Y no se contuvo, se llegó al peor escenario de la pandemia

Sin duda, uno de los deseos más pedidos por la gente en todo el mundo para el 2021 fue que la pandemia terminara, que el coronavirus fuera cosa del pasado, que no tuviéramos más que estar aislados y que pudiéramos retornar a la “normalidad” de nuestras vidas.

Pero esto de las pandemias, que ya la especie humana ha vivido en varios periodos de su historia, no son procesos que finalicen de un momento a otro y para desfortuna para el querer de millones no desaparecen porque un calendario de paso a otro, muy a pesar de la esperanzadora noticia de final de año del inicio de la vacunación contra el Sars-CoV-2.

Y para aumentar el desánimo, vemos que el inicio del 2021 en muchos lugares del mundo está mostrando la cara más ruda de la pandemia, como no se había sucedido en meses anteriores. Este es el caso de Colombia, en donde cursamos por el escenario más dramático que se quiso contener desde el ingreso del virus al país, pero que hoy nos revela que lo hecho y más aún, lo que pudo hacerse y no se hizo, permitió configurar el escenario más difícil del transcurrir de estos más de 10 meses de la pandemia en el país.

 

Las cifras hablan

 

Por efecto del virus, globalmente nos acercando a la cifra de 90 millones de personas contagiadas y 2 millones de muertes. En Colombia estamos acercándonos a los 2 millones de contagios y a 50 mil muertes.

Si estos efectos se comparan con las de otras epidemias recientes también por virus, sus efectos son muy preocupantes. El Ébola, que ha tenido brotes desde 1973, siendo el más intenso el ocurrido entre 2014 y 2016, y con origen en África Occidental, según la OMS ocasionó 28.652 casos, con 11.325 muertes (una mortalidad del 40%). Por su parte, el Sars que apareció en el 2002 en China, según la OMS contagió alrededor de 8.000 personas con una mortalidad del 10 por ciento. Por su parte el Mers, surgido en el 2012 en Arabia Saudita, según la misma organización afectó alrededor de 2.519 personas y dejó 850 muertes en 27 países, con una mortalidad del 34 por ciento.

La diferencia afortunada es que el nivel de letalidad del actual virus es mucho más baja que la producida por estos otros parientes, un 2 por ciento, pero el asunto es su impacto global, como nunca antes había sucedido, de ahí el número neto de muertes tan alta.

Ahora, al discriminar las cifras, se observa que el impacto es muy diferente entre países. Por ejemplo, en la región de las Américas según la OMS, los países más impactados son Estados Unidos con cerca de 400.000 muertes; Brasil, sobrepasando las 200.000, México con más de 130.000, Colombia aproximándose a las 50.000, Argentina, bordeando las 45.000 y Perú, con 40.000. Esto se contrasta con la muy baja mortalidad en Cuba (cerca de 150 muertes) y Uruguay (250), Costa Rica (un poco más de 2.000) y Venezuela (un poco por encima de 1.000).

Y se constata que la pandemia no es democrática como se planteó en sus inicios, por que hoy se sabe que quienes más se contagian y mueren son las personas de los sectores empobrecidos, subalternos, como es el caso de la población inmigrante y afroamericana en Estados Unidos, o como el caso de la población de los más bajos estratos socioeconómicos en Colombia.


Lo hecho y lo dejado de hacer en el país

 

Desde el comienzo mismo de la crisis, el propósito del gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Salud, fue lograr rápidamente el “achatamiento”, el “aplanamiento” de la curva epidemiológica de los casos por covid-19, asunto que nunca se logró, y como tal no deberíamos hablar de picos, porque para que existan se necesitan declives ostensibles los cuales francamente no han ocurrido.

Ante esta realidad, la pregunta obligatoria es por qué no se logró un control, una disminución del número de casos de infecciones y si, por el contrario, lo presentado es un sostenido incremento del número de casos, llegando al mayor escenario de contagio por día en el mes de enero del año que comienza, con cifras diarias con más de 15.000 personas contagiadas, afectación que no se presentó en meses anteriores, y que ahora propicia la declaratoria de emergencia del sistema de salud por no tener la capacidad de atención a todo el conjunto de la población que lo requiere por situaciones tanto de la covid-19, como por otras patologías. Sin duda, la respuesta a esta pregunta implica diversos aspectos.

En relación a lo realizado por los gobiernos nacional y locales, en gran medida puede sintetizarse en la denominada estrategia Prass del Ministerio de Salud, referida a pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible.

En cuanto a las pruebas y el rastreo, debe decirse que se parte de un problema de base relacionado con el modelo de atención que tiene el sistema de salud colombiano que no es territorializado, es decir la afiliación al sistema se hace sobre la base de un aseguramiento al cual no le interesa dónde, ni cómo vive y trabaja la persona. A su vez, el servicio tiene como prioridad la atención a la enfermedad, correspondiéndole a la persona acudir a los servicios de salud (IPS-ESE) cuando se enferma; no hay presencia del sistema de salud en los territorios donde la población tiene su dinámica de vida y laboral.

Otro en particular, es el número de pruebas de detección del Sars-CoV-2 han sido francamente insuficientes, a lo que se suma el rol de las EPS con un compromiso con la implementación de pruebas, la entrega de pruebas y el rastreo que rayan en el desastre.

Hay que resaltar, además, que el aislamiento no es sostenible, de un lado por la situación de un sector amplio de la población que no tienen protecciones económicas y está obligado a salir de sus casas para el rebusque diario; sin desconocer que algunos sectores de la población, asumen un comportamiento de riesgo, desestiman el peligro, se exponen y exponen a otros, asunto que puede leerse como expresión del individualismo impuesto por el modelo de sociedad consumista en que vivimos.

En este sentido, a pesar del esfuerzo en algunos territorios del país por establecer una vigilancia en salud estrecha, realizar los denominados cercos epidemiológicos para identificar y aislar a las personas positivas y sus contactos, predomina una débil intervención, muy enfatizada en la atención a los casos más dramáticos en las unidades de cuidado intensivo (UCI).

Una débil acción territorial que reflejada, por ejemplo, en que los 10 meses que cumple la pandemia en el país fueron desaprovechados para implementar una real estrategia de pruebas, rastreos, cercos y aislamientos, la que demanda la necesaria constitución de equipos básicos de salud en cada uno de los territorios del país, tal como lo demuestran las exitosas experiencias de manejo de esta crisis en diversos países asiáticos y en Cuba, como experiencia particular en nuestra región; un éxito que refleja la importancia que estos gobiernos le dan a la vida y a la salud de sus poblaciones, contando para ello con sistemas de salud públicos de base territorial, sin subordinar la salud a la dinámica de la economía.

De igual manera, y a pesar de colocar el énfasis en lo hospitalario, el mejoramiento de la atención para los casos moderados y graves de covid-19 tampoco se ha dado, porque ni se dotaron las suficientes camas de UCI, ni tampoco se formó el personal especializado necesario que requieren estos servicios, ni se estableció stocks suficientes con los insumos, medicamentos y elementos de bioseguridad que demandas esta atención de alta complejidad.

Así mismo, con el paso de los meses, la muy precaria condición laboral de las y los trabajadores del sector salud no ha sido resuelta, solo se les dio una indemnización única para agradecerles su condición establecida como “héroes”, pero sin resolver lo estructural. Hoy el contexto es de gran agotamiento de este personal, con profundos impactos físicos y emocionales, que para nada han sido tenidos en cuenta, mucho menos atendidos; a lo que se suma la muerte de más de 150 de ellas y ellos por su exposición laboral al virus en los procesos de atención.

Esta confluencia de un sistema de salud que no impulsa procesos de promoción, prevención y atención territorializado, al igual que una limitada vigilancia en salud, sumado a unas condiciones laborales precarias, la falta de una protección social integral y universal para la población, en medio de una economía asentada en la informalidad, con sectores de la economía formal que impusieron la apertura para proteger sus intereses particulares y una falta de conciencia y cultura de cuidado por parte de sectores de la población que se exponen al virus y lo propagan, han llevado la pandemia a una situación en donde el sistema de salud colapsa y, por desafortuna, donde no existirán las condiciones adecuadas y suficientes para atender a toda la población que lo requerirá por el virus, en particular, así como por otras patologías y accidentes que no han parado con la pandemia.

 

Gráfica, casos nuevos de covid-19 en Colombia, marzo 2020 – enero 2021

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19_en_Colombia

Hacia una resolución integral de la pandemia: la vacuna no es la panacea

 

Como otro hecho inédito, durante el 2020 se desarrollaron de forma acelerada procesos de biotecnología para la producción de vacunas contra el Sars-CoV-2, cuestionados por algunos sectores académicos y científicos al no cumplirse con suficiencia los pasos de investigación que demandan estas dinámicas de creación y aprobación para el uso de vacunas.

Sin duda, para el campo de la salud pública el descubrimiento y desarrollo de vacunas ha sido muy importante y ha contribuido a erradicar enfermedades infecciosas, letales como la viruela, por lo cual es un recurso muy potente, deseable de desarrollar y utilizar; pero esto desde luego no obvia una mirada critica sobre las formas biotecnológicas como se producen, los procesos que sigue la investigación para ver su eficacia y posibles efectos adversos, sobre las patentes que se establecen, sobre la posibilidad o no de acceso gratuito y universal, entre otros aspectos.

Hasta el momento se reconocen 9 procesos de elaboración de vacunas contra el Sars-CoV-2 como las más adelantadas, hechas en diversos países de Europa, Asia y en Estados Unidos, desarrolladas a partir de cuatro tipos de tecnologías**:

i) Virus inactivo o atenuado: implementada desde décadas atrás. Con ella el virus se inactiva con calor o compuestos químicos, con lo cual no tiene el potencial de daño al introducirse al cuerpo, pero sí la capacidad de generar la inmunidad específica contra él;
ii) Tecnología ARN (se utiliza por primera vez, constiuida por tanto en la inicial vacuna genética de la historia): para ella se crea en el laboratorio una pequeña secuencia genética del virus, que al ser introducido “enseña” a las células del cuerpo humano a producir proteínas similares a las del virus, a partir de lo cual el sistema inmunológico crea una respuesta frente al intruso;
iii) Vectores virales: tecnología también utilizada por primera vez. Consiste en un virus (no patógeno) modificado, que hace de vehículo para introducir material genético en el núcleo de una célula; en este caso se construyó a partir de un adenovirus, insertando en su interior algunos genes de Sars-CoV-2, para provocar la respuesta del sistema inmunológico; y
iv) Vacunas de subunidades de proteínas: aquí, en vez de utilizar todo el virus, se toma un pequeño fragmento del mismo, que al introducirse es capaz de activar una respuesta inmunitaria.

El desarrollo de estas vacunas ha corrido por cuenta de empresas farmacéuticas privadas multinacionales (caso de Pzifer, BioNtech, Moderna, AstraZeneca), y otras por institutos de investigación nacionales o de universidades (caso del Centro Gamaleya de Investigación en Epidemiología y Microbiología de Rusia y la Universidad de Oxford).

La mayoría de estas vacunas requieren de dos dosis y aún no se conoce con certeza por cuánto tiempo inmunizan, teniendo como referencia las vacunas contra la gripe que deben aplicarse anualmente. A su vez, ya se han reportado casos de reacciones adversas con su aplicación, reacciones principalmente de carácter alérgico, que no son en un gran porcentaje, pero que es urgente precisar.

En el marco de esta dinámica de producción de vacunas, el gobierno nacional menciona que ha realizado gestión para su compra, principalmente con Pzifer, lo que implica una enorme inversión económica por parte del país para la inmunización completa de su población, porque aunque se inicie por grupos prioritarios –como es la población adulta y las y los trabajadores de la salud–, para que se tengan resultados adecuados de contención del virus, más del 90 de la población debe estar vacunada.

Así las cosas, hay que decir que seguimos en un escenario de mucha incertidumbre, característico en este tiempo pandémico, desconociendo aspectos relevantes, como los que tienen que ver con la efectividad de la vacuna, sus efectos adversos, los costos y la capacidad de vacunar al conjunto de la población, más aún en un escenario donde es claro que este desarrollo tecnológico lucra a las multinacionales farmacéuticas, con la vacuna configurada como un bien de consumo particular y no como debería ser: un bien común de la humanidad.

Lo cierto, es que ni solo con contar con suficientes UCI, ni con contar con la vacuna para toda la población, va a ser suficiente para contener esta serie de pandemias emergidas en el curso del siglo XXI. Lo que esta real global epidemia está diciendo a la humanidad, es que debemos revisar a fondo la forma como nos relacionamos como especie humana con otras especies animales y con la naturaleza, y que de seguir produciendo y consumiendo como lo hacemos actualmente, con uso intensificado de los recursos naturales, las mutaciones de virus, bacterias y otros microorganismos seguirán presentándose, con lo cual nos veremos muy seguramente abocados a pandemias con mayores niveles de contagio y letalidad.

Una gran enseñanza que nos deja esta pandemia, es que el control de la transmisión de infecciones, en este caso de virus, no se logra solo con medidas de higiene individual, ni con cuarentenas que se tornan insostenibles en el corto plazo. Se requiere mejorar la calidad de vida de toda la población, en especial las condiciones de saneamiento básico y de alimentación; establecer protecciones sociales universales; desarrollar un sistema de salud público de base territorial, que genere potentes procesos de promoción y prevención, de atención primaria y de solida vigilancia en salud; configurar una cultura de cuidado, conteniendo las posiciones altamente individualistas desarrolladas por el actual tipo de sociedad. Desarrollar este conjunto de políticas y medidas implica mucho menos de lo que hoy van a invertir el total de gobiernos con el pago de las vacunas; y su implementación tiene resultados más ciertos y contundentes.

 

* M.D. Salubrista Público, Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia
** https://www.bbc.com/mundo/noticias-55027519

 

 

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El covid-19 es una infección que pudo haberse prevenido. Claro, si los políticos hubieran escuchado a los científicos1; los políticos, los economistas, los financieros y los militares, también. Esos que eufemísticamente se llaman “los tomadores de decisión”.

La crisis del covid-19 no fue ni es la crisis generada por un virus de origen zoonótico, muy posiblemente, a partir de los murciélagos. (El tema del origen del virus aún está por ser esclarecido a plenitud). Por el contrario, fue y es la crisis de un sistema social, político y económico que sólo sabe de crecimiento, desarrollo, consumo y productividad y para nada de salud y de vida. Un hecho es incontestable: en la inmensa mayoría de los países, el primer renglón de inversión pública es en seguridad y defensa. Las políticas sociales –en este caso, específicamente de salud–, se encuentran muy por debajo. El complejo industrial-militar lleva la delantera en los presupuestos de Estados y Gobiernos. Es decir, el negocio de la guerra.

Ahora bien, lo más grave es que la primera ola de contagio no se vio venir, y que la segunda tampoco, ni la tercera… (En Suráfrica ya se habla de la cuarta ola de contagios). La lógica del sistema de libre mercado es la de la reacción, no la de la anticipación. Y ciertamente no la anticipación de posibilidades de salud y de vida. La prospectiva es una herramienta del pensamiento estratégico, pero prioritariamente para temas de mercado, gobierno y asuntos militares. Se trata de anticipar las jugadas de otros, y los escenarios posibles, pero no de las opciones propias y manifiestamente jamás las de la naturaleza. (La prospectiva de nada ha servido frente a la crisis climática en curso; otras herramientas sí han sido de mayor utilidad).

Colombia afronta la segunda ola –el segundo pico– de contagios. Y muchos países del mundo, la tercera. Sin pesimismos, ya los científicos han anunciado que son posibles otras pandemias, por definición más graves que la del covid-19. Los gobernantes y las cajas de resonancia que son los grandes medios de comunicación apenas sí han reparado en esta advertencia. El capitalismo se caracteriza por una estructura mental de corto plazo.


Improvisación y reacción

 

La reacción de los Estados y gobiernos ante la crisis del coronavirus fue de tipo militar: confinamiento, toque de queda, ley seca, aislamiento, y control. Las calles se vaciaron y se llenaron las redes sociales e internet. Nuevas posibilidades emergieron, apasionantes, que son, sin embargo, el tema de un artículo aparte. Lo cierto es que se crearon redes, se fortalecieron las comunicaciones, se incrementaron los aprendizajes, todo desde abajo; literalmente. En pleno siglo XXI los cordones sanitarios inventados durante el siglo XIX prevalecen. No hay aprendizajes de parte de los tomadores de decisiones. La biología le enseña a la cultura que una especie que no aprende se vuelve endémica y termina entrando en peligro de extinción. El neoliberalismo tiene los días contados, y sin embargo, se requieren acciones sociales y movimientos políticos de corte histórico que contribuyan activamente a potenciar el final del sistema de libre mercado.

Los cordones sanitarios son medidas policivas y militares. Como en una guerra. Pues bien, si de guerra se trata, las cifras son claras. El país más golpeado por la crisis del covid-19 son los Estados Unidos. A la fecha, casi un cuarto de la población mundial afectada son estadounidenses, y de los fallecidos una quinta parte suceden asimismo en los E.U. En una palabra: el gran derrotado por la pandemia son los E.U.A. Y en contraste, el gran ganador es China. Esto es cuando la salud y la enfermedad se convierten en factores de la geopolítica y de la biopolítica; sin más ni más.

Y un segundo elemento: la demografía. Si ésta constituye un factor clave en el desarrollo de los mercados energéticos y de consumo, esta fortaleza se transforma en debilidad en condiciones de pandemia, crisis y penurias. Los diez países más golpeados por la crisis son, significativamente, aquellos con mayor población en el mundo. Claro, con la excepción, una vez más, de la potencia asiática. (Algo importante tiene que estar sucediendo allí para que sea la excepción, en muchos aspectos, en el estudio de las crisis).

Los comportamientos, planes, acciones, y políticas en la mayoría de países es la improvisación y la reacción. Y claro, el manejo de la estadística. En casi todos los países en las cifras de fallecidos se incluyen como víctimas de covid-19 a personas que fallecieron por otros motivos. Así, los hospitales y las empresas prestadoras de servicios de salud pueden cobrar un dinero extra a los gobiernos. El caso colombiano es muy conocido. La ética queda como algo menos que como un canto a la bandera. La industria farmacéutica y la industria de la salud sólo se interesan por sí misma, no por la sociedad, el público o los pacientes2.

En cualquier caso, es claro que la primera oleada de la infección no pudo ser anticipada por los tomadores de decisión. Y tampoco la segunda, o la tercera… Tanto menos en el caso de Colombia, que es el onceavo país más contagiado, y el noveno con más víctimas fatales al día de hoy. Vale recordar que el sistema mundial está conformado por 195 países, lo que arroja un muy pobre resultado para el gobierno y el Estado colombianos.


Qué significa la segunda ola, y la tercera

 

Los picos de las pandemias indican diversas cosas: de un lado, la incapacidad de los gobiernos y del sector privado para resolver las necesidades sanitarias y cuidar la vida. Recuérdese que son instituciones, y estas, por definición, sólo saben de sí mismas y sólo se interesan por sí mismas; por nada más.

De igual manera, los picos u oleadas ponen de manifiesto si los gobiernos han aprendido, y los aprendizajes en condiciones de crisis deben ser por naturaleza rápidos; tienen que serlo. Un aprendizaje lento en condiciones de crisis se traduce en sufrimiento, dolor y muerte. Pues bien, la segunda ola tuvo lugar sin haber resuelto efectivamente la primera. Y en muchas ocasiones, la tercera tuvo lugar sin haber resuelto la segunda… Es evidente que el viejo dilema tuvo una solución: “o salud o economía”; la ecuación se resolvió a favor de la economía. Y entonces, claro, precisamente por ello se dispararon los contagios. En el caso colombiano, el gobierno no aprendió nada, y privilegió a sus aliados y soporte antes que a la sociedad.

El gobierno de Duque, en lugar de aprender, invierte enormes sumas de dinero en más materiales de seguridad y defensa: para el Esmad, para el ejército, en materia de inteligencia tecnológica, y demás. Pero Duque es tan sólo la cara más externa de un sistema de gobierno, de una clase social y de un Estado históricamente indolentes.

En verdad, en medio de la pandemia, los asesinatos de líderes, excombatientes, jóvenes e indígenas continuaron y no disminuyeron para nada. Esto se corresponde con la indiferencia del gobierno, su falta de aprendizaje, la corrupción e inequidad. En una palabra, el descuido de la vida y la salud, entregado como está a los violentos y corruptos.

Los datos del Dane así lo resaltan: la pobreza ha aumentado en los diez meses de confinamiento, contagio e inoperancia del gobierno.Los ricos son ahora más ricos, la clase media ha empobrecido, y los pobres se acercan a la línea de miseria. A escala mundial e incluso en el espectro de América Latina, Colombia muestra un pésimo comportamiento. Los contagios y fallecimientos están entre los peores, se mire por donde se mire.

Mientras tanto, las vacunas se acercan. Mientras que en Argentina, Chile, Costa Rica, México, Cuba y Venezuela la vacunación de la población ya ha comenzado, en Colombia todo permanece en suspenso, en el aire, con imprecisiones. Se habla de febrero, pero no hay nada claro. Se supone que este país, ahora parte de la Ocde, integra parte de los gobiernos, economías y sociedades más promisorios. El papel lo aguanta todo.

 

* * *

 

Coda: En Colombia el 100 por ciento de los servicios de salud son privados; son las EPS (Entidades o Empresas, Promotoras de Salud). La seguridad social en acá es totalmente inexistente. En esto consiste la ley 100. El creador y promotor de esta ley y de este sistema de seguridad social tiene nombre propio: Álvaro Uribe Vélez; y su partido, claro.

1 Quammen, D., Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic, New York, W. W. Norton & Company, 2013.
2 Cfr: https://www.ara.cat/es/internacional/German-Velasquez-vacunas-covid-19-farmaceuticas-salud-publica-entrevista_0_2592340794.html

 

 

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Publicado enEdición Nº275
Martes, 26 Enero 2021 10:40

El fracaso de una estrategia

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El mundo ha comprobado que la estrategia de “echarle candado” a la gente no tuvo los resultados esperados mientras la pandemia sigue desbocada con graves consecuencias para los más vulnerables y para la sociedad en general.

Las medidas extremas de confinamiento vistas entre marzo y septiembre del año pasado no dieron resultado; lo estamos viendo al inicio del año con la llegada del segundo y tercer pico de la pandemia. Los clamores de los gobernantes que se salvaron muchas vidas es una afirmación disputable que busca justificar más las acciones que asumir las verdaderas responsabilidades políticas frente a la gestión de la pandemia. Ahora, al inicio del año, se persiste en repetir el error e ignorar las enseñanzas que dejó el 2020.

¿Qué sucedió? El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, ficha política de Vargas Lleras en el gobierno Duque, ha revelado recientemente el trasfondo de la estrategia del gobierno durante la pandemia: “Yo, que había estudiado las cuarentenas en el Medioevo con una perspectiva tan distante que casi me parecían historias de ficción, terminé recomendando al Presidente el aislamiento preventivo más radical de la historia del país1”. La comparación no es fortuita. Durante la peste negra en Europa se llegó incluso a tapiar las viviendas con sus habitantes adentro, unos vivos y sanos, otros moribundos, y otros ya muertos, para intentar frenar el contagio de los demás habitantes. Las autoridades igualmente patrullaban las calles para asegurar que nadie saliera de sus viviendas.

 

Las epidemias: una presencia antigua

 

El aislamiento y el encierro han sido, desde antiguas épocas, la medida predilecta de los gobernantes para intentar contener las epidemias que sacuden de tanto a la humanidad. Tanto en La Ilíada, como en la Historia de Herodoto y en la Biblia se mencionan los estragos causados por las epidemias. En la novela La peste de Albert Camus, a la ciudad argelina de Orán llega una epidemia causada por la proliferación de ratas y la deficiente higiene pública. La medida principal aplicada allí es, como siempre se acostumbra, el confinamiento.

Encerrar a la gente es la medida más fácil de implantar (y la más autoritaria) pero por lo general, la menos efectiva. Las epidemias suelen ser rápidas, sagaces y hábiles para salir adelante a las medidas que el ser humano inventa para cortarles el paso. Por ello, la imposición aplicada en el 2020 por las autoridades nacionales y locales –al igual que por la mayoría de autoridades del mundo– no es ni sorpresiva ni excepcional. A pesar de todos los antecedentes que la humanidad tiene en el manejo de epidemias el ministro Ruiz admite que “ante un fenómeno tan desconocido, éramos conscientes de que navegábamos en un mar de incertidumbre”, una justificación que da al gobernante de turno licencia para experimentar diversas medidas y evaluar sobre la marcha los resultados.

 

Encerrar, guardar, prohibir

 

La estrategia consistió entonces, replicando el modelo usado por países donde la epidemia golpeó antes, en recurrir a lo más primitivo y radical: la prohibición a los ciudadanos (a veces presentada como “aislamiento preventivo obligatorio o también aislamiento voluntario”) de salir y circular por las calles. La expresión lockdown inglesa para el confinamiento es reveladora, quiere decir, literalmente, “echar candado”.

De lo anterior se deduce lo que siguió. Explica el ministro: “Con el aislamiento preventivo obligatorio que se comenzó en marzo buscamos eso que han llamado “aplanar la curva”, es decir, lentificar la propagación para ganar tiempo, porque suprimir el virus era una ilusión: tener población susceptible en altas proporciones es una bomba de tiempo. El reto era entonces que el ritmo de contagio fuera lento para que no se saturaran las capacidades de atención e iniciar, en un mercado supremamente competido, una carrera de compra de ventiladores y otros insumos vitales para ampliar el número de UCI”.

 

¿Cómo decidir qué hacer?

 

Hasta allí la estrategia. Aquí es pertinente analizar de dónde parten los gobernantes para aplicar medidas de autoridad que juzgan convenientes imponer. Esto requiere un doble enfoque. Un amplio y otro más restrictivo.

En primer lugar, es necesario entender de qué manera se ve a sí mismo el gobernante en la dinámica con sus gobernados. Esto determina igualmente la forma de plantear las preguntas ante los problemas que enfrenta. Pero antes de formular preguntas hay una postura política frente a la emergencia. Hemos visto en el curso de la crisis cómo cada gobernante interpreta y entiende su función. Existen desde los modelos más autoritarios, como el chino, en el que el gobernante se erige en poder absoluto, autárquico, donde la opinión del pueblo poco importa, las medidas son a rajatabla y cualquier violación a ellas es duramente castigada para ejemplarizar la obediencia total. Al otro extremo están los gobernantes más (neo)liberales del “laissez faire”, como los de Brasil y Estados Unidos donde los gobernantes desde el primer día dudaron de la existencia del virus, de su letalidad, de la amenaza que constituye y se negaron a imponer medidas protectoras, dejando en libertad a sus ciudadanos para actuar según su conciencia. En medio de los extremos aparece una gama de posturas, desde la de Amlo, en México, quien recomendó el uso de amuletos para enfrentar el mal hasta la de Duque de aprovechar la epidemia para apuntalar una campaña mediática de su imagen pública con apariciones diarias en la televisión como acostumbran los gobernantes más populistas.

Emerge entonces, por encima de muchas, la postura política del gobernante protector, paternalista, que se considera responsable de sus “pequeños” y los cuida firmemente y con mano dura como lo hace un padre de familia con sus chiquillos. En ese modelo encaja la alcaldesa de Bogotá. Un poco más hacia el extremo liberal, están los gobernantes, que se ven más como administradores de la cosa pública y se encargan de disponer recursos, asignar partidas y gestionar, de la manera más eficiente posible la situación de emergencia como a una gran empresa.

Por otra parte, y quizás solapado con el anterior, está el gobernante, tecnócrata y neoconservador, plegado a los intereses particulares de farmacéuticas y grandes empresarios y financieros que ponen todos los recursos del Estado para que estos hagan lo suyo en el río revuelto de la crisis.


El modelo de gobierno más escaso, paradójicamente, es el utilizado en naciones como Suecia, que se negó a todo tipo de confinamiento extremo u obligatorio. Un sistema basado en la responsabilidad individual acompañado de un gobierno atento a la emergencia y con un robusto sistema hospitalario.
Una vez el gobernante tiene clara su función, procede a formularse preguntas para determinar sus acciones.

 

¿Qué preguntas formular?

 

Determina el tipo de medidas tomadas, el lugar desde donde se para el gobernante para pensar –filosófica, política y sociológicamente–; de allí, por consiguiente se validará la efectividad de las medidas que tome. En un esquema de pensamiento crítico, antes de aventurar recomendaciones, se enfatiza que lo importante es formular preguntas correctas para encuadrar de manera acertada el problema. Dicho de otra manera, hay que meditar el problema, antes de apresurar soluciones sin caer en recomendaciones intuitivas o instintivas.

En el caso de la pandemia es evidente que la mayoría de los gobernantes formularon ab initio la pregunta obvia: ¿Cómo evitar o desacelerar la propagación del virus? En palabras del ministro Ruiz: ¿Cómo aplanar la curva? Expresado de una manera más elaborada, lo que se preguntó fue ¿cómo disminuir la velocidad de la ratia de contagio para evitar que las UCI y los recursos médicos y paramédicos que las atiendan, colapsen, y así evitar una gran mortandad? Las medidas vistas en todo el mundo evidencian que esa fue la pregunta usada como punto de partida.

Queda claro dónde fue puesto el énfasis: en la prevención. Es decir, el supuesto inicial fue, dada la letalidad del virus, que era imperativo frenar la ratia de contagio para asegurar cupos en las UCI y evitar que la gente muriera por falta de atención al llegar a una condición crítica de salud. Bajo ese supuesto los gobernantes empezaron a gestionar las medidas de confinamiento bien fuera relajándolas o apretándolas en virtud de la ratia de ocupación de la UCI: a mayor ocupación de las UCI más restrictivas se convirtieron.

 

Algo no funcionó; algo dejó de hacerse

 

Lo cierto es que casi un año después, la estrategia de aplanar la curva, y del confinamiento ha revelado su ineficiencia en Colombia, en Europa, y en muchos otros países. Haber puesto el énfasis en encerrar a la gente para prevenir la expansión del virus no dio resultados. Atribuir la segunda ola de la epidemia a que la gente se relajó durante la temporada navideña es un sofisma, pues se vio que en Europa la segunda ola llegó antes de la temporada de fin de año.

La estrategia generalizada –encerrar a la gente– que parece obvia, fue poco cuestionada. Al fin y al cabo provenía de los expertos epidemiólogos que asesoran a los gobernantes. A alguien hay que creerle en estos casos y fue la comunidad científica la que sentó el derrotero de la estrategia aplicada a pie juntillas por los gobernantes. En resumen, las medidas han sido prevalentemente de evitación. El énfasis no ha sido en aplicar medidas terapéuticas o de intervención médica ante los primeros síntomas. El hecho de que en últimas cada médico escoja entre distintas aproximaciones científicas para combatir el virus en sus pacientes demuestra lo poco que se ha avanzado en ese sentido.

Por otra parte, la paradoja que los medios se encargan de pasar por alto, es que la inmensa mayoría de contagiados salen adelante, unos más rápido que otros, unos con mayores secuelas que otros. Lo cierto es que cada vez hay más distancia entre las cifras de contagiados y fallecidos, la proporción de estos últimos relativa a la primera decae, no crece2.

En su afán por responder la pregunta de cómo desacelerar el contagio colectivo –ha quedado demostrado que fue una pregunta equivocada–, se omitieron otras perspectivas que hubieran llevado a medidas diferentes. Por ejemplo, entre las preguntas soslayadas o no enfatizadas: ¿qué es necesario hacer, ante la emergencia, para urgentemente multiplicar la capacidad de atención en las UCI?; ¿qué recursos hay que destinar prioritariamente para asegurar esa ampliación? Por otra parte, y ante la evidencia temprana de que no todo el mundo que contrajo el virus murió –como sucedió históricamente con otras epidemias como, por ejemplo, la peste negra–, sino que los fallecimientos eran un porcentaje relativamente pequeño de los contagiados, la pregunta que se ignoró fue ¿de qué manera se puede tratar, de manera rápida y oportuna, a las personas que acusan los primeros síntomas de la enfermedad, y así evitar que su condición evolucione y se deteriore hasta requerir ser recluida en una UCI?

Son muchas más las preguntas que no se hicieron y se siguen dejando de hacer. Otras: ¿cómo elevar los sistemas inmunológicos de la población para evitar que contraiga el virus o si lo contrae que pueda superarlo de la manera más rápida y efectiva posible? O la pregunta que ahora comienza a hacerse de manera más persistente ¿cómo generar una cultura ciudadana de autocuidado, de responsabilidad personal y social, para que el contagio se mantenga reducido a niveles que no lleven a situaciones de alerta roja como las que se vive hoy en el país, y en muchos lugares del mundo?

Es evidente que la repetición mecánica de mensajes como quédate en casa, usa tapabocas y lávate las manos, no alcanzan, por sí solas, a generar una cultura ciudadana. Pero, volviendo al punto anterior, es evidente que cada pregunta diferente a la primera opera como vector para ofrecer diversas medidas que apuntan el meollo del problema (el contagio de la población) pero no necesariamente conducen al confinamiento y a todas sus consecuencias.

Para justificar su estrategia el ministro Ruiz –no se trata de una postura personal sino generalizada entre los gobernantes– alega que: “Desde entonces hasta hoy, la ciencia y la medicina no han encontrado un tratamiento efectivo contra el covid-19. La ventilación mecánica, que no elimina el virus, pero sí mantiene la respiración mientras el sistema inmune se ocupa de combatir al intruso, es lo único que tenemos”. Lo anterior induce al error de tomar la parte por el todo. Apenas una fracción de los contagiados llega a cuidados intensivos y a requerir ventilación mecánica. Lo cierto es que muchos de los afectados son tratados de manera temprana y efectiva con una combinación de analgésicos, antiparasitarios –que para sorpresa de los médicos combaten bien el virus–, y antibióticos, sin descartar otro tipo de medicamentos naturales que elevan las defensas del cuerpo y fortalecen el sistema inmune.

Otras perspectivas

Desde otro ángulo, muchas personas logran evitar o mantener a raya el virus con medidas profilácticas basadas en un intenso y profundo trabajo personal energético consistente en la relajación, la meditación, el yoga y otras medidas de carácter alternativo. Lo anterior funciona, aducen, a partir de erradicar al miedo al contagio que es lo que más vulnera las defensas del ser humano. La coach y sanadora energética Patricia Afanador afirma: “Para ser menos vulnerable a cualquier embate del entorno, la persona debe fortalecer sus sistemas inmunes, tanto físico, emocional, mental, psíquico y espiritual; esos sistemas están reflejados en el campo electromagnético personal que sirve como escudo para repeler las enfermedades”.
La eficacia del miedo

Bajo la perspectiva prevalente de contención y prevención, lo visto en el 2020 –y lo que va del 2021– es un cúmulo de medidas represivas: una campaña mediática de diseminar el miedo al contagio, en hacer parecer a cualquier persona como sospechosa de ser agente de contagio, en crear la figura de dudosa validez científica de los “asintomáticos”, en erigir al tapabocas como el gran salvavidas, en estigmatizar a quien se niegue a usarlo o lo usa incorrectamente, y, principalmente en las medidas que ya son de referencia diaria: confinamiento, aislamiento, distanciamiento social, toques de queda. Todo esto conlleva al cierre de grandes, medianos y pequeños negocios, escuelas, universidades, hoteles, restaurantes, a la cancelación de viajes terrestres, marítimos y aéreos, al cierre de fronteras, a restricciones a la movilidad, al uso de la prueba PCR como medio para detectar el virus a pesar de los reparos que existen sobre su efectividad para aislar y medir el virus específico del Sars 2, covid 194.

 

La narrativa en torno a la vacuna

 

Finalmente, por otra parte, una narrativa de esperanza, tranquilidad y salvación, orquestada por gobiernos, medios y farmacéuticas, centrada en la expectativa de una vacuna aprobada apresuradamente por la mayoría de los Estados a pesar de los precarios estudios sobre su efectividad. Lo anterior envuelve la claudicación de los Estados ante las pretensiones de las farmacéuticas de vender su producto hasta cubrir casi que la totalidad de la población global: casi quince mil millones de dosis sobre el supuesto de requerirse al menos de un refuerzo para su supuesta efectividad. Los gobiernos a partir de diciembre aprobaron provisionalmente la vacuna y empezaron sus planes de vacunación masiva para la población de acuerdo con diversos criterios de prioridad. Lo importante, darle tranquilidad a la gente; así la efectividad sea cuestionable pues, tratándose de un virus, se sabe que por su capacidad de mutar rápidamente –como se ha visto con las nuevas cepas detectadas– es reflectivo a una vacuna.

 

Resultados a la vista

 

Los efectos de las medidas mencionadas son desastrosos: recesión, desempleo, incremento en la desigualdad, mayor endeudamiento de la clase media (medidas como el día sin IVA benefician a empresarios y endeudan más a ciudadanos); colapso del modelo urbanístico diseñado en torno a lugares de encuentro, de congregación, de ejercicio al aire libre, de escenarios colectivos para esparcimiento; el deterioro de las ciudades por locales y oficinas desocupadas; el trastorno ocasionado por la decisión de enviar a millones de personas a trabajar desde su casa; el confinar a los niños a sus casas para seguir una educación virtual con la deprivación de todo el componente de convivencia y alternancia social; una inflación desbocada en el rubro de alimentos que llega al 4.6 por ciento; la alteración profunda de los patrones de vida, convivencia, socialización, congregación familiar; la imposibilidad de asistir a templos, a sitios de encuentro, de celebración, de duelo, de acompañamiento; el aumento de enfermedades de carácter mental, sobre todo en niños y adolescentes; el incremento de la violencia intrafamiliar y, como resultado del acoso y presión continua sobre las libertades individuales y sociales, la explosión social, manifestaciones, protesta social y movimientos populares de ciudadanos que no aguantan más la represión continua con el fin de “aplanar la curva”.

 

Gobernantes en su incapacidad

 

Los gobernantes han desnudado su inhabilidad para gestionar la pandemia. La lista de lo que no ha funcionado es larga. En primer lugar, la desarticulación entre gobierno local y nacional ha quedado al descubierto. Segundo, y más importante que lo anterior, el énfasis en la prevención más que en el tratamiento del virus ha demostrado su ineficacia. La lentitud para fortalecer la infraestructura médica es significativa: En Bogotá escasamente, en un año de pandemia se pasó de 900 camas UCI a poco más de 2100 cuando lo esperado era que esta cifra se hubiera multiplicado tres o cuatro veces más. La consecuencia es que ante cualquier rebrote, como sucede ahora y en cualquier pandemia, el sistema de salud queda en riesgo de colapsar. En tercer lugar, la ausencia de un sistema amplio y profundo de educación, concientización y responsabilización del ciudadano por su propia salud. Lo esfuerzos quedan reducidos a mensajes mecánicos y repetitivos que no van a la conciencia profunda de cada cual y suenan más a reconvenciones de autoridad paternal que a llevar al individuo a asumir plenamente la responsabilidad por su salud y la de sus semejantes. En resumen, el modelo represivo ha demostrado su fracaso para el manejo de la crisis.

Los gobernantes no pueden eludir la responsabilidad histórica de su gestión de la pandemia, son finalmente solidarios ante los ciudadanos y ante los distintos sectores, instituciones, grupos y estamentos de la sociedad que ha confiado en ellos la administración y gobierno de una ciudad, de un departamento, de un país. Puede asumirse que cada gobernante hace lo mejor que puede con lo que tiene, si se parte de su buena fe, pero eso igualmente los hace enteramente responsables por sus acciones,

Es claro que la pandemia tomó al mundo y a sus gobernantes por sorpresa. Sin embargo, la forma como estos últimos han enfrentado la crisis habla, no sólo de ellos como líderes, sino también de los ciudadanos que los han elegido. Otros podrán exigir su cuota de responsabilidad a los ciudadanos indisciplinados, pero estos finalmente son responsables de sus conductas individuales, mientras que cada gobernante, toca, con sus medidas, a miles o millones de personas.

 

* Escritor. Integrante del consejo de redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.
1 Ministro de salud reflexiona sobre el año de la pandemia, en https://www.portafolio.co/economia/gobierno/ministro-de-salud-fernando-ruiz-gomez-reflexiona-sobre-pandemia-del-coronavirus-en-colombia-5479163.
2 https://www.portafolio.co/economia/casos-contagios-coronavirus-en-colombia-
3 Planetlockdown, en https://www.bitchute.com/video/RVY9i77FHNYk/. El abogado norteamericano-alemán Reiner Fullmich está emprendiendo, junto con otros abogados, una serie de acciones legales para demostrar que la prueba PCR es de dudosa validez y así conseguir la prohibición de su uso para detectar la presencia del virus del covid 19.

 

 

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Publicado enEdición Nº275
El extraño caso de la posible curación de un linfoma de Hodgkin por la COVID-19

Se acaba de publicar en el British Journal of Haemathology el siguiente caso clínico: varón de 61 años con inflamación de los ganglios y pérdida de peso, recibía hemodiálisis por insuficiencia renal terminal después de un trasplante renal fallido.

Se le diagnostica un linfoma de Hodgkin clásico en estadio III (el linfoma afecta a áreas ganglionares localizadas a ambos lados del diafragma o por encima del diafragma y en el bazo).

Poco después del diagnóstico, ingresó con dificultad para respirar y se le diagnosticó neumonía por SARS-CoV-2 [COVID-19] positivo por PCR.
Después de once días, fue dado de alta para convalecer en su casa. No se administró corticosteroides ni inmunoquimioterapia.

Cuatro meses después, la inflamación de los ganglios se había reducido y una exploración PET reveló una remisión generalizada del linfoma.

Según los autores, la hipótesis es que la infección por SARS-CoV-2 desencadenó una respuesta inmunitaria antitumoral: las citocinas inflamatorias producidas en respuesta a la infección podrían haber activando células T específicas con antígenos tumorales y células asesinas naturales contra el tumor. El SARS-CoV-2 le había curado el linfoma.

¿Magia?

Por lo visto antes ya se había descrito algún caso similar en otro tipo de linfomas que habían remitido espontáneamente antes de tratamiento debido al efecto antitumoral de una neumonía infecciosa y de una colitis por Clostridium difficile.

En el fondo esto no es tan sorprendente. Los microorganismos no solo pueden causar cáncer, sino que también pueden ayudar a curarlo.

A finales del siglo XIX un médico de Nueva York llamado William B. Coley desarrolló un tratamiento contra el cáncer con un preparado de bacterias llamado las toxinas de Coley.

Este médico se dio cuenta de que los pacientes con cáncer que además sufrían una infección respondían mejor que los pacientes sin infección. Coley pensaba que la infección estimulaba el sistema inmune para luchar contra el cáncer y por eso desarrolló un cóctel de bacterias Streptococcus pyogenes y Serratia marcescens, que inyectaba directamente en el tumor.

Durante años en EE. UU. se trató a pacientes de algunos tipos de cáncer incurables con preparados de bacterias y toxinas, en muchos casos de forma exitosa.

Sin embargo, las críticas y sobre todo el éxito de los nuevos tratamientos de quimio y radioterapia hizo que las toxinas de Coley cayeran en el olvido.
No obstante, actualmente se ha comprobado que el principio básico del tratamiento de Coley era correcto y que algunos tipos de cáncer son sensibles a una estimulación del sistema inmune.

En el fondo todo está relacionado: los microbios, el sistema inmune, la respuesta inflamatoria y el cáncer, pero todavía no sabemos muy bien cómo.

En las últimas décadas se ha empleado el bacilo Calmette-Guerin, más conocido por sus siglas BCG, como tratamiento contra el cáncer de vejiga. El BCG es en realidad un extracto atenuado de la bacteria Mycobacterium bovis que se emplea como vacuna contra la tuberculosis.

El BCG estimula una respuesta inmune y causa la inflamación de la pared de la vejiga que acaba destruyendo las células de cáncer dentro de la vejiga, al menos en los primeros estadios del tumor.

En realidad en esto se basa la inmunoterapia, que está tan de moda actualmente. La intuición de Coley era correcta: estimular el sistema inmune puede ser efectivo para tratar el cáncer. Por eso a William B. Coley se le llama el padre de la inmunoterapia.

 

25 enero 2021

(Este artículo fue publicado en The Conversation y reproducido por BBC Mundo)

Desarrollan en el MIT modelo para evitar el “escape” de virus que mutan con rapidez

Desarrollan prototipo computacional para elaborar antídotos efectivos contra VIH, gripe y coronavirus

 

Una razón por la que es tan difícil producir vacunas eficaces contra algunos virus, como la gripe y el VIH, es que mutan muy rápidamente, lo que les permite evadir los anticuerpos generados por una vacuna en particular mediante un proceso conocido como “escape viral”. Los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) idearon una forma de modelar computacionalmente ese proceso basándose en prototipos desarrollados para analizar el lenguaje.

El modelo puede identificar qué secciones de las proteínas de la superficie viral tienen más probabilidades de mutar de manera que permitan el escape viral y cuáles tienen menos posibilidades de mutar, lo que las convierte en buenos objetivos para nuevas vacunas, según una investigación publicada en la revista Science.

“El escape viral de la proteína de superficie de la influenza y la de la envoltura del VIH son ambos muy responsables de que no tengamos una vacuna universal contra la gripe ni una para el VIH, los cuales causan cientos de miles de muertes al año”, explica Bonnie Berger, profesora de matemáticas de Simons y directora del grupo de computación y biología en el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT.

En el estudio, Berger y sus colegas identificaron posibles objetivos para las vacunas contra la gripe, el VIH y el SARS-CoV-2. Desde que el artículo fue aceptado para su publicación, los investigadores también han aplicado su modelo a las nuevas variantes de SARS-CoV-2 surgidas recientemente en el Reino Unido y Sudáfrica. Ese análisis, que aún no ha sido revisado por pares, señaló las secuencias genéticas virales que deberían estudiarse más a fondo por su potencial para escapar de las vacunas existentes, dicen los expertos.

Berger y Bryan Bryson, profesor asistente de ingeniería biológica en el MIT y miembro del Instituto Ragon de MGH, MIT y Harvard, así como Brian Hie, estudiante graduado del MIT, son los autores principales del artículo.

Los diferentes virus adquieren mutaciones genéticas a diferentes velocidades, y el VIH y la influenza mutan más rápido. Para que estas mutaciones promuevan el escape viral, deben ayudar al virus a cambiar la forma de las proteínas de su superficie para que los anticuerpos ya no puedan unirse a ellas. Sin embargo, la proteína no puede cambiar de manera que la haga no funcional.

“Si un virus quiere escapar del sistema inmunológico humano no quiere mutar para morir o no puede replicarse”, explica Hie. “Quiere preservar el estado físico, pero se disfraza lo suficiente como para que el sistema inmunológico humano no lo detecte”.

Para modelar este proceso, los investigadores analizaron patrones encontrados en secuencias genéticas con un modelo del procesamiento del lenguaje natural, lo que les permite predecir nuevas secuencias con nuevas funciones, pero que siguen las reglas biológicas de la estructura de las proteínas.

Ventaja significativa

 Una ventaja significativa de este tipo de modelado es que sólo requiere información de secuencia, que es mucho más fácil de obtener que las estructuras de proteínas. El modelo se puede entrenar con una cantidad relativamente pequeña de información; en este estudio, los investigadores utilizaron 60 mil secuencias de VIH, 45 mil de gripe y 4 mil.

Los expertos ahora trabajan en su modelo a fin de identificar posibles objetivos para las vacunas contra el cáncer, que estimulan el propio sistema inmunológico del cuerpo para destruir tumores. Dicen que también podría usarse para diseñar medicamentos de moléculas pequeñas que podrían ser menos propensos a provocar resistencia para enfermedades como la tuberculosis.

“Hay tantas oportunidades, y lo hermoso es que todo lo que necesitamos son datos de secuencia, que son fáciles de producir”, resalta Bryson.

Un judío ultraortodoxo recibe la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, en el Arena Sports Hall de Jerusalén EFE/EPA/ABIR SULTAN/Archivo

Tras vacunar a más de dos millones de personas, las autoridades sanitarias del país admiten que la aplicación de una única dosis cuenta con una eficacia escasa e, incluso, menor que la estimada

 

El coordinador israelí para hacer frente a la pandemia del coronavirus, Nachman Ash, ha señalado que la aplicación de una única dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech podría ofrecer menos protección de la esperada inicialmente. El país, que ha reportado 10.051 nuevos contagios en las últimas 24 horas, ha seguido los pasos de Reino Unido, cuya estrategia pretende retrasar la aplicación de la segunda dosis con el objetivo principal de vacunar de forma masiva con una primera dosis, según publica The Guardian.

En declaraciones a la radio del Ejército de Israel, Ash ha admitido que la aplicación única de esta primera dosis resulta "menos efectiva de lo que creíamos", e, incluso, con un rendimiento inferior al estimado por Pfizer, que cifró la efectividad de este primer vial en un 52%.

Frente a ese bajo nivel de protección obtenido con una única dosis, aquellos que han cumplido el ciclo completo de vacunación (dos dosis en un período de 21 días, que puede prolongarse ligeramente) han experimentado un crecimiento notable del volumen de anticuerpos, según los datos publicados por el Centro Médico Sheba el lunes.

Tras vacunar a más de dos millones de ciudadanos israelíes, Sharon Alroy-Preis, jefe del servicio de salud pública del país, ha justificado el incremento de las cifras de infectados asegurando que los contagios entre vacunados se producen porque no han sido capaces de generar suficientes anticuerpos para hacer frente al coronavirus.

Israel, que hace unas semanas presentaba su estrategia como una de las más rápidas del mundo y excluye a los palestinos del proceso de vacunación, ha inyectado la primera dosis a 2.215.963 personas. Únicamente 479.818 han completado el ciclo de vacunación de dos dosis recomendado por los fabricantes del fármaco.

19 de enero de 2021 20:08h

@eldiarioes

Publicado enInternacional
La degeneración macular puede provocar ceguera, que afecta a 200 millones de personas en todo el mundo. Foto de archivo, cortesía de Viobio Lab Csic

Células de la retina derivadas de un ojo humano de cadáver sobrevivieron cuando se trasplantaron a ojos de modelos de primates, un avance importante en el desarrollo de la terapia celular para tratar la ceguera, según un estudio publicado en la revista Stem Cell Reports.

El epitelio pigmentario de la retina (EPR), una capa de células pigmentadas en la retina, funciona como barrera y regulador en el ojo para mantener una visión normal. La disfunción del EPR puede provocar trastornos oculares, incluida la degeneración macular, y puede provocar ceguera, que afecta a 200 millones de personas en todo el mundo.

Los investigadores extrajeron células madres retinianas de ojos adultos de cadáveres donados, lo que permite la compatibilidad de donantes y puede servir como una fuente recurrente de EPR humano. Luego, el equipo evaluó la seguridad y viabilidad de implantar células madres retinianas adultas en primates no humanos.

El estudio encontró que los parches de EPR trasplantados debajo de la mácula, o la parte central de la retina, permanecieron estables e integrados in vivo durante al menos tres meses sin efectos secundarios graves como ataque inmunológico o sensibilidad a la luz. También encontraron que el EPR derivado de células madres asumió, al menos parcialmente, la función del EPR original y pudo soportar el fotorreceptor endógeno, que ayuda con la absorción de luz y agua, entre otras funciones.

"Hemos demostrado que el EPR derivado de un donante de cadáveres humanos remplaza al menos parcialmente la función en la mácula de un primate no humano", resalta Timothy Blenkinsop, coinvestigador principal del estudio y profesor asistente de biología celular, del desarrollo y regenerativa en la Escuela de Medicina Icahn, en el Hospital Mount Sinai de Nueva York.

"Las células derivadas de donantes de cadáveres humanos sepueden trasplantar de forma segura debajo de la retina y remplazar la función del huésped, por lo que pueden ser una fuente prometedora para rescatar la visión en pacientes con enfermedades de la retina. Los resultados de este estudio sugieren que el RPE de un donante humano adulto es seguro para trasplantar reforzando el argumento a favor de los ensayos clínicos en humanos para el tratamiento de la enfermedad de la retina."

Los investigadores destacan que es posible un tratamiento para la degeneración macular, pero se necesita investigación adicional sobre este enfoque. Los estudios futuros deberían explorar si las células madres del EPR derivadas de ojos de adultos de cadáveres pueden restaurar la visión en pacientes humanos y modelos de primates no humanos enfermos.

Lunes, 18 Enero 2021 05:56

Miénteme y di que no hay 5G malo

Miénteme y di que no hay 5G malo

Las locas conspiraciones en torno a la nueva generación de redes digitales son música para los oídos de las multinacionales encargadas de implantarlas, porque ridiculizan los fundamentados discursos sobre la agonía ambiental a golpe de clic.

 

La ignorancia es atrevida. De ello saca ventaja la conspiración, que puede formular infinitas hipótesis respecto a la ciencia, limitada por las pruebas finitas de la realidad. Miguel Bosé juntó los dos temas de moda entre el conspiracionismo, el coronavirus y el 5G, y los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la anécdota, que pasó a ser noticia. En estos casos, el problema viene cuando se sobreinforma y parece que la proliferación de teorías absurdas entre la sociedad es mucho mayor que la que en realidad existe. Así lo cree el geólogo y profesor de la Universidad de Zaragoza Antonio Aretxabala, que explica el empeño exagerado e innecesario en rebatir este tipo de hipótesis sin fundamento como “una estrategia de ridiculización” hacia las voces ecologistas críticas con el 5G. Es, al fin y al cabo, “una técnica de distracción”, señala.

El grupo ecologista Petrocenitales, al que pertenece Aretxabala, se esfuerza por desprenderse de ese estigma y llenar el vacío informativo. En la asociación participan 74 reputados científicos de todo el Estado, entre otros el ingeniero Ferran Puig o la física Estitxu Villamor. Les une su “preocupación por el peak oil” —o pico petrolero, referido al agotamiento del crudo—, además de su relación con “todos aquellos factores que conducen al colapso civilizatorio”, que se aceleraría aún más con el 5G. La falta de concienciación social sobre este problema se debe, según Aretxabala, a la creencia popular de que lo virtual es por naturaleza una alternativa ecológica a lo material. Para desenmascarar esta falacia, menciona el siguiente ejemplo: “En una compra por internet, los datos consumen más energía que el combustible utilizado para transportar el producto”.

Así lo explica en una de las entradas de su blog: “En el mundo virtual podemos pasar del byte al gigabyte o al terabyte, y del vatio al gigavatio con el movimiento de un dedo, pero en el mundo material no podemos saltar del gramo a la gigatonelada o del metro cuadrado al kilómetro cuadrado con la facilidad de un clic, simplemente porque en este mundo rigen leyes de masa, peso, rozamiento, espacio y tiempo. En el trasfondo están los altísimos costes energéticos”.

Del móvil al internet de las cosas

Ese trasfondo no es otro que la infraestructura que permite el funcionamiento de la telefonía móvil, que conoce muy bien el profesor Francisco Javier Falcone, director de Telecomunicación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Este experto recuerda que el 1G, la primera generación de redes inalámbricas, se inventó “en los años 80 para evitar tirar cableado en lugares donde era muy complicado, como en los países nórdicos a causa del hielo”.

En la siguiente década, los ingenieros diseñaron el 2G, un sistema “digital de extremo a extremo” que permite “transmitir mensajes de voz con cierta calidad de sonido y algunos datos poco pesados a modo de SMS”. Y, simultáneamente, “se desarrollaron en todo el mundo las redes fijas de cables y surge la necesidad de poder usar servicios ligados al internet emergente de aquel entonces; el correo electrónico, por ejemplo”, explica Falcone. A finales de siglo, “ya es posible una navegación muy sencilla a través del 2,5G, una generación móvil entre el 2G y el 3G”.

Esta última llega a principios del nuevo milenio, y trae consigo dos hitos, destacados por parte del ingeniero: “Por una parte, el multiservicio, con tráfico de datos multimedia, videollamadas incluidas, y navegación de internet algo lenta. Por otra parte, la irrupción del IPhone, el primer teléfono táctil, que facilitó la navegación por internet, entre otras cosas”. Las compañías que implantan el 3G "se marcan por objetivo competir con el ADSL, lo que revoluciona el mercado”, analiza. Así llega el 3,5G, que permite “un tráfico de datos más rápido”. Esta última evolución ya utiliza la red de ondas HDSPA, “la que a día de hoy usamos porque tiene un caudal de velocidad suficiente como para ver Netflix en nuestros dispositivos 4G”, concreta.

La cuarta generación se consolida en 2010, aunque no empieza a instalarse en el Estado español hasta 2015, cuenta Falcone. Esta “ya no es que sea digital, sino puro tráfico de internet”. Además, “permite conectar dispositivos con el llamado ‘internet de las cosas’ e incrementa la velocidad hasta un gigabit por segundo”.

Más banda, menos onda

Así es como llegamos al 5G, que, según el profesor, traería consigo cuatro grandes mejoras. En primer lugar, incrementaría la velocidad de manera sustancial. En segundo lugar, reduciría el retardo entre la orden y la respuesta del dispositivo a unos escasos milisegundos. En tercer lugar, permitiría el uso de equipamiento tan convencional como un móvil o un ordenador para funciones muy concretas, determinadas por la propia red y no por el dispositivo. Y, por último, posibilitaría la capacidad computacional al borde de la red. Es decir, “si nuestro dispositivo no puede procesar una serie de datos, estos podrían descargarse en las estaciones base o antenas 5G a modo de nube y reproducirse en el mismo dispositivo”, expone Falcone.

No obstante, precisamente para que todas estas funciones puedan llevarse a cabo con una cobertura equiparable a la del actual 4G, “habría que multiplicar las estaciones base por 100”, lamenta Aretxabala. Esto se debe, según Falcone, a que “cuanto mayor es el ancho de banda, menor es la penetración y el alcance de las ondas”. Es decir, que el 5G permitiría descargar vídeos en 8k, pero sus radiofrecuencias tendrían dificultades para atravesar paredes o ventanas y la solución pasaría inevitablemente por aumentar hasta un 10.000% el número de emisores y receptores, a modo de antenas, routers y dispositivos móviles.

Además, Aretxabala señala que la computación en la nube “ya utiliza el 2% de la electricidad del mundo, mientras que la estructura digital en su globalidad alcanza el 10%”. Hay una comparación que podría tomarse como medida del coste energético de cada antena: “El funcionamiento de la red de los centros de datos en los que se basa la computación en la nube requiere 100 veces más electricidad que el rascacielos de Iberdrola de Bilbao”. De hecho, el Departamento de Energía de Estados Unidos ha calculado que la energía empleada para mantener los centros de datos en el país supera la de toda su industria química. Otro dato, mencionado por Aretxabala: el uso de la energía destinada a lo digital creció un 90% de 2000 a 2005; y un 24% entre 2005 y 2010, cuando se estabilizó; de cara al futuro y teniendo en cuenta las expectativas sobre implantación del 5G, el crecimiento respecto al consumo actual sería de entre el 300% y el 1.000%, en función de “la ambición sobre la circulación de datos”, matiza.

La paradoja de Jevons

Con toda esta información, sorprende que la concesión por parte de la Unión Europea de los fondos para la recuperación de la crisis económica derivada del coronavirus esté condicionada a que cada país miembro lleve a cabo una “transición digital y ecológica”. La intención es desligar por primera vez en la historia el uso de recursos energéticos del crecimiento económico, como repite Bruselas desde julio. De hecho, los proyectos digitales y ecológicos acaparan el 70% de las ayudas y préstamos. Según Aretxabala, “la disociación entre el PIB y los recursos” es un completo engaño basado en la vieja paradoja de William Jevons, que el científico que le da nombre ya formuló en 1860. Este observó que, a lo largo de la historia, cada hallazgo que aumenta la eficiencia en la extracción de un recurso lo abarata de tal modo que termina aumentando la demanda y, por ende, el consumo, en lugar de reducirlo.

Es decir, rigen exclusivamente las leyes capitalistas, que, a la larga, no solo aceleran la contaminación y el agotamiento de recursos, sino que también los terminan volviendo ineficientes. Véase el caso del petróleo, explicado por Aretxabala: “En los años 50, estaba tan en la superficie que con el empleo de la energía equivalente a un barril de crudo se podían extraer 100, ahora solo 15”. Esta proporción de 15:1 la marca la tasa de retorno energético (TRE). Lo que ocurre es que tanto el mundo digital como todas las renovables solo se mantienen gracias a sus infraestructuras creadas con combustibles fósiles, porque tienen una TRE media de 3:1, bajísima en comparación con el 150:1 del gas o el 44:1 del carbón. Crecen las renovables, pero lejos de sustituir a las fósiles, las impulsan. En conclusión, “no existe ningún tipo de disociación entre el consumo de minerales y el crecimiento del PIB y, por tanto, de las emisiones de gases de efecto invernadero”, en palabras de Aretxabala. La única reversión posible es “reducir paulatinamente el consumo energético” hasta un 20% o 30%, calculan los científicos que han estudiado la crisis de los recursos a escala planetaria.

El 5G, desde luego, no va encaminado en esa dirección, pero es el último nicho del marketing del ocaso de los recursos. En palabras de Aretxabala: “Las grandes corporaciones digitales como Amazon, Apple o Google afirman que una revolución industrial verde es posible. Hace tiempo que Google declara utilizar solo energía verde, aunque sea mentira. Porque sus aerogeneradores y placas solares se han construido, se mantienen, se optimizan o se desmantelan con un camión, una grúa, excavadoras, asfaltadoras, altos hornos. Todos ellos funcionan con gasoil, gas, carbón o energía nuclear”.

La vista gorda de los medios

Una vez borrada la pintura verde de esta publicidad engañosa cabe preguntarse si necesitamos una comercialización del 5G con cobertura universal más allá de una localización acotada al máximo por razones de peso como teleoperaciones o casos excepcionales de verdadera eficiencia energética. La cuestión, a pesar de su gravedad, no está presente en la agenda mediática. Solo hay dos explicaciones posibles: negligencia o estrategia.

Vamos a la web del diario líder en el Estado español, El País, y entramos en el buscador del menú. Si escribimos 5G, nos saldrán centenares de noticias relacionadas. Como son muchas, cogemos como muestra un periodo determinado, en este caso, 2020. Encontramos nueve artículos: uno señala conspiracionistas famosos y desmonta sus teorías contra la nueva generación de red digital, otro prueba que sus “campos electromagnéticos son inocuos”, dos giran exclusivamente en torno a sus ventajas, otros dos son anuncios publicitarios de dispositivos móviles concretos, pero publicados a modo de noticia, y tres hacen hincapié en el reto legal y tecnológico para garantizar la protección de datos de la nueva red. Ninguno cuestiona el 5G y no hay ni rastro del impacto ambiental. Por el contrario, hay varios artículos que exponen y desmienten los “disparates” de Miguel Bosé.

Cabe señalar también que, en la entrevista del 21 de julio de 2020 a Federico Ruiz, director del Observatorio Nacional 5G, el protagonista insiste en que el horizonte de la Unión Europea en materia de redes móviles es la “soberanía tecnológica”. El 17 de diciembre de 2019 el propio periódico ya había adelantado la línea a seguir al informar de que “Telefónica reducirá su dependencia de Huawei al desplegar la red 5G”. A partir de esa fecha, todas las noticias sobre los riesgos de seguridad de la nueva red centran el foco de las sospechas expresamente en la empresa móvil china.

Esta sustitución del servicio público por el servilismo ante los poderes económicos podría considerarse, aun y todo, una simple casualidad fruto de la dejación de funciones para las que fueron concebidos los medios. Pero la cuestión es que Telefónica posee el 9,4% de Prisa, el grupo de comunicación al que pertenece El País. La teleoperadora es líder en implantación del 5G en España, donde el Gobierno de Pedro Sánchez saca pecho de encabezar la red en Europa.

Tampoco es desdeñable que el pasado 15 de junio, en plena crisis del coronavirus, el Consejo de Administración de Prisa retirara de la dirección del periódico a Soledad Gallego-Díaz para recolocar a Javier Moreno Barber, que en su anterior etapa al frente del diario, entre 2006 y 2014, alardeaba de que en su grupo “manda Santander y paga Telefónica”. Cabe señalar que esta última compañía presume desde septiembre de “encender el 5G en España”, red con la que su director, José María Álvarez-Pallete, espera dar cobertura al “75% de la población en apenas un año” para aprovechar así “una oportunidad de oro” y poder liderar “la cuarta revolución industrial”. Por su parte, el Santander, que tiene más del 4% de la propiedad de Prisa, se jacta de ser “el primer banco con tecnología 5G” gracias a un acuerdo con Telefónica para que la entidad bancaria de Ana Botín impulse la implantación de esta red a lo largo y ancho del Estado.

Por Mikel Urabaien Otamendi

18 ene 2021 06:18

Publicado enMedio Ambiente
Lunes, 18 Enero 2021 05:46

Que te cure Lola

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El uso que el big pharma hace de los países pobres

Principales empresas del rubro se benefician de bajos costos para hacer experimentos en el Sur global. Pero una vez descubiertos los medicamentos, su acceso suele estar vedado para esas naciones.

Albert Bourla, director general de Pfizer, ha tenido palabras de elogio para «las casi 44 mil personas que de forma desinteresada levantaron la mano para participar en nuestras pruebas». «Cada uno de ustedes ha contribuido para que el mundo esté un paso más cerca de nuestro objetivo común de desarrollar una vacuna contra esta pandemia devastadora», escribió Bourla en una carta pública a los voluntarios que formaron parte de las investigaciones de la vacuna de Pfizer contra el covid-19 hechas en Argentina, Sudáfrica, Brasil, Alemania, Turquía y Estados Unidos. La misiva fue publicada el 9 de noviembre de 2020, el mismo día en que Pfizer anunció que su vacuna superaba el 90 por ciento de efectividad en la prevención de la enfermedad. Bourla atribuyó este logro a los voluntarios: «Ustedes son los verdaderos héroes. El mundo entero tiene con ustedes una tremenda deuda de gratitud».

Argentina, Sudáfrica, Brasil y Turquía tendrán que conformarse con estas muestras de gratitud de Pfizer, porque no recibirán, al menos no en el corto plazo, suficientes vacunas para vacunar a sus poblaciones. Mientras tanto, Estados Unidos y Alemania –junto con Canadá y el resto de la Unión Europea (UE)– se han asegurado suficientes dosis de varias vacunas contra el covid-19 como para inocular varias veces a sus poblaciones. Aunque Estados Unidos enfrenta problemas logísticos en su campaña de vacunación, se estima que eventualmente alcanzará un stock suficiente. Durante el verano boreal, encargó 100 millones de dosis de la vacuna de Pfizer a cambio de 1.950 millones de dólares. En los últimos días de diciembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció un acuerdo para comprar 100 millones de dosis adicionales de vacunas de aquí a julio de 2021 y el gobierno tiene la posibilidad de adquirir 400 millones más de dosis. Washington compró además 200 millones de dosis de la vacuna de Moderna, que llegarían el segundo trimestre de 2021, y se reserva la opción de comprar hasta 300 millones de dosis extras. También firmó con Ology, Sanofi, Novavax y Johnson & Johnson para comprar dosis suplementarias, aunque estas vacunas se encuentren aún en las primeras etapas de su desarrollo.

CONEJILLOS DE INDIAS

Las empresas farmacéuticas y sus directivos ya cosechan grandes ganancias. El mismo día que envió su carta abierta, Bourla, cuyo patrimonio neto se estima en más de 26 millones de dólares, vendió más de 5 millones de dólares de sus acciones de Pfizer. La farmacéutica obtuvo en 2020 ganancias de al menos 975 millones de dólares debido a su vacuna y se espera que recaude 19.000 millones de dólares más en 2021, de acuerdo a estimaciones de Morgan Stanley. El margen de ganancia de Pfizer sobre la vacuna se estima entre un 60 y un 80 por ciento. Morgan Stanley también ha proyectado que en 2021, gracias a su vacuna, Moderna ganará como mínimo 10.000 millones de dólares.

Los 100.000 millones de dólares en ventas de vacunas contra el covid-19 que ha estimado la consultora Evercore ISI sin duda son parte de lo que atrajo a las empresas farmacéuticas al desarrollo de estos inmunizantes. Pero el cálculo es diferente para los participantes en las investigaciones. En los países en vías de desarrollo «encontrás personas que no tienen cobertura de salud, están desesperadas por atención médica y sólo les quedan disponibles las migajas de la investigación científica», dice Harriet Washington, experta en ética médica de la Universidad de Las Vegas.

Esa desesperación es sólo parte de la razón por la que las compañías farmacéuticas llevan a cabo la mayoría de sus pruebas en países pobres. Según Washington, la relativa falta de control y los menores costos operativos son razones adicionales por las que la industria farmacéutica se siente atraída por esos países. Los participantes en las investigaciones de la vacuna contra el covid-19 en Argentina, Brasil, Sudáfrica y Turquía «trabajan más barato que la gente en Estados Unidos o Alemania», afirma.

El problema ético que esto crea –la gente en los países en vías de desarrollo tiene menos acceso a los avances médicos, a pesar de que asume una parte desproporcionada de los riesgos que permiten su descubrimiento– es mucho más viejo que la pandemia de coronavirus. «Hay desigualdades inherentes que se repiten en cada epidemia», dice Washington. «Es un patrón constante; lo vas a encontrar cualquiera sea el caso en que te fijes».

Participen o no en investigaciones sobre medicamentos, los habitantes de los países con ingresos medios y bajos suelen carecer de acceso a avances médicos que pueden salvar vidas, pero cuyos precios están fuera de su alcance. Gilead, que tiene la patente del sofosbuvir, un medicamento clave contra la hepatitis C, ofrece una ilustración clara y trágica de lo mortal que puede ser esta dinámica. En Brasil, en junio de 2019, sólo una de cada siete personas que necesitaban este medicamento vital lo había recibido. En ese país, miles de personas han muerto por esta enfermedad curable, según la organización sin fines de lucro Make Medicines Affordable.

Aunque eventualmente muchos medicamentos terminan estando disponibles, para la gente de los países en vías de desarrollo el acceso a ellos suele retrasarse, como ha ocurrido con los medicamentos para el VIH, a los que todavía no pueden acceder unas 15 millones de personas infectadas en todo el mundo. En algunos países pobres estos medicamentos llegaron más de una década después de haber sido utilizados en los países ricos.

«Observamos retrasos en casi todas las intervenciones en el mundo entero, se trate de un nuevo medicamento o de un dispositivo médico», dice el doctor Krishna Udayakumar, director fundador del Centro de Innovación de Salud Global de la Universidad de Duke, y agrega: «Los productos que llegan a los mercados de los países de ingresos bajos y medios no producen tanto dinero». Como resultado, en gran parte del mundo, la posibilidad de contar con esas novedades vitales suele depender de la financiación de donantes, «que es siempre inferior a la que quisiéramos», sostiene Udayakumar.

Las consecuencias mortales del atraso en el acceso a la vacuna contra el covid-19 serán evidentes durante 2021. La cantidad de personas vacunadas en todo el mundo dependerá en parte del éxito de otras posibles vacunas candidatas y de la necesidad de administrarlas en una o dos dosis. Pero ya está claro que la mayoría de los países no tendrá dosis suficientes, mientras que los países ricos acaparan las reservas. Una iniciativa internacional tendiente a garantizar el reparto equitativo de las vacunas, denominada COVAX Advance Market Commitment, regida por la público-privada alianza de salud GAVI, busca proporcionar a los países participantes vacunas suficientes para inmunizar hasta el 20 por ciento de su población para finales de 2021. Pero, incluso en el mejor de los casos, este objetivo dejaría a la gran mayoría de la población sin vacunar. Y está «supeditado a la disponibilidad de fondos», como lo dice con claridad el sitio web del grupo (véase «Sálvese quien pague», Brecha, 18-XII-20).

Algunos activistas de la salud pública internacional han mostrado su frustración con respecto a GAVI. «El día uno, cuando se vacunó a la primera persona en Reino Unido, deberíamos haber visto el equivalente en un país en vías de desarrollo», afirma Kate Elder, asesora principal de políticas de vacunación de Médicos sin Fronteras. «Pero eso no pasó. Y no tenemos ningún dato concreto de cuándo llegarán las dosis necesarias para estos países». Elder señala que, a pesar del objetivo declarado de facilitar un acceso igualitario, el esfuerzo internacional para la distribución de vacunas se ve afectado por el desequilibrio mundial en materia de poder y de riqueza. «GAVI nunca denunciará el “nacionalismo de vacunas”, porque sus mayores donantes –como el Estado británico– son los miembros más poderosos de su junta directiva», sostiene.

El Banco Mundial aporta ayuda adicional para la entrega de vacunas, pero lo hace bajo la forma de préstamos que los países pobres tendrán luego que pagar. Debido a las demoras, es muy probable que mucha gente en países de bajos ingresos no reciba la vacuna antes de 2023 o 2024, lo que resultaría en un número desconocido de muertes.

UNA HISTORIA DE ÉXITO QUE NO CIERRA

«Estamos ante un apartheid mundial de vacunas», denuncia Zain Rizvi, investigador de derecho y política en la ONG Public Citizen, que predice que el retraso en la vacunación tendrá consecuencias «calamitosas». Public Citizen ha propuesto varias soluciones para que Estados Unidos amplíe el acceso a las vacunas, entre ellas la construcción de nuevas instalaciones de producción y el recurso a una oscura norma (sección 1498 del título 28 del Código de Estados Unidos, referida a casos de patentes y derechos de autor) que le permite al gobierno saltarse las patentes privadas en el caso de invenciones financiadas por el Estado. Mientras tanto, Kenia, India y Sudáfrica presentaron a la Organización Mundial del Comercio una medida que permitiría renunciar a ciertos derechos de propiedad intelectual sobre los productos relacionados con el coronavirus, incluidas las vacunas. La propuesta, apoyada por 99 países, aún no ha sido adoptada después de haber sido rechazada por Estados ricos como Estados Unidos, los miembros de la UE, Japón, Reino Unido y Australia (véase «Militar la patente» en este número).

Pero la quita de las patentes es sólo un primer paso para permitir el acceso mundial a las vacunas. «El know-how es, a corto plazo, un problema mucho más grande», señala James Love, que dirige el grupo sin fines de lucro Knowledge Ecology International. Love cita el caso de Moderna, el fabricante de vacunas financiado por el gobierno federal estadounidense, que ha prometido que no aplicará la patente de su vacuna. «Pero, aun así, no podés fabricarla si no sabés los detalles de cómo la hicieron», dice Love. «Hay que obligar a quienes tienen el know-how a compartirlo, porque estamos en una puta pandemia», insiste.

Mientras que el gobierno de Estados Unidos y las empresas que este ha financiado para fabricar vacunas ya reciben el crédito por poner fin a la pandemia, Love señala que algo no cierra en esa historia de éxito: los contribuyentes terminaron siendo obligados a pagar por acuerdos que limitaban el acceso mundial a las vacunas. «Hay quienes van a decir que esto es un tremendo éxito por la innovación lograda», piensa Love. «Pero la realidad es que el Estado tomó nuestro dinero, se lo dio a las empresas y redactó contratos desastrosos por los que terminamos con muy pocos derechos sobre inventos que nosotros mismos financiamos», se lamenta.

El problema podría haber sido evitado «si el gobierno hubiera incluido un intercambio obligatorio del know-how en cada uno de sus contratos, de manera tal que la transferencia de tecnología habría podido comenzar apenas esas vacunas estuvieran en la fase de pruebas», dice Love. «Pero no fue así. Y una de las consecuencias de esas concesiones es que terminamos condenando a los países en vías de desarrollo a acceder tarde a las vacunas», concluye.

Lo cierto es que la administración de Donald Trump ha sido particularmente generosa con la industria farmacéutica, ha eliminado de algunos de sus contratos las protecciones estándar en materia de acceso que favorecían a la población y ha bloqueado los esfuerzos internacionales para mancomunar recursos en la lucha contra la pandemia. «Joe Biden tiene el poder de cambiar esto», sostiene Rizvi. «Puede pensar más allá, compartir la receta de la vacuna y ayudar a aumentar la producción y la capacidad de fabricación para incrementar el aprovisionamiento rápidamente». Por su parte, Washington cree que también son solucionables los dilemas éticos planteados por la investigación sobre las vacunas contra el covid-19 en países que tal vez no accedan a ellas durante años. «Las desigualdades son fáciles de corregir –plantea–, sólo tenés que tratar a las personas de los países pobres de la misma manera en que tratás a las demás».

(Publicado originalmente en The Intercept, bajo el título World Faces Covid-19 «Vaccine Apartheid». Brecha traduce y publica con autorización.)

Publicado enSociedad
Domingo, 17 Enero 2021 05:36

Un poder en la sombra

Un poder en la sombra

Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, Novartis, Roche, Merck, GSK…

 

“Procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para las ciudades”.

Aristóteles, Ética a Nicómaco

 

El mayor éxito del 2020 fue sin duda el descubrimiento de varias vacunas contra la covid-19; a la cabeza estuvieron las grandes de la industria farmacéutica. El tiempo logrado entre la irrupción de la pandemia y las primeras vacunas fue tan solo de diez meses; esto es, sin duda, un enorme logro para la humanidad y para la ciencia médica en particular. Sin embargo este éxito indiscutible contiene multitud de lados oscuros. El conflicto de intereses entre las empresas y la sociedad en su conjunto es el punto central de este artículo.

1.- La gran industria farmacéutica

Vivimos en un mundo dominado por una economía capitalista. Por lo tanto, la lógica que la impulsa es la ganancia. El motor del Capital, de sus inversiones tecnológicas, científicas o los recursos humanos es la acumulación y el crecimiento de sus beneficios. La producción capitalista transforma todo el proceso económico en producción de mercancías (ya sean cosas o servicios) destinadas al consumo en un mercado inundado por ellas. Dentro de esta lógica no hay sitio para los prejuicios o la moralidad (como la podríamos entender muchas personas). El más grande y único estímulo de todas las empresas que se mueven en las Bolsas de todo el mundo es incrementar en cada ejercicio las ganancias del año anterior. Por eso esta famosa frase de un sindicalista británico del siglo XIX, Thomas Dunning, que Karl Marx cita en su libro El Capital:

“El capital experimenta horror por la ausencia de ganancia o por una ganancia muy pequeña, como la naturaleza siente horror por el vacío. Si la ganancia es adecuada, el capital  se envalentona. Un 10% seguro, y se lo podrá emplear donde quiera; el 20% y se pondrá impulsivo; el 50% y llegará positivamente a la temeridad; por un 100% pisoteará todas las leyes humanas; el 300% y no hay crimen que lo arredre, aunque corra el riesgo del patíbulo. Cuando el tumulto y las riñas suponen ganancias, allí estará el capital encizañándolas”.

El caso de la gran industria farmacéutica o de los servicios privados de la salud no es ninguna excepción en esta lógica. Por el contrario los datos con los acabaron sus balances en el 2020 fueron escandalosamente positivos. Podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que la pandemia de la  covid-19, ha sido el mejor año en resultados del sector privado de la salud.

Como decía el diario El País con fecha 2 de enero de 2021:

“Tecnológicas y farmacéuticas capitalizan en Bolsa su gran año…. Al calor de la vacuna y la renovada importancia de la salud en el  imaginario colectivo, la industria añade un nuevo representante en las 50 mayores  empresas del mundo: Abbott, que se une así a Roche, Novartis, Merck, Pfizer.”.

Según el periódico El Economista Digital con fecha 12 de diciembre de 2020: “Pfizer y Moderna (marcas descubridoras de las dos primeras vacunas comercializadas en el mundo occidental), ingresarán 26.500 millones de euros en un solo año”. Para el año 2021 las previsiones son que Pfizer ingrese 16.000 millones más y Moderna entre 10 y 15.000 millones. Como todo el mundo sabe, Pfizer es una marca norteamericana que comparte con BioNTech (alemana) el privilegio de haber sido los primeros en salir al mercado. Por eso a lo largo del 2020 las acciones de Pzifer subieron en Bolsa un 12%, las de BioNTech un 300% (ahora su capitalización es de 25.0000 millones de euros). La diferencia de porcentaje entre ambas se explica porque mientras Pfizer ya era un gigante del mundo del capitalismo antes de la vacuna contra la covid-19, la otra es, digamos, una advenediza. Por su parte, otra marca con sede en EE UU, Moderna, también mucho más pequeña que Pfizer, Roche, Novartis o Merck, está teniendo un crecimiento -según Morgan Stanley- del 700%, con una capitalización de 62.000 millones de dólares.

Podemos concluir diciendo que durante la pandemia de la covid-19 la Bolsa mundial ha registrado ganancias en los grandes mercados de Estados Unidos, impulsados por los rendimientos y expectativas futuras de los gigantes tecnológicos (Apple, Microsoft, Facebook…, por el conglomerado de los servicios Amazon, y por el negocio de la salud). Este último vive sus mejores momentos no solo por el descubrimiento de varias vacunas contra el virus covid-19, sino también por el caldo de cultivo que genera la pandemia. Muchas personas se están haciendo seguros privados ante el atasco y desmantelamiento de los hospitales o centros de salud públicos (lo que se ha reflejado en un aumento del 4,7% de nuevas pólizas); también está en auge la propuesta de tratar enfermedades o síntomas corrientes mediante video-llamadas (hasta Movistar está mandando a sus clientes ofertas para que los pacientes consulten sin moverse de su casa). Algunas empresas se preparan para el auge de la Telemedicina que, además de su dudosa utilidad, puede suponer el desmantelamiento mayor de los centros de salud.

2.- Las bases económicas y comerciales de un negocio muy poco ético pero muy seguro

Llegados a este punto algunos se pueden preguntar si es lícito hacer negocios con las enfermedades de los seres humanos. Mi opinión es que no, pero obviamente vivimos en una sociedad dominada por el capital y debatir acerca de la legalidad moral o jurídica es superfluo. No obstante, las mismas empresas infringen las reglas del juego cuando son tan poderosas o más que los propios países en donde residen.  El conflicto entre las tecnológicas norteamericanas y la UE o el gobierno federal de EE UU responde a eso.

La industria de la salud no es una excepción. No se amasan miles de millones de dólares gestionando empresas sobre los valores de la solidaridad o la cooperación; al contrario, las fortunas se construyen en una guerra abierta donde la competencia es mortal y en donde si es preciso no existe ninguna regla moral que impida el desenfreno de los beneficios. Para amasar esos capitales hace falta, además de contingencias dolorosas y dramáticas como la covid-19, algunas otras cuestiones interrelacionadas: una posición de privilegio en el mercado; acuerdos con los gobiernos y organismos internacionales y una demanda social continúa que, en el caso de la sanidad -con pandemia o sin ella- es permanente y a escala planetaria.

En un excelente artículo publicado en viento sur por Jorge Luis Díaz y Álvaro Arador titulado “La propiedad intelectual farmaceútica y su amenaza para la salud pública”, estos planteaban varias líneas de reflexión muy a tener en cuenta:

  1. Los derechos de patentes, propiedad intelectual, que tienen estas grandes empresas les otorgan la exclusividad en el desarrollo, producción y comercialización de todas las innovaciones (por supuesto las vacunas anti-covid)  a lo largo de los próximos 20 años. Esto quiere decir que los rendimientos para las próximas décadas son inconmensurables si tenemos en cuenta que el virus estará entre nosotros y ya no digamos las posibles nuevas mutaciones.
  2. La llamada arquitectura de las patentes les otorga un mayor blindaje ya que se patenta no solo el producto, sino todos los procesos y modificaciones moleculares. Esto dificulta, cuando no impide, el desarrollo de genéricos. De esta manera, el monopolio del mercado de vacunas ha estado copado históricamente por cuatro empresas: Sanofi, Merck, Pzifer y GlaxoSunthikline (GSK).
  3. Utilizan además para estas y otras vacunas, un lanzamiento secuencial basado en la falta de transparencia y desabastecimientos. Las cadenas de producción y comercialización están controladas según sus propios intereses. Por ese motivo primero llegan a los países ricos (pactando precios muy altos con EEUU y la UE), lo que les garantiza a ellos unos beneficios mucho mayores que si tuvieran que negociar con los países más pobres. Esta experiencia ya la vivimos en España con los tratamientos contra la hepatitis C. El precio de salida de los antivirales era disparatado y sin embargo los costes eran mínimos; hizo falta una gran movilización de los afectados para obligar a una negociación entre el gobierno español y la industria farmacéutica. Además, como indicábamos más arriba, los acuerdos con los Estados o los Tratados Internacionales están basados en  la obligación de mantener el secreto comercial y por lo tanto un oligopolio de su comercialización.
  4. Lo que la opinión pública desconoce es que estas grandes empresas que se benefician de una manera tan descarada de la legislación y de su posición privilegiada en el mercado, están respaldadas además por inversiones públicas de los propios gobiernos; es decir, el Estado mete dinero público en las empresas y establece planes de colaboración científica para que, más tarde, los rendimientos económicos vayan a parar a esas empresas. Las investigaciones que se han llevado a cabo estos diez meses hasta conseguir las vacunas no han sido una excepción. En la información que nos ofrece un reportaje de la BBC recogido por Magnet el 28 de diciembre del 2020 se dice lo siguiente:

Moderna. “La farmacéutica estadounidense recibió 2.500 millones de dólares provenientes de distintos departamentos federales… desde que la vacuna es un éxito el presupuesto se completó con inversiones privadas de Dolly Parton y Vanderbit… La mayoría del dinero proviene de arcas públicas.”

¿Y Pfizer?  “Según ellos no recibieron ayudas, pero su socio BioNTech recibió en septiembre una ayuda federal de 500 millones de dólares.”

Pero no solamente son las ayudas. Los contratos que se firman para la distribución de esas vacunas, los Estados, están obligados a firmar cantidades cerradas sin tener del todo claro la efectividad de esas vacunas en la población (más allá de las pruebas experimentales). En el momento actual millones de dosis están vendidas en los principales países: EE UU, UE, Australia, Canadá, Japón, etc. Según las fuentes a las que nosotros hemos podido acceder, quitando el caso de la vacuna de Astra-Zeneca (que recibe una ayuda pública del 20%) y que se ha comprometido a mantener los precios de coste (alrededor de 3 o 4 euros por vacuna), el resto está vendiendo las vacunas a unos precios -al menos- diez veces mayor de lo que cuesta todo el proceso de fabricación, transporte y refrigeración. Es decir,  las vacunas de  Moderna y Pfizer se han fijado entre 15 o 30 euros.

“Cerrando el círculo (lo que nos devuelve a las acciones de Pfizer y Moderna): el hecho de que se han convertido en un caramelo muy codiciado por los inversores, se debe no solo a la vacuna, sino a su propia proyección. Y en eso hay que tener en cuenta el regreso a la vida normal, un premio mucho más jugoso que los potenciales 32.000 millones de dólares de beneficios”. (Citado por los autores del artículo de la BBC).

3.- Otras modalidades en el negocio con recursos públicos

Bajo el nuevo paradigma  ¡colaboración público-privada! multitud de pequeñas y grandes empresas, así como fondos de inversión de dimensión global, se trasladan -como buitres- para el reparto del botín. Grupos económicos que, por ejemplo, ven mermados sus beneficios en otros sectores como la construcción, la hostelería o la alimentación, se desplazan en la búsqueda de tasas de ganancias más elevadas o, en numerosos casos, intentan resarcirse de sus propias pérdidas. La gran diferencia entre los nichos de beneficios que ofrece la salud y otros como por ejemplo la vivienda, es que el primero siempre tiene una demanda más constante que el segundo.

La introducción de estas empresas en la sanidad pública o servicios públicos no es siempre la misma. En unos casos puede ser a través de grandes operaciones de fusión de empresas como es el caso de Fresenius (un gigante alemán) que compró Quirón por 5.760 millones de euros en el 2017. En otros es a través del llamado capitalismo de amiguetes, muy propio de los gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes o Isabel Diaz Ayuso. Estos gobiernos corruptos del PP lo que hacen es una pantomima de concursos de obras y servicios para entregar la explotación de los mismos a sus amigos empresarios como Florentino Pérez, Villar Mir, etc.

Una pequeña exposición de las variantes de esa supuesta colaboración público-privada puede verse muy bien en la Comunidad de Madrid:

  • Hospitales integrados en la red pública pero con una mayor intervención de capital privado. Este es el caso por ejemplo de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid que pertenece a Fresenius-Quirón (además también tiene hospitales en otras localidades como Móstoles, Valdemoro, Villalba). La particularidad es que la Comunidad de Madrid les otorga una cuota de mercado, es decir, un porcentaje de la población para que atiendan y a cambio reciben dinero de los Presupuestos de la Comunidad. Hoy esto supone un 17% de dichos presupuestos. Además la empresa Fresenius-Quirón contrata a su personal laboral tanto sanitario como no sanitario a los que, como es de suponer, impone convenios propios. Se da el caso además que -como en estos lugares se aumenta la productividad media del sector- tienden a absorber más pacientes de los suyos propios y con ello reciben más transferencias del  gobierno autonómico. La Fundación Jiménez Diaz es un parásito de la sanidad pública madrileña no solo por los recursos que absorbe, sino porque el propio gobierno del PP facilita su competencia en perjuicio de hospitales como el Clínico San Carlos.  Así tenemos como ejemplo que cuenta con una población atendida de nada menos que 450.000 personas, lo que ha conducido al Clínico a perder en varios años cientos de camas.
  • Hospitales o centros sanitarios privados. En ese caso son empresas dedicadas a la salud con capital exclusivamente privado y no adheridos a la red pública. Muchos con convenios con la administración pública de las que obtienen una parte de su petróleo además de buscar otras vías de acceder al mercado.  En Madrid representan un porcentaje muy elevado (hasta un 30%) en relación con lo público. La mayoría están construidos en zonas de rentas altas o muy altas y suelen encargarse de intervenciones menores (cataratas, traumatología, cirugía estética, rehabilitaciones,…), para recibir esos servicios el usuario tiene que tener su póliza ( Sanitas, Asisa, Adeslas…),  o bien a veces también se establecen convenios de colaboración como por ejemplo el que tenía  el hospital de la Beata Mariana de Jesús con el hospital público de La Princesa para las rehabilitaciones de pacientes de traumatología. Además el personal laboral tiene unas condiciones económicas y de jornada inferiores al sector público por lo que los beneficios que obtienen estas empresas suelen ser muy elevados y los precios que cobran a sus pacientes por determinadas intervenciones también.
  • Hospitales y centros sanitarios públicos con servicios privatizados. Este es el caso de la totalidad de centros tanto en Madrid como en el resto de España. Los siete grandes hospitales de Madrid con más peso público (La Paz, Gregorio Marañón, Puerta de Hierro, Doce de Octubre, Ramón y Cajal, La Princesa, Clínico), tienen todos ellos subcontratados los servicios de hostelería, limpieza y la mayoría mantenimiento y otros. Esto ha sido también una transferencia de recursos públicos a empresas privadas como Ferrovial, Clece, OHL, que pertenecen a los amigos del PP. La corrupción y las puertas giratorias campan a sus anchas. Pero no solo eso, sus servicios suelen ser muy deficitarios ya que es muy difícil compatibilizar una buena calidad asistencial con el abaratamiento de los costes laborales. Cada vez que una empresa subcontrata un servicio (limpieza por ejemplo) lo primero que hace para sacar más rentabilidad es reducir el personal que había anteriormente.

Además de estas modalidades y algunas otras derivadas, nos encontramos también con el inmenso negocio que representa la implantación de nuevas y sofisticadas tecnologías o del consumo dirigido de fármacos estimulados por los lobbys de la sanidad privada.

El apartado tecnológico es sin duda una de las más importantes y futuras rentabilidades del Capital en el sector de la salud. Ya lo es pero con el paso del tiempo aumenta sin parar. El Estado -aconsejado por expertos– invierte en aparatos con unos costes altísimos que fabrican los grandes del sector: Johnson & Johnson (nada menos que con una capitalización de 328.280.000 millones de dólares es la primera del sector y la número 11 de todas las empresas del mundo); GE Heakthcare, Medtronic, Siemens, Philips, …. y otras, son los fabricantes de aparatos médicos de altísima tecnología (resonancias, scanner, rayos, inteligencia artificial, quirófanos, …) cuyo costoso y delicado mantenimiento solo puede estar a cargo de sus propios especialistas. El caso de los fármacos es parecido, los grandes laboratorios comercializan miles de marcas y patentes ofreciéndoles a los médicos (a los que no dudan en recompensar) si aconsejan a sus pacientes o en sus servicios que consuman un determinado producto.

El futuro de sector sanitario -nos dicen-, como el de la energía o el ocio o la comunicación, reside en dos paradigmas: la colaboración público-privada y la inversión tecnológica.  Es decir, el dinero público que proviene de nuestras rentas del trabajo o impuestos, se transfiere al Capital privado para que éste lo utilice para aumentar sus beneficios y de paso hacer mucha publicidad sobre las bondades de las nuevas tecnologías y de la colaboración del Estado con el Capital.

Todas nuestras críticas no se deben confundir con una oposición a esas nuevas tecnologías, ni muchísimo menos a todas las colaboraciones necesarias en las investigaciones para seguir avanzando en la lucha contra la covid-19 u otro tipo de enfermedades. Vacunas y tecnologías son necesarias pero debe regularse la colaboración entre las empresas y el sector público para que esto no se convierta en la ley de la selva donde lo que priman son los intereses privados y no el bien público. Pues en última instancia ¿qué es la salud? ¿qué son los servicios públicos de salud? Nada más y nada menos que conquistas y derechos que no se pueden perder. Ni se pueden poner permanentemente a subasta como si se tratara de un cuadro. Los servicios de salud son un valor social que no deberían estar sometidos en ningún caso a las inclemencias del capitalismo, a la especulación, o al ventajismo de una tragedia mundial como la que estamos viviendo desde hace meses.

4.-  Cuatro propuestas a debate

Más que un detallado programa alternativo a esta situación, me gustaría introducir cuatro puntos muy breves para la reflexión:

  1.  Ante la inmensa gravedad de la pandemia, los organismos e instituciones internacionales y los Estados nacionales deberían llegar a un acuerdo para la fabricación, comercialización, transporte y distribución de todas las vacunas. Es imprescindible que todas las vacunas lleguen por igual a todas las poblaciones del mundo (ricos y pobres) en el menor tiempo posible. Se debe actuar como en tiempos de guerra. Hoy es inaudito que cuatro empresas controlen la propiedad y las patentes de las vacunas contra la covid-19.
  2. Dominio 100% público de los medios y recursos sanitarios que son del Estado. Las organizaciones políticas, sociales y sindicales deberían comprometerse a iniciar un proceso conjunto de reversión del patrimonio público en manos privadas. Hoy el 60% de los presupuestos de la Comunidad de Madrid están destinados a la sanidad, de ese porcentaje cerca del 20% se va a la privada (sin contar los gastos de farmacia). Es necesario trabajar hacia un plan de transferencias cero de lo público a lo privado. De esa manera se podrá utilizar el presupuesto público para recursos humanos en atención primaria y especializada que es lo más urgente y lo que verdaderamente se necesita.
  3.  Establecimiento de protocolos claros sobre el uso de nuevas tecnologías médicas, en particular las que se quieran aplicar en sustitución de la atención directa del profesional con el enfermo. Ninguna llamada telefónica (y mucho menos de una empresa privada) puede reemplazar el contacto humano que tradicionalmente se da en la atención primaria.
  4. Estas reflexiones no pasarán de la pantalla de un ordenador si no conseguimos que la sociedad en su conjunto se involucre, como otras tantas veces, en la defensa de la sanidad pública y universal. Nuestros valores basados en la solidaridad y la cooperación no sirven de nada si la gente no se moviliza y participa. En ese sentido es fundamental que las trabajadoras y trabajadores sanitarios se pongan delante de esta lucha. Es en beneficio suyo y de toda la sociedad. En estos tiempos la historia ha querido que la lucha por la salud pública ocupe un papel estelar. Miles y miles de profesionales de la salud están haciendo un esfuerzo enorme por mantener en pie el sistema público. La unidad de acción entre estos profesionales y el conjunto de la población es el camino para defender una sanidad pública, universal y de calidad.

15/01/2021

Por Jesús Jaén

16 enero 2021

Jesús Jaén es miembro del Movimiento Asambleario de las Trabajadoras/es de la Sanidad (MATS)

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