MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Cuatro amigos usan sus teléfonos móviles en la calle.KARRASTOCK / Getty Images

Dos científicos dicen haber encontrado la forma de que las operadoras no tengan que conocer la ubicación de los dispositivos. La propuesta se suma a otras que tratan de cambiar la arquitectura para salvaguardar la privacidad

 

Las operadoras móviles saben en todo momento dónde estamos. Necesitan conocer con precisión nuestra ubicación para poder redirigirnos las llamadas y prestarnos sus servicios. La cuestión es que algunas operadoras venden los datos así recopilados –se supone que debidamente anonimizados– a data brokers, compañías que se dedican a cruzar bases de datos para hacer perfilados de la población y poder segmentar mejor la publicidad.

No hay nada que el usuario pueda hacer para evitar ser localizado. Desactivar el GPS, por ejemplo, es inútil: las operadoras trazan nuestra posición mediante otros métodos. Si no lo hiciera, el sistema no funcionaría.

¿Pero y si eso no fuera exactamente así? ¿Y si no fuera imprescindible que las operadoras deban conocer nuestra ubicación para que la arquitectura móvil opere correctamente? Eso es lo que proponen dos científicos estadounidenses: Paul Schmitt, de la Universidad de Princeton, y Barath Raghavan, de la Universidad de California del Sur (USC). El sistema que han ideado consiste en que las operadoras asignen a cada terminal un valor abstracto no relacionado con el número de teléfono ni con el nombre de su dueño. La identificación se realizaría con un sistema de tokens (o fichas virtuales) que requeriría un servicio externo para apoyar la operativa.

“Desde el punto de vista académico, la idea puede ser interesante porque propone soluciones al hecho de que las operadoras no te puedan seguir”, opina Víctor Gayoso, miembro del grupo de investigación en Criptografía y Seguridad de la Información del ITEFI (CSIC), “pero tiene tantas limitaciones y exigiría cambiar tanto el modelo de uso actual de la telefonía móvil que no parece práctico”.

Al margen de las complicaciones técnicas, el valor del trabajo de Schmitt y Raghavan –en proceso de revisión para su publicación– es que cuestiona la inmutabilidad del sistema. Así lo cree la filósofa Carissa Véliz, autora de Privacy is Power (Bantam Press, 2020). “El modelo muestra que las cesiones de privacidad se están dejando de ver como algo inevitable. La máxima de que para que todo funcione tiene que haber una gran recolección de datos, de que si quieres tecnología tienes que dar información personal, ya no nos la creemos”, reflexiona.

Cómo nos ubican las operadoras

Las operadoras móviles saben en todo momento a qué estación base –la antena que radia en una zona de cobertura– estamos conectados. Con medidas de potencia, pueden determinar la distancia entre cada terminal y la antena. Resulta, además, que las zonas de cobertura suelen estar sectorizadas: se ponen varias antenas por zona, de manera que mejora el servicio y también la precisión con la que se puede ubicar cada terminal. El objetivo es llegar a localizar con un margen de error de un metro, lo que permitiría saber hasta en qué planta de un edificio se encuentra el usuario.

El despliegue del 5G aumentará todavía más la precisión de la localización de los móviles. “Con el 5G, solo nos conectaremos a una torre a la vez, y estas estarán en todas partes, por lo que las antenas tendrán un rango de distancia mucho más corto y nuestro operador móvil podrá determinar nuestra ubicación y trazar el camino que tomemos con mucha más precisión”, explica Manuela Battaglini, abogada experta en ética de los datos y CEO de Transparent Internet.

 “La arquitectura de la telefonía móvil se nutre de una era pasada en la que las medidas de privacidad eran menores, los proveedores estaban altamente regulados y centralizados, había pocos usuarios de móviles y los ecosistemas de data brokers estaban subdesarrollados”, señalan Schmitt y Raghavan en su artículo. “En los últimos años se ha documentado extensamente que las operadoras han estado vendiendo de forma rutinaria datos sobre la localización y metadatos de las llamadas de centenares de millones de usuarios. Como resultado, en muchos países cualquier usuario de móvil puede ser físicamente localizado por cualquiera por unos pocos dólares”.

¿Una solución o más problemas?

Arturo Azcorra, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y director de IMDEA Networks, coincide en que la propuesta es difícil de llevar a la práctica. “Es una idea interesante, que podría ser que se implante en un momento dado, si hubiera la suficiente presión social a las operadoras. Yo lo veo complicado. Haría el sistema un poco más caro y complejo, aumentando algo el coste de operación”, subraya.

“Creemos que el sobrecoste sería insignificante, en tanto que los cambios se aplicarían enteramente en el software”, argumentan Schmitt y Raghavan por correo electrónico. “De hecho hemos sido capaces de prototipar el modelo con pequeñas modificaciones en un teléfono móvil de código abierto. Creemos que podría ser fácilmente implementado por la mayoría de operadoras”, zanjan.

Gayoso, del CSIC, sigue sin verlo operativo. “Cualquier operador móvil tiene muchos datos personales. Pero el hecho de que vendan datos de localización a otras empresas, que eso está por ver, se soluciona con legislación. Se puede establecer que el único caso sea cuando un juez te lo pida. Cambiar la arquitectura técnica cuando es más sencillo hacerlo de otra forma es matar moscas a cañonazos”.

Lo importante, insiste Véliz, es que la comunidad científica está trabajando en soluciones para minimizar la vulneración de nuestra privacidad. Por ejemplo, con sistemas de encriptado por capas similares a TOR. “Al final se trata de complicar los flujos de datos para que no sea evidente quién hace qué. Si tu operadora realmente quiere identificarte, puede hacerlo. La cosa es que no sea automático, que le cueste trabajo. Que no lo pueda hacer automáticamente”.

Por Manuel G. Pascual

01 mar 2021 - 07:55 UTC

Publicado enSociedad
Soldados israelíes durante un entrenamiento en los Altos del Golán ocupados. - REUTERS.  16/02/2021 07:14 Actualizado: 16/02/2021 07:15

Al menos una veintena de ingenieros israelíes han vendido a China misiles fabricados en Israel pero usando en parte tecnología puntera de Estados Unidos. Difundida la semana pasada por los servicios secretos del Shin Bet, la noticia, sobre la que sigue pesando la censura militar, contribuye a enrarecer las relaciones de Benjamín Netanyahu con Estados Unidos.

 

Una red de ingenieros israelíes vendió a China misiles avanzados fabricados en parte con sofisticada tecnología militar de Estados Unidos. La venta, que proporcionó pingües ganancias de "decenas de millones" de dólares a los ingenieros, violó los acuerdos que Israel estableció con Washington para impedir que su puntera tecnología cayese en manos de terceros países, especialmente de China. 

El Shin Bet, los servicios de inteligencia israelíes para el interior del país y los territorios palestinos ocupados, informaron la semana pasada de la desarticulación de la red diciendo que de la venta se había beneficiado "un país asiático", sin mencionar específicamente a China, el principal rival de Estados Unidos en relación con esa tecnología.

El anuncio del Shin Bet llegó menos de un mes después de la entrada en la Casa Blanca de Joe Biden, quien todavía no ha hablado con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Aunque Washington aún no ha reaccionado ante el millonario negocio de los ingenieros israelíes, es fácil imaginar que los americanos están muy enojados puesto que en más de una ocasión habían advertido a Netanyahu que no vendiera a China tecnología militar. 

Durante el mandato de Donald Trump, los israelíes disfrutaron de un amplio margen de maniobra en esta materia ya que el presidente republicano accedía a cada una de las demandas de Netanyahu, y es muy probable que por entonces los servicios de inteligencia americanos ya conocieran los trapicheos con China, que no son nuevos, pero decidieran hacer la vista gorda. 

El hecho de que la censura militar haya prohibido a los medios hebreos publicar el dato clave de que el país beneficiado es China, indica la preocupación de Netanyahu con este negocio que sin duda enrarecerá más las relaciones con la administración demócrata. Sin embargo, en distintos blogs y redes sociales de Israel y del extranjero se ha revelado el nombre de China. 

Un dato sorprendente es que quien haya revelado el negocio sea el Shin Bet, y no los servicios de inteligencia militar, Aman. De esta manera Israel trata de referirse a la venta como una cuestión interna y de iniciativa privada, aunque es muy difícil imaginar que dado que de momento hay una veintena de ingenieros implicados, estos no informaran a las autoridades con anterioridad, o que a los servicios de inteligencia les pasara por alto el negocio hasta después de consumado. 

Una explicación puede ser que Israel, que siempre ha cuidado en extremo las relaciones con China, obtuviera a cambio algún beneficio equivalente. Los medios hebreos habitualmente publican informaciones sobre la creciente influencia de Pequín en la política y economía internacionales, y sobre la necesidad de mantener relaciones amistosas con el gigante asiático, a pesar de las reiteradas advertencias de Estados Unidos. 

Se da la circunstancia de que una buena parte de los ingenieros implicados han trabajado con anterioridad para los servicios de inteligencia israelíes o en el desarrollo de armas sofisticadas del ejército, lo que abunda en la dirección de que es muy difícil, si no imposible, que las autoridades militares y políticas de Israel, incluido Netanyahu, ignoraran lo que tantas personas se traían entre manos, máxime teniendo en cuenta la naturaleza del negocio. 

No hay que descartar que el chanchullo haya contribuido a que el presidente Biden todavía no haya llamado por teléfono a Netanyahu. En cada aparición de Biden se le pregunta por qué no lo ha hecho y la Casa Blanca responde que pronto se iniciará la llamada. 

Una parte de los ingenieros trabajaban para las Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI), una gigantesca empresa que en su totalidad es propiedad estatal y emplea a más de 15.000 trabajadores. Entre otras cosas, IAI, cuyo nombre tampoco se puede publicar en Israel en relación con este caso debido a la censura militar, fabrica los misiles avanzados vendidos a China. 

Entre los productos que fabrica IAI se encuentra el sistema de misiles Harop, el más avanzado de todos, y también se incluye el Harpy-2, que incorpora tecnología que permite atacar objetivos haciendo que los misiles se destruyan al alcanzar su objetivo. Algunos medios señalan que esta es la tecnología más avanzada en este campo que hay en el mundo. 

Para despistar a Estados Unidos, el clan de ingenieros se sirvió de sofisticados métodos que incluían el uso de intermediarios con el fin de ocultar que el cliente era en realidad China. También se sirvió de un complejo tramado de financiación para evitar que apareciera China. 

Esta no es la primera vez que Israel vende a China material militar avanzado en cuya fabricación se ha usado tecnología estadounidense, aunque probablemente la noticia ha saltado en el peor momento de todos, es decir cuando las relaciones de Israel con Estados Unidos no son precisamente óptimas y la noticia podría deteriorarlas aún más. 

Según Tikun Olam, un blog basado en Estados Unidos pero que se especializa en filtraciones israelíes, la tecnología adquirida por China podría caer en manos de Corea del Sur o Irán, dos países que mantienen buenas relaciones militares con Pequín. 

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La libertad de expresión y su policía digital

¿Qué hacer con una red que prometía democratizar las comunicaciones, descentralizar del poder y mejorar el acceso universal al conocimiento, y que hoy parece capaz de alterar la convivencia social, agrietar la política y distorsionar la economía? Estas y otras preguntas se acumulan en estos tiempos y tomaron una acuciante actualidad tras la decisión de Twitter de suspender de manera permanente la cuenta de Donald Trump.

 

Si un presidente habla pero las vías para ser escuchado por la sociedad impiden su expresión, ¿realmente habla? Esta variable del famoso kōan zen bien puede aplicarse al bloqueo sufrido por el ex-presidente Donald Trump en el tramo último de su mandato por parte de las grandes plataformas digitales Facebook, Google y Twitter, que sumó la prohibición de Apple, Amazon y nuevamente Google de descarga para la app de la red social Parler, un foro de extremistas de derecha, supremacistas y otras tribus que encontraron en Trump un genuino vocero.

Cómo y bajo qué reglas circulan los discursos, quién puede escucharlos y cuáles son los límites de lo decible son cuestiones que remiten a la esencia de una democracia. Si a la circulación de ideas y opiniones se le imponen peajes arbitrarios, sea a través de controles gubernamentales, de corporaciones privadas (tema que no suelen contemplar los indicadores de «calidad democrática») o de sistemas mixtos de vigilancia, la capacidad de acceder y participar de los debates y decisiones públicas se resiente.

Después de capitalizar el frenesí autoritario de Trump y su incontinencia comunicacional, las plataformas digitales bloquearon sus posteos, en un giro respecto de la apacible tolerancia que tuvieron con él cuando llamó a fusilar a quienes protestaban por el asesinato de George Floyd en manos de la policía para recordar que «las vidas negras importan». Entretanto, Trump perdió las elecciones generales, y los republicanos, el control de las dos cámaras del Congreso. El giro de la política de las plataformas es copernicano: si bien hubo casos de intervención de estas en otros procesos políticos –en varios países latinoamericanos como Brasil, Venezuela, Cuba o México–, es la primera vez que la coordinación de los gigantes de internet aísla a un jefe de Estado y a sus millones de seguidores. A menos de un año del juramento de defensa radical de la libertad de expresarse del entonces presidente Trump hecho por Mark Zuckerberg (Facebook) y Jack Dorsey (Twitter), las plataformas profanan una de las utopías del credo liberal.

Las fisuras del ecosistema de información y comunicaciones quedaron al desnudo. Un puñado de empresarios y ejecutivos de Silicon Valley decidieron, de manera unilateral, cancelar la expresión del presidente de Estados Unidos. Con ello abrieron la puerta a una discusión que, si bien animaba a especialistas, hasta ahora no había concitado la atención pública ni tenía lugar en la agenda de líderes mundiales. Este enero las cosas cambiaron. Las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sugieren una nueva tendencia: «las interferencias en el derecho de expresión no pueden ser basadas solamente en reglas internas de una empresa» sino que «es necesario un conjunto de reglas y leyes para decisiones de tal efecto», dijo la política democristiana, anteriormente ministra de varias carteras en Alemania.

La interferencia discrecional, opaca e inapelable de contenidos públicos –tal es el caso del discurso de un presidente– y la censura privada de expresiones protegidas por los estándares de libertad de expresión son dos de las múltiples cabezas de una creación que es al mismo tiempo producto de los sueños de la razón y de la evolución científica anabolizada con inversiones estatales y privadas. Del anhelo de arribar a una nueva esfera de democracia directa comparable al Ágora ateniense que profetizó Al Gore en la Asamblea de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones en Buenos Aires en 1993, cuando internet se abría al uso civil y comercial tras un cuarto de siglo de funcionalidades militares y científicas, a la plataformización protagonizada por conglomerados globales que mercantilizan los datos de miles de millones de usuarios y generan anomalías según cualquier perspectiva que se adopte sobre defensa de la competencia, media otro cuarto de siglo, y un poco más.

¿Qué hacer con esta red cincuentona que prometía democratizar las comunicaciones, descentralizar los nodos de poderes y controles coercitivos o mejorar el acceso universal al conocimiento, y que hoy es vista por connotados líderes políticos como la Hidra de Lerna, cuyo aliento venenoso es capaz de alterar la convivencia social, agrietar la política y distorsionar la economía?

Para aproximar una respuesta a la pregunta del momento, es necesario reconocer las mutaciones de la libertad de expresión en la etapa actual de expansión global de las plataformas. En primer lugar, es claro que no hay expresión libre si no hay, a la vez, recursos para expresarse. El derecho a la expresión es una abstracción si no contiene el acceso a los recursos imprescindibles para confirmar la expresión en acto. Uno de los mayores expertos en el tema, Owen Fiss, dedicó parte de su obra a enfatizar que la desigualdad en el acceso a recursos materiales que estructura a las sociedades en ricos y pobres tiene su correlato en las condiciones en que unos y otros pueden ejercer su derecho a la expresión.

El derecho a la expresión comprende no solo la posibilidad de emitir ideas y noticias «por cualquier medio de expresión», como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también el acceso a las ideas y noticias de terceros y la facultad de investigar. Si no median políticas que corrijan o compensen las desigualdades estructurales, las probabilidades reales de concretar el derecho a la expresión por parte de los sectores con menores recursos se diluyen.

En segundo lugar, es preciso ponderar el lugar social que hoy ocupan las plataformas digitales, en particular las llamadas «redes sociales». Si durante siglos las industrias culturales fueron las instituciones que producían y distribuían masivamente las ideas y opiniones, y si durante el siglo XX los medios electrónicos, junto a la prensa masiva, operaron como auténticos guardianes de la palabra y del entretenimiento a gran escala, hoy esas funciones migraron hacia las plataformas digitales. Es decir que el lugar social donde ocurre el encuentro entre la noticia opinada y su público, donde las personas conversan acerca de los temas de interés y donde los vendedores y consumidores transan sus productos y servicios, son centralmente –y crecientemente– las plataformas digitales.

Tan constituyente de las conversaciones públicas es el espacio de las plataformas digitales que los líderes políticos, las principales empresas y los referentes sociales son intensivos usuarios de ellas. La interpelación a la ciudadanía por parte de unos, a los consumidores, usuarios y audiencias por parte de otros, quedaría muy resentida si no aprovecharan, con estrategias variopintas, el potencial de las redes que, a diferencia de la lógica de los medios tradicionales, es simultáneamente masivo y personalizado. El alcance global, la ubicuidad y el volumen de las plataformas, junto con su extremo nivel de concentración en unas pocas corporaciones, las ubican como epicentro de las comunicaciones contemporáneas.

Retomando entonces a Fiss, hoy las plataformas son recursos imperiosos para ejercer el derecho a la expresión, para lo cual es preciso acceder a una buena conexión de internet, además de tener las capacidades, los dispositivos y el tiempo indispensables para ejercitar ese derecho como si fuera un músculo. Si las reglas de las plataformas, espacio privilegiado donde ocurren las interacciones comunicativas, informativas y comerciales, son opacas, discrecionales o herméticas; si no respetan el debido proceso que define un procedimiento respetuoso de los principios de derechos humanos, entonces el problema del ejercicio de la expresión se agrava. Por el contrario, si los criterios –es decir, la regulación– de las redes digitales fuesen democráticos, accesibles y justos, si contemplaran mecanismos de apelación y auditoría, disminuiría la desigualdad en la aspiración a que el derecho a la expresión se garantice.

«Si no te gusta Facebook, abre un blog» es una cándida respuesta a quienes observan el poderío de las grandes compañías de internet. Pero ¿hay alternativa a las plataformas dominantes en los intercambios digitales? En las circunstancias actuales, la respuesta es negativa. En efecto, las principales redes operan como barreras de entrada casi imposibles de sortear, siendo además, según la Autoridad de la Competencia y Mercados del Reino Unido, un obstáculo para la innovación y un peso para usuarios y consumidores.

Las plataformas concentran mercados masivos de usuarios (Facebook, que cumplió 17 años, supera los 2.400 millones) que ceden gratuitamente sus datos (contactos, rutinas, localización y preferencias). Pero gracias a los efectos de red de la economía digital y a su escala alcanzada, las plataformas son simultáneamente un peaje obligado para que productores de contenidos (sean industriales, como los medios de comunicación o el cine; o artesanales, como los creadores de música, literatura y obras audiovisuales) y anunciantes se encuentren entre sí y con sus audiencias. 

Esa posición es fruto del talento, sí, y también de la oportunidad de haber llegado a tiempo, de las fusiones y compras de compañías innovadoras emergentes que podrían representar una competencia, y de una regulación sumamente permisiva con la monopolización lubricada por el mayor lobby registrado en los últimos años. Los abusos de posición dominante en este cuello de botella están documentados por autoridades de la competencia en Europa y América del Norte y son el meollo de denuncias presentadas por fiscales de casi 50 estados en Estados Unidos contra Google y Facebook. Por eso, a menos que cambien las circunstancias (por ejemplo, que empiecen a aplicarse las normas antimonopolio), cualquier competencia emergente que amenace el poder de las plataformas tiene muy pocas posibilidades de prosperar sin ser fagocitada por las big tech, ya sea a través de compras (WhatsApp) o del desarrollo de funcionalidades que imiten las del competidor emergente (Snapchat).

Puesto que canalizan la comunicación pública y las interacciones privadas, y que no tienen competencia en la «economía de la atención», las reglas discrecionales que imponen las plataformas respecto de lo que puede o no decirse en ellas afectan el derecho a la libertad de expresión. La edición de sus algoritmos –cambiantes, opacos, desproporcionados e inauditables– define la suerte o la desgracia de empresas, organizaciones y personas que dependen del contacto con usuarios o consumidores y de un día para el otro, sin aviso previo, ven que el vínculo que habían creado se les va de las manos como arena seca con un simple cambio de programación decidido en Silicon Valley.

Las plataformas no son solo la vitrina de exhibición de comentarios generados por sus usuarios, sino también editoras que promueven una mayor exposición de estos jerarquizando su ubicación, destacando su acceso o, como contracara, limitándolo hasta removerlo. También han alentado la difusión de contenidos radicales para promover la permanencia de los usuarios en burbujas que funcionan como un feedlot de polarización, como mostró <span class="s2">.

Lo que han hecho con los mensajes de Trump y, en el extremo, con el bloqueo de sus cuentas, o la censura a la fotografía de valor histórico de «la niña del napalm», se repite a diario con posteos censurados sin que sus autores sepan el motivo ni puedan apelar la decisión unilateral de las big tech. En algunos casos, los contenidos removidos son reclamos sobre violaciones a derechos humanos, en otros, campañas de bien público (como la vacunación) u opiniones perfectamente legales.

Las plataformas ya no son intermediarias asépticas, sino editoras del debate social con un alcance que supera al de los medios de comunicación tradicionales. Básicamente, porque estos no conocen a su público con el nivel de precisión que sí tienen las plataformas que, además, monopolizan la explotación comercial de sus datos y condicionan desde los precios de la economía hasta la agenda de discusión política. Incluso desde el punto de vista legal (que no es el que ensaya este artículo) los medios cargan con un peso mayor que el de las plataformas digitales en cuanto a la responsabilidad ulterior por sus decisiones editoriales.

El poder que han concentrado las big tech llama la atención del estamento político en todos los países de Europa, con prescindencia de si se trata de una líder de centroderecha como Angela Merkel, un socialdemócrata como Pedro Sánchez o un conservador como Boris Johnson. La retórica libremercadista que fomentó la plataformización corporativa de internet no solo engendró monopolios que contradicen cualquier noción de competencia económica, sino que además afecta derechos (como la libertad de expresión) inalienables de la vida democrática. La guía propuesta por la Comisión Europea en diciembre pasado para que las plataformas aclaren públicamente los criterios de priorización de sus algoritmos pretende alinear ambas cuestiones (democracia y no distorsión de mercados) en una misma dirección.

La autoatribución de la facultad de cancelar de facto y sin derecho a defensa a un presidente legítimo, sin que medie una orden judicial o un pronunciamiento de otros poderes democráticos como el Congreso o agencias regulatorias creadas por este, es una representación cabal del rol de policía que esta vez descargaron contra un Trump derrotado en las elecciones, pero en esta acción anida una discrecionalidad, una opacidad, una ausencia de mecanismos elementales de apelación, de rendición de cuentas y de representación social que socava las formas elementales del Estado de derecho.

Varias razones habilitan a cuestionar el bloqueo dispuesto por las plataformas contra Trump: primero, porque cercenaron la palabra del representante de una corriente de opinión; segundo, porque obstruyeron el acceso de la sociedad a la expresión de un presidente legítimo; tercero, porque las plataformas se autoasignaron el rol de controladoras del discurso público y, con este antecedente, les resultará complejo desentenderse de las consecuencias políticas y legales correspondientes, incluida la evidente función editorial de la que tanto han renegado hasta ahora; cuarto, porque se arrogaron de facto facultades que corresponden a poderes públicos en una democracia, es decir que si Trump efectivamente era una amenaza a la convivencia y su incitación a la violencia fue dañina, entonces correspondía que los poderes instituidos y legitimados (poderes Judicial y Legislativo) adoptasen las medidas pertinentes, incluyendo el recorte de los espacios de difusión del primer mandatario; quinto, porque al presentarse como una suerte de atajo ejecutivo y veloz para decisiones que deberían tramitarse por las vías institucionales de una democracia, las plataformas se ofrecen como un sustituto posible para cuestiones que son muy ajenas a su competencia, al tiempo que sustraen de la esfera pública otras que no solo le son propias, sino que le son constitutivas.

Como reflexionan Andrés Piazza y Javier Pallero en Cenital, la cuestión central hoy es quién modera a los moderadores de contenidos, quién regula a los reguladores del discurso y quién los controla. Las restricciones al derecho a la libertad de expresión no pueden ser fruto de la evaluación impulsiva de corporaciones dueñas de las plataformas que alteran su algoritmo al calor de intereses particulares o de presiones externas para disminuir las operaciones de desinformación, la difusión de mensajes de odio o el alcance de las llamadas fake news.

Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, el sonido queda anulado. Si la conversación pública es escamoteada por las plataformas como policía privada de los discursos públicos, la libertad de expresión resulta ultrajada.

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Domingo, 24 Enero 2021 05:53

"Somos más débiles que los algoritmos"

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Entrevista a Cédric Durand, autor de "Tecno-Feudalismo, crítica de la economía digital"

Vivimos en un feudalismo propio a los tiempos modernos, muy alejado de la libertad y la equidad prometida por las nuevas tecnologías, postula este economista, profesor de La Sorbona.

 

Todos las esperaban y las anticipaban como un Mesías restaurador y al final apareció un monstruo. En realidad, vivimos en un feudalismo propio a los tiempos modernos, muy alejado de la libertad y la equidad prometida por las nuevas tecnologías. Bajo el manto de una retórica de progreso e innovación se esconde el más puro y antiguo látigo de la dominación. Las nuevas tecnologías son todo lo contrario de lo que prometen. Esa es la tesis de un brillante ensayo publicado por el investigador Cédric Durand: "Tecno-Feudalismo, crítica de la economía digital" (Technoféodalisme: Critique de l'économie numérique). Durand demuestra cómo, en contra de lo que circula en los medios, con las nuevas tecnologías, en vez de civilizarse, el capitalismo se renovó hacia atrás. Se instaló en el medioevo con los útiles de la modernidad. No dio ni nos hizo dar un salto hacia el futuro, sino que se replegó hacia atrás y, con ello, resucitó las formas más crueles de la dominación y el sometimiento. El mito de la Silicon Valey se derrite ante nosotros: acumulación escandalosa de ganancias, tecno dictadores, desigualdades sociales indecorosas, desempleo crónico, millones de pobres suplementarios y un puñado de tecno oligarcas que han acumulado fortunas jamás igualadas. La tan cantada “nueva economía” dio lugar una economía de la dominación y la desigualdad. La tesis del libro de Cédric Duran es un viaje al revés, una desconstrucción de los mitos tecnológicos: la digitalización del mundo no ha conducido al progreso humano sino a una gigantesca regresión en todos los ámbitos: restauración de los monopolios, dependencia, manipulación política, privilegios y una tarea de depredación global son la identidad verdadera de la nueva economía.

Economista, profesor en La Sorbona,  Durand es un especialista de la organización de la economía mundial y de la dinámica del capitalismo: empresas multinacionales, deslocalizaciones, globalización, cadenas mundiales de producción. Con este ensayo su análisis irrumpe en el terreno de un mito tecnológico que nos consume y adiestra cada día . Como lo demuestra en esta entrevista realizada en París, al mito de la nueva economía le quedan pocas alas para seguir volando. Su verdadero rostro está aquí.

---Envuelta en mitos, manipulaciones, egoísmos y sueños de progreso humano ¿cuáles son los verdaderos resortes de la economía digital ?

---Tiene varias dimensiones. Primero hubo lo que se llamó “la nueva economía digital” cuya idea general consistía en que se aplicarían nuevas reglas al funcionamiento de la economía gracias al empuje de las tecnologías de la información y la comunicación. A partir de 1990 esta idea acompañó la renovación del neoliberalismo: innovación, emprendimiento, protección de la propiedad intelectual fueron las ideas portadoras. Se decía que gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación como a toda la esfera digital habría un montón de costos que se anularían y que de allí surgiría una nueva era de prosperidad. Fue todo lo contrario.

---En realidad, ha sido un cuento que congeló la prosperidad colectiva.

---Reconozco, desde luego, que con la aparición de los soportes digitales hubo algo nuevo que brotó, pero, sobre todo, lo que intento demostrar es que, contrariamente a lo que se anunció, no vimos un horizonte radiante del capitalismo sino todo lo contrario, es decir, una degradación del capitalismo. La economía política digital consiste en admitir al mismo tiempo el salto tecnológico como los cambios institucionales que lo acompañaron, que se resume principalmente en uno: el endurecimiento del neoliberalismo. El resultado de todo esto es que no hemos asistido a una nueva prosperidad del capitalismo ardiente, sino a todo lo contrario, o sea, a un capitalismo en vías de regresión. 

---Otra de las perversiones escondidas de esa nueva economía es el acrecentamiento de las injusticias en las relaciones sociales y, por consiguiente, un cambio de perspectiva de esas relaciones. Usted ha definido ambas tendencias como la instauración de un “tecnofeudalismo”, de una economía digital feudal.

---Si, efectivamente. En mi libro demuestro que lo que está en juego dentro de la economía digital es una reconfiguración de las relaciones sociales. Esta reconfiguración se manifiesta a través del resurgimiento de la figura de la dependencia, que era una figura central en el mundo feudal. La idea de la dependencia remite al principio según la cual existe una forma de adhesión de los seres humanos a un recurso. En el seno del mercado hubo una monopolización, por parte del capitalismo, de los medios de producción, pero estos medios han sido plurales. Los trabajadores debían encontrar trabajo y, en cierta forma, podían elegir el puesto de trabajo. Existía una forma de circulación que daba lugar a la competencia. En esta economía digital, en este tecno-feudalismo, los individuos y también las empresas adhieren a las plataformas digitales que centralizan una serie de elementos que les son indispensables para existir económicamente en la sociedad contemporánea. Se trata del Big Data, de las bases de datos, de los algoritmos que permiten tratarlas. Aquí nos encontramos ante un proceso que se autorefuerza: cuando más participamos en la vida de esas plataformas, cuando más servicios indispensables ofrecen, más se acentúa la dependencia. Esta situación es muy importante porque mata la idea de competición. Esta dominación ata a los individuos a este trasplante digital. Este tipo de relación de dependencia tiene una consecuencia: la estrategia de las plataformas que controlan esos territorios digitales es una estrategia de desarrollo económico por medio de la depredación, por medio de la conquista. Se trata de conquistar más datos y espacios digitales. Y adquirir más y más espacios digitales significa acceder a nuevas fuentes de datos. Entramos aquí en una suerte de competición donde, a diferencia de antes, no se busca producir con más eficacia, sino que se trata de conquistar mas espacios. Este tipo de conquista es similar al feudalismo, es decir, la competición entre Lores, la cual no se manifestaba por la mejoría de las condiciones sino en una lucha por la conquista. Ambos elementos, o sea, la dependencia y la conquista de territorios, nos acercan a la lógica del feudalismo.

---Es una lógica reactualizada a través de soportes ultra modernos: algoritmos y depredación feudal.

---Efectivamente. El punto decisivo de la economía digital radica en que esta evoluciona a ritmo lento. Al revés de la lógica productiva propia al capitalismo, donde los capitalistas estaban obligados a invertir para hacerle frente a la competencia, aquí, en la economía digital, paradójicamente, al apoyarse en la lógica de la depredación, se lleva a cabo una suerte de innovación muy orientada hacia la conquista de datos y no hacia la producción efectiva. El estancamiento que caracteriza al capitalismo contemporáneo, o sea, desempleo endémico, retroceso del crecimiento, malos salarios, en suma, todas estas fallas económicas están asociadas a un comportamiento dentro del cual la depredación se superpone a la producción.

---Usted se burla de esa idea promovida en los medios según la cual la economía digital es la expresión más acabada de una economía civilizada. Muy por ele contrario, es un brutal paso atrás.

---Asistimos a una regresión, a un retroceso socioeconómico. En vez de pasar a una forma más civilizada, más elaborada, más apropiada a la felicidad humana, los soportes digitales nos conducen a volver a formas arcaicas que creíamos superadas con la modernidad.

---Usted, en su obra, señala el reemplazo que se produjo para que este arcaísmo lo domine todo: esta economía digital reemplazó al consenso de Washington por lo que usted llama el consenso de la Silicon Valey. Sin embardo, ese reemplazo no cambio nada porque funciona según las mismas exigencias: reformas, precarización del trabajo, el mercado, la financiarización de la economía. ¡Como antes !

---El consenso de la Silicon Valey le agrega al consenso de Washington una capa suplementaria. La gran racionalidad del consenso de Washington consistió en decir que la planificación no funcionaba más porque la Unión Soviética fracasó. Por consiguiente, lo que hace falta es liberar los mercados. El consenso de la Silicon Valey se empieza a elaborar en los años 90 y se cristaliza en los años 2000 cuando el neoliberalismo estaba en dificultad. La década de los 90 fue una década de crisis financiera. Se dijo entonces que afirmar que el mercado funcionaba espontáneamente no era suficiente. La capa que agrega el consenso de la Silicon Valey consiste en enunciar que hace falta alentar a los innovadores, que hace falta respaldar a los emprendedores. Y para llevar a cabo eso es preciso dejar que los mercados funcionan con más libertad y, al mismo tiempo, proteger los intereses de los innovadores y de los creadores de empresas. Inmediatamente se adoptaron medidas muy duras para proteger las ganancias del capital, siempre con esa lógica: proteger e incitar para favorecer la innovación.

---Todo esto se plasmó con una salsa de ideas oriundas de los años 70 y mezcladas luego con mucho oportunismo para desembocar en lo que usted define como un mundo del cual no podemos escapar.

---Hubo, para empezar, una reapropiación de la ideología californiana, una ideología pro técnica y pro individual. Esa ideología de California facilitó la retórica que luego respaldará los lineamientos del consenso de la Silicon Valey. Y en lo que concierne a este mundo que nos encierra, bueno, es el mundo donde impera el Big Data, el cual termina por conocernos mejor que nosotros mismos. La lógica de la vigilancia acaba por trascender a los individuos y en ella hay como un camino sin salida. No podemos escaparnos de ese mundo porque, individualmente, somos más débiles que los algoritmos. Estamos dominados y guiados por ellos. No hay una solución individual para la protección de los individuos ante los soportes digitales. Por el contrario, hay que reflexionar en la manera en la que, colectivamente, podemos emanciparnos de ellos preservando espacios de la existencia que no estén totalmente dominados por este sistema. Es una discusión política y no tecnológica.

---Todo es exactamente al revés en este universo digital. Lo moderno se viste de feudal, hasta la aparente horizontalidad se torna en un abismo vertical donde reina la desigualdad y la injusticia social y la tan promovida iniciativa personal se convierte en un monopolio espantoso.

---Lo que observamos es que estamos en un momento de re-monopolización. Finalmente, el soporte digital debía reducir los costos y, por consiguiente, facilitar la competición, pero ocurrió lo contrario. Se vino un movimiento de monopolización muy poderoso. Las plataformas lo controlan todo y cuando algo está fuera de su control compran a las empresas que compiten con ellas. Monopolizan todo. Este fenómeno de concentración conduce a que las estructuras económicas se endurezcan, sean más rígidas en vez de airearlas como lo proponía la promesa inicial. Esto acarrea consecuencias muy importantes en el campo de las desigualdades económicas. Las grandes ciudadelas digitales son capaces de concentrar volúmenes de ganancias considerables. Esas ganancias son redistribuidas primero entre los accionistas y, luego, en una capa de empleados. Lo que vemos en esta economía digital modelada por el neoliberalismo es un acrecentamiento de las desigualdades. Lejos de ser un mundo de oportunidades es un mundo donde, finalmente, las polarizaciones se acentuaron.

---El robo de datos, el espionaje, y el posterior tratamiento por los algoritmos es algo ya bien probado. Usted le agrega una idea a esa expoliación planetaria: al extraer nuestros datos están capturando nuestra potencia social.

---Se tiende a pensar que lo que hacen las empresas es tomar nuestros datos personales, individualmente. Sin embargo, nuestros datos personales, como tales, aislados, carecen de valor y de utilidad. En cambio, esos datos son útiles y se convierten en una fuerza cuando están comparados con los datos de los demás. En esa comparación, en ese cruce de datos, aparecen rasgos que hacen de nosotros seres humanos en sociedad. Como individuos estamos gobernados por reglas similares. Al final, lo que hace el Big Data es revelar esa potencia social. Esa potencia nos es inaccesible individualmente, pero se torna visible cuando se puede observar y comparar el conjunto de los comportamientos de los individuos. El Big Data revela otra cosa que va más allá de lo que cada uno de nosotros es capaz de ver, y que nos es restituida bajo la forma de perfiles mediante los cuales se modifican los comportamientos. Google o Netflix podrán así guiarnos según nuestras tendencias. Pero al hacer eso lo que están haciendo es reenviarnos algo que aprendieron del conjunto de la comunidad. Precisamente, esa capacidad para remitir, reenviarnos, las informaciones de la comunidad de los individuos es la que se encuentra en la base del principio de dependencia que evoqué hace un momento.

---Estamos en el corazón de lo que usted conceptualizó como “la renta de lo intangible”.

---La renta de lo intangible significa que si somos capaces de controlar esos elementos también podremos obtener beneficios económicos, independientemente del esfuerzo productivo que se haya realizado. Es la definición misma de la renta, o sea, obtener ganancias sin esfuerzos productivos. Los intangibles son los activos como las bases de datos, las marcas, los métodos de organización, o sea, todo lo que se puede repetir al infinito sin costos. Lo tangible, por ejemplo, son las herramientas, las máquinas, etc. Las producciones de hoy son una mezcla de tangible e intangible. Sin embargo, si separamos a los propietarios de lo tangible de los propietarios de lo intangible, vemos enseguida que, cuando más aumenta la producción, las ganancias de lo intangible estarán siempre más desconectadas de lo tangible. Los propietarios de lo intangible hacen un esfuerzo inicial, pero, luego, sus ganancias aumentan de forma independiente y sin esfuerzo adicional. Al contrario, los propietarios de lo tangible deberán seguir haciendo esfuerzos. En la economía digital, la acumulación de las ganancias favorece a los intangibles.

---Ahora bien, aún persisten campos extensos de lo tangible, por ello estamos, como usted lo escribe, en un viaje hacia un feudalismo de los tiempos modernos.

--Poco a poco vamos cada vez más hacia ese feudalismo. No es aún una forma completa, todavía hay sectores y espacios sociales que escapan a esa lógica, pero la lógica del tecno feudalismo tiene un ascendente continuo sobre nuestras vidas. Curiosamente, lo que intento decir, y esto es paradójico, es que hay como una victoria paradójica de Marx. El marxismo apostó por que el desarrollo de las fuerzas productivas, el proceso de modernización, iban a conducir a una socialización muy importante. Siempre nos íbamos a respaldar los unos a los otros. Y con la historia digital ocurre algo así. Los espacios digitales nos conectan los unos a los otros y nos vuelven dependientes de los demás a un grado jamás alcanzado. La densidad de los lazos de los individuos con la comunidad es muy fuerte. Pero esto no se plasma de la forma optimista en que Marx y el marxismo lo pensaron. Se ha impuesto la figura del aplastamiento. Finalmente, hay un número de individuos muy limitado capaces de conducir y controlar ese proceso de sociabilización para mantener su posición dominante. La figura del aplastamiento y de la centralización a través de los espacios digitales nos conduce al lado opuesto de toda perspectiva de emancipación. Hay algo muy amenazador en todo esto. No hay que subestimarlo. Es una batalla que se inicia. Les corresponde a las fuerzas emancipadoras imaginar forma de sociabilización distintas.

--¿Pero como llegar a eso si estamos, también, en la paradoja de la obediencia ?

---Lo que no cierra es la idea de que existe una solución individual frente a este movimiento. Ahora bien, la gente no es inocente. Hay una preocupación que se torna cada vez más visible. El desafío consiste en encontrar soluciones que pasen por la intervención política que sometan el funcionamiento de esas plataformas a la lógica de los servicios públicos. Hay que ir hacia eso. Las plataformas desempeñan hoy un papel político enorme. No obstante, aún persiste un principio de autonomía política.

Publicado enSociedad
&#039;Jedi Blue&#039;: El acuerdo secreto que firmaron Google y Facebook

El pacto permitió a Google seguir dominando el mercado de publicidad en línea, a cambio de importantes ventajas competitivas para su potencial rival, según The New York Times.

Una reciente demanda antimonopolio presentada por fiscales de EE.UU. contra Google, revela que el gigante tecnológico y Facebook firmaron un acuerdo secreto denominado 'Jedi Blue' (Jedi Azul), en el marco de una alianza que les impide competir entre ellas, según detalla un informe publicado por The New York Times.

En 2017, la compañía de Mark Zuckerberg anunció que estaba probando una nueva forma de vender publicidad en línea poniendo en amenaza el dominio de Google sobre ese mercado. Sin embargo, menos de dos años después, Facebook cambió su postura y se unió a una alianza de empresas lideradas por Google, que desarrolló un método similar.

Aunque Facebook nunca explicó por qué dejó a un lado su proyecto, la evidencia presentada el mes pasado en una demanda antimonopolio hecha por 10 fiscales indica que Google había extendido a su potencial rival un trato para ser socio, a cambio de una serie de ventajas. Los detalles del acuerdo redactados en la demanda presentada en una corte de Texas fueron visibles en una versión preliminar revisada por el diario.

Los ejecutivos de seis de los más de 20 socios de la alianza dijeron a The New York Times que sus acuerdos con Google no incluían muchos de los términos favorables que recibió Facebook y que el gigante de las búsquedas le había dado a la red social una ventaja significativa sobre el resto.

Subastas de publicidad

'Jedi Blue' abarca a un segmento en crecimiento del mercado de la publicidad en línea llamado publicidad programática. Entre los milisegundos desde que un usuario hace clic para acceder a una página web y la carga de los anuncios, se produce una subasta para rellenar el espacio publicitario disponible. Google ha dominado ese sistema con sus herramientas y con el acuerdo consiguió evitar otros competidores, según el informe.

A pesar de que surgió un método alternativo para reducir la dependencia de las plataformas publicitarias de Google, la compañía de búsquedas desarrolló un sistema similar llamado Open Bidding, que permite el acceso de terceros. Sin embargo, Google cobra una tarifa por cada oferta ganadora y muchos no están satisfechos con la transparencia del servicio.

La divulgación del acuerdo secreto entre las dos multinacionales ha reavivado las preocupaciones sobre cómo las compañías de tecnología más poderosas pueden establecer alianzas para frenar a la competencia mediante acuerdos privados y cláusulas de confidencialidad.

Por su parte, Google y Facebook aseguraron que tales acuerdos eran comunes en la industria de la publicidad digital y negaron que 'Jedi Blue' tenga un carácter anticompetitivo. Un portavoz de Facebook afirmó que acuerdos como ese "ayudan a aumentar la competencia" en las ofertas de anuncios, y que los argumentos en contra son "infundados".

Publicado: 20 ene 2021 17:21 GMT

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Lunes, 18 Enero 2021 05:56

Miénteme y di que no hay 5G malo

Miénteme y di que no hay 5G malo

Las locas conspiraciones en torno a la nueva generación de redes digitales son música para los oídos de las multinacionales encargadas de implantarlas, porque ridiculizan los fundamentados discursos sobre la agonía ambiental a golpe de clic.

 

La ignorancia es atrevida. De ello saca ventaja la conspiración, que puede formular infinitas hipótesis respecto a la ciencia, limitada por las pruebas finitas de la realidad. Miguel Bosé juntó los dos temas de moda entre el conspiracionismo, el coronavirus y el 5G, y los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la anécdota, que pasó a ser noticia. En estos casos, el problema viene cuando se sobreinforma y parece que la proliferación de teorías absurdas entre la sociedad es mucho mayor que la que en realidad existe. Así lo cree el geólogo y profesor de la Universidad de Zaragoza Antonio Aretxabala, que explica el empeño exagerado e innecesario en rebatir este tipo de hipótesis sin fundamento como “una estrategia de ridiculización” hacia las voces ecologistas críticas con el 5G. Es, al fin y al cabo, “una técnica de distracción”, señala.

El grupo ecologista Petrocenitales, al que pertenece Aretxabala, se esfuerza por desprenderse de ese estigma y llenar el vacío informativo. En la asociación participan 74 reputados científicos de todo el Estado, entre otros el ingeniero Ferran Puig o la física Estitxu Villamor. Les une su “preocupación por el peak oil” —o pico petrolero, referido al agotamiento del crudo—, además de su relación con “todos aquellos factores que conducen al colapso civilizatorio”, que se aceleraría aún más con el 5G. La falta de concienciación social sobre este problema se debe, según Aretxabala, a la creencia popular de que lo virtual es por naturaleza una alternativa ecológica a lo material. Para desenmascarar esta falacia, menciona el siguiente ejemplo: “En una compra por internet, los datos consumen más energía que el combustible utilizado para transportar el producto”.

Así lo explica en una de las entradas de su blog: “En el mundo virtual podemos pasar del byte al gigabyte o al terabyte, y del vatio al gigavatio con el movimiento de un dedo, pero en el mundo material no podemos saltar del gramo a la gigatonelada o del metro cuadrado al kilómetro cuadrado con la facilidad de un clic, simplemente porque en este mundo rigen leyes de masa, peso, rozamiento, espacio y tiempo. En el trasfondo están los altísimos costes energéticos”.

Del móvil al internet de las cosas

Ese trasfondo no es otro que la infraestructura que permite el funcionamiento de la telefonía móvil, que conoce muy bien el profesor Francisco Javier Falcone, director de Telecomunicación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Este experto recuerda que el 1G, la primera generación de redes inalámbricas, se inventó “en los años 80 para evitar tirar cableado en lugares donde era muy complicado, como en los países nórdicos a causa del hielo”.

En la siguiente década, los ingenieros diseñaron el 2G, un sistema “digital de extremo a extremo” que permite “transmitir mensajes de voz con cierta calidad de sonido y algunos datos poco pesados a modo de SMS”. Y, simultáneamente, “se desarrollaron en todo el mundo las redes fijas de cables y surge la necesidad de poder usar servicios ligados al internet emergente de aquel entonces; el correo electrónico, por ejemplo”, explica Falcone. A finales de siglo, “ya es posible una navegación muy sencilla a través del 2,5G, una generación móvil entre el 2G y el 3G”.

Esta última llega a principios del nuevo milenio, y trae consigo dos hitos, destacados por parte del ingeniero: “Por una parte, el multiservicio, con tráfico de datos multimedia, videollamadas incluidas, y navegación de internet algo lenta. Por otra parte, la irrupción del IPhone, el primer teléfono táctil, que facilitó la navegación por internet, entre otras cosas”. Las compañías que implantan el 3G "se marcan por objetivo competir con el ADSL, lo que revoluciona el mercado”, analiza. Así llega el 3,5G, que permite “un tráfico de datos más rápido”. Esta última evolución ya utiliza la red de ondas HDSPA, “la que a día de hoy usamos porque tiene un caudal de velocidad suficiente como para ver Netflix en nuestros dispositivos 4G”, concreta.

La cuarta generación se consolida en 2010, aunque no empieza a instalarse en el Estado español hasta 2015, cuenta Falcone. Esta “ya no es que sea digital, sino puro tráfico de internet”. Además, “permite conectar dispositivos con el llamado ‘internet de las cosas’ e incrementa la velocidad hasta un gigabit por segundo”.

Más banda, menos onda

Así es como llegamos al 5G, que, según el profesor, traería consigo cuatro grandes mejoras. En primer lugar, incrementaría la velocidad de manera sustancial. En segundo lugar, reduciría el retardo entre la orden y la respuesta del dispositivo a unos escasos milisegundos. En tercer lugar, permitiría el uso de equipamiento tan convencional como un móvil o un ordenador para funciones muy concretas, determinadas por la propia red y no por el dispositivo. Y, por último, posibilitaría la capacidad computacional al borde de la red. Es decir, “si nuestro dispositivo no puede procesar una serie de datos, estos podrían descargarse en las estaciones base o antenas 5G a modo de nube y reproducirse en el mismo dispositivo”, expone Falcone.

No obstante, precisamente para que todas estas funciones puedan llevarse a cabo con una cobertura equiparable a la del actual 4G, “habría que multiplicar las estaciones base por 100”, lamenta Aretxabala. Esto se debe, según Falcone, a que “cuanto mayor es el ancho de banda, menor es la penetración y el alcance de las ondas”. Es decir, que el 5G permitiría descargar vídeos en 8k, pero sus radiofrecuencias tendrían dificultades para atravesar paredes o ventanas y la solución pasaría inevitablemente por aumentar hasta un 10.000% el número de emisores y receptores, a modo de antenas, routers y dispositivos móviles.

Además, Aretxabala señala que la computación en la nube “ya utiliza el 2% de la electricidad del mundo, mientras que la estructura digital en su globalidad alcanza el 10%”. Hay una comparación que podría tomarse como medida del coste energético de cada antena: “El funcionamiento de la red de los centros de datos en los que se basa la computación en la nube requiere 100 veces más electricidad que el rascacielos de Iberdrola de Bilbao”. De hecho, el Departamento de Energía de Estados Unidos ha calculado que la energía empleada para mantener los centros de datos en el país supera la de toda su industria química. Otro dato, mencionado por Aretxabala: el uso de la energía destinada a lo digital creció un 90% de 2000 a 2005; y un 24% entre 2005 y 2010, cuando se estabilizó; de cara al futuro y teniendo en cuenta las expectativas sobre implantación del 5G, el crecimiento respecto al consumo actual sería de entre el 300% y el 1.000%, en función de “la ambición sobre la circulación de datos”, matiza.

La paradoja de Jevons

Con toda esta información, sorprende que la concesión por parte de la Unión Europea de los fondos para la recuperación de la crisis económica derivada del coronavirus esté condicionada a que cada país miembro lleve a cabo una “transición digital y ecológica”. La intención es desligar por primera vez en la historia el uso de recursos energéticos del crecimiento económico, como repite Bruselas desde julio. De hecho, los proyectos digitales y ecológicos acaparan el 70% de las ayudas y préstamos. Según Aretxabala, “la disociación entre el PIB y los recursos” es un completo engaño basado en la vieja paradoja de William Jevons, que el científico que le da nombre ya formuló en 1860. Este observó que, a lo largo de la historia, cada hallazgo que aumenta la eficiencia en la extracción de un recurso lo abarata de tal modo que termina aumentando la demanda y, por ende, el consumo, en lugar de reducirlo.

Es decir, rigen exclusivamente las leyes capitalistas, que, a la larga, no solo aceleran la contaminación y el agotamiento de recursos, sino que también los terminan volviendo ineficientes. Véase el caso del petróleo, explicado por Aretxabala: “En los años 50, estaba tan en la superficie que con el empleo de la energía equivalente a un barril de crudo se podían extraer 100, ahora solo 15”. Esta proporción de 15:1 la marca la tasa de retorno energético (TRE). Lo que ocurre es que tanto el mundo digital como todas las renovables solo se mantienen gracias a sus infraestructuras creadas con combustibles fósiles, porque tienen una TRE media de 3:1, bajísima en comparación con el 150:1 del gas o el 44:1 del carbón. Crecen las renovables, pero lejos de sustituir a las fósiles, las impulsan. En conclusión, “no existe ningún tipo de disociación entre el consumo de minerales y el crecimiento del PIB y, por tanto, de las emisiones de gases de efecto invernadero”, en palabras de Aretxabala. La única reversión posible es “reducir paulatinamente el consumo energético” hasta un 20% o 30%, calculan los científicos que han estudiado la crisis de los recursos a escala planetaria.

El 5G, desde luego, no va encaminado en esa dirección, pero es el último nicho del marketing del ocaso de los recursos. En palabras de Aretxabala: “Las grandes corporaciones digitales como Amazon, Apple o Google afirman que una revolución industrial verde es posible. Hace tiempo que Google declara utilizar solo energía verde, aunque sea mentira. Porque sus aerogeneradores y placas solares se han construido, se mantienen, se optimizan o se desmantelan con un camión, una grúa, excavadoras, asfaltadoras, altos hornos. Todos ellos funcionan con gasoil, gas, carbón o energía nuclear”.

La vista gorda de los medios

Una vez borrada la pintura verde de esta publicidad engañosa cabe preguntarse si necesitamos una comercialización del 5G con cobertura universal más allá de una localización acotada al máximo por razones de peso como teleoperaciones o casos excepcionales de verdadera eficiencia energética. La cuestión, a pesar de su gravedad, no está presente en la agenda mediática. Solo hay dos explicaciones posibles: negligencia o estrategia.

Vamos a la web del diario líder en el Estado español, El País, y entramos en el buscador del menú. Si escribimos 5G, nos saldrán centenares de noticias relacionadas. Como son muchas, cogemos como muestra un periodo determinado, en este caso, 2020. Encontramos nueve artículos: uno señala conspiracionistas famosos y desmonta sus teorías contra la nueva generación de red digital, otro prueba que sus “campos electromagnéticos son inocuos”, dos giran exclusivamente en torno a sus ventajas, otros dos son anuncios publicitarios de dispositivos móviles concretos, pero publicados a modo de noticia, y tres hacen hincapié en el reto legal y tecnológico para garantizar la protección de datos de la nueva red. Ninguno cuestiona el 5G y no hay ni rastro del impacto ambiental. Por el contrario, hay varios artículos que exponen y desmienten los “disparates” de Miguel Bosé.

Cabe señalar también que, en la entrevista del 21 de julio de 2020 a Federico Ruiz, director del Observatorio Nacional 5G, el protagonista insiste en que el horizonte de la Unión Europea en materia de redes móviles es la “soberanía tecnológica”. El 17 de diciembre de 2019 el propio periódico ya había adelantado la línea a seguir al informar de que “Telefónica reducirá su dependencia de Huawei al desplegar la red 5G”. A partir de esa fecha, todas las noticias sobre los riesgos de seguridad de la nueva red centran el foco de las sospechas expresamente en la empresa móvil china.

Esta sustitución del servicio público por el servilismo ante los poderes económicos podría considerarse, aun y todo, una simple casualidad fruto de la dejación de funciones para las que fueron concebidos los medios. Pero la cuestión es que Telefónica posee el 9,4% de Prisa, el grupo de comunicación al que pertenece El País. La teleoperadora es líder en implantación del 5G en España, donde el Gobierno de Pedro Sánchez saca pecho de encabezar la red en Europa.

Tampoco es desdeñable que el pasado 15 de junio, en plena crisis del coronavirus, el Consejo de Administración de Prisa retirara de la dirección del periódico a Soledad Gallego-Díaz para recolocar a Javier Moreno Barber, que en su anterior etapa al frente del diario, entre 2006 y 2014, alardeaba de que en su grupo “manda Santander y paga Telefónica”. Cabe señalar que esta última compañía presume desde septiembre de “encender el 5G en España”, red con la que su director, José María Álvarez-Pallete, espera dar cobertura al “75% de la población en apenas un año” para aprovechar así “una oportunidad de oro” y poder liderar “la cuarta revolución industrial”. Por su parte, el Santander, que tiene más del 4% de la propiedad de Prisa, se jacta de ser “el primer banco con tecnología 5G” gracias a un acuerdo con Telefónica para que la entidad bancaria de Ana Botín impulse la implantación de esta red a lo largo y ancho del Estado.

Por Mikel Urabaien Otamendi

18 ene 2021 06:18

Publicado enMedio Ambiente
El cinismo de Twitter y Facebook al bloquear las cuentas de Trump 

La elite tecnológica se arroga el debate público

La Unión Europea lleva bastante tiempo elaborando un marco legal para las cuestiones de la libertad digital. El principio es que aquello que es ilegal en el mundo físico también los es en la esfera virtual.

 

Las redes sociales como Twitter y Facebook lanzaron la gran limpieza de muchas de sus cuentas, empezando por la del mismo y actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, más otras 7.000 cuentas suplementarias afiliadas a la galaxia conspiracionista de extrema derecha pro Trump, entre ellas, la del grupo Qanon. Luego de haber abierto las puertas a lo más ruin y bajo de la política, las redes alegan ahora que se trata de impedir un nuevo episodio violento como el de la invasión del Capitolio alentada por Trump, y ello ante la fecha inminente de la investidura de Joe Biden. Según Twitter, existían planes para un nuevo ataque del Capitolio previsto para el próximo 17 de enero. Algunos aprobaron esta medida, otros, en cambio, la consideraron un acto de censura. En Europa, la canciller alemana Angela Merkel calificó de “problemática” esta decisión. En Francia, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, puso en tela de juicio el hecho de que la base de la suspensión de las cuentas no sea un marco legal de regulación, sino que “lo impactante es que sea Twitter quien decidió cerrar”. En suma, que sea la elite tecnológica la que haga y deshaga a su antojo y cuando le conviene, fuera de toda referencia a una norma nacional o internacional elaborada por los Estados y sus representantes electos.

La práctica de “Yo el Supremo” por parte de las empresas globales de Estados Unidos ni es nueva ni cambiará con este atentado a la esencia democrática. Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa (izquierda), recordó que “el comportamiento de Trump no puede servir como pretexto para que los GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) se arroguen el poder de controlar el debate público”. Es exactamente lo que ha ocurrido con el Pinocho-Presidente y Twitter. Por otra parte, Washington aplica desde hace mucho una suerte de extraterritorialidad. La ley estadounidense se utiliza por encima de la nacional, sea cual fuere el país donde se resida. Las condiciones de utilización de Google, Facebook Apple e, incluso, la de las franquicias de las empresas de Estados Unidos, remiten a la ley de la empresa o a la legislación de la sede central. A su vez, la industria digital se benefició, hasta ahora, con la inmunidad jurídica que le ofrecía el artículo 230 del Communications Decency Act. Por más que Trump sea un Pinocho siniestro y, gracias a su ejército digital, haya protagonizado el primer golpe de Estado de la era moderna en una democracia Occidental, hay algo de cínico en estas reacciones. Poco o nada dicen las regulaciones europeas cuando se trata de proteger a los usuarios de internet del espionaje masivo del que son objeto a cada milisegundo de sus vidas. La fortuna de esas empresas proviene, esencialmente, de la conversión de los datos robados en capital. No obstante, el debate tiene cabida, es una necesidad y plantea otros interrogantes: ¿por qué sería “problemático” el cierre de la cuenta de Twitter de un presidente que preparó en tres fases un golpe de Estado (denunciar el fraude antes de la elección, afirmar luego que le robaron la elección y, al final, aceitar una insurrección cívica) y no la de una cuenta islamista, de extrema derecha o de extrema izquierda ?. En Francia, las leyes dieron lugar a que personalidades de la extrema derecha como Hervé Ryssen o Alain Soral vieran sus cuentas de YouTube y Facebook suspendidas.

La Unión Europea defiende su metodología porque lleva bastante tiempo elaborando un marco legal para estas cuestiones de la libertad digital. Existe, de hecho, una legislación europea que está en curso de aprobación. Se trata del DSA, Digital Services Act, impulsada por Thierry Breton, el Comisario Europeo del Mercado Interno. El campo de aplicación del DSA atañe únicamente a los países de la Unión Europea. Por consiguiente, cuando Trump convocó a sus partidarios a invadir el Capitolio lo hizo dirigiéndose a su pueblo y no a Europa. En este caso, el DSA no habría servido para nada. Hubiese sido muy distinto cuando Trump invitó a los franceses a sublevarse contra su presidente. Thierry Breton ha sido el que mejor planteó la encrucijada. En un artículo publicado por el portal Politico, el Comisario europeo escribió que la toma del “Capitolio es el 11 de septiembre de las redes sociales”. Breton agrega la paradoja que late en toda esta situación porque, hasta ahora, las redes sociales miraban hacia otra parte, como si el Brexit, Trump y otras barbaries digitales no las concernieran. A este respeto, Breton anota que, al cerrar la cuenta de Trump: ”las plataformas admiten su responsabilidad. Ya no pueden seguir ocultando su responsabilidad ante la sociedad con el argumento según al cual sólo ofrecen un servicio de hosting”. El Digital Services Act europeo se basa en un principio y una serie de reglas: el principio es que aquello que es ilegal en el mundo físico también lo es en la esfera digital. Las reglas fijadas por los 27 países de la UE consisten en forzar a las plataformas a que apliquen las leyes nacionales, así como también las directivas europeas. Deberán, por consiguiente, retirar los contenidos terroristas, las incitaciones a la violencia y todo contenido ilegal (pedopornografia, armas, etc.).

Entre enero de 2017 y enero de 2021, el mandatario estadounidense se despachó con 23.234 tweets. La plataforma le permitió insultar, agredir, rebajar a sus adversarios, burlarse de otros presidentes, proferir insultos raciales, respaldar a las ultraderechas violentas que lo veneran, anticipar los comunicados oficiales, gobernar por Internet, difundir un montaje en el que Trump golpeaba a un periodista que llevaba una máscara de la cadena CNN y hasta llamar al levantamiento contra Emmanuel Macron. Salvo para los apóstoles digitales, no hacían faltas pruebas para demostrar que la libertad de expresión no la manipulan los “medios del sistema” o los otros sino las plataformas sociales. Allí sale y entra toda la porquería que el mercado admite. Las redes autorizaron a Trump a diseñar un golpe y, como fue muy lejos y corrió sangre en el Capitolio, se convirtieron repentinamente en guardianes de la galaxia. Las sociedades son vergonzosamente vulnerables ante las tentaciones y barbaries de los espacios digitales. Trump no ha sido la excepción presidencial sino la confirmación de las capacidades de ese monstruo con millones de cabezas que se expande sin que, hasta ahora, nadie haya sido capaz de encontrar un antídoto.

Resulta contradictorio, pero, así como nadie se ocupó del derecho a difundir o a evitar la propagación de basura tampoco se le garantizaron los derechos a Trump sobre su cuenta. Ellos son los amos del mundo, sin la más lejana sombra de una supervisión democrática. El botón de la libertad está en las sedes de Google, Facebook, Twitter, Instagram y otros imperios digitales, no en la calle o las Asambleas. El sábado pasado, Twitter suprimió un mensaje del guía supremo de Irán, Ali Khamenei, donde afirmaba que no era prudente tener confianza en las vacunas norteamericanas o británicas contra la covid-19. El disparatado y horroroso episodio de Trump nos demuestra que, ante lo peor, la libertad está en manos privadas. Depende de tres palabras y una sigla, que son las obligaciones a las que los tentáculos digitales someten a los usuarios: CGU,” Condiciones Generales de Utilización”.}

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Opnión

Ahora las plataformas digitales dictan justicia 

Por Osvaldo Nemirovsci

Hoy censuran a un líder violento y antidemocrático lo cual construye cierto aval social y una propensión a simpatizar con la medida. Pero mañana pueden hacerlo con líderes democráticos y pacíficos. La acción a medir es la de censurar.

La libertad de expresión es la posibilidad de decir, escribir, leer y publicar todo lo que quieras. Toda clase de ideas, opiniones y puntos de vista deben ser posibles de expresarse en público. La libertad de expresión es uno de los puntos básicos de los derechos humanos.

Se pueden tener las más calificadas aprensiones sobre Donald Trump. Y muy probablemente las peores consideraciones sobre su gobierno y su personalidad sean correctas. Es más, no estaría mal como enseñanza histórica para el futuro, que le inicien Juicio Político en virtud de la Enmienda 25 de su Constitución Nacional y lo remuevan del cargo. Algunos destacados miembros de la vida política, militar y social de Estados Unidos creen, aunque solo falten 11 días para que deje su cargo, que es muy peligroso que todavía posea el poder sobre el uso del arsenal nuclear estadounidense y que todavía pueda causar mucho daño a las instituciones formales del país.

Allá ellos, los dirigentes de ese país y su forma de resolver los conflictos derivados de la pugna política. En este caso fuertemente encuadrados en actitudes violentas, antidemocráticas, cuasi golpistas y mesiánicas de su propio presidente.

Todo esto lo colocamos en un lugar del análisis, pero en otro observamos con cierto escozor y consideramos también como peligroso que empresas privadas, como las grandes plataformas digitales Twitter y Facebook, se autoadjudiquen calidades judiciales y bloqueen las cuentas de Trump, impidiendo el acceso del presidente a sus redes, y por ende privando a millones de norteamericanos de conocer, mediante esos importantes y masivos instrumentos, lo que piensa su principal referente.

No es cierto, como algunos afirman, que a Trump lo dejaron sin voz. Esto aplica a las redes, pero Trump puede hablar, escribir y grabar audios para miles de periódicos, canales de TV, radios, revistas, blogs e incluso otros formatos audiovisuales (en caso que no lo censuren) como You Tube y Whatsapp. Pero lo cierto es que, en los espacios de distribución de información más importantes del mundo, y donde el mismo Trump construyó su vinculación directa con el electorado de su país, ha sido censurado.

Es lógico preguntarse ante esto si lo que están haciendo Face y Guasap los coloca ante su definitivo rol de medios de comunicación de nuevo tipo y los aleja del pretendido sentido neutro de meros intermediarios de contenidos. Acá, en este caso, parecen opinar sobre lo que postea Trump, es claro que se meten con los contenidos y es visible que eligen censurar. O sea que consideran a una opinión (tal vez crispante, bestial, violenta) pero opinión al fin, como un delito. Pero no son jueces para hacerlo y sientan un  precedente extraordinariamente amenazador  en el campo de las libertades públicas y los derechos humanos.

Si lo que Trump dice es opinión, es inviolable su derecho a expresarlo y si lo que dice es un delito, será la justicia, y no una empresa privada, la que debe decidir. Así de simple.

Se puede argumentar que la censura a Trump en las redes no viola la libertad de expresión sino que castiga el acto de impulsar acciones violentas o el aliento a generar violencia concreta y eso ya no está protegido por el derecho a la libertad de expresión. Agregamos esto como para entender otra mirada sobre el tema.

La Corte Suprema norteamericana hace una sutil pero necesaria distinción en lo que llama “fighting words” (palabras de pelea) y sostiene el criterio que la libertad de expresión puede limitarse ante la incitación al odio y no en la mera manifestación de ideas u opiniones odiosas.

Pero la mayoría de los especialistas acuerda que la libertad de expresión no tiene límites: “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión,” dice el artículo 19 de la Declaración universal de Derechos Humanos.

Existe cierta jurisprudencia constituciona en EE.UU., que es tomada por cortes europeas e incluso ha sido fijada por el Tribunal Europeo de DD.HH. que se dio en llamar “el libre mercado de las ideas” siendo este espacio la garantía "imprescindible” para que pueda haber un debate amplio y completo.

En un fallo del Tribunal europeo conocido como Sentencia 235/2007 “Caso Librería Europa” la corte falló que “nuestro ordenamiento constitucional no permite tipificar como delito la mera transmisión de ideas, ni siquiera en los casos en que se trate de ideas execrables por resultar contrarias a la dignidad humana”

Puede haber interpretaciones diversas sobre lo que significa la libertad de expresión, pero nadie pone en duda que es uno de los derechos humanos más preciados. Por eso es preocupante que tamaña dimensión legal sea manejada por empresas privadas ya que eso es riesgoso para los pactos democráticos de las sociedades. Más allá de Trump.

Osvaldo Nemirovsci es Diputado Nacional mc – Rio Negro. Presidente Comisión de Comunicaciones e Informática 2003/2007. Coordinador Gral. del Sistema Argentino de Televisión Digital 2009/2015

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Shoshana Zuboff: &quot;Las grandes tecnológicas de Silicon Valley han dado un golpe de Estado contra la humanidad&quot;

Este año, las grandes empresas tecnológicas se enfrentan a importantes batallas judiciales tanto en Estados Unidos como en Europa. Responderán, entre otras cosas, por la desinformación y por su situación de monopolio. Esta socióloga fue una de las primeras voces que nos advirtió del enorme poder de estas compañías. Y ya es considerada una de las personas más influyentes de este siglo.

 

Silicon Valley ha perpetrado un golpe de Estado contra la humanidad. Así lo cree la socióloga y economista estadounidense Shoshana Zuboff. «Se ha hecho sin que nos percatemos y sin sangre».

Zuboff explica que los usuarios de la tecnología ya no son meros clientes, sino la materia prima de un nuevo sistema industrial; a los que se exprime para extraer sus datos, hacer predicciones sobre su conducta y vender productos a terceros. Este es el hilo conductor que recorre La era del capitalismo de vigilancia (Paidós), considerado ya como uno de los libros más influyentes de este siglo. A Zuboff se la compara con el economista Thomas Piketty, que alertó de que la creciente concentración de la riqueza es inevitable si no se modifica el sistema, pero, a diferencia de Piketty, Zuboff concita el aplauso del Financial Times y The Wall Street Journal.

XLSemanal. Hay una idea muy potente en su libro y es que nuestras vidas digitales no tienen por qué ser como son ahora, que podrían, y deberían, ser de otra manera…

Shoshana Zuboff. No solo me refiero a lo que hacen Google o Facebook, sino a toda una lógica económica que condiciona muchos aspectos de nuestras vidas. El capitalismo de vigilancia demanda nuestra atención continua con técnicas de persuasión y de ingeniería de la conducta que antes habían sido probadas y perfeccionadas por las empresas de juego, porque cualquier casino sabe que no hay nada más rentable que un adicto. Y el capitalismo de vigilancia se agarra al poder de muchas formas. Una de ellas es la retórica. Ha aprendido a confundir a todo el mundo durante veinte años. Cuando te quejas de algo de lo que hacen, ellos te responden que es la consecuencia inevitable de la tecnología digital.

¿Y no lo es?

S.Z. Para nada. Le pondré un ejemplo. Cuando el público descubrió que Google se quedaba con todos esos datos de nuestras búsquedas, Eric Schmidt –el antiguo CEO– reconoció que era verdad que los motores de búsqueda retenían información. ¡Pero eso es retórica! Porque en el fondo está diciendo: «Hey, no soy yo; es la máquina». Y no es verdad. Son ellos los que se quedan con los datos para alimentar a la inteligencia artificial y hacer predicciones.

¿No es un peaje razonable a cambio de un servicio gratuito?

S.Z. Es que estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Una es la tecnología digital. Y otro es la lógica económica basada en extraer datos en secreto, apropiárselos y venderlos. Esa lógica económica no puede sobrevivir sin lo digital, pero es muy fácil imaginar la tecnología digital sin capitalismo de vigilancia.

Perdone que sea un aguafiestas, pero a estas alturas dudo de que sea fácil…

S.Z. En 2000, un grupo de ingenieros de Georgia Tech diseñó un proyecto que llamaron Aware Home, un precedente de lo que hoy conocemos como ‘hogar inteligente’: con teleasistencia para ancianos, eficiencia energética… Pero los datos circulaban en un bucle cerrado. Los aparatos de la casa le proporcionaban información exclusivamente a los que residían en ella. Porque son datos muy privados. Esa tecnología era respetuosa. Pues bien, pasó el tiempo, y en 2017 dos expertos legales de la Universidad de Londres analizaron algunos altavoces inteligentes, tipo Google Home (o Nest), de los que puedes poner en tu salón. Y calcularon que un consumidor informado debería revisar un mínimo de mil contratos de privacidad, porque ese dispositivo recoge datos de lo que hablan los inquilinos, en qué habitación están, los ruidos… Y se comunica a su vez con otros aparatos inteligentes de la casa. Y envía esos datos a Google. Y Google los vende a terceros. Y estos los revenden…

No hace falta comprarse un altavoz, mucha gente se va a la cama con el móvil. Y es lo primero que consulta cuando se levanta.

S.Z. No queda ahí la cosa. Google dice que no asume ninguna responsabilidad de lo que hagan esos terceros con los datos. Y cada contraparte dice lo mismo. Así que hay cientos de compañías que tienen un dominio completo sobre tus datos. Toman lo que quieren y lo usan como quieren, sin transparencia y sin control. Y esto viene a cuento porque hace 17 años teníamos un futuro prometedor: un hogar inteligente para vivir mejor. Y esa idea ha sido traicionada. Y en nuestro hogar, que debería ser un santuario, no solo entran Google, Apple, Amazon y Facebook, entran cientos de compañías que no conocemos. No puedes cerrar la puerta de tu casa. Y, aunque la cierres, da igual porque ya están dentro. Y esto no debería ser así; se nos ha impuesto de manera unilateral, ilegítima y secreta. Pero no es inevitable.

Muchos niños manejan el móvil mejor que sus padres. ¿De verdad cree que se le puede dar la vuelta a esto?

S.Z. Sí, pero va a llevar algún tiempo… Si hubiéramos estado los últimos veinte años intentándolo y no lo hubiéramos conseguido, sería pesimista, como usted, pero la verdad es que no lo hemos intentado. El capitalismo de vigilancia ha tenido barra libre. La democracia se ha dormido al volante. Tenemos una oportunidad porque ahora conocemos sus peligros. Es hora de remangarse y hacer una labor crucial para nuestro futuro y el de nuestras democracias.

¿Pero estamos por la labor?

S.Z. A principios del siglo XX había niños trabajando en las fábricas. Las grandes compañías tenían todo el poder en Estados Unidos. Ni los trabajadores ni los consumidores podían enfrentarse a ellas. Sus abogados ganaban todos los pleitos. Pero fuimos capaces de utilizar la democracia, la ley y la política para crear nuevos derechos y contener los excesos del capitalismo industrial. Y ¿sabe qué? La segunda mitad del siglo XX fue muy próspera en muchos países. Nada es perfecto, pero ahora tenemos una oportunidad similar. Entramos ahora en una década en la que se va a decidir el futuro del siglo XXI. Y creo que veremos emerger un paradigma nuevo que va a poner freno o, por lo menos, a limitar los aspectos más perniciosos del capitalismo de vigilancia. Y creo que será necesario que algunas de sus actuaciones se ilegalicen porque son conductas criminales.

Ya se está investigando a las grandes tecnológicas. Mark Zuckerberg y Jeff Bezos han tenido que responder ante el Congreso, pero de ahí a considerarlos delincuentes va un trecho.

S.Z. Yo considero a los ejecutivos de Silicon Valley como emperadores. Ejercen un poder que no da cuentas a nadie. No queremos a estos ejecutivos poderosos a los que les importan un bledo nuestras vidas, que son radicalmente indiferentes a los problemas reales de la gente. ¡No los queremos!

¿Cómo convence a la gente de que Google o Facebook son peligrosos, aunque nos hagan la vida más fácil?

S.Z. No creo que tenga que convencer a nadie. Recientemente se ha publicado una gran encuesta en Estados Unidos. Se les preguntó a los norteamericanos si los riesgos de que las compañías recopilen sus datos eran mayores que los beneficios. Y es la primera vez que el 81 por ciento considera que los riesgos exceden a los beneficios. Es un punto de inflexión. Estábamos acostumbrados a preocuparnos por cómo manejan nuestros datos los gobiernos y no tanto las corporaciones, pero ahora las cosas han cambiado.

Pero entre los ganadores de la pandemia están las tecnológicas. Bezos ha duplicado su fortuna desde marzo y es el ser humano más rico de la historia.

S.Z. Las encuestas detectan otra tendencia. El 84 por ciento de los norteamericanos no confían en que las compañías que poseen las redes sociales arreglen los problemas que han creado. Y un estudio global de Pew Research señala que once países consideran que la desinformación es la mayor amenaza contra la democracia. Lo que estamos viendo es una pérdida de fe en estas corporaciones. La gente ahora se moviliza. Ve el riesgo.

¿Qué hay de malo en que Netflix y Amazon conozcan nuestros gustos y nos recomienden libros o series?

S.Z. Los gigantes tecnológicos quieren que creamos que la privacidad es privada. Que nosotros tenemos el control de lo que queremos exponer y lo que no. Yo les doy unos pocos datos a Facebook a cambio de un servicio que es gratis.

Se supone que ese es el trato, ¿no? Las condiciones de servicio que pocos leen y casi todos aceptan para tener correo, mapas, hacer búsquedas, compartir fotos…

S.Z. Pero lo que hemos aprendido es que, cada vez que consentimos darles datos, ellos toman muchos más de los que creemos. Si publicas algo en Facebook, no les importa lo interesante o veraz que pueda ser, pero lo desmenuzan. Examinan si usas signos de admiración para sacar conclusiones sobre tu estado emocional. Porque las emociones son comportamientos fáciles de predecir. Y muy rentables. La inteligencia artificial de Facebook examina billones de esos datos cada día y es capaz de producir seis millones de predicciones por segundo. Y muy pocos de esos billones de datos los damos a sabiendas ni por propia voluntad. Los cogen sin que nos enteremos. Cada vez que utilizamos las redes sociales, alimentamos a un sistema cuyas asimetrías de poder y de conocimiento están minando nuestras democracias y aumentando la desigualdad.

¿A qué se refiere cuando habla de asimetrías?

S.Z. A que hay una gran diferencia entre lo que ellos saben de nosotros y lo que nosotros sabemos de ellos; entre lo que podemos hacer y lo que ellos nos pueden hacer. El conocimiento y el poder son inextricables.

Siempre lo han sido…

S.Z. Pero ahora vemos, por ejemplo, que el sistema de reconocimiento facial de Microsoft, desarrollado con fotos de Facebook, no se utiliza solo con propósitos académicos, como nos habían contado, sino que Microsoft lo vendió a clientes militares, incluido el Ejército chino, que mantiene a los uigures musulmanes sometidos a una vigilancia constante. Nuestras fotos de Facebook están sirviendo para encarcelar a gente inocente en una campaña genocida contra una minoría religiosa. No es algo trivial. Estamos exponiendo no solo a nuestra sociedad, sino a todas las sociedades, a estos sistemas. Y la gente empieza a entenderlo. Es un desafío político y legal. Nos están robando una parte de nuestras vidas sin nuestro permiso. Tenemos que parar esto. Y creo que podemos.

 

Por Carlos Manuel Sánchez / Fotografía: Bernd Von Jutrczenka

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La compañía explica que las actualizaciones de su política incluyen más información sobre el servicio de WhatsApp y sobre cómo procesa los datos. Foto: Archivo.

Millones de usuarios de WhatsApp han comenzado a recibir esta semana un aviso de la popular plataforma de mensajería pidiéndoles que acepten sus nuevos términos y condiciones antes del 8 de febrero si quieren seguir utilizando la aplicación.

“Al seleccionar ACEPTAR, aceptas las Condiciones y la Privacy Policy actualizadas, que entrarán en vigor el 8 de febrero de 2021. Después de esta fecha, deberás aceptar las actualizaciones para seguir usando WhatsApp”, se lee en el mensaje que envió la plataforma a sus usuarios, tanto en Android como iOS.

La compañía explica que las actualizaciones de su política incluyen más información sobre el servicio de WhatsApp y sobre cómo procesa los datos; cómo las empresas pueden usar los servicios alojados en Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp y cómo la plataforma se asocia con su empresa matriz “para ofrecer integraciones en los productos de las empresas de Facebook”.

La política actualizada deja claro que los datos recopilados por WhatsApp se compartirán ahora con Facebook, lo quiera o no el usuario. Estos datos incluyen los números de teléfono, “datos de transacciones, información relacionada con el servicio, información sobre cómo interactúa con otros (incluidas las empresas)” cuando utiliza sus servicios, así como información del dispositivo móvil y la dirección IP, entre otros.

“Como parte de las empresas de Facebook, WhatsApp recibe información de las otras empresas de Facebook, y también comparte información con ellas”, explica la política de privacidad. “Ambas partes podemos usar la información que recibimos para operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y promocionar nuestros Servicios y sus ofertas, incluidos los productos de las empresas de Facebook”, añade.

Compartir datos con Facebook será obligatorio para todos los usuarios, excepto para los de la UE, donde se aplica desde 2018 el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR por sus siglas en inglés).

En declaraciones a MailOnline, un portavoz de WhatsApp confirmó que “no hay cambios en las prácticas de intercambio de datos de WhatsApp en la región europea (incluido el Reino Unido) que surjan de los Términos de servicio y la Política de privacidad actualizados”.

“Para evitar cualquier duda, sigue siendo cierto que WhatsApp no ​​comparte datos de usuario de WhatsApp de la región europea con Facebook con el fin de que Facebook utilice estos datos para mejorar sus productos o anuncios”, detalló.

8 enero 2021

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Foto cedida por la autora

Veronica Barassi, antropóloga e investigadora italiana publica en diciembre de 2020 Child | Data |Citizen una investigación que muestra los peligros de la datificación de los niños y niñas de cara a que ciertas empresas creen perfiles que podrían determinar su futuro

 

En un futuro próximo, los datos perfilarán a las personas con una precisión que nunca antes fue posible. La familia, la escuela, los hospitales o el Estado producen una cantidad ingente de datos de bebés que aún no han adquirido ni siquiera su lengua materna. Una foto enviada a un amigo puede rebotar en decenas de grupos y acabar en centenares de teléfonos en un día. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener para el futuro de las criaturas? ¿Qué ocurre con toda esa huella digital que están dejando?

Veronica Barassi, antropóloga e investigadora italiana, catedrática de Medios y Comunicación en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de St. Gallen, Suiza, da carpetazo a 2020 publicando en diciembre a través de MIT Press el libro Child | Data | Citizen, una obra (todavía sin traducir ni editar en castellano) que nace de una investigación de 3 años que parte de 50 entrevistas con 8 familias de diferentes perfiles etnográficos, económicos y nacionales en las ciudades de Londres y Los Ángeles. A pesar de partir de la academia, el libro es un ensayo plagado de conversaciones y anécdotas que lo acercan más a las librerías de barrio que a las estanterías de las universidades.

“Soy antropóloga y desde siempre me ha interesado estudiar qué sentido tienen las transformaciones digitales para las personas. Desde que empecé a estudiar siempre me interesó la forma en que las redes sociales podrían cambiar la democracia”. En 2014 publicó Activismo en la web: luchas del día a día contra el capitalismo digital estando embarazada. En ese momento se empieza a relacionar con padres y madres primerizos y se da cuenta de la cantidad ingente de datos que se producen de los bebés, antes incluso de los embarazos, a través de las aplicaciones de preparación y ayuda al parto. “En 2017, cuando empiezo a escribir este libro, nace mi segunda hija en un contexto muy diferente al de 2014, mucho más acelerado”.

Como madre, de entre todos los aspectos que has tratado en el libro, ¿cuál es el que más te preocupa o interesa?
El libro estudia la cantidad de datos que producimos y cómo las grandes tecnológicas pueden integrar estos datos recopilados de distintas áreas, como el colegio, el hogar o la salud, para crear perfiles únicos de identidad. Tenemos también las tecnologías que toman decisiones de forma automática, que ya están siendo usadas en hospitales, administraciones y centrales de policía. Mi preocupación es que estas tecnologías, probablemente, van a tener acceso a todos estos datos agregados de una forma más vasta que hasta ahora. Digo probablemente porque trato de no ser apocalíptica, pero es un hecho que nuestra relación con la llamada “inteligencia artificial” ha cambiado dramáticamente en los últimos cuatro años. No hemos asumido los riesgos de lo que está pasando. Tenemos que tener en mente lo que se puede llegar a hacer con estos perfiles.

Ya desde el prólogo señalas el peligro para cualquier persona de ser datificada como ciudadana, no solo porque los algoritmos le estén diciendo a las empresas o los gobiernos quién eres, sino también por la capacidad que tienen de cambiarnos y transformarnos en lo que “se supone que debemos ser”. ¿Estamos siendo reducidos de ciudadanos a consumidores?
Se están creando perfiles a partir de las huellas digitales que dejamos cuando compramos, pero también con lo que hacemos en nuestras propias casas. Como hemos visto con el escándalo de Cambridge Analytica, estos rastros digitales no solo nos perfilan como consumidoras, sino que crean perfiles políticos. Esto es lo que señalo en el libro, se está borrando la frontera entre nuestro perfil de consumidor y perfil político. Los principales estudiosos en este campo que han estado trabajando en este tema, hablan de la idea de la prevención o predicción. Gente como Greg Elmer, Palm en Canada o Lina Denick en Cardiff hablan de cómo la tecnología de datos esta ahí para prevenir, mitigar riesgos en el futuro.

Se aplica a las criaturas la misma lógica que se usa para prevenir crímenes, la cual pone una barrera entre ellas y muchos procesos humanos importantes. Déjame darte un ejemplo concreto, si piensas en educación, muchas de las tecnologías aplicadas a este campo van sobre aprendizaje personalizado: se usan para identificar “riesgos” en las escuelas para que puedas mitigarlos de forma personalizada. Lo cual suena increíble, piensas “es una buen idea”, pero la verdad es que si empiezas a crear aprendizaje personalizado basándote en rastreo de datos, lo que ocurre es que excluyes a los niños de explorar en lo que se podrían convertir, les encierras en estereotipos, les metes en un perfil desde temprano y esto es muy importante si piensas en la desigualdad social.

Es similar a lo que ocurre en Estados Unidos con los sistemas de predicción y detección de crímenes, que se retroalimentan en sus estereotipos y, si violentas a una persona porque crees que va a cometer un crimen o la detienes sin que haya hecho nada, la empujas a que tenga ciertos comportamientos.
Sí, exacto. Si eres adolescente y te identifican con el perfil de una etnia minoritaria y te interesa la justicia social solo te meten esa información, todo el tiempo, porque piensan que esa es toda la información que te interesa. Así no es como yo solía aprender, ¿sabes? Yo aprendí porque estuve expuesta a muchos tipos diferentes de conocimiento y decidí convertirme en una cosa y luego en otra. Así que creo que ese es uno de los problemas principales, es muy difícil salir de esos estereotipos en los que te meten.

Dentro de un rango, has hablado con padres y madres de muy distintos perfiles en Londres y Los Ángeles, ¿qué preguntas crees que debería hacerse toda persona envuelta en la crianza respecto a los datos?
[Risas] Esa es una buena pregunta, la primera pregunta a la que se debería enfrentar cualquier padre o madre es ¿cómo se van a usar los datos de nuestras huellas digitales? Las dejamos constantemente a través de mensajes y fotos de forma voluntaria. Pero también cuando aceptamos los términos y condiciones de uso en webs, o dependiendo del colegio u hospital que elegimos ¿Van a tener un impacto negativo en los hijos? Un ejemplo que suelo usar y que, de hecho, es una cuestión que me hizo pensar en los niños como ciudadanos de datos (data citizens) era la cuestión de los perfiles políticos en redes sociales. Yo soy de Italia que, igual que España, tiene un historial de regímenes autoritarios y dictaduras. Me sorprendió cuando empece mi investigación cuánta información política se compartía sobre ellos. Fotos de niños en manifestaciones, con pancartas contra el gobierno local y cosas así. Imagínate saltar 20 años hacia delante y que ya no vivimos en ese sistema democrático o en una sociedad más tolerante, ¿cómo les va a afectar este perfil político? Estas son cosas en las que todavía podemos trabajar un poco, pero los padres y madres no tenemos mucha elección en esto ya que estamos constantemente aceptando los términos y condiciones de estas compañías.

¿Qué consejos les darías?
Individualmente diría que tuviesen mucho cuidado con cualquier información compartida en linea y ser estratégicos a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, nunca compartir información sobre tu salud o la de tus crías en Gmail. Sé que suena estúpido pero tener tu cuenta de Gmail conectada al servicio de salud no es una buena opción porque van a hacer negocio con ello. Si subes contenido a redes sociales, trata de que sea neutral y no pueda ser puesto en su contra en el futuro. Pero estos consejos son individualizados. Creo que la clave está en trabajar con profesores, doctores, académicos hacia una mayor privacidad y protección de datos. Por ejemplo, encontrando plataformas alternativas a Google Classroom.

Es algo que ya está ocurriendo en Barcelona por ejemplo, desde la institución pública se está expulsando a Google de las aulas. Defiendes en tu libro que los niños y niñas son la clave para explorar la emergencia de la datificación ciudadana y cómo se está transformando la sociedad, ¿por qué?
Son la primera generación datificada antes de nacer. No me pasó a mí, no te pasó a ti, esta es realmente la primera generación a la que le está ocurriendo esto. Tenemos que analizarlo. Hay una diferencia fundamental entre mis hijas y yo. Yo pude desarrollar mi carrera profesional y vivir en un mundo que no conocía información sobre mi infancia. Especialmente aquella que yo no deseaba compartir. Nadie sabe la filiación política que tenían mi madre o mi abuelo o mis hábitos alimentarios. Para mis hijas esto ya no va a ser así. Nuestros datos son agregados en unidades familiares por las empresas que los utilizan y cada vez va a ser más difícil ocultar o desconectar ese bagaje.

Estoy pensando que ya no solo esas empresas sino, por ejemplo, sus propios compañeros cuando tengan 15 ó 16 años, podrán encontrar esa información fácilmente.
¡Sí! Este tipo de daño con los datos siempre ha existido. No es nada nuevo. La gente siempre ha sido metida en perfiles basándose en sus orígenes, en el color de su piel, en su religión, no seamos ingenuos con esto, no es ninguna novedad. Lo que cambia hoy en día a es la amplificación y es muy importante que lo entendamos.

Como señalas en el libro, las crías tradicionalmente han sido excluidas de los debates públicos sobre ciudadanía. Más adelante se les da una protección y derechos específicos, pero parece que no hemos dado el paso de incluirles como agentes de solución en sus propios problemas. Incluso desde la academia, aunque estén presentes en estudios, pocas veces lo están sus voces, ¿crees que podrían ser una clave para enfrentar estos problemas que señalas?
Creo que tienes toda la razón. Existe esta negligencia hacia la capacidad de ser agentes de nuestras crías. Siempre han sido ignoradas como ciudadanas de muchas maneras. Hay muchos estudios sobre su capacidad de acción, especialmente en cómo se relacionan con los dispositivos tecnológicos. Uno de los que más admiro es el trabajo de la profesora Sonia Livingstone, de la London School Economics, que durante años se ha estado centrando en dar a los niños esa voz, esa capacidad de acción. En mi libro no incluyo sus testimonios u opiniones, porque mi objetivo es mostrar cómo se les roba esa capacidad de acción. Cómo están siendo construidos por esos datos agregados y los algoritmos debido a los datos compartidos por sus padres y madres, colegios, sistemas de salud. Tienen poca voz ahora y van a tener poca voz en el futuro.

Mientras leía tu libro, hice un pequeño experimento en algunas clases de secundaria. Traté de explicarles todos los datos que se estaban recolectando sobre ellos y les pregunté qué opinaban al respecto. Me sorprendió encontrarme con que a muchos no les importaba demasiado.
No me sorprende. Lo dan por sentado porque la sociedad en la que viven lo da por sentado también. Están reproduciendo lo que ven en el mundo de los adultos. Es la misma respuesta que he recibido de padres y madres cuando les expongo mi trabajo: “ya lo sé, pero ¿qué opciones tengo?” ¿A quién le importa que Google sepa qué marcas especificas de pañales compras? Hay muy poco conocimiento de lo que ocurre con estos datos. La gente ya sabe que se usan para dirigirse hacia ella de una forma más específica a través de los anuncios. Lo que no ven son a brokers de datos operando en las sombras. En los últimos doce años hemos creado una economía totalmente dependiente de esta datificación. Todo va a depender de estos datos. Tu trabajo, tu acceso a primas de riesgo, tu vivienda, el colegio de tus hijos…

Hablas en el libro de lo difícil que es decirles que pasan demasiado tiempo con las pantallas cuando tú estás conectada 24/7 a la pantalla.
Estamos todo el tiempo conectadas. Esto es un problema de la sociedad en la que vivimos, no solo de ellos. Yo hablo de esta tecno-dependencia que hemos creado. Muchas investigaciones ya hablan de adicciones, ¿cuántas veces miras la pantalla de tu teléfono?

No quiero ni saberlo, pero es, casi siempre, lo primero que hago al levantarme y lo último antes de acostarme.
He intentado mostrar este cambio radical en nuestras vidas. La gente que he entrevistado tiene entre 30 y 40 años y me dicen sin excepción: “todavía recuerdo la época en la que podía elegir cuándo meterme en Internet, antes esto, aún con tecnología, no era así”. Estas tecnologías están diseñadas para ser adictivas, pero también critico esta reducción a la adicción. Padres y madres se echan la culpa a sí mismos o a sus parejas. Hay una tendencia a a la dependencia o necesidad de sentirse constantemente conectados, pero lo que está pasando también es que en los últimos 10 años, todo nuestro mundo ha sido digitalizado y por ende, datificado. Escribo un mensaje instantáneo a la profesora de mi hija mientras contesto a los correos de mis alumnos. Estamos migrando a la vida en linea y esta es una gran transformación que va más allá de una adicción.

En Los Desposeídos, Ursula K. Le Guin imagina una comunidad anarquista donde el cuidado y la educación de las crías está en manos de la comunidad y no de su padre y madre biológicos. Teniendo en cuenta la clara distancia con nuestras sociedades, ¿crees que algunas soluciones a estos problemas pueden aproximarse tratando el problema de forma social o tribal para no cargar de culpabilidad y responsabilidad a padres y madres?
No usaría las palabras ‘social’ o ‘tribal’, pero sí definitivamente la palabra ‘política.

¿Te refieres a ‘pública’?
Lo que intento mostrar es que no es un problema de individuos, es un problema del sistema. Necesitamos nuevas políticas de cuidados, una transformación de la manera en la que pensamos los derechos digitales. Así que tiene que ser una respuesta colectiva definitivamente.

Las grandes empresas de datos, las llamadas GAFAM, por ejemplo, están explotando cantidades ingentes de datos, no solo a través de sus propias plataformas, sino a través de la compra de datos a empresas de otros sectores, como el de la salud. En España, una compañía de la industria militar como Oesia produce software clínico también. Da la sensación de que operan fuera del control de los Estados.
Hay varios problemas en esto, pero el de los datos médicos es uno de los más preocupantes. Imagínate ser adscrito a un perfil para toda tu vida en términos de salud mental. Somos personas, somos vulnerables y tenemos distintas épocas en la vida. Los sistemas de datos que usan estas compañías se ceban especialmente con las vulnerabilidades de las personas. Esto se ve muy bien con los anuncios a padres y madres primerizos, explotan los miedos normales que cualquiera puede tener. La covid ha traído al primer plano las implicaciones de la elaboración de perfiles médicos porque se asocian a limitaciones de libertades concretas. No critico esta práctica en concreto, pero es importante observar las implicaciones.

Pienso en que hace 30 ó 40 años aquí en España con el tema del sida la gente era señalada y perfilada de muchas maneras.
Sí, y en la mera elaboración de perfiles médicos ya hay involucrada una gran discriminación previa a esa. Como humanos tenemos miedo a las enfermedades y es normal, porque ello nos enfrenta a nuestra mortalidad. Hay todavía trabajo que hacer con el VIH pero hemos avanzado bastante como sociedad. Es un ejemplo de cómo de problemático y discriminatorio puede ser tener esa marca en tu perfil social. Imagina lo que es que una empresa tenga acceso a todos los registros de salud mental de sus empleados o de gente a la que vas a contratar. Ahora mismo el problema de la elaboración de estos perfiles es de urgencia, por toda la discriminación que conlleva. Los datos médicos son un gran negocio y todavía hay muy poco regulación al respecto. Hay regulaciones a la hora de recoger los datos, pero el problema real, de nuevo es cómo se usan estos datos por los brokers. Es un mundo opaco y sin apenas regulación.

Me he sentido identificado cuando dices en el libro: “cuando era una niña, estaba aterrorizada por las notas. Estudiaba y trabajaba duro para tener buenas notas. Ya entendía la importancia de las notas, cómo iban a definirme, no solo frente a mis profesores y compañeros, sino también frente a mi propia familia”. Las notas están lejos de ser preciosas a la hora de valorar las capacidades de un niño o niña. Dejan de lado cuestiones como las condiciones económicas de la familia o cuánto tiempo pasa ese niño o niña haciendo labores de cuidados, cosa que se ha intensificado con el covid. ¿Enraíza en esto todo lo que estamos hablando?
[Risas] No creo que ese sea el problema real. La idea de medición en la educación fue introducida a principios del siglo XX, esto ha definido la historia de la educación tal y como la conocemos en occidente. Sin embargo, en términos de big data, el sector educativo fue particularmente vulnerable desde el principio por esta tendencia a puntuar a los niños y niñas y la obsesión con los rankings y competiciones. De nuevo tengo que mencionar el trabajo de gente a la que admiro mucho. Ben Williamson escribió un libro llamado Big Data in Education que explica perfectamente esta vulnerabilidad intrínseca de las escuelas precisamente por esta tendencia a numerarlo todo. Estoy de acuerdo contigo, tus notas no te definen, yo saqué notas muy malas en el colegio (risas). No creo que quisiera que esa información me definiera hoy en día. Ese es el tema, darle a la gente la capacidad de escoger y equivocarse. Saca malas notas, aprendes de ello, pero que eso no te defina ni entre a formar parte de tu perfil para determinar de una manera mucho más directa, tu futuro.

Durante los meses de confinamiento más duros, muchas escuelas e institutos permitieron que Google entrase con sus herramientas por la puerta grande para poder digitalizar la educación.
No hemos tenido tiempo de pensar ni debatir todo lo que implica. Además hay que reconocer que esta empresa desarrolla tecnologías que funcionan muy bien y las ofrece muy baratas. Para las escuelas sin muchos fondos son una solución real y esto es lo triste. Cuando hablo de solución política creo que aquí es donde hay que crear el debate.

Por Álvaro Lorite

@lorojuntaletras

Pablo Müller

20 dic 2020 07:00

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