MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Un grupo de jóvenes en una feria de empleo en Shenzhen, en una fotografía tomada el 10 de octubre (VCG / Getty)

Más del 90% de la población procede de fuera de la ciudad y la edad media no rebasa los 30 años

 

En 1978, dos años antes de que Shenzhen fuera elegida para acoger la primera zona económica especial (ZEE) de China, el industrial hongkonés Chen Ho Ming apostó por iniciar la producción de bolsos en colaboración con una empresa estatal en lo que entonces era un puñado de depauperados pueblos de la costa sureña. Tras atravesar el único paso fronterizo existente -hoy hay nueve-, se topó con un paisaje rural del que sobresalían la vegetación tropical, los insectos y el barro, con solo una estrecha carretera de cemento para acceder a su pequeña factoría. “Ninguno de los edificios superaba los cinco pisos y solo había un restaurante en todo el barrio”, recuerda.

Poco podía imaginar Chen que, tras experimentar con el capitalismo híbrido (o “socialismo con características chinas”, como lo calificó el Partido Comunista), aquellos villorrios de pescadores se convertirían en una innovadora metrópoli de 13 millones de almas en la que han echado raíces las mayores tecnológicas del país.

En solo cuatro décadas, los pantanales han dado paso a grandes avenidas y futuristas rascacielos -más de cien edificios rebasan los 200 metros de altura- y es la primera ciudad del mundo con un despliegue integral de redes 5G. “El tiempo es dinero, la eficacia es vida”, es uno de los lemas que más se repiten en las calles de esta gran ciudad. Con esta filosofía, su economía ha sido capaz de crecer a un ritmo anual del 22% -con picos de hasta el 45%-, su renta per cápita ha pasado de 73 euros anuales a 23.000 y su PIB superó en 2018 los 370.000 millones de dólares, dejando atrás al de una Hong Kong a la que no hace mucho emigraban los chinos, a nado si era necesario, para mejorar su vida.

La historia de su vertiginoso éxito –en el país se habla de “la velocidad de Shenzhen”- comenzó a fraguarse en 1978 con el ascenso al poder de Deng Xiaoping y su política de “reforma y apertura”. La ZEE de Shenzhen se estableció oficialmente el 26 de agosto de 1980. Más de 2.000 kilómetros cuadrados de territorio capitalista con exenciones fiscales e incentivos a la inversión extranjera. Un plan innovador que iba en contra de las esencias del comunismo pero que, si funcionaba, se pensaba aplicar en el resto de la nación, como finalmente sucedió.

Shenzhen representa como ninguna otra ciudad o territorio la evolución del modelo chino y el milagroso desarrollo económico de las últimas décadas. Con el despegue de la globalización, la urbe supo capitalizar la vasta mano de obra a precio de saldo que ofrecía el país y su proximidad con Hong Kong para atraer a cientos de empresas y convertirse en una importante base manufacturera, sobre todo de productos electrónicos baratos.

Jugaron fuerte en el campo de la innovación tecnológica y decretaron numerosas políticas favorables para el sector. La jugada dio sus frutos y atrajo a importantes líderes de la industria. Como consecuencia de ello, en sus calles conviven hoy las sedes de empresas tan punteras como Tencent, la propietaria de Wechat; la tecnológica Huawei, el segundo mayor fabricante de teléfonos del mundo y líder en el 5G; o el fabricante de chips ZTE.

En esas mismas calles surgen cada año decenas de empresas emergentes que se aprovechan de la enorme masa de talento con voluntad emprendedor que acude a la ciudad y de las sinergias que se acaban creando: más del 90% de la población proviene de fuera y la media de edad ronda los 30 años. “Esta ciudad tiene algo especial, porque acepta el fallo como alternativa, algo que si fundas una start up va a pasarte tarde o temprano. Es algo que no casa con la tradición china, pero que aquí está permitido”, contaba a este periodista hace años Adam Najbert, por entonces director de comunicación de la firma de drones DJI.

Ahora, ante la joya de la corona china se abren numerosos interrogantes. Por un lado, el conflicto comercial y tecnológico abierto con Estados Unidos amenaza con torpedear, o al menos intentarlo, a alguno de los buques insignias de la ciudad como Huawei o ZTE. Además, si por una parte se enfrenta a los retos globales derivados de la crisis del coronavirus, por otra debe responder a problemas locales como la mejora de los servicios pú­blicos o el precio de la vivienda.

Pekín ya ha dejado claro que seguirá apostando por la gran urbe del sur para afianzarse como uno de los centros de innovación más avanzados del mundo y ser parte capital del Área de la Gran Bahía. Con este proyecto, pretenden integrar los territorios semiautónomos de Hong Kong y Macao con otras nueve ciudades chinas para crear un centro tecnológico, financiero y académico capaz de competir con otras grandes cunas de la innovación como Silicon Valley o Tokio.

En esta línea, el domingo Pekín anunció un paquete de medidas que le otorgan a Shenzhen autonomía para tomar decisiones sobre una amplia gama de políticas locales, desde el uso de la tierra hasta la contratación de talento global. El presidente Xi Jinping visitará hoy la ciudad para celebrar el 40.º aniversario de la ZEE, y se espera con atención su discurso, en el que podría dar nuevas pautas para que la ciudad de los milagros siga deslumbrando en el futuro.

Por Ismael Arana | Hong Kong, China. Corresponsal

14/10/2020 00:37 | Actualizado a 14/10/2020 10:24

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México y Argentina firman un acuerdo para crear la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe

El canciller Marcelo Ebrard dio el anuncio a través de un mensaje en redes. El proyecto busca poner satélites en órbita y desarrollar la industria aeroespacial.

 

México y Argentina firmaron un acuerdo para crear la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe (ALCE), informó este viernes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, a través de un mensaje difundido sus redes sociales.

"Firmamos compromiso con Argentina para crear la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe (ALCE). Gratitud a Felipe Solá y al Gobierno de Alberto Fernández, así como a todos los miembros de la CELAC. Construimos futuro hoy desarrollando tecnología propia. ¡Buena noticia!", escribió Ebrard.

"A mayor cohesión en América Latina y del Caribe, mayor autonomía relativa y mayor posibilidad de negociación en el mundo. Es un tema geopolítico y estratégico", dijo Ebrard.

La iniciativa contempla que las agencias de cada país latinoamericano realicen aportes en función de una misma agencia regional, que además de explorar el espacio, ayude a compartir imágenes satelitales y tenga como fin la observación del planeta. 

El proyecto fue presentado por Javier López Casarín, presidente Honorario del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), a través de una videoconferencia en internet.

"Marca una nueva etapa en la cual la región se incorpora a una ruta de búsqueda del conocimiento y en pro de la humanidad", sostuvo López Casarín.

La idea de crear una agencia espacial regional surgió como una de las iniciativas de México cuando asumió la presidencia temporal de la CELAC, en 2020. 

Durante la reunión estuvieron presentes funcionarios de México y Argentina, así como el director de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue; el embajador de Argentina en México, Carlos Tomada; y Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional de Colombia.

"Nuestro país tiene grandes expectativas en la posibilidad de avanzar en una colaboración con los países de la región", señaló Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia de Argentina. 

El eje México-Argentina

No es el primer acuerdo que ambos países firman este año. En agosto pasado, México y Argentina anunciaron que producirían de manera conjunta la vacuna contra el covid-19, desarrollada por la Universidad de Oxford y los laboratorios AstraZeneca, para distribuirla a otros países de América Latina.

Sin embargo, diversos problemas con las pruebas experimentales de la vacuna detuvieron momentáneamente el proyecto que, sin embargo, ha evidenciado la cooperación entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández.

Otro punto de la cooperación entre ambos países se produjo cuando Fernández pidió a López Obrador interceder en la negociación de la deuda de Argentina con sus acreedores, lo que resultó en una solución satisfactoria para el país sudamericano.

Publicado: 9 oct 2020 16:12 GMT

El Pentágono distribuirá 600 millones de dólares en contratos para "la experimentación de 5G de doble uso" en varios sitios militares de EE.UU.

El plan constituirá la mayor prueba mundial para aplicaciones de doble uso de la tecnología 5G.

El Pentágono ha anunciado que destinará 600 millones de dólares en premios para promover las capacidades 5G en una experimentación a gran escala, que se llevará a cabo en cinco sitios de pruebas militares de EE.UU. Un total de 15 contratistas privados se harán cargo de la realización de las pruebas.

El Departamento de Defensa anunció que se tratará de los ensayos de mayor envergadura mundial para aplicaciones de doble uso de esa tecnología, a la que describe como un "habilitador fundamental para todos los programas de modernización de la defensa de EE.UU. y vital para la seguridad nacional y económica" del país.

Los sitios donde se llevarán a cabo las pruebas son la base aérea Hill en Utah, la base conjunta Lewis-McChord en Washington, la base logística del cuerpo de Marines en Albany (Georgia), la base naval de San Diego en California y la base de la Fuerza Aérea Nellis en Las Vegas, Nevada.

"El Departamento de Defensa está a la vanguardia de las pruebas y la experimentación 5G, que fortalecerán las capacidades de guerra de nuestra nación, así como la competitividad económica de Estados Unidos en este campo crucial", dijo Michael Kratsios, subsecretario interino de Defensa para Investigación e Ingeniería.

Los proyectos incluirán una prueba piloto de realidad aumentada y virtual habilitada para 5G para la planificación y capacitación de misiones, y una prueba de almacenes inteligentes habilitados para 5G, así como la evaluación de tecnologías 5G para mejorar el comando y control distribuidos. Entre los objetivos, el Pentágono cita el desarrollo de "un banco de pruebas para el uso de tecnologías 5G para ayudar en la letalidad en el aire, el espacio y el ciberespacio mientras se mejora la capacidad de supervivencia del comando y control".

Entre las firmas seleccionadas para el proyecto figuran las telecomunicaciones AT&T, Nokia y Ericsson, el contratista de inteligencia e infotecnología Booz-Allen Hamilton, GE Research y una subsidiaria del gigante aeroespacial General Dynamics, entre otras.

Publicado: 9 oct 2020 05:36 GMT

Ren Zhengfei (derecha), junto al jefe de estado chino Xi Jinping. El régimen está comprometido en la lucha por conquistar las redes 5G de todo el planeta. Los vínculos entre la empresa y el Ejército Chino son históricos (PA Images)

La compañía tecnológica lanza sus redes en el mundo de la mano de la diplomacia del régimen. Cómo el COVID-19 podría servirle a la corporación para extender el tendido de su 5G

 

Hace poco más de un año se hacía referencia a una realidad fácil de probar que hoy parece más vigente que nunca: Huawei es el brazo tecnológico que utiliza el régimen chino -y su ejército- para su expansión definitiva. Huawei es China. No su pueblo, sino su estado. Y Beijing parece destinada a proteger y promover los negocios estratégicos de la nación y las redes de su diamante más valioso hasta el final. Incluso, está dispuesta a mezclar armas con smartphones, como podría estar sucediendo en India.

Su vecino, también potencia nuclear, ha colocado en un paréntesis la posibilidad de utilizar la red 5G que la diplomacia china está empujando a fuerza de bullying en todos los continentes. Es muy probable que Nueva Delhi decline de ella por la desconfianza que le genera dejar en manos del Partido Comunista Chino (PCC) su información más sensible. Las dudas entre los asesores de Narendra Modi surgieron mucho antes de que tropas chinas violaran límites fronterizos y mataran a soldados indios, lo que provocó una creciente tensión en los Himalayas.

A partir de ese enfrentamiento trágico, India decidió bloquear decenas de aplicaciones cuyos datos tenían un flujo directo hacia Beijing y se mostró más decidida a frenar el avance del 5G tanto de Huawei como de ZTE, la otra empresa que ofrecen como alternativa las embajadas chinas de todo el mundo.

Pero al acecho militar contra India también se suma la propaganda psicológica. Cada día los órganos informativos del régimen de Xi Jinping dedican líneas para alertar sobre las graves consecuencias que tendría para la economía de Modi decidir por una red europea de 5G. Se refieren a Nokia. Global Times, uno de los periódicos del PCC, señala a diario que no inclinarse por Huawei provocaría daños severos en las finanzas de la nación.

En sus líneas, el diario orgánico pretende estimular fibras sensibles, algo recurrente en la cada vez más extendida “diplomacia del Wolf Warrior” que impone el régimen. En ella se muestra víctima de una creciente tendencia “anti-China”. En su última alusión a Huawei, el medio del PCC juega con ese arma: “Impulsada por una ola de sentimiento anti-China luego del fatal choque entre las tropas fronterizas de los dos países en junio, India ha impuesto una serie de restricciones y prohibiciones absolutas a las empresas e inversiones chinas”, dice el editorial.

El periódico sigue y pone en primer plano las consecuencias generadas por el COVID-19: “Bajo el impacto de la pandemia, la economía de la India se ha enfrentado a grandes dificultades, y el boicot irracional a las aplicaciones e inversiones chinas solo ha empeorado su economía. En la actualidad, reparar las relaciones entre China e India y corregir las desviaciones anteriores es lo que más necesita la India”.

Pero Nueva Delhi no es el único gobierno en Asia que está en vías de bloquear a la compañía paraestatal china para su tendido. El de Japón también lo evalúa: se sumaría así a grandes potencias que no quieren ver comprometidos sus datos -de seguridad nacional y militar, pero también de sus ciudadanos-. Las grandes democracias asiáticas desconfían -con razón- del control que tendrá Beijing sobre esa información si deja sus antenas bajo el poder de Xi y su ejército.

El motivo de tal desconfianza emerge de un simple hecho que no puede ser negado ni por las empresas ni por las autoridades: las leyes chinas obligan a las compañías de capital local a aceptar a un miembro del PCC en su directorio. Este integrante tendrá a su disposición toda la información que pretenda de los clientes de la corporación de la que forma parte. Esto rige tanto para una firma tecnológica como para una que realice dragados de ríos, administre puertos o comercialice granos de soja.

Pero Beijing cuenta con otros métodos para golpear las mesas de negociaciones cuando pretende algo. Luego de la crisis sanitaria y económica desatada como consecuencia de la pandemia por coronavirus, varios países impulsaron campañas para que se realice una investigación independiente de la administración que hizo el régimen del brote en Wuhan.

Australia fue una de ellas: en respuesta, Xi Jinping sacudió el comercio entre ambos países como primera embestida. Scott Morrison, primer ministro australiano, no dio marcha atrás y continúa en su postura. Otro detalle: tampoco aceptará que Huawei haga el tendido que comprometería sus comunicaciones confidenciales con otros países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón.

La desconfianza es sobre todo, de seguridad. Desde su génesis, Huawei está signada por su impronta militar. Su fundador, Ren Zhengfei fue miembro del Ejército Popular de Liberación (PLA) durante décadas. En 1978 se unió al Partido Comunista. En la fuerza, trabajó siempre en el área de innovación y ciencia, su gran pasión, donde se destacó hasta que cumplió su ciclo. En 1982 se radicó en la provincia de Shenzhen, cerca del mayor centro financiero de Asia, Hong Kong. Cinco años después concretaría su sueño al fundar la corporación tecnológica más importante del continente.

Pero el amor de Ren por el ejército no mutó y la colaboración fue permanente entre ambos actores. De acuerdo con una investigación hecha por Bloomberg, el acuerdo involucra investigaciones en las que participan empleados de la corporación y uniformados. “Durante la última década los trabajadores de Huawei han formado equipo con miembros de varios órganos del Ejército Popular de Liberación en al menos diez emprendimientos de investigación que abarcan desde inteligencia artificial hasta comunicaciones por radio", advierte el medio. Ese vínculo continúa imperturbable. Huawei es China. O más preciso: Huawei es el régimen chino y el Ejército chino.

En ese contexto, América Latina no escapa al complejo escenario post-coronavirus. Beijing extendió hasta esta región su “diplomacia de las mascarillas” para lavar la precaria imagen que su gobierno había cosechado por la pobre administración que hizo de la epidemia de COVID-19 cuando el mundo poco sabía sobre síntomas y consecuencias de una cepa mortal similar al SARS que estaba gestándose un año atrás en la importante provincia de Hubei. Xi Jinping prefirió silenciar a quienes advertían sobre el brote e informar tarde a la Organización Mundial de la Salud (OMS). El resto es historia en desarrollo.

Como respuesta, la maquinaria productiva china se puso en movimiento y su industria de insumos médicos floreció. Ofreció elementos de protección para trabajadores de la salud de todo el mundo, mascarillas de dudosa calidad y todo cuanto pudiera hacerse para provocar una amnesia conveniente en sus detractores. Los gobiernos receptores debían agradecer al gran líder chino por su generosidad. Y pagar en efectivo, desde luego.

Sin embargo, no todo se reduce a cubrebocas N95 o trajes descartables para médicos y enfermeros. El cimbronazo, además de sanitario, fue (es) económico. Esa conmoción en los números se siente muchísimo más en aquellas naciones pobres, con instituciones débiles y gobiernos voraces, con leyes laborales pretéritas y una fuerza trabajadora informal como principal motor económico. Allí Beijing también agudiza su diplomacia.

El régimen de Xi olfatea que entre esos países necesitados de la región está la Argentina. El gobierno kirchnerista está decidido a hacer más fluida esa relación carnal. En tiempos de Tinder, pareciera ser un match perfecto para la Casa Rosada. A la entrega de soberanía en el sur patagónico -donde una base militar china instaló antenas de observación y no permite inspección alguna por parte de funcionarios argentinos-, ahora se está en vías de “yuanizar” la economía local.

Para ese dudoso beneficio -advierten los delegados del régimen- Huawei tendrá que tener un lugar de privilegio en el tendido del 5G: esa es una de las condiciones que China busca imponer en Buenos Aires. El deterioro de las finanzas argentinas es el mejor recurso que tiene Beijing para hacer pie en América Latina. Un pie a medias: en Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil podría tenerlo más difícil.

5 de Octubre de 2020

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Martes, 06 Octubre 2020 06:07

Redes sociales y pánico moral

Redes sociales y pánico moral

El documental El dilema de las redes sociales aborda la problemática de la adicción a las redes sociales y el auge de los discursos de odio. Sin embargo, la simplificación y las teorías de la manipulación (que suponen que los seres humanos solo son conejillos de indias del poder tecnológico) empobrecen el debate. El documental, que rechaza las nuevas teorías conspirativas que «surgen en las redes», también apela a una de ellas: la que sindica a los «villanos de Silicon Valley» como responsables de todo.

 

The great hack [El gran hackeo], el documental de Netflix sobre Cambridge Analytica, comienza con una sentencia interesante. David Carroll, profesor asociado en Parsons School of Design de Nueva York, está sentado frente a un pequeño grupo de estudiantes y pregunta:

–¿Quién no ha visto un anuncio que le haya hecho pensar que su micrófono está escuchando sus conversaciones?

Entonces, se producen las risas incómodas de los alumnos. Y Carroll afirma:

-Nos cuesta imaginar cómo funciona (...) Los anuncios que parecen increíblemente precisos nos hacen pensar que nos espían, pero es muy probable que sean una evidencia de que el targeting funciona y que puede predecir nuestra conducta.

La respuesta de Carroll plantea interrogantes que no han perdido vigencia. ¿Qué datos almacenan las plataformas de redes sociales? ¿Son usados solo para la publicidad? ¿Tiene un límite el extractivismo de datos? ¿Qué hacen las empresas con toda esa información de los usuarios?

El documental también pone el foco en escándalo de Cambridge Analytica, los problemas de privacidad de Facebook, las fake news y la consecuente «manipulación de las personas». Con esa finalidad, se analizan el Brexit y la campaña presidencial de Donald Trump de 2016. La confirmación de lo que ocurría tras bambalinas en Cambridge Analytica se valida en la voz de Brittany Kaiser, una ex empleada de la consultora que ahora se muestra arrepentida. El hilo narrativo del film acompaña a Brittany expiando sus pecados en el festival Burning Man o en un lujoso hotel en algún lugar de Tailandia. Después del éxito y el frenesí, la hija pródiga regresa para reconocer sus errores y tratar de enmendarlos.

Sin embargo, el documental da por sentados hechos que vale la pena poner en tela de juicio. Sobre todo, uno central. ¿Por qué se asume que las personas pueden ser manipuladas por una combinación de big data, algoritmos y tácticas de psicología conductual?

El dilema de las redes sociales retoma algunos temas que ya fueron enunciados en The great hack. Entre ellos, se destacan la polarización, las fake news y el extractivismo de datos. Pero se incorpora un nuevo elemento: el del vínculo entre la adicción a la tecnología y la manipulación de la que son víctimas los usuarios. Sin embargo, la liviandad de la denuncia queda en evidencia cuando se pone el foco en cuestiones técnicas como las notificaciones emergentes, el scrolleo infinito y la recomendación de contenido personalizado. Los testimonios de diseñadores y ex ejecutivos –todos arrepentidos– pretenden darle más espesor a la denuncia y son entrelazados con una ficción que pone en la piel de los personajes la adicción y la permeabilidad que se atribuye a las y los usuarios.

La historia ficcional está construida sobre un tendal de estereotipos y posiciones «políticamente correctas» y un centrismo casi ingenuo en el plano político. Así, se puede ver a una familia étnicamente diversa, en la que los padres, ligeramente amables y desconcertados, tratan de lidiar con la tecnología, mientras sus tres hijos presentan un abanico de posibilidades. La conciencia ética recae sobre la hermana mayor (que no usa celular y lee a Shoshana Zuboff), mientras que la más pequeña es presa de su adicción (con la que se pretende mostrar a una «generación perdida»). El plato fuerte, sin embargo, puede verse en la lenta y permanente caída del hijo adolescente que se aleja de los deportes y de sus amigos, para sumergirse rápidamente en una espiral de odio y fanatismo gobernado por el contenido personalizado de las redes sociales.

Todo el set de críticas que plantea El dilema de las redes sociales pueden ser resueltas por el Center for Humane Technology (fundado, entre otros, por Tristan Harris, principal orador del film). Identificar el problema, difundirlo y vender la solución. El punto central es exactamente ese: que los problemas sociales que ocasiona la tecnología solo serán resueltos por –y a través de– la tecnología. Evgeny Morozov llamó a esto la «locura del solucionismo tecnológico».

En este entramado, una decena de arrepentidos de Silicon Valley reconoce haber trabajado para generar que los usuarios pasen más horas frente a la pantalla, pero también aseguran haber padecido ellos mismos esa adicción que los convirtió en víctimas. Tim Kendall, ex ejecutivo de Facebook y ex presidente de Pinterest, reconoció que no podía soltar el celular cuando llegaba a su casa. La solución sugerida, una y otra vez, es desactivar notificaciones y medir el tiempo de uso.

Uno de los riesgos que involucra este documental y su estrategia panfletaria es el incremento del pánico moral (algo similar ocurrió con la campaña #DeleteFacebook, después de que se conociera el escándalo de Cambridge Analytica). Aunque se denuncia que el problema radica en el modelo de negocios que sostiene a las plataformas, la acusación se desdibuja y deja pasar la oportunidad de generar una crítica más sólida para entregarse a los golpes de efecto.

El film se engolosina señalando la forma en la que la Inteligencia Artificial (IA) que administra los datos personales está apuntada contra el cerebro de los usuarios. En definitiva, afirma que los manipula y los vuelve adictos. Una vez más se pierde de vista uno de los aspectos más perjudiciales del uso de estos sistemas de mediación algorítmica. Diversos estudios, como los de Virginia Eubanks, Cathy O'Neil y Safiya Umoja Noble, analizan cómo estas decisiones automáticas involucran datos incompletos y algoritmos sesgados y concluyen que, si son usados para apuntalar políticas públicas, terminan aumentando la desigualdad, reforzando estereotipos e intensificando la discriminación racial y sexual.

A lo largo de El dilema de las redes sociales opera todo un conjunto de simplificaciones que buscan antes el impacto sensacionalista que el estímulo de una mirada reflexiva. En primer lugar, tiene una narrativa centrada en Estados Unidos, pero pretende extenderla a todo el planeta, desconociendo los contextos particulares donde son usadas las redes sociales. Por otra parte, hay una generalización sobre Facebook en primer lugar –seguido de lejos por Twitter– y su funcionamiento que no da cuenta de las particularidades de otras plataformas, tanto en lo que remite a usos como a sus principales características. El tercer punto es que ignora el ecosistema de medios donde se insertan las redes sociales: estas no funcionan en el vacío, sino que establecen vínculos y relaciones con otros agentes en la esfera pública. Los entrevistados afirman en repetidas ocasiones que las redes sociales constituyen una amenaza sin precedentes. De ese modo, no solo parecen desconocer los centenares de estudios realizados no solo sobre la radio y la televisión (y su influencia sobre los usuarios, como apuntaban Robert K. Merton y Paul F. Lazzarfeld en un famoso análisis de la década de 1940: «Comunicación de masas, gusto popular y acción social organizada»), sino que omiten los diversos análisis comparativos entre estas nuevas plataformas y las ya «clásicas».

El documental sostiene, además, supuestos equívocos, como el que considera que la exposición a los discursos de odio, implica comulgar con aquello que propugnan. Según los creadores de este film, el hecho de estar expuestos a una mentira resulta suficiente para creer en ella. Por último, se ocluye la dimensión creativa que flota y atraviesa las redes sociales. En este sentido, la periodista Evan Green desarrolló un hilo de tuits en el que enuncia toda una serie de omisiones que bien podrían haber enriquecido el documental, pero que, en miras del pánico social y moral que se buscó generar, lo habrían debilitado.

Las redes sociales no son el único nicho para el florecimiento de los discursos de odio, aun cuando resulta indudable que estos discursos y teorías se han valido de los algoritmos de personalización y recomendación (de YouTube y Facebook particularmente) para circular a una mayor velocidad. Sitios como 8chan, 4chan o Stormfront, entre otros, fueron la cuna de dichos movimientos y el lugar donde se cocinaron muchas teorías conspirativas. Asimismo, resulta extraño que una plataforma como Netflix, cuyo sistema de recomendación estuvo en la mira varias veces por el uso de los datos de sus usuarios, hoy contribuya a denunciar estas problemáticas.

Los algoritmos filtran la información, la jerarquizan, la ordenan y exhiben una determinada concepción del mundo, mientras las plataformas compiten unas con otras por la atención de los usuarios y, con ese propósito, agregan funcionalidades, se modifican en base a los usos desviados (no planificados), cambian y se homogeinizan (Twitter pasó de la estrellita al corazoncito). Pero afirmar que estas empresas compiten por la «hora-pantalla» de los usuarios es muy distinto a sostener, como lo hacen los «arrepentidos» de Silicon Valley en The Social Dilemma que, al monopolizar la atención, generan adicción y «manipulan las conciencias».

Este pánico para dummies, que desconoce la historia de los medios masivos de comunicación, que confunde la adicción a los cigarrillos con el uso desmedido de las redes sociales, que compara la invención de la bicicleta con las plataformas de redes y que sindica a todos los males contemporáneos como parte de una conspiración de algunos «villanos» de Silicon Valley, también pretende ofrecer una «solución». Apela a una receta de varios pasos y a una Iglesia en la que tramitar la adicción: el Center for Humane Technology. Para El dilema de las redes sociales todo es sencillo: el caos creado por las redes sociales puede deshacerse simplemente reescribiendo el algorítmo. El problema es que al errar en el análisis no puede creerse ningún tipo de solución

AL, la región más afectada por la pandemia: Banco Mundial

El mayor riesgo es para aquellos que están menos capacitados y peor remunerados

 

América Latina es la región del mundo más afectada por la pandemia de Covid-19, con un impacto de salud tan fuerte como en los países avanzados, pero sin medios comparables para mitigar sus efectos sobre la actividad económica y el empleo, sostuvo el Banco Mundial (BM).

Es un escenario complejo, doloroso, en el que millones de personas padecen a diario las dificultades que atraviesa la región y sus consecuencias devastadoras sobre el mundo del trabajo, expuso.

"Los trabajadores informales han sido los más golpeados: si por las cuarentenas no pueden salir, no pueden generar ingresos para sus familias, y como no están cubiertos por seguros de desempleo y otros programas sociales, es difícil ayudarlos. Los empleos formales han resistido mejor hasta ahora, pero es posible que se vean fuertemente impactados en los meses que vienen, a medida que los problemas de liquidez de las empresas dificulten su solvencia y muchas deban cerrar", planteó el organismo en el reporte Efecto viral: la Covid-19 y la transformación acelerada del empleo en América Latina y el Caribe.

En la región, el empleo en el sector industrial se estancó en niveles inferiores a los de la economías avanzadas y los países emergentes del este asiático, mencionó ayer Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

La mayor parte del empleo en América Latina y el Caribe se encuentra en los servicios, un sector típicamente más informal y con una mayor participación del autoempleo. La transformación tecnológica amplifica estas tendencias, agregó Jaramillo.

Los gigantescos costos económicos y sociales de la pandemia han acelerado la transformación del mercado laboral y vuelven este desafío más urgente, comentó.

De acuerdo con el informe, los servicios que podían prestarse electrónicamente se han mantenido, e incluso han prosperado, mientras los sectores que requieren presencia física son los que han tenido mayores dificultades.

Si bien es posible que el número total de puestos de trabajo no disminuya de manera drástica, la tendencia podría acelerarse por las prácticas de distanciamiento social que fomenta la epidemia de Covid-19, advirtió. Son los trabajadores peor remunerados y menos capacitados, que realizan las tareas más sencillas y rutinarias, quienes corren el mayor riesgo de ser remplazados por máquinas, apuntó el funcionario.

De acuerdo con el enfoque basado en ocupaciones, Ecuador, Honduras, México y El Salvador tienen una mayor proporción de trabajadores empleados en labores que tienen más probabilidades de ser automatizadas. En el otro extremo, países como Argentina, Chile y Panamá parecen tener apenas menos puestos de trabajo en riesgo. El promedio de la región es de 50 por ciento, mismo rango en que se sitúa México.


El coronavirus aceleró los cambios que ya se estaban produciendo en el mundo del trabajo

El Banco Mundial alertó que los gobiernos de América Latina deben preparar a su población para la “cuarta revolución industrial” acelerada por el coronavirus

28 de Septiembre de 2020

América Latina y el Caribe se encuentra inmersa en su ‘cuarta revolución industrial’, que involucra un proceso de innovación tecnológica y que requiere mejorar la productividad del sector servicios, invertir en capital humano y reconfigurar la normativa laboral de la región ante la aparición de la automatización y sus consecuencias sobre el mercado laboral.

En un nuevo informe, el Banco Mundial concluye que la aparición de las tecnologías de la automatización, que amenazan con destruir un número sustancial de puestos de trabajo y provocar un desempleo masivo, plantea especial inquietud entre los responsables de la formulación de políticas y los trabajadores.

Aunque el análisis observa que el ‘desempleo tecnológico’ masivo es poco probable, el mercado laboral está experimentando una gran transformación y es necesaria una respuesta urgente por parte de los gobiernos para preparar a la fuerza laboral del futuro.

“Muchos puestos de trabajo en la región corren peligro debido a la menor demanda externa, un periodo prolongado de cuarentenas y aislamientos, problemas de solvencia empresarial y, en algunos casos, crisis financieras”, advierte el estudio.

Además, los precios de los productos primarios, que ayudaron a impulsar el crecimiento durante la llamada Década Dorada (2003-2013), es muy probable que se mantengan estables en el corto y medio plazo. Por lo tanto, la región necesita encontrar fuentes internas de crecimiento, lo que sugiere que se debería dar prioridad a un programa de reformas centrado en el crecimiento de la productividad.

Desindustrialización prematura

El organismo con sede en Washington explica que la región está entrando en la fase de desindustrialización con una mayor anticipación y alcanzando picos más bajos de participación industrial con relación a los países desarrollados.

Así, las economías más desarrolladas como Argentina y Chile han estado desindustrializándose durante décadas; mientras que Brasil, Colombia y México muestran estancamiento o ligeros aumentos en su participación del empleo industrial. Por su parte, el país menos desarrollado de la muestra, Bolivia, todavía se encuentra en fase de desarrollo de la industrialización.

 “En general, es probable que el sector industrial continúe contribuyendo positivamente al crecimiento de la productividad agregada y al valor agregado, pero no tanto a la creación de empleo, especialmente de mano de obra no cualificada”, destaca el informe.

De cara al futuro, el Banco Mundial aconseja para la región un programa de productividad centrado especialmente en el sector servicios. Se espera que este sector, que ya es el mayor empleador de la región con más del 60% de la fuerza laboral, crezca aún más y que desempeñe un papel cada vez más importante como proveedor de insumos para la economía en general.

Información de Infobae

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Aumentan los límites al reconocimiento facial en EEUU mientras Europa permanece en la autorregulación

La ciudad de Portland se une a la lista de las que prohiben esta tecnología y vetará su uso tanto en espacios públicos como privados, mientras en España el reconocimiento facial se extiende por estaciones, aeropuertos o establecimientos privados como Mercadona

 

Primero fueron las moratorias a su uso por parte de las fuerzas de seguridad. Después, los vetos en espacios e instituciones públicas. Ahora, la prohibición de su uso también por parte de empresas privadas. Poco a poco, el reconocimiento facial va perdiendo batallas en EEUU, donde la discriminación racial y sexista derivada de su uso está en la primera línea del debate político.

Portland, la principal ciudad del estado de Oregón (EEUU), no ha sido la primera en limitar el uso de reconocimiento facial, pero sí la que ha ido más lejos hasta ahora. En una nueva regulación aprobada esta semana por unanimidad, el gobierno de la ciudad ha ilegalizado que las empresas lo empleen para identificar clientes o empleados por ser "una tecnología con sesgos raciales y de género demostrados y que pone en peligro la privacidad personal", ha declarado el alcalde, Ted Wheeler.

Toda California –el estado más poblado del país, que engloba algunas de las ciudades más importantes de la costa oeste como Los Ángeles o San Francisco– ha prohibido el uso del reconocimiento facial por parte de la policía en todo su territorio hasta 2023. Seguía el ejemplo de la propia San Francisco, una de las primeras ciudades en tomar esta decisión en 2019. Antes de Portland, la última en sumarse al veto había sido Boston, capital de Massachussets, estado donde otras cinco ciudades menores ya habían limitado el reconocimiento facial.

Portland es la primera ciudad que eleva la prohibición a los negocios privados, un movimiento importante porque impide que la policía use las cámaras que disponen de esta tecnología instaladas en las fachadas de los comercios. La policía de San Francisco utilizó este truco para sortear su incapacidad de usar reconocimiento facial el pasado julio, con el objetivo de monitorizar las protestas del movimiento Black Lives Matter, tal y como documentó la Electronic Frontier Foundation (EFF).

Han sido precisamente estas protestas raciales de EEUU las que han puesto en jaque una tecnología que ya venía siendo muy cuestionada por su mayor propensión al fallo en mujeres o en personas racializadas, como han demostrado varios estudios y experimentos (incluso los realizados por agencias oficiales del Gobierno). Acosados por las críticas, los principales proveedores de soluciones de reconocimiento facial, como Amazon, Microsoft o IBM, elevaron moratorias temporales al uso de sus propios productos por parte de las policías y agencias de seguridad del país, pidiendo una regulación federal que detalle cómo y dónde puede emplearse el reconocimiento facial.

Sin embargo, su actuación en este caso ha sido diferente. Amazon, por ejemplo, gastó 24.000 dólares en lobby para presionar al gobierno de Portland para que adoptara medidas menos restrictivas. En Washington, solo esta multinacional lleva invertidos más de 14 millones de dólares para intentar conseguir que el negocio del reconocimiento facial no caiga por completo debido a una ley nacional del estilo de la aprobada por Portland.

El debate está en auge porque más allá de sus sesgos discriminatorios, el reconocimiento puede ser muy propenso al error en determinados ámbitos. "Puede funcionar con 'niveles aceptables' en entornos cerrados (y con 'niveles aceptables' quiero decir con tasas de error del 30%) pero en entornos abiertos estábamos viendo tasas superiores al 90%, por lo cual básicamente es una tecnología inútil", explicó a elDiario.es Gemma Galdón, consultora tecnológica.

Europa (y España) sigue sin normas específicas

Mientras EEUU avanza en las restricciones al reconocimiento facial, Europa sigue sin normas específicas en este campo. Las empresas que quieran implantar esta tecnología tienen que respetar el resto de leyes, especialmente la de protección de datos. Sin embargo, iniciativas como la de Mercadona, que está probando un sistema de reconocimiento facial para impedir la entrada en sus establecimientos de personas a las que la justicia haya impuesto órdenes de alejamiento contra sus tiendas o empleados, dejarían de ser posibles con una regulación asimilable a la adoptada por Portland esta semana.

La ciudad estadounidense tampoco permitirá el uso de reconocimiento facial en aeropuertos, por ejemplo, donde también está siendo probada en España. Aena tiene un proyecto piloto en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para que los pasajeros que vuelen a Bruselas o Asturias se identifiquen mediante su cara en el proceso de embarque. Requiere instalar una app y está activo desde finales de 2019 para "embarcar más rápido".

De hecho, el reconocimiento facial lleva años avanzando de manera silenciosa en España, incluso en lugares públicos. Tan en silencio, que ni siquiera los dueños de los establecimientos interiores de la estación de autobuses Méndez Álvaro, en Madrid, sabían que esta dispone de un sistema de identificación de este tipo desde 2016. La organización alemana AlgorithmWatch realizó en agosto una investigación especial sobre las cámaras de reconocimiento presentes en esta infraestructura, revelando que tanto la Policía como la empresa privada adjudicataria de la seguridad tienen la capacidad de introducir una cara nueva en el sistema para que este detecte y siga a esa persona en cuanto entre en la estación, la más grande de España.

La Guardia Civil está investigando el potencial de esta tecnología de identificación para vigilar fiestas populares festivales y otros eventos multitudinarios, mientras que la Empresa Municipal de Transportes de Madrid pretendía poner en marcha un proyecto para probar el reconocimiento facial en el proceso de pago en autobuses públicos, pero ha tenido que detenerlo por el uso obligatorio de mascarillas.

Tanto en España como en la UE, el paradigma sigue siendo la autorregulación del sector bajo un modelo de "desarrollo ético". Por el momento, los intentos de ir más allá han fracasado: el pasado mes de febrero, voces diversas criticaron la decisión de Bruselas de dejar morir su proyecto de imponer una prohibición de cinco años al uso de reconocimiento artificial, dando manga ancha a su implantación en el continente. "Hay tecnología que no está suficientemente madura para poderla regular y es prudente definir períodos de moratoria, no eliminar la innovación alrededor de la IA", manifestó por su parte Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en una entrevista con elDiario.es. "El reconocimiento facial es una tecnología que está en fase de desarrollo inminente. Está claro que a nivel público hay que evitar su uso hasta que se pueda definir un marco normativo mucho más garantista", opinó.

Por Carlos del Castillo

13 de septiembre de 2020 21:34h

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Publicado enSociedad
La presión de Trump surte efecto y TikTok elige a Oracle para su negocio en EE.UU.

El presidente estadounidense había amenazado a la red social china con retirarle la licencia para operar en su país por considerarla un herramienta de espionaje

 

La presión del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha surtido efecto. ByteDance, la empresa china propietaria de la popular red social TikTok, eligió a la estadounidense Oracle para ser su socio tecnológico de confianza en el país norteamericano, según trascendió este domingo.

Trump, que considera la propiedad china de TikTok una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., había dado a ByteDance un plazo que vence el 15 de septiembre para vender sus operaciones en el país a una empresa local o abandonar el país. Con este movimiento, los datos personales generados por los usuarios estadounidenses permanecerán en el país.

TikTok seguirá en EEUU

Con lo conocido este domingo, la opción de que TikTok se viese forzada a cerrar sus operaciones en EE.UU. quedaría en principio descartada, aunque todavía falta tanto la aprobación de la operación por parte del Gobierno estadounidense como del de China, que ya en el pasado ha mostrado su disconformidad con la presión ejercida por Trump.

La elección de Oracle no implica que vaya a producirse una venta en términos estrictos del negocio de ByteDance en EE.UU., sino que esta tendrá a Oracle como socio en el país, algo que ambas compañías consideran que satisface los requerimientos impuestos por el presidente.

TikTok, que en EE.UU. tiene más de 80 millones de usuarios, es una de las redes sociales que más ha crecido en los últimos años, que se ha convertido en el principal entretenimiento para muchos adolescentes y un canal de márketing para importantes celebridades.

Fuertes vínculos entre Oracle y Trump

Oracle, con sede en Redwood City (California) y fundada en 1977, es una de las empresas pioneras de Silicon Valley, y pese a no tener un nombre tan reconocido para el gran público como Apple o Google, su software es usado por millones de empresas en todo el mundo.

El presidente ejecutivo y cofundador de Oracle, Larry Ellison –la quinta mayor fortuna del mundo, según Forbes– es uno de los pocos destacados ejecutivos de la industria tecnológica que ha expresado públicamente su apoyo a Trump, e incluso celebró un acto de recaudación de fondos para la campaña de reelección del presidente en febrero.

En las últimas semanas, se había especulado con que precisamente esta buena sintonía entre Ellison y Trump podía decantar la balanza a favor de Oracle, ya que el principal objetivo de ByteDance es tener garantizado el funcionamiento de sus operaciones en EE.UU. con el beneplácito del mandatario.

Microsoft admite la derrota

El mayor rival de Oracle en esta puja era precisamente su competidor en el mundo del software Microsoft (en esta industria, Microsoft ostenta el número 1 y Oracle, el número 2 en volumen de ventas a nivel mundial), que unas horas antes de que se conociese la elección de Oracle ya admitió la derrota en un comunicado.

"ByteDance nos ha dicho que no nos venderá sus operaciones en EE.UU. Tenemos confianza en que nuestra propuesta hubiese sido buena para los usuarios de TikTok, y a la vez habría protegido los intereses de seguridad de EE.UU.", apuntó la compañía propietaria del sistema operativo Windows.

Microsoft era visto desde principios de agosto como el favorito para hacerse con el negocio de ByteDance en EE.UU., y la firma de Redmond (estado de Washington) había llegado a asociarse con la cadena de grandes almacenes Walmart para este fin.

Walmart, la mayor compañía del mundo tanto en facturación anual como en número de empleados, veía en TikTok una oportunidad para avanzar en su apuesta estratégica por el comercio electrónico y la publicidad on-line.

EFE

14 de septiembre de 2020 08:50h

Publicado enInternacional
Sábado, 12 Septiembre 2020 06:25

Covid y vacunas transgénicas

Covid y vacunas transgénicas

La persistencia de la pandemia de Covid-19 ha desatado una carrera desaforada por lograr una vacuna, el enfoque más estrecho. Las epidemias siempre son un momento de alza para la voraz industria farmacéutica, hiperconcentrada en 20 grandes trasnacionales que controlan la mayoría del mercado global y que no están interesadas en la salud, sino en sus ganancias (https://tinyurl.com/y67zqdx2).

Éstas aprovechan la oportunidad de que los gobiernos, urgidos por encontrar una fórmula rápida para salir del estado de crisis pandémico y el hartazgo de la población, están dispuestos a aportarles enormes recursos públicos –dinero, conocimientos e instalaciones públicas– y a relajar regulaciones y evaluación de inocuidad de las vacunas.

Se desarrollan a ritmo acelerado vacunas altamente experimentales, la mayoría transgénicas, con mecanismos de acción en nuestro organismo sobre los que existen grandes incertidumbres y muchos riesgos. Para las trasnacionales, es una bonanza inusitada poder experimentar masivamente, con cobertura y dinero públicos, en tecnologías similares a las terapias génicas en humanos, cuya investigación quedó restringida luego de provocar serios daños y hasta casos de muerte en sus inicios (https://tinyurl.com/yyy25o6y).

Según la Organización Mundial de la Salud, al 9 de septiembre había 35 vacunas para Covid-19 en estudios clínicos (en fases uno a tres de prueba en humanos) y 145 en estudios preclínicos. De las primeras 35 en prueba, 17 se basan en técnicas de ingeniería genética no probadas antes en humanos. Esas vacunas transgénicas han tomado mayormente tres enfoques: uno que usa un plásmido (pequeña molécula circular de ADN) como vector para introducir ADN en nuestras células, un segundo que introduce ARN directamente en las células y un tercero que introduce ADN por medio de un virus, que a su vez es manipulado con ingeniería genética para que no pueda replicarse.

Las vacunas convencionales se basan en insertar un virus muerto o atenuado (que supuestamente no infecta), que causa una reacción del sistema inmunológico, el cual aprende así a reconocer ese tipo de virus y previene futuras infecciones. Las vacunas transgénicas, en cambio, introducen ADN o ARN foráneo en nuestro organismo, donde codifican para crear una proteína similar a las del SARS-CoV2, utilizando nuestros propios recursos celulares, por ejemplo, para crear una proteína S o espiga (las “espinas” que forman una corona en el virus). Si funciona, ésta sería reconocida como ajena por nuestro sistema inmunológico, que produciría anticuerpos para prevenir próximas infecciones.

La forma de acción de esas vacunas de hecho nos convierte en transgénicos, al menos temporalmente, porque no es una proteína foránea ante la cual nuestro sistema reacciona (como las anteriores vacunas), sino que manipula a nuestro organismo para crear el supuesto enemigo a atacar.

En el tercer grupo de vacunas transgénicas (vectores virales no replicantes) se encuentran, entre otras empresas, las de Johnson y Johnson (Estados Unidos), CanSino Biologics de China y Sputnik V de Rusia, con las que México se comprometió a aportar voluntarios para la experimentación en humanos en fase tres.

También se basa en esa técnica la vacuna en desarrollo de AstraZeneca, en cuya producción masiva participarán Argentina y México, financiados en parte por la Fundación Carlos Slim. El gobierno de México acordó también participar en las pruebas de fase tres con Walvax, China, que desarrolla una vacuna transgénica basada en ARN, y con la empresa Sanofi-Pasteur, que desarrolla otro tipo de vacuna, basada en introducir pequeños trozos (subunidades) de proteínas.

Según señalan expertas en vacunas y biólogos moleculares, hay riesgos serios con estos productos transgénicos. Por ejemplo, una vez introducido el ADN o ARN en nuestras células para crear la proteínas S, no está claro cómo se detendrá la producción de ese antígeno ni qué efecto tendrá la presencia continuada del ADN/ARN sintético en las células, que además, en el caso de las de ADN, llega con un promotor génico muy activo.

Tampoco está claro qué células se verán afectadas, más allá de las objetivo, si las proteínas o el ADN introducido entra en el sistema circulatorio y llega a otros órganos. Los receptores ACE2, que son los que habilitan a las proteínas S a entrar en las células, existen en riñones, pulmones y testículos, lo cual podría provocar respuestas inflamatorias graves, reacciones autoinmunes u otros efectos desconocidos.

En experimentos con animales, este tipo de vacunas transgénicas han producido procesos inflamatorios severos y lo que llaman “respuesta paradójica”: el organismo ataca a otros virus presentes en nuestro cuerpo (todos los seres vivos convivimos con virus y bacterias naturalmente), produciendo inflamación y otras sintomatologías dañinas.

Los tiempos de evaluación de las vacunas que se están manejando no contemplan apreciar más que riesgos a corto plazo, pero las reacciones adversas pueden surgir posteriormente, por lo que los procesos de aprobación de vacunas llevan varios años, que ahora no se consideran.

Al mismo tiempo, no se toman las acciones necesarias para cambiar las causas de las pandemias –desde el sistema alimentario agroindustrial a la destrucción de la biodiversidad (https://tinyurl.com/ycfcksva)–, aunque existen múltiples advertencias de que hay otras pandemias en cierne. Parece ser el mayor experimento transgénico masivo en humanos y quienes ganarán son las trasnacionales farmacéuticas, que lucran con las causas y con la continuación de las pandemias.

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Empieza el juicio a Julian Assange y EE.UU. suma acusaciones

El gobierno de Trump aprovechó la demora por la pandemia para agregar cargos contra el fundador de WikiLeaks

Según la defensa del periodista, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir su extradición. 

 

En medio de una ofensiva política y legal del gobierno de Donald Trump, comienza este lunes en Londres el juicio de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks Julian Assange.Estados Unidos lo acusa de violar su ley de Espionaje por la publicación de documentos secretos en 2010 sobre la guerra de Irak y Afganistán. La defensa pide la liberación y nulidad del proceso a Assange debido a la violación de derechos humanos y civiles consagrados por la ONU, la Convención Europea de los Derechos Humanos y la ley consuetudinaria inglesa.

El tortuoso caso Assange comenzó en 2010 con la publicación de cientos de miles de documentos clasificados que revelaban crímenes de guerra, corrupción y prevaricato en la política bélica estadounidense en Irak y Afganistán. La primera y sorprendente vuelta de tuerca, digna de un thriller, fue la denuncia contra el carismático fundador de WikiLeaks en Suecia unos dos meses más tarde por presunta violación y abuso sexual de dos mujeres. Suecia pidió la extradición de Assange que fue arrestado por la policía británica y puesto en libertad bajo fianza mientras duraba el juicio por extradición en el Reino Unido. Cuando en 2012 la Corte Suprema británica falló a favor de que se lo extraditara a Suecia, Assange solicitó asilo político en la embajada de Ecuador en Londres.

Desde entonces estuvo a merced de los vientos políticos y diplomáticos: los vaivenes judiciales en Suecia, los cambiantes aires de Ecuador, la presión de Estados Unidos y el Reino Unido. La decisión de Suecia de retirar los cargos contra Assange se vio más que compensada por la salida de Rafael Correa, el acelerado giro a la derecha de su sucesor, Lenín Moreno, y el deterioro de la situación económico-social ecuatoriana. A cambio del visto bueno de Estados Unidos para un préstamo con el FMI por 4 mil millones de dólares, el gobierno de Lenín Moreno abandonó a Assange a su suerte. En abril del año pasado la policía inglesa ingresó en la embajada ecuatoriana y lo arrestó por no haberse entregado a la corte cuando estaba libre bajo fianza en 2012. Desde entonces permanece en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en el sudeste de Londres.

La larga extradición de Assange

Este segundo proceso de extradición debía comenzar en abril: se demoró con la pandemia. Estados Unidos aprovechó esta demora para añadir nuevos cargos a los 18 delitos que se le imputan. Estos cargos se extienden más allá de la figura misma de Assange. Dos de sus socios en WikiLeaks y un empleado de la organización son acusados de cómplices en la conspiración contra la seguridad estadounidense. El mensaje del departamento de estado es una advertencia a cualquier “whistleblower” tentado de revelar los trapos sucios del gobierno: Estados Unidos los seguirá hasta el fin del planeta.

El argumento estadounidense es que la publicación de estos documentos clasificados pone en peligro la vida de personas o la seguridad del estado. El secretario general de la Association of American Lawyers, Luis Carlos Moro refutó este argumento, un clásico de los estados sean democráticos o dictatoriales. “Una extradición de Assange sentará un peligroso precedente para todo el mundo democrático porque lejos de representar la vigencia del estado de derecho significará una victoria de la persecución política”, dijo Moro.

Según la defensa, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir la extradición. Los argumentos legales son sólidos y fueron adelantados en una carta abierta al primer ministro Boris Johnson en agosto firmada por más de 150 prominentes abogados y organizaciones legales de Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y Australia. Entre los puntos citados se encuentran algunos de casi irrebatible contundencia:

- el artículo 4 del tratado de extradición bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido prohíbe la extradición por motivos políticos.

- También la prohíbe en caso de que haya “un riesgo de ser sometido a un juicio injusto”, es decir, sin las garantías mínimas de imparcialidad de un estado de derecho.

  • ·-El riesgo de tortura citado por el Rapporteur sobre tortura de la ONU en el caso de extradición de Assange.

- y la violación a la libertad de prensa y expresión: la extradición consagraría como delito la divulgación de información gubernamental.

Trump, Brexit y George Orwell

Al sesgado entorno judicial se le agregan incomprensibles restricciones a la prensa para la cobertura de un juicio seguido en todo el mundo: solo 10 periodistas podrán ingresar a las sesiones. Además de comprometer la transparencia del proceso, esta restricción es una manera de invisibilizar el estado de salud de Assange: la última vez que se lo vio fue en su arresto en la embajada ecuatoriana. La información de las pocas personas que han tenido acceso a Assange en todos estos meses – su actual pareja, sus abogados - es que su estado de salud es precario.

El proceso de extradición comienza en un momento sobrecargado políticamente: el 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos, el 1 de enero la definitiva salida del Reino Unido de la Unión Europea. Al calor de la gigantesca polarización del Brexit, los conservadores con Boris Johnson a la cabeza y la poderosa prensa afín a la carga, han lanzado en los dos últimos años una ofensiva contra el poder judicial con titulares de tapa que calificaban a los jueces de “enemigos del pueblo”, con nombre y foto de los magistrados que fallaran en contra de la ruta legal que buscaba imprimirle el gobierno a la salida británica de la Unión Europea. El Rasputinesco cerebro de Johnson, Dominic Cummings, quiere reformar el sistema judicial de cuajo, en especial sus rasgos más progresistas, “herramientas de campaña de izquierda”, según el ultra conservador matutino Daily Mail.

Esta ofensiva, que puede hacer pensar en una suerte de “lawfare” a la británica, tiene límites institucionales y colectivos que van a pesar en el caso Assange. En un célebre ensayo en medio de la segunda guerra mundial, el autor de 1984, George Orwell, rescataba el respeto a la justicia como un rasgo inglés que trascendía clases e ideologías. “Todos creen que la ley es algo incorruptible que está por encima del estado y del individuo y que debe ser impartida de manera imparcial. Se dirá que es una ilusión, pero es una ilusión muy poderosa que tiñe la conducta social y la vida colectiva”, escribe Orwell.

Esta visión colectiva es un ideal cultivado desde la niñez (la queja favorita de los muy modosos niños ingleses es “it is not fair”: no es justo). Es también fuente de hipocresía como en el célebre “fair play”. En el mejor de los casos funciona como una salvaguarda contra la farsa judicial y los juicios amañados. En el otro gran caso de extradición de los últimos 30 años, el de Augusto Pinochet, la justicia británica estaba camino a conceder su extradición a España cuando intervino el poder político. El proceso estuvo cargado de ironías. Un supuesto refugio del privilegio como la Cámara de los Lores – corte suprema en aquellos años – falló dos veces a favor de la extradición. Un gobierno laborista, supuestamente de centro izquierda, terminó inventando una coartada de salud física y mental – senilidad – para que el ex dictador regresara a Chile.

Las audiencias del caso Assange se extenderán hasta el 25 de septiembre. El fallo de esta primera instancia podrá ser apelado. El caso seguirá con toda seguridad una trayectoria similar al caso Pinochet: la High Court de Londres y la Corte Suprema. Es un poco prematuro para los pronósticos, pero no habría que descartar un escenario similar al del caso Pinochet: la justicia moviéndose por un lado, el poder político por el otro. En buena medida dependerá de que las palabras de Orwell sigan describiendo a la sociedad británica del Brexit y las fake news unos 84 años más tarde.

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