Wen Jiabao promete reducir las desigualdades en China

Wen Jiabao ha dado unos pasos, se ha situado en el centro del estrado cubierto con moqueta roja y ha hecho tres reverencias, a las que los 3.000 diputados del Parlamento chino han respondido con un fuerte aplauso en el Gran Palacio del Pueblo, en Pekín. Ha sido el gesto de despedida del hombre que durante una década ha ocupado la jefatura del Gobierno, tras leer durante una hora y 40 minutos el informe de trabajo del Gobierno en 2012 y los objetivos para 2013. Un informe en el que ha pasado revista, con profusión de datos, a los logros alcanzados por el Partido Comunista Chino (PCCh) en los últimos cinco años, ha desgranado los problemas y desafíos a los que se enfrenta el país, y ha sentado las bases –aquí, sin muchos números– del trabajo que espera a partir de ahora a la nueva generación de líderes chinos.


 
El presidente, Hu Jintao, cederá el testigo al actual vicepresidente y secretario general del partido, Xi Jinping, y Wen será sustituido por el viceprimer ministro Li Keqiang, cuando dentro de 12 días finalice la sesión anual del Parlamento, inaugurada hoy. Concluirá así el proceso de transición de poder a la quinta generación de dirigentes tras las de Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao, sellado en el congreso del PCCh en noviembre pasado.


 
Wen, de 70 años, ha prometido en su último discurso del estado de la nación que el Gobierno responderá a las demandas de la gente, reducirá las grandes diferencias sociales, proporcionará mejor cobertura sanitaria, luchará contra la corrupción, hará frente a la degradación medioambiental y reformará en profundidad el modelo económico para centrarlo en el consumo doméstico, en lugar de las exportaciones y la inversión.


 
El jefe de Gobierno saliente ha asegurado que hacer que los chinos consuman es vital para el futuro de la segunda economía del mundo y ha anunciado la aceleración de las reformas del sistema de registro de residencia, conocido como hukou, para respaldar el proceso de urbanización, imprescindible para continuar el desarrollo chino. “Hemos de asumir con toda firmeza la ampliación de la demanda interna como estrategia a largo plazo del desarrollo económico, y hacer valer plenamente la función básica del consumo y el papel clave de la inversión. La dificultad y la clave para expandir la demanda doméstica residen en el consumo, y ahí es donde está el potencial. Para ampliar el consumo individual, hemos de acrecentar la capacidad de la gente para consumir, mantener estables sus expectativas al respecto, aumentar su deseo de consumir y mejorar el ambiente de consumo”, ha dicho Wen.


 
El Gobierno quiere situar así a la población en el centro de su estrategia económica, con un objetivo de incremento del producto interior bruto (PIB) del 7,5% para 2013, frente al 7,8% alcanzado en 2012 –el ritmo más lento en 13 años–, y una inflación del 3,5% (2,6%, el año pasado), según ha asegurado el primer ministro.
 


Wen Jiabao ha afirmado que, en adelante, China no buscará el crecimiento a toda costa. “Debemos convertir la garantía y la mejora del bienestar de la población en el punto de partida y el objetivo de todo el trabajo del Gobierno, darle prioridad total, y afanarnos en reforzar el desarrollo social”, ha dicho mientras en el exterior, en la plaza Tiananmen, cientos de policías de uniforme y paisano peinaban las calles y la plaza, cerrada al público. En algunos lugares, había soldados equipados con extintores. En otros, dispositivos para explosionar posibles bombas.


 
Los líderes chinos son conscientes de que el país ha alcanzado un punto de inflexión y hace falta un cambio ambicioso de un modelo económico que, aunque ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza y elevado China al puesto de segunda economía del mundo –aunque por renta per cápita está un puesto medio-, ha generado profundas desigualdades sociales y graves problemas medioambientales y de corrupción. Wen se ha referido repetidas veces a la necesidad de acelerar el cambio de modelo, ajustar la estructura económica y mejorar la calidad del crecimiento; una “tarea primordial”, según ha dicho.


 
También ha tenido palabras para la lucha contra la corrupción, una de las banderas enarboladas por Xi Jinping, aunque ha planteado pocas propuestas concretas, como tampoco las ha habido para otras áreas como la degradación medioambiental, una fuente creciente de protestas de la población.


 
Los objetivos desgranados por el jefe de Gobierno saliente están consensuados y aprobados por Xi Jinping y su equipo, y un indicio del estilo del nuevo equipo es el lenguaje más llano y alejado de la vieja retórica comunista, que utiliza este año el informe leído por Wen Jiabao.

 

Por Jose Reinoso Pekín 5 MAR 2013 - 14:07 CET

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"Hemos de hallar un punto intermedio entre nuestra revolución y su capitalismo"

 

El pasado septiembre, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, hacía pública la noticia de que su Gobierno iniciaba conversaciones de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Desde noviembre una delegación del grupo insurgenete permanece en La Habana donde se mantienen estos diálogos. El proceso tiene a Cuba y Noruega como países garantes y a Venezuela y Chile como acompañantes.

 

Entre los representantes de las FARC designados para estas negociaciones se encuentran Andrés París y Rubén Zamora. Aunque ambos son comandantes del grupo armado, prefieren que se les llame miembros de la Delegación de Paz. Con ellos analizamos en La Habana esta oportunidad de poner fin a un conflicto que dura más de cincuenta años protagonizado por la guerrilla más antigua de América Latina. Las respuestas han sido consensuadas por ambos portavoces.

 

¿Por qué se inician los diálogos y por qué en Cuba? Se dice que ustedes aceptan estas conversaciones porque se encuentran en un momento de debilidad

 

Las FARC toman la decisión de dialogar en La Habana como consecuencia de un intercambio que se desarrolló de forma secreta en Caracas. En nuestra concepción de las FARC se encuentra el hecho de que somos un ejército de guerrillas pero nuestra bandera es la búsqueda de la forma política no armada. Cualquier otra interpretación de que llegamos en un momento de debilidad político-militar no es cierta. La supremacía militar es evidente, pero estamos perfectamente adaptados a la guerra de guerrillas. El poder demoledor del capitalismo es tremendo ya que gana las guerras desde el aire. Por otra parte, los análisis del avance tecnológico y las asimetrías sirven de razonamiento para concluir que nos encontramos al borde de la derrota. Es indiscutible que nos han dado golpes grandes, debido fundamentalmente a las tecnologías de localización, pero igualmente nos hemos adecuado por nuestra gran movilidad y desplazamiento, y por el trabajo político. No hay comparación entre la inversión millonaria del Estado colombiano y el daño provocado. Nuestros comandantes muertos han sido reemplazados por comandantes jóvenes pero expertos. Mientras tanto, el ejército colombiano ha tenido entre 2.500 y 3.000 bajas por año, entre muertos y heridos. Lo que hace un total de 30.000 bajas a lo largo del conflicto.

 

El momento más débil fue cuando nacimos, hoy somos un sólido ejército que se mantiene en pie de lucha a pesar del duro ataque al que está sometido. Puede ser que se nos aleje la posibilidad del triunfo, pero eso no quiere decir que vayamos a renunciar a la lucha. Pero insistimos en que ahora buscamos una oportunidad a la paz.

 

En cuanto a la ubicación de estos diálogos, hubo una etapa anterior secreta en Venezuela. El Gobierno no quiso que estas conversaciones fueran en Colombia, por eso son en La Habana. Aceptaron Cuba para aislarlo de la sociedad, en Colombia hubiéramos llevando un millón de colombianos al lugar de diálogo.

 

Hasta el propio Fidel Castro les planteó el fin de la vía militar

 

Estamos de acuerdo en que la lucha armada no tiene vigencia, pero en Colombia se mantiene una estructura de violencia estatal que impide la participación de otras fuerzas y eso solo se puede enfrentar con las armas.

 

¿Qué están dispuestas a ceder las FARC?

 

No estamos en una mesa de negociación, sino de conversación, en eso hemos coincidido las dos partes. Es evidente que un acuerdo para la paz requiere unos mínimos de ambas partes, la máxima para nosotros es la revolución, para ellos mantener su sistema capitalista. Hemos de intentar encontrar un punto intermedio. Tenemos plena disposición para hablar de todos los temas, además de los incluidos en la agenda pactada. Se trata de solucionar el conflicto.

 

Santos les golpeó cuando era ministro de Defensa con Álvaro Uribe, ¿por qué con él sí hay diálogo y con Uribe no?

 

Uribe está comprometido con la guerra y el paramilitarismo. Santos plantea otra opinión y creemos que esa ventana debíamos explorarla, pero por convicciones políticas no por debilidad militar. La opción política es la salida menos dolorosa. Se trata de permitir a los colombianos abordar la solución política. Hay que dinamizar un espacio que permita a los colombianos expresarse sin criminalizar la lucha social.

 

El acuerdo sería parte de un proceso más profundo y más largo. Entonces nos correspondería seguir la revolución por otro medios pacíficos, esos que no nos han permitido hasta ahora.

 

¿Creen que se puede repetir las experiencia de la Unión Patriótica, cuando intentaron incorporarse a la vida política legal y les asesinaron a miles de militantes y cargos políticos?

 

No estamos dispuestos, pero queremos la solución política con el apoyo del pueblo en la nueva realidad política. Si no es posible, seguiremos con la guerra de guerrillas. Hace falta una movilización contundente de los colombianos para mantener este proceso. Hay ataques desde sectores latifundistas y mafiosos para bloquearlo. Todo esto se deberá refrendar con una Asamblea Nacional Constituyente, se trata de crear una nueva institucionalización, un nuevo Estado para la paz.

 

¿En qué momento del diálogo se encuentran en este momento?

 

Discutiendo sobre el acceso a la tierra, la concentración de la tierra es el origen del conflicto. Más del 65 % está en manos del 0'4% de la población. Terratenientes y financieros controlan la tierra y eso queremos revertirlo. Hemos logrado algunas coincidencias, la idea de crear un fondo de tierras, para una futura redistribución dándosela a los campesinos. Veinte millones de hectáreas podrían resolver el problema, el Gobierno ha ofrecido 8 millones (3 millones ya las ocupan de forma alegal los campesinos). Aún no estamos de acuerdo en las cifras, pero coincidimos en la necesidad de un fondo.

 

¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan?

 

Es el latifundio y los mafiosos y empresas transnacionales que se hicieron ilegalmente con la tierra. Ellos han despojado a los campesinos en torno a diez millones de hectáreas y colaboraron con su exterminio. Mientras el Gobierno no quiera romper con ellos habrá dificultades. El Gobierno quiere una propuesta agraria que no toque el status quo de los latifundistas, es decir, legislar para legalizar ese despojo y el paramilitarismo que masacró a los campesinos.

 

No se le puede pedir a una de las partes que desaparezca. Con la desaparición de las FARC la violencia no acabará, porque es del Estado colombiano contra el campesinado.

 

¿Cuál puede ser el papel de EEUU y Europa en esta búsqueda de la paz o qué le piden a estas potencias?

 

Deben comprender que es más rentable la paz que la guerra. Se pueden establecer fuentes de desarrollo económico que incluso puedan estar invitando al capital extranjero, pero con el Estado colombiano como principal accionista. Pero es que las multinacionales que hay ahora lo que pretenden es aprovecharse de todo el país y sus recursos. No quieren pagar más del 10% de regalías por la explotación de los recursos. De esa forma habrá una resistencia e indignación entre los colombianos.

 

Por otra parte, Europa debe aceptar un reconocimiento público de la insurgencia y levantar su clasificación de organización terrorista. En cuanto a Estados Unidos, una forma de colaborar en la búsqueda de la paz sería la liberación y participación del dirigente de las FARC Simón Trinidad, extraditado en ese país, para que esté en la mesa de diálogo como un gesto de paz que genere confianza. Si EEUU respalda el proceso debería permitir su incorporación. Pero el principal obstáculo es el Gobierno colombiano que no lo ha pedido.

 

¿Y el papel regional de América Latina?

 

En el resto de América Latina sigue habiendo capitalismo, pero se ha renunciado a la violencia para aplicarlo, como sigue sucediendo en Colombia. Nuestro Gobierno se resiste a cambiar ante el nuevo panorama de América Latina. Colombia no debe ser un país de acero donde no entran los vientos que corren por todos lados.

 

Me pongo a soñar. Dejamos las armas, se comprometen con los acuerdos. Si tiene la tentación de repetir la masacre de la Unión Patriótica ahí debe intervenir la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, integrada por 33 países), es importante el papel regional.

 

Diversas informaciones están mostrando la posibilidad de un proceso legal contra Álvaro Uribe por los casos de falsos positivos, el asesinato de campesinos a los que se le hizo pasar por guerrilleros. ¿Qué opinan al respecto?

 

Se trata nada menos que de 70.000 falsos positivos según la información que poseen las autoridades estadounidenses en base a los datos proporcionados por los cabecillas paramilitares presos en ese país. Se trata de una información que ahora han decidido proporcionar a la opinión púbica internacional. Hubo una connivencia entre Estado, terratenientes y paramilitares en llevar a cabo masacres masivas

 

Entendemos que la rivalidad preelectoral entre Santos y Uribe ha llevado a la decisión del presidente Santos de entregar a Uribe a la autoridad penal internacional para ser juzgado por sus crímenes. Esto provocará una gran confrontación con un participación activa de los paramilitares presos en EEUU.

 

¿Y qué trascendencia puede tener esto en la política colombiana?

 

Uribe es un hombre violento, pero Santos no lo es menos. Si se avanza a una confrontación entre ellos, Uribe quedaría aplastado por el Estado. Quieren dividir a Colombia entre partidarios de Uribe y de Santos, donde no quepa la opción de izquierdas. Ambos tienen responsabilidad en la criminalización del otro. Hay que buscar una vía colombiana de centro izquierda que diga sí a la paz y al cambio político. Están madurando las condiciones para ello. Los ciudadanos perciben la necesidad de la paz en Colombia. Podemos decir que se puede iniciar una fase de respeto para la participación de todas las opciones en las elecciones en Colombia

 

¿Cuál está siendo la posición de la ciudadanía ante estos diálogos y especialmente el campesinado?

 

La gente se ha venido expresando, pero hay un cerco mediático alrededor del diálogo y de los sectores ciudadanos. Se han dado ocho encuentros regionales donde participó la gente y dijo cómo construir la paz a partir de un cambio en la propiedad de la tierra. Hemos insistido en que el proceso de paz no debe de hacerse a espaldas de la gente, pero hay una guerra informativa contra el proceso.

 

Por PASCUAL SERRANO La Habana 05/03/2013 12:05 Actualizado: 05/03/2013 12:11

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Martes, 05 Marzo 2013 06:56

Revolución ciudadana

Revolución ciudadana

Un país endeudado y sometido a los dictados de organismos financieros internacionales; con una clase política mediocre, corroída por la corrupción y detestada por la opinión pública; una desconfianza general hacia las instituciones; un Estado desprovisto de soberanía monetaria; con un sistema bancario estafador y ladrón; un paro masivo; una infame ley de hipotecas y miles de desahucios... ¿Hablamos de la España de hoy? No, del Ecuador de antes de 2006, de antes de la «revolución ciudadana» impulsada por Rafael Correa, brillantemente reelegido presidente el pasado 17 de febrero [i].


Cuando Correa triunfó por primera vez, en noviembre de 2006, el Ecuador estaba saliendo de una década de crisis, protestas e inestabilidad. Con tres presidentes (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez) derrocados por insurrecciones populares, una quiebra masiva del sistema financiero, una banca corrupta, un endeudamiento colosal, huelgas generales, insurrecciones indígenas y revueltas sociales de todo tipo. El país parecía ingobernable. Hasta que llegó este economista poco convencional, forjado en el trabajo social y solidario cerca de los pueblos originarios, impregnado de las tesis de justicia de la Teología de la liberación, formado en universidades de Bélgica y Estados Unidos, simpatizante y asiduo del Foro Social Mundial y adversario declarado de la política de «ajustes estructurales» impulsada, en los años 1990, por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en toda América Latina.

 

Para su primera campaña electoral, Rafael Correa fundó el movimiento Alianza PAIS (Patria Altiva i Soberana) y propuso un referendum para una Asamblea constituyente que redactase una nueva Constitución. Ganó. Y en su discurso de toma de posesión anunció con claridad cual sería su proyecto para Ecuador: "La lucha por una ‘Revolución Ciudadana’, consistente en el cambio radical, profundo y rápido del sistema político, económico y social vigente."

 

Y cumplió su promesa. Lo cual le valió, el 30 de septiembre de 2010, una tentativa de golpe de Estado que a punto estuvo de costarle la vida [ii]. Pero también le deparó el apoyo arrasador de la mayoría de los Ecuatorianos. Entre elecciones y referendos, la del 17 de febrero es la novena victoria en las urnas de Rafael Correa. De tal modo que este joven presidente, que aún no cumplió los cincuenta años (nació en abril de 1963), se ha convertido en uno de los líderes indiscutibles de la nueva América Latina. En sus seis años de gobierno, "refundó -como dice él- la patria" con la nueva Constitución (aprobada por referendo en 2008), inició la era del ‘Buen Vivir’ [iii] , renegoció con éxito la deuda externa de su país y frenó los estragos del neoliberalismo confiriéndole al Estado un rol decisivo en lo económico y lo político. Ahora, su mandato irá hasta 2017, y entonces cumplirá una década en el poder.

 

Nos encontramos con él, en Quito, unos días antes del escrutinio. En una reunión con los observadores independientes internacionales invitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para testimoniar de la pulcritud democrática de la elección [iv].

 

Con el objetivo de consagrarse plenamente a la campaña y no ser acusado de usar bienes públicos, Rafael Correa decidió descargarse de la función ejecutiva de la Presidencia y solicitar a la Asamblea nacional una licencia de 30 días durante los cuales esa función sería ejercida por el vicepresidente Lénin Moreno. Un rasgo de honradez política que, a escala internacional, resulta insólito y ejemplar. Ninguna ley lo conminaba a ello. Excepto su propia exigencia ética.

 

Empieza su conversación citando a Eloy Alfaro [v]: «No buscamos nada para nosotros, todo para el pueblo.» «Aquí –añade Correa- ya no manda el FMI, ni la oligarquía; aquí ahora manda el pueblo. Y si éste nos apoya es que hemos hecho lo que prometimos: escuelas, hospitales, carreteras, puentes, aeropuertos... A pesar de las campañas mediáticas de deslegitimización contra nosotros y de los ataques de una prensa sin escrúpulos, vamos a ganar estas elecciones -las más democráticas y transparentes de la historia del Ecuador- de manera arrolladora. Pero no las vamos a ganar para recrearnos en el éxito; las vamos a ganar para gobernar mejor y para ahondar los cambios que venimos impulsando.»

 

En sus seis años de gobierno, Rafael Correa ha transformado efectivamente su país. Como ningún otro gobernante ecuatoriano antes de él. Cuatro indicadores económicos resumen, mejor que mil palabras, el triunfo de su política: en toda la historia de Ecuador, la tasa de inflación nunca fue más baja; el crecimiento nunca tan elevado; el desempleo tan reducido y el salario real tan alto. Los emigrantes que, huyendo del derrumbe español, regresan a Ecuador sienten mejor que nadie el nuevo bienestar económico. Constatan que se acabó el caos, el desmadre y la fragmentación política; que hay estabilidad y equidad social con dignidad; un gobierno de verdad que ha disciplinado a las clases poseedoras; un gobierno de izquierda pero desprovisto de los excesos ilusorios del izquierdismo palabrero; en suma, un gobierno de izquierdas que está tranformando para siempre el Ecuador.

 

Bastaba pasearse por las calles de Quito o de otros lugares del país, asistir a algún mítin del presidente Correa para sentir el excepcional efecto de su carisma, el fervor de la gente, la bulliciosa adhesión popular a su persona, a su programa y a los principios de la «revolución ciudadana».

 

«Aquí –dice Correa- todo se había convertido en mercancia. Mandaban los bancos y los inversionistas extranjeros. Se había privatizado la sanidad, la enseñanza, los transportes,... ¡todo ! Eso se terminó. Volvió el Estado y ahora garantiza los servicios públicos. Estamos invirtiendo el triple en presupuestos sociales, salud, escuela, hospitales gratuitos.... Hemos acabado con el neoliberalismo. Una izquierda moderna no puede odiar el mercado, pero el mercado no puede ser totalitario. Por eso hemos cambiado radicalmente la economía, ahora es la sociedad la que dirige el mercado y no lo inverso. El ser humano es lo primero, antes que el capital. Cambiamos la ley de hipotecas, que era igual que la española, y pusimos fin a los desahucios. Dijimos : ‘¡No pagamos la deuda!’, y conseguimos rescatarla por el 30% de lo que nos pedían. Hoy Ecuador es la economìa que más reduce la desigualdad. Queremos vencer la pobreza. Hemos consolidado los derechos laborales de los asalariados y acabado con la tercerización, esa forma de esclavismo contemporaneo. Estamos haciendo una ‘revolución ética’, combatiendo la corrupción con mayor ahinco que nunca y con una consigna fundamental a todos los niveles: ‘¡Manos limpias!’. Ya no se permite la evasión fiscal. Nuestra revolución es también integracionista y latinoamericana porque estamos decididos a construir la Patria Grande soñada por Bolívar. Es asimismo una revolución ambiental. Nuestra Constitución es una de las pocas en el mundo –quizás la única- que reconoce los derechos de la naturaleza. Como lo digo a menudo: no estamos viviendo una época de cambio, sino un cambio de época. No se trata de superar el neoliberalismo, se trata, sencillamente, de cambiar de sistema. Y ese cambio exige la modificación de la relación de poder. Ir hacia un poder popular.»

 

Los resultados electorales obtenidos el 17 de febrero (más de 33 puntos de ventaja con respecto a su inmediato adversario) demuestran, primero, que las campañas de los opositores fueron mediocres, débiles, inexistentes [vi]. Y, sobre todo, que el apoyo al presidente Correa fue trans-clase. No se limitó a una sola categoría social, subió en todos los sectores. «Porque esto -explica Rafael Correa con su voz extenuada y rota después de centenares de discursos- es un proyecto de unidad nacional. Estamos construyendo patria. Hemos hecho mucho -y nos hemos equivocado también, y mucho- pero lo principal se ha logrado. Aquí ya no manda la bancocracia, ya no manda la partidocracia, ya no manda el poder mediático, ya no manda ningún poder fáctico en función de intereses grupales, ya no manda el Fondo Monetario, ni las burocracias internacionales; aquí ya no mandan países hegemónicos. Hemos ganado con una presencia física en las calles, no sólo mía sino de todo el Movimiento Alianza País, recorriendo barrios y pueblos, valles y montañas, sierras y junglas. Hemos manejado la campaña con claridad. Lo he repetido y suplicado :’¡No me dejen solo!’, porque un presidente sin una mayoría neta en la Asamblea, es un presidente disminuido.»

 

En eso también, los electores le han respondido con un sostén arrasador. El presidente, que no tenía mayoría en la Cámara, dispondrá ahora del soporte de más de los dos tercios de los diputados... Con lo cual podrá por fin hacer votar proyectos fundamentales como la ley de tierras, la ley de agua, la ley de cultura, la ley de medios... En una palabra: gobernar para, como lo prometió en su campaña, «profundizar el cambio».

 

Ignacio Ramonet
Le Monde diplomatique


Notas

[i] Los resultados de la elección presidencial, aún no definitivos a la hora del cierre de esta edición, son los siguientes: Rafael Correa (Alianza País) 57%; Guillermo Lasso (CREO, Creando Oportunidades) 23%; Lucio Gutiérrez (PSP, Partido Sociedad Patriótica) 6%; Mauricio Rodas (Movimiento SUMA, Sociedad Unida Más Acción) 4% ; Alvaro Noboa (PRIAN, Partido Renovador Institucional Acción Nacional) 3,7%; Alberto Acosta (Unidad Plurinacional de las Izquierdas) 3,2%; Norman Wray (Movimiento Ruptura) 1,3%; Nelson Zavala (PRE, Partido Roldosista Ecuatoriano) 1,2%.
[ii] Léase Ignacio Ramonet, «Entrevista con Rafael Correa», Le Monde diplomatique en español, enero de 2011.

[iii] El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, definió este concepto de la siguiente manera: «La ‘Revolución Ciudadana’ que vive el Ecuador está marcada por una premisa fundamental: la concepción y ejecución del ‘Buen Vivir’, una filosofía heredada de nuestras raíces indígenas y que encierra una enseñanza muy valiosa para estos tiempos convulsionados y agresivos con el entorno: el ‘Buen Vivir’ se funda en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza.»

[iv] El Consejo Nacional Electoral (http://www.cne.gob.ec) es un organismo público, independiente del gobierno, que, junto con el Tribunal Contencioso Electoral (http://www.tce.gob.ec/jml/), tiene la misión de organizar las elecciones en Ecuador y garantizar su caracter democrático respetando la Ley orgánica electoral (http://aceproject.org/ero-en/regions/americas/EC/ecuador-ley-organica-electoral-codigo-de-la/view).

[v] Eloy Alfaro (1842-1912), militar, guerrilero y presidente de Ecuador en dos ocasiones (1895-1901 y 1906-1911), principal dirigente de la revolución liberal ecuatoriana.

[vi] La del izquierdista Alberto Acosta (uno de los redactores del proyecto de ’revolución ciudadana’, ex-presidente de la Asamblea Nacional y antes muy cercano a Rafael Correa) fue particularmente decepcionante por sus gratuitas e insistentes acusaciones de «fraude electoral» y de «falta de democracia».

Fuente original: Le Monde Diplomatique

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Lunes, 04 Marzo 2013 07:01

Surrealismo poco mágico

Surrealismo poco mágico

Un joven enfrenta cadena perpetua por el delito de informar a su pueblo de lo que hace su gobierno en nombre de ese pueblo, otra crisis prefabricada más azota al país, un cardenal que encubrió los peores pecados imaginables votará por el próximo representante de Jesucristo, un par de estados intentan dejar atrás el siglo XIX, y un ex basquetbolista tatuado realiza una maniobra diplomática en Corea del Norte… éstos son sólo algunos de los acontecimientos de los últimos días que comprueban que el surrealismo está vivito y coleando en Estados Unidos.

 

Bradley Manning afirmó la semana pasada que filtró los documentos oficiales secretos a Wikileaks para detonar un debate público sobre las políticas bélicas y diplomáticas de su gobierno. Parece que no hay peor delito que informar al pueblo de lo que el gobierno hace en su nombre, ya que eso, según las máximas autoridades, es “ayudar al enemigo”. Según Manning, ahora de 25 años de edad, el público tenía el derecho y necesitaba enterarse de la verdad –posibles crímenes de guerra– detrás de la retórica oficial. Por ese delito fue tratado de manera “inhumana y cruel”, según el relator especial sobre tortura de la Organización de Naciones Unidas. El gobierno estadunidense constantemente promueve la “transparencia” y la libertad de expresión, y los derechos de los disidentes, en otras partes del mundo (Cuba, Venezuela, Ecuador, algunos países árabes, aunque no entre sus aliados), pero resulta que aquí alguien que se atreve a hacerlo aparentemente es culpable de traición a la patria.

 

Mientras tanto, el espectáculo de otra crisis prefabricada por la cúpula política será pagado por cientos de miles de trabajadores de todo el país. Aquí no hay una catástrofe natural, un fallo en el modelo económico, el derrumbe de alguna industria o un desastre internacional, sino una crisis que estalla de manera diseñada y fechada por la cúpula política de ambos partidos. Los recortes automáticos del presupuesto federal que entraron en vigor el viernes pasado fueron resultado de un acuerdo bipartidista en 2011 entre la Casa Blanca y el Poder Legislativo de que, si no se llegaba a un consenso para abordar el déficit fiscal, se detonaría una serie de recortes del gasto federal que supuestamente serían inaceptables para ambos lados, o sea, fue formular una pesadilla mutua para asegurar un acuerdo.

 

La pesadilla llegó y Obama subrayó que todo esto era innecesario y que “esto no es un triunfo para nadie y es una pérdida para el pueblo estadunidense”. La Casa Blanca supone que con los efectos de los recortes habrá mayor presión pública sobre los republicanos para llegar a un acuerdo. Los republicanos apuestan que la defensa de su supuesto “principio” de no permitir más impuestos sin mayores recortes funcionará políticamente. Pero lo único que logró, por ahora, es dejar claro ante la opinión pública la disfunción fundamental de la cúpula, aunque ninguno de los políticos perderá su chamba ni sufrirá personalmente las consecuencias de los recortes; ese será el costo para cientos de miles de trabajadores que dependen del presupuesto federal ante la receta de la austeridad que tan bien le ha funcionado a los europeos, ¿verdad?

 


Aunque, irónicamente, esta crisis también tiene consecuencias positivas, como los primeros recortes en el gasto militar en años o la liberación de miles de inmigrantes indocumentados detenidos en lugares como Arizona, por falta de recursos.

 

Hablando de instituciones en crisis, el cardenal Roger Mahony, líder católico de Los Ángeles, está en Roma para participar en el cónclave en el cual se seleccionará al próximo representante oficial de Jesucristo en la tierra, a pesar de que es culpable de encubrir el abuso sexual de menores por curas durante años en su diócesis. Ahora sesionará muy moralmente con otros líderes católicos de todo el mundo para elegir al próximo Papa. No estará solo en este rubro, ya que por lo menos una docena de sus colegas también han sido manchados por encubrir esos escándalos en todo el mundo, incluido el decano del Colegio de Cardenales, Angelo Sodano, acusado de aceptar enormes regalos monetarios de los legionarios de Cristo y frenar una investigación sobre el fundador de esa orden, el reverendo Marcial Maciel, reporta el New York Times. Aparentemente, Jesús –bueno, por lo menos el Vaticano– perdona todo.

 

En asuntos más terrenales, hace un par de semanas Misisipi votó formalmente para aprobar la 13 enmienda de la Constitución que establece la abolición de la esclavitud, 148 años después del fin de la Guerra Civil. Un inmigrante originario de Indio, el doctor Ranjan Batra, del Centro Médico de la Universidad de Misisipi, fue quien impulsó esta acción, después de ver la película Lincoln, ya que esa dejó en duda el resultado del proceso de ratificación. Investigó y descubrió que su estado adoptivo nunca había abolido la esclavitud de manera formal.

 

En otro estado, cuyo lema oficial es Virginia is for lovers (Virginia es para enamorados), resulta que tal vez no es el lugar más amoroso. Legisladores del estado intentan apenas ahora anular una antigua ley que prohíbe la cohabitación de una pareja no casada por ser definida como un acto “lascivo”. Pero no es lo único que permanece en el código legal estatal para preservar “la moralidad y la decencia”, reporta el Richmond Times-Dispatch. Hay leyes contra “fornicar” entre parejas no casadas, y también está prohibido el sexo oral en las leyes que regulan los “crímenes contra la naturaleza”, aun entre parejas casadas y heterosexuales, entre otra cosas poco decentes.

 

En tanto, en el ámbito internacional, Dennis Rodman, quien hace unos 10 años fue famoso como basquetbolista profesional tanto por su talento defensivo como por sus múltiples colores de cabello y sus tatuajes y sus locuras dentro y fuera de la cancha, ahora se volvió uno de los primeros estadunidenses en conocer personalmente al líder de Corea del Norte. Con diplomáticos así, el mundo será mucho más seguro.

Puro surrealismo, pero nada mágico.

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Viernes, 01 Marzo 2013 06:09

Los “grillinos” quieren ser gobierno

Los “grillinos” quieren ser gobierno

El Movimiento Cinco Estrellas (M5S), del cómico Beppe Grillo, se autopropone para presidir el nuevo gobierno italiano. En una situación de crisis económica, y también política después de los resultados de las elecciones del pasado fin de semana (que parecen llevar al país a un callejón sin salida), los “grillinos” creen poder resolver los problemas. La propuesta fue lanzada en el blog de Beppe Grillo y en Twitter, los únicos medios que él usa para comunicarse con sus seguidores, aparte de los grandes actos en las plazas. “Queridos ‘grillinos’: ustedes han llegado ahora con las valijas de cartón, pero éstos conocen el arte de embromarlos mejor que nadie, tienen una larga experiencia. Traten de no dejarse joder y pongan con claridad cada cosa en su lugar. Ustedes, por la historia que tienen y por la naturaleza de sus reivindicaciones, que son las de los italianos y que éstos les han pedido llevar adelante explícitamente, no pueden votar la confianza a un partido que se ha hecho responsable del estado en el cual el país se encuentra. En todo caso, el Partido Democrático (PD, centroizquierda) y el Pueblo de la Libertad (PDL, centroderecha), si están tan interesados en la gobernabilidad, pueden votar y dar ellos la confianza a un gobierno del Movimiento Cinco Estrellas”, escribió el periodista Claudio Messora en el blog de Beppe Grillo. La propuesta fue relanzada enseguida en Twitter por el líder del M5S.

 

La agresiva propuesta “grillina” es una respuesta a los intentos que el líder del PD y del centroizquierda, Pierluigi Bersani, está tratando de llevar adelante para conseguir que el M5S le dé su apoyo en el Senado. Sin ese apoyo en la Cámara alta, Bersani no podría formar un gobierno más o menos estable, aunque cuente con la mayoría en la Cámara de Diputados. La respuesta de Bersani no se hizo esperar: “Como nosotros respetamos a los electores, también Grillo debería respetarlos. Que no piense que puede escapar a sus responsabilidades. Los números los ve también él. Nos vemos en el Parlamento, ante los italianos”, dijo, aludiendo a la considerable mayoría conseguida por el centroizquierda en la Cámara e Diputados. El proyecto de Bersani y la propuesta de su principal aliado, Nicchi Vendola, de Izquierda Ecología y Libertad, es presentarse al Parlamento con un agresivo programa de reformas a cumplir en los primeros cien días de gobierno y con un gabinete de ministros de alto nivel para ver si los grillinos lo apoyan. Pero con lo dicho hoy por el líder, es difícil pensar que el acuerdo pueda realizarse.

 

Mientras tanto, Berlusconi –que se supo ayer está siendo investigado por otro escándalo de corrupción en Nápoles– sigue insistiendo con su “gobernisimo”, una alianza PD-PDL a la que el centroizquierda se opone, aunque Il Cavaliere lo presente como una necesidad urgente para el país, que en realidad esconde su propia necesidad de no quedar descolocado definitivamente.

 

Paralelamente a la desorientación de los políticos y al descontento de la sociedad, la situación económica podría producir reacciones muy negativas y llevar al “alzamiento de la tensión social y de las protestas” de parte de exponentes políticos y sindicales y llegar incluso a provocar “atentados espectaculares”, según el informe anual de los servicios secretos italianos dirigido al Parlamento y difundido ayer. El informe no contempla, porque es precedente, la inestabilidad provocada luego del acto eleccionario y las negativas previsiones elaboradas por la Unión Europea que dicen que la recesión durará todo el año 2013, mientras antes se había hablado de sólo seis meses.

 

Los servicios secretos temen el renacer de los llamados movimientos “anarco-insurreccionalistas”, pero también de otras reacciones populares como las manifestaciones contra el TAV, el tren de alta velocidad que se está construyendo en el norte del país y al que se opone buena parte de los habitantes de la zona y los ecologistas porque destruye el ambiente. El informe también incluye como reacciones posibles las protestas de los camioneros sicilianos; la campaña contra Equitalia, el ente que recoge los impuestos, odiado por todo el mundo; las manifestaciones de empleados precarios y de desocupados. Y a esto habría que agregarle reacciones de tipo político, como la difusión de “ideologías terroristas” y de movimientos filofascistas y antifascistas. Por eso el informe habla de la necesidad de controlar los flujos financieros que pueden mover esos grupos a través de medios institucionales, como los bancos, o alternativos, como el transportar dinero en efectivo. En síntesis, los servicios secretos pintaron una situación potencial gravísima que podría extenderse a otros países de Europa si no se toman medidas rápidamente.

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Miércoles, 27 Febrero 2013 06:12

Continúa el escándalo del cólera en Haití

Continúa el escándalo del cólera en Haití

Uno de los mayores escándalos que han ocurrido en el mundo llamado subdesarrollado ha sido el brote de cólera que ha estallado en Haití, el país más pobre del mundo, pobreza que se debe, no a la escasez de recursos en aquel país, sino a la concentración de su riqueza en unos sectores muy minoritarios de la población que han  utilizado tales recursos para su propio beneficio, sin ninguna consideración hacia el bienestar de las clases populares del país. Esta concentración de las riquezas se ha mantenido a base de una enorme represión. Históricamente tal sistema económico-político era sostenido por unos gobiernos que representaban y continúan representando a la oligarquía haitiana, la cual ha gobernado durante la mayor parte de la historia de Haití como Estado independiente con el apoyo de los gobiernos estadounidense y francés, influenciados por las empresas de estos países que se beneficiaban de tal sistema opresivo y de su relación privilegiada con las élites gobernantes en Haití.


 
Últimamente, sin embargo, los aparatos represores se han internacionalizado y la función policial —encaminada a evitar una revuelta popular— la hacen nada menos que las tropas de las Naciones Unidas, que se presentan como una organización humanitaria que ayuda a los países a los que se define como “en vías de desarrollo”. Hasta aquí, la descripción de lo que, por desgracia, es bastante común y corriente en las zonas donde la pobreza domina la vida de la mayoría de la población.


 
Ahora bien, algo ha ocurrido en Haití que muestra hasta qué punto las Naciones Unidas han perdido toda sombra de legitimidad en su presentación como organización en defensa de los derechos humanos. 8.000 personas han muerto de cólera y 646.000 han contraído esta enfermedad en aquel país. Y la causa de ello han sido las tropas de las Naciones Unidas, portadoras del cólera, que han contaminado a una persona de cada 16 a través del sistema de distribución de aguas en aquel país. Toda la evidencia científica sustenta que los portadores del cólera eran los soldados de Nepal, asignados a tal función —“garantizar el orden”— en aquel país, como parte del mandato de las Naciones Unidas. ¿Se figura el lector el escándalo que hubiera ocurrido en el mundo si esto hubiera pasado en Europa o en Norteamérica? Pues bien, tal situación escandalosa apenas ha sido noticia en estos lugares.


 
Pero la situación es incluso peor. Cuando, por fin, The New York Times publicó un artículo detallando la magnitud del desastre, hubo una cierta movilización en círculos jurídicos, en defensa de los derechos humanos, exigiendo reparaciones de las Naciones Unidas (UN) a Haití y a sus víctimas. Y hace unos días las Naciones Unidas (su Secretario General) indicó que no iban a pagar ni un real, pues su propia Constitución les otorgaba plena inmunidad. El Secretario General de tal asociación, el Sr. Ban Ki-Moon, dijo que independientemente de que hubieran sido las Naciones Unidas  responsables de este enorme problema, las Naciones Unidas tienen inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Y se quedó tan tranquilo. Y los medios de mayor difusión en España no dijeron ni pío.


27 feb 2013

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Beppe Grillo revoluciona Italia y cierra las puertas a la formación de un Gobierno con el centroizquierda

El Movimiento 5 Estrellas (M5S) de Beppe Grillo ha puesto Italia patas arriba tras convertirse ayer en la formación más votada en el Congreso con 8,6 millones de votos y conseguir 58 escaños en el Senado, lo que bloquea por completo las aspiraciones del centroizquierda de Pierluigi Bersani -vencedor por los pelos de las elecciones legislativas- de gobernar un país cuyo Ejecutivo depende irremediablemente del control total de la Cámara Alta.  

 

Grillo, líder espiritual del M5S, hace así historia en el país transalpino al romper el dominio de los partidos tradicionales la primera vez que se presenta a unos comicios generales (ironías de la vida, un partido novel no conseguía pasar del 20% desde Forza Italia de Berlusconi en los 90), algo que puede propiciar la caída de toda una generación de políticos y, como consecuencia, la renovación democrática que lleva reclamando desde hace cuatro años.

 

El proceso, en cualquier caso, será aún largo a juzgar por el número de votos que ha obtenido un Silvio Berlusconi al que todos daban por muerto. La coalición de su partido, el Pueblo de la Libertad (PdL), con la xenófoba y separatista Liga Norte (LN) de Roberto Maroni, ha resurgido de sus propias cenizas. En el Senado obtuvieron el 30,72% de los votos, lo que supone un total de 114 escaños, uno más que la coalición del Partido Democrático (PD) de Bersani e Izquierda, Ecología y Libertad (SEL) de Nichi Vendola. La participación se quedó en un 75%.


La clave de todo está en la ley electoral italiana. Los escaños del Senado se reparten en función de las regiones, otorgando mayor representación a las más pobladas. Lombardía, Campania y Sicilia son las áreas clave y en las tres ha ganado Berlusconi, por lo que pese a haber conseguido menos votos en el conjunto total del país (9,3 millones) que la coalición de Bersani en esa Cámara (9,6), obtiene más senadores.

 

El Senado quedaría configurado de la siguiente manera: centroizquierda, 113 senadores; centroderecha, 114; M5S, 58; y lista de Mario Monti, 16. La mayoría queda fijada en los 158 escaños, de ahí que Grillo sea en un personaje indispensable. Lo que pasa es que el cómico genovés, caracterizado por sus críticas despiadadas a la clase política y por ser un azote de la corrupción, no está por la labor de pactar ni con unos ni con otros. "No va a haber ningún tipo de apaño con nosotros [...] Bersani y Berlusconi están acabados", dijo tras empezar a confirmarse los resultados.

 

Hasta el último voto en el Congreso

 


Si cumple con su palabra, en estas condiciones sólo hay dos posibilidades en el horizonte y ambas pasan por las urnas. Por un lado, que después de que el presidente Giorgio Napolitano se reúna con todos los partidos, derecha e izquierda se pongan de acuerdo para organizar un Gobierno de transición -quién sabe si con Mario Monti al frente- que reforme la ley electoral y que termine por convocar las elecciones (se ha habla de septiembre).


Esto sería una manera de ganar tiempo con la Unión Europea y los mercados aparentando la sensación de que la cosa está bajo control.

 

Ahora bien, pasadas las 1.00 horas, el secretario nacional del PdL de Berlusconi, Angelino Alfano, compareció ante los medios exigiendo el too close to call en el Congreso. Es decir, estaba pidiendo al Ministerio de Interior que no decrete un ganador y que recuente todos y cada uno de los votos para asegurarse de quién ha ganado en la Cámara Baja. ¿Por qué? Por un motivo.

 

 Las diferencias entre Bersani y Berlusconi han sido tan pequeñas que el centroizquierda obtuvo un 29,5% de los votos por el 29,18% del centroderecha. Ambas coaliciones están separadas por un 0,4%. A su vez, el M5S tuvo el 25,5% de los apoyos y la coalición democristiana de Monti un 10,5%, muy por debajo de las expetativas.

 

Lo que sucede es que la otra particularidad de la ley electoral consiste en que el que más porcentaje de votos obtiene en el Congreso se lleva inmediatamente el premio de mayoría, un buen puñado de escaños gratis que suelen servir para afianzar a los partidos en esta Cámara. Al no haber una mayoría en el Senado, Berlusconi pretende de esta manera evitar que, por cosas de la vida, Grillo cambie de opinión y acceda a pactar con Bersani, dejando aislado definitivamente al centroderecha, que no tendría ni voz ni voto en ninguna de las cámaras.

 

Este gesto de Berlusconi pone sin duda más difícil que centroizquierda y centroderecha se pongan de acuerdo y formen eso que los medios han comenzado a llamar la supermayoría.  

 

Elecciones inmediatas


Por lo tanto, quizá en este momento la opción más viable es que Napolitano decida que no se puede formar Gobierno y convoque de nuevo elecciones. Esto provocaría una serie de terremotos de difícil manejo en todos los sentidos. Primero, en el conjunto de la Unión Europea, donde Alemania y la Comisión Europea se habían encargado de hacer cundir el pánico ante la posibilidad de que nadie obtuviera la mayoría en el Senado, por la inestabilidad que esto puede conllevar en los mercados de deuda.


El miedo no era infundado ya que por la tarde, con el primer sondeo que daba la vitoria a Bersani, la prima de riesgo descendió en pocos minutos hasta 20 puntos básicos (en torno a los 260) y la Bolsa de Milán crecía 4 puntos, mientras que cuando las proyecciones de voto anunciaban la resurrección de Berlusconi el diferencial crecía hasta los 293 y el parqué milanés rozaba los números rojos.

Este panorama pone también en el ojo del huracán al PD y sobre todo a Bersani, que ha conseguido quemar en tiempo récord la distancia de 15 puntos con Berlusconi que vaticinaban las encuestas hace dos meses. No sería de extrañar que se pusiera en duda la capacidad del secretario general para vencer en la repetición de las elecciones con lo que se podría llegar a abrir un nuevo proceso de primarias que esta vez, sin ningún genero de dudas, llevaría al liderazgo al alcalde de Florencia, Matteo Renzi.  

Jubilación anticipada

La lectura que se puede hacer de los resultados es que el hundimiento de los partidos tradicionales, que ya se había manifestado con la llegada de los tecnócratas al haberse demostrado incapaces de sacar al país de la crisis, es total. La segunda, que un cuarto de la sociedad (la media de votos de Grillo está en torno al 25%), justo el mismo porcentaje de personas que no votaron, ha decidido tomar las riendas de su futuro y romper con el dominio de una clase política asfixiada por el clientelismo, la corrupción, la escasez de ideas y la falta de renovación. La tercera, que acaba de comenzar el cambio que nunca se llegó a completar después de Tangentopoli y la instauración de la II República.


¿Cuál será el resultado? Es complicado aventurarlo pero la victoria de Grillo acaba de jubilar a toda una generación de políticos que hace décadas que tendrían que estar en sus casas. Por mucho que algunos medios se empeñen en repetirlo, Italia hoy es un país menos ingobernable que ayer ya que se han sentado las bases para que, esté quién esté, se tome en serio la necesidad de una reforma electoral.

También, porque el aire nuevo que hace entrar el M5S en el Parlamento y el gran apoyo social que ha recibido, obligará a centroizquierda y centroderecha a limpiarse y adaptarse a los nuevos tiempos. No se puede llamar antipolíticos -así es como denominan a Grillo los medios mayoritarios italianos e internacionales- a más de 8 millones de italianos. La antipolítica lleva instalada en Italia desde hace 19 años, esa que ha sumido al país en la casa de locos que parece hoy.

 

PÚBLICORoma25/02/2013 14:34 Actualizado: 26/02/2013 02:30

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Con el anuncio oficial de la próxima presentación al Congreso de la República de una nueva reforma para el régimen pensional vigente en el país, se pone a la orden del día el debate sobre la manera como aplica su proyecto estratégico la oligarquía colombiana, la relación que mantiene con los intereses internacionales, sus efectos sobre el país nacional y el qué hacer de parte de los movimientos sociales.

 

En primer lugar, es llamativa la capacidad del sector dominante para procesar sus políticas y variar sus métodos a la hora de aplicarlas. Antes, como recordarán los que cuentan con más de cuatro décadas a cuestas, las reformas económicas y políticas se aplicaban a través de un solo decreto. En seco. Y, lógico, la sensación de rechazo o insatisfacción que despertaban entre los afectados era más fuerte e intensa, por lo cual se desataban masivas protestas callejeras. Era el caso de las alzas en las tarifas del transporte, aplicadas una sola vez al año. Como se sabe ahora los incrementos se efectúan varias veces al año, 50 pesos tras 50 pesos, y nunca 200 o 300 de un solo golpe.

 

Esta es una muestra, pero sucede en todos los sectores de la vida nacional. Por ejemplo, y a propósito de la anunciada reforma pensional, recuérdese que hace dos meses se aprobó la reforma tributaria, que también terminó afectando aspectos de la política de seguridad social (ver desdeabajo No. 186, 187). Pero téngase en cuenta la anunciada reforma a la Ley 100, que según las mismas declaraciones de los congresistas, deberá ser aprobada en el 2013. Es decir, para evitar un debate intenso, y para no provocar la protesta generalizada de la población, o al menos la protesta más intensa en sectores específicos de la misma, la lección enseña que las medidas reformadoras que afectan a la población más necesitada, no se deben tramitar, aprobar ni aplicar de bulto. El error cometido a este nivel por Carlos Andrés Pérez en Venezuela, le valió el puesto (El Caracazo).

 

Esto han aprendido y ahora aplican el 'gota gota' en muchas de sus pretensiones. Pero, si bien el Gobierno se muestra solícito en ajustar todos los mecanismos que atacan el trabajo y favorecen el capital, es negligente, todo lo posible, cuando se trata de hacer respetar los derechos de los grupos subordinados. Veamos. Como se recordará la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1382 de 2010 –Código Minero–, pues desconocía el principio de la consulta previa con las minorías étnicas, que es vinculante para los países que, como Colombia, son signatarios del convenio 169 de la OIT.

 

En esa resolución, la Corte daba un plazo de dos años al gobierno –que se cumple el próximo 11 de mayo–, para presentar un nuevo proyecto de ley que, como el mismo Gobierno lo reconoce, no presentará. La consecuencia de esta decisión es que retomará vigencia el antiguo Código minero (Ley 685 de 2001), con lo que las exigencias ambientales quedarán, de hecho, derogadas. Revivirá, asimismo, la práctica inexistencia de requisitos para la adjudicación de títulos y licencias que ferió el país a todo tipo de agentes inescrupulosos. ¿Porqué no se ha reformulado un proyecto en dos años? Sobran las explicaciones.

 

Los hechos lo reconfirman. Se legisla o se deja de hacerlo para favorecer grandes intereses, internacionales y nacionales. Son múltiples los ejemplos que lo confirman, entre ellos: la política económica, derivada de las "recomendaciones" del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial; o el reajuste del proyecto de Estado —obligado por el Plan Colombia—, políticas y reformas que no se desprenden de un debate nacional ni de un proyecto de país soberano. No. Son la aplicación de los "consejos" de organismos internacionales, como se sabe, controlados por los grandes grupos económicos.

 

¿O será simple casualidad? Veamos. Tanto la reforma tributaria, como la anunciada en pensiones, en salud y en otros sectores, están consignadas en reciente informe que realizó sobre Colombia la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –cuyo objetivo es coordinar las políticas económicas y sociales de sus estados miembros–. El documento consigna como necesario de llevar a cabo (solamente relacionamos lo que corresponde al mundo del trabajo, salarios y política social):

 

  1. Mejorar el desempeño del mercado laboral, para lo cual es necesario "Reducir los costos laborales no salariales mediante la aplicación de la reforma fiscal prevista (aprobada en diciembre, n.n.) y realizar nuevos recortes en las cotizaciones a la seguridad social y otros pagos obligatorios con el trabajo".
  2. "Hacer que el sistema de pensiones sea menos regresivo y amplíe su cobertura. Estudiar opciones para aumentar el apoyo a la renta mínima en favor de las personas mayores con recursos escasos" (aspecto ya incluido en la reforma anunciada por el Gobierno).
  3. "Mejorar la organización del sistema de atención de salud para aumentar la rentabilidad mediante la reducción de la fragmentación del sistema de seguros y la integración vertical entre aseguradores y proveedores".
  4. "Reducir los costos laborales no salariales sumamente elevados mediante la aplicación de la reforma tributaria prevista y una mayor reducción de las cotizaciones a la seguridad social y otros pagos obligatorios relacionados con el trabajo" (parcialmente cumplido con la reforma tributaria aprobada en diciembre).
  5. "Evitar aumentar el salario mínimo por encima de la inflación de los precios. Estudiar la posibilidad de fijar el salario mínimo en función de la región y la edad para ajustar los costos laborales a la productividad y tener en cuenta las diferencias en el costo de la vida" (parcialmente aplicado con el ajuste salarial anual del salario mínimo).
  6. Dirigir mejor el apoyo hacia las personas necesitadas mediante transferencias condicionadas en efectivo, y ampliar dicho apoyo eliminando progresivamente las tasas reducidas y exenciones del IVA así como las subvenciones a los precios de los servicios de agua y electricidad (retomado en su aspecto específico en el proyecto de reforma pensional. Ya aplicarán la otra "recomendación"). www.oecd.org/eco/surveys/Colombia_Overview_ESP%20NEW.pdf

 

Las "coincidencias" son elocuentes. Pero al tiempo que así se procede, y segmentando la política de acuerdo a sus intereses, en La Habana se discuten otros aspectos de la misma, eso sí, y según el Gobierno, "nada que sea estructural". Al así proceder se logra divorciar, de una negociación política necesaria y urgente para el país, todo aquello que afecta la vida diaria. Al final podremos tener paz de los armados pero, sin duda, guerra social.

 

No es una exageración. Así se puede deducir del informe sobre las ciudades más violentas del mundo publicado por la asociación civil mexicana "Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal" (http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/). El estudio retoma 50 ciudades de más de 300 mil habitantes con las tasas de homicidio más elevadas del mundo, entre las cuales destacan 5 de Colombia: Cali (puesto 7), Medellín (24), Santa Marta (29), Pereira (37), Barranquilla (50).

 

Como se puede deducir de este informe, en ninguna de las ciudades relacionadas hay conflicto armado clásico, y sin desechar que en las mismas tenga presencia la insurgencia el desarrollo de sus acciones no es la causa de la realidad de violencia, inseguridad, control armado territorial, etcétera, que viven. Sus causas son otras, y precisamente no es el zumo que se discute en la capital de Cuba.

 

De esta manera, así como la oligarquía disecciona la política, impidiendo que se la asuma como un todo único, sabiendo relacionar lo estructural y lo coyuntural, parece ser que así mismo está dividido el país, en este caso, el urbano y el rural; de aquí que, por ahora, lo discutido en la Isla sea lo referido al campo y la tierra, pues las raíces del conflicto armado se sitúan sobre esta realidad. ¿Le interesa a la insurgencia quedar reducida a estos linderos?

 

Esta fragmentación de la política, esta lectura parcial y atomizada de la vida nacional, puede explicar la profunda pasividad que reina en las urbes nacionales ante el diálogo en curso. Realidad que le plantea un inmenso reto a los movimientos sociales para impedir que lo acordado al final del diálogo en curso termine solamente por abrir compuertas parciales para un sector del país (para el campesinado. indígenas y negritudes), y cerrándolas o dejándolas intactas para el restante.

 

El reto para los movimientos sociales, entonces: por un lado, apropiar las políticas internacionales que rompen la escasa soberanía con que aún pueda contar el país, apropiando las políticas económicas, sociales, etcétera ya diseñadas y por legalizar en el Congreso de la República, para saberlas quebrar o impedir en su aprobación y/o aplicación; por el otro, diseñar una política de Estado y gobierno, global y totalizante, un proyecto de país cimentado en banderas de justicia, libertad, democracia anticapitalista, redistribución de la riqueza nacional, protección de la naturaleza, equilibrio ambiental, con el cual presionar y obligar a las partes reunidas en La Habana para encarar el país como un todo y único proyecto de sociedad, que implica a 47 o más millones de connacionales –incluidos los inmigrados, exiliados y refugiados.

 

La elaboración de este proyecto, y la movilización para su difusión y debate, es la tarea prioritaria de estos movimientos en el 2013, logrando con ello reconstruir la política y el interés de la ciudadanía de a pie por la misma. Solo así la paz será integral y podrá afectar, por ejemplo, el poder de los organismos internacionales sobre el país, a la par de los indicadores de violencia que quiebran la convivencia en todo el territorio nacional, no solamente en las cinco ciudades aquí relacionadas.

Publicado enEdición N°188
Díaz-Canel, potencial sustituto de Raúl Castro

La Habana, 24 de febrero. Cuba puso en marcha hoy el mayor cambio generacional que haya realizado en la cúpula desde la revolución de 1959, al elegir a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de 52 años, como primer vicepresidente del Consejo de Estado (subjefe de Estado).

 

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento), electa a principios del mes, quedó instalada el domingo y eligió a los 31 integrantes del Consejo de Estado (ejecutivo y legislativo). El presidente Raúl Castro, de 81 años, fue relecto para un nuevo mandato quinquenal, pero él mismo anunció que será el último.

 

La promoción de Díaz-Canel, dijo Castro en un discurso de 40 minutos, “reviste particular trascendencia histórica porque representa un paso definitorio en la configuración de la dirección futura del país, mediante la transferencia paulatina y ordenada a las nuevas generaciones de los principales cargos”.

 

Agregó que debía consumarse ese traspaso en cinco años y mantenerse la línea de relevo “natural y sistemático”, para evitar que se repita la falta de candidatos “preparados” para los puestos de mando.

 

La ubicación de Díaz-Canel como el potencial sustituto de Castro deja fuera de la sucesión a lo que en el sistema cubano se consideró la generación intermedia, integrada por los que ahora están entre los 60 y los 70 años.

 

En contraste, con el nuevo “número dos” de la isla llega al primer círculo de poder otra generación, la que no vivió la revolución de 1959, pero se formó bajo sus instituciones. La dirigente del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la capital, Lázara Mercedes López Acea, de 48 años, fue electa para una vicepresidencia del Consejo de Estado.

 

Fidel Castro, de 86 años, ocupó durante parte de la sesión su asiento de diputado. Raúl lo citó en dos ocasiones y evocó el protagonismo de su hermano mayor en la insurrección de hace medio siglo. Eran maneras de reflejar el respaldo del máximo líder cubano a la operación en marcha.

 

Para los veteranos, “la mayor satisfacción es la tranquilidad y serena confianza que sentimos al ir entregando a las nuevas generaciones la responsabilidad de continuar construyendo el socialismo y con ello asegurar la independencia y la soberanía nacional”, dijo Raúl.

 

Luego refrendó su idea de que la reforma económica requiere cambios a la Constitución de 1976. Una de ellas será la de limitar a un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años el ejercicio de los principales cargos del Estado y del gobierno y establecer para ellos edades máximas.

 


En ese tramo, el mandatario precisó que, al margen del tiempo que tome la reforma constitucional, “en mi caso… este será el último mandato”.

 

Como signos de cambio, Raúl indicó que en el nuevo Consejo de Estado, de 31 miembros, 38.6 por ciento son negros y mestizos y 41.9 por ciento son mujeres (entre ellas, dos vicepresidentas).

 

El mandatario ratificó también su proclamada oposición a “la barrera del inmovilismo y la mentalidad obsoleta”, para favorecer, en cambio, la reforma económica, “en favor de desatar los nudos que frenan el desarrollo de las fuerzas productivas”.

 

Sin embargo, el golpe de acelerador que dio Raúl Castro al relevo en la dirigencia, contrastó con su propia percepción del ritmo de los cambios en la economía.

 

“A aquellos que dentro o fuera del país, con buenas o malas intenciones, nos alientan a ir más rápido”, señaló, “les decimos que continuaremos sin prisa, pero sin pausa, con los pies y los oídos bien pegados a la tierra, sin terapias de choque contra el pueblo y sin dejar a ningún ciudadano desamparado”.

 

Volvió sobre una enunciado suyo que suele invocar: “No me eligieron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba, ni para entregar la revolución. Fui elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el socialismo, no para destruirlo”.

 

Castro anunció que antes de los congresos del PCC habrá “un proceso de consulta popular, cada vez más profundo y organizado”, de modo que el programa partidario “refleje siempre, en todos los asuntos vitales de la sociedad, la opinión de la población”.

 

En un breve apartado sobre política exterior, Castro recordó que Cuba preside la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Dijo que, en esa capacidad, su gobierno actuará “con prudencia y determinación” para acentuar los puntos en común, como garantizar “el ejercicio de todos los derechos humanos por todas las personas” y disminuir la desigualdad social y la pobreza, entre otros.

 

También anunció que, en su sesión de junio, el parlamento tratará “a profundidad” el fenómeno de la corrupción.

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Lunes, 25 Febrero 2013 06:27

El adiós

El adiós

John Berger cuenta en su ensayo Cada vez que decimos adiós, que durante el último siglo nunca jamás tanta gente ha viajado en este planeta, algunos por voluntad propia, por motivos de turismo y viajes de negocios, pero la gran mayoría bajo coerción: los desplazados, los refugiados, y “ola tras ola de emigrantes, ya sea por razones políticas o económicas, pero emigrando para sobrevivir. El nuestro es un siglo de viaje a fuerza. Iría más allá y diría que el nuestro es un siglo de desapariciones. El siglo de la gente que no puede hacer otra cosa que ver a otros, quienes eran cercanos, desaparecer en el horizonte”. Argumenta que por eso el cine es el arte que más define al último siglo, ya que es un arte que nos lleva a otro lugar.

 

Tal vez por ello la celebración de los premios Óscar es uno de los espectáculos más vistos por la humanidad, ya que, como dice Berger, es una especie de “refugio global”.

 

No se sabe cuántos inmigrantes en este país vieron la ceremonia de los Óscares, ya que sus refugios aquí están cada vez más expuestos, y miles están en la cárcel por el simple hecho de haber dicho adiós a su familia y amigos, y cruzar una línea.

 

Pero el show político sobre los inmigrantes y qué hacer con ellos –los 11 millones de indocumentados anónimos, parte de los 40.4 millones de inmigrantes de todo el mundo (el grupo más grande es de México, con un total de 11.7 millones, 29 por ciento de todos los inmigrantes) que están aquí, muchos de ellos familiares de los ilegales– se pone en escena todos los días en Washington y en decenas de estados por todo el país.

 

La retórica política ha cambiado. El presidente, después de romper su promesa durante sus primeros cuatro años, ahora ha declarado prioridad inmediata una “reforma migratoria integral”. Los republicanos, que habían sido el obstáculo a cualquier iniciativa de legalización de los indocumentados, también se están sumando al juego. Todo resultado de la pasada elección, donde ambos partidos descubrieron que sus futuros dependerán cada vez mas de lo que se llama el “voto latino”. Sin embargo, nada está garantizado.

 

Mientras avanza el debate, la retórica tan bonita de que éste es “un país de inmigrantes” suele ocultar algunos de los hechos que marcan la vida cotidiana de los inmigrantes, sobre todo los indocumentados.

 

Por ejemplo, mientras Barack Obama afirma que es hora de que Estados Unidos reconozca la contribución de estos inmigrantes a la riqueza económica, social y cultural del país, en los hechos estas palabras se traducen en otra cosa: ningún presidente ha deportado a tantos inmigrantes, con ello dividiendo familias, rompiendo comunidades, destrozando tejidos humanos, anulando sueños y generando temor, pánico y sospecha del “otro”.

 

Obama deportó a más inmigrantes en sus primeros cuatro años que George W. Bush en ocho en la Casa Blanca. El New York Times reporta que para finales de este año las deportaciones con Obama llegarán a 2 millones, casi el mismo total que todas las deportaciones en Estados Unidos entre 1892 y 1997. En promedio, el presidente está deportando unos 400 mil al año, un nivel récord.

 


No sólo eso: hay un incremento dramático de procesos judiciales contra inmigrantes, lo cual ha nutrido un sistema de detención nacional creciente para esta comunidad, con más de 250 centros de detención, en los cuales se mantuvieron más de 400 mil personas, la mayoría sin acusación penal alguna en contra. Durante la última década han estado detenidos más de 3 millones de inmigrantes en total, reportó Human Rights Watch. Ahora, el ingreso y el reingreso ilegal a Estados Unidos se ha vuelto el delito federal más fiscalizado en este país.

 

Obama y su gente explican que la intensificación de sus esfuerzos de “control fronterizo” y de detener y deportar inmigrantes es necesario para descalificar los argumentos republicanos de que antes de cualquier reforma migratoria es necesario lograr tener una “frontera segura”. “¿Quién les cree? Todos hemos escuchado eso de la reforma migratoria durante los últimos años y no se ve nada; lo único que sí se ve todos los días en nuestras comunidades es más gente detenida y deportada”, comenta un activista de derechos de los inmigrantes. Estas palabras se escuchan en todos los puntos del país.

 

La semana pasada, mientras la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, estaba por hacer una presentación ante un comité del Senado, un inmigrante en el público se puso de pie y gritó: “¡has destruido nuestra comunidad!”, y en eso otras voces estallaron en el salón legislativo: “¡alto a las deportaciones!”

 

O sea, aquí hay un adiós doble: primero el difícil y peligroso al emigrar de algún punto a este país, y de repente, la familia y comunidad aquí tienen que decir adiós, de nuevo, a los que son deportados, o por lo menos preparar la despedida cada vez que un “indocumentado” –un padre, una madre, una hermana, una tía, un hijo– salga a la escuela, al trabajo, a la esquina por leche, ya que no se sabe si regresará. Desde 2010 el gobierno ha deportado a más de 200 mil padres de niños que son ciudadanos estadunidenses, según un informe del American Immigration Council.

 

“Algunos de nosotros somos ilegales, y algunos no somos deseados…/Nos persiguen como criminales…como asaltantes…/Morimos en tus montes, morimos en tus desiertos/morimos en tus valles y morimos en tus llanos/Morimos bajo tus árboles y morimos en tus arbustos/De ambos lados de la frontera, morimos igual…/Adiós a mi Juan, adiós Rosalita/adiós mis amigos Jesús y María/No tendrán nombres cuando vuelen en ese gran avión/Lo único que serán llamados será ‘deportados’”. De la canción Deportee, de Woody Guthrie, escrita a finales de los años 40.

 

¿Cuántos adioses más tenemos que decir, tanto aquí como en los países que exportan seres humanos como parte de un modelo económico, antes de que podamos decir “bienvenidos”?

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