Luz verde en Estados Unidos para un plan de estímulo de 1,9 billones de dólares

El rescate para contrarrestar los efectos de la pandemia fue impulsado por presidente Joe Biden

El senado estadounidense aprobó un plan de rescate para reactivar la economía, estimular la producción de vacunas y facilitarla reapertura de escuelas. El plan de estímulo volverá la Cámara de Representantes, donde ya fue votado y el presidente cuenta con una sólida mayoría, para aprobar las modificaciones que introdujo el Senado. Se espera que la aprobación final llegue la próxima semana.

 

El senado estadounidense aprobó un plan de estímulo de 1.9 billones de dólares para reactivar la economía de uno de los países más fuertemente azotados por la pandemia de coronavirus. El presidente, Joe Biden impulsó el proyecto que la próxima semana pasará a la Cámara de Representantes. "El 85 por ciento de los hogares estadounidenses recibirán los pagos directos de 1.400 dólares por persona", aseguró Biden horas después ante la prensa. "Es absolutamente esencial para revertir la situación, hacer que los niños vuelvan a la escuela en total seguridad, ofrecer un salvavidas a las pequeñas empresas y derrotar al coronavirus", afirmó.

"Hoy puedo decir que hemos dado un paso gigante para cumplir la promesa que hice a los estadounidenses cuando llegué al poder hace 45 días, de que la ayuda estaba en camino", afirmó Biden ante la prensa en la Casa Blanca.

El plan de rescate incluye la entrega de cheques de estímulo de 1.400 dólares para millones de estadounidenses con ingresos inferiores a los 80 mil dólares anuales. Además de 350.000 millones en ayudas a los Estados y municipios, vacunas y reapertura de escuelas. El proyecto prevé destinar miles de millones para fomentar la investigación del tratamiento y diagnóstico de coronavirus y aumentar el ritmo de vacunación.

"Calculamos que este plan resultará en la creación de unos 6 millones de trabajos, aumentará nuestro PIB en un billón de dólares y pondrá a nuestro país a ganar la competición al resto del mundo, porque el resto del mundo se está moviendo, China en particular", dijo Biden sobre el plan de rescate.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, también elogió el paquete legislativo."Esta ley brindará más ayuda a más personas que cualquier cosa que haya hecho el gobierno federal en décadas", afirmó justo antes de la votación final .

El debate se prolongó durante casi 11 horas luego de que el senador republicano por el estado de Wisconsin, Ron Johnson, forzara la lectura en voz alta de las 628 páginas del proyecto de ley. Finalmente, luego de intentos por parte de los republicanos y algunos senadores demócratas de realizar enmiendas, el texto fue aprobado por 50 votos a favor y 49 en contra.

Desde la oposición del viejo gran partido criticaron el plan de estímulo al que catalogaron de “excesivamente costoso”. Además, consideraron que era muy pronto para aprobarlo porque aún están entregando los fondos del último plan de estímulo aprobado en diciembre, aunque éste finaliza en ocho días.

El ala del partido Republicano en el congreso se mantuvo en bloque. El total de los 49 votos en contra vino de ese partido. “El Congreso nunca había gastado 2 billones de dólares de manera tan inconsistente o a través de un proceso poco riguroso” sostuvo el líder de la minoría republicana y senador por el estado de Kentucky, Mitch McConnell. Los senadores republicanos intentaron ofrecer cifras menores al billonario plan de estímulo de los demócratas. La senadora republicana por el estado de Maine, Susan Collins, ofreció bajar el plan a 650.000 millones de dólares.

El proyecto ahora volverá a la Cámara de Representantes, donde fue aprobado la semana pasada, para votar las modificaciones que introdujoel Senado. En la Cámara baja, donde los demócratas cuentan conun a sólida mayoría, se estima que el paquete será aprobado rápidamente para que el presidente pueda promulgarlo antes del 14 de marzo, cuando finalizan las prestaciones por desempleo del último paquete de ayudas.. A pesar del estrecho margen de votos con el que fue aprobada la ley y al que Biden no se refirió en su discurso ante la prensa, esta es la primera victoria legislativa del presidente demócrata.

Uno de los puntos más críticos que no se pudo debatir fue el aumento al salario mínimo federal, una enmienda que propuesta por el senador demócrata Bernie Sanders. Por razones reglamentarias, la enmienda finalmente quedó eliminada. Actualmente el salario mínimo federal está en 7.25 dólares por hora y el aumento que impulsaba Sanders lo iba a llevar a 15 dólares por hora.

"La clave es que el pueblo estadounidense apoya rotundamente lo que estamos haciendo", afirmó Biden en referencia a encuestas sobre el plan de estímulo que han mostrado el respaldo de entre 60 y 70 por ciento de los ciudadanos. "Este plan nos pone en camino de derrotar el virus y dar la ayuda que necesitan a las familias que más están sufriendo", recalcó.

El plan de rescate es el tercero que aprueba el Senado de EEUU desde que comenzó la crisis por la pandemia de covid-19. El primero fue en marzo de 2020 por 2,2 billones de dólares, luego uno de 900.000 millones de dólares en diciembre de 2020 y que vence el próximo 14 de marzo.

En la actualidad unos 18 millones de estadounidenses cobran una prestación tras haber perdido su trabajo o gran parte de sus ingresos mensuales. En febrero se crearon un total de 379 mil puestos de trabajo, principalmente en bares, restaurantes y otras actividades vinculadas al ocio. También se registraron contrataciones en servicios de salud, ventas minoristas, así como en la industria manufacturera.

Mientras tanto EE.UU., el país que ha sostenido el mayor número de contagios por covid-19, registró más de 62 mil nuevos casos en las últimas 24 horas. Además, registró 2.405 muertes en la última jornada.

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8M: Por un feminismo revolucionario, que no es foto de portada sino lucha contra toda explotación

8M & Feminismo de clase 

8 Marzo el día de la Mujer trabajadora y revolucionaria

 

El 8 de marzo se conmemora a la mujer trabajadora, revolucionaria. La comunista Clara Zetkin propuso la conmemoración en la conferencia de mujeres socialistas de 1910, para homenajear la lucha de las mujeres contra la explotación capitalista. Se recuerda el asesinato, a manos del Gran Capital, de 129 obreras en huelga quemadas vivas en una fábrica textil en EEUU: los dueños de la fábrica cerraron las puertas con ellas dentro y le prendieron fuego para hacerlas arder (como medida de «disuasión» para evitar que otras obreras siguieran su ejemplo de lucha). Se conmemora la lucha por la justicia social, por los derechos de la clase trabajadora, la lucha contra el patriarcado y el capitalismo, cuyos mecanismos se articulan el uno al otro a la perfección. 


El 8 de marzo también quedó apuntalado como fecha eminentemente revolucionaria por los sucesos del 8 de marzo de 1917 en la Rusia tzarista: miles de mujeres salieron a las calles clamando por sus derechos, contra la explotación y las guerras que la burguesía imponía al pueblo: ellas detonaron la Revolución de Octubre. Tras la revolución de Octubre las mujeres conquistaron sus derechos económicos, sociales, sexuales y reproductivos: derecho al voto para todas las mujeres (no solo para las propietarias como en Gran Bretaña), derecho al divorcio, derecho al aborto, derechos plenos al estudio y trabajo, vivienda, sanidad y educación garantizadas, etc. Todos estos derechos todavía se siguen luchando en la inmensa mayoría de países capitalistas.


Las mujeres somos la parte más golpeada de la clase explotada. Somos víctimas de las guerras imperialistas, del saqueo capitalista que empobrece regiones y países enteros, de las privatizaciones y la precariedad, y además somos víctimas del machismo incesantemente promovido por los medios y toda la industria cultural del capitalismo. Porque el capitalismo se sustenta fragmentando y dividiendo a la clase explotada: por ello la industria cultural del capitalismo difunde incesantemente paradigmas de discriminación como el machismo y el racismo.
Somos las trabajadoras explotadas, estudiantes, artistas, paradas y jubiladas a quienes se nos está privando de una vida digna, en ocasiones hasta de la alimentación, la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la educación, etc. Somos privadas de condiciones de trabajo y de remuneración dignas por los capitalistas que sacan la plusvalía de nuestro trabajo. Somos las madres cuyo trabajo en el hogar no es reconocido, las que se quedan en absoluta precariedad sin pensión. Somos las mujeres migrantes empujadas a padecer las peores explotaciones: en maquilas de espanto, rociadas de veneno en el agro-industrial, abocadas a la explotación de la prostitución o a ser cosificadas y saqueadas como «vientres de alquiler». Somos las niñas violadas y forzadas a parir. Somos designadas por este sistema como la diana de las frustraciones aberrantes que este sistema causa, de la misoginia que fomenta.

Por ello el feminicidio galopa: porque los medios banalizan la tortura y toda discriminación alienante funcional al capitalismo, porque la violencia ejercida de manera estructural arrastra su odio contra nosotras. Somos vícimas del capitalismo y su barbarie, víctimas del  machismo que el mismo Capital promueve; pero también somos mujeres luchadoras y revolucionarias. El 8 de marzo no es el día de las princesas, ni de las empresarias explotadoras. Las mujeres opresoras, las Cristine Lagarde, las Thatcher, las Hillary Clinton y demás… las que se lucran de devastar selvas, de oprimir poblaciones, de esclavizar en fábricas de espanto a miles de trabajadoras, las que se lucran, también, de fomentar el machismo a través de sus medios de alienación masiva, son clase explotadora, al igual que los hombres de la clase explotadora.


Al Capital le interesa mantenernos atadas a la división sexual del trabajo, a labores de cuidado no remuneradas, a la discriminación salarial por ser mujeres. Al Capital le interesa una clase explotada pulverizada y golpeada, impedida de unidad por el machismo, el racismo, la xenofobia, el individualismo y demás alienaciones que la clase explotadora se encarga de cultivar. Frente a una realidad tan brutal, el reformismo, siempre sirviendo a impedir cuestionamientos profundos, pretende encapsular nuestra lucha y superficializarla, ocultando su carácter de clase, obviando la funcionalidad que para el capitalismo tiene el machismo.  Los reformistas, que pretenden seguir engañándonos con la cínica fábula de un supuesto e imposible “capitalismo con rostro humano”, buscan ocultar que no lograremos cambiar la cultura profundamente machista que impera en el mundo entero, a menos que nos tomemos los medios de producción y por lo tanto los de difusión y educación. En este sistema toda una artillería de sometimiento ideológico es implementada por la clase burguesa; los paradigmas de opresión son activamente martilleados desde múltiples flancos: desde las instituciones religiosas históricamente funcionales a las clases dominantes, pasando por la gran industria audiovisual, hasta los nada ‘inocuos’ videojuegos. Para contrarrestar esa alienación a gran escala, que tanto sufrimiento causa, se necesitan obviamente medidas que subviertan el actual orden social; abolir el patriarcado no será posible sin abolir el capitalismo.


Los caballos de Troya de la burguesía intentan hacer creer que las mujeres explotadoras son nuestras hermanas, cuando ellas también participan de perpetuar este sistema que devora a la naturaleza, explota a los seres humanos (a la clase trabajadora), y perpetúa al machismo, al racismo, al individualismo, comportamientos y discriminaciones fundamentales para el mantenimiento de este sistema putrefacto.


Las mujeres revolucionarias sabemos que la sociedad de clases se perpetúa sobre la violencia: esa violencia ejercida por la clase explotadora (la que posee los medios de producción) contra las mayorías explotadas y precarizadas, y sabemos también el lastre que significa el machismo para la unidad de la clase explotada. Luchamos también por un feminismo revolucionario, para poder oponerlo a la infame recuperación que el sistema está intentando hacer de la lucha feminista, con sus aberrantes Caballos de Troya y su discurso de “sororidad interclasista» (¡cómo si tuviéramos que tener «sororidad» con una capitalista explotadora, una proxeneta o una ficha del complejo militar-industrial por el mero hecho de ser mujer!).


Luchamos contra toda explotación, y nuestra lucha contra la opresión de la mujer trabajadora, la adelantamos luchando día a día contra el machismo, contra la clase burguesa, contra un orden social de explotaciones concatenadas; luchando contra la raíz que sostiene las desigualdades sociales: luchando contra un sistema que fomenta la opresión de la mujer porque necesita esta opresión como mecanismo de dominación y división de la clase explotada; luchando contra un sistema que fomenta la violencia machista a modo de control social (como pérfida válvula de escape de las frustraciones que tal sistema crea); luchando contra un sistema en el que un puñado de multimillonarios capitaliza moliendo humanidades y rebanando el planeta.


El Feminicidio galopante es parte de la barbarie de un sistema económico, político, social y cultural, el capitalista, violento en esencia y perverso en su lógica. Un sistema basado en la explotación de las y los trabajadores y en el saqueo de la naturaleza, es un sistema que necesita banalizar la explotación, la injusticia social y la tortura. 


La lucha por la emancipación de la mujer y la lucha contra el capitalismo son inseparables. Por un feminismo revolucionario, que no es foto de portada sino lucha cotidiana, que lucha contra toda explotación.

 

Por Cecilia Zamudio | 06/03/2021

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Fuentes: CTXT [Ilustración: Fake News Circus, LA BOCA DEL LOGO]

Derecho a la información veraz

La mentira es un arma de destrucción social que esclaviza a los seres humanos, pues puede hacer que actuemos en contra de nuestros intereses y que renunciemos a ser auténticamente libres

El enorme protagonismo que han tenido las mentiras en el mandato de Donald Trump (se le han contabilizado 30.573 en los cuatro años de presidencia) y su masiva circulación a través de las redes sociales pueden llevar a un error importante sobre su verdadera naturaleza, causas y propósitos.

Nos referimos a creer que las ahora llamadas fake news o posverdad son un fenómeno de nuestro tiempo, vinculado a un auge coyuntural de las posiciones políticas extremistas que antes o después desaparecerán, y algo derivado exclusivamente del uso de las nuevas plataformas digitales.

La mentira, el engaño, la difusión de información falsa, de bulos o de dudas malintencionadas son tan antiguas como la humanidad. Y no se trata tan solo de un fenómeno que sea exclusivo de la vida política sino que constituye una auténtica industria puesta al servicio de estrategias comerciales e incluso de los mecanismos más viejos que se conocen para lograr el dominio de unos seres sobre otros. La historia de la comunicación social y de los medios es la de la manipulación informativa y de la decadencia de la verdad.

La larga historia de la mentira en la comunicación social

Falsear la verdad, fabricar noticias, extender bulos y mentir en interés propio a través de los medios de comunicación social ha sido una práctica muy corriente en el último siglo y medio.

La “derrota de la razón” que con tanta brillantez y dolor describió Stefan Zweig, el ascenso del nazismo, o lo que sucedió en España a partir de 1936 no podrían entenderse sin tener presente el papel de los medios como deformadores de la verdad. 

La difusión de noticias falsas y la manipulación de la información se ha utilizado en campañas electorales, en publicidad y en estrategias comerciales, como las que durante años han tratado de ocultar los efectos mortales del tabaco o los costes reales de la sanidad privada. Más recientemente, hemos vivido auténticos procesos de intoxicación comunicativa para ayudar a propagar falsedades sobre hechos o procesos de gran trascendencia: guerra de Irak, 11-M en España, brexit o independencia de Cataluña, entre muchos otros. Por no hablar de la mentira al menudeo que se difunde día a día a través de todo tipo de medios.

Es una evidencia histórica, por tanto, que el engaño y la difusión de falsedades como parte de estrategias para tratar de conseguir determinados objetivos, bien sea de naturaleza política o comercial, no son fenómenos recientes ni casuales sino bien antiguos y deliberados.

Sin embargo, también es un hecho que la difusión de la mentira y el deterioro generalizado de la verdad se están produciendo en los últimos años de una forma más extendida y con consecuencias mucho peores que en épocas anteriores. Pero sería un error, como dijimos, creer que eso se debe solamente a que han cambiado las infraestructuras a través de las cuales fluye la información.

Mentira e ignorancia inducida en la comunicación digital

Es cierto que la proliferación de las nuevas plataformas, redes y artefactos que sirven de medios para producir, almacenar, transmitir y consumir información sin apenas dependencia del tiempo y el espacio y a mucha mayor velocidad, tienen tres efectos principales que facilitan la desinformación y la propagación de mentiras.

En primer lugar, la “balcanización” del sistema de comunicación al generarse miríadas de puntos de emisión y redifusión, periféricos, excéntricos, marginales… pero con gran capacidad de incidencia en amplias zonas o incluso en la totalidad del sistema. Esto hace que, a través de las redes y plataformas, sea más fácil y barato disponer de capacidad para difundir falsedades, bulos o dudas malintencionadas que producen ignorancia e impiden descubrir la verdad. Entre otras cosas, porque –con independencia de que se tenga algún otro tipo de interés político para llevarla cabo– la difusión de información falsa a través de las redes digitales se ha convertido en un negocio muy rentable económicamente (porque se cobra por visualizaciones o reenvíos y los sesgos cognitivos asociados al uso de la red hacen que las informaciones falsas se reenvíen un 70% más que las reales). 

En segundo lugar, la velocidad con que hay que operar en estas plataformas obliga a empaquetar la información de forma mucho más intuitiva y simplificada, con lenguaje menos analítico, más emocional, y vinculado a la experiencia personal y a la opinión que a los hechos y a su análisis objetivo. De este modo, el falseamiento de la verdad se produce más fácilmente y resulta más difícil descubrir la realidad de los hechos.

La intervención de los algoritmos refuerza el sesgo de autoconocimiento que consiste en darle más credibilidad a los datos que ratifican nuestras ideas previas

En tercer lugar, hay que tener en cuenta que los nuevos medios no proporcionan la información limpiamente, o como respuesta directa a la demanda de los receptores, sino a través de algoritmos que previamente determinan el tipo de información que mejor se ajusta a sus perfiles personales. La información que llega a los receptores no es la que se corresponde directa u objetivamente a la demanda que hayan realizado, sino la elaborada o seleccionada “a propósito” por el algoritmo para que pueda ser reconocida más fácil y rápidamente como propia o deseada y sin con la menor reflexión posible.

Así, la intervención de los algoritmos refuerza el sesgo de autoconocimiento que consiste en darle más credibilidad a los datos que ratifican nuestras ideas previas y, por tanto, dificulta que los receptores de información puedan ponerla en duda cuando es falsa. 

Para evitar este y otros sesgos semejantes asociados a la comunicación digital, es decir, para poder discernir sobre lo que es verdad o mentira en la comunicación digital de nuestro tiempo, es preciso que el consumidor de información no solo tenga acceso a ella sino que, además, conozca a la perfección la naturaleza de la infraestructura (del algoritmo) que le permite poseerla, lo que equivale a decir que se encarece la inversión necesaria para descubrir la verdad, haciendo más barato y sencillo propagar falsedades.

Ahora bien, por muy presentes que estén estas circunstancias que abaratan la difusión de la mentira y dificultan y encarecen el descubrimiento de la verdad, a pesar de la abundancia de información y de la pluralidad de fuentes a nuestra disposición, la proliferación de la mentira en nuestro tiempo tiene que ver, en mucha mayor medida, con otras dos circunstancias.

Desigualdad, concentración del poder y desinformación

La primera de ellas es el aumento sin parangón que está registrando la desigualdad en los últimos años. Un fenómeno que necesariamente va unido a la polarización y al aumento de la ya de por sí gran concentración de la propiedad y del poder de decisión no solo en los medios tradicionales de comunicación sino en las nuevas plataformas y también en la economía, las finanzas y la política.
Cuando eso ocurre, para que los de arriba puedan acumular sin descanso privilegios, renta y riqueza a costa, lógicamente, de los de abajo, es imprescindible que estos últimos no sean conscientes de lo que está sucediendo. Quienes disfrutan del poder y de los privilegios necesitan convencer al resto de la población de que no hay alternativa posible a la situación en la que se encuentran y, al mismo tiempo, han de conseguir que quienes afirmen lo contrario no dispongan de capacidad ni poder mediático suficientes para divulgar sus propuestas. Algo que solo se puede conseguir logrando que la población a quien se quiere dominar no perciba la realidad tal cual es e impidiendo que identifique correctamente la naturaleza real de los problemas que le afectan y sus intereses auténticos.

La desigualdad extraordinaria de nuestro tiempo es, al mismo tiempo, la causa y la consecuencia de que la agenda de los medios, lo que se dice en la prensa o en los programas de radio y televisión, lo que se puede hacer o decir o no en las redes… estén cada vez más controlados por un grupo cada vez más reducido de propietarios y editores que se han adueñado del poder omnímodo que permite producir y difundir como verdades las mentiras que les interesan a sus dueños.

Relativismo y debilidad de los mecanismos de contrapoder social

El último fenómeno que a nuestro juicio explica el por qué de la gran decadencia de la verdad que estamos viviendo tiene que ver con el tipo de civilización que ha generado el neoliberalismo.

En las últimas cuatro décadas se ha conseguido forjar una no-sociedad basada en el individualismo, de personas ajenas a su alteridad que viven ajenas a su condición de seres sociales, prácticamente aisladas unas de otras y que socializan, si lo hacen, en grupos virtuales, que solo les pueden proporcionar una confluencia líquida, en el sentido de Zygmunt Bauman, es decir, efímera, incierta, volátil, intangible… en la práctica, completamente irreal.

Eso, por una parte, ha permitido que crezca y se consolide en nuestras sociedades el relativismo que lleva a creer que no existe una verdad objetiva e independiente de nuestra preferencia o percepción subjetiva, que cualquier expresión tiene valor como verdad. Pareciera que el derecho a tener opinión propia se haya sustituido por el de disponer de nuestros propios hechos, de modo que nos estaría permitido definir o percibir la realidad objetiva que nos rodea a nuestro libre albedrío, ajustada a nuestra preferencia. Y, por otra, esa ceguera de la realidad objetiva impide que se puedan generar intereses comunes, resistencias de grupo, contrapoderes frente a los grupos sociales que dominan y utilizan las plataformas y los medios de comunicación social para producir la ignorancia inducida sin la que sería imposible que mantengan sus privilegios.

Estrategias frente a la desinformación y la mentira

Para terminar, hay que preguntarse qué se puede hacer para enfrentarnos a esta especie de Edad de la Mentira en la que se está convirtiendo la era digital que cabalga a lomos de los viejos productores de la desinformación que ahora disponen de más poder mediático, financiero y político que nunca. A nuestro juicio, cabe avanzar por tres grandes líneas de actuación.

La primera y sin la cual nada se podrá hacer para hacer que el respeto a la verdad prevalezca en nuestras sociedades es combatir la desigualdad, distribuir más justamente la riqueza, fortalecer la democracia e impedir que la propiedad de los medios que los seres humanos necesitamos tener a nuestro alcance para vivir en libertad se concentre en tan pocas manos como ahora.

La segunda debería encaminarse a procurar que nuestras sociedades den valor a la verdad.

Más en concreto, para poder combatir la desinformación y la mentira es imprescindible reconocer que las sociedades no pueden desarrollarse en paz y quizá ni siquiera sobrevivir tolerando la indiferencia entre lo verdadero y lo falso. Hay que entender y asumir que la mínima cohesión que precisa una sociedad libre y democrática sólo se puede conseguir compartiendo un concepto de verdad respetado generalizadamente. Y que la mentira, por el contrario, es un arma de destrucción social que esclaviza a los seres humanos, pues puede hacer que actuemos en contra de nuestros intereses y que renunciemos a ser auténticamente libres. De hecho, esta utilidad de la mentira es lo que explica que se produzca y difunda estratégica y deliberadamente a través del sistema de comunicación social, cuando unos grupos de población más poderosos tratan de dominar al resto de la población.

Se ha conseguido forjar una no-sociedad basada en el individualismo, de personas ajenas a su alteridad que viven ajenas a su condición de seres sociales

El corolario de estos principios tan elementales pero en la práctica olvidados hoy día es que la verdad, el reflejo del hecho objetivo, tiene un valor intrínseco para la sociedad, para la convivencia y el bienestar de los seres humanos, para el sostenimiento de la vida y que, por tanto, debe ser protegida con la mayor firmeza posible y con eficacia.

La tercera vía de actuación podríamos describirla como consistente en aumentar el precio, hoy día tan bajo, que se paga por mentir.

Tal y como se puede deducir de lo que venimos exponiendo, es difícil evitar la producción de mentiras y su difusión pero sí se puede exigir responsabilidad a quienes las lleven a cabo, hacerles pagar por ello y, además, mejorar las capacidades para distinguir entre lo verdadero y lo falso, utilizando cuatro grandes tipos de instrumentos.

El más importante de ellos es la educación integral y la alfabetización mediática.

No hay mejor defensa contra la mentira que la formación, el aprendizaje del pensamiento crítico y la alfabetización que permita conocer el funcionamiento de los medios y las servidumbres de las nuevas plataformas, la socialización en valores ciudadanos y el cultivo de la reflexión, del debate en condiciones de igualdad y de la duda que es, como dijo Francis Bacon, la escuela de la verdad.

Otro instrumento fundamental es el desarrollo y la utilización de herramientas contra la desinformación que permiten detectar los mensajes fraudulentos, los bots maliciosos (programas automatizados que simulan comportamientos humanos); establecer baremos de puntuación de credibilidad; seguir los flujos de desinformación; verificar la información para denunciar la falsa; elaborar listas blancas con fuentes de información confiables y otras de no verificadas o denunciables… por poner tan solo algunos ejemplos. 

El tercero, la promoción del periodismo y de los medios independientes y plurales que son los que pueden tratar y proporcionar la información sin la esclavitud que supone estar al servicio o ser propiedad de los grandes grupos mediáticos, económicos, financieros o políticos.

Finalmente, hay que tener en cuenta que el desequilibrio entre el poder de los diferentes sujetos del sistema de mediación social es tan grande que resultará imposible evitar que los más poderosos puedan producir y difundir desinformación sin que exista un poder regulador superior que, por definición, no puede ser sino el que cuente con la legitimación del sistema democrático.

Para reconocer y defender la verdad es imprescindible una regulación estricta, rigurosa, basada en el mejor conocimiento posible de cómo funciona la maquinaria de la mentira en nuestro tiempo, que facilite la persecución y sancione la falsedad sin ningún tipo de complejo, asumiendo que la verdad existe y que es imprescindible que esté protegida. Pero sin equivocarse sobre el mal que se quiere combatir ni confundir al responsable del daño que causa; es decir, sin producir más lesión a la democracia y la libertad de la que tratara de evitar, como sucede cuando se recurre a la censura o se culpabiliza a los aparatos y no a las personas que los utilizan para difundir la mentira. A quien hay que perseguir y penalizar es a quien produce desinformación y a quien, por cualquier vía, se beneficia de crearla o distribuirla.

Se trata, en fin, de respetar, por un lado, un principio elemental: los hechos son sagrados, las opiniones libres. Y, por otro lado, de algo que no se puede considerar ni muy exagerado, ni radical: simplemente, garantizar que se haga realidad un derecho reconocido en el artículo 20 de nuestra Constitución: el de “comunicar y recibir libremente información veraz”.

Por Emelina Fernández Soriano, Juan Torres López | 06/03/2021

Emelina Fernández Soriano es doctora en Comunicación Audiovisual y expresidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

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Estudio revela que Colombia importa el 30 por ciento de sus alimentos

Según Greenpeace, este es un porcentaje alarmante que afecta las redes de producción local de las que se benefician los campesinos.

 

Según la organización no gubernamental (ONG) Greenpeace, Colombia importa el 30 por ciento de los alimentos que consumen sus habitantes, lo que significa que la dependencia del país en este sector está bastante comprometida. Este dato representa que, al menos 12 millones de toneladas de alimentos son traídas del exterior, entre los que destacan los que son a base de maíz, trigo y azúcar de caña. Esta información fue revelada y sustentada por la entidad en un informe sobre comida y sostenibilidad, titulado ‘Nueva Cultura Alimentaria’, publicado este 4 de marzo.

“La dependencia alimentaria de Colombia, y especialmente Bogotá, a alimentos importados es alarmante, más aún en crisis sanitarias como la actual que ponen en primera plana a la vulnerabilidad en las cadenas de abastecimiento”, asegura Tatiana Céspedes, miembro del equipo de campañas de Greenpeace Colombia.

La ONG explica que en estos momentos, cuando el mundo ha llegado a colapsar por la pandemia del covid-19, se evidencia el problema que representa importar alimentos. Las fronteras entre países se han visto afectadas en varias oportunidades, hecho que impacta la comercialización de los productos. Además, señala que para que la comida llegue desde otros países, incluso otros continentes, debe recorrer kilómetros en transportes contaminantes que ponen en riesgo la salud.

Otro de los argumentos que expone Greenpeace, y que señala como el más fuerte para disminuir los índices e importación de comida tiene que ver con la afectación que sufre la producción local, sobre todo campesina.

Según el informe, solo en Bogotá hay más de 3.000 familias campesinas productoras de alimentos. Y, teniendo en cuenta cifras de la Encuesta de Cultura Política del Departamento Administrativo Nacional de Estadística realizada en 2019, al menos el 31,8 por ciento de la población se identifica como campesina. En el departamento del Cauca esta cifra llega casi a la mitad (48,7 por ciento), mientras que en la región Oriental es del 44.3 por ciento, en el Pacífico del 34 por ciento, en la región Central del 36.4 por ciento y en el Caribe del 32.2 por ciento.

A pesar de estos porcentajes, Greenpeace asegura que la economía de esta población no está protegida. El promedio de intermediarios por los que pasa un alimento antes de entrar a la ciudad es de tres personas o entidades, lo que significa que los productores venden muy barato su producto y los consumidores lo compran mucho más caro.

En Colombia se conocen más de 400 especies de plantas nativas comestibles y el 10 por ciento de la biodiversidad del mundo está albergada en el país. Además, solo Bogotá cuenta con más de 16.000 productores locales, pero la tasa de importación es elevada debido al fenómeno que explica la organización. Esto crea una falsa percepción de que el producto local es más costoso que desincentiva el consumo de estos alimentos.

Greenpeace asegura que, la agricultura campesina, familiar y comunitaria juega un papel fundamental en el abastecimiento alimentario de la población global, pero aún faltan medidas que la protejan y potencien. Teniendo esto en cuenta, la organización pidió al Gobierno que implemente mejores estrategias que permitan fortalecer el sector.

“El país está en mora de diseñar políticas públicas y programas específicos para impulsar este modelo de agricultura, que más allá de ser la principal fuente de producción de alimentos, contribuye a la protección de la biodiversidad agrícola, al uso sostenible de los recursos naturales, a la salvaguarda de las tradiciones culturales, a la generación de empleo y a la construcción de tejido social”, explica Céspedes.

Como una forma de contribuir a ese cambio, Greenpeace lanzó un ‘Manifiesto por una Nueva Cultura Alimentaria’, que busca renovar la manera como los ciudadanos se relacionan con los alimentos, para que entiendan que esto no está desvinculado de las personas que lo producen. La propuesta contiene ocho puntos y cada uno de ellos está relacionado a la compra de productos campesinos, el fortalecimiento del comercio local, la mitigación del impacto ecológico, la disminución de desperdicios, entre otros.

5 de Marzo de 2021

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Nicaragua: pandemia, violencia política y salida electoral

La crisis social y política nicaragüense se agudizó con la pandemia de covid-19 y sus efectos económicos. En la sociedad crecen las expectativas de resolverla de cara a las elecciones que se realizarán a fines de este año. Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen asediando a una oposición que, sin embargo, no consigue unificarse

 

En 2018 Nicaragua llamó nuevamente la atención mundial cuando una ola de protestas sociales se extendió por todo el país y se prolongó durante varios meses. Las movilizaciones eran la expresión generalizada de un profundo descontento y llevaron la contienda política hasta el más alto nivel cuando las acciones de represión gubernamental provocaron una gran cantidad de muertes, personas heridas, encarcelamientos, torturas, malos tratos y juicios arbitrarios. En aquel contexto, decenas de miles de personas huyeron hacia el exterior. El gobierno, encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, intentó aplacar las movilizaciones con acciones de violencia letal y dos rondas fallidas de negociación que se efectuaron en mayo de 2018 y febrero de 2021.

Desde entonces y hasta la actualidad, se ha instalado una política de represión gubernamental caracterizada por amplios despliegues policiales y grupos de civiles progubernamentales armados que actúan en conjunto con la policía. Además, se ejecuta una política de hostigamiento, vigilancia y agresiones a líderes y activistas políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y medios independientes, prisioneros políticos excarcelados y familiares de víctimas de la represión. Estas acciones de hostigamiento policial han llegado al punto de impedir que líderes políticos puedan salir de sus casas sin que exista de por medio una orden judicial. Sobre el resto de la ciudadanía se ha impuesto un estado de excepción de facto que ha cercenado derechos ciudadanos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa, el derecho de movilización y organización, entre otros.

Como el gobierno controla a los demás poderes estatales, entre finales de 2020 e inicios de 2021 promovió la aprobación de un conjunto de leyes que tienen como propósito criminalizar a la oposición y limitar aún más derechos ciudadanos fundamentales. Estas son la Ley de «Agentes Extranjeros», que obliga a las organizaciones sociales y personas individuales que reciben fondos del exterior a inscribirse en una oficina, además de someterse a una serie de restricciones y controles; la Ley de Ciberdelitos, que incrementa la vigilancia obligando a las compañías telefónicas a suministrar los datos de personas que el gobierno considere de interés político; la Ley de Cadena Perpetua, que implicó una reforma a la Constitución e incrementó las penas para delitos que el gobierno considera «de odio», además de llevar el periodo de detención preventiva de 48 horas a 90 días; y, finalmente, una ley que sanciona a quienes participen o lideren acciones de oposición.

Desde el inicio de las acciones represivas gubernamentales, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han elaborado informes y declaraciones para alertar sobre las graves violaciones que se están cometiendo. Otras instancias internacionales, como la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo, han emitido resoluciones en rechazo de estas violaciones y llamando al gobierno de Ortega a restablecer las libertades y derechos ciudadanos, así como a encontrar una salida negociada y pacífica a la crisis sociopolítica. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza y Reino Unido han impuestos sanciones a una veintena de funcionarios e instituciones relacionadas con el gobierno.

Las elecciones como punto de inflexión

En la medida en que la crisis se ha prolongado en el tiempo y se ha vuelto más compleja por la pandemia de covid-19 y sus efectos económicos, en la sociedad nicaragüense han crecido las expectativas de resolverla con las elecciones presidenciales previstas para finales de 2021. Pero hay otros elementos que también han alimentado esas expectativas. Uno de los más significativos es la memoria histórica y colectiva sobre las posibilidades del voto ciudadano como un instrumento de cambio político hacia rutas democráticas a partir de las lecciones de 1990.

Los altos porcentajes de participación en los procesos electorales muestran que entre la sociedad nicaragüense se instaló esa idea hasta que, en 2000, un pacto entre los caudillos políticos de las dos fuerzas políticas más importantes —Ortega, por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y Arnoldo Alemán, por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC)— dio paso a la captura del sistema electoral y trastocó la competencia electoral por las graves irregularidades y fraudes que se cometieron, especialmente desde 2011 hasta la fecha. A pesar de la falta de transparencia, credibilidad y confianza en el sistema electoral, un porcentaje importante de la ciudadanía espera que las elecciones previstas para noviembre de 2021 se conviertan en un momento de cambio y apertura democrática.

Sin embargo, los momentos y las posibilidades entre 1990 y 2021 son diferentes. Una de las características del contexto actual es que el gobierno ha instalado una política de represión y un estado de excepción para impedir que la ciudadanía ejerza derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de movilización y de organización, entre otros. Hoy, en Nicaragua, se suma una pandemia de alcance global, que ha sido tratada por el gobierno con una política sanitaria que no previene ni atiende la situación, sino que más bien promueve actividades públicas masivas y oculta los datos reales de contagios y fallecimientos; además, una grave crisis económica golpea a amplios sectores de población, pero especialmente a los más vulnerables.

En el ámbito político, la coalición electoral opositora de 1990 estuvo conformada por 14 partidos políticos de distintos signos ideológicos. Esta vez, existen dos plataformas opositoras —la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana—, que incluyen entre sus integrantes tanto a partidos políticos como a rganizaciones y movimientos sociales. Además, en todo el país existen numerosos grupos y organizaciones ciudadanas nacidas a partir de 2018 que no están vinculadas con estas plataformas. La mayoría de estos actores son emergentes y están en conflicto con los partidos políticos por la poca legitimidad y confianza que tienen entre la ciudadanía, así como por su participación en negociaciones y acuerdos excluyentes promovidos por las elites como mecanismo de gobernabilidad y viabilidad política durante las últimas tres décadas.

Actores internacionales como la OEA, la Unión Europea y diferentes gobiernos han expresado su deseo de que las elecciones se conviertan en un medio para resolver la crisis sociopolítica y que el gobierno de Ortega procure las condiciones para ello: las necesarias reformas electorales que permitan un proceso competitivo, justo y transparente, la liberación de los prisioneros políticos y el restablecimiento de las libertades ciudadanas. Pero para que las elecciones se conviertan efectivamente en el punto de inflexión hacia una transición democrática en Nicaragua, es necesario resolver aspectos críticos que involucran la voluntad política tanto del gobierno como de las distintas fuerzas de oposición para concurrir con una fórmula presidencial de consenso.

Condiciones y puntos críticos

Una de las condiciones fundamentales para las elecciones previstas en noviembre de 2021 es que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer su derecho al voto en libertad, con una competencia justa entre diferentes fuerzas políticas, en un proceso transparente en el que se respeten los resultados de las votaciones. Para eso se requieren reformas electorales de fondo que el gobierno de Ortega parece no estar dispuesto a conceder. En la actualidad, el sistema electoral está controlado por el propio mandatario, quien rompió el balance entre los poderes del Estado desde su llegada a la Presidencia en 2007. El pacto que efectuó en 2000 con Alemán le permitió conseguir ese control, modificar las reglas del juego electoral y, más adelante, cometer irregularidades y fraudes para asegurar su continuidad en la Presidencia.

Diversas organizaciones y fuerzas políticas han demandado reformas electorales para revertir ese control y, más recientemente, la Asamblea General de la OEA emitió una resolución que urge a Ortega a llevarlas a cabo antes de mayo, un plazo crítico porque marca el límite de tiempo necesario para implementarlas antes de que se inicie la campaña electoral. Ortega ha alargado el tiempo para que esas reformas, en el caso que decida efectuarlas, no modifiquen en el fondo su control sobre el sistema electoral.

El gobierno también tiene la llave para resolver otras demandas planteadas por la oposición, como la liberación de más de cien prisioneros políticos, el restablecimiento de los derechos ciudadanos y la suspensión de la política de represión impuesta hasta ahora. Sin esas condiciones, que forman parte de los acuerdos suscritos en febrero-marzo de 2019, difícilmente la ciudadanía y las mismas fuerzas políticas podrán desarrollar sus actividades proselitistas durante la campaña electoral.

Del lado de las fuerzas de oposición, uno de los puntos críticos se refiere a la conformación de una alternativa electoral amplia que aglutine a la mayoría de las organizaciones, movimientos y partidos, así como los votos de la ciudadanía. La «unidad», como la llama la población, marcha a paso lento, pero, igual que las reformas electorales, tiene plazos fatales. El camino para esa coalición amplia está cruzado por fuertes conflictos que no parecen fáciles de resolver por un falso dilema en la opinión pública entre «izquierda» y «derecha»; la selección de una fórmula presidencial de consenso entre una lista de precandidatos y los desencuentros entre los opositores alimentados por el propio gobierno.

¿Y si no hay condiciones? Los escenarios posibles

Sobre el proceso electoral y las posibilidades de abrir el camino para la transición democrática, hasta ahora se cierne un espeso nubarrón de incertidumbre. Un escenario posible es que Ortega decida abrir un espacio limitado para simular unas votaciones legítimas y obtener el reconocimiento internacional. Dependiendo de qué tanto se abra ese espacio y la fortaleza de las fuerzas de oposición democráticas para disputar los votos, es posible pensar en un cambio de gobierno y la transición hacia la democracia. En ese caso, el gobierno electo se enfrentaría a un escenario lleno de retos complejos para resolver tanto en el ámbito político como en el económico y social.

Otro escenario es que Ortega no permita las condiciones necesarias para un proceso electoral competitivo, transparente y en libertad, que se produzca un fraude y se impongan resultados contrarios a la voluntad ciudadana para asegurar su continuidad en el poder. En ese caso, las fuerzas democráticas de oposición se enfrentarán al dilema de participar o no participar en el proceso electoral, así como a una interrogante más estratégica: qué rumbo político seguir para abrir las posibilidades de la transición a pesar de la prolongación de la crisis y la permanencia de Ortega.

En ambos casos, los escenarios son complejos y nada favorables para la oposición democrática. Ortega se encuentra en su momento de legitimidad más bajo, según los últimos sondeos de opinión, y su fuerza descansa fundamentalmente en los empleados estatales, las fuerzas policiales y militares y los grupos de civiles armados favorables al gobierno. A pesar de ello, la sociedad nicaragüense ha venido experimentando cambios importantes con el entretejido de grupos y organizaciones, así como la emergencia de una red de líderes políticos en todo el país. Ese proceso lento y a veces silencioso —cruzado por tensiones que muchas veces se dirimen en espacios públicos como las redes sociales, lo que provoca una percepción de polarización— está cambiando la cultura y las prácticas políticas. Los intentos del gobierno para frenar ese proceso vigilando, persiguiendo e incluso encarcelando a ciudadanos y líderes políticos han sido inútiles. El potencial político de estos esfuerzos es enorme no solo para las elecciones que se avecinan, sino también para recuperar la democracia. A la larga, constituye un valioso capital político que quedará instalado para el futuro.

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El viaje de Francisco a Irak: una jugada estratégica de alto riesgo

El viaje internacional número treinta y tres de Francisco que lo llevará hasta Irak pocos días antes de celebrar el octavo aniversario de su pontificado cumple múltiples objetivos, todos ellos enmarcados en la estrategia político religiosa de la máxima autoridad del catolicismo. Con su visita al país árabe Jorge Bergoglio le da continuidad a uno de los propósitos reiteradamente explicitados desde que asumió su responsabilidad como pontífice: contribuir con su mensaje, su presencia y hasta su testimonio personal a promover la paz aún en las situaciones más conflictivas. Por eso Francisco decidió en este caso no atender las recomendaciones de muchos de sus asesores que le aconsejaron no viajar a Irak porque el periplo representa un grave riesgo para su propia seguridad personal.

El viaje ya había sufrido una postergación por la pandemia. Ahora, pese a las advertencias sobre los peligros que entraña, pesó por encima de todo la convicción del Papa de que su presencia es importante en esa zona del mundo para dar su testimonio a favor de la paz y el diálogo entre las religiones.

También la situación de las minorías cristianas permanentemente acosadas en Irak acrecentaron las motivaciones de Francisco para emprender esta nueva peregrinación, como él mismo la denomina. El Papa quiso de esta manera expresar su solidaridad y acompañamiento a los cristianos perseguidos en aquel país por grupos islámicos radicalizados. Si bien los yihadistas atacaron mayoritariamente a los musulmanes, para comprender la dimensión del problema cristiano es necesario anotar que antes de la invasión estadounidense en 2003, la comunidad cristiana estaba formada por 1,2 millones personas. De ese total actualmente solo quedan aproximadamente trescientos mil cristianos, y la mayoría de esas comunidades han sufrido desplazamientos internos hacia la región autónoma del Kurdistán.

A las consideraciones anteriores hay que sumar además que dentro de los objetivos estratégicos de su pontificado Francisco apunta con firmeza al acercamiento entre las grandes religiones monoteístas y, en particular a la aproximación con el islamismo, convencido como está de que en un mundo atravesado por conflictos entrelazados y concatenados, las comunidades religiosas mayoritarias tienen que actuar de manera mancomunada para colaborar a la paz universal.

Hace poco más de dos años el Papa fue de visita a los Emiratos Árabes Unidos y firmó allí con el Imán Al-Azhar un importante documento "Sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia" donde ese propósito quedó plenamente de manifiesto.

Ahora, en el marco de la visita a Irak, el Papa se reunirá con la máxima autoridad chiíta, el gran ayatolá Alí al Sistani. En el mismo registro de la búsqueda de aproximación entre las grandes tradiciones religiosas históricas se inscribe la simbólica visita que Francisco hará ahora a la llanura de Ur, la tierra del profeta Abraham, padre de las tres religiones monoteístas.

Ampliando la mirada hacia el escenario mundial, no debería perderse de vista tampoco que el viaje de Francisco se produce poco tiempo después de la asunción de Joe Biden en la Casa Blanca, alguien con quien Bergoglio tiene mayor sintonía que con su antecesor. Francisco alimenta la esperanza de que la gestión del nuevo presidente estadounidense produzca cambios positivos en el conflictivo escenario mundial. Esto a pesar de que las señales que siguen llegando desde Washington no parecen modificar en mayor medida la política internacional belicista de los Estados Unidos.

Por ese motivo el mensaje a favor de la paz y en contra del belicismo como solución a las diferencias, también lleva como destino al principal habitante de la Casa Blanca.

Con su presencia en Irak el Papa quiere reforzar su advertencia sobre la gravedad de los conflictos que atraviesan a la humanidad y dar testimonio de su compromiso en favor de la paz, aún desoyendo las advertencias que alertan sobre el riesgo de su seguridad personal.

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Miércoles sangriento en Myanmar: al menos 38 muertos en protestas contra el golpe

En Myanmar las movilizaciones contra el golpe militar continúan firmes a pesar de que aumenta la represión. El último domingo fueron asesinadas por la Policía 18 personas y este miércoles se convirtió en el día más sangriento con al menos 38 manifestantes muertos.

 

El dato fue confirmado por la enviada especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Myanmar, Christine Schraner Burgener, quién señaló en conferencia de prensa que: "Hoy [3 de marzo] fue el día más sangriento desde que ocurrió el golpe el 1° de febrero, solo hoy 38 personas murieron; más de 50 personas murieron desde que comenzó el golpe".

Desde el 1 de febrero, Myanmar (ex Birmania) se ha enfrentado a un golpe militar orquestado por Min Aung Hlaing, el jefe de las fuerzas armadas birmanas. A lo largo del mes de febrero hemos visto el auge y desarrollo de un amplio proceso de manifestaciones de millones de personas que se opusieron al golpe donde la clase obrera está teniendo un rol protagónico.

Sin embargo, las fuerzas armadas golpistas han iniciado en las últimas semanas una represión cada vez más fuerte contra este movimiento. El 9 de febrero, Mya Thwate Thwate Khaing, de solo 20 años, fue la primera víctima de esta represión. Luego, el 20 de febrero se registraron 3 muertes por esta represión. Y fue este fin de semana, 28 de febrero, cuando se dio un nuevo paso. Las fuerzas armadas birmanas mataron a tiros a 18 personas que se manifestaban, según el último informe de la ONU sobre las protestas de este fin de semana.

Tras los sangrientos ataques del domingo, la cúpula militar anunció que se había ordenado a las fuerzas represivas que no usaran balas de plomo durante las manifestaciones. Sin embargo, los ataques de parte de la Policía y el cuerpo antidisturbios se incrementaron a lo largo de esta semana, convirtiendo este miércoles en el día más sangriento y desmintiendo que las medidas sobre el uso de armas de fuego con munición de plomo.

Los soldados ya no dudan en utilizar métodos letales disparando munición real contra la multitud en un intento de sofocar el movimiento nacional.

Esta reciente escalada de violencia revela el hecho de que la junta militar es incapaz de hacer frente a la magnitud de la protesta. Frente a la violencia represiva de las fuerzas armadas, el movimiento bien podría dar un giro como expresa un manifestante al diario Le Figaro: “Esperábamos una respuesta internacional, pero ahora ya no nos detendremos. Las manifestaciones ya no serán pacíficas, porque ya hemos perdido demasiadas vidas inocentes ”.

Ya este martes, en las calles de Kalay, los manifestantes tomaron represalias contra la Policía que intentaba hacer retroceder la manifestación. Según los informes, al menos 13 personas resultaron heridas, 7 de ellas por bala, 3 de ellos se encuentran en estado crítico y actualmente se encuentran hospitalizados y dos murieron. El periódico Bangkok Post informó que este miércoles 9 personas murieron por herida de bala en distintas ciudades del país.

Según el grupo de seguimiento de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP), más de 1.200 personas han sido detenidas desde el golpe, y unas 900 siguen tras las rejas o enfrentando cargos. Pero la cifra real es probablemente mucho mayor: los medios estatales informaron que solo el domingo más de 1.300 personas fueron arrestadas, informó el Bangkok Post.

Aunque la represión es brutal, la resistencia está a la altura de las circunstancias. Desde comenzado el golpe hay huelgas sistemáticas, movilizaciones cotidianas cada vez más preparadas para combatir a las fuerzas represivas. Podemos verlo en imágenes de barricadas hechas con muebles, o el bloqueo del tránsito con vehículos, además de la utilización de cascos, escudos, palos y bombas molotov que han hecho retroceder en varios combates al ejército.

Ante esta represión y el golpe militar, el pueblo de Myanmar no puede contar con la líder Aung San Suu Kyi, cuyo partido la Liga Nacional por la Democracia, sólo ha precarizado a la clase obrera de Myanmar y manteniendo compromisos con los militares durante sus años de Gobierno. Tampoco pueden confiar en la intervención de países como Estados Unidos, que solo se preocupa por preservar sus intereses imperialistas en la región. Los trabajadores y jóvenes de Myanmar solo podrán confiar en su propia fuerza y ​​la solidaridad de la clase trabajadora y la juventud a nivel internacional para hacer caer al golpe.

Miércoles 3 de marzo | 11:04

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Jueves, 04 Marzo 2021 05:17

Millonarios en Marte

Millonarios en Marte

Con la llegada de la misión especial Perseverance a Marte se cumple otro capítulo más del viejo sueño de la humanidad de salir de nuestro planeta natal, aunque, al paso que vamos, más raro aun que salir sería que nos dejaran volver a entrar. Por lo general, la historia de las exploraciones se divide en dos tipos: los viajes de quienes buscan algo y los viajes de quienes huyen de algo, aunque muchas veces se confunden móviles y términos, con lo que no es descabellado suponer que Colón cruzara el Atlántico escapando de los acreedores del mismo modo que yo volé a Manchester no tanto por seguirle la pista a Anthony Burgess como por dejar atrás Madrid en agosto.

La aventura espacial ha llegado a un punto en que nuestra curiosidad por descubrir nuevos mundos se solapa con la necesidad de buscar un refugio donde largarnos antes de que los océanos se cubran de plástico, los cielos de mugre y la superficie terrestre adquiera en su totalidad las dimensiones de un vertedero cósmico, que es para lo que va quedando. Hay un poema muy hermoso de Kavafis -La ciudad- que nos enseña la inutilidad esencial de cualquier mudanza, porque seguiremos siendo nosotros mismos donde sea que vayamos, en Madrid, en Manchester o en Marte. El poema viene a decir que cambiar de lugar de residencia intentando cambiar de vida es inútil, porque cargamos con nuestra vida a cuestas como las tortugas llevan caparazón o como Pablo Casado la sede del PP a la espalda, cuya peste va a perseguirlo cual baba de caracol según termine de montar el despacho.

Nos encanta la mierda, es un hecho, no hay más que ver los libros que triunfan, las películas que arrasan en taquilla, los desfiles de moda y la música que suena en las emisoras del radio. Eso por no hablar de programas de televisión, partidos políticos o deportes de equipo, si es que hay alguna diferencia. El planeta se está volviendo inhabitable, igual que una de esas mansiones maravillosas cuando las compra un multimillonario hortera en una subasta y, en cuestión de unos meses, un par de reformas, un montón de muebles caros, candelabros a lo Lovecraft, lámparas de ciencia-ficción, figuritas de Lladró y pinturas modernas, salen clavadas al multimillonario.

Tal vez por eso mismo los multimillonarios han decidido lanzarse de cabeza la carrera espacial y liderar una serie de proyectos con el fin de fabricarse un Shangri-La privado en el primer asteroide que hallen a mano. Jeff Bezos es una de las grandes fortunas actuales merced a su revolucionario concepto de suprimir los tiempos muertos dedicados a las funciones corporales. Oírle hablar de odiseas por el sistema solar y de abaratar costes en cohetes reutilizables da mucha tranquilidad cuando uno piensa que su gran contribución a la economía consiste en que sus operarios utilicen pañales o meen directamente en un bote.

Mientras tanto, Elon Musk aboga por alargar la jornada laboral hasta 80 horas y alaba el golpe de Estado contra Evo Morales para no perder comba con el litio, asegurando, en primera persona del plural, que ellos pueden derrocar a quien les dé la puta gana. Como dice mi amigo Angelo Fasce, si Elon Musk hubiera nacido en Rumanía, estaría asaltando chalets a las afueras de Lyon; si hubiera nacido en Bolivia, sería linchado por robar vicuñas; si hubiera nacido en China, sería el jefe de propaganda del Partido; si hubiera nacido en España, tendría un bar de tapas.

Sobrecoge la perspectiva de un futuro en Marte trabajando como esclavos de luna a luna a las órdenes de este par de negreros en un almacén inmenso, un polígono a la sombra del Monte Olimpo, preparando paquetes a domicilio y orinando directamente en una escafandra. Darwin ya advirtió que no sobreviven los mejores sino los más aptos (que suelen ser los más canallas) y Fran Lebowitz abogaba por extinguirse tranquilamente entre las ruinas de la civilización antes que tener que aburrirse el resto de sus días en una tertulia de magnates. Sospecho que el infierno debe de ser algo muy parecido a una partida de cartas con Jeff Bezos y Elon Musk orbitando en un satélite. No hay más que ver la secuencia apocalíptica de Teléfono rojo, tras la traca final de hongos atómicos: la idea de que la élite destinada a sobrevivir en una red subterránea de refugios nucleares esté formada por presidentes, ministros, generales, millonarios y modelos despampanantes para perpetuar la raza. Al fondo, un deshecho de tienta del Tercer Reich haciendo el saludo hitleriano por reflejo, como un robot defectuoso o un cliente de Casa Pepe.

Por David Torres

marzo 4, 2021

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La pandemia desde América Latina Nueve tesis para un balance provisorio

El balance, aún provisorio, de lo ocurrido en América Latina en tiempos de covid-19 deja un gusto amargo y una sensación ambivalente. La pandemia colocó en el centro cuestiones antes periféricas, pero las reacciones son todavía débiles para enfrentar la necesidad de cambios profundos derivada de la crisis socioecológica. Si no quiere ser hablada desde el Norte, América Latina debe ser parte de las grandes discusiones globales.

 

2020 no será un año para el olvido. Disruptivo y devastador como pocos, deja enormes heridas sin restañar en nuestros cuerpos, en nuestras subjetividades y memorias. Y aunque algunos esperan un 2021 más tranquilizador, nadie puede en rigor asegurar que lo que se abrió en este inicio de década con la pandemia de covid-19 vaya a cerrarse con una o más vacunas milagrosas. La dinámica desencadenada nos advierte sobre los contornos de una configuración civilizatoria cuyas características globales, regionales y nacionales todavía no están del todo definidas, pero cuyos ejes y puntos de referencia pueden vislumbrarse. Sobre algunos de ellos me gustaría reflexionar en este artículo, dividido en nueve «tesis».

  1. La pandemia colocó en el centro aquello que estaba en la periferia: visibilizó el vínculo entre desigualdades sociales y dueñidad, así como la relación entre zoonosis, pandemia y crisis socioecológica.

La pandemia de covid-19 colocó en el centro de la escena problemáticas que antes estaban en la periferia, minimizadas o invisibilizadas. Por un lado, puso al desnudo las desigualdades sociales, económicas, étnicas y regionales y los altos niveles de concentración de la riqueza, haciéndolos más insoportables que nunca. Tras varias décadas de neoliberalismo, evidenció el retroceso de los servicios básicos, en relación no solo con la salud sino también con la educación (la brecha digital), en el acceso a la vivienda y la degradación del hábitat. La diseminación del virus mostró el fracaso de un modelo de globalización neoliberal consolidado en los últimos 30 años al calor de la Organización Mundial del Comercio (omc), lo cual no quiere decir que el neoliberalismo esté muerto o agónico; lejos de ello. La crisis desatada por la pandemia exacerbó las desigualdades extremas en todos los niveles. A escala latinoamericana, según un informe de Oxfam, las elites económicas y los superricos ampliaron su patrimonio en 48.200 millones de dólares, 17% más que antes de la aparición del covid- 19, mientras que la recesión económica provocaría que 52 millones de personas caigan en la pobreza y más de 40 millones pierdan sus empleos, impulsando un retroceso de 15 años para la región1. El virus mostró hasta qué punto estamos frente a un mundo de dueños, pues como sostenía la antropóloga Rita Segato ya antes de la pandemia, la palabra desigualdad no alcanza para graficar tamaña obscenidad: «Este es un mundo marcado por la dueñidad o el señorío»2.

En segundo lugar, la pandemia visibilizó el vínculo estrecho entre crisis socioecológica, modelos de maldesarrollo y salud humana. Hasta marzo de 2020, el término «zoonosis» no formaba parte de nuestro lenguaje y quizá para algunos todavía sea un concepto algo técnico o lejano, pero es la clave para entender el detrás de escena de la pandemia. Detrás del covid-19 se halla la problemática de la deforestación, esto es, la destrucción de ecosistemas que expulsa a animales silvestres de sus entornos naturales y libera virus zoonóticos que estuvieron aislados durante milenios, poniéndolos en contacto con otros animales y humanos en entornos urbanizados y posibilitando así el salto interespecie. Claro que el covid-19 no es el primer virus zoonótico que conocemos; ya hubo otros, incluso más letales (el ébola, el sars, la gripe porcina y aviar, el hiv)3. Y aunque el virus se manifestó primero en China, esto podría haber sucedido en cualquier otra región del planeta, porque lo que está en su base es un modelo productivo global enfocado en la alta productividad y en la maximización del beneficio económico, construido por las grandes firmas corporativas, que se acompaña con una degradación de todos los ecosistemas: expansión de monocultivos que conllevan la aniquilación de la biodiversidad, sobreexplotación de bienes naturales, contaminación por fertilizantes y pesticidas, desmonte y deforestación; acaparamiento de tierras, expansión de modelos alimentarios basados en la cría de animales a gran escala, entre otros.

Así, el elemento revelador es que el avance del capitalismo sobre los territorios tiene la capacidad de liberar una gran cantidad de virus zoonóticos, altamente contagiosos, que mutan con rapidez y para los cuales no tenemos cura. En suma, la pandemia mostró hasta qué punto hablar de «Antropoceno» o «Capitaloceno» no es solo una cuestión de cambio climático y calentamiento global, sino también de globalización y modelos de maldesarrollo. Resaltan así otros aspectos de la emergencia climática, no vinculados exclusivamente con el incremento en el uso de combustibles fósiles, sino también con los cambios en el uso de la tierra, la deforestación y la expansión de la ganadería intensiva, todas ellas fuentes de potenciales pandemias.

  1. Las metáforas y conceptos que fuimos utilizando para tratar de captar y analizar la pandemia deben ser entendidos en un sentido dinámico. Hemos pasado de la metáfora del «portal» a la del «colapso», conservando en el centro del lenguaje político la metáfora bélica.

La activación del freno de emergencia como producto de la crítica situación sanitaria generó una crisis extraordinaria, de enormes consecuencias sociales, económicas y políticas. Desde el comienzo, la metáfora bélica, esto es, la alusión a la guerra contra el virus, recorrió el lenguaje político hegemónico. Desde mi perspectiva, su uso tiende a concentrarse en el síntoma y a desdibujar y ocultar las causas estructurales, más allá de que apunta a lograr la cohesión social frente al daño, de cara a un enemigo «invisible» y «desconocido». No voy a abundar en esto, pero vale la pena poner de relieve la persistencia de esta metáfora, pese a la información que circula sobre las causas de la pandemia4.

En realidad, me interesa volver sobre otras dos metáforas utilizadas: la del portal y la del colapso. Efectivamente, la crisis extraordinaria producida por el covid-19 abrió a demandas ambivalentes y contradictorias entre sí. Por un lado, demandas de transformación, de solidaridad y de cambio; por otro, demandas de orden y de retorno a la «normalidad». Así, la crisis extraordinaria nos instaló en un «portal», entendido como un umbral de pasaje, que produjo la desnaturalización de aquello que teníamos naturalizado. Como subrayó la poeta india Arundhati Roy en un notable artículo, nos invade el sentimiento de que dejamos un mundo atrás, la sensación de abrirnos a un mundo otro, diferente e incierto5. Pero la metáfora del portal también aludía a una encrucijada: o bien la crisis abría a la posibilidad de abordar todos aquellos debates civilizatorios que hasta ayer estaban en la periferia, tales como la dueñidad y la crisis socioecológica; o bien la humanidad consolidaba la ruta del capitalismo del caos, acelerando el colapso sistémico, con más autoritarismo, más xenofobia, más desigualdades, más devastación ecológica. 

En suma, la metáfora del portal no tenía nada que ver con la posibilidad de un mundo reseteado, tarea imposible y descabellada. Más bien conllevaba una doble dimensión, pues si bien en un primer momento abría a un proceso de liberación cognitiva, que impulsaba la necesidad de concebir transformaciones mayores (la crisis como una oportunidad), también nos advertía sobre el peligro de clausura cognitiva, a través del repliegue insolidario y el afianzamiento de las desigualdades. Como recordaba la periodista y escritora Naomi Klein, la crisis podía ser una nueva oportunidad para repetir la fórmula del capitalismo del desastre o la «doctrina del shock», que define como

la estrategia política de utilizar las crisis a gran escala para impulsar políticas que sistemáticamente profundizan la desigualdad, enriquecen a las elites y debilitan a todos los demás. En momentos de crisis, la gente tiende a centrarse en las emergencias diarias de sobrevivir a esa crisis, sea cual fuere, y tiende a confiar demasiado en quienes están en el poder.6

A nueve meses de declarada la pandemia, la sugestiva y potente metáfora del portal cayó en desuso y lo que se vislumbra bajo el nombre de «nueva normalidad» se parece más a un empeoramiento y exacerbación de las condiciones existentes –sociales y ecológicas–, algo que la figura del «colapso» sintetiza de un modo a la vez unívoco y pluridimensional. El colapso no es solo ecológico, como vienen anunciando tantos estudios científicos sobre la emergencia climática, sino también sistémico y global. Su tránsito involucraría diferentes niveles (ecológico, económico, social, político), así como distintos grados (no tiene por qué ser total) y diferencias geopolíticas, regionales, sociales y étnicas (no todos sufrirán el colapso de la misma manera)7. En fin, el ingreso en la era del colapso alienta diferentes visiones: en lo empírico, estamos ante la proliferación de imágenes catastrofistas y distópicas sobre el futuro, muchas de ellas desprovistas de un lenguaje político (o abiertamente antipolíticas), que aluden a la extinción y al caos; por otro lado, en cuanto a lo teórico y ensayístico, pareciera dar lugar a una nueva disciplina científica, hoy en ciernes, la «colapsología», creada por los franceses Pablo Servigne y Raphaël Stevens, que apunta a reflexionar sobre el finde un mundo, este que conocemos, y propone discutir elementos y políticas para poner en marcha para atravesarlo «lo más humanamente posible»8.

  1. La pandemia puso en cuestión el multilateralismo y los liderazgos mundiales por la vía del repliegue a las agendas nacionales, frente a la escasez de estrategias cooperativas e internacionalistas.

Desde marzo de 2020, suele afirmarse que asistimos a un retorno o relegitimación de un Estado fuerte. Sin embargo, el retorno de los Estados es también expresión de un repliegue hacia las agendas nacionales. En el marco de la pandemia, cada país ha venido haciendo su juego, mostrando con ello la variabilidad de las estrategias sanitarias y políticas disponibles. A escala nacional, el repliegue ilustró una conjunción paradójica, que combina el decisionismo hipermoderno (la concentración de las decisiones en el Poder Ejecutivo y la ampliación del control sobre la ciudadanía de la mano de las tecnologías digitales) con un fuerte proceso de fragmentación local (el cierre de las ciudades, provincias y Estados, a la manera del modelo de las aldeas medievales).

No hubo respuestas globales ante la emergencia de la pandemia sino una mayor fragmentación y escasa cooperación a escala internacional, algo que afectó incluso a la Unión Europea, acentuando –al decir de muchos– la pérdida de confianza en la integración. De la mano de Donald Trump, Estados Unidos renunció al rol de líder mundial sin que esto significara una mejor gestión de la pandemia en el ámbito nacional. Hacia afuera, esto se expresó en un incremento de la tensión geopolítica con China, así como con organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (oms); hacia adentro, en el enfrentamiento de Trump con los gobernadores de los diferentes estados. Por su parte, al inicio de la pandemia, China realizó una serie de vuelos para asistir sanitariamente a diferentes países (entre ellos, varios latinoamericanos). Hacia adentro, casi todos los países del globo sufrieron procesos de militarización que repercutieron muy especialmente sobre las poblaciones más vulnerables, en particular en América Latina (donde los controles son menos de orden digital y mucho más de orden físico y territorial); esto tuvo su agravante en algunos países emergentes (como la India), e incluso en eeuu se expresó, puertas adentro, en la centralidad que cobró el racismo como estructura de dominación de larga duración. 

Por último, en esta enumeración incompleta, pese a que se habló mucho del regreso de un Estado fuerte y se subrayaron tempranamente sus ambivalencias (el Estado de excepción que coexiste con el Estado social), hubo escasa reflexión teórica y política sobre la posibilidad de su transformación para enfrentar la crisis económica y social, visto y considerando los límites que impone su evidente colonización por parte de las elites (la dueñidad). 

La pandemia acentuó la competencia nacionalista en el marco del desorden global. Un reflejo de ello es la carrera por lograr una vacuna eficaz, pero también la carrera por agenciarse esas mismas vacunas. En los últimos meses, los países más ricos buscaron asegurarse el aprovisionamiento de las diferentes vacunas que hay en danza, comprando dosis por adelantado. Esta política de acaparamiento hace que entre 40% y 50% del suministro mundial ya esté en manos de los países más ricos, lo cual deja con menos chances a los países más pobres9. Uno de los ejemplos más escandalosos es Canadá, donde el primer ministro progresista Justin Trudeau, lejos de cualquier estrategia cooperativa, firmó contratos con siete farmacéuticas para obtener 414 millones de dosis, cinco veces más de las que se utilizarán en el país10. Mientras tanto, en diferentes países del Sur (sobre todo en América Latina), los gobiernos se desesperan por agenciarse alguna de las vacunas, frente al temido segundo brote del virus.

  1. En América Latina, los Estados apostaron a intervenir a través de políticas públicas sanitarias, económicas y sociales, pero el devenir de la pandemia puso al desnudo las limitaciones estructurales y coyunturales.

La pandemia y los horizontes que abre plantean numerosos interrogantes. A escala global, parece haber llegado la hora de repensar la globalización desde otros modelos y de sentar las bases de un Estado fuerte, eficaz y democrático, con vocación para reconstruir lo común, articulando la agenda social con la ambiental. Sin embargo, en los niveles regional y nacional, frente a los impactos económicos, la pregunta salta a la vista: ¿hasta dónde los Estados periféricos tienen las espaldas anchas para avanzar en políticas de recuperación social?

Así, en América Latina, el virus acentuó aún más las desigualdades sociales y territoriales existentes y exacerbó las fallas estructurales (el hacinamiento y falta de acceso a la salud, la insuficiencia de la estructura sanitaria, la informalidad, la brecha de género), lo que dio lugar a un cóctel potencialmente explosivo. Una vez pasada la primera ola en Europa, América Latina, con 8% de la población mundial, se convirtió en el epicentro de la pandemia, con más muertes en el mundo, al menos hasta el arribo de la segunda ola, que afectaría a los países europeos a partir de noviembre11

Casi todos los países de la región adoptaron medidas económicas y sanitarias destinadas a contener la crisis social y sanitaria. Según un reciente informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en total son 26 los programas temporales de transferencias monetarias adoptados por 18 países de la región, entre los cuales se destaca el caso de Honduras con la asistencia ofrecida a trabajadores independientes, la extensión hasta diciembre del programa de transferencias Ingreso Solidario de Colombia, el incremento en el valor y la expansión de cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia chileno y las nuevas disposiciones para la protección al empleo en Nicaragua (uno de los últimos países en implementar este tipo de respuesta)12. En Brasil, Jair Bolsonaro dejó de lado la ortodoxia e implementó una «renta básica» de 600 reales (unos 112 dólares) para unos 60 millones de personas. En el caso de Argentina, el gobierno implementó hasta diciembre de 2020 un Ingreso Familiar de Emergencia (ife) para desocupados, informales y trabajadores autónomos de las categorías más bajas, que alcanza a 7.854.316 personas; incrementó la ayuda alimentaria en comedores y lanzó algunas medidas ligadas al crédito para contener la crisis de las pymes, que son la principal fuente de trabajo en el país. También implementó un Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, destinado a pagar 50% de los sueldos de empresas (pequeñas, medianas y algunas grandes). Pero, como afirma el economista Rubén Lo Vuolo, «quienes más sufren la pandemia son las actividades declaradas como ‘no esenciales’, las pequeñas y medianas unidades productivas y la fuerza de trabajo informal y precarizada; que además, coincide con los grupos que registran mayores déficits habitacionales y menor acceso a servicios públicos básicos, incluyendo los sanitarios»13. Este diagnóstico podría extenderse a toda la región, dadas las características del mercado laboral (54% es fuerza de trabajo informal, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, oit). Si sumamos los cambios ocurridos en el mundo del trabajo, en relación con la expansión del teletrabajo así como las llamadas economías de plataformas, el panorama indicaría que la precarización ha ido en aumento. En todo caso, según el ya citado informe de Unicef, en América Latina el desempleo saltó de 5,4% en diciembre de 2019 a 13,5% en diciembre de 2020, afectando a un total de 44,1 millones de personas. En su Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé una contracción promedio de 7,7% para 2020 –la mayor en 120 años– y un rebote de 3,7% en 202114. Asimismo, considera que los impactos de la crisis económica no son de corto, sino de mediano plazo.

Por otro lado, en un contexto de fragmentación, no hubo instituciones regionales que estuvieran a la altura del desafío. En términos políticos, la crisis del covid-19 encontró a América Latina fragmentada, sin hegemonías neoliberales ni tampoco progresistas, muy distante del crecimiento económico experimentado durante el boom de los commodities. Ni la experiencia de Andrés Manuel López Obrador en México (muy desconectada del ciclo progresista anterior), ni la vuelta del peronismo en Argentina (como una suerte de progresismo de baja intensidad), ni la reciente recuperación institucional en Bolivia, con el nuevo triunfo del Movimiento al Socialismo (mas), pueden ser interpretadas sin más como el advenimiento tout court de una segunda ola progresista. Una parte importante de los progresismos están bastante agotados, luego del ciclo hegemónico extendido entre 2000 y 2015 aproximadamente, cuyo balance –desigual, según los países– todavía sigue siendo debatido en la región. A esto hay que agregar la emergencia de una extrema derecha en Brasil, lo cual dispara la reflexión sobre la existencia de corrientes sociales y políticas fuertemente autoritarias y antiderechos, que recorren otros países de la región. 

En suma, lo novedoso en América Latina es que, a la fragilidad del escenario político emergente, se agrega una triple crisis: sanitaria, económica y social. Como sostiene el título de un libro reciente, América Latina pasó de «la implosión social a la emergencia sanitaria y social post-covid»15. En ese marco, es posible que estemos ingresando en un «tiempo extraordinario», en el cual la liberación cognitiva de las multitudes mueva las placas tectónicas de la transición, pero a ciencia cierta, en un contexto post-covid 19 caracterizado por el incremento de las desigualdades y la aceleración del neoextractivismo, no sabemos hacia qué transición nos estamos dirigiendo. No solo los tiempos políticos se han acelerado, sino que además, en su vertiginosidad, el hartazgo de las sociedades amenaza con mutaciones bruscas y violentas del escenario político, a imagen y semejanza de la crisis climática actual.

  1. Aunque el covid-19 hizo que se activara el freno de emergencia, el neoextractivismo no cesó. Más aún, para los países latinoamericanos, la aceleración del extractivismo forma parte esencial de la apuesta por la reactivación económica y la llamada «nueva normalidad».

Durante 2020, no pocos celebraron que la paralización de diferentes actividades económicas se tradujera en una reducción de 7% de la emisión de gases de efecto invernadero. Como aquellos animales que salieron de sus nichos y se atrevieron a recorrer las ciudades en época de confinamiento, sabemos que el fenómeno, por no buscado, es sencillamente pasajero; apenas un efecto colateral de corto alcance. Por otra parte, el freno de emergencia activado fue relativo. Así, por ejemplo, el extractivismo no se detuvo; todo lo contrario. En América Latina, pese a la importancia cada vez mayor de los conflictos socioambientales y la amplitud de las problemáticas que estos incluyen, las políticas públicas de los diferentes gobiernos no apuntaron a fortalecer las demandas ambientales. No pocas de las actividades extractivas fueron declaradas esenciales (como la minería), avanzaron el desmonte y la deforestación, y con ello también los incendios. Durante la pandemia continuaron los asesinatos de activistas ambientales, reafirmando con ello que América Latina –particularmente países como Colombia, Brasil y México– sigue siendo la zona más peligrosa del mundo para los defensores del ambiente.

 La política neoextractivista continúa desbordando cualquier grieta ideológica. Así, el «lobby del fuego» desató su furia más que nunca. Por ejemplo, el Pantanal brasileño, el humedal continental más grande del planeta, que cubre gran parte de los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, registró 16.000 incendios en 2020, que se convirtió en el año más castigado por el fuego según datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe)16. Durante 2020, Argentina ocupó el segundo lugar a escala global por la cantidad de focos de incendios que afectaron a humedales y bosques nativos, detrás de los cuales se encuentran los lobbies sojero, minero y de los grandes agentes inmobiliarios (urbanizaciones privadas). Los incendios afectaron 14 provincias y arrasaron más de un millón de hectáreas17. Asimismo, pese a la caída de la demanda de combustibles fósiles (que hizo que en algún momento su precio fuera negativo), en países como Argentina continuaron los subsidios a las empresas petroleras. El colmo fue la aprobación del impuesto a las grandes fortunas –una medida que costó instalar frente a la oposición cerril de la derecha–, que se suponía iría a paliar exclusivamente los males de la pandemia. Sin embargo, el proyecto aprobado destina nada menos que 25% del monto recaudado a financiar el gas del fracking que se extrae en el megayacimiento de Vaca Muerta. 

En México, en septiembre de 2020, Víctor Toledo, uno de los grandes referentes continentales de la ecología política, tuvo que dimitir de su cargo en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Toledo es un defensor de la agroecología y de la transición ecosocial, y bajo su mandato impulsó la prohibición del glifosato y criticó el proyecto del Tren Maya, uno de los emblemas del «desarrollo» del gobierno de López Obrador, que atropella los derechos de las comunidades ancestrales. Su renuncia dejó al descubierto, una vez más, los límites del progresismo selectivo latinoamericano.

Por último, mientras en Colombia continúa la lucha contra la práctica del fracking, tanto en Ecuador como en Argentina se profundizó el embate de la minería, pese a que esta no cuenta con licencia social y que la ciudadanía movilizada busca activar dispositivos institucionales disponibles (consultas públicas en Cuenca, Ecuador; iniciativas ciudadanas en Chubut, Argentina), los cuales son negados y/o retaceados por las autoridades. Así, el avance de la minería, en alianza con los gobiernos provinciales y nacionales, en nombre de la reactivación económica, muestra la consolidación de la nefasta ecuación: «a más extractivismo, menos democracia»18

No hay que olvidar que, en las últimas décadas, los gobiernos latinoamericanos buscaron oponer lo social y lo económico a lo ambiental. Por ejemplo, los progresismos justificaron el neoextractivismo y la depredación ambiental en nombre del desarrollo y de la reducción de las desigualdades, lo cual generó una situación paradójica, a partir de la instalación de una agenda selectiva de derechos, que negaba o desestimaba las demandas socioambientales y gran parte de los reclamos indígenas por tierra y territorio. Hoy sabemos que una porción importante del crecimiento económico experimentado en América Latina durante el boom de los commodities fue capturado por los sectores más ricos de la sociedad. Datos de la revista Forbes muestran que la riqueza de los multimillonarios latinoamericanos (con fortunas superiores a 1.000 millones de dólares) creció a un ritmo de 21% anual entre 2002 y 2015, un incremento seis veces superior al del pib de la región (3,5% anual)19. En 2013-2014, según Oxfam, el 10% de las personas más ricas de la región se quedaba con 37% de los ingresos; pero si se consideraba la riqueza, estos datos ascendían de modo abrumador: el 10% más rico acumulaba 71% de la riqueza, mientras que el 1% más privilegiado se quedaba con 41%20

Todavía hoy se sigue oponiendo lo social a lo ambiental, como si hubiera una contradicción entre ambos aspectos, desestimando el hecho de que quienes más sufren los daños ambientales en nuestras latitudes son los sectores más vulnerables, porque habitan en zonas expuestas a fuentes de contaminación y carecen de los medios económicos y humanos para afrontar las consecuencias, resistir los embates del extractivismo y sobrellevar los impactos del cambio climático (inundaciones, sequías, tormentas). En suma, resulta increíble que en plena emergencia climática y atravesando una pandemia de raíz zoonótica, las elites políticas y económicas latinoamericanas continúen negando la importancia de la crisis socioambiental y el indudable lazo que existe entre la salud del planeta y la salud humana. En realidad, prevalecen la ceguera epistémica y el analfabetismo ambiental, ligados a una determinada visión del desarrollo, del crecimiento económico indefinido y del progreso, responsable de la actual situación de catástrofe ecológica. Por supuesto, hasta dónde la ceguera epistémica, combinada con intereses económicos, impide leer la realidad depende del contexto. La conclusión es que, pese a que los hechos ponen en tela de juicio la mirada desarrollista, para la mayoría de los gobiernos latinoamericanos el extractivismo continúa siendo visto como una tabla de salvación en medio de la crisis.

  1. La pandemia habilitó discusiones sobre la transición ecosocial, la reforma tributaria y diferentes formulaciones sobre el ingreso básico universal.

En la medida en que el covid-19 puso en el centro aquello que estaba en la periferia, habilitó también los debates sobre la urgencia de la transición ecosocial. Así, aquello que aparecía reservado a unos pocos especialistas y activistas radicales entró en la agenda pública. Propuestas integrales elaboradas en años anteriores fueron actualizadas al calor de la pandemia. Científicos e intelectuales de todo el mundo promovieron manifiestos y propuestas que incluían desde una agenda verde y un ingreso básico hasta la condonación de la deuda de los países más pobres. 

Sería imposible relevar las diferentes propuestas de transición ecosocial que se han difundido en estos meses. No es mi interés tampoco presentar una cartografía de ellas, por lo cual solo me concentraré en algunas. La primera, por su proyección, es aquella del Green New Deal (Nuevo Pacto Verde) promovido por el ala izquierda del Partido Demócrata de eeuu, que tiene como referentes a Bernie Sanders y a Alexandria Ocasio-Cortez y es sostenida por intelectuales como Naomi Klein21. Esta propuesta apunta a la descarbonización de la economía y a la creación de empleos verdes, para lo cual propone un Estado planificador y democrático. Durante 2020, la propuesta se tradujo en un «Plan Estímulo Verde» cuyo objetivo es recuperar la economía utilizando recursos públicos para la transición energética (energía, transporte público y viviendas verdes, salud y educación). En todo caso, como sostiene la politóloga Thea Riofrancos, una de las autoras de A Planet to Win: Why We Need a Green New Deal [Un planeta por ganar. Por qué necesitamos un Nuevo Pacto Verde]22 y de las más activas en esa plataforma, el reciente triunfo del demócrata Joe Biden abre un escenario de disputa que permite anticipar que «ha comenzado la década del Nuevo Pacto Verde».

En el plano internacional, se constituyó la Internacional Progresista, bajo el lema «Internacionalismo o extinción», lanzado entre otros por el célebre lingüista Noam Chomsky. Esta tuvo su primera cumbre virtual entre el 18 y el 20 de septiembre pasado, ocasión en la cual el ex-ministro de Economía griego Yanis Varoufakis sostuvo que «ya estamos entrando en una etapa poscapitalista», y el dilema es si su economía «será autoritaria y oligárquica o democrática y social». Ante el desastre ambiental, planteó un «acuerdo ecológico internacional» que, con un presupuesto de ocho billones de dólares anuales, podría llevar a cabo la transición de las energías fósiles hacia las energías renovables, disminuir el consumo de carne y apostar a los alimentos orgánicos. Desde su perspectiva, se trata de un reto análogo a la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, aunque no solo se trate de reconstruir sino de crear nuevas tecnologías23

Sin embargo, más allá del llamado global contra el avance de las extremas derechas y las apelaciones al poscapitalismo, la Internacional Progresista reúne a un conglomerado muy heterogéneo de figuras intelectuales y políticas: desde connotados ecologistas que promueven la transición ecosocial hasta la flor y nata del progresismo extractivista latinoamericano (Rafael Correa, Álvaro García Linera, entre otros), reconocidos por la persecución a sectores ambientalistas de su país. En razón de ello, no queda claro cuál sería el rol de la transición social-ecológica o cuál su visión sobre la articulación entre justicia social y justicia ambiental. 

Otras iniciativas, provenientes de intelectuales y reconocidas organizaciones ambientalistas –como Ecologistas en Acción, en España, o Attac Francia–, han promovido propuestas integrales que abordan la temática del decrecimiento. Por ejemplo, Attac Francia publicó, en mayo de 2020, un libro titulado Ce qui dépend de nous. Manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire [Lo que depende de nosotros. Manifiesto por una relocalización ecológica y solidaria]24, en el cual propone refundar los servicios públicos por y para el cuidado, repensar las necesidades y planificar el decrecimiento, inventando un proceso democrático de planificación ecológica para hacer sostenible nuestro sistema de producción. Eso implica decrecer para algunos sectores y crecer para otros. Antes que un ingreso básico, propone financiar un «ingreso de transición ecológica» para sostener a aquellos actores que se involucren en actividades ecológicas (agroecología, eficiencia energética, ecomovilidad, low tech, entre otros).

  1. En América Latina, desde la sociedad civil y, excepcionalmente, desde algunos partidos políticos, surgieron propuestas de llamados a la transición ecosocial, no todas ellas vinculadas a referentes ambientales.

Son varias las propuestas de transición ecosocial elaboradas desde América Latina. Entre ellas, quisiera destacar el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que me involucra de modo personal y colectivo. Se trata de una propuesta promovida por diferentes activistas, intelectuales y organizaciones sociales de países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y Chile, vinculados a las luchas ecoterritoriales del continente. 

El Pacto Ecosocial fue lanzado en junio de 2020 y tuvo diferentes inflexiones y agendas, según los países y articulaciones sociales logradas. Sus ejes son el paradigma de los cuidados, la articulación entre justicia social y justicia ecológica (ingreso básico, reforma tributaria integral y suspensión de la deuda externa); la transición socioecológica integral (energética, alimentaria y productiva) y la defensa de la democracia y la autonomía (en clave de justicia étnica y de género). Se trata de una plataforma colectiva que invita a construir imaginarios sociales, acordar un rumbo compartido de la transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades25.El pacto ecosocial dialoga con otras propuestas en danza, como el Nuevo Pacto Verde, el decrecimiento o los manifiestos de relocalización ecológica y solidaria. Pero se trata de una apuesta ecosocial, económica, intercultural, pergeñada desde el Sur, que rechaza que este continúe siendo hablado y pensado solo desde el Norte, incluso cuando se trata de propuestas de transición, que por lo general no colocan en el centro la cuestión de la deuda ecológica y, en algunas ocasiones, tampoco van más allá de la descarbonización de las sociedades. Desde el Pacto Ecosocial se afirma que los problemas de América Latina son diferentes de los del Norte, que existen fuertes asimetrías históricas y geopolíticas; que al calor de la crisis socioecológica y del aumento del metabolismo social, la deuda ecológica del Norte aumentó de modo exponencial en relación con el Sur. En esa línea, nos advierte también sobre las falsas soluciones, sobre la imposibilidad de subirnos sin más al carro de cualquier transición, si esta promueve un modelo corporativo y concentrado y no un modelo democrático y popular que asegure una transición justa para el Sur. Así, sostiene que es necesario debatir qué se entiende por transición. Por último, lejos de tratarse de una propuesta abstracta, se entronca con las luchas, con los procesos de reexistencia y los conceptos-horizontes forjados en las últimas décadas en el Sur global y en América Latina en particular, entre ellos, derechos de la naturaleza, buen vivir, justicia social y redistributiva, transición justa, paradigma del cuidado, agroecología, soberanía alimentaria, posextractivismos y autonomías, entre otros. 

Hubo también otras propuestas, entre ellas «Nuestra América Verde», un movimiento que se une al Nuevo Pacto Verde bajo la consigna «realismo científico, cooperación internacional y justicia social»26, que contiene 14 propuestas del Plan de Recuperación Económica con Justicia Social y Ambiental 2020-2030, con dos capítulos, uno internacional y otro social/ambiental. El plan postula 100% de energías limpias para 2050, junto con el compromiso de la eficiencia energética y cambios tributarios. Y aunque incluye a legisladores de partidos progresistas de Brasil, Argentina y Chile y algunos de sus firmantes están lejos de ser referentes en temas ambientales, revela la importancia que tiene en el contexto actual la generación de programas integrales ligados a la transición ecosocial.

Vale la pena agregar también que una de las pocas instituciones regionales que estuvo presente en el debate fue la Cepal, para la cual no es posible desarrollar una política de austeridad. Según este organismo, la crisis dejó en claro que la política fiscal vuelve a ser la herramienta para enfrentar choques sociales y macroeconómicos. Para ello es necesario aumentar la recaudación tributaria, mediante la eliminación de espacios de evasión y elusión tributaria que alcanzan 6,1% del pib. Asimismo, hay que consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, y extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, a la economía digital, así como correctivos, como impuestos ambientales y relacionados con la salud pública27. La propuesta de la Cepal incluyó la recomendación a los gobiernos latinoamericanos de implementar un ingreso básico universal de modo gradual, primero incluyendo a los sectores más afectados por la pandemia. La inflexión no es casual y muestra, como señalan Rubén Lo Vuolo, Daniel Raventós y Pablo Yanes, que «hoy el debate sobre la renta básica ya no es en torno de ‘experimentos’ acotados a grupos seleccionados como ‘pilotos’, sino en relación con políticas y con intervenciones de escala nacional»28.

En suma, en América Latina no son los gobiernos, sino las organizaciones, activistas e intelectuales quienes, desde la sociedad civil, habilitaron la discusión sobre programas de transición ecosocial. Para los diferentes gobiernos de la región, lo ambiental continúa siendo un saludo a la bandera, algo meramente decorativo, un adjetivo («desarrollo sustentable»), una columna más en el balance contable de las empresas, algo que se cree poder resolver con un par de soluciones tecnológicas (la razón arrogante), que no apunta por supuesto a las causas de la crisis, y que permite continuar con la fuga hacia adelante, sin cuestionar la visión hegemónica del desarrollo.

  1. La pandemia puso en la agenda el paradigma de los cuidados y develó que esta es la clave de bóveda para la construcción de una sociedad resiliente y democrática.

La pandemia mostró la necesidad de transformar la relación entre sociedad y naturaleza, de superar el paradigma dualista y antropocéntrico que concibe a la humanidad como independiente y externa a la naturaleza, concepción y vínculo que está en el origen de los modelos de maldesarrollo que hoy padecemos, e incluso de una visión instrumental y objetivista de la ciencia. No es casual, por ello, que nuestra mirada preste cada vez más atención a otros paradigmas o narrativas relacionales, que colocan en el centro la interdependencia, el cuidado, la complementariedad y la reciprocidad. En esa línea, una de las grandes contribuciones de los ecofeminismos, de los feminismos populares del Sur y de la economía feminista, junto con los pueblos originarios, es el reconocimiento de otros lenguajes de valoración, otros vínculos posibles entre sociedad y naturaleza, que colocan el cuidado y el sostenimiento de la vida en el centro.

La pandemia visibilizó la importancia de los cuidados en sus múltiples dimensiones. Por un lado, lo hizo en la dirección más general del cuidado de los territorios, de los ciclos de la vida, de los ecosistemas. Así, en tiempos del covid-19, asistimos a una verdadera explosión de foros y conversatorios en la región latinoamericana sobre los cuidados, protagonizados por diferentes lideresas, activistas y organizaciones de diferentes corrientes feministas, territoriales, comunitarias y socioambientales sobre el cuidado y la relación con los cuerpos y los territorios, las prácticas de cuidado, las semillas y la agroecología, el cuidado y la soberanía alimentaria, el cuidado y las tareas de la autogestión comunitaria. 

Por otro lado, la pandemia puso en evidencia la insostenibilidad de su actual organización, que recae sobre las mujeres, especialmente sobre las mujeres pobres. En América Latina y el Caribe, desde antes de la pandemia, «las mujeres dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, situación agravada por la creciente demanda de cuidados y la reducción de la oferta de servicios causada por las medidas de confinamiento y distanciamiento social adoptadas para frenar la crisis sanitaria»29. Así, en estos meses se multiplicaron las reflexiones acerca de los cuidados como un derecho, temática impulsada particularmente desde la economía feminista. Hace unos años, la abogada argentina Laura Pautassi, impulsora de un enfoque de derechos en relación con el tema, hablaba del periodo 2010-2020 como «la década de los cuidados»30. Hoy esto está más presente que nunca. La necesidad de pensar políticas públicas activas, mediante sistemas integrales de cuidados, que conciban el cuidado como un derecho y reduzcan la brecha de género, resulta clave para pensar en la recuperación pospandemia.

Por último, el paradigma de los cuidados, como base de una transición ecosocial, apunta a ser concebido desde una perspectiva multidimensional, incluyendo la articulación con las diferentes esferas de la vida social: cuidado y salud, cuidado y educación, cuidado y trabajo, cuidado y acceso a la vivienda, cuidado y gestión comunitaria, entre otros. En suma, lejos de ser una moda, el paradigma de los cuidados como clave de bóveda de la transición ecosocial revela la potencia de los diferentes feminismos hoy movilizados en la escena social y política, en su cuestionamiento radical al patriarcado, en su denuncia del capitalismo como una máquina de guerra contra la vida y en su apuesta por la sostenibilidad de la vida digna.

  1. La pandemia generó cambios importantes en la conciencia colectiva en América Latina y la expansión de un ambientalismo popular en varios países de la región.

Pese a que los gobiernos latinoamericanos han profundizado su ceguera epistémica, los cambios generados en la sociedad civil, en términos de conciencia colectiva, son significativos. Por ejemplo, el avance de la destrucción y los incendios de la selva amazónica, que incluye varios países latinoamericanos, generó que, desde los diferentes pueblos de la región, se realizara la primera Asamblea Mundial por la Amazonía, «para compartir un deseo de cambio, una postura de unidad, con un llamado global para frenar el modelo político extractivista e invasor». En ese foro se escucharon denuncias sobre las quemas de la selva, la expansión ganadera y agroindustrial, la deforestación, la minería legal e ilegal, la industria petrolera, las hidroeléctricas, la violencia de los grupos armados, las amenazas y asesinatos de líderes y lideresas sociales, en fin, «el listado de toda la estrategia que han emprendido gobiernos y compañías multinacionales, el último centenio, para apoderarse de la selva amazónica»31.

En Argentina, la cuestión ambiental volvió a irrumpir en la agenda pública, revelando la conexión entre crisis sanitaria, neoextractivismo y emergencia climática: de un lado, hubo numerosas movilizaciones que denunciaron los incendios en los humedales del Delta y la acción de los lobbies empresariales que hay detrás de la negativa a sancionar una ley protectora. De otro lado, asistimos a un amplio rechazo ambientalista al proyecto promovido por la Cancillería argentina que busca instalar 25 megafactorías de cerdos para vender carne a China32. Como ya sucedió con la soja, la minería a cielo abierto o el fracking, el gobierno busca avanzar sin llevar a cabo estudios de impacto ambiental y sanitario, sin abrir la discusión pública ni promover la participación de la sociedad. Numerosas investigaciones indican que las megafactorías de cerdos, además de consolidar un modelo cruel de explotación de los animales y conllevar riesgos ambientales y sanitarios, son un caldo de cultivo de potenciales pandemias. Por último, se sumó el rechazo a la introducción del trigo transgénico, en el que confluyen organizaciones ambientales y científicos autoconvocados por la salud33.

Como afirman las agrupaciones juveniles, muy presentes en estas luchas, la crisis nos enfrenta a otros «mandatos de deconstrucción», no solo en las relaciones de género sino también en lo ecológico34. El tema no es menor, pues una parte importante de las ciencias sociales y humanas, sea por indiferencia, por comodidad o por pura negación, ha venido dándoles la espalda a las problemáticas socioambientales, las cuales aparecen confinadas a ciertos «nichos» (ecología política, economía ambiental, sociología de los movimientos sociales, geografía crítica, entre otros), cuando no solamente reservadas a especialistas de las ciencias naturales o ciencias de la Tierra, como si lo ambiental no hablara del planeta, de nuestra casa común, y solo remitiera a un aspecto parcial, una variable más, abordable desde una de las tantas disciplinas existentes. Sucede que como la problemática ambiental incomoda y cuestiona los credos desarrollistas preexistentes y supone levantar el velo sobre los modelos de apropiación, de producción, de consumo y de desechos que todos reproducimos, no son pocos quienes prefieren no abandonar la zona de confort. Más aún, para una parte importante de las ciencias sociales latinoamericanas, vinculadas al campo progresista, colocar la atención sobre lo ambiental no solo conllevaría un cuestionamiento de sus credos desarrollistas, implicaría también interrogarse sobre los alcances de sus adhesiones políticas. 

En tiempos de Antropoceno, esto conlleva consecuencias desastrosas, pues obstaculiza la posibilidad de construcción de un lenguaje transdisciplinario, de un enfoque integral que dé cuenta de la complejidad y transversalidad de la problemática socioecológica.

                                                                               ***

El balance aún provisorio de lo ocurrido en América Latina en tiempos de covid-19 deja un gusto amargo y una sensación ambivalente. Por un lado, los impactos económicos, sanitarios y sociales son tan extensos que todavía resulta difícil avizorar un horizonte de recuperación. Pero es claro que los gobiernos no se proponen avanzar en la transformación de la matriz productiva y apuestan, una vez más, a reactivar la economía de la mano de las falsas soluciones, profundizando el extractivismo. Tampoco se avanzó en reformas tributarias significativas que apunten a financiar políticas públicas de recuperación económica. Por otro lado, son cada vez más las personas que se suman a diferentes movimientos y colectivos de la sociedad civil en pos de un llamado a la transición ecosocial, desmontando con ello la falsa oposición entre lo económico y lo ecológico. 

Nadie dice que la deconstrucción en clave ecológica y la transición ecosocial sean algo simple o lineal, mucho menos en un contexto de potenciación de la dueñidad, de destrucción de los ecosistemas y de peligrosa expansión de las extremas derechas. Pero no nos queda otra alternativa que navegar estas aguas turbulentas, pues es muy probable que en 2021 los tiempos no sean mejores. Los gobiernos latinoamericanos deben abrir cuanto antes la discusión sobre todos estos temas, pues el riesgo es que, en un contexto de aceleración del colapso, y en lo referido a la hoja de ruta de la transición ecosocial, sigamos siendo hablados por y desde los gobiernos del Norte, por y desde una transición corporativa, en detrimento de nuestras poblaciones y territorios.

  • 1.

Mar Centenera: «La pandemia agranda la brecha en América Latina: ocho nuevos multimillonarios y 50 millones más de pobres» en El País, 29/7/2020.

  • 2.

«Rita Segato: ‘El mundo de hoy es un mundo marcado por la dueñidad o el señorío’», comunicado de prensa, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 26/8/2019.

  • 3.

François Moutou: «Las zoonosis, entre humanos y animales» en Nueva Sociedad No 288, 7-8/2020, disponible en www.nuso.org.

  • 4.
  1. Svampa: «Reflexiones para un mundo post-coronavirus» en Nueva Sociedad edición digital, 4/2020, www.nuso.org.
  • 5.
  1. Roy: «The Pandemic is a Portal» en Financial Times, 3/4/2020.
  • 6.

Marie Solis: «Naomi Klein: Coronavirus Is the Perfect Disaster for Disaster Capitalism», entrevista en Vice, 13/3/2020.

  • 7.

Sobre el tema, v. Carlos Taibo: Colapso, capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo, Libros de Anarres, Buenos Aires, 2017.

  • 8.
  1. Servigne y R. Stevens: Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l´usage des generations presentes, Seuil, París, 2015, p. 26.
  • 9.

Amnistía Internacional: «Los países ricos ya están acaparando la nueva vacuna», 9/11/2020, www.amnesty.org/es/latest/news/2020/11/wealthy-countries-already-hoarding-breakthrough-vaccines/.

  • 10.

«Denuncian que los países ricos han acaparado dosis para vacunar casi tres veces a la población» en La Vanguardia, 9/12/2020.

  • 11.

«Coronavirus: ¿por qué América Latina es la región con más muertes en el mundo?» en BBC Mundo, 19/10/2020.

  • 12.

Mónica Rubio, Gerardo Escaroz, Anna Machado, Nurth Palomo, Luis Vargas y Marcela Cuervo: «Protección social y respuesta al covid-19 en América Latina y el Caribe. III Edición: Seguridad social y mercado laboral», Unicef / Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo, Panamá, 7/2020.

  • 13.

R.M. Lo Vuolo: «La pandemia del covid-19 y sus impactos en Argentina: el espejismo de la opción entre salud y economía» en Revista Rosa, 10/11/2020.

  • 14.

Cepal: Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2020, disponible en www.cepal.org/es/publicaciones/bp.

  • 15.

Vanni Pettina y Rafael Rojas (eds.): América Latina, del estallido social a la implosión económica y sanitaria post-covid 19, Planeta, Lima, 2020.

  • 16.

«Pantanal: 7 impactantes imágenes de los incendios en el humedal más grande de Sudamérica» en BBC Mundo, 11/9/2020.

  • 17.

Iván Federico Hojman: «Más de un millón de hectáreas fueron arrasadas por el fuego» en Télam, 25/12/2020.

  • 18.
  1. Svampa: Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo, Edhasa, Buenos Aires, 2016.
  • 19.

Gabriel Kessler y Gabriela Benza: La nueva estructura social latinoamericana, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2020, p. 86.

  • 20.

Ibíd., p. 85.

  • 21.

El Nuevo Pacto Verde tuvo un origen reformista-conservador, asociado a ciertos sectores partidarios de la economía verde. Surgió entre 2007 y 2008, en Europa, en el marco del Plan 20-20-20 (20% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 20% de energías renovables para 2020), que buscaba ubicar a la ue a la vanguardia para afrontar el cambio climático. Este aparecía más ligado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2009), diseñado en la Conferencia de Río+20 en torno de la economía verde, un modelo de modernización ecológica que profundiza la mercantilización en nombre de una economía limpia. El Partido Verde alemán y otros partidos verdes europeos lo adoptaron entonces como plataforma política. Sin embargo, en febrero de 2019, fue Ocasio-Cortez quien logró darle una vuelta de tuerca radical. Para el tema, v. M. Svampa y E. Viale: El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal)desarrollo, Siglo Veintiuno, Buenos, Aires, 2020.

  • 22.

Kate Aronoff, Alyssa Battistoni, Daniel Aldana Cohen y T. Riofrancos: A Planet to Win: Why We Need a Green New Deal, Verso, Nueva York, 2019.

  • 23.
  1. Varoufakis: «¿El poscapitalismo ya está aquí?» en Nueva Sociedad edición digital, 9/2020, www.nuso.org.
  • 24.

«Ce qui dépend de nous – manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire», Attac Francia, 24/6/2020.

  • 25.
  1. https://pactoecosocialdelsur.com/ y https://pactoecosocialyeconomico.blogspot.com/.
  • 26.

Puede encontrarse más información en www.nuestraamericaverde.org/.

  • 27.

«No es posible tener austeridad, se requiere política fiscal expansiva: Cepal» en Milenio, 6/10/2020.

  • 28.
  1. Lo Vuolo, D. Raventós y P. Yanes: «Renta básica, pandemia y recesión» en Público, 31/3/2020.
  • 29.

ONU Mujeres, Cepal y Covid-19 Respuesta: «Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de covid-19. Hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación», Naciones Unidas, Santiago de Chile, 19/8/2020.

  • 30.
  1. Pautassi: «Del ‘boom’ del cuidado al ejercicio de derechos» en Sur vol. 13 No 24, 2016.
  • 31.

Camilo Chica: «Una gran minga, así fue el 1er día de la Asamblea Mundial por la Amazonía» en Foro Social Panamazónico, 19/7/2020.

  • 32.

Ver Soledad Barruti, Inti Bonomo, Rafael Colombo, Marcos Filardi, Guillermo Folguera, M. Svampa y E. Viale: «10 mitos y verdades de las megafactorías de cerdos que buscan instalar en Argentina», 2020, disponible en https://drive.google.com/file/d/1vx-hjktexu8u_eieu3-wfhivmjvfl1og/view">https://drive.google.com/file/d/1vx-hjktexu8u_eieu3-wfhivmjvfl1og/view.

  • 33.

«Contra el trigo transgénico: científicxs y organizaciones populares convocan a una audiencia pública este viernes» en La Izquierda Diario, 17/12/2020.

  • 34.

La expresión es de Ana Julia Aneise, miembro de Jóvenes por el Clima de Argentina, un movimiento que adhiere a Fridays for Future, fundado por Greta Thunberg. Ver M. Svampa: «¿Hacia dónde van los movimientos por la justicia climática?» en Nueva Sociedad No 286, 3-4/2020, disponible en www.nuso.org.

Publicado enInternacional
Miércoles, 03 Marzo 2021 05:41

Poco a poco Brasil se va aislando del mundo

Poco a poco Brasil se va aislando del mundo

Crece la desconfianza internacional por el manejo de la pandemia de Bolsonaro

La OMS tomó nota de la forma agresiva con que el virus se disemina en Brasil frente a la indiferencia del capitán retirado Bolsonaro y de Eduardo Pazuello, su ministro de Salud.

 

Trascendió que Jair Bolsonaro ganó el apodo de "loco" en los mentideros diplomáticos de la ONU, donde están espantados frente a sus medidas y declaraciones respecto del Covid-19. La noticia de este martes fue la publicación de un decreto presidencial vetando la urgencia para la aprobación de vacunas con lo cual, de hecho, obstruyó el camino del inmunizante ruso Sputnik V, sobre el cual están interesadas una decena de provincias. El mandatario libra una guerra con los gobernadores urgidos por comprar fármacos a fin de remediar la lenta vacunación del gobierno nacional.

Los números brasileños son analizados con lupa en algunos despachos de la ONU en Ginebra, Suiza. Es el caso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde no se descarta que Brasil, que actualmente es el segundo país del mundo en la lista de fallecimientos y el tercero en la de infectados ascienda a lo alto del podio, termine desplazando a Estados Unidos, que lidera los dos rankings globales.

La OMS tomó nota de la forma agresiva con que el virus se disemina en Brasil frente a la indiferencia del capitán retirado Bolsonaro y de Eduardo Pazuello, su ministro de Salud, que en vez de respetar los protocolos internacionales, optó por seguir a pies juntillas asneras de su jefe.

Así el general en acitividad Pazuello ordenó que sean distribuidos miles de kits con hidroxicloroquina en los puestos de salud pública de varios estados a pesar de que la OMS informó que el fármaco no sólo es ineficaz contra el coronavirus sino que puede causar efectos colaterales graves. Bolsonaro afirmó que el titular de la OMS, Tedros Adhanom, no tiene autoridad para hablar de la pandemia.

Bolsonaro llegó a ofrecer hidroxicloroquina a una avestruz que retozaba en el parque de la residencia oficial y se pone de mal humor cuando algún ministro se presenta con barbijo a las reuniones en el Palacio del Planalto. Periodistas que frecuentan el palacio presidencial cuentan que suelen ser objeto de ironías cuando llevan las mascarillas que son detestadas por el jefe de Estado, quien la semana pasada afirmó que éstas causan "efectos colaterales".

COMPARACIÓN

La comparación entre la situación sanitaria en Brasil y EEUU fue uno de los temas tratados por expertos de la OMS durante una reunión a puertas cerradas realizada en los últimos días, reportó hoy la corresponsalía en Suiza del sitio UOL, vinculado al diario Folha de San Pablo.

EEUU tiene unos 28 millones infectados y 514 mil muertos contra 10,5 millones de contaminados y 255 mil defunciones registrados en Brasil. A partir de esos números los especialistas analizaron la evolución de la dolencia en cada país antes de dejar trascender la hipótesis de que los sudamericanos podrían convertirse en los peores del mundo dentro de algunos meses.

Veamos las curvas estudiadas por la OMS : en diciembre EEUU mostraba 18.000 muertes semanales y Brasil contabilizaba 5.200 , pero la semana pasada EEUU bajó a 14 mil fallecimientos cada siete días y Brasil subió 8.200. Y los datos de la semana pasada están en armonía con un constante crecimiento, ya que lleva e 40 días consecutivos con alza de promedio de víctimas fatales. De esa comparación surge que los norteamericanos cayeron un 20 % y los brasileños subieron más del 50  por ciento en dos meses.

A la vez en diciembre EEUU registró 1,6 millones de nuevos infectados cada semana y Brasil 326 mil, mientras tanto la semana pasada hubo 471 mil contaminados estadounidenses y 378 mil brasileños. Nuevamente una baja pronunciada en el país del norte y un alza fuerte en el gigante latinoamericano.

Otro elemento visto con atención por la OMS y diplomáticos de varios países es el lento ritmo de vacunación brasileña, donde fueron inmunizadas unos 7 millones de personas mientras en EEUU lo hicieron cerca de 50 millones. A lo anterior se agrega que tanto en la OMS como en otros organismos multilaterales tienen reservas sobre las informaciones oficiales y los controles para impedir la circulación del virus dentro y fuera de las fronteras brasileñas.

A pesar de que varios países europeos bloquearon los vuelos brasileños la cepa surgida en la Amazonia penetró en el Reino Unido a través de pasajeros llegados desde San Pablo tras hacer escala en Suiza." La desconfianza con Brasil va a aumentar", comentó una fuente británica, que mantuvo su identidad preservada ante la consulta de UOLLo que el portal no precisó es si Bolsonaro es tenido como un "loco" en la OMS o en otra agencia de la ONU, ya que las denuncias contra él también llegan a menudo al Consejo de Derechos Humanos. Este lunes un representante de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil dijo ante el Consejo que los pueblos originarios están entre las principales víctimas del coronavirus y acusó a Bolsonaro de llevar una "política de exterminio" contra esas comunidades.

"BRASIL AISLADO DEL MUNDO"

Ante el agravamiento de la pandemia la entidad que nuclea a los ministros de Salud de los 27 gobiernos estaduales brasileños solicitó al Planalto que implemente un "lockdown" en las provincias donde se haya superado el 85 por ciento de ocupación de las salas de terapia intensiva.

Sin embargo el presidente afirmó el lunes que el aislamiento es una medida inadecuada para combatir el Covid-19 y aseguró que hubo un aumento de suicidios debido a los confinamientos decretados en algunos estados. Lo dijo sin citar fuentes o estudios científicos, los que tampoco había mencionado la semana pasada cuando habló de las contraindicaciones del tapabocas.

Para la profesora brasileña Marcia Castro, titular del Departamento de Salud Global de la Universidad de Harvard, tiende a crecer el número de países que establecen barreras a los vuelos procedentes Brasil, que se ha convertido en una suerte de ogro mundial. "De aquí a poco tiempo nadie va a querer recibir a alquien venido de Brasil," pronosticó

Castro mencionó que la variante amazónica, o cepa P1. comenzó a diseminarse en varias provincias brasileñas y fue exportada a otros paises debido a que Bolsonaro y Pazuello no impusieron restricciones a la circulación de personas entre las provincias y boicotearon los lockdowns.

"Podemos tener una situación como la de Manaos replicada en el resto Brasil", alertó Castro y citó que la variante P1 ya causó estragos en la ciudad de Araraquara, en el interior del estado de San Pablo, el más importante y populoso, cuyo gobernador Joao Doria, dijo ayer que evalúa la posibilidad de declarar un lockdown severo.

Ante las críticas lanzadas por la OMS, gobernadores y científicos, el senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente, echó mano de un argumento casi religioso. Junto a la estatua del Cristo Redentor, en Rio de Janeiro, el congresista de ultraderecha dijo, " cerrar una ciudad, cerrar un estado es una medida dictatorial, es cerrar las iglesias donde las personas buscan fe, el lockdown causa deseperación a las familias".


También posee "un poder duplicado de contagio"

Un estudio reveló que la variante amazónica tiene una fuerte capacidad de reinfección

La variante de Covid-19 detectada en Manaos tiene la capacidad de eludir el sistema inmunológico y es entre 1,4 y 2,2 veces más transmisible que las cepas que la precedieron. Ya se encuentra en casi todo Brasil.

Un estudio realizado por las universidades de San Pablo (USP) y Oxford reveló que la variante del coronavirus detectada en el Amazonas tiene capacidad de reinfectar a quienes ya fueron víctimas de Covid-19 y posee "poder duplicado de contagio".

Este informe se suma a otro de la USP y de la Universidad de Campinas que indica la existencia de la versión de Amazonas en ocho pacientes que hicieron la prueba con la vacuna CoronaVac, la más aplicada en el país para frenar la pandemia.

La segunda ola de coronavirus en Brasil, con 1200 muertos diarios de promedio, está vinculada a la explosión y diseminación de esta variante, que según el nuevo estudio brasileño-británico, surgió en noviembre en la ciudad de Manaos, capital de Amazonas.

Investigadores del Centro Brasil-Reino Unido para el Descubrimiento, Diagnóstico, Genómica y Epidemiología de Arbovirus (Cadde) explicaron que la variante P.1. es entre 1,4 y 2,2 veces más transmisible que las cepas que la precedieron.

Los científicos estimaron, además, que en una parte importante de las personas que ya están infectadas con el SARS-CoV-2 -entre el 25 por ciento y el 61 por ciento-, la nueva variante de Manaos puede eludir el sistema inmunológico y causar una nueva infección.

Manaos es la ciudad más grande de toda la región selvática sudamericana. Tiene una zona franca industrial con gran flujo de extranjeros y apenas una ruta terrestre, siendo que todo el transporte es aéreo y fluvial.

A mediados de enero colapsó por un brote inédito que provocó la falta de oxígeno y actualmente el Gobierno nacional de Jair Bolsonaro es investigado en la Corte Suprema porque supuestamente el Ministerio de Salud hizo caso omiso a los alertas de las autoridades sanitarias de Amazonas.

“En solo siete semanas, P.1. se convirtió en la cepa más prevalente de SARS-CoV-2 en la región", expresó la Fundación de Ayuda a la Pesquisa del estado de San Pablo.

El grupo de investigación del Cadde fue coordinado por Esther Sabino, de la Universidad de Sao Paulo, y Nuno Faria, de la Universidad de Oxford, de Reino Unido, teniendo como base el análisis genómico de 184 muestras de secreción nasofaríngea de pacientes diagnosticados de Covid- 19 en un laboratorio de Manaos entre noviembre de 2020 y enero de 2021.

“El mensaje que envían los datos es: incluso aquellos que han tenido Covid-19 deben seguir siendo cautelosos. La nueva cepa es más transmisible y puede infectar incluso a quienes ya tienen anticuerpos contra el nuevo coronavirus. Esto es lo que pasó en Manaos. La mayoría de la población ya tenía inmunidad e incluso entonces hubo una gran epidemia ”, explicó Sabino.

La variante del Amazonas, sostuvo el comunicado, tuvo un período de rápida evolución molecular y se desconocen las razones. “Rápidamente han aparecido varias mutaciones que facilitan la transmisión del virus, algo inusual”, afirmó la científica.

Ya a fines de enero, otro estudio de investigadores del laboratorio estatal brasileño Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) había indicado que en individuos infectados con P.1. la carga viral en el cuerpo puede ser hasta diez veces mayor.

Una de las claves del estudio de la Universidad de Sao Paulo y Oxford conocido este martes es la diseminación de la nueva cepa al resto de Brasil: se han contabilizado que viajaron desde Manaos hacia regiones del país 92.000 personas, un tercio a San Pablo, la mayor ciudad del país y principal centro económico internacional del territorio.

En paralelo, se conoció otro estudio que aún debe ser revisado por pares científicos y que hace referencia a la vacuna china CoronaVac que aplica Brasil junto con la de AstraZeneca.

"Los resultados sugieren que la P1 puede escapar de anticuerpos neutralizantes inducidos por una vacuna de virus inactivo" como la CoronaVac, sostuvo el estudio, repudiado por conocidos infectólogos en las redes sociales por tratarse de una mínima muestra pero que tuvo impacto al ser publicado por el diario O Estado de Sao Paulo.

Este trabajo fue divulgado en la página pre-prints (antes de revisión) del portal The Lancet por científicos de la USP y de la UNICAMP, y se basa en apenas ocho casos.

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