Independentistas del Frente Polisario, quienes retomaron las armas en noviembre pasado, desfilaron con motivo del 45 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. El responsable del organismo, Khatri Addouh, responsabilizó a la ONU del bloqueo político y de apoyar a Marruecos en el Sahara Occidental, territorio disputado desde hace tres décadas tras la retirada de España. La imagen, en un campo de refugiados cerca de Tinduf, al sur de Argelia. Foto Ap / Afp

 

Tindouf. Los independentistas del Frente Polisario, que retomaron las armas en noviembre, responsabilizaron ayer a la Organización de Naciones Unidas (ONU) del "bloqueo político" y de apoyar a Marruecos en el Sáhara Occidental, territorio disputado desde hace tres décadas.

"Marruecos no podría haber hecho lo que hizo sin el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo de la ONU, el Consejo de Seguridad, así como del secretario general de la ONU", sostuvo el responsable del Frente Polisario, Khatri Addouh.

Sus declaraciones tuvieron lugar en los campos de refugiados saharauis de Tindouf, en el oeste de Argelia, con ocasión del 45 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Las negociaciones de paz cuatripartitas (Marruecos, Polisario, Argelia y Mauritania), realizadas con auspicio de la ONU, están en punto muerto desde marzo de 2019.

Tras casi 30 años del alto el fuego, las tensiones resurgieron en noviembre cuando Marruecos desplegó sus tropas en el Guerguerat, en el sur del Sáhara Occidental, después de que un grupo de militantes bloqueó la única carretera hacia la vecina Mauritania.

Desde entonces, el Polisario, frustrado por el estancamiento del proceso auspiciado por la ONU, ha dicho que está "en estado de guerra legítima". Aun así, es complicado comprobar lo que sucede en el terreno, de difícil acceso.

"El Frente Polisario ha intentado durante 29 años evitar la guerra haciendo concesiones, pero hace frente a la falta total de cooperación tanto por parte de Marruecos como por parte de la ONU", criticó Addouh, citado por la agencia saharaui SPS. El dirigente del Frente Polisario responsabilizó a la ONU del "bloqueo político" de la cuestión saharaui por su "laxismo" frente a Marruecos.

El jueves, durante una reunión con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, el secretario general del Polisario, Brahim Ghali, lamentó "el silencio de la comunidad internacional" e instó a las organizaciones de defensa de los derechos humanos a visitar la ex colonia española "para proteger a los ciudadanos saharauis indefensos".

Este sábado, el Polisario presentó a sus fuerzas armadas en un desfile en presencia de los dirigentes saharauis, como suele hacer en cada aniversario de la fundación de la RASD, autoproclamada el 27 de febrero de 1976. Columnas de soldados, equipados con mascarilla, presentaron armas, siguiendo a una mujer completamente envuelta en la bandera saharaui.

Referendo de autodeterminación

La cuestión del estatus del Sáhara Occidental, considerado "territorio no autónomo" por la ONU en ausencia de un acuerdo definitivo, ha opuesto a Marruecos y al Polisario durante décadas.

El Polisario reclama un referendo de autodeterminación previsto por la ONU, mientras Marruecos propone un plan de autonomía bajo su soberanía.

Rabat controla alrededor de 80 por ciento de este vasto territorio desértico, donde se han lanzado grandes proyectos de desarrollo marroquíes en años recientes.

Poco antes de dejar la Casa Blanca, el ex presidente estadunidense Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en su conjunto, a cambio de que Rabat normalizara sus relaciones con Israel.

Ahora, los saharauis esperan que la administración de Joe Biden dé marcha atrás al respecto, al considerar que la decisión de Trump vulnera "todas las decisiones y resoluciones de las instancias internacionales".

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El primer bombardeo de Joe Biden: Estados Unidos atacó Siria

Veintidos miembros de una milicia proiraní habrían muerto en el noreste de Siria

El ataque destruyó tres camiones cargados con municiones provenientes de Irak

Un ataque aéreo de Estados Unidos contra instalaciones de una milicia iraquí apoyada por Irán dejó al menos 22 combatientes muertos en una zona del noreste de Siria fronteriza con Irak, informaron activistas y el Pentágono, en la primera acción militar del Gobierno de Joe Biden y a días de una histórica visita del papa Francisco a Irak. "Bajo la dirección del presidente Biden, fuerzas militares estadounidenses realizaron a principios de esta noche ataques aéreos contra la infraestructura utilizada por milicias respaldadas por Irán en el este de Siria", confirmó este viernes el vocero del Pentágono. El Departamento de Defensa de EE.UU. dijo que había llevado a cabo ataques aéreos en un punto de control fronterizo entre Siria e Irak usado por esos grupos, destruyendo "múltiples instalaciones".

La organización Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) dijo que 22 personas murieron luego de que el ataque destruyera tres camiones cargados con municiones provenientes de Irak cerca de la ciudad de Bukamal, en el noreste de Siria. Todos los muertos pertenecían a la fuerza de Hashed al-Shaabi, patrocinada por el estado de Irak y que agrupa a diversas milicias pequeñas que tienen vínculos con Irán, agregó el OSDH. El departamento de Defensa dijo que el objetivo eran facciones de la poderosa coalición de paramilitares iraquíes respaldados por Irán de Hashd al Shaabi, Kataeb Hezbolá y Kataeb Sayyid al Shuhada. Kataeb Hezbolá, uno de los grupos más radicales, calificó los ataques de "agresión bárbara" y "crimen atroz que viola el derecho internacional". A su vez el ministerio de Defensa iraquí negó cualquier coordinación con Washington en este ataque.

El ataque de la noche del jueves, la primera acción militar ordenada por Biden, llegó después de tres ataques con cohetes contra instalaciones situadas en Irak y que son utilizadas por las fuerzas estadounidenses y de la coalición que asesoran y entrenan a tropas iraquíes que combaten al grupo islamista radical Estado Islámico (EI). Uno de esos ataques, a un complejo militar en Erbil, la capital de la región kurda, el 15 de febrero, mató a un civil y a un contratista extranjero que trabajaba con las fuerzas de la coalición y en él resultaron heridos varios contratistas estadounidenses y un soldado.

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, dijo estar "confiado" en que los bombardeos golpearon "a los mismos milicianos chiitas que cometieron los ataques" del 15 de febrero, en declaraciones a periodistas mientras volaba de California a Washington. Austin dijo que él recomendó a Biden emprender la acción. "Dijimos varias veces que íbamos a responder a nuestros tiempos. Queríamos estar seguros de la conexión y queríamos estar seguros de que eran los blancos correctos", agregó.

Más temprano, el vocero del Pentágono John Kirby dijo que la acción había sido una "respuesta militar proporcionada" que se había adoptado junto con medidas diplomáticas, incluyendo consultas con los socios de la coalición de fuerzas extranjeras en Irak. "Estos ataques fueron autorizados en respuesta a los recientes ataques contra el personal estadounidense y de la Coalición en Irak, y a las continuas amenazas a ese personal", dijo Kirby en un comunicado. Kirby dijo que el objetivo era un punto de control fronterizo utilizado por grupos armados iraquíes respaldados por Irán. "La operación envía un mensaje inequívoco: el presidente Biden actuará para proteger al personal estadounidense y de la coalición", agregó el portavoz del Pentágono.


Los ataques en Irak llevados a cabo por grupos que operan bajo la dirección de Irán supusieron un desafío para la nueva administración de Biden, en un momento que abre la puerta a reanudar las negociaciones con Teherán sobre su programa nuclear. La creciente violencia entre Estados Unidos y esas milicias en Irak llega a una semana de la llegada del papa Francisco, en el primer viaje de un Pontífice al país árabe y su primer viaje desde el inicio de la pandemia. El Gobierno estadounidense dice que quiere restablecer el acuerdo de 2015, del que el expresidente Donald Trump salió en 2018, y que tiene como objetivo congelar las aspiraciones nucleares de Irán. Pero Washington también considera a Teherán como una amenaza continua para la seguridad en Medio Oriente y sostiene que no tolerará "actividades malignas" llevadas a cabo por la República Islámica.

Estados Unidos sospecha que Irán está buscando una oportunidad para vengar el asesinato por fuerzas norteamericanas del general Qasem Soleimani, un año atrás.
Soleimani, un alto oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, fue el enlace clave de Teherán con los grupos y personalidades aliados en Irak, Siria, Líbano y otras partes de la región. Murió en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses justo cuando llegaba a Bagdad para reunirse con los principales funcionarios iraquíes. En el mismo bombardeo falleció el líder de Hashed al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis. Desde sus muertes, las milicias iraquíes proiraníes parecen haberse vuelto incontrolables, y analistas dicen que se han separado como táctica para reivindicar ataques con diferentes nombre y ocultar su participación en ellos.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el lunes que Estados Unidos "responsabilizaría a Irán por las acciones de sus representantes que atacan a los estadounidenses", pero que no "arremeterá" y correrá el riesgo de desestabilizar a Irak.


El número de soldados estadounidenses en Irak se ha reducido significativamente a 2.500, y las tropas ya no participan de ofensivas contra el EI, sino que se limitan a asesorar y entrenar a las fuerzas iraquíes.


Apoyo para Siria de su aliado y llamado a la paz de la ONU

Rusia condenó el ataque de Estados Unidos

 

"Condenamos firmemente esas acciones e instamos a que se respete, sin condiciones, la soberanía y la integridad de Siria", afirmó la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova, en una rueda de prensa

 

Rusia condenó este viernes los bombardeos estadounidenses contra milicias pro-Irán en el este de Siria, la primera operación militar del presidente estadounidense Joe Biden. "Condenamos firmemente esas acciones e instamos a que se respete, sin condiciones, la soberanía y la integridad de Siria", afirmó la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova, en una rueda de prensa. "Reafirmamos nuestro rechazo a todas las tentativas de transformar Siria en un ruedo en el que saldar cuentas de la escena geopolítica", agregó.

En guerra desde 2011, la Siria del presidente Bashar al Asad ha contado con un apoyo militar masivo y crucial de Moscú desde 2015. El viernes, una oenegé reportó la muerte de 22 combatientes en unos bombardeos del ejército estadounidense la víspera en el este de Siria. Fronterizo con Irak, ese territorio está controlado por milicias pro-Irán que combaten junto al régimen de al Asad. Los ataques, que Washington calificó de "defensivos", se produjeron luego de tres ataques recientes en Irak imputados a grupos armados pro-Irán.

El viernes, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, lamentó que Washington hubiera avisado a Moscú de los bombardeos tan solo "cuatro o cinco minutos" antes de llevarlos a cabo. "Este tipo de advertencia no sirve de nada cuando los bombardeos ya están en curso", afirmó.

Además, Lavrov sugirió que Washington no tenía intención de abandonar Siria, pese a la retirada anunciada por el expresidente estadounidense Donald Trump. "Habrían decidido no irse de Siria [...] hasta el hundimiento del país", sostuvo Lavrov. "Es muy importante para nosotros entender cuál será la línea estratégica de Estados Unidos sobre el terreno y en la región", agregó, afirmando que las fuerzas armadas rusas y estadounidenses tenían contacto en Siria de vez en cuando.

A su turno el Gobierno de Siria afirmó que el bombardeo perpetrado esta madrugada por Estados Unidos en el este del país árabe, presuntamente contra milicias proiraníes aliadas de Damasco, "traerá consecuencias" que incrementarán la tensión en la región.

"Siria condena en los términos más enérgicos la agresión estadounidense contra su soberanía, que va contra las leyes internacionales y la carta estatutaria de la ONU, (...) y alerta de que esta agresión traerá consecuencias", dijo el ministerio sirio de Exteriores en un comunicado difundido por la agencia oficial siria, SANA.

Asimismo, llamó a Estados Unidos a cambiar su "estrategia agresiva" contra el país árabe, así como a dejar de violar su soberanía y de "apoyar" a grupos "terroristas armados" que atacan a Siria, su gente y su infraestructura, de acuerdo con la nota.

El departamento gubernamental informó de que el bombardeo se produjo durante una visita a Damasco del enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, lo que interpretó como un reflejo de la "indiferencia" de Washington hacia el papel internacional en la resolución del conflicto.

"Esta descarada agresión en un nuevo episodio en la serie de ataques constantes del Ejército israelí, la denominada 'Coalición Internacional (liderada por EEUU contra el Estado Islámico), la ocupación turca y aquellos cometidos por organizaciones terroristas", sentenció, al enumerar a sus enemigos.

A su vez el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este viernes contención a todas las partes tras el ataque aéreo lanzado por Estados Unidos contra milicias proiraníes iraquíes en el este de Siria. Según su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres está siguiendo de cerca lo ocurrido y está “preocupado por la volátil situación en la región”. El jefe de Naciones Unidas llama “a todas las partes a ejercer contención y a evitar una escalada” de las hostilidades, señaló Dujarric preguntado en su conferencia de prensa diaria. 

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China e India: dos gigantes condenados a relacionarse

Las relaciones entre China e India pueden rastrearse muy lejos en la historia, aunque adquirieron un cariz especialmente complejo desde finales de los años 40 con la independencia de la India y el establecimiento de la República Popular China.

 

El monje budista Xuanzang visitó en el siglo VII la ciudad de Nalanda, hoy ubicada en el estado indio de Bihar. La fama de este religioso Ch’an ayudó enormemente a que algunas de sus reflexiones sobreviviesen al paso del tiempo. La forma más común entonces para referirse a India dentro de China era probablemente Tianzhu, aunque Xuanzang convino en utilizar Yìndù (印度), nombre que mantiene vigencia hasta nuestros días. “Todos los seres vivos giran sin cesar en la rueda de la transmigración a través de la larga noche de la ignorancia, sin una estrella que los guíe. [...] La brillante luz de hombres santos y sabios, que guía al mundo como el resplandor de la luna, ha hecho que este país sea eminente, y por eso se llama Yìndù. [...] La luna tiene muchos nombres, y este es uno de ellos”. Lo dijo sin cortapisas: India es la brillante luna del mundo.

La influencia del budismo, nacido de las entrañas mismas de India, a lo largo de la historia china es incuestionable. Y aunque estos antecedentes pudieran llevar a pensar lo contrario, las relaciones entre los dos estados en las últimas décadas distan mucho de ser tranquilas, viéndose empapadas de una resbaladiza mezcla de conveniencia y desconfianza.

La virtud es un elemento central en el pensamiento confuciano que alcanza a su misma visión sobre el mundo y sobre las relaciones entre países. La máxima “Xiu shen, qi jia, zhi guo, ping tianxia”, o “cultivar el yo, regular la familia, gobernar el estado y armonizar el mundo” aparece en el Gran Saber (Dà xuě) como una línea maestra: todas las personas, todos los países y, en general, todos los sujetos pueden favorecer a la armonía global. Es precisamente la armonía en el sistema-mundo uno de los elementos confucionistas que el Partido Comunista Chino viene rescatando para su accionar desde antes del liderazgo de Jiang Zemin (1993-2003). Presumir de Confucio pareciera más amable que hacerlo del poder nuclear.

Hay un punto en común en este sentido con el gobierno de Narendra Modi. India dispone de cerca de 150 ojivas nucleares, algo menos de la mitad que la República Popular China. Y lo que es más relevante: unas pocas menos que Pakistán. La primera prueba de un arma nuclear de fisión en el caso de India se produjo en 1974: su nombre, “Smiling Buddha”. La de China, en 1964, fue apodada simplemente “596”. Sin pasar de ser una mera anécdota, este contraste se conecta con dos formas diferentes de operar en la escala internacional. Al tiempo que China ofrece al resto del mundo lo que define como relaciones de mutua ganancia (obviando a menudo su propio tamaño y poder), el gobierno del Chaiwalla Modi ha decidido llevar por bandera Bollywood, ayurveda y mucho yoga.

El elefante y el dragón

En 2015, la ONU celebró el Día Internacional del Yoga tras una intensa campaña del recién asumido Primer Ministro indio. Tan relevante le parece a su gobierno esta disciplina que fue la punta de lanza de su primera intervención frente a la Asamblea General de la ONU en 2014, una puesta en escena que no hacía sino advertir lo que sería la espina dorsal de su proyecto político: el nacionalismo hindú o hindutva. “El yoga no se trata solo de ejercicios, se trata de una manera de descubrir el sentido de identidad de uno mismo, el mundo y la naturaleza”, dijo. Es precisamente el enaltecimiento de esta identidad hindú como un objeto totalizante donde contener a través de la negación las diversas formas de ser indio lo que choca con el esfuerzo de muchos gobiernos desde Gandhi de amalgamar las diferencias y convertir esta pluralidad en la Marca India. Fuera de las fronteras indias Modi se esfuerza en mostrar el lado amistoso e inclusivo del hinduismo, al tiempo que no se priva de dificultar el acceso a la ciudadanía de la población no hindú.

Si es importante la imagen que un país ofrece al resto, tanto o más lo es la precaución y las reservas con las que el mismo mira hacia fuera. Desde buena parte de los espacios de pensamiento político en China se percibe la desconfianza que muchos gobiernos y sociedades occidentales tienen hacia el proyecto del PCCh. A través de “valores universales”, se cree, las “fuerzas occidentales hostiles” buscan torcer el rumbo del país y su reforma.

En 2014 Xi Jinping propuso que el PCCh se adhiriera al concepto de la Perspectiva General de Seguridad Nacional. “Observando la seguridad de la gente como el objetivo; la seguridad política como el principio fundamental; la seguridad económica como la base; la seguridad militar, cultural y social como las garantías; y la promoción de la seguridad internacional como una fuente de apoyo, forjaremos el camino de la seguridad nacional con características chinas”. No por repetido pierde importancia el concepto de “características chinas”. En este caso, la seguridad nacional incluye la noción de seguridad ideológica. Es decir, aquella situación en la que la ideología dominante está relativamente segura y libre de amenazas internas y externas.

Y si en China se hizo explícita la voluntad de asegurar el socialismo con características propias como guía de la nación, en India el gobierno del Bharatiya Janata Party (BJP) ha abandonado su moderación inicial y ha intentado erigir el hindutva en ideología de Estado. Esta radicalización coincide con la victoria de Modi en 2019, que le otorgó 303 de los 545 diputados que forman el Lok Sabha. En realidad, el hindutva hunde sus raíces en el período colonial o Raj británico (1858-1947). Intelectuales como Madhavrao Golwalkar creían que los tiempos dorados de la civilización hindú fueron “contaminados” por las invasiones cristianas, musulmanas y británicas, fundamentalmente. Golwalkar y otras figuras fundaron en 1925 el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), organización en la que el propio Modi militó, que posibilitó su paso de vendedor de té a gobernador del complejo estado de Bujarat (2001-2014) y que hoy él mismo emplea como fuerza de choque no oficial.

La impronta de las ideas fundacionales de las RSS en el gobierno de Modi se hace palpable en su visión de la población musulmana como enemigo interno “contaminante” al excluirla de la identidad india, y externo, al colocar el conflicto con la República Islámica de Pakistán en el centro de su política exterior. En el siempre tenso equilibrio nuclear, militar y propagandístico entre el propio Pakistán y el Estado indio juega un papel crucial la voluntad de la RP China de aumentar el tamaño de su esfera de influencia en la región, especialmente desde que la segunda revolución del PCCh, liderada por Deng Xiaoping, Hu Yaobang, Zhao Ziyang y otros sectores del partido catapultara el crecimiento económico del dragón.

La política exterior de los dos gigantes asiáticos se cruza en muchos puntos por la propia inercia. Es tan grande la influencia que ambos Estados ejercen a su alrededor, tan masiva la gravedad que generan, que de forma inevitable se condicionan mutuamente. A pesar de la divergencia ideológica de partida, Pakistán vio desde su fundación en 1947 con buenos ojos la posibilidad de que China creciera en tamaño y poder para servir de contrapeso de India. En 1956, Zhou Enlai y Huseyn S. Suhrawardy firmaron el Tratado de Amistad sino-pakistaní, paso fundamental en una estrecha relación que ha ido consolidándose hasta nuestros días.

La partición del Raj británico dio lugar a la que todavía hoy es una de las fronteras más tensas del planeta: la indo-pakistaní. Las batallas de “baile” que a menudo se dan entre militares de uno y otro lado bajo los vítores de las hinchadas nacionales que asisten a la línea divisoria pueden confundir a un espectador ajeno, pero el conflicto se siente tan cotidiano como el panipuri en las calles de Delhi. Y, cómo no, la presencia de China en el conflicto se hace notar. En la práctica, apoya a Pakistán en la cuestión de Cachemira, mientras este se posiciona del lado del PCCh en lo que a Taiwán, el conflicto del Tíbet y las cuestiones de Xinjiang se refiere.

En este idilio, el elemento militar es central. Como el propio Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní reconoce en su página web, “la colaboración en Defensa constituye la columna vertebral de la relación. [...] La cooperación abarca intercambios militares de alto nivel, conversaciones estructuradas de defensa y seguridad, ejercicios conjuntos, capacitación de personal en las instituciones de ambos, producción conjunta de defensa y comercio de defensa”. Por otro lado, el comercio entre los dos países es amplio y fluido, lo que no es baladí. Que China sea el principal socio comercial de Pakistán no es una gran sorpresa. Al fin y al cabo, lo es de muchos países en vías de desarrollo a través de sus inversiones en infraestructura. Uno se asegura la inversión y la energía que necesita, mientras el otro obtiene una privilegiada puerta de acceso al mercado islámico. Ahora bien, ser el principal socio comercial de uno de tus vecinos al tiempo que éste mantiene tira y aflojas con otro más poderoso enrarece la convivencia regional. China trata de ser neutral atendiendo a su doctrina para las relaciones internacionales, pero la estrechez de sus vínculos con Pakistán atiranta su relación con India.

Por otra parte, Mao decía que todo es dialéctica. Es decir, cualquier fenómeno tiene su opuesto a través del cual se explica su existencia. Sucede que India también influye a través de su política exterior en asuntos que llevan décadas enquistados en la sociedad china. En 1951 China completó la anexión del Tíbet tras derrocar a su débil y solitario ejército, acabando con el que había sido el territorio “tapón” entre ella e India durante siglos. Desde entonces el ejemplo de la, en adelante, Región Autónoma del Tíbet, reforzó en la India el recelo ante lo que conciben como una esencia expansionista que acompaña a China. Es popular en la India, aunque de difícil rastreo, la noción de los “cinco dedos”. Según esta creencia Mao y, en consecuencia, el Partido Comunista de China tendrían una voluntad expansionista que alcanzaría los territorios de Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhután y Arunachal Pradesh. Pese al alto grado de especulación que rodea a esta convicción, lo cierto es que arroja información de interés al respecto de cómo India percibe a China.

En tibetano, China es llamada “Gyanak”, que puede traducirse como “Tierra Ominosa” o “Tierra Impía”, al tiempo que a la India se le dice “Gyakar”, “Tierra Sagrada” o “Tierra Blanca”. En 1959, tras la disolución del gobierno local tibetano por parte de Beijing y el exilio del decimocuarto Dalai Lama a India bajo el paraguas de la CIA, el líder del budismo tibetano conformó allí un gobierno en el exilio que permanece hasta nuestros días. No obstante, el volumen de la influencia china en el planeta dificulta enormemente que los tibetanos sumen Estados a su causa —no así celebridades—.

Ni siquiera India da soporte explícito al impulso secesionista, aunque sí ofrece refugio a monjes y migrantes. Se estima que 100.000 tibetanos viven exiliados bajo la protección que les brinda el elefante asiático. El gobierno chino, como se puede intuir, no ve con buenos ojos este accionar ya convertido en una política de Estado. Si algo caracteriza a los países socialistas es su afán por rechazar las injerencias de terceros Estados, tanto más el PCCh. Este hecho, unido al mencionado vínculo sino-pakistaní, tensa todavía más el precario equilibrio existente en varios puntos de la frontera entre las dos potencias.

Hindi Chini bhai bhai

Jawaharlal Nehru fue el Primer Ministro de India desde la independencia en 1947 hasta su muerte en 1964. A él se le atribuye en la cultura popular nacional el eslogan “Hindi Chini bhai bhai”, que pudiera ser traducido como “la India y China son hermanos”. Su postura frente a las pretensiones territoriales del vecino, ingenua en primer lugar y perdedora más adelante, hizo que quedase colgada sobre su figura histórica la pesada etiqueta de tibio. Algunos sectores de la sociedad india ven todavía hoy en Nehru a un presidente que consintió a China avanzar militarmente sobre territorios indios para completar su “esfuerzo liberador” en Asia.

Las grandes amistades a veces son más fáciles de enunciar que de sostener, planteamiento que es reforzado al observar el desarrollo histórico de las relaciones sino-indias. El nacionalismo de dos países antaño coloniales pero que hoy ostentan el cargo de, como mínimo, potencias regionales, condujo inevitablemente a choques de intereses. Atrás quedaron los años del “Hindi Chini bhai bhai”, si es que alguna vez llegó a tener esta idea algo de profundidad. La línea McMahon, diseñada bajo criterios arbitrarios y coloniales por el Reino Unido, se mantiene hoy como frontera oficial entre los dos Estados. Los territorios de Aksai Chin y Arunachal Pradesh fueron testigo de la guerra sino-china de 1962 y desde entonces se han ido sucediendo pequeños núcleos de conflicto allí y en zonas como Ladakh. Si bien durante décadas después de la guerra se vivió una realidad de paz tensa en la frontera, desde 2013 la disputa se ha intensificado enormemente.

Coincidiendo con la entrada de Xi Jinping y Narendra Modi al liderazgo de una y otra nación se ha venido produciendo una escalada de tensión que desembocó finalmente en las escaramuzas de 2020. Que los dos Estados acordasen la no utilización de armas de fuego en la frontera no imposibilita de manera tajante la aparición de violencia, como pudo constatarse en varios puntos de Ladakh y Sikkim, aunque sí parece acotar las posibilidades para el ascenso a conflicto armado. El establecimiento de campamentos en los laterales de la línea divisoria entorpece el nexo y afecta a la política interna de ambos países. Adentro de India, de hecho, ciertas fracciones nacionalistas —especialmente ubicadas en Twitter y otras redes sociales— comenzaron a referirse al Primer Ministro como “ModiXi”, en un juego de palabras con tres aristas: “ModiXina”, “ModiXi Jinping” y “Modiji”, siendo “ji” una coletilla cariñosa, a menudo empleada en tono sarcástico idéntica a la que se emplea a veces para referirse a Nehru(ji).

En definitiva, tan descomunal es la influencia que China e India ejercen en el Asia oriental, el sudeste asiático y el Asia central como decisivas son las relaciones entre ambos: de hecho, existen muchos actores secundarios especialmente dependientes de las decisiones que tomen el uno respecto al otro, como Pakistán o Corea del Norte. Además, pareciera que del tipo de vínculo que llegue a diseñar un gobierno con el país vecino se extrae una parte crucial de su legitimidad, especialmente desde el lado indio, tal como Modi está padeciendo en carne propia.

Por Eduardo García Granado

@eduggara

26 feb 2021 06:46

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Viernes, 19 Febrero 2021 05:31

Palestina, vacunas, apartheid

Palestina, vacunas, apartheid

 Uno. El coronavirus no sólo exacerbó el racismo y la xenofobia israelí añadiendo otro nivel a la precariedad de las vidas palestinas bajo la ocupación militar (bit.ly/2LA4VcO) −sirviendo incluso como oportunidad para acelerar el proyecto colonial de asentamientos−, sino que dio lugar al surgimiento de un nuevo “ apartheid médico”. Curiosamente tras el desastroso manejo inicial de la pandemia (tres lockdowns, ataques a libertades de sus propios ciudadanos), Israel emergió como un “campeón mundial de vacunación per capita”. Inoculaba a su población a un paso de hasta 150 mil dosis al día, logrando vacunar en breve con ambas dosis a casi dos de sus 9 millones de habitantes ( bbc.in/2N9nKUS ). Pero la negación de las vacunas a los palestinos en Cisjordania ocupada y en Gaza bloqueada, demostraba que su redoblada guerra al virus era al mismo tiempo su vieja guerra a Palestina (bit.ly/2Z3INea).

Dos. La Cuarta Convención de Ginebra (artículo 56) estipula "la responsabilidad del ocupante por salud e higiene de la población ocupada, con referencia particular a enfermedades contagiosas y epidemias". Israel viola aquí el derecho internacional, al igual que el otro artículo de la convención que "prohíbe la transferencia de la población civil del ocupante al país ocupado". Desde 1967 −sin parar− expande asentamientos ilegales. Y al mandar vacunas a territorios ocupados los destina, en concordancia con su racismo institucional, sólo a colonos (bit.ly/2N9Mj3Q), excluyendo a 2.7 millones de palestinos de Cisjordania y a otros 2 millones en Gaza. Según los funcionarios israelíes, las responsables por ellos "son las mismas autoridades palestinas" ( vide Oslo), mientras el que realmente está a cargo de estas áreas −en todos los sentidos− es Israel. Esta postura es un perfecto caso de "negación de la responsabilidad", un paradigma necropolítico identificado por A. Mbembe (bit.ly/3qp7GwD) precisamente en el caso de Gaza, que igual es un ejemplo de una larga historia israelí de usar la medicina como arma al ir mutilando su sistema de salud (bit.ly/2Z60CZO). ¿La mejor palabra para todo esto? El ­"coronaapartheid".

Tres. Resulta sintomático que justo −aunque sin mencionar las vacunas− B’Tselem, un reconocido organismo israelí de derechos humanos, emitiera un reporte sin precedente en que confirma lo que algunos estudiosos (I. Pappé et al.) argumentaban desde hace tiempo: Israel no es “una democracia con la ‘ocupación temporal’ adjuntada a ella”, sino “un solo régimen del apartheid desde el río Jordán hasta el Mediterráneo donde un grupo de gente (los judíos), ejerce una supremacía racial sobre el otro (los palestinos)” (bit.ly/3pfm0qd). Esta supremacía y “toda la ingeniería demográfica bajo este apartheid” está, según B’Tselem, aplicada a través: a) la negación de derechos políticos y civiles: mientras colonos israelíes en territorios ocupados gozan de todos los derechos y están sujetos a leyes civiles, los 5 millones de palestinos (sin contar los que son ciudadanos de Israel) están sujetos a leyes militares y desprovistos de ellos; b) la expropiación de tierras para más asentamientos, y c) la limitación del libre movimiento: muros, puntos de control, carreteras y túneles "sólo para los israelíes".

Cuatro. Debido a la distribución desigual de vacunas entre países ricos y pobres, la propia OMS advirtió de la existencia de un “ apartheid mundial vacunal”. Nuevamente, la desigualdad entre Israel y Palestina es paradigmática. Israel compró 10 millones de dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 6 millones de Moderna, pagando entre 28 y 62 dólares (!) la dosis, −mientras por ejemplo Estados Unidos pagaba 19.50 dólares−, y Palestina no ha podido comprar ninguna (ni de Rusia o China), esperando sólo recibir algo de la OMS mediante el sistema Covax destinado a países pobres (bit.ly/3rKL0Yd). En el mismo tiempo Tel Aviv rechazó "un pedido informal" de la OMS para vacunar "al menos a los trabajadores de salud palestinos" por "no ser su responsabilidad" (sic), al igual que los pedidos de las autoridades palestinas de compartirles "al menos 10 mil dosis" para el mismo fin −saboteando de paso los esfuerzos palestinos de luchar contra el virus y destruyendo clínicas de campo destinadas al Covid-19−, sólo para luego transferir 5 mil ( abcn.ws/2LQwXAS ).

Cinco. La exclusión de la población palestina ocupada del programa de la vacunación, demuestra que el apartheid israelí no es sólo un sistema de leyes raciales como Basic Law o muros ("el control de los cuerpos"), sino uno que permea hasta el nivel "celular" y médico (M. Foucault) −con los oficiales israelíes refiriéndose desde hace tiempo a los palestinos como "una enfermedad"− y donde la negación de vacunas hace la mancuerna con la "cuestión demográfica" −"una de las preocupaciones fundacionales del sionismo" (bit.ly/3jOK9TG)−, volviéndose un nuevo componente biopolítico de la ingeniería demográfica imperante ( vide B’Tselem). Uno que no busca "reducir activamente" el número de la población indeseada, pero que se abre oportunistamente a la posibilidad de su reducción −"el viejo objetivo estratégico del racismo israelí en Palestina" (bit.ly/3b9LCjw)−, por una enfermedad "natural" de la cual la ­población dominante, que ejerce la supremacía racial en el territorio ­disputado (Palestina), queda mejor protegida. ¿"Maquiavelismo"? ­¿"Perversidad"? ¿"Crimen"? Seguro hay un par de más palabras para hablar de esto.

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China avanza desde el mar de Sur hasta Medio Oriente y Europa

La disputa por el Mar del Sur de China se sigue intensificando, pero el Dragón va colocando sus fichas de forma gradual, implacable e incontenible, como lo muestran los recientes desarrollos de una estrategia largamente diseñada, que parece estar poniendo en práctica con notable coherencia.

Pocos dudan que la confrontación entre China y EEUU es prácticamente inevitable. Pero Pekín no quiere una guerra en su patio trasero, en los mares donde circula el grueso de su comercio y en particular el petróleo que tanto necesita. Por eso va colocando las fichas de Go en la retaguardia de su adversarios, aliados de EEUU como India, para cercarlos y aislarlos.

La primera parte de su estrategia consiste en seguir ahuyentado a la flota estadounidense de los mares estratégicos que rodean China. Por segunda vez en meses, dos grupos de portaaviones recorrieron parte del Mar del Sur, "días después de que un buque de guerra estadounidense navegara cerca de islas controladas por China en las aguas disputadas".

Las anteriores maniobras se habían producido en julio de 2020, con los portaaviones Ronald Reagan y Nimitz, mientras China denunciaba a Estados Unidos por dañar la paz y la estabilidad y declaraba que "continuará tomando las medidas necesarias para salvaguardar firmemente la soberanía y la seguridad nacionales".

Sin embargo, algo está cambiando en la región. El contralmirante Doug Verissimo, comandante del grupo de ataque dirigido por el portaaviones Theodore Roosevelt, comentó a los periodistas: "Estamos viendo una mayor cantidad de aviones, una mayor cantidad de barcos disponibles para el ejército chino y que se utilizan a diario".

El almirante destacó que es la tercera vez desde 2017 que se realizan operaciones con dos portaaviones, pero ahora "la cantidad de fuerzas chinas que vemos en todos los dominios ha aumentado significativamente".

Por un lado, el Gobierno de Pekín insiste que ese tipo de operaciones "tienen un significado más simbólico y político que militar, ya que Estados Unidos es plenamente consciente del poder de los misiles balísticos antibuque de China", como reveló el diario oficialista Global Times.

Como prueba de esa superioridad militar en el Mar del sur de China, el Ministerio de Defensa informó que el 4 de febrero el país había llevado a cabo con éxito una interceptación a mitad de camino de un misil balístico de alcance intermedio simulado, que según los funcionarios era puramente defensivo, según la publicación especializada MilitaryWatch Magazine.

Agregó que “la interceptación de misiles balísticos de alcance intermedio también tiene aplicaciones considerables para la guerra espacial y se puede utilizar para derribar satélites enemigos, un campo de creciente preocupación para los Estados Unidos".

Días antes, el 29 de enero, los astilleros chinos lanzaron el quinto transportador y el tercero de los buques de tamaño mediano clase 075, de 40.000 toneladas. Se trata del tercer portahelicópteros (dos se habían botado en septiembre de 2019 y abril de 2020), "lo que significa que los tres se botaron en un período de alrededor de 16 meses", destaca la publicación.

El lanzamiento de estos tres buques en tan poco tiempo, "llevó el tamaño total de la flota de portaaviones china a más de 240.000 toneladas", luego de la puesta en servicio del Liaoning y el Shandong.

Los portaaviones medianos clase 075, similares al francés Charles de Gaulle, el más grande de Europa, pueden acomodar entre 20 y 30 aviones con despegue y aterrizaje vertical como los helicópteros. Pero también pueden ser utilizados como barcos de asalto anfibio, "particularmente útiles para operaciones en los mares del sur y este de China en medio de múltiples disputas territoriales", destaca MilitaryWatch Magazine.

En los astilleros chinos se están construyendo además los dos primeros super-portaaviones del país, pero el primero puede ser botado este mismo año. Ambos desplegarán sistemas de lanzamiento de catapulta electromagnética similar a los barcos de la clase Gerald Ford de la Armada de los Estados Unidos.

Los nuevos portaaviones serán mucho menos costosos que los de EEUU, ya que no serán de propulsión nuclear, siendo menos adecuados para misiones de largo alcance pero idóneos para defender los mares en torno a China, en referencia a los cuatro portaaviones grandes y a las cinco naves de asalto anfibio finalizadas o en construcción.

La estrategia: desplazar a EEUU de Eurasia

El Dragón sigue avanzando en la segunda parte de su estrategia para desplazar a EEUU de Eurasia, extender su influencia hasta Medio Oriente y tener acceso privilegiado al mercado europeo.

Esto es lo que plantea el analista de Asia Times, David Goldman, que en esta ocasión firma con el seudónimo Spengler. En un artículo del 4 de febrero, titulado Una Pax Sínica toma forma en Oriente Medio, sostiene que el Dragón va ganando hegemonía en base a “una alianza emergente entre Pakistán y Turquía", países que tienen dependencia comercial y financiera de China.

Goldman defiende la hipótesis del dominio de China en Medio Oriente desde 2013. Siete años atrás sostuvo que una alianza entre Rusia y China sería el relevo de la decadente dominación de EEUU en la región.

Llama la atención sobre el hecho de que "mientras EEUU se centró en los acuerdos de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán, China maniobró entre los únicos tres estados musulmanes con una importante capacidad militar y potencial económico", en referencia a Turquía, Irán y Pakistán.

Lo que estaría tejiendo China es una triple alianza entre Turquía, Irán y Pakistán, al que denomina bloque sinocéntrico, que "dejará al aliado de Estados Unidos, India, aislado y debilitado", en una estrategia inspirada en los principios del juego Go de cercar las piezas contrarias.

Desde Pekín hasta Europa Central

De este modo, estaría surgiendo una Pax Sinica en el Medio Oriente y Asia Central sin que los planificadores estadounidenses puedan contrarrestarla. La forma de actuar de China, siguiendo los principios del Go, está dando sus frutos por ejemplo en su creciente alianza con los Países de Europa Central y Oriental (PECO).

El 9 de febrero mantuvieron una cumbre con Xi Jinping, en la que participaron jefes de Gobierno y altos representantes de Bosnia y Herzegovina, la República Checa, Montenegro, Polonia, Serbia, Albania, Croacia, Grecia, Hungría, Macedonia del Norte, Eslovaquia, Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania.

Luego de nueve años, esta alianza ha permitido que el volumen del comercio bilateral haya aumentado casi en un 85% y el turismo se multiplicara por casi cuatro. Estos días en los cuales la Unión Europea tiene dificultades para conseguir vacunas, China está ofreciendo millones de dosis de Sinopharm a Bosnia, Hungría y Serbia.

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Viernes, 12 Febrero 2021 06:43

Contrainsurgencia 4T

Contrainsurgencia 4T

Las estrategias contrainsurgentes son flexibles, se adaptan a cada tiempo y lugar, a cada sector de la población que deben combatir. Actúan con modos distintos en áreas urbanas y rurales, ante actores armados o pacíficos, despliegan en cada caso los dispositivos adecuados para cada situación.

Las estrategias contrainsurgentes son múltiples, como lo demuestra su acción durante el último siglo en América Latina. Combinan masacres con programas sociales, feroces dictaduras que en cierto momento promueven "aperturas democráticas" que se reducen a convocar elecciones.

La contrainsurgencia moderna tiene un sólo objetivo: abatir a las y los diferentes, despojarlos de sus territorios, reconstruirlos para la acumulación salvaje de capital y tener a la población absolutamente controlada. En síntesis, buscan aniquilar cualquier atisbo de autonomía de abajo.

Estamos asistiendo a un despliegue feroz de la contrainsurgencia denominada "guerra de desgaste" en Chiapas, contra la comunidad Nuevo San Gregorio y la región Moisés Gandhi, en total seis comunidades autónomas zapatistas pertenecientes al municipio autónomo Lucio Cabañas del Caracol 10.

Esta guerra decidida bien arriba, se enfrenta a procesos organizativos pacíficos. En estos casos la contrainsurgencia no puede desplegar políticas como la "tierra arrasada" que se instauró en Guatemala contra los pueblos originarios de raíz maya, porque caería en la más completa deslegitimación.

Impedidos, por ahora, de arrasar comunidades a través de un genocidio, ensayan otras estrategias que persiguen exactamente el mismo objetivo, pero de manera lenta, sofocando pueblos para despojarlos y convertir sus bienes comunes en mercancías.

Desde abril de 2019 vienen atacando a las comunidades mencionadas, invadiendo y alambrando las tierras recuperadas por las bases de apoyo zapatistas, robando sus cultivos, materiales de trabajo y tiendas comunitarias. Disparan sus armas durante horas, a veces desde el amanecer hasta la noche, con agresiones físicas y verbales.

El 22 de agosto de 2020 integrantes de Orcao (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo) incendiaron la bodega y la tienda comunitarias en el crucero de Cuxuljá, todo ello en el municipio oficial de Ocosingo. Han secuestrado comuneros y comuneras, los amenazan y torturan.

Como documentan las caravanas de solidaridad, integradas por 15 colectivos y acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), a las familias zapatistas se les está haciendo imposible cultivar sus tierras (https://bit.ly/2NiBaOo).

Esta misma semana la última caravana constató que los paramilitares armados ingresaron a las tierra comunitarias recuperadas para sacar el ganado y quemar su leña. Antes ya habían cercado escuelas, espacios de salud, fuentes de agua y tierras donde pasta el ganado.

Como puede observarse, se trata de microacciones contrainsurgentes que representan una guerra de altísima intensidad para las familias campesinas. Todo esto sucede con el apoyo de las fuerzas armadas, de los gobiernos estatal y federal que no han hecho nada para impedirlo.

Estamos ante una política consolidada para aislar, debilitar y ahogar toda resistencia. No se busca matar de un machetazo como en las masacres de la tierra arrasada del general Ríos Montt, sino con la exasperante gradualidad del goteo criminal, del hambre y la muerte por asfixia. Es una guerra mundial.

El 3 de febrero la comunidad de paz San José de Apartadó (Antioquia, Colombia), emitió un comunicado donde denuncia la complicidad estatal en los acosos, violaciones y asesinatos que suceden cada semana desde hace 23 años. El comunicado es testimonio de que estamos ante una estrategia global contra las y los diferentes (https://bit.ly/3a6T5R2).

Pese a ser un grupo de campesinos sin armas, los paramilitares asesinaron y desaparecieron más de 300 personas de todas las edades, incluyendo niñas y niños por el delito de resistir la muerte, el desplazamiento y la lógica de la muerte (https://bit.ly/3rG63Li).

"No les bastó con la violencia directa", luego "impidieron el paso de alimentos para la comunidad", señala el documento sobre su historia. Con el desgaste hoy quedan 35 familias repartidas en veredas y 35 niños y niñas que asisten a la escuela comunitaria propia.

En todos los casos son varones armados contra niñas, niños y mujeres, que son la mayoría absoluta de las comunidades.

Debemos comprender el amplísimo abanico de la contrainsurgencia: desde bombardeos aéreos en Turquía, Siria y Palestina, hasta el implacable goteo cotidiano contra comunidades zapatistas, pasando por asesinatos masivos y desapariciones como en Ayotzinapa.

El capital aprendió que los asesinatos masivos generan amplias movilizaciones de repudio, pero mediante el goteo que promueve el terrorismo de Estado progresista, puede avanzar con menos obstáculos, ahogando en vida a las comunidades. Es hora de tomar la palabra para nombrar crímenes y criminales.

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Una familia palestina permanece sentada cerca de los escombros de su casa tras ser demolida por las fuerzas israelíes. EFE/ Abed Al Hashlamoun.

La decisión es una respuesta a una solicitud hecha por la fiscal general Fatou Bensouda, que le pidió a la sala que especificara "los territorios en los cuales pueden llevarse a cabo la investigación".

La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este jueves que Palestina es un Estado Parte del tribunal y dio el primer paso para abrir una investigación por crímenes de guerra. Una sala de cuestiones preliminares dictaminó, por dos votos a uno, que Palestina abarca los territorios ocupados por Israel en la Guerra de los seis días de 1967, lo que incluye Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza.

La decisión es una respuesta a una solicitud hecha por la fiscal general Fatou Bensouda, que le pidió a la sala que especificara "los territorios en los cuales pueden llevarse a cabo la investigación" dadas "las controvertidas cuestiones legales y fácticas" que se desprenden del caso.

Bensouda dijo en diciembre de 2019 que existe una base razonable para comenzar una investigación, por lo que ahora depende de la fiscal general solicitarla formalmente a los jueces, especificó a Efe una fuente del tribunal.

Palestina, gracias a su condición de Estado observador de la ONU, ratificó en enero de 2015 el Estatuto de Roma, la carta fundacional de la CPI, abriendo la puerta a que la Fiscalía del tribunal internacional abriese una investigación. Israel en cambio no forma parte de la corte, pues no acepta su legitimidad, por lo que la Oficina de Bensouda no podría iniciar las pesquisas en su territorio.

En unas vistas orales celebradas en febrero de 2020, países aliados de Israel como Alemania, Australia, Hungría o la República Checa defendieron que Palestina no sea considerada un Estado Parte de la CPI. No obstante, los jueces dijeron en su decisión que "independientemente de la condición de Palestina en virtud del derecho internacional general, su adhesión al Estatuto de Roma siguió el procedimiento correcto y ordinario".

"La sala no tiene autoridad para impugnar y revisar el resultado del procedimiento de adhesión llevado a cabo por la Asamblea de los Estados Partes" de la CPI, añadieron los magistrados. La Autoridad Nacional Palestina solicitó formalmente la apertura de la investigación en 2018, lo que faculta a Bensouda a comenzar las pesquisas sin la necesidad de pedir autorización a los jueces, tal y como ocurre normalmente en la CPI.

Palestina espera que se investigue la reacción de Israel a las protestas conocidas como las Marchas del Retorno de 2018, que dejaron un saldo de más de 273 palestinos muertos y más de 16.000 heridos. La CPI no tiene una fuerza policial propia que se encargue de ejecutar órdenes de arresto, sino que confía en la voluntad de los Estados para aplicarlas y, de momento, es poco probable que Israel entregue de forma voluntaria a eventuales sospechosos de crímenes de guerra.

Asimismo, cabe la posibilidad de que miembros de grupos armados palestinos también sean investigados por la CPI, pues en informes públicos de la oficina de Bensouda se menciona el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza hacia territorio de Israel.

la haya

05/02/2021 19:39 Actualizado: 05/02/2021 22:09

EFE

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Guerra de desgaste contra las comunidades zapatistas

 La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional, en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No somos dueños de la tierra, somos sus guardianes. La tierra es para vivir no para hacer negocio”, dice un joven de la comunidad Nuevo San Gregorio, del Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, en el municipio oficial de Ocosingo (Huixtán), Chiapas.

“Estamos cercados en nuestra propia tierra”, agrega una mujer de la misma comunidad que está siendo sitiada por 40 invasores armados con apoyo del Gobierno. Explica que pese al cerco, las familias han montado un taller de carpintería, hacen bordados y mecapal, como forma de resistencia.

Son testimonios recogidos por la “Caravana Solidaria”, integrada por más de 15 colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, tanto en la comunidad Nuevo San Gregorio como en las cinco comunidades que integran la región Moisés Gandhi, en el municipio Autónomo de Lucio Cabañas, oficial de Ocosingo.

Integrantes de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq nos explican desde San Cristóbal de Las Casas que se trata de más de 600 hectáreas que fueron recuperadas por las bases zapatistas cuando la ofensiva de 1994 y que ahora están siendo cercadas por “medianos propietarios y personas aliadas de los gobiernos federal y del Estado de Chiapas” y por miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).

En Moisés Gandhi, habitada por cientos de familias, las agresiones comenzaron el 23 de abril de 2019, con disparos de armas de grueso calibre desde las 5h hasta las 21h, situación que el Gobierno no quiere ni tiene la voluntad de detener. Desde que comenzaron los ataques, en abril de 2019, en varias ocasiones llegaron grupos de 250 a 300 personas armadas en vehículos, queman viviendas, roban y destruyen cosechas. En varias ocasiones han secuestrado a comuneros, los golpean y amenazan y luego los sueltan.

El 22 de agosto quemaron una tienda de acopio de café zapatista en el crucero de Cuxuljá, un cruce estratégico de carreteras que conectan San Cristóbal con Palenque.

Se trata de nuevas modalidades de la contrainsurgencia que se van adaptando al crecimiento y expansión territorial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que pasó a contar con 43 centros de resistencia. Integrantes de la caravana explican que los miembros de ORCAO son gente politizada que conoce bien al movimiento zapatista.

Desde hace años fueron atraídos por programas sociales que les ofrecen recursos si regularizan las tierras, pueden capitalizarse y pasar de campesinos pobres a campesinos ricos, adquiriendo poder. La ORCAO vende su café a grandes empresas vinculadas a Wall Mart, ya que tiene aspiraciones de conseguir grandes ganancias.

“La forma de operar consiste en cercar las viviendas, las clínicas y las escuelas de las familias y comunidades zapatistas, y de ese modo les impiden seguir produciendo, configurando una guerra integral de desgaste que busca quebrar la economía autónoma”, explican miembros de la Ajmaq y de las caravanas solidarias.

Imposible no conectar esta situación con lo que fueron las políticas sociales de los gobiernos progresistas en Sudamérica. No sólo transferían recursos a los barrios y comunidades pobres, sino que buscaban que los intermediarios fueran organizaciones y movimientos populares que antes habían luchado contra los gobiernos neoliberales. De esa manera, incorporaban a las políticas oficiales personas que conocían a fondo a los movimientos, saberes a que los Estados desconocían.

 “No es casualidad que la ORCAO esté atacando a las nuevas Juntas de Buen Gobierno y centros de resistencia, porque allí la mayoría son jóvenes y mujeres y buscan desanimarlos y atemorizarlos”, dicen miembros de las caravanas.

Por eso además de cercar con alambres las tierras comunitarias, rompen tuberías de agua, cercan manantiales, pastos donde se alimenta el ganado y les impiden cosechar. En Nuevo San Gregorio, las bases de apoyo reconocen que este año apenas pudieron cosechar el 50% del año pasado. El objetivo es crear una crisis humanitaria que fuerce a las familias zapatistas a abandonar las tierras que recuperaron luchando.

La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No nos rendimos, aquí seguimos organizando nuestros trabajos colectivos”, aseguran las comunidades. Para mantener la resistencia organizan trabajos colectivos, para asegurarse la alimentación y la salud. La decisión de resistir de forma pacífica, sin violencia pero sin abandonar la lucha, tiene enormes costos que las bases zapatistas están dispuestas a afrontar.

Desde arriba buscan el enfrentamiento entre pueblos, apoyando organizaciones sociales que cuentan con la complicidad de los gobiernos municipal, estatal y federal, con el objetivo de minar la autonomía zapatista que es una de las principales esperanzas que ilumina el planeta.

5 feb 2021 09:50

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Estado “Paraco”: su funcionamiento ficticio y su funcionamiento real

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de recurrir al país y al mundo para dejar constancia de múltiples atropellos por parte de quienes siguen buscando nuestra destrucción.

Este año 2021 comienza con el asesinato de un campesino humilde, residente en la vereda La Pedroza. Las autoridades, como lo han hecho siempre, anuncian “investigaciones exhaustivas” y operativos militares, pero, como siempre, son acciones de fachada que no llegan a ningún resultado. Nunca han llegado a nada. Todo el mundo percibe que los victimarios nunca son tocados y que los muertos siguen cayendo y las amenazas siguen su curso, mientras las extorsiones son cada vez más asfixiantes. En esta región el poder de las armas es el único en pie. Nada se hace para controlar el paramilitarismo, pues los paramilitares se mueven armados en medio de ejército y policía y todo sigue igual. Es tanta la libertad que tiene el paramilitarismo que está reclutando a mucha gente, incluyendo a muchos menores de edad. En las últimas semanas se nos ha informado que los reclutados están siendo enviados a otras zonas a entrenamiento militar. Muchas personas han manifestado en las redes sociales que se está privando de la libertad a muchos jóvenes en esta región, pero ninguna autoridad está tomando en serio e investigando esa práctica.

Apoyados en nuestras convicciones insobornables, continuamos dejando CONSTANCIAS de los hechos ocurridos recientemente:

  • ·El jueves 24 de diciembre de 2020, en horas del día, se recibió información según la cual el paramilitar Wilfer Higuita, actualmente residente en el asentamiento de La Unión, la noche anterior habría embriagado a una joven en esa vereda y abusado sexualmente de ella.
  • ·En la semana del 24 de diciembre de 2020el mismo paramilitar Wilfer Higuita, quien lleva muchos años vinculado a las estructuras paramilitares, incluso sirviendo desde allí a altos oficiales de la Brigada XVII, ahora radicado en el casco urbano de la vereda La Unión, lanzó amenazas contra varias mujeres de esa vereda, acusándolas de estar informando a nuestra Comunidad de Paz sobre las acciones de los paramilitares. Como Comunidad de Paz aclaramos que todas las informaciones que nos llegan a ese respecto y que   incluimos en nuestras constancias, se originan en el actuar público de los paramilitares, sin que tengamos necesidad de buscar informaciones, pues los paramilitares actúan a la luz pública.
  • ·En la última semana de diciembre 2020, los paramilitares reunieron a población civil en la vereda Naín del municipio de Tierralta, Córdoba, y amenazaron a los líderes de las juntas de acción comunal por supuestamente estar robando los dineros de las comunidades.
  • ·El viernes 01 de enero de 2021, mientras varios integrantes de nuestra Comunidad de Paz reparaban una malla que protege el monumento a la memoria de nuestros líderes masacrados por el ejército y los paramilitares en la vereda La Unión el 8 de julio de 2000, el poblador Adolfo Guzmán, quien afirmó tener mando en la junta comunal de dicha vereda, se acercó en deplorables condiciones de embriaguez a insultar a quienes estaban reparando el monumento. Según sus palabras, ellos van a derribar ese monumento, pues está estorbando para el juego de fútbol de los jóvenes, ya que ellos declararon ese espacio como “parque de recreo”. Despreció la memoria de los mártires afirmando: “los muertos, muertos están”, es decir, es estúpido recordarlos.
    Se entiende: su memoria será una condena perpetua a sus bestialidades. Afirmó además que habían conversado con el Alcalde de Apartadó quien les había autorizado derribar el monumento y hacer respetar el espacio público de recreo.

Así se acata en los territorios paramilitarizados la Ley 1408 de 2010, en sus artículos 12 y 13 que declara “Santuarios de la Memoria” los sitios donde incluso se sospeche que puede haber restos de personas desaparecidas, mucho más cuando se sabe a ciencia cierta que allí fueron masacradas. Con la misma grosería se pisotea la Resolución 3 de 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estableció los Principios sobre Políticas de Memoria en Las Américas. Allí definió que: “Se entiende por sitios de memoria a todos aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos o donde se padecieron o resistieron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas o las comunidades locales consideran que el lugar puede rendir memoria a esos acontecimientos, y que son utilizados para repensar, recuperar y transmitir sobre procesos traumáticos, y/o para homenajear y reparar a las víctimas”.  Por eso, dicha Resolución le ordena a los Estados: “asegurar un abordaje integral de la memoria, entendido como la obligación de adoptar políticas públicas de memoria coordinadas con procesos de justicia y rendición de cuentas”.  Y añade la misma Resolución que dicho abordaje integral de la memoria “incluye la obligación de los Estados de asegurar la representación y participación de las víctimas”.

Es una vergüenza que un Alcalde, un Ejército, un Gobierno, una Junta de Acción Comunal, toleren estas afrentas a las víctimas sin recato alguno ante la comunidad internacional, como gritándole al mundo con todo el descaro posible que quieren tapar a toda costa y validos de la fuerza bruta, el recuerdo de las barbaridades que allí han perpetrado.

  • ·El jueves 7 de enero 2021, en horas del día, se escucharon disparos cerca del centro urbano de la vereda la Unión. Según los comentarios, se trataba de entrenamientos que estarían realizando los paramilitares con personas recién reclutadas.
  • ·El domingo 10 de enero de 2021, se recibieron informaciones según las cuales los paramilitares que controlan el corregimiento de San José de Apartadó y sus veredas, reclutaron a 4 jóvenes, los cuales fueron llevados a la vereda Playa Larga y al corregimiento Nuevo Antioquia del municipio de Turbo, para entrenamientos.
  • ·El miércoles 20 de enero de 2021, el paramilitar conocido como “RAMIRO” quien es hermano de alias “SAMUEL”, reconocido comandante de paramilitares en la vereda la Unión, amenazó con arma de fuego a una mujer en dicha vereda, acusándola de ser informante de nuestra Comunidad de Paz y conminándola a renunciar a ello o de lo contrario no respondía por su vida. En los últimos días nos hemos enterado que el mismo “RAMIRO” y WILFER HIGUITA continúan amenazando a esta mujer y a su compañero y a la vez están amenazando de muerte a miembros de nuestra comunidad que viven cerca de allí, supuestamente por informar lo que hacen los paramilitares en la vereda, cuando son hechos perpetrados a plena luz del día, pudiéndolos conocer todos los habitantes de la zona.
  • ·El viernes 22 de enero de 2021, nuestra Comunidad de Paz fue informada de que los paramilitares habrían reclutado a 5 jóvenes, entre ellos una mujer, todos del casco urbano de San José de Apartadó. Según se comenta, la misma fuerza pública y la policía son conocedores de todo lo que se está viviendo, pues los paramilitares son los dueños de San José y de sus veredas y no hay ni una sola medida para evitar que los paramilitares tengan tanto control. La misma Brigada XVII del ejército, por medio del Coronel José Luis Bastidas Moreno, anuncia que están realizando operaciones para neutralizar cualquier plan criminal, pero nada pasa, pues los paramilitares son cada vez más libres en la zona para moverse y controlar. Nos preguntamos ¿cuáles son la operaciones militares que están realizando?­­­ Si a la fecha no se ha dado ninguna neutralización de los paramilitares que recorren armados el casco urbano de San José, nadie se explica para qué sirven una base militar y un búnker de la policía con muchos efectivos militares y policiales y sin embargo sean los paramilitares quienes tengan el control total. Varios asesinatos han ocurrido en esta zona y ¿de qué han servido los operativos? ¿Cuáles han sido los resultados? Como Comunidad de Paz seguimos convencidos de que en esta zona el poder de las armas tiene suficientes alianzas para ejercer control total sobre la población civil.
  • ·En la misma semana del 22 de enero de 2021, los paramilitares habrían realizado una reunión en la vereda Mulatos-Cabecera, de San José de Apartadó, en la cual informaron sobre prohibiciones que afirman imponer con su   usurpada autoridad a los pobladores del lugar, entre ellas: tumba de rastrojos para siembra de pan coger y uso de celulares. Durante la reunión obligaron a apagar todos los celulares táctiles, alegando que tienen muchos enemigos en la zona, los cuales denuncian la presencia de ellos allí. El paramilitar que dirigió la reunión, quien afirma ser “el político” de esa estructura, manifestó que todas las informaciones que está recogiendo serán llevadas a sus jefes, quienes luego impartirán órdenes.
  • ·El domingo 24 de enero de 2021,en las horas de la tarde, fue asesinado en la carretera que conduce desde Apartadó hasta el corregimiento de San José, el joven campesino BLAS HUMBERTO DAVID TORRES. El hecho ocurrió a la altura de la vereda La Balsa. Blas Humberto se movilizaba en moto hacia Apartadó cuando fue atacado por paramilitares que le propinaron varios impactos de arma de fuego acabando con su vida. Blas Humberto era agricultor independiente y actualmente vivía en la vereda La Pedroza.

Ya el año pasado, el 29 de febrero de 2020, estos mismos paramilitares habían asesinado al señor Amado Torres, residente en la vereda La Miranda, a pocos minutos de la vereda La Pedroza, por el hecho de no aceptar someterse a esa estrategia de muerte. Ahora, según las versiones recibidas, Blas Humberto fue asesinado precisamente por no aceptar someterse a la estrategia paramilitar, pues le estaban cobrando impuestos o vacunas que él se negó a pagar. Y lo más doloroso es que no ha avanzado ninguna investigación real en ninguno de los casos similares, por parte del poder judicial. Todo nos confirma que la “Justicia” sigue corrompida, y seguirá corrompida mientras las mismas altas Cortes se nieguen a investigar al poder judicial de Urabá; mientras se nieguen a reabrir los millares de expedientes que encierran podredumbres morales, donde campean el soborno, la amenaza y el montaje  como determinantes del sistema probatorio. La misma Corte Constitucional claudicó de las medidas tomadas en el Auto 164 de 2012, de crear una Comisión de Evaluación de la Justicia o de decretar un Estado de Cosas Inconstitucional en la falsa “justicia” de Urabá. Este gobierno se ha caracterizado por continuar con ojos cerrados y manos cruzadas frente a los horrores de la criminalidad estatal y para-estatal que sigue imperando.

 La persecución a quienes no aceptan el paramilitarismo no se detiene, pues todo aquel que se resista es sometido a desplazamiento o de lo contrario termina asesinado con el mismo libreto con que asesinaron a Amado y a Blas Humberto y a muchísimos otros. Responsable será el gobierno por lo que le suceda en adelante a otros y otros pobladores.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 23 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no destruya nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Febrero 03 de 2021

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Más de 25 mil colombianos fueron víctimas de desplazamiento forzado en 2020, según la ONU

De la cifra total, 1.535 personas salieron de sus hogares en diciembre.

Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU en Colombia (OCHA), 25.366 colombianos sufrieron desplazamiento forzado por cuenta de la presencia de grupos ilegales en sus territorios, con 94 eventos registrados.

De la cifra total, 1.535 personas salieron de sus hogares en diciembre, hechos que se concentraron en Bahía Solano, Chocó, donde 900 indígenas abandonaron su comunidad; Roberto Payán, en Nariño con 333 damnificados; Argelia, Cauca con 118 afectados; Alto Baudó, Chocó con 94 víctimas; y Caucasia, Antioquia donde 91 habitantes dejaron sus casas.

Asimismo, el documento indicó que los mayores afectados fueron los indígenas, con un 75% de los eventos presentados en diciembre, seguidos por los afrodescendientes con el restante 25%.

Respecto a los confinamientos, 74.312 personas sufrieron en 2020 ese flagelo derivado de la presencia de grupos armados en su territorio, mientras que solo en diciembre, 4.661 colombianos restringieron su movilidad para evitar ser blanco de ataques armados o morir en medio de combates entre grupos ilegales en Iscuandé, Chocó con 4.149 confinados y Bojayá con 512 afectados.

El reporte además señala que, los desastres naturales produjeron 366.241 víctimas, de ellos 6.050 damnificados se produjeron en diciembre, la gran mayoría en Barbacoas, Nariño por cuenta de inundaciones relacionadas con lluvias.

La ONU alerta que, del total de emergencias presentadas en diciembre, solo el 73% de las personas afectadas en las tres categorías (desplazamiento, confinamiento y desastres naturales) recibieron atención de las autoridades por lo cual hizo un llamado a mejorar esos indicadores.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo precisó que la causa principal de los desplazamientos forzados en el país fueron las confrontaciones por los territorios entre grupos armados ilegales que, de igual forma, comenten otros delitos contra las comunidades de la zona.

Homicidios, violencia sexual, estigmatización, amenazas, hostigamientos, riesgo y materialización de reclutamientos, secuestro, desapariciones forzadas y territorios contaminados con minas personales, son los más recurrentes.

“Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que en los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba, haya una crisis recurrente por el desplazamiento forzado y las víctimas no cuentan con garantías para el restablecimiento de sus derechos”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

En relación a los confinamientos, la entidad indicó que respecto a 2019 se incrementaron en al menos un 252% en el país, siendo la región del Catatumbo, en el departamento fronterizo de Norte de Santander, donde se presentaron la mayoría de los casos con 33.627 habitantes de casi 10 mil familias confinados.

Para el defensor del Pueblo, otro aspecto que se debe tener en cuenta de manera urgente es que a la crisis humanitaria que padecieron estas familias, se sumó el impacto de la pandemia del covid-19.

“Hay demoras en la atención a las víctimas, restricciones de los grupos armados ilegales en los territorios y el riesgo de propagación del virus en las comunidades, especialmente por los confinamientos en sitios hacinados y por la falta de acceso a servicios de salud”, concluyó Carlos Camargo.

3 de Febrero de 2021

 

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