los resultados de nuestro estudio indican que la desigualdad elevada está relacionada con más estallidos sociales (…) y el malestar social será mayor cuanto más elevada la desigualdad de renta al inicio”, sostienen.

Las pandemias detonan la bomba de relojería “porque reducen el crecimiento económico y elevan la desigualdad” y crean “un círculo vicioso en el que el crecimiento más lento, la subida de la desigualdad y el aumento de malestar social se refuerzan el uno al otro”.

 

Andy Robinson

Madrid

21/02/2021 00:02Actualizado a 21/02/2021 08:42

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Vacunas sí, antivirales no: una decisión económica

Los beneficios potenciales de las vacunas y los tratamientos para la covid 19 son muy distintos. Hay 7.700 millones de clientes para las primeras frente a 103 millones para los segundos: 75 veces menos

 

Para evitar al lector interpretaciones erróneas, voy a hacer previamente una declaración de principios: soy un médico instruido y educado en la medicina científica, amante de la Medicina Basada en la Evidencia, totalmente alejado de las medicinas alternativas, soy pro vacunas y nada tendente a la conspiranoia, sin dejar de ser consciente, por mi edad y experiencia, de los grandes intereses económicos que se mueven en ciertos sectores de una sociedad.

Empezaré señalando que hace ahora 50 años la mayoría de los médicos del mundo asistimos expectantes al nacimiento del que parecía ser el camino que racionalizaría la práctica médica. Abandonándose para siempre el “yo hago esto así porque opino…” o “yo hago esto así porque creo…”, la medicina parecía que dejaría de ser un arte para ser una auténtica ciencia. Corría el año 1972 cuando el epidemiólogo escocés Archibald Cochrane, publicó su libro Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services –Efectividad y eficiencia: reflexiones aleatorias sobre los servicios de salud– en el que explicaba sus primeras reflexiones al respecto.

Estas incipientes ideas versaban sobre el camino que habría de conducirnos a una medicina científica, basada en la evidencia, en la que la separación del grano de la paja en la literatura científica conduciría a la creación del nuevo cuerpo de doctrina médica. En él solo habría lugar para las experiencias que superaran una estricta crítica de la metodología empleada y de las conclusiones objetivamente enunciadas, quedando por tanto excluidas todas las demás, es decir aquellas conclusiones que no estuvieran avaladas por el rigor metodológico exigido para ser dadas por ciertas. Y era importante, porque ejemplos de estas últimas llenaban los libros y revistas científicas que había en las estanterías.

La progresiva implantación de esta doctrina surtió en poco tiempo dos efectos claros. Por un lado, redujo notablemente la indeseable variabilidad de la práctica médica, acercándose a su objetivo final, que un médico en España y otro en Nueva Zelanda, sin conocerse, se enfrenten al mismo problema y puedan actuar exactamente igual. Por otro lado, la eliminación de técnicas, exploraciones y tratamientos que o bien no se habían mostrado sustentadas en una metodología exigente, o bien sus conclusiones no habían sido suficientemente razonadas, ha contribuido desde entonces a la sostenibilidad de los sistemas de salud.

La implantación y el desarrollo de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) han supuesto que la medicina desde la segunda mitad del siglo XX sea la más racional que ha existido en nuestra historia. Sin embargo, es tendencia muy humana que el entusiasmo sobre algo nos conduzca a un fundamentalismo insano que puede volverse dañino. No en vano, en el punto medio suele estar la virtud, pues nunca es aconsejable olvidar el sentido común. Y una desviación en este punto, hasta convertirse en fundamentalismo, es lo que esta pandemia nos está mostrando. 

Aunque personalmente estoy de acuerdo en la bondad de la MBE, estoy seguro de que el mismo Cochrane cuando hizo sus primeras reflexiones no estaba pensando en una enfermedad que, por nueva, no dispusiera de un previo acervo de conocimiento, como ocurre con el caso de la epidemia de covid-19. Por el contrario, la gravedad y contagiosidad de la misma, con la consiguiente rapidez de extensión, apremia seriamente a la humanidad, pues en un año se han producido 103 millones de contagios y 2,4 millones de muertos, afectando además a todo el planeta. ¿No es una situación extraordinaria? En este contexto, considero que uno de los principales errores cometidos ha sido aplicar a rajatabla criterios y procedimientos de la MBE ideados para un contexto normalizado, cuando el actual no lo es. Es, por el contrario, demasiado extraordinario por urgente y destructor.

Parece obvio que, en situaciones extraordinarias, los métodos a aplicar deben ser también extraordinarios. El no haber tenido la inteligencia suficiente para adaptarse a tan especiales circunstancias ha supuesto un retraso en la investigación en algunos ámbitos concretos por no tener en cuenta precisamente las especiales características de la pandemia –inexistencia de conocimiento previo de la enfermedad, alta contagiosidad y mucha rapidez en su extensión y gravedad de la covid-19–. El fundamentalismo al que la MBE ha llevado a muchos médicos nos ha impedido aplicar el sentido común, única herramienta que nos podía ayudar en este caso, adaptándonos a las circunstancias y a sus necesidades específicas.

En consecuencia, durante el año 2020, la ciencia, y la medicina en particular, han mostrado una capacidad de adaptación desigual entre los distintos aspectos del tratamiento de la covid-19. Se ha realizado un importante esfuerzo en el desarrollo rápido de vacunas, mientras que ni se ha mostrado ni se sigue mostrando la misma diligencia para la investigación del tratamiento de la enfermedad, especialmente el referido a los antivirales, que van encaminados a abortar la enfermedad desde el principio, impidiendo la entrada del virus en la célula y por tanto su replicación. Los médicos de todo el mundo, en su gran mayoría, hemos buscado las evidencias publicadas sobre esta enfermedad, pero nos hemos encontrado con que estas ni siquiera existían. Necesitábamos encontrar su naturaleza, su comportamiento y las posibles opciones de tratamiento, es decir, cosas nuevas. Y esto solo podía lograrse con una investigación ágil, imaginativa y valiente, especialmente valiente. Y necesitábamos hacerlo rápido.

Sin embargo, a muchos nos da la sensación de que no se ha sido muy consciente del todo de la auténtica urgencia del caso. ¿Por qué ha ocurrido esto? Apuntaré algunas hipótesis.

Los médicos nos hemos esforzado en descubrir las medidas que trataran de mejorar las fases más graves de la enfermedad, solo cuando su proceso se había agravado tanto que se preveía el fallecimiento inminente del paciente. Ahí sí se han probado rápidamente tratamientos como la dexametasona. Sin embargo, esta fase crítica no es más que la consecuencia de una infección viral como hecho primero –dando lugar a la fase viral, de curso clínico relativamente benigno– que acaba en muchos casos en el establecimiento de la fase inflamatoria, cercana a la muerte –la famosa tormenta de citoquinas y el consiguiente fracaso multiorgánico, como últimos pasos antes del fallecimiento–. 

Por tanto hemos parecido olvidar algo fundamental, que lo ideal es encontrar un fármaco con acción antiviral, que sea capaz de abortar la enfermedad en su inicio, precisamente para evitar que, tras la replicación del virus, se desencadene la neumonía bilateral típica y se llegue a la segunda fase –fase inflamatoria–. La lógica más elemental aconseja actuar contra la causa primera y fundamental.

¿Por qué entonces los antivirales han ocupado solamente un lugar secundario en nuestros pensamientos y en el tiempo dedicado?  Llama la atención que solo las grandes farmacéuticas lo han intentado, probando fármacos antivirales que, sin excepción, han resultado ineficaces tras haber sido aprobados con relativa rapidez por parte de las agencias reguladoras. La mayoría de ellos eran de alto coste. Hoy todavía no se ha logrado disponer de ninguno auténticamente eficaz. Por el contrario, parece que nadie ha querido, ni quiere, oír hablar de otras investigaciones con moléculas que han mostrado resultados iniciales esperanzadores. La pretensión de lograr la aprobación de ensayos clínicos de varias de ellas se eternizan y se eternizan, cuando ya tienen la condición imprescindible para poder ser candidatas a ser estudiadas seria pero rápidamente –la seguridad–. Señalemos que no se pide la aprobación irresponsable de ninguna molécula o moléculas, sino solo la aprobación con la mayor rapidez y la mayor agilidad administrativa de los ensayos controlados, que posteriormente permitan, o no, su aprobación como tratamiento antiviral de la covid-19.

La mayoría de estas moléculas que esperan infructuosamente el permiso de ensayo comparten varias características, como son: suelen ser antiguas en casi todos los casos –algunas fueron aprobadas por la FDA estadounidense ya en 1965–, baratas y libres ya de patentes por el importante tiempo transcurrido desde su aparición, así como seguras, pues han sido utilizadas durante años para otras indicaciones mostrando muy pocos efectos secundarios. ¿Realmente hay que ser tan riguroso formalmente, y sobre todo tan exigente administrativamente ante unos fármacos que, si bien tienen que demostrar su eficacia, poseen la condición principal para ser aprobados: su necesaria y demostrada seguridad?

Por el contrario, en el mismo tiempo, se ha conseguido el desarrollo, completo en algunos casos, su rápida aprobación y su uso, de varias vacunas, como son las de Pfizer, Moderna y Astra Zeneca, entre más de veinte que se encuentran en fases algo más precoces pero que han gozado de la misma agilidad en su aprobación que las citadas. Y ello a pesar de que existen importantes incertidumbres en su comportamiento a medio y largo plazo –yo mismo debo admitirlo a pesar de tener una actitud provacunas–. De hecho la mayoría de los médicos del mundo occidental hemos decidido libremente ser vacunados, pero curiosamente solemos ser los mismos que luego estamos poniendo constantes trabas cuando deberíamos fomentar ensayos clínicos de sustancias baratas y antiguas –por tanto con seguridad contrastada– con la mayor urgencia posible.

El ingente trabajo realizado con las vacunas ha sido fruto de grandes compañías farmacéuticas, las mismas que han fracasado repetidamente en el descubrimiento de algún antiviral eficaz. ¿Son similares en cuanto a beneficio económico el negocio de las vacunas y el de los antivirales? ¿Tiene esto algo que ver con la perezosa maquinaria que parece retrasar y retrasar la aprobación de los ensayos clínicos solicitados para antivirales? No digo que las grandes compañías no persigan el beneficio de la humanidad, pero quizás… si puede ser haciendo grandes negocios, mejor. ¿O no? ¿Se ha preguntado alguien si en el fiasco en el aprovisionamiento de las unidades prometidas de vacunas en los plazos señalados puede haber habido cierta trampa? ¿Tan difícil es calcular el ritmo de producción de las mismas? ¿Pudiera haber una actitud de “vamos a firmar el contrato rápidamente para asegurar la operación, que luego las serviremos como vayamos pudiendo”? ¿Es cierto que importantes partidas de las dosis contratadas han sido desviadas a terceros países porque abonaban a última hora precios hasta tres veces más altos?

Los beneficios potenciales de ambos negocios –vacunas versus antivirales– son muy distintos, siendo mucho mayor el de las primeras que el de los segundos. Se calcula que con las vacunas va ser del orden de 20.000 millones de dólares. Hoy hay 7.700 millones de habitantes en el mundo, todos potenciales clientes de vacuna, mientras que son 75 veces menos los clientes potenciales de antivirales –ha habido hasta el momento 103 millones de infectados–. Imagínense la diferencia.

Será por esta o por otras razones, pero hasta ahora ha sido sistemática e inexplicablemente enlentecida la aprobación de ensayos clínicos de sustancias antiguas, por tanto con seguridad probada, y baratas. Como casos ciertos a modo de ejemplo podemos hablar de la ivermectina –antiparasitario–, la colchicina –fármaco antigotoso–, el omnivirol –compuesto de aceites esenciales–, algunas pautas antihistamínicas –fármacos antialérgicos– o la plitidepsina, nueva molécula española por  la que ha tenido que manifestarse un grupo de científicos de todo el mundo exigiendo que dejen de demorar el comienzo de la fase III de su ensayo. *

Señalo, una vez más, que no se trata de ser irreflexivo, sino de tener la mente abierta y, sobre todo, tener una actitud ágil en los procedimientos. Insisto: no se trata de aprobar medicamentos, solamente se pide la aprobación rápida de ensayos clínicos de sustancias seguras y de resultados prometedores para llevar a cabo los correspondientes ensayos clínicos. Y en eso llevamos meses de retraso. Parece sospechoso impedir investigar la eficacia de fármacos con menos efectos secundarios que otros que fueron aprobados con facilidad y se usaron los primeros meses de la pandemia. Por la actitud, pareciera que no se quiere comprobar que realmente pueden ser eficaces, en este caso, sustancias que fueron aprobadas en muchos casos hace muchos años para otras indicaciones por los organismos y agencias reguladoras de todo el mundo.

Resumiendo, el lobby de las grandes farmacéuticas va ganando esta batalla. Médicos del mundo, ¡exijamos que se permita investigar con rapidez los antivirales que pueden ayudar a largo plazo mucho más que las propias vacunas! Seamos sinceros, valientes y comprometidos con nuestra profesión, aplicando el sentido común a la necesidad y urgencia del momento que vivimos.

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* Fe de errores. En la primera versión de este artículo se citaba un tratamiento con dióxido de cloro experimentado en Bolivia; dicho tratamiento ha sido desaconsejado por la OPS.  

Por Manuel Calleja es cirujano cardiovascular en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

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Covid-19: ¿Nos matarán las dudas sobre las vacunas y el fracaso del mercado?

Para combatir el coronavirus las vacunas son la mejor salida, pero no son una solución milagrosa. La campaña de vacunación se desarrolla con mucha torpeza y hay infinidad de dudas sobre las vacunas. Mientras tanto, las cepas nuevas avanzan. ¿Ganarán las vacunas la carrera contra las nuevas cepas?

«Si las pandemias son guerras microbianas,
entonces las vacunas son nuestras armas preferidas de rescate masivo».
Tedros, director general de la OMS

El coronavirus ha causado la mayor crisis sanitaria de los últimos cien años. Ya han muerto 2,4 millones de personas y todavía sigue muriendo una persona cada seis segundos a causa del COVID-19. Las vacunas son la mejor y única salvación. Sin ellas la pandemia amenaza con cobrarse hasta 30 millones de vidas.i

Afortunadamente, las vacunas son prometedoras. Después de que la mayoría de las personas mayores de 60 años fueran vacunadas en Israel, el número de personas hospitalizadas en este grupo de edad vulnerable se redujo en un 40% en tres semanas. Y esa cifra sigue bajando.

Sin embargo, aún es demasiado pronto para declarar la victoria. No es en absoluto seguro que las vacunas puedan derrotar al COVID-19. Cada vez hay más conciencia de que no podremos erradicar el virus rápidamente, si es que lo logramos al 100%. Hay al menos tres razones para ello: el fracaso del enfoque de mercado, las limitaciones de las propias vacunas y la resistencia a la vacunación.

Fracaso del mercado

En Occidente la producción de vacunas está dominada por un puñado de gigantes farmacéuticos. Monopolizan tanto la producción como la distribución y, por tanto, determinan en gran medida el ritmo y el alcance de la vacunación en todo el mundo. Por su afán de lucro se niegan a aumentar drásticamente su producción y venden a quien más paga. También les interesa mantener esta producción totalmente en sus manos y no compartir sus conocimientos con otros posibles productores. En resumen, la escasez artificial les beneficia.

Por ello, el suministro en los países ricos es demasiado lento. Pero, aún peor, hay muy pocas vacunas para los países del Sur. Los países ricos, que representan el 16% de la población mundial, han comprado hasta el 60% de todas las vacunas. Actualmente el 85% de los países aún no han administrado la primera vacuna. No es fácil predecirlo, pero es probable que muchas personas de los países pobres tengan que esperar hasta 2023 o 2024.ii

Esto último no es sólo un problema para los países del Sur. Dado que el virus no conoce fronteras y que vivimos en un mundo altamente conectado, la pandemia no será derrotada en ningún lugar hasta que lo esté en todas partes. O en palabras de Tedros, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS): «Para el virus, todos somos un solo rebaño. Para vencerlo, debemos actuar como una sola comunidad».

El jefe de la OMS tiene claro que este enfoque de mercado ha fracasado por completo y que estamos perdiendo la carrera contra el tiempo: «Los mecanismos de mercado son insuficientes por sí solos para detener la pandemia mediante la inmunidad de grupos vacunados. La oferta limitada y la demanda abrumadora crean ganadores y perdedores. Ninguna de las dos cosas es moral o médicamente aceptable durante una pandemia».

Para superar la escasez artificial, aumentar la producción de vacunas y ampliar su distribución Tedros propone intercambiar la tecnología de producción de vacunas, la propiedad intelectual y los conocimientos técnicos a través del Fondo Común de acceso a la Tecnología COVID-19, levantar temporalmente las patentes y permitir y ampliar la colaboración entre los fabricantes.

Según Tedros, hay que acabar con la omnipotencia de los gigantes farmacéuticos: «La comunidad internacional no puede permitir que un puñado de actores dicte los términos o el calendario para acabar con la pandemia». La Comisión Europea sin embargo, sigue insistiendo en seguir el mismo rumbo y dejar que manden las grandes farmacéuticas. Los partidos conservadores, socialdemócratas y liberales están todos de acuerdo. En los momentos de crisis suelen caer las máscaras y este caso no es diferente.

Las vacunas no son la panacea

Las vacunas funcionan muy bien para prevenir los síntomas graves del COVID-19 que llevan a la hospitalización o la muerte. Pero aún no se sabe si también detienen la capacidad infecciosa del virus propiamente dicha ni en qué medida. Es de suponer que reducirán la capacidad infecciosa, pero no la detendrán del todo. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca podría reducir la transmisión en casi dos tercios. Sin embargo, pasarán meses antes de que se dé una respuesta definitiva a esta importante cuestión.

Esta cuestión ha cobrado aún más importancia con las nuevas cepas. Porque esas parecen ser hasta un 50% más contagiosas. Además, podrían ser incluso más mortales. Por ejemplo, la cepa británica podría causar un 30% más de muertes. En cualquier caso, un pequeño aumento de la letalidad podría tener un efecto catastrófico.

También es cuestionable si las vacunas actuales protegen contra las nuevas cepas y en qué medida. Investigaciones recientes demuestran que las nuevas mutaciones pueden provocar resistencia a las vacunas. Se ha descubierto que al menos cuatro vacunasiii ofrecen menos protección contra la cepa sudafricana, que ya ha aparecido en 30 países. En el caso de Novavax y Janssen se habla de una reducción del 60%. También en el caso de la cepa brasileña hay cada vez más pruebas de que algunas vacunas detienen menos el virus.

Igual de preocupante es que las nuevas variantes también pueden exponer a las personas al riesgo de una segunda infección.iv

Todo esto podría significar que no llegaremos a ninguna parte con una ronda única de vacunas y que, como con la vacuna de la gripe, en el futuro tendremos que administrar una nueva vacuna a intervalos regulares a medida que surjan nuevas variantes peligrosas. A la luz de la torpeza y la lentitud de la campaña actual, no es una idea alentador. Para los gigantes farmacéuticos, en cambio, algo así suena a música celestial: cada ronda de vacunas tiene un valor de varias decenas de miles de millones de dólares. ¡Dinero, dinero!.

El peligro del escepticismo respecto a las vacunas

Una tercera razón por la que corremos el riesgo de no poder erradicar nunca el virus por completo es si una parte importante de la población decide no vacunarse. El grado de disponibilidad a la vacuna varía mucho de un país a otro y también varía con el tiempo. Entre agosto del año pasado y enero de este año el porcentaje de personas dispuestas a vacunarse cayó entre 10 y 20 puntos porcentuales en muchos países, a pesar de los prometedores resultados de las vacunas.

Las dudas sobre las vacunas tiene muchas causas. Una vacuna introduce en el cuerpo una sustancia cuyos mecanismos de acción no siempre se comprenden del todo. Eso asusta a la gente. Gran parte de las dudas sobre las vacunas también provienen de la falta de confianza en el establishment. La forma de lidiar contra el COVID-19 fue y es en la mayoría de los países occidentales desastrosa: a pesar de los meses de (semi)cofinamientos, la cantidad de muertos por habitante es decenas de veces mayor que en la mayoría de los países asiáticos, que además pudieron volver a la vida normal muy rápidamente. Esta forma lamentable de actuar no ha hecho más que aumentar la falta de confianza, que ya es muy alta, en los gobiernos. A ello se suma la actitud descarada de los gigantes farmacéuticos.

Las dudas sobre las vacunas y las teorías conspirativas se extienden más fácilmente cuando la gente pierde la fe en el sistema. Las dudas también se avivan desde sectores de la derecha y la extrema derecha, y se difunden profusamente a través de las redes sociales. En la difusión de la desinformación suele haber también motivos económicos,v así que habrá que estar atentos.

Sea como fuere, con las nuevas cepas se necesita una inmunidad de grupo de alrededor del 80% para ganar al virus. Sólo un puñado de países llega actualmente a un 80% de la voluntad de vacunarse.vi La mayoría de los países están muy por debajo de esa cifra, que podría descender aún más en los próximos meses porque los jóvenes se sienten menos amenazados y, por lo tanto, pueden estar menos dispuestos a vacunarse cuando les toque.

Si nos quedamos por debajo del umbral del 80%, eso podría costar muchas vidas, tanto entre las personas dudosas como entre las demás. El reto de superar las dudas sobre las vacunas será al menos tan grande como el de distribuirlas a tiempo a todo el mundo. Y erradicar esa duda no es fácil. The Economistlo formula así: «El miedo y la incertidumbre son más fáciles de alimentar que la confianza y la pasividad es más fácil de fomentar que de actuar». Y restaurar la confianza en los gobiernos, por no hablar de los gigantes farmacéuticos, requerirá un serio cambio de rumbo.

Una prueba de estrés dura como una roca

La combinación de las deficiencias del mercado, las limitaciones de las vacunas actuales, la aparición de nuevas variantes, las dudas sobre las vacunas y el hecho de que los jóvenes menores de 18 años aún no estén vacunados significa que quizá nunca alcancemos la inmunidad de grupo. No obstante, esta inmunidad de grupo es necesaria para erradicar el virus de forma permanente.

Si seguimos así, parece que el COVID-19 seguirá circulando durante años y reaparecerá regularmente, con o sin variantes peligrosas. A diferencia de muchos países asiáticos, no hemos conseguido eliminar el virus. Esa incapacidad causará cientos de miles o incluso millones de víctimas innecesarias.

La crisis del COVID-19 es una prueba de estrés inexorable para nuestro modelo de sociedad. La forma de lidiar contra el COVID-19 nos enseña mucho sobre cómo está organizada nuestra sociedad, cuáles son las prioridades, la eficacia de la política, etc. Funciona como una lupa para los problemas a los que nos enfrentamos. Esta prueba de estrés nos invita a repensar a fondo nuestro modelo de sociedad. ¿A qué esperamos? ¿Acaso preferimos seguir así?

Traducido del neerlandés por Sven Magnus

Notas:

i Calculado a partir de un estudio del equipo de respuesta del Imperial College COVID-19 sobre la probabilidad de mortalidad en caso de infección. Entre los países de renta alta la tasa de mortalidad es de un promedio del 1,15%. Entre los países de renta baja con poblaciones más jóvenes la media es del 0,23%.

ii Además, los jóvenes menores de 18 años no podrán vacunarse hasta 2022. Las pruebas para ese grupo de edad están ahora en pleno desarrollo. Estamos hablando de una parte importante de la población.

iii Se trata de Novavax, Janssen, Pfizer/BioNTech y Moderna.

iv Al parecer, la cepa mutada puede evadir los anticuerpos desarrollados en respuesta a la vacunación o a la infección con la versión original del coronavirus.

v El Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCDH) investigó 425 cuentas antivacunas en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube que difunden desinformación. Juntos tienen 59 millones de seguidores y esa cifra crece rápidamente. La investigación muestra que solo una minoría de estos antivacunas tiene creencias muy arraigadas. Para aproximadamente el 80%, los motivos financieros también juegan un papel o incluso el único. La mitad son empresarios con negocios que promueven remedios alternativos o excéntricos, como la inmunización homeopática o un pulverizador de lejía. La otra mitad son teóricos de la conspiración que aprovechan los ingresos por publicidad online que traen sus páginas web y de los productos que venden. Veáse también The Economist.

vi La investigación citada por The Economistincluye a China, Gran Bretaña e Indonesia.

Por Marc Vandepitte | 20/02/2021 

Publicado enSociedad
Viernes, 19 Febrero 2021 05:31

Palestina, vacunas, apartheid

Palestina, vacunas, apartheid

 Uno. El coronavirus no sólo exacerbó el racismo y la xenofobia israelí añadiendo otro nivel a la precariedad de las vidas palestinas bajo la ocupación militar (bit.ly/2LA4VcO) −sirviendo incluso como oportunidad para acelerar el proyecto colonial de asentamientos−, sino que dio lugar al surgimiento de un nuevo “ apartheid médico”. Curiosamente tras el desastroso manejo inicial de la pandemia (tres lockdowns, ataques a libertades de sus propios ciudadanos), Israel emergió como un “campeón mundial de vacunación per capita”. Inoculaba a su población a un paso de hasta 150 mil dosis al día, logrando vacunar en breve con ambas dosis a casi dos de sus 9 millones de habitantes ( bbc.in/2N9nKUS ). Pero la negación de las vacunas a los palestinos en Cisjordania ocupada y en Gaza bloqueada, demostraba que su redoblada guerra al virus era al mismo tiempo su vieja guerra a Palestina (bit.ly/2Z3INea).

Dos. La Cuarta Convención de Ginebra (artículo 56) estipula "la responsabilidad del ocupante por salud e higiene de la población ocupada, con referencia particular a enfermedades contagiosas y epidemias". Israel viola aquí el derecho internacional, al igual que el otro artículo de la convención que "prohíbe la transferencia de la población civil del ocupante al país ocupado". Desde 1967 −sin parar− expande asentamientos ilegales. Y al mandar vacunas a territorios ocupados los destina, en concordancia con su racismo institucional, sólo a colonos (bit.ly/2N9Mj3Q), excluyendo a 2.7 millones de palestinos de Cisjordania y a otros 2 millones en Gaza. Según los funcionarios israelíes, las responsables por ellos "son las mismas autoridades palestinas" ( vide Oslo), mientras el que realmente está a cargo de estas áreas −en todos los sentidos− es Israel. Esta postura es un perfecto caso de "negación de la responsabilidad", un paradigma necropolítico identificado por A. Mbembe (bit.ly/3qp7GwD) precisamente en el caso de Gaza, que igual es un ejemplo de una larga historia israelí de usar la medicina como arma al ir mutilando su sistema de salud (bit.ly/2Z60CZO). ¿La mejor palabra para todo esto? El ­"coronaapartheid".

Tres. Resulta sintomático que justo −aunque sin mencionar las vacunas− B’Tselem, un reconocido organismo israelí de derechos humanos, emitiera un reporte sin precedente en que confirma lo que algunos estudiosos (I. Pappé et al.) argumentaban desde hace tiempo: Israel no es “una democracia con la ‘ocupación temporal’ adjuntada a ella”, sino “un solo régimen del apartheid desde el río Jordán hasta el Mediterráneo donde un grupo de gente (los judíos), ejerce una supremacía racial sobre el otro (los palestinos)” (bit.ly/3pfm0qd). Esta supremacía y “toda la ingeniería demográfica bajo este apartheid” está, según B’Tselem, aplicada a través: a) la negación de derechos políticos y civiles: mientras colonos israelíes en territorios ocupados gozan de todos los derechos y están sujetos a leyes civiles, los 5 millones de palestinos (sin contar los que son ciudadanos de Israel) están sujetos a leyes militares y desprovistos de ellos; b) la expropiación de tierras para más asentamientos, y c) la limitación del libre movimiento: muros, puntos de control, carreteras y túneles "sólo para los israelíes".

Cuatro. Debido a la distribución desigual de vacunas entre países ricos y pobres, la propia OMS advirtió de la existencia de un “ apartheid mundial vacunal”. Nuevamente, la desigualdad entre Israel y Palestina es paradigmática. Israel compró 10 millones de dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 6 millones de Moderna, pagando entre 28 y 62 dólares (!) la dosis, −mientras por ejemplo Estados Unidos pagaba 19.50 dólares−, y Palestina no ha podido comprar ninguna (ni de Rusia o China), esperando sólo recibir algo de la OMS mediante el sistema Covax destinado a países pobres (bit.ly/3rKL0Yd). En el mismo tiempo Tel Aviv rechazó "un pedido informal" de la OMS para vacunar "al menos a los trabajadores de salud palestinos" por "no ser su responsabilidad" (sic), al igual que los pedidos de las autoridades palestinas de compartirles "al menos 10 mil dosis" para el mismo fin −saboteando de paso los esfuerzos palestinos de luchar contra el virus y destruyendo clínicas de campo destinadas al Covid-19−, sólo para luego transferir 5 mil ( abcn.ws/2LQwXAS ).

Cinco. La exclusión de la población palestina ocupada del programa de la vacunación, demuestra que el apartheid israelí no es sólo un sistema de leyes raciales como Basic Law o muros ("el control de los cuerpos"), sino uno que permea hasta el nivel "celular" y médico (M. Foucault) −con los oficiales israelíes refiriéndose desde hace tiempo a los palestinos como "una enfermedad"− y donde la negación de vacunas hace la mancuerna con la "cuestión demográfica" −"una de las preocupaciones fundacionales del sionismo" (bit.ly/3jOK9TG)−, volviéndose un nuevo componente biopolítico de la ingeniería demográfica imperante ( vide B’Tselem). Uno que no busca "reducir activamente" el número de la población indeseada, pero que se abre oportunistamente a la posibilidad de su reducción −"el viejo objetivo estratégico del racismo israelí en Palestina" (bit.ly/3b9LCjw)−, por una enfermedad "natural" de la cual la ­población dominante, que ejerce la supremacía racial en el territorio ­disputado (Palestina), queda mejor protegida. ¿"Maquiavelismo"? ­¿"Perversidad"? ¿"Crimen"? Seguro hay un par de más palabras para hablar de esto.

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