Viernes, 19 Julio 2019 08:15

De la confrontación a la autonomía

Integranates de la Nación Wampis en defensa de su territorio

La historia del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis se remonta medio siglo atrás, un proceso que llevó a la conformación del Consejo Aguaruna Huambisa en 1977, bajo el régimen militar peruano. Fue también una respuesta de los pueblos wampis y awajun a la colonización mestiza del río Marañón, cerca de la frontera con Ecuador. Poco después rompieron con los jesuitas que trabajaban con ellos y decidieron tomar un camino propio.

 

En una primera etapa se empeñaron en la titulación de sus tierras, como forma de recuperar la integridad territorial como pueblo. Este proceso implicó muchas ten-siones con los actores externos, militares, empresas extractivas y mestizos colonizadores, y llevó al despliegue fuerzas comunales para desalojar a los invasores, que fue respondido con el encarcelamiento de líderes y dirigentes.

 

Con la crisis del gobierno militar al comienzo de la década de los años 80, se produjo lo que la socióloga Tania Gómez (autora de una magnífica tesis sobre el gobierno autónomo wampis que inspira este artículo) denomina como una "avalancha a la Amazonía", de la mano de las empresas multinacionales en el contexto de la globalización. Hidrocarburos y minería aurífera son las dos actividades que más afectan a los pueblos amazónicos, impulsadas por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000).

 

La crisis sobrevino en 2009, cuando el Estado desconoció los acuerdos que tenía con los pueblos. "Los wampis van aprendiendo que tanto las titulaciones como las categorizaciones ambientales de su territorio son herramientas insuficientes. El Estado empieza a modificar los marcos legales para permitir el ingreso de fuerzas globales de enorme magnitud, sin tomar en cuenta las afectaciones en la vida de los wampis", señala el citado trabajo de Gómez.

 

El 5 de agosto se produjo el enfrenamiento entre indígenas awajun y wampis y fuerzas policiales y militares, luego de casi dos meses de intensa movilización en la Amazonia para la derogación de los decretos que permitían una abusiva explotación de los bienes comunes sin consulta ni consentimiento de los pueblos originarios, con un saldo de 33 muertos entre manifestantes y policías (https://bit.ly/2XROoB2).

 

La jornada conocida como Baguazo fue un parteaguas, además de la síntesis de un largo e intenso ciclo de luchas amazónicas. En apenas seis años, a caballo de nuevas frustraciones que agudizaron la histórica desconfianza con el Estado (criminalización y divisiones), el pueblo wampi tomó decididamente el camino de la autonomía. Debieron dejar de lado desde las ONG hasta organizaciones nacionales, incluyendo la tentación de la administración municipal. Esta experiencia los convenció, además, de los límites de instituciones que nunca los trataron como iguales, incluyendo las leyes de consulta previa, que no se aplicaron o se manipularon.

 

"Después de la participación en estos procesos, se concluye que la consulta previa es apenas un procedimiento de convencimiento en donde el Estado busca atacar debilidades de la organización". Para construir autonomía debieron articular las comunidades de dos cuencas (ríos Santiago y Morona) y elaboraron su estatuto autonómico en más de una decena de talleres con amplia participación de las bases.

 

Uno de los puntos centrales del estatuto destaca: "consideramos sin validez alguna, cualquier trato o consentimiento efectuado en favor de las empresas de manera separada o parcial antes de que haya terminado el proceso oficial entre nuestra nación y el Estado peruano".

 

Los organismos de poder del gobierno autónomo conocen cuatro instancias: la asamblea principal con 96 asambleístas; un gobierno ejecutivo con sus consejeros; gobiernos de ambas cuencas y gobiernos de cada comunidad con sus respectivas autoridades electas.

 

Como señala el sociólogo peruano Alvaro Giles, "se trata del primer pueblo indígena en el país que cambia la estrategia del sindicalismo indígena por la idea del autogobierno". Añade que ya hay otros tres pueblos amazónicos en proceso de fundar sus gobiernos autónomos, por lo que "estaríamos frente a una nueva estrategia en el mundo amazónico peruano".

 

Sólo caben dos observaciones. Una, que la autonomía no es una opción anclada en ideologías, sino en historias y cosmovisiones propias que se despliega para enfrentar desafíos concretos. Lo que nos muestra que estamos ante genealogías diferentes a las de cuño europeo, analizadas entre otros por Castoriadis.

 

Dos, que los pueblos en movimiento (concepto más adecuado que movimientos sociales) van descubriendo que las autonomías y los autogobiernos territoriales les permiten enfrentar en mejores condiciones el extractivismo depredador, que cualquier otra estrategia que pase por la negociación con el Estado. En los próximos años veremos una proliferación de procesos autonómicos.

 

La acumulación por despojo y el capitalismo sólo se pueden confrontar y derrotar con otras culturas políticas, por fuera de las instituciones y de los acuerdos por arriba.

Publicado enSociedad
Para derrotar a la extrema derecha, la izquierda debe abrazar un Brexit socialista e internacionalista

La Unión Europea consagra el Thatcherismo en el continente: la creencia de que puede ser reformado desde dentro es engañosa.

 

 


2019-07-17 15:41:00

Paul Mason ha hecho una importante contribución al debate desde la izquierda en relación al Brexit. Esta aportación es importante porque Mason es el mayor europeísta dentro de la izquierda militante. La UE es esa anti-democrática y capitalista organización que se ha convertido en un pilar de la globalización y la capitana de la desigualdad.

Su artículo contenía el habitual macartismo de culpabilizar a quienes se oponen a la UE. El ataque de Mason a Eddie Dempsey, un sindicalista antifascista, es un clásico ejemplo de ello. Es imprescindible que nos movamos más allá de este tipo de politícas de la izquierda.
Mason tiene razón al argumentar que existe una amenaza de una reacción desagradable de la derecha. Pero la verdad es que esta amenaza se intensificará si se abandona el Brexit. La decisión de abandonar la UE se tomó en un referéndum con la votación más numerosa de la historia británica.

Esto no fue ciertamente la expresión de una política de extrema derecha, sino la visión establecida de millones de votantes laboristas y conservadores. Si votar no puede producir un cambio, entonces nuestra política está en crisis. Apoyamos la prioridad de la democracia. En las últimas elecciones, los dos partidos principales se presentaron en manifiestos que prometían respetar el resultado del referéndum. El voto de Ukip fracasó y el de los Laboristas se reactivó. Es la falta de voluntad de la clase dominante al llevar a cabo el Brexit, y no el propio Brexit, lo que está llevando a la ira popular.

También es cierto que la izquierda no ha podido articularse ni hacer campaña en torno a una visión democrática de renovación nacional. Parte del problema es que el euroescepticismo en el seno laborista desde una postura más izquierdista, inicialmente encarnado por Barbara Castle, Tony Benn, Michael Foot y Jeremy Corbyn, ha sido sofocado por las responsabilidades del liderazgo, mientras que la derecha euroescéptica del partido, ejemplificada en Hugh Gaitskell, Denis Healey, Peter Shore y Ernest Bevin, fueron eclipsados por la progresiva globalización de la tercera vía. El resultado ha sido una ausencia de liderazgo para posibilidades democráticas y socialistas en el Brexit desde dentro del Partido Laborista, que se ha materializado en un rechazo a los votantes del Brexit que apoyan a los laboristas, al calificarlos de “xenófobos y racistas”. Respaldamos su voto y las posibilidades socialistas que se abren a través del restablecimiento de la soberanía democrática.

El argumento de Mason es que es una falacia autocumplida en el sentido de que abandona el terreno de la disputa democrática sobre el significado del Brexit y luego denuncia a todos los que no están de acuerdo con él como si le hiciesen el juego al fascismo. Mason ha adoptado la táctica de Hillary Clinton de reducir a los votantes del Brexit a un “saco de deplorables”. Eso da lugar a que la extrema derecha pueda reclamar sus afectos políticos.

Nuestro segundo punto es que siempre que la izquierda socialdemócrata ha adoptado una política pro-UE en Europa, ha sido diezmada. En Francia casi ha desaparecido, en Holanda y Bélgica ahora es marginal, en Alemania el Partido Socialdemócrata va por detrás de Alternativa para Alemania (AfD) en las urnas, y en Italia las fuerzas combinadas de las grandes tradiciones comunistas y socialistas no pudieron reunir ni la mitad de los votos del Movimiento Cinco Estrellas, cuyo lema era “vete a la mierda”.

La parálisis colectiva de la izquierda continental, particularmente su ala socialdemócrata, es una advertencia sobre el coste de abandonar las posibilidades de cambio democrático dentro del estado nación. Existen severas restricciones sobre lo que se puede lograr dentro de la UE y los votantes de la clase trabajadora lo saben.

La alternativa a esta historia estuvo representada brevemente por el Partido Laborista de Corbyn en las últimas elecciones generales, cuando el partido se comprometió a “respetar el resultado del referéndum” y propuso políticas que eran claramente contrarias a las limitaciones del Tratado de Lisboa. Esto ha sido posteriormente amenazado por la deriva hacia el remain (a favor de permanecer en la Unión Europea). El Partido Laborista podría haber liderado una campaña democrática a favor del Brexit, pero se ha negado a hacerlo. Nuevamente, las consecuencias de esto favorecen inevitablemente a la derecha.

El consenso emergente en torno a la postura remain, liderado por el Partido Laborista, se basa en la noción de la tercera vía en la que el objetivo principal de nuestra política es preservar y proteger las operaciones sin fricción del capitalismo. El capitalismo, sin embargo, es un sistema económico vorazmente duradero y robusto que no requiere del cuidado o de la protección constitucional. La democracia, por el contrario, es el mejor medio para resistir su dominio y eso no es posible dentro de las limitaciones de la UE. Esta postura conduce a una política de decepción o a la inevitable traición. Tampoco puede ser descrita como una “narrativa de esperanza”. Es más una promesa vacía que lleva al desencanto.

Esto se relaciona con el tercer engaño de la izquierda pro-UE; su negativa a reconocer la imposibilidad de reformar la propia UE. Han construido una posición en torno a “permanecer y reformar” (Mason) o “revuelta y transformación” (el gabinete en la sombra de Clive Lewis hacia el gobierno) que es claramente imposible dentro de las estructuras de los Tratados de Maastricht y Lisboa.

La UE se basa en los tratados y la máxima autoridad del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) para resolver disputas. Los tratados se basan en la prioridad de las “cuatro libertades” (de circulación de mercancías, de personas, servicios y capitales) y las normas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Transformar estos tratados en una dirección socialista es ciertamente imposible. Al menos 15 gobiernos socialistas tendrían que ser elegidos simultáneamente, incluso para iniciar un cambio en el tratado, y el requisito de “consenso” en cualquier convención subsiguiente, y de ratificación unánime, permite el veto de cualquier estado miembro. La experiencia de Syriza en Grecia es una prueba fehaciente de la desesperanza del enfoque de “permanecer y reformar”. Mason informó bien sobre ese asunto. 

Su argumento de que el Thatcherismo en un país es malo es evidentemente correcto, pero yerra en no ver que el Thatcherismo en un continente sería claramente peor. Por eso nos oponemos a la UE.Existe una profunda distinción entre globalización e internacionalismo. El movimiento obrero y la izquierda en general, sería prudente al recordarlo. La UE es una fuerza globalizadora que subordina el trabajo al capital y la democracia al derecho de los tratados. No debemos agradecer nuestros derechos laborales o estado de bienestar a la UE, sino a la lucha política del movimiento obrero durante más de un siglo. Su argumento de que el Thatcherismo en un país es malo es obviamente correcto, pero no ve que el Thatcherismo en un continente sea claramente peor. Por eso nos oponemos a la UE.

Estamos viviendo un interregno, un período que Antonio Gramsci describió como un momento en el que “la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados”. Uno de esos fenómenos morbosos es el compromiso de la izquierda con el mercado único, la unión aduanera y la soberanía del Tribunal de Justicia; hacia la eternidad capitalista de la UE. Por el contrario, instamos a una política basada en la democracia, las reformas económicas radicales y el internacionalismo.

La forma de derrotar a la extrema derecha es que la izquierda abarque un Brexit internacionalista y democrático.

 

the full brexit

The Full Brexit es un grupo a favor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea formado por Maurice Glasman, Costas Lapavitsas, Mary Davis, Chris Bickerton, Wolfgang Streeck y Richard Tuck. Artículo publicado en Newstatesman: To defeat the far right, the left must embrace a socialist and internationalist Brexit, publicado con permiso por El Salto.

Publicado enInternacional
Delincuencia política estatal con máscara de delincuencia común

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

La muerte lenta sigue siendo el mayor incentivo de terror para someter a la población, pues cada rincón de la zona está cubierto por paramilitares que controlan las salidas y las entradas. El caso del Corregimiento de San José es preocupante pues desde allí los paramilitares controlan todas sus veredas y lo hacen en presencia de un puesto de la policía y de una base del ejército que hacen presencia permanente en el caserío, allí mismo donde los jefes paramilitares se coordinan con sus tropas y organizan festejos sin ser molestados por nadie.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

  • El mes de mayo de 2019, en la  vereda La Unión del corregimiento de San José el reconocido paramilitar alias “Ramiro” quien llegó allí haces unos meses a controlar y someter a la población civil al paramilitarismo, amenazó de muerte a su padrastro el señor Emilio el cual tuvo que desplazarse a otros lugares por seguridad. 
  • El martes 25 de junio de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz recibió información sobre la ocurrencia de un posible asesinato en el sitio conocido como Caño Seco, en límites con la vereda La Unión- Carepa. Según dichas informaciones, ninguna persona podía denunciar el hecho y mucho menos venir a informar sobre el caso a nuestra Comunidad de Paz. Ese mismo día el programa Familias en su Tierra se reunía en la vereda Mulatos-Cabecera con las juntas de acción comunal de las veredas Mulatos, Resbalosa, La Esperanza, La Hoz, entre otras, en un evento que ocultó el asesinato mencionado, del cual no se tuvo más información.  
  • El sábado 29 de junio de 2019 llegaron informaciones a nuestra Comunidad según las cuales en el caserío de San José de Apartadó el reconocido comandante paramilitar alias René, quien ha sido el encargado de controlar y someter a la población civil a sus proyectos de muerte, realizó una fiesta en la cual participaron muchos paramilitares; allí lanzó serias amenazas de muerte contra pobladores de la zona, algunos de los cuales se encontraban allí mismo. La policía y el ejército que hacen presencia permanente en ese centro urbano conocen muy bien el accionar de los paramilitares y son totalmente permisivos frente a este fenómeno, el cual sigue evidenciando  la complicidad de la fuerza pública con el paramilitarismo, innegable durante varias décadas. El mismo día 29 de junio de 2019, según algunos pobladores, los paramilitares habían planeado asesinar a una familia de la región, razón por la cual esa familia tuvo que desplazarse a otros lugares.
  • El martes  2 de julio de 2019,  en horas de la mañana, el señor Elkin Ortiz y su hijo Wilson Ortiz conocido como “Morochito” quien está integrado al paramilitarismo y quienes desde hace casi dos años viven en el centro urbano de San José, dañaron una de las plantaciones de cacao certificado y productos de  pan coger que se ha cultivado en grupos de trabajo de nuestra Comunidad de Paz en la finca la Roncona, allí cortaron y dañaron los alambrados y de esta manera lo han venido haciendo desde hace más de 6 meses. Nuestra comunidad se desplazó al lugar y tomó evidencias, las cuales el joven paramilitar Wilson Ortiz rechazó y trató de impedir. La finca la Roncona es una propiedad que nuestra Comunidad de Paz ocupa en posesión legal desde hace más de 22 años y donde tenemos nuestras plantaciones de cacao certificado y cultivos de pan coger. El 11 de septiembre del 2018 sufrimos una invasión allí en La Roncona por parte de más de 100 personas, entre las cuales se encontraban el señor Elkin Ortiz y sus hijos paramilitares; en esa ocasión dañaron muchas plantaciones de cacao y pan coger. Ahora el Señor Elkin Ortiz, quien ha buscado apropiarse de un espacio de La Roncona, supuestamente por órdenes de los antiguos dueños y además utiliza a sus hijos paramilitares para amenazar a nuestra Comunidad de Paz. Este caso lo ha puesto la Comunidad en conocimiento de la Defensoría del Pueblo desde hace 6 meses pero no se ha generado ninguna solución para que el señor Elkin Ortiz deje de perjudicar a nuestra Comunidad de Paz.
  • El sábado 6 de julio de 2019, en horas de la tarde, el paramilitar Wilson Ortiz, junto a su padre  Elkin Ortiz, interceptó en la salida de San José a Sirly Cerpa, integrante del Consejo Interno de  nuestra Comunidad y feligrés de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para enviar amenazas a nuestra Comunidad, manifestando: “no me gustó ni poquito que me tomaran fotos y videos allá abajo en La Roncona y no voy a permitir que eso vuelva a pasar porque la próxima vez voy a reventarles esas cámaras”.
  • El domingo 7 de julio de 2019, en horas de la tarde, fue asesinado por varios impactos de arma de fuego, en la vereda La Balsa, del corregimiento de San José de Apartadó, el joven YEMINSON BORJA JARAMILLO, en hechos atribuidos a los paramilitares que controlan la zona, pues la carretera que conduce del corregimiento de San José hasta el área urbana de Apartadó está totalmente controlada por paramilitares que se movilizan permanentemente en motocicletas. Las razones o justificaciones que dan para matar es que “son ladrones o marihuaneros”. La verdadera razón de estas muertes es el sometimiento forzado de la población al paramilitarismo; quien no se someta, simplemente es asesinado y así el terror les sirve de instrumento de sumisión. Ya hemos dejado muchas constancias públicas sobre el avanzado reclutamiento de jóvenes que son entrenados por paramilitares para matar; sobre el expendio de drogas; sobre los hurtos y el cobro de vacunas a los campesinos. La nula respuesta del Estado y sus instituciones las hace responsables de que los paramilitares terminen con la vida de personas inocentes, pues los verdaderos ladrones son los integrantes de toda esta estructura paramilitar que recluta y roba los sueños a nuestros jóvenes y los somete al imperio de las drogas y demás formas de degradación de la vida. Nos solidarizamos con la familia de Yeminson y pedimos a Dios que lo tenga disfrutando de la vida en plenitud.
  • El lunes 8 de julio de 2019, nuestra Comunidad partió hacia la vereda La Unión donde se realizó la conmemoración de los 19 años de la masacre de 6 líderes de nuestra Comunidad de Paz, perpetrada por paramilitares y militares el 8 de julio de 2000. Al regresar de allí en horas de la tarde, al pasar por el caserío de San José, el paramilitar Wilson Ortiz alias “Morochito” amenazó de muerte a dos miembros de nuestra Comunidad, manifestando: “Ahí vienen  esos hp para llenarles la cabeza de plomo; me los quiero encontrar solitos”. El lugar donde este paramilitar profirió estas amenazas fue desde una casa de balcón propiedad del señor Darío Tuberquia, en la entrada al casco urbano de San José. Desde hace ya más de un año reconocidos paramilitares han tenido concentraciones allí junto a esta vivienda, a plena vista de la fuerza pública –ejército y policía- quienes patrullan día y noche el minúsculo caserío y donde muchas veces han amenazado a miembros de nuestra Comunidad de Paz.

El gobierno nacional sigue negando la existencia del paramilitarismo mientras su copamiento territorial sigue avanzando intensamente en todo el país. Nadie ignora que el partido político del Presidente actual tiene vínculos históricos y estrechos con las formas más atrevidas de paramilitarismo, incluyendo las “Convivir”, de las cuales ha sido intenso defensor y usuario el ex presidente Uribe, cerebro, ídolo y guía del partido y de la política gobernante. Las formas de relación entre el Estado y el ParaEstado se han ido remodelando y hoy predomina la combinación entre el anonimato progresivo de los pistoleros y la tolerancia pasiva de las instituciones, fórmula exitosa que le permite al país posar de “democracia” ante la comunidad internacional mientras el asesinato de líderes sociales y de excombatientes desmovilizados supera los estándares mundiales de criminalidad política. El Senador Petro acaba de destapar los vínculos entre las “Águilas Negras”, calificadas por muchos años por el establecimiento como “bandas criminales”, y la inteligencia militar. Al mismo tiempo el Presidente Duque, al regular el porte de armas mediante el decreto 2362 del 24 de diciembre de 2018, volvió a legalizar el boquete que siempre ha permitido el paso de las armas oficiales a los criminales privados (art. 1, parágrafo) y al mismo tiempo volvió a canonizar el principio eje del paramilitarismo, o sea la vinculación de los civiles a la guerra, al anunciar en Tolemaida, el 6 de febrero de 2019, que ya llegaba a un millón el número de civiles preparados para asumir tareas militares. Todo esto se camufla como “política de seguridad nacional” y se implementa a través de las estrategias de “vista gorda” y de “brazos caídos” de la fuerza pública y de las demás instituciones, gracias a las cuales nuestras veredas caen todas bajo el dominio paramilitar sin que nadie pueda defender a las víctimas y ni siquiera reconocer la invasión paramilitar.

Una vez más nuestra Comunidad de Paz agradece a la multitud de personas en el país y en el mundo que se solidarizan con nuestra resistencia y que condenan con plena convicción ética y moral la criminalidad del Estado colombiano. A todas ellas nuestra sincera gratitud.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Julio 12 de 2019

Publicado enColombia
Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Durante los primeros seis meses de este año mucho se habló sobre la cifra de deforestación en Colombia durante el 2018. Se esperaban noticias negativas. El mismo Ministerio de Ambiente había dicho que, dentro de sus proyecciones, esperaba una pérdida entre 240 000 y 260 000 hectáreas de bosque, es decir, un incremento entre el 9 y el 18% comparado con el 2017 cuando la cifra se ubicó en 219 973 hectáreas deforestadas.

Incluso, algunas organizaciones y expertos en el tema indicaban que la deforestación del año pasado rondaría las 300 000 hectáreas. El pasado 10 de julio la espera y expectativa acabaron y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dio a conocer la cifra oficial de deforestación en 2018, la cual se ubicó en 197 159 hectáreas. El número sorprendió pues resultó ser menor al del 2017, mostrando una reducción del 10%.

Sin embargo, esta tendencia debe ser vista con cuidado a pesar de que algunos departamentos y municipios desaceleraron sus tasas de deforestación. Por ejemplo, el municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, perdió 19 652 hectáreas de bosque, 7000 menos que en 2017 y aún así esto indica que el 10% de todo lo que perdió Colombia sucedió en este lugar. Además, también aparecieron nuevos núcleos de deforestación.

 

Los nueve núcleos de deforestación

 

Durante 2018 se identificaron nueve núcleos de deforestación. El principal está en las sabanas del Yarí y el bajo Caguán, en los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá. El segundo se ubica en el norte del departamento de Guaviare, en límites con los departamentos de Meta y Vichada. El tercero está en el sur del Meta, asociado principalmente a municipios como Uribe, Mesetas y Vista Hermosa. El cuarto foco está en Putumayo, principalmente en las riberas del río Caquetá, en municipios como Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo.

El quinto núcleo se ubica en el municipio de Mapiripán, Meta; mientras que el sexto se encuentra en la serranía de San Lucas, en el nororiente del departamento de Antioquia y el sur del departamento de Bolívar. El séptimo punto alarmante de deforestación se ubica en la compleja zona de conflicto armado de Catatumbo, específicamente en los municipios de Tibú, Sardinata y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Finalmente, el octavo núcleo está en las selvas del Sarare —bosques de galería e inundables— en el departamento de Arauca y el último en la frontera con Panamá e inmediaciones del municipio de Riosucio en el departamento de Chocó.

De los nueve núcleos, cinco se encuentran en la Amazonía colombiana y según el reporte oficial ‘Monitoreo de la Deforestación 2018’ entregado por el IDEAM y el Ministerio del Ambiente, “el 70,1% de la deforestación del año 2018 ocurrió en la región de la Amazonía. En 2017 acumuló el 65,5%”, es decir, un incremento de casi el 5%.

Edersson Cabrera, coordinador del grupo de Monitoreo de Bosques del Ideam, asegura que la praderización es el principal motor de deforestación y se asocia a la conversión de bosque tropical hacia nuevas áreas dedicadas a pastos que “pueden tener o no cabezas de ganado, pero están siendo utilizadas como medio para la usurpación de tierras del Estado y el acaparamiento baldíos”. Según el experto, el segundo generador de pérdida de bosque en Colombia son los cultivos de uso ilícito, ya sea de manera directa e indirecta. En tercer lugar están las malas prácticas de ganadería extensiva “donde menos de una cabeza de ganado está siendo alimentada en una hectárea producto de la deforestación, un modelo que no es productivo”, comenta Cabrera.

En el listado de causas de la deforestación siguen la extracción ilícita de minerales  —principalmente en el nororiente antioqueño, el sur de Bolívar y el Pacífico colombiano—,la ampliación de la frontera agrícola no permitida y la infraestructura de transporte sin los permisos requeridos; algo que Cabrera asocia con una proliferación de accesos terrestres sin licenciamiento ambiental y que no están dentro de la política de infraestructura del país.

El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, dice que “la deforestación también está ligada a delitos como el tráfico de fauna y flora y de madera”, y añadió que “en Colombia nos falta insistir permanentemente sobre las acciones de legalidad. La gente no entiende que tenemos un código penal donde existen los crímenes ambientales. Por primera vez en un gobierno se determinó que la pérdida de agua, bosque y biodiversidad ponen en riesgo la seguridad de este país”.

 

La Amazonía sigue siendo la más deforestada

 

De acuerdo con los resultados del reporte “se presenta una disminución en la deforestación en la región de la Amazonía con respecto a lo reportado para 2017. La deforestación disminuyó en 5 971 hectáreas”.

Es en este punto donde las cifras se tornan un poco confusas. Por ejemplo, en 2017 se perdieron 144 000 hectáreas de bosque en la Amazonía, mientras que en 2018 la cifra bajó a 138 176. Aún así, la proporción de bosque deforestado en esta región, en comparación con Caribe, Andes, Orinoquía y Pacífico, aumentó y pasó del 65,5% al 70,1%. Esto se debe a que Andes, Caribe y Pacífico también tuvieron una desaceleración en la deforestación.

Por otro lado, Caquetá y Guaviare —que han sido los departamentos con las tasas más altas—, redujeron su deforestación pero siguen manteniéndose en los puestos 1 y 3 de los más deforestados.

“Caquetá ha reportado los mayores niveles de deforestación en los últimos 28 años y en este reporte sigue siendo así. Sin embargo, identificamos una reducción de 13 000 hectáreas en los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá”, afirma Edersson Cabrera.

La mala noticia para la región es que el sur del departamento del Meta tuvo un aumento en pérdida de bosque y es el segundo departamento más deforestado del país después de Caquetá. Según dice Cabrera, municipios como La Macarena, Uribe, Mesetas y Mapiripán vienen con aumento de la deforestación. “Respecto a 2017, el departamento tuvo un aumento de cerca de 8000 hectáreas deforestadas. El municipio de La Macarena fue el que más incrementó su deforestación en todo el país (26%)”.

Lo anterior también se refleja en la grave situación que enfrentan los Parques Nacionales Sierra de La Macarena, Picachos y Tinigua. Este último es el más alarmante pues pasó de 4000 hectáreas deforestadas en 2017 a 10 471 en 2018.

El departamento de Putumayo, al sur de la Amazonía colombiana, también aportó este año dos municipios a los más deforestados del país: Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo

 

Desaceleración en cuatro regiones e incremento en una

 

La Orinoquía fue la única región que aumentó sus tasas de deforestación. “Presentó aumentos a pesar de que es una de las regiones que menos bosque tiene. Su deforestación en 2018 fue de 12 073 hectáreas, 2120 más que en 2017. Los principales núcleos están ubicados en las selvas del Sarare en Arauca y sectores del municipio de Cumaribo en el departamento de Vichada”, comenta Edersson Cabrera.

En los Andes la deforestación en 2018 fue de 28 089 hectáreas y en 2017 de 36 745; se redujo en 8656 hectáreas. Según el reporte del IDEAM, los departamentos de Cauca, Nariño y Antioquia que tenían una tendencia al alza vienen ahora en control y con reducciones importantes. Sin embargo, en la región del Catatumbo, en la cordillera oriental, los municipios de El Tarra Tibú y Sardinata continúan con un incremento en la deforestación.

Por su parte, el Caribe acumula el 2,8% de la superficie de bosque del país y posee relictos importantes de bosque en la Sierra Nevada de Santa Marta, los Montes de María, la parte baja de la Serranía del Perijá y las partes bajas de los ríos Cauca y Nechí. En el Caribe se deforestaron 11 367 hectáreas, 4288 menos que en 2017. Los expertos hacen un llamado a controlar la pérdida de bosque en esta región pues allí sobrevive buena parte del bosque seco tropical del que apenas queda un 8% en Colombia.

En el Pacífico colombiano también hubo una reducción en la deforestación. En 2018 se registraron 7454 hectáreas deforestadas cuando en 2017 la cifra superaba las 13 000. Los focos principales están en la frontera con Panamá y en el municipio de Riosucio, Chocó; mientras que la parte Pacífica de los departamentos de Valle y Nariño y el sur del Chocó presentan reducciones.

 

Confusión en las cifras

 

“En 2017 recibimos la cifra de 220 000 hectáreas deforestadas. Nuestro modelo de predicción nos mostraba que en el 2018 tendríamos una deforestación de 260 000 hectáreas si no tomábamos acciones concretas. La media nos decía 240 000 pero la redujimos en un 17%, es decir, pasamos a 197 000 hectáreas deforestadas en 2018. Se evitaron más de 40 000 hectáreas de bosque natural deforestado”, dijo el ministro Lozano.

Esta afirmación, donde se menciona una reducción del 17% en la deforestación, fue la que generó confusión y la cifra fue utilizada por algunos sin tener en cuenta que hacía referencia a una reducción respecto a lo proyectado por el Ministerio de Ambiente —esperaban entre 240 000 y 260 000 hectáreas de deforestación—. En otras palabras, no era la cifra real.

La verdadera disminución de la deforestación fue de 10% entre 2017 (219 973 hectáreas perdidas) y 2018 (197 159 hectáreas perdidas).

 

Por  Antonio José Paz Cardona

11 julio 2019 

*Imagen principal: Cormacarena.

Publicado originalmente en Mongabay

Publicado enColombia
Alerta secretario de la ONU sobre crecimiento y envejecimiento poblacional

Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, alertó hoy en el marco del Día Mundial de la Población, que entre los problemas demográficos del mundo figuran el crecimiento y envejecimiento de la población, la migración y la urbanización.

 

En su mensaje con motivo del Día Mundial de la Población, que se celebra cada año el 11 de julio desde 1989, Guterres indicó que el mayor desafío es el envejecimiento de la población, que hace necesario promover el envejecimiento activo y con salud, así como proporcionar una protección social adecuada.

 

Sostuvo que el Día Mundial de la Población es la ocasión para refrendar los compromisos globales en favor de un futuro mejor para todos en un planeta sano, contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

 

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el plan que ha adoptado el mundo y que su misión guarda una estrecha relación con las tendencias demográficas.

 

A medida que el mundo siga urbanizándose, según las previsiones el 68 por ciento de la población mundial vivirá en zonas urbanas en 2050, el desarrollo sostenible y el cambio climático dependerán cada vez más de una gestión adecuada del crecimiento urbano, agregó.

 

En su mensaje publicado en la página web de la ONU, Guterres resaltó la necesidad de gestionar estas tendencias demográficas teniendo en cuenta la relación existente entre población, desarrollo y bienestar de las personas.

 

Hace 25 años, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo, los dirigentes mundiales enunciaron por primera vez los vínculos entre población, desarrollo y derechos humanos, incluidos los derechos reproductivos.

 

Este año, el Día Mundial de la Población busca llamar la atención del mundo sobre los asuntos pendientes de la Conferencia de El Cairo.

 

Reconoció que a pesar de los progresos en la reducción de la mortalidad materna y los embarazos no planeados, aún quedan muchos problemas por resolver, en especial los relacionados con los servicios de salud esenciales.

 

Las complicaciones del embarazo siguen siendo la principal causa de muerte entre las niñas de 15 a 19 años, mientras la violencia de género, que tiene sus raíces en la desigualdad, sigue causando estragos.

 

El Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estableció en 1989 el Día Mundial de la Población, con el que se pretende centrar la atención en la urgencia e importancia de las cuestiones relativas a la población.

 

La población mundial actual es de siete mil 600 millones de personas y se calcula que alcanzarán los ocho mil 600 millones para el año 2030, según la ONU, que destaca que China e India siguen siendo los países más poblados.

 

(Con información de Notimex)

Publicado enInternacional
Trump fusiona en el Golfo Pérsico la doctrina Obama con la doctrina Carter

 

Si cualquier movimiento de los jugadores del tablero empeora la situación para todos, la única forma de ganar es no jugar”, diría la teoría de juego, aunque el imperialismo adicto a la guerra juega por inercia, porque forma parte de su naturaleza. Y la guerra que está preparando EEUU contra Irán será un juego de suma cero, puesto que involucra a un tercer jugador: a nadie menos que el coloso chino. Pues, más que en las vastas fronteras terrestres de Irán, sembradas de bases militares de EEUU, es en el Golfo Pérsico (GP) y el Océano indico donde están teniendo lugar las provocaciones para una guerra bélicas contra Irán, donde China tiene grandes intereses.

A pesar de que Donald Trump y Alí Jameneí insisten en que no buscan guerra, John Bolton lanzó un despliegue militar abrumador bajo el pretexto de un  informe del Masad (¡uno de los inventores de las armas de destrucción masiva de Irak!), para acusar a Irán de planear ataques terroristas en estas aguas. La tensión aumentó con el extraño suceso del 20 de junio, cuando un drone estadounidense (posiblemente) viola el espacio aéreo de Irán y los Guardianes de la Revolución Islámica (GRI) lo derriban. Cuando el mundo esperaba una reacción contundente de EEUU, su presidente vuelve a reírse de la inteligencia de su audiencia contando que ordenó el bombardeo de Irán, pero que diez minutos antes le preguntó a alguien que pasaba por allí «¿cuántos iraníes morirían?», «150, señor», le respondió este alguien. Pues, «¡Parar el bombardeo!» ordena el compasivo Trump (que ha matado a miles de civiles en Siria, Yemen e Irak sin pestañar), por ser “desproporcionado”, ya que Irán podría haber derribado un avión tripulado que le seguía al dron, pero no lo hizo, por lo que el mismísimo presidente de EEUU agradece a los iraníes. Preguntas:

. ¿Es posible que Trump ni había evaluado las bajas humanas, los daños materiales del bombardeo y la posible reacción de la armada iraní previo al orden?

.¿Es proporcional su amenaza de que sería el ‘fin oficial de Irán’ –o sea 80 millones de almas–, en caso de que Teherán abandone el acuerdo nuclear?

. ¿Es posible que el drone quisiera provocar una reacción militar de Irán, sin la autorización de Trump, y él impidiera una mayor escalada? También se rumorea en Irán que la acción imprudente de los GRI fue sin el permiso de Jamenei.

¿Por qué en el Golfo Pérsico?

La relación de Washington con esta región que alberga cerca de la mitad del petróleo del mundo ha pasado por varias etapas:

  1. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, un EEUU cuya economía no dependía del petróleo importado, estableció su control sobre el GP con dos objetivos:
  2. a) Obtener ventajas sobre la URSS (uno de los principales productores y exportadores mundiales de petróleo y gas) asegurando el acceso de sus aliados capitalistas a dichas reservas.
  3. b) Establecer el control sobre Europa y Japón, haciéndoles depender de su estatus de Policía del GP: sacrificará la vida de las gentes de esta región, con golpes de estado y guerras, para una Europa de bienestar.
  4. La derrota en Vietnam hará que EEUU se tome un tiempo sabático y reduzca su presencia militar en el GP: la doctrina Nixon propondrá el proyecto de Twin pillars (Doble Pilares) en el que Irán y Arabia Saudí, armados hasta los dientes, velarán por los intereses de EEUU. Sí, el llamado «mundo libre» versus países socialistas, incluía a semejantes dictaduras.
  5. Con la caída del Sha de Irán y la toma del poder por las fuerzas marxistas en Afganistán en 1978, un EEUU demócrata elaborara otra estrategia: declara el GP el feudo militar de EEUU. Así, la doctrina Carter pretendía impedir el efecto mariposa de los cambios producidos en la zona.

. El fin de la URSS en 1991 invita a Washington consolidar su dominio en el GP, sembrando la región de bases militares, además de desmantelar el estado iraquí y convertirlo en una colonia, entre otros objetivos. La ocupación de Afganistán,  bajo el pretexto del 11S sucede pocos meses después del nacimiento de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en julio del 2001, por iniciativa de China y Rusia, que puso fin al unilateralismo efímero de EEUU.

. En 2009, el presidente Obama elabora su estrategia: El regreso a Asia, santo y seña de contener a China, la única potencia capaz de arrebatarle a EEUU su estatus de superpotencia. Por lo que pacifica sus relaciones con Irán, firmando el acuerdo nuclear y arma a Israel y Arabia Saudí hasta los dientes, con la idea de llevarse a las tropas a rodear a China, hacerse con el control del Estrecho de Malaca, fortalecer su presencia en Afganistán,  impedir una alianza entre China e India (la temible Chindia), y cortar las venas que llevan el petróleo a éste país, lanzando guerras contra Sudán, Libia. No lo consigue del todo: Israel y Arabia harán todo lo posible para retener a las tropas de EEUU en la zona y seguir amenazando a Irán. La guerra contra Siria y Yemen, los incesantes atentados en Afganistán e Irak, y seguir acusando a Teherán de «ocultar» un programa nuclear secreto formó parte de este complot.

2016: un Donald Trump antichino y su equipo NeoCon antiiraní, pretenderán devolver a EEUU su hegemonía unilateral planetaria luchando contra China e Irán a la vez, desde el espacio que comparten ambos: el GP .

China no representa una amenaza militar para un EEUU con cerca de 900 bases militares fuera de su país, once flotas navales, casi un millón de efectivos ocupando otros países, y que con el 5% de la población mundial tiene un presupuesto militar siete veces mayor que el coloso asiático que alimenta al 20% de los seres humanos que viven en este planeta.

China en el Golfo Pérsico

Fue en 1978 cuando Deng Xiaoping, puso fin a la división maoísta del mundo entre “revolucionarios y antirrevolucionarios”, y desideologizó la política exterior de China, estableciendo relaciones diplomáticas con todo el mundo. Desde entonces, el GP cobra una nueva relevancia para China, en dos aspectos principales:

. Por sus reservas petrolíferas: El ritmo de crecimiento economía chino desde 1978, ha sido sin precedentes en la historia moderna. Desde el 2010 es el mayor consumidor de energía del mundo, y la mitad procede del GP. Las bicicletas son sustituidas por coches privados, aumentando la dependencia energética del país a más millones de barriles de otras naciones, que además los está comprando con el yuan asestando un duro golpe al petrodólar. La seguridad de Estrecho de Ormuz, por donde pasan cada día 20 millones de barriles del petróleo, rumbo Asia (China, Japón, India, Corea del sur, entre otros) es vital para sus destinatarios: Beijing agradece a EEUU por mantenerlo abierto, y no tienen ninguna intención en desafiar el poder militar de EEUU en la zona. La posible autosuficiencia energética de EEUU solo le protege de los vaivenes del mercado, no hará que pierda el control sobre las reservas mundiales. La singularidad de la política de Trump es que no quiere el petróleo de otros países, lo que busca es hacerse con sus clientes, entre ellos China.

. Por ser clave en la Iniciativa de la Ruta de la Seda (IRS). El nuevo modelo comercial chino, una especie de Plan Marshal, sin límite de tiempo, y con 1,4 trillón de dólares de inversión prevista, que incluye a unos 80 países significa una remodelación de los fundamentos del comercio a nivel global; está basada, afirma, en su filosofía de Taijí: “Todo me sirve a mí, y yo sirvo a todos”. Mediante la creación de asociaciones entre sus empresas y los estados, o el emparejamiento de las ciudades chinas con los países a base de la proximidad o la complementariedad en la producción de mercancías (como la provincia de Hebei con Kazajstán, la provincia de Gansu con Irán, la Hubei con Egipto, etc.), China deslocaliza su mega producción, beneficiando al desarrollo de su propio país, que no a las empresas privadas. En este avance, también ha entrado en la zona exclusiva de EEUU: los países del Consejo de del Golfo Pérsico (CCG), que le suministran petróleo y a cambio reciben todos lo que necesitan: desde el velo y turbante hasta la nanotecnología y armas: Riad le ha comprado misiles balísticos CSS2, eso sí, una vez que la CIA comprobase que no podrían transportar ojivos nucleares. De hecho, desde 2017, China supera a EEUU como el mayor socio comercial de Arabia Saudita, con el que ha firmado unos acuerdos por el valor de 65.000 millones de dólares. En Irak, colonia militar de EEUU, China firmó en 2019, una inversión de 10 mil millones de dólares. Su política de alquilar puertos estratégicos del mundo tiene nombre: Collar de perlas, que consiste en una cadena de puertos claves en el esparcidos por el mundo, desde el Gwadar de Paquistán (que le libera del estrecho de Malaca) hasta el Chabahar de Irán, que le otorga un lugar privilegiado respecto a la India. Así, crea interdependencia económica con su socio. Su estrategia se parece a la sigilosa Larga Marcha de Mao, aunque esta vez el recorrido tiene tamaño del planeta.

Las medidas de China para protegerse

Ante las amenazas de EEUU, China:

. Ha creado una asociación estratégica con Rusia. La política de Trump de  Nixon inverso, aliándose con Rusia contra China no ha dado resultados: desde Stalin nunca las relaciones entre las dos potencias han sido tan estrechas.

. Tiene la carta de ser el principal proveedor de tierras raras del mundo, además de 12.000 millones de dólares de bonos del Tesoro de EEUU.

. Ha almacenado unos 500 millones de barriles, por si acaso.

. Ha trazado varios gaseoductos y oleoductos desde Asia Central y Rusia hacia su territorio. De hecho, a pesar de que uno de los motivos de la ocupación de Afganistán por la OTAN ha sido hacerse con el gas de Turkmenistán –la cuarta reserva del mundo–, fue China que construyendo una tubería de 7000 kilómetros ha canalizado el Oro Azul turcomano hacia su territorio.

. Cuenta con el mayor parque de energía solar del mundo, y tiene planes para construir nuevas centrales nucleares.

Teherán entre EEUU y China

Irán se convirtió en 1970 en el primer país del GP en reconocer a la República Popular. Le siguieron los países árabes en los años ochenta y noventa principalmente para alejar a Beijing del régimen de ayatolá Jomeini, que recibía armas chinas (y estadounidenses y rusas) en su guerra contra Irak.

A pesar de que Irán es clave en la Estrategia del sur global china, y el petróleo iraní, comparando con el de los países árabes satélites de EEUU, es una apuesta más segura, el presidente Xi no va a enfrentarse a Trump, su principal socio comercial, por la República islámica, que representa solo el 1% del comercio exterior de China. Beijing apoyó las sanciones de EEUU contra Irán por su programa nuclear (tampoco vetó las que Bush impuso al pueblo iraquí en los años 90), y rechazó elevar su estatus de observador en OCS a ser miembro de plena derecho.

China avanza sin colonizar ni ocupar países. Consigue sus objetivos mediante el sereno y sutil método de acupuntura en vez de ataques quirúrgicos.

Trump, en su hazaña en el GP, no tiene un plan B: todas las opciones están encima de la mesa.

Publicado enInternacional
Migrantes requisados y detenidos por la patrulla fronteriza estadounidense en Los Ebanos, Texas. Imagen: AFP

El alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha condenado las condiciones “indignas” y “dañinas” en que se encuentran los migrantes y refugiados recluidos en la frontera de los Estados Unidos, pidiendo que los niños nunca sean puestos en detención migratoria o separados de sus familias.

Michelle Bachelet dijo que estaba horrorizada por los campamentos y dijo que varios organismos de derechos humanos de la ONU habían descubierto que la detención de niños migrantes puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, que está prohibido por el derecho internacional.

Ella habló pocos días después de que un informe interno del gobierno de los Estados Unidos advirtiera sobre un hacinamiento peligroso en muchos de los centros de detención. El informe del gobierno reveló que algunos inmigrantes fueron retenidos en celdas con una capacidad cinco veces menor, y más de la mitad quedaban afuera debido a la falta de espacio.

Según NBC News, solo había cuatro duchas para 756 detenidos. Una celda, diseñada para albergar a 35 personas, se llenó con 155. Y The New York Times describió que una estación de la Patrulla Fronteriza en Texas estaba llena de cientos de niños que vestían ropa sucia y estaban envueltos en celdas llenas de enfermedades, en base a entrevistas con el personal y los abogados quienes habían visitado el sitio.
Donald Trump calificó la historia como un engaño. "Como pediatra, pero también como madre y ex jefa de estado, estoy profundamente sorprendida de que los niños se vean obligados a dormir en el suelo en instalaciones superpobladas, sin acceso a atención médica o alimentos adecuados y con malas condiciones de saneamiento", dijo. Bachelet, ex presidenta de Chile, dijo.

"Detener a un niño, incluso por períodos cortos en buenas condiciones, puede tener un impacto grave en su salud y desarrollo. Considere el daño que se está haciendo todos los días al permitir que esta situación alarmante continúe".

Los centros de detención albergan a miles de migrantes, muchos de los cuales huyen de la violencia y la pobreza en América Central. Bachelet instó a las autoridades a encontrar alternativas sin custodia para niños y adultos. "Cualquier privación de libertad de los migrantes adultos y refugiados debe ser una medida de último recurso", dijo. “En la mayoría de estos casos, los migrantes y los refugiados han emprendido viajes peligrosos con sus hijos en busca de protección y dignidad y alejados de la violencia y el hambre.
“Cuando finalmente creen que están a salvo, pueden encontrarse separados de sus seres queridos y encerrados en condiciones indignas. Esto nunca debería suceder en ninguna parte”.

Los equipos de la oficina de derechos humanos de la ONU en México y América Central han documentado numerosas violaciones de derechos y abusos contra los migrantes en movimiento, incluido el uso excesivo de la fuerza y la separación familiar. Las políticas introducidas a fines del año pasado requieren que la Patrulla Fronteriza realice controles médicos secundarios a todos los niños bajo el cuidado y la custodia de Aduanas y Protección de Fronteras, con especial atención a los niños menores de 10 años.

Bachelet también condenó las acciones contra personas y organizaciones que brindan a los migrantes agua, alimentos, atención médica y refugio. "La provisión de asistencia para salvar vidas es un imperativo de derechos humanos que debe respetarse en todo momento y para todas las personas necesitadas; es inconcebible que aquellos que buscan brindar dicho apoyo corran el riesgo de enfrentar cargos penales", dijo.

Scott Warren, de 36 años y residente de Arizona, quien brindó ayuda a los migrantes, será procesado nuevamente después de que un jurado el mes pasado no pudo llegar a un veredicto, y enfrenta hasta 20 años de prisión por "proteger" a los hombres de las autoridades estadounidenses.

Por Jane Dalton*

*De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Pagina/12
Traducción: Celita Doyhambéhère

Publicado enInternacional
 Carrie Lam, durante la conferencia de prensa. En vídeo, las declaraciones de Lam. T. SIU REUTERS

Los convocantes de las manifestaciones siguen considerando insuficientes las garantías de la ministra principal

 

 

Dos días después de una nueva manifestación masiva en Hong Kong, la jefa del gobierno autónomo, Carrie Lam, ha lanzado un nuevo gesto conciliador. El polémico proyecto de ley de extradición, origen de esta ola de protestas y que por primera vez hubiera permitido entregar sospechosos a China, “está muerto”, ha sostenido la ministra principal. Pero, de nuevo, ha evitado confirmar la retirada definitiva de la medida, ahora suspendida sine die, y los grupos convocantes de las marchas han dejado claro que la rama de olivo les sigue pareciendo insuficiente.

La ministra principal había anunciado la suspensión del proyecto de ley el 15 de junio, tres días después de que la Policía dispersara por la fuerza una concentración de decenas de miles de estudiantes que intentaba impedir la tramitación. Entonces, Lam aseguró que esa suspensión equivalía a “matar” el proyecto de ley, pues ya no habría tiempo material ni voluntad para retomarlo durante la actual legislatura, que expirará a mediados de 2020.

En una rueda de prensa antes de reunirse con sus asesores en la sede del Ejecutivo autónomo, Lam reconoció que el trabajo de su gobierno en el proyecto de ley ha sido un “completo fracaso”. “Sigue habiendo dudas sobre la sinceridad del gobierno o preocupaciones acerca de que el gobierno vaya a reiniciar el proceso (de tramitación) en el legislativo”, explicó. “Así que lo reitero: no existe tal plan, el proyecto de ley está muerto”.

Pero la ministra jefe no declaró explícitamente la retirada de la medida, como le exigen los manifestantes. Sin esa declaración, sostienen, el gobierno puede volver a ponerla sobre la mesa cuando quiera.

Desde el 9 de junio, los hongkoneses se han manifestado en cuatro grandes marchas, dos de ellas por encima del millón de participantes según sus organizadores, contra el proyecto de ley. Pero ante la resistencia de Lam a declarar retirada la medida, la protesta se ha ido ampliando y se ha convertido en la peor crisis que China ha afrontado en su territorio autónomo desde que el Reino Unido le traspasó la soberanía en 1997.

Ahora las exigencias incluyen también la apertura de una investigación independiente sobre abusos de la Policía en la disolución de las manifestaciones; garantías de que no se encarcelará a los detenidos en esas concentraciones y que no se etiqueten las protestas como “disturbios”, algo que puede acarrear hasta diez años de cárcel para sus protagonistas; dimisión de la propia Lam y reforma democrática del sistema de elección del jefe de gobierno. El 1 de julio, para exigir el cumplimiento de estas demandas, centenares de estudiantes tomaron durante tres horas la sede del legislativo hongkonés.

En su rueda de prensa este martes, Lam reiteró que se abrirá una investigación sobre el comportamiento policial; pero solo de nivel interno, no encabezada por un juez como reclaman los manifestantes. Pero sí "publicaré el resultado del informe, para que todos puedan saber qué ha ocurrido este último mes. Los que participaron, tanto manifestantes como policías, podrán presentar pruebas".

Lo que ocurra con las varias decenas de detenidos, sostuvo, dependerá de los tribunales. También precisó que no ha habido una declaración oficial de “disturbios”, una etiqueta que solo se ha aplicado al comportamiento de algunos.

Está dispuesta, según confirmó, a abrir un diálogo público con los jóvenes manifestantes. "Tenemos que escuchar a las generaciones más jóvenes y de diferentes sectores para saber qué es lo que piensan", admitió, al reconocer que los acontecimientos del último mes "reflejan que hay problemas más profundos" y hay que "trabajar para solucionarlos".

No hizo mención alguna a la posibilidad de dimitir o de cesar a alguno de sus ministros implicados en el embrollo. En cambio, pidió "una oportunidad, tiempo y espacio" para que Hong Kong regrese a la normalidad.

Las organizaciones que representan a los manifestantes han considerado las declaraciones de Lam muy insuficientes. En una rueda de prensa en el exterior de la sede del legislativo, el Frente de Derechos Civiles y Humanos de Hong Kong, que ha convocado tres de las cuatro grandes marchas, indicó que la ministra jefe se ha limitado a repetir la posición que mantiene desde el día 15, sin cambios significativos.

“No por repetir una cosa una y otra vez se convierte en algo mejor”, subrayó la portavoz del Frente Bonnie Leung. “Sigue rechazando retirar la ley. La palabra ‘muerta’ no tiene ningún significado legal”.

En un comunicado, el partido Demosisto, fundado por el antiguo líder estudiantil Joshua Wong, exigió que se declare retirado el proyecto de ley y “se prometa que el proceso de tramitación legislativa no se retomará en el futuro”.

También subraya que “el gobierno ha empujado a los representantes de los jóvenes a la oposición, eliminando sus derechos humanos básicos y sus libertades políticas metiéndoles en la cárcel y descalificándoles (como candidatos electorales). Si el gobierno desea reparar esta relación, el secretario de Justicia debe comprometerse a no presentar cargos contra los manifestantes jóvenes y no privar más a las jóvenes generaciones de sus candidatos y de su participación en el proceso electoral”.

Por, Macarena Vidal Liy

Pekín 9 JUL 2019 - 03:26 COT

Publicado enInternacional
Ley de Regiones, ¿para la descentralización y el desarrollo territorial?

La Ley de Regiones es casi una realidad en Colombia, de ser refrendada por Duque, vendrán cambios en toda la estructura administrativa del país. ¿En qué consiste esta Ley? ¿Cuáles son sus implicaciones?

 

En abril del año en curso surtió conciliación en el Senado el articulado del proyecto de ley No. 258 de 2018 –Cámara– y 182 de 2017 –Senado– “Por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la Región Administrativa de Planificación, se establecen las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial y se dictan otras disposiciones, en desarrollo de los artículos 3016 y 3017 de la C.P” ampliamente conocido como “Ley de Regiones”.

Esta iniciativa, surgida a comienzos del año 2017, luego de surtir cuatro debates en comisiones y plenarias de Cámara y Senado, fue aprobada y está a la espera de sanción presidencial para entrar en vigencia.

 

 

Implicaciones de la Ley de Regiones

 

Como su nombre lo indica, este proyecto de Ley pretende fortalecer las Regiones Administrativas de Planificación (RAP) y fijar condiciones para su posterior conversión en Regiones Entidad Territorial (RET). Las RAP son una forma asociativa entre dos o más departamentos, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio, con el fin de promover acciones para el desarrollo regional, propender por la articulación de la planeación entre las distintas Entidades Territoriales que la conforman y velar por una visión regional en los distintos planes, programas y proyectos que se adelanten para el desarrollo del país.

Las RET, por su parte, implican un mayor desarrollo en su alcance, puesto que constituyen una nueva instancia institucionalizada de ordenamiento y organización político administrativa del país, en forma de Entidad Territorial –al igual que los municipios y departamentos–, lo que implica disposiciones orgánicas y arreglos institucionales en definición de competencias, articulación con otros niveles político administrativos, y el establecimiento de fuentes de financiamiento que pueden provenir del Presupuesto General de la Nación, de recursos de las Entidades Territoriales que las conforman, o de la generación de recursos propios, las cuales tendrían que garantizar su funcionamiento como una nueva estructura administrativa de ordenamiento y de instancias burocráticas implícitas en su conformación y desarrollo.

 

Discusiones entorno al proyecto de Ley

 

El proceso de sanciones y debates en torno al proyecto de ley desde su primera ponencia, atravesó diferentes modificaciones a partir de distintas disposiciones fiscales y discusiones frente a las implicaciones que tendrían algunas de las propuestas planteadas en sus inicios, que vale la pena traer a colación en tanto brindan una idea de las intenciones iniciales con que surge esta iniciativa.

Mientras el actual articulado aprobado deja claro que de ninguna manera la constitución de las RAP o las RET podrán generar presiones de financiamiento provenientes directamente de los recursos del Presupuesto General de la Nación o podrán modificar la asignación del Sistema General de Participaciones, las primeras propuestas de articulado ponían de manifiesto su interés en que esto fuera posible, especificando la necesidad de que los gastos de funcionamiento de las nuevas estructuras administrativas fueran garantizados por las transferencias de la Nación, lo cual implicaba el sostenimiento de una Gobernación y una Asamblea Regional como nuevas estructuras burocráticas, sin hallar una relación necesaria con los objetivos principales de planificación y gestión del desarrollo.

Ahora bien, cabe resaltar que la figura de las RAP definidas en el proyecto de ley aprobado, no son innovadoras sino que se implementaron incluso desde la expedición de la ley 1454 de 2011 que dicta normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial del país, estableciendo las RAP como esquemas asociativos regionales que no generan presiones en el presupuesto nacional o en creación de nuevas instancias burocráticas, y que respondan a objetivos de planificación y gestión del desarrollo regional por medio de la devolución de competencias y recursos del nivel nacional al territorial.

Debe resaltarse que luego de 8 años de su implementación, las RAP no cuentan con evaluaciones técnicas ni experiencias claras de su puesta en marcha, siendo un modelo incipiente que presenta distintos retos para su consolidación y que, además, debería ser la evaluación de estas experiencias la que permitiera el análisis de las realidades territoriales locales, el entendimiento de sus propias dinámicas de desarrollo y sus necesidades de planeación, para luego determinar las estructuras administrativas que lo posibiliten y no de manera contraria como se propone.

En este sentido, cabe preguntarse si el logro de la dinamización de la planeación y el desarrollo territorial, de manera real y efectiva, depende de la creación de estructuras administrativas en niveles superiores de gobierno que definan las estrategias de desarrollo regional, o si más bien debería ser la definición propia de los espacios territoriales locales por medio de su fortalecimiento, quienes permitieran la construcción de una visión de planeación para el desarrollo que responda a sus propias dinámicas socio-económicas, culturales, geográficas y en especial funcionales, para que a partir de ellas puedan generar alianzas estratégicas con otros territorios locales, sin depender de su delimitación geográfica territorial sino de la pertinencia de su asociatividad de acuerdo a los objetivos que persigan.

Por otro lado, a pesar del cambio en las pretensiones de financiamiento por parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el funcionamiento de las RAP y las RET, y las definiciones de financiamiento centradas en la disposición de recursos de las Entidades Territoriales que las conforman, así como de recursos de cofinanciación, aún queda la inquietud frente a los mecanismos de concurso para la asignación de recursos para los proyectos de inversión definidos por cada una de las regiones, puesto que podría poner en desventaja a aquellas regiones que por su capacidad institucional no cuenten con ciertas fortalezas en la generación de proyectos de inversión bien formulados o. incluso, en la supeditación de objetivos locales de desarrollo territorial a costa de intereses e influencias más fuertes presentes en las amplias estructuras territoriales que implican las regiones.

 

El paso de las RAP a la constitución como RET

 

Lo anterior no pretende poner en duda la pertinencia del espíritu de desarrollo regional y las necesidades que el país presenta en esta materia, sino cuestionar los mecanismos institucionales y de ordenamiento que se dispongan para tal fin. Así, pese a que las RAP pueden traer beneficios para el desarrollo del país –como espacio para la planificación y gestión del desarrollo territorial–, lo que en este proyecto de ley llama principalmente la atención y genera múltiples dudas, es el paso de las RAP a su constitución como RET.

De ahí la necesidad de resaltar que una nueva forma de ordenamiento político administrativo en un nivel superior al departamental, puede generar novísimas presiones fiscales y burocráticas, y en un contexto real del país, es evidente que aún falta mucho camino para el alcance de autonomías locales y la consolidación efectiva de la descentralización, una pretensión que debiera pasar por el estimulo a la participación plena de la ciudadanía en la definición de proyectos de inversión que respondan a la identificación de sus propias necesidades para la transformación efectiva de su cotidianidad. De así avanzar, construyendo una visión de desarrollo local que parta de la participación democrática de sus habitantes, le estaríamos dando paso a una democracia cada vez más renovada, donde lo formal se someta a lo real, es decir, donde más allá de elegir a sus gobernantes de cualquier nivel administrativo, el ciudadano de a pie sienta los beneficios de la participación decisoria en todos los aspectos de su cotidianidad. Solo así, por ejemplo, podrían crearse barreras efectivas contra la corrupción, a la vez de construir vías de desarrollo acordes a su contexto.


Así mismo, solo basta con echar un vistazo a las debilidades territoriales para generación de recursos propios, a las generalizadas deficiencias en materia fiscal representadas en la calidad del gasto o su capacidad de recaudo de ingresos diferentes a los provenientes del origen nacional, a la baja capacidad en materia de planeación para la construcción de proyectos de inversión adecuados que superen la visión cortoplacista de los distintos gobiernos, o a los múltiples conflictos en torno a los títulos y delimitación de territorios así como su concentración en propiedad.

En este camino de búsquedas y fracasos, basta con recordar lo vivido con los procesos de municipalización y definición de formas claras de organización político administrativa en las áreas no municipalizadas del país, que abarcan nada menos que cerca de una cuarta parte del territorio nacional en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés; o mejor aún, cuando al cabo de 28 años de la celebración de la Constitución del 91, que abre paso a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas “ETI”, que serían definidas en la Ley de Ordenamiento Territorial, se expide esta última en 2011 sin referencia alguna frente a este punto, poniendo de manifiesto el constante desinterés y falta de voluntad de gobierno para el respeto por la autonomía, derechos y garantías a los pueblos indígenas del país.

Ante estas realidades y dilemas, es urgente estar al tanto de que la implementación de las RAP realmente resulte aportando de manera efectiva a la dinamización del desarrollo territorial, a la superación de brechas de desarrollo en los territorios, a la consolidación del proceso descentralizador del país, y a la generación de nuevas autonomías que permitan una mejor planificación y ejecución de proyectos de inversión con visión regional. Pero, en especial, debería esperarse que el paso a las propuestas RET se de a partir de una evaluación realista de la experiencia de implementación y efectividad de las RAP.


Estamos ante el último paso que debe surtir este proyecto para transformase en Ley, y existe expectativa por la decisión que tomará Duque frente al mismo, aunque es previsible su aprobación por lo jugosa que resulta la oportunidad de potenciar su acumulado político a partir de las banderas siempre pretendidas de descentralización y autonomía, así como de sus proclamas presentes desde el inicio de su campaña en pro de la construcción de un país de regiones. Al final de este debate de varios años, esto es lo determinante, a un lado quedan participación, democracia real, autonomía, mejoramiento de lo administrativo, y autodeterminación propia de la visión de desarrollo regional, así como otros tópicos indispensables de considerar para que el país camine por la senda de la construcción democrática del territorio, dejando a un lado la senda requerida por instancias superiores burocráticas de gobierno.

 

* Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de maestría en Estudios Políticos del mismo centro de estudios.

Publicado enColombia
Sábado, 06 Julio 2019 06:47

La guerra eterna es un buen negocio

La guerra eterna es un buen negocio

El mejor negocio que hicieron las fuerzas armadas de Estados Unidos en su vida fue la guerra contra el terror. Los extremistas que destruyeron las torres gemelas y Osama bin Laden le solucionaron a los militares un problema que parecía imposible, cómo hacer que los presupuestos de defensa aumentaran eternamente sin importar si había guerra o paz, si se combatía una amenaza existencial o una insurgencia. Desde 2001, Washington se considera en guerra y los demócratas decidieron ser tan “patriotas” como la derecha. El gasto militar norteamericano se fue totalmente de madre y nadie tiene la menor idea de cómo frenar un proceso ruinoso.

Las cifras involucradas en este proceso son espectaculares. El presupuesto de defensa votado en 2018 tocó la barrera simbólica de los 700.000.000.000 de dólares. En este 2019, propios y ajenos le levantaron la mano obedientes a Donald Trump y votaron 716.000 millones. Y para el año que viene ya se discute darle a los de uniforme 750.000. Esto es mucho, mucho más de lo que gastan en armarse las ocho siguientes naciones más gastadoras: China, Arabia Saudita, Rusia, Francia, India, Gran Bretaña, Alemania y Japón. Y eso que Rusia es el único país capaz de materialmente exterminar a los Estados Unidos con su arsenal nuclear.

Quienes defienden esta madre de todas las batallas presupuestarias señalan que el Tío Sam es tan rico que puede darse estos lujos y muchos más. Técnicamente, es cierto, porque el gasto en defensa apenas llega al cuatro por ciento del PBI nacional y en términos históricos es bajo. Hacia el final de la segunda guerra mundial, Estados Unidos gastaba el cuarenta por ciento del PBI en derrotar al Eje. En la guerra de Corea se gastaba nada menos que el quince por ciento, y al comienzo de la de Vietnam se ponía con el diez por ciento, una baja que mostraba cuánto había crecido la economía.

Pero esto, cierto como es, es también un truco contable. Para comenzar, hay que tener en cuenta que si un país tiene una buena década y crece, digamos, el treinta por ciento, no tiene por qué subir su gasto militar treinta puntos. Si no hay amenazas claras, puede seguir gastando la misma cifra fija y bajar el porcentaje del PBI que se le va en esas cosas. Es lo que explica la diferencia entre Corea y Vietnam: una década de gran crecimiento para los americanos. Y es lo que explica que al terminar Corea el ejército se achicó y el presupuesto bajó un veinte por ciento en dinero constante, como lo hizo un treinta después de Vietnam y 26 puntos al terminar la guerra fría en 1990. Esa reducción, junto a la eliminación de 600.000 tropas para ahorrar, fue llevada a cabo por halcones como George Bush padre, Dick Cheney y Colin Powell, nada menos.

Lo que sabían estos duros conservadores es que no importa realmente cuánto se gasta del PBI sino cuánto se gasta del presupuesto nacional. Y aquí viene el milagro: el gobierno de los Estados Unidos gasta ahora casi exactamente el 60 por ciento de su presupuesto de libre disponibilidad en los militares. Esto quiere decir que fuera de lo que está obligado a hacer por ley –pagar los sueldos, atender la deuda nacional, pagar las jubilaciones oficiales- sesenta centavos de cada dólar se van a los uniformes.

Hay que imaginar la situación: todo lo demás que hace un gobierno se lleva el vuelto. La Nasa, el FBI, la CIA, los parques nacionales, el servicio diplomático, la guardia costera, la guardia de fronteras, los entes de seguridad de alimentos, de telecomunicaciones y de medicamentos, los entes que supervisan aerolíneas, bancos y bolsas, toda la infraestructura nacional, la justicia federal, la ayuda humanitaria, migraciones y el largo etcétera de tareas de un gobierno nacional, viven de lo que les dejan los militares. A dólares valor constante, ajustados por inflación y corrigiendo el valor adquisitivo desde 1945, es de lejos el mayor presupuesto militar desde la rendición de Hirohito.

Y aquí hay que anotar que este presupuesto no incluye la vasta red de servicios médicos a los ex combatientes, que tiene su propia Secretaría y fondos, ni las importantes sumas que reciben universidades y otras instituciones públicas y privadas para investigar y desarrollar tecnologías de uso militar o mixto. Esto también se paga, y bien, por cuerda separada.

¿Cómo puede ser que se gaste tanto? Una razón es que Estados Unidos descubrió que defenderse, aunque sea de fantasmas, es un espectacular negocio para gente bien conectada. Así, un portaaviones nuclear llegó a costar trece mil millones de dólares, un trece seguido de nueve ceros. Un avión de combate F35, sale por apenas noventa millones, con lo que se compran como si fueran caramelos. Nadie tiene ya la menor idea de cuánto deberían valer estos sistemas de armamentos y cualquier comparación con armas similares rusas o chinas es descartado con un “los nuestros son mejores”. Es cierto, pero ¿tanto mejores?

El Estado no sólo es socio de la industria de armas como comprador y como inversor en el desarrollo técnico de estas armas, sino que vive presionando a propios y ajenos para que las compren. Eso explica que los sauditas, tan quemados últimamente, sean bien recibidos en la Casa Blanca, donde llegan portando enormes cheques para comprar armas que ellos tampoco necesitan.

La falta de límites a este desmadre económico es ya un sistema bien armado, en el que el Congreso sólo piensa en quedar bien con sus votantes locales. Es lo que explica que no se pueda cerrar una base en territorio soberano, aunque no sirva para nada, porque cada base provee empleo directo o indirecto a los vecinos. Y es lo que explica que los militares ya no sepan cómo pedirle al Congreso que deje de obligarlos a comprar tanques: ya tienen más de seis mil, muchos más de los que van a necesitar jamás, más de los que tenía Hitler para invadir la Unión Soviética. Cada tanque es caro de comprar, de mantener y hasta de usar.

Los militares, por su parte, se acostumbraron a este desmadre y ni se molesta en rendir cuenta. Ya en 1990, el primer presidente Bush firmó una ley que ordenaba a cada ministerio presentar una contabilidad exacta de sus gastos a partir de 1992. Los militares lo lograron recién el año pasado, después de hacerle un contrato a una firma civil de 450 millones de dólares. El informe muestra un panorama caótico, un Pentágono básicamente incapaz de saber cuánto gasta y en qué, con una burocracia monstruosa. Los norteamericanos tienen uno de los ejércitos menos eficientes del mundo y son casi campeones en eso de tener el mayor número de no combatientes respecto a las tropas de combate.

De alguna manera, no asombra que en los 18 años de guerra en Afganistán e Irak, Estados Unidos haya gastado más que en derrotar a los alemanes y los japoneses, incluyendo el desarrollo de la bomba atómica, nuevamente en dólares ajustados. Y tampoco asombra que después de tanto gasto, haya tan poco que mostrar como resultado.

Publicado enInternacional
Página 1 de 104