LO QUE DEBERÍA HACERSE

Existe hoy en el mundo un grave problema. La tasa de crecimiento económico de EEUU y de la Unión Europea (UE) -que representan la mitad de la economía mundial- ha descendido de una manera muy notable. En realidad ambos continentes tuvieron, incluso, un crecimiento negativo del cual se están recuperando muy lentamente, primero EEUU y ahora los países de la UE-15. El crecimiento en este último grupo de países es muy bajo, bastante menor que el de EEUU, aunque éste tampoco puede echar campanas al vuelo todavía. En Mayo se crearon sólo 20.000 nuevos puestos de trabajo en EE.UU., comparados con los 217.000 del mes anterior. En cambio, varios países en vías de desarrollo están creciendo de una manera muy acentuada, y el que más crece es China, nada menos que un 8,7% al año (en 2009). China, pues, es el que crece más y muy por detrás está EEUU, y bastante más atrás está la UE. ¿Por qué este gradiente de crecimiento? La respuesta es fácil de ver y tiene dos componentes. Uno es el estímulo económico y la forma en que se está realizando tal estímulo. China se gastó el 8% del PIB en inversiones públicas encaminadas a crear empleo. EEUU un 5%, con un tipo de estímulo que favoreció la creación de empleo público y privado. En cambio, en la UE el estímulo fue mucho menor (2,3% del PIB) y consistió predominantemente en rebajas de impuestos que tienen escaso impacto en la creación de empleo. En EEUU, voces influyentes como la del consejero económico del presidente Obama, el Sr. Larry Summers, están pidiendo ahora un segundo estímulo de 200.000 millones de dólares (los sindicatos –AFL.CIO- están pidiendo 400.000 millones de dólares). En la UE, en cambio (aunque sea difícil de creer), se está reduciendo el gasto público, lo cual es una larga nota de suicidio económico. Pero como las economías no mueren (es decir, no se colapsan), a no ser que alguna fuerza las empuje para que se caigan y sean sustituidas por otro sistema (lo cual no es probable que suceda), entonces lo que probablemente ocurrirá es que crecerán muy poco con un sacrificio generalizado entre las clases populares. Por cierto, es posible que esto ocurra también en muchos países presionados por el FMI, el mayor portavoz neoliberal, que está imponiendo recortes muy sustanciales de los gastos públicos, condenando –como denuncia un informe reciente de UNICEF- a la miseria a aquellos países (ver la segunda parte de este artículo).

El otro componente de la respuesta es que el grado de recuperación de un país depende del grado de control que el estado tenga sobre el capital financiero. A mayor control, mayor recuperación. El Estado chino controla el sector financiero, mientras que en la UE, es al revés, el sector financiero parece controlar los Estados. Lo que debería hacerse es que el Estado controlara al sector financiero. Sin que ello ocurra, es difícil predecir una rápida recuperación.

Lo que estoy diciendo es obvio, pero que sea obvio no es garantía de que se haga, pues hacerlo implica una voluntad política de enfrentarse al capital financiero, que es a lo que los políticos de la UE no se atreven. En su lugar, sacan agallas y se enfrentan a los más débiles. Lo que Joseph Stiglitz ha definido como enfermiza obsesión europea con los mercados laborales, quiere decir que el capital financiero continúa muy fuerte y el mundo del trabajo continúa muy débil en los países de la UE. Ahora bien, tales reformas no tendrán ningún impacto sobre la disminución del empleo -el mayor problema de la UE-. Todo lo contrario, lo perjudicarán.

LO QUE REALMENTE ESTÁ OCURRIENDO EN LA UE

Estamos viendo que en España y en la Unión Europea se están desarrollando las políticas neoliberales que los grandes grupos empresariales y financieros han deseado que se realizaran durante muchos años y que, ahora, aprovechando la crisis (que las empresas financieras crearon), están presionando a los Estados para que éstos las impongan a las clases populares. La “crisis” es la excusa para, por fin, poder reducir el estado del bienestar y desregular los mercados de trabajo y, con ello, debilitar a los sindicatos, y así conseguir una disminución de los salarios. Para alcanzar lo primero –la reducción del estado del bienestar- se está utilizando el argumento de la disciplina fiscal, que para ellos significa la eliminación del déficit fiscal del Estado y la disminución de su deuda pública a base de reducir el gasto público (incluyendo el gasto público social). Para alcanzar lo segundo (debilitar los sindicatos y bajar los salarios), se subraya la necesidad de aumentar la competitividad a fin de poder estimular la economía mediante las exportaciones de los productos nacionales. En este esquema, las voces neoliberales –que solían utilizar a Estados Unidos como su punto de referencia- ahora toman a Alemania como modelo, presionando para que los países de la UE copien sus medidas. En aquel país, las rentas del trabajo han disminuido muy acentuadamente a costa de un exuberante crecimiento de las rentas del capital, basadas en la banca y en las empresas exportadoras.

Estas medidas neoliberales se presentan como necesarias para salir de la crisis. Sin ellas, supuestamente, los países de la UE –incluyendo España- no saldrán de la crisis en la que se encuentran. Es importante ser consciente de que las mismas voces neoliberales utilizaron los mismos argumentos antes de que se presentara la crisis. Si leen, como yo hago, los documentos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo y del Banco de España, así como los informes de la OCDE y de la patronal española, verán que estas recetas neoliberales se han estado implementando desde los años ochenta. Sus documentos son extremadamente previsibles. Leído uno, leídos todos. Todos han estado diciendo lo mismo. El último documento es un informe del Deutsche Bundesbank que no tiene desperdicio. Dice que, a no ser que tales políticas se apliquen, la economía europea se hundirá. Y promueven, una vez más, las políticas neoliberales, con el respaldo del FMI. Parece que, por fin, lo han conseguido.

LAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS DEL FMI Y DE LA UE

La Unión Europea –dominada por la banca alemana y la banca de los otros países del centro de la UE-15-, asistida por el Fondo Monetario Internacional, ya ha estado aplicando estas políticas desde hace años en los países bálticos como condición para admitirlos en la Eurozona. Los resultados han sido desastrosos. Se calcula que el PIB de estos países se reducirá un 20% desde que tales reformas se iniciaron en 2007. Ningún país (desde que EEUU perdió el 25% de su PIB durante la Gran Depresión) ha experimentado una situación semejante. El FMI asume con excesivo optimismo y falta de realismo que tales economías se recuperarán. Pero incluso utilizando sus proyecciones, reconocen que en Lituania el PIB será en 2014 un 7,1% más bajo que el del año 2007; en Estonia un 9,1%; y en Letonia un 14%. Mientras, en todos ellos el desempleo se ha disparado y está entre el 15% y el 20%. Estas recetas, por cierto, han dado siempre los mismos resultados en todos los países en que se han llevado a cabo. Latinoamérica es el continente que más las ha sufrido como consecuencia de que el FMI impuso sus recetas a un gran número de países, siendo los casos más conocidos los de Argentina y Bolivia. En aquellos países la intervención del FMI determinó un descenso del PIB y un aumento espectacular de la pobreza. En realidad, estos casos son ejemplo de políticas enormemente impopulares, por ser dañinas para los intereses de las clases populares, siendo a la vez, sumamente ineficientes. De ahí el enorme desprestigio del FMI (que llegó a cuestionarse incluso el valor de su permanencia) y el surgimiento de gobiernos de izquierda, que prácticamente expulsaron al FMI de sus países. Argentina, con el gobierno Kirchner en 2001, cambió radicalmente sus políticas económicas, abandonando las políticas neoliberales del FMI, y en lugar del desastre que el FMI había vaticinado, después de seis meses desde el inicio de políticas keynesianas, creció un 9% durante los siguientes seis años. En 2008 la economía argentina había crecido enormemente, habiendo aumentado su tamaño un tercio de su volumen.

Una situación semejante ocurrió en Bolivia, donde el Gobierno Morales cambió radicalmente de políticas, pasando de políticas neoliberales a políticas tradicionalmente expansivas de gasto público, nacionalizando a la vez el gas y el petróleo. Bolivia es hoy uno de los países con mayor crecimiento en América Latina.

¿Por qué estas políticas neoliberales tan nocivas continúan proponiéndose? La explicación que se ha dado con mayor frecuencia es la persistencia de un dogma –el dogma neoliberal reproducido en el Consenso de Washington y su versión europea, el Consenso de Bruselas- en los forums financieros y las instituciones políticas que influencia. Pero la pregunta que debe hacerse es por qué esta ideología continúa promoviéndose. Y la respuesta es obvia. Estas políticas se continúan implementando porque sirven a los intereses de las clases financieras y empresariales. El hecho de que consideren que la reducción del déficit y de la deuda es el objetivo más importante de sus políticas es porque la reducción de la protección social y el elevado desempleo debilita enormemente a la clase trabajadora, y les refuerza a ellos, aumentando sus beneficios. Como consecuencia de las políticas neoliberales, las rentas del capital han aumentado alcanzando niveles sin precedentes y las rentas del trabajo han descendido. Y esto es lo que cuenta para ellos. Todo lo demás es secundario.

Pero para poder hacerlo, necesitan presentar tal práctica como necesaria, siendo asistidos en esta labor por instituciones neoliberales que configuran la sabiduría convencional económica, promovida en la mayoría de medios de información y persuasión, ocultando a la vez realidades bochornosas que muestran no sólo sus incompetencias sino también sus incoherencias. El FMI, que está imponiendo a los países enormes sacrificios salariales y grandes reducciones de los beneficios sociales (tales como retrasar la edad de jubilación) paga a sus funcionarios salarios astronómicos (a pesar de sus claras deficiencias), permitiéndoles que se jubilen a los 51 años (si, lo ha leído correctamente, 51 años) pagándoles pensiones que sobrepasan los 100.000 dólares estadounidenses. No hace falta añadir más comentarios. 

Por Vicenç Navarro
Sistema Digital
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Miércoles, 30 Junio 2010 07:36

Madrid colapsó por una huelga del metro

Una virulenta huelga en el servicio de subterráneos dejó ayer paralizada la capital española. Los sindicatos se negaron a poner en marcha los servicios mínimos, la policía intentó infructuosamente asegurar al menos el servicio que conecta la ciudad con el aeropuerto y el gobierno de centroderecha que gobierna la región anunció sanciones a los trabajadores. En el País Vasco un paro general culminó con tres detenidos y multitudinarias manifestaciones en los grandes núcleos urbanos. Desde las centrales sindicales advirtieron al gobierno socialista que lo visto es apenas un anticipo de lo que se espera en septiembre, cuando se lleve a cabo la primera huelga masiva contra la administración de Rodríguez Zapatero.

La huelga había sido decidida la noche anterior en una áspera asamblea sindical y el motivo principal es el rechazo de los sindicatos al recorte del cinco por ciento de los salarios aplicado por el gobierno de Esperanza Aguirre, auténtico halcón del Partido Popular con aspiraciones presidenciales. Los trabajadores decidieron ignorar la obligación legal de mantener servicios mínimos, algo inusual y calificado por la prensa local de “medida salvaje”, lo que transformó a Madrid en un auténtico infierno. La red de subterráneos es una de las más grandes del mundo y mueve cada día 2,2 millones de viajeros. Sin ella, la ciudad colapsó.

La respuesta del gobierno local, en coordinación con el ministro del interior de Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue desplegar una cantidad inusual de policías e intentar infructuosamente mantener el contacto con el aeropuerto internacional de Barajas. A dos días del comienzo del mes de julio, inicio de la temporada veraniega en la península, el paro afecta los intereses turísticos, núcleo duro de la golpeada economía española.

Mientras los sindicatos anunciaban que la huelga había sido un éxito absoluto –no circuló ni un solo metro durante muchas horas– y exhibían su voluntad de continuar hoy con ella, el gobierno nacional tenía que hacer frente a otro conflicto, esta vez un masivo paro general en todo el País Vasco motorizado por los sindicatos nacionalistas. A tono con la tradición política vasca, a la huelga no le faltó nada: piquetes en las entradas de polígonos industriales y grandes empresas, carreteras cortadas, una catenaria de ferrocarril saboteada, escaramuzas con la policía, manifestantes detenidos. Cada vez está más claro que con la llegada del verano no sólo se ha recalentado la atmósfera. Según los sindicatos regionales, el paro tuvo un seguimiento del 75 por ciento, el gobierno socialista en Bilbao lo cifró en el 22 por ciento de la actividad privada y un 8,65 por ciento en la administración pública.

Por si no fueran suficientes los problemas, las huelgas de ayer sorprendieron al gobierno del PSOE mientras se encontraba enredado en la áspera disputa política que se ha abierto entre sus propias filas a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto parte del estatuto autonómico de Cataluña. La reforma del “estatut” es una fuerte apuesta electoral de los socialistas que gobiernan en Barcelona y que aspiran a renovar mandato en las elecciones de la próxima primavera y el texto había sido impugnado ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular. Luego de años de disputa y fallos que nunca llegaban a buen puerto, el lunes se conoció al fin la sentencia que ha dejado satisfecho a Zapatero, preocupado al PP y muy enojados a los socialistas catalanes, que la “acatan pero no aceptan”.

Con grandes frentes políticos y sociales abiertos, a nadie le sorprendió la caída de la Bolsa de Valores. El Ibex madrileño cayó ayer el 5,45 por ciento, la tercera mayor caída de un año pródigo en descensos vertiginosos. La causa, según los principales analistas económicos, es la fragilidad de la banca privada. El BBVA, uno de los principales bancos del país, cayó el 7,24 por ciento y el Santander, un 6,79 por ciento.

Pero los españoles mucha cuenta no se dieron porque estaban esperando a su selección, que anoche se enfrentaba a Portugal. La espera ayudó a disimular molestias y temores de una jornada desquiciada, la primera de lo que promete transformarse en un caliente verano político en la península.

Por Oscar Guisoni
Desde Madrid
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Domingo, 01 Noviembre 2009 10:40

El laboratorio uruguayo

En las elecciones del domingo pasado en Uruguay votó 90 por ciento del electorado (o sea, sacando los ausentes, sobre todo en el exterior, prácticamente todos los que están en condiciones de votar). La principal incógnita, con vistas a la segunda vuelta, el último domingo de noviembre, es pues si los trabajadores uruguayos en Argentina son capaces de repetir el gran esfuerzo realizado e incluso de acudir aún en mayor número a las urnas (esta vez viajaron 40 mil de los 500 mil expatriados, sobre una población de 3.5 millones) y, secundariamente, si los votantes de Asamblea Popular lo harán ahora por el Frente Amplio (FA), y cómo se dividirán los votos del Partido Independiente entre la abstención, el voto en blanco, el frente de la derecha (Partido Nacional más los Colorados) e incluso el Frente Amplio. Porque el ex presidente Luis Alberto Lacalle, candidato del Partido Nacional (Blanco) y ahora de los Colorados, es muy resistido por su corrupción en las filas de su propio partido, y naturalmente entre los colorados, adversarios tradicionales de los blancos.

El FA obtuvo 47.96 por ciento de los sufragios y los dos partidos derechistas principales, unidos, 46.09. Por eso la gran campaña mediática, a escala internacional y nacional a favor de Lacalle y también para lograr que la derecha del Frente Amplio (representada por el candidato a vicepresidente, Danilo Astori) modere aún más su política y obligue a hacer lo mismo a José Pepe Mujica (con el pretexto de ganar votos centristas), alejando así a electores de izquierda que votaron en blanco o por Asamblea Popular.

Mario Benedetti, el gran escritor uruguayo recientemente fallecido, decía que su país era la única oficina pública que había ascendido al rango de República, queriendo significar con eso que la mayoría de la población depende directa o indirectamente del Estado y pertenece a las llamadas clases medias, urbanas o rurales (ya que su industria ha sido arrasada y la mayoría de los trabajadores industriales uruguayos están en el exterior). Pero eso no quiere decir que en Uruguay no haya lucha de clases, que en este caso se expresa en el apoyo popular al FA a pesar de la gran moderación de la candidatura y del gobierno del mismo y del neoliberalismo de Astori, el hombre que proponía, como ministro, un Tratado de Libre Comercio con Washington y reducir la acción del Mercosur, y al cual Mujica le da manos libres para la futura conducción económica.

Durante el siglo XIX y la mitad del siglo XX, en las guerras civiles que ensangrentaron Uruguay se enfrentaron los campesinos con la oligarquía comercial montevideana, aliada –y adversaria– de la de Buenos Aires. El capital estadunidense, argentino y brasileño posee los bancos, la mitad de la tierra y de las propiedades inmobiliarias, y controlando la mayoría de los medios, forma la opinión pública. El capital nacional, es cierto, es muy débil, casi inexistente. Pero la formación social no es plebeya ni clasemediera porque el capital internacional controla el país, que es un paraíso fiscal, como las islas Caimán, para los capitales que escapan a las regulaciones de sus respectivos gobiernos. Hay y siempre hubo una oligarquía, antinacional y ligada al capital extranjero. Y no existe una supuesta cultura plebeya sino la versión plebeya de la cultura conservadora de las clases dominantes.

El triunfo del No en el plebiscito para la anulación de la Ley de Caducidad (que es una amnistía real a los dictadores, torturadores y asesinos) y el rechazo a la concesión del voto a los obreros y otros emigrados, que representan casi un tercio de la población adulta total del país, expresa ese conservadurismo que pesa incluso sobre una parte de los votantes del Frente Amplio. Con dicho conservadurismo cuenta la derecha. En realidad, desde el punto de vista del balotage, todo reside en si la totalidad de los conservadores votará por los corruptos y reaccionarios o por la política más que moderada del FA.

Los capitalistas no se asustan ante la moderación del discurso democrático liberal de Pepe Mujica ni le temen al programa del Frente Amplio, el cual plantea como meta reproducir la política laica, progresista, nacionalista e industrialista del viejo Batlle y Ordóñez en la primera década del siglo pasado cuando en estos 100 años todo ha cambiado, en Uruguay y en el mundo.

Le tienen miedo, en cambio, al hambre de transformaciones sociales que anima a más de la mitad de los uruguayos, o sea a los que votaron por el Frente Amplio y a todos los obreros y trabajadores que no pudieron hacerlo porque están en el exterior. Temen también la presión que sobre la moderadísima fórmula Mujica-Astori pueden ejercer sus votantes y, también, los aliados del FA en los gobiernos del Mercosur que se defienden de un posible viraje diplomático si en Montevideo triunfase un gobierno proimperialista –al igual que en Chile– y si en Paraguay hubiese un golpe de tipo hondureño contra el frágil y jaqueado gobierno de Fernando Lugo.

De modo que los medios de derecha, uruguayos o internacionales, tratarán de consolidar y organizar la debilísima mayoría conservadora que se expresó en los plebiscitos para darle una base a Lacalle y fragmentar al Frente Amplio. Será por eso muy importante el aumento de la contrapresión de la politizada izquierda y de los trabajadores que harán de todo para asegurar el triunfo del Frente Amplio esperando que éste sea un gobierno de izquierda.

Por Guillermo Almeyra


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Mientras estudiaba medicina en Viena, Wilhelm Reich participó de un seminario de sexología. A partir de esa formación encontró que la teoría de Freud era la superación de todas las existentes. En 1920 pasó a ser miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Finalizó sus estudios en 1922 y, en el mismo año, se inauguró el dispensario psicoanalítico de Viena, donde atendió hasta 1930. La experiencia adquirida en el dispensario le brindó la posibilidad de realizar críticas técnicas sobre la terapéutica analítica, conducta que le valió la reacción negativa de algunos colegas.

El 15 de julio de 1927 se produjo una huelga y una concentración de trabajadores en Viena en la que la represión por parte de la policía dejó un saldo de cien muertos. Este episodio influenciaría fuertemente a Reich, que el mismo día ingresó a Socorro Obrero, organización del Partido Comunista. El sustrato de formación intelectual de Reich y sus lecturas de autores como Mehring, Kautski y Engels, sobre temas sociológicos y etnológicos, hicieron eclosión ante la experiencia de la realidad brutal e inmediata.

En 1929 creó la Sociedad Socialista de Consejo Sexual y de Sexología, conformada por cuatro psicoanalistas y tres ginecólogos. Así contó Reich su experiencia en ella: “Durante dos años, me vi hasta tal punto acosado por las experiencias abrumadoras de la miseria sexual del pueblo que me sentí presa cada vez más del conflicto que se suscitaba en mí entre el hombre de ciencia y el político; sobre todo, cuando los centros de higiene sexual me hubieran puesto en contacto con los hijos e hijas de obreros, de empleadas y campesinos” (Constantin Silelnikoff, La obra de Wilhelm Reich, Siglo XXI editores, México, 1971).

Esta asociación estaba dirigida a prevenir la neurosis. El pasaje de la terapéutica individual a la acción social se dio gracias al contacto con el sufrimiento y las patologías de la gente que acudía al dispensario psicoanalítico. La relación entre la producción social de las neurosis y la represión sexual fue cada vez más patente para Reich. Por lo tanto, en el año 1931, reunió varias de las organizaciones que se ocupaban de la sexualidad con el fin de politizarlas: podrían lograrse así mejores condiciones de vida para las masas. El PC alemán también participó en esta empresa, estuvo de acuerdo con el programa de Reich y le entregó la dirección. Así surgió la Asociación Alemana para una Política Sexual Proletaria, más conocida como Sexpol. La asociación intentaba “radicalizar la acción de las masas”, luchando contra el matrimonio y la familia burguesa como causantes de la represión sexual. Atacando radicalmente sus causas podrían prevenirse las neurosis.

Pero el éxito alcanzado por la asociación, y la manifestación de las inquietudes del pueblo en materia sexual, provocaron que el PC acusara a Reich de “sustituir la política económica por la política sexual” y tratara de desmantelar la organización. Tras la publicación de su libro Psicología de masas del fascismo, en 1933, fue expulsado del PC. Casi simultáneamente, fue excluido de la Asociación Psicoanalítica Internacional sin ninguna explicación por parte de sus autoridades. A partir de 1934 sus investigaciones se orientaron cada vez más a la búsqueda empírica de la libido, energía biológica que movilizaría al ser humano. En 1939 llegó a Estados Unidos, donde continuó sus investigaciones que lo llevaron a descubrir el orgón. Por negarse a destruir los acumuladores de orgón y las publicaciones de su instituto fue encarcelado y murió en prisión, de una crisis cardíaca, en 1957. El ser social de Reich lo condujo a ser el tipo de científico que fue en su primera etapa; las presiones y limitaciones le fueron impuestas desde varios flancos: fascismo, stalinismo y macarthismo.

Wilhelm Reich es un verdadero psicólogo social, porque parte de un análisis científico de la sociedad. Que la sociedad esté dividida en clases significa que los individuos no son todos iguales económicamente y, por lo tanto, la relación que cada uno tenga con las normas, reglas y representaciones depende de su pertenencia de clase. Si pertenece a la clase dominante, estarán hechas a su medida y estará en mejores condiciones para producirlas. Si es un obrero, estarán destinadas a evitar que tome conciencia de su condición de explotado y que actúe en consecuencia. Así, plantea una superación con respecto a la antonomía individuo-sociedad: no son los individuos autónomos e independientes los que producen las ideas entre todos, ni la sociedad en general, como un ente abstracto que ejerza coerción sobre la totalidad de las personas. Además, Reich estaba interesado –en su práctica médica como en su acción política revolucionaria– en erradicar el sufrimiento que en los sectores más vulnerables provocan las patologías psíquicas derivadas de la sociedad capitalista.

En Psicología de masas del fascismo plantea que la tarea de la psicología materialista dialéctica es “aprehender la esencia de la estructura ideológica y su relación con la base económica de donde ha surgido”; entender lo que él llama el “factor subjetivo de la historia”. El libro está dedicado a explicar por qué ganó el nazismo en Alemania, cuáles fueron las condiciones que posibilitaron que las masas pequeñoburguesas apoyaran su ascenso y por qué la clase obrera aceptó esto. Si bien nombra el fracaso de la II Internacional y la derrota de los levantamientos revolucionarios de 1918 a 1923 fuera de Rusia, su crítica está dedicada a las acciones del Partido Comunista: según Reich, como la dirigencia del partido no comprendía la estructura ideológica de las masas, no lograba una mayor inserción en la clase obrera.

Reich encontró en la estructura ideológica de la clase obrera la contradicción entre una postura revolucionaria y una traba proveniente de la atmósfera burguesa. La cuestión central era “averiguar qué es lo que impide el desarrollo de la conciencia de clase”. Ante este problema, Reich interpretó, en consonancia con las ideas freudianas, que la familia es la que cumple el rol de la represión sexual en los niños. Pero, a diferencia de Freud, quien creía que la represión sexual funda la cultura, Reich consideraba a la familia burguesa como “el primero y principal lugar de reproducción del sistema capitalista”. El resultado de esta represión perpetuada en el seno familiar sería la inhibición moral, que impide la revuelta contra la explotación por la burguesía.

En el caso de la pequeña burguesía, el modo de producción familiar implica un estrechamiento del lazo familiar que potencia la represión sexual. La importancia que tienen en el discurso nacionalista términos como “madre patria”, “la nación como una gran familia”, demuestran la relación existente entre el nazismo y su base de masas pequeñoburguesas. En cambio, el proletariado no sería tan permeable al discurso nacionalista, ya que su modo de producción es colectivo. Sin embargo, Reich observa que el proletario se puede identificar con la pequeña burguesía, porque se halla contaminado por la ideología pequeñoburguesa. La vergüenza de reconocerse proletario es uno de los efectos de la moral sexual que reprime la sexualidad y culpabiliza al sujeto, inhibiendo el desarrollo de su conciencia de clase y acercándolo a posturas fascistas.

 Por Nicolás Robles López *
* Integrante del Club de Amigos de la Dialéctica-Ceics. Extractado de un artículo aparecido en la revista El Aromo.
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Viernes, 17 Julio 2009 06:27

Las nuevas protestas son explosivas

Nunca nada ha tenido un nombre tan predestinado: la explosión social. Una vez que la tendencia de secuestrar a los dirigentes de empresas para que paguen indemnizaciones dignas pasó, una nueva tendencia de protesta social reemplazó a la anterior: la amenaza de explosiones, no ya “sociales”, sino bien reales: amenazar con hacer explotar la fábrica, la oficina o una dependencia de la empresa que aplica sin miramientos un mal llamado plan social si ésta no paga las recompensas salariales correspondientes.

El juego de la bombona de gas sobre el techo de una empresa en plena limpieza de personal empezó a principios de la semana en la planta del fabricante de elementos para autos New Fabris. Al día siguiente, los empleados de Nortel France adoptaron el mismo principio y, el miércoles, los empleados de la empresa JLG siguieron los pasos: si las 53 personas que van a ser despedidas dentro de un plan social presentado en abril pasado no reciben 30 mil euros de indemnización, la fábrica volará por los aires. Hasta ahora, la amenaza nunca fue llevada hasta sus últimas consecuencias. De hecho, el método tiene todos los ingredientes de una pensada estrategia para hacer presión sobre el patronato, a través de acciones espectaculares que atraen a los medios de comunicación. Ello no quita una realidad: sea a través de secuestros de dirigentes o de amenazas de explosión, la lucha social pasa por la puesta en escena de la desesperanza, por la amplificación exponencial del drama. Los actos desesperados responden a una injusticia inicial que desemboca en la desesperanza. Francia empezó el verano bajo el sol destructor del desempleo. Según las cifras publicadas hace una semana por el servicio de estadísticas del Ministerio del Trabajo, en el primer trimestre el desempleo incorporó a 250 mil personas más y el ministerio habla sin rodeos de “destrucción masiva de puestos de trabajo”. En Francia metropolitana, 2,5 millones de personas están sin trabajo, lo que equivale al 8,7% de la población activa contra 7,6% en el curso del cuatro trimestre de 2008.

Las víctimas de los numerosos planes sociales que acarreó la crisis financiera mundial han encontrado en esos métodos y en los medios un aliado que sirve de corrector de injusticias a menudo impensable en países tan regulados y pactados como Francia. El plan social new age consiste en pagar copiosas indemnizaciones a los ejecutivos y dirigentes y dejar al personal de base en la calle y con dos centavos en el bolsillo. Entre febrero y mayo de este año las víctimas de esa discriminación optaron por secuestrar a los dirigentes de las empresas concernidas y negociar así una retribución más justa. Las de ahora dieron un paso más y, a modo de bandera e instrumento de negociación, instalan garrafas de gas y elementos inflamables en los locales de las empresas. Antoine Blanchet, un ejecutivo que trabaja desde hace nueve años en New Fabris, contó al diario Libération que nunca se tuvo la intención de volar la planta: “No se trató nunca de hacerlas explotar (las garrafas de gas). Sólo se quería darle a la prensa una razón para que venga. Estamos en huelga desde el pasado 6 de julio y, hasta el momento, nadie habló de nosotros”. El ardid consiguió su propósito. Los empleados obtuvieron una cita con los administradores, una entrevista con la ministra de la investigación y, encima, hasta consiguieron que el ministro de Industria se desplazara hasta el lugar.

El mismo diario Libération cuenta una anécdota interna que ilustra la manera en que empleados y sindicatos integran a los medios en sus luchas sociales. El rotativo francés recibió un correo electrónico de un empleado de Nortel, otra de las empresas con garrafas de gas, en el que éste le decía lo siguiente: “Necesitamos a los medios para regular nuestra situación ante un público amplio. Me gustaría mucho que nos encontráramos para que los ponga en contacto con nuestro grupo de trabajo sobre medios”. “Grupo de trabajo”, “regulación”, “grupo de trabajo sobre medios” son términos que poco corresponden a la acción sindical o social. La explosión es entonces un eslabón más de esa estrategia de comunicación de un conflicto. Su aplicación, desde luego, no le resta ninguna legitimidad a lo que está en juego, a los reclamos de los empleados atrapados en la tormenta de los despidos y la humillación de indemnizaciones sin relación alguna con los derechos adquiridos.

Ayer, el secretario de Estado para el Empleo, Laurent Wauquiez, dijo en la televisión que “un chantaje con garrafas de gas no es lo que permite cobrar una prima” y que esas amenazas no eran un “elemento de un diálogo social aceptable”. Respuesta sin concesiones de parte de los sindicatos de la planta de New Fabris: si no se pagan los 30 mil euros correspondientes a la indemnización de los 366 empleados despedidos la acción, “irá hasta el final”. El personal de Nortel France decidió, en cambio, retirar las garrafas de gas del techo de la planta luego de que el ministro de Industria, Christian Estrosi, aceptara recibir a representantes del personal. En una entrevista acordada al diario Le Monde, Christian Berenbach, representante del sindicato CFTC, explicó que la amenaza de hacer volar la planta era “un verdadero símbolo de desamparo”. La radicalización de la protesta no sólo se focaliza en la geometría privilegiada con que se establecen las indemnizaciones, sino también en la razón misma del plan de despidos. Las empresas cierran no por falta de beneficios, sino porque éstos no son suficientes. Los empleados ponen en tela de juicio ese principio y demuestran que la actividad de la empresa, en términos razonables, es fructífera. Pero la sed del capital desconoce los márgenes modestos y empuja a las víctimas de esos planes sociales a los márgenes de un combate cada vez más violento, cada vez más desequilibrado, cada vez más cerca del abismo. Un empleado en huelga de la empresa New Fabris (366 despidos) decía ayer: “No queremos morir en silencio”.


Por Eduardo Febbro
Desde París
 

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Domingo, 08 Febrero 2009 07:20

Barack Obrero

Es llamativo lo que Obama está haciendo para reactivar y fortalecer a los sindicatos. Llamativo porque acá los gremios desaparecen y resurgen según el signo del gobierno de turno, pero en Estados Unidos no levantaban cabeza desde la década del ’50. Desde entonces hasta hoy el porcentaje de la fuerza laboral afiliada a los gremios en ese país cayó del 35 al 13 por ciento y su influencia, otro tanto.
 
El golpe de gracia a lo había dado Ronald Reagan en 1982 cuando rompió la huelga de controladores aéreos, un gremio que paradójicamente lo había apoyado en las elecciones de 1980, cortando una larga tradición de alianza con los demócratas. Cuando estalló el conflicto Reagan le declaró la huelga ilegal y les dio a los controladores aéreos, que eran empleados federales, 48 horas para volver a sus puestos. Mientras tanto le ordenó al secretario de Transporte que empezara a entrenar en secreto a una dotación de carneros para reemplazar a los huelguistas. Cuando el plazo expiró, echó a 11 mil operarios y puso en su lugar a jefes, supervisores, controladores militares y del sector privado mientras los carneros terminaban su entrenamiento. El gremio se disolvió y nadie protestó mucho.
 
Para hacerse una idea de la magnitud del golpe asestado, basta decir que por su importancia estratégica, poder de negociación y posicionamiento en la jerarquía gremial, los controladores aéreos estadounidenses de los ’80, en una economía cada vez más volcada a los servicios, y en medio del boom de la aviación comercial, ocupaban un lugar comparable al que hoy ocupa el gremio de los camioneros en la Argentina. Claro que los sindicatos estadounidenses nunca manejaron la caja de las obras sociales, y nunca tuvieron el rol institucional que acá suelen darles los gobiernos peronistas.
 
La derrota de los controladores pareció confirmar la sabiduría del pensamiento único. La ortodoxia liberal había decretado que los gremios eran meros obstáculos burocráticos para la competitividad de las empresas norteamericanas en una economía globalizada, donde la tendencia al outsourcing a países del tercer mundo y el mercado negro de inmigrantes ilegales en la economía doméstica tornaban inviables y desmedidas las más elementales reivindicaciones sindicales. Además, dictaba la ortodoxia, de tanto negociar “privilegios” los gremialistas se habían vuelto genéticamente corruptos.
 
Durante ese largo período, los sindicatos en retirada se limitaban a reclamar por las condiciones sanitarias en los lugares de trabajo y no mucho más, y se mostraban impotentes ante la sangría de afiliados. Salvo alguna excepción como César Chávez, los héroes de la clase obrera no eran gremialistas. sino estrellas de rock como Bruce Springsteen, John Cougar y Bon Jovi, que lloraban mucho pero no proponían nada. Para el norteamericano medio el sindicalista era un gangster de película, como Jack Nicholson haciendo de Jimmy Hoffa.
 
Ahora, tras más de medio siglo de políticas hostiles hacia las organizaciones laborales, incluyendo las de administraciones demócratas que en otras áreas fueron progresistas, Obama ha dado muestras de querer revertir la tendencia.
 
Esa voluntad le ha generado no pocos problemas y resistencias en sus primeros días de gobierno. Obama es un hombre pragmático y resta ver cuánto capital político invierte en una puja que ya empezó a desgastarlo. Pero hasta ahora viene dando pelea con fuerza, tanto en los hechos como en la arena discursiva.
 
Esto empezó en la campaña presidencial, cuando Hillary y Obama disputaban el apoyo gremial en la primaria demócrata. Los demócratas siempre hacen eso, pero solían hacerlo en voz baja porque sabían que esos apoyos tan necesarios en la interna partidaria se le volvían en contra en la elección general. Esta vez no. Los dos candidatos dijeron y repitieron hasta el cansancio que para motorizar la economía era necesario fortalecer a los gremios.
 
Obama y Hillary no sólo reivindicaron el rol histórico de los sindicatos como representantes de los intereses de los trabajadores, sino como el de toda la clase media. Y además se comprometieron públicamente a apoyar, lo mismo que el vicepresidente Biden y la secretaria de Trabajo Hilda Solís, la principal demanda de los sindicatos. Se trata de un proyecto de ley, que Obama firmó en el Senado, que reformaría el proceso por el cual los trabajadores de una empresa acceden a la representación gremial.
 
Hasta ahora el sistema funciona así: si un sindicato quiere organizar una empresa, debe obtener apoyo por escrito de al menos el 30% de la fuerza laboral. Una vez que junta las fichas, debe presentarlas en una oficina federal, el NLRB, que a su vez debe convocar y supervisar una elección, secreta pero dentro de la empresa, a la vista de los patrones, en un plazo de 42 días, prorrogable a pedido de la empresa, en la que los trabajadores votan por sí o por no la sindicalización, para la cual hace falta la mitad más uno de los votos.
 
Sucede que las empresas usan los períodos de campaña electoral para apretar y asustar a los trabajadores. Por un lado amenazan con cerrar la empresa si pierden la elección, por el otro estudios serios muestran que un quinto de los representantes gremiales eran despedidos de sus empresas durante el período de campaña. Incluso el Estado subsidiaba los “programas de desaliento laboral” que las empresas implementaban durante las campañas. Como los gremios ya conocían el sistema de aprietes, rara vez se presentaban ante el NLRB con menos del 50 por ciento de las fichas para no gastar sus energías en causas perdidas de antemano.
 
El proyecto de ley que apoya Obama, llamado Employee Free Choice Act (EFCA), elimina un paso clave del proceso. Bastaría con presentar el 50 por ciento de las fichas para obtener la sindicalización, sin tener que ir a elecciones, De esta manera los organizadores sindicales podrían organizar la fuerza laboral sin que la empresa se enterara, eliminando de hecho el período de apriete patronal.
 
Y la patronal no tardó en reaccionar. Lo primero que hizo, a través de sus representantes en el Congreso, fue trabar la confirmación de Solís, la única del gabinete que sigue demorada, argumentando que dio una respuesta evasiva cuando se le preguntó si apoyaba el EFCA, y porque Solís, hija de trabajadores rurales sindicalizados, había sido tesorera de una fundación que apoyaba el EFCA.
 
Por su parte, la poderosa Asociación Nacional Industrial le mandó una carta abierta al presidente, en la que le advertía, en tono amistoso, que no sería conveniente introducir un tema tan “divisivo” como el debate por el EFCA. “Este no es el tipo de tema sobre el cual se construye una relación”, señaló la asociación.
 
Pero Obama no se amedrentó. Además de mantener la nominación de Solís, a pedido de los sindicatos se puso al frente del rescate de las automotrices, que según los analistas financieros son “inviables”.
 
Encima de eso, el 30 de enero invitó a los líderes sindicales a la Casa Blanca, en un gesto que por su importancia histórica es comparable a la llegada de las Madres de Plaza de Mayo a la Casa Rosada a poco de asumir Néstor Kirchner.
 
Ese día Obama pronunció la ya famosa frase de que el fortalecimiento de los sindicatos no sólo no es un obstáculo, sino que es imprescindible para la recuperación económica. También dijo que la economía debe reconstruirse de abajo hacia arriba y no al revés, contradiciendo la teoría del derrame.
 
Ese mismo día, delante de los gremialistas, Obama lanzó la llamada task force para Familias Trabajadoras de Clase Media, una propuesta de la coalición de sindicatos Cambio para Triunfar, que se formó el año pasado para apoyar la campaña de Obama. La idea es crear un contrapeso dentro de la Casa Blanca para los lobbies financiero y empresarial, dijeron sus promotores. Queda por verse cuánto acceso al presidente tendrá la task force, pero el nombramiento de Biden para encabezarla parece una buena señal.
 
Ese mismo día, además, Obama firmó tres órdenes ejecutivas que eran reclamadas los sindicalistas. La primera eliminaba los subsidios estatales para los programas de desaliento gremial. La segunda invalidaba una orden anterior que exigía que las empresas sindicalizadas colgaran carteles en el lugar de trabajo alertando que los trabajadores tenían derecho a desafiliarse y explicando cómo hacerlo. (En cambio en las empresas no sindicalizadas no es obligatorio colgar carteles diciendo que los trabajadores tienen derecho a organizarse.) La tercera garantizaba la estabilidad laboral cuando los contratos federales se transferían de una empresa a otra, circunstancia que antes era aprovechada para aplicar despidos masivos.
 
Esta semana Obama abrió un nuevo frente de batalla cuando, a pedido de los sindicatos, introdujo la cláusula “Compre en Estados Unidos” en su paquete de estímulo económico. La cláusula prohibiría la compra de hierro y acero extranjero en los proyectos de obra pública incluidos en el paquete.
 
La propuesta fue aplaudida por Leo Gerard, presidente de la Unión de Obreros Metalúrgicos. “Es hora de que los patriotas económicos defiendan nuestro país. Hace falta que nuestras leyes se apliquen de manera agresiva para asegurarnos de que el dinero de los contribuyentes estadounidenses se use para generar empleos estadounidenses y para renovar nuestra economía”, declaró eufórico el sindicalista.
 
Pero la propuesta fue denunciada como proteccionista por la bancada republicana, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y, en un llamativo giro liberal, el mismísimo Fidel Castro.
 
El viernes Obama rompió otro tabú cuando nombró a dos sindicalistas en su flamante equipo de asesores económicos de la presidencia, algo que no sucedía desde los tiempos del New Deal.
 
Así las cosas, habrá que ver cómo sigue la película. Lo que pase con EFCA servirá para medir el grado de compromiso del nuevo gobierno con la agenda sindical. Los votos están. Haría falta un empujón del Ejecutivo.
 
Si Obama quiere fortalecer en serio a los sindicatos, la pelea de fondo no puede demorarse mucho. Sólo un presidente fresco y en la cresta de la ola de aprobación popular puede enfrentar con alguna chance de éxito a los nenes de Wall Street y la patronal.
 
Por Santiago O’Donnell
 
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Nueva York, 8 de diciembre. La toma de una fábrica por sus trabajadores cesados en Chicago se ha convertido en un símbolo nacional de que el rescate del sector financiero por Washington no se ha traducido en un apoyo para las mayorías. Desde el presidente electo Barack Obama y legisladores federales y locales hasta el gobernador de Illinois han expresado apoyo a las demandas de los trabajadores.

Todo empezó cuando los 260 obreros de la fábrica de ventanas y puertas Republic Windows and Doors fueron informados por su patrones, con apenas tres días de anticipación, de la clausura de la planta a fines de la semana pasada, después que el Bank of America suspendió su línea de crédito a la empresa.

El viernes, decenas de trabajadores tomaron la planta y se niegan a dejarla, pues denuncian que no fueron notificados con los 60 días de anticipación que marca la ley y no les han pagado lo que les deben.

En turnos, decenas de trabajadores, agremiados al sindicato nacional independiente United Electrical, Radio and Machine Workers of America (UE), uno de los más progresistas y combativos del país, han mantenido guardia dentro de la planta mientras reciben visitas de figuras importantes, desde el senador Dick Durbin, segundo en rango de la cámara alta, hasta los representantes federales Luis Gutiérrez y Jan Schakowksy, y el reverendo Jesse Jackson.

La mayoría de los trabajadores son de origen mexicano, junto con un buen número de afroestadunidenses y unos cuantos salvadoreños y hondureños.

El domingo, Obama dijo: “creo absolutamente que los trabajadores, quienes solicitan los beneficios y los pagos por los cuales han trabajado, están en lo correcto, y entiendo que lo que les sucede es un reflejo de lo que ocurre en toda esta economía”.

Hoy, el gobernador de Illinois, Rod Blagojevich, ordenó que las dependencias del gobierno del estado suspendan todo negocio con Bank of America hasta que revierta su decisión y abra una línea de crédito a la empresa Republic. “Que tome parte de esos dineros federales que ha recibido y los invierta en dar el crédito necesario para esta empresa y así los trabajadores mantengan sus empleos”, manifestó.

El Bank of America recibió recientemente una infusión de 25 mil millones de dólares de fondos públicos, y ahora es un ejemplo de cómo, mientras se rescata a los grandes bancos, a los trabajadores los despiden sin pago, afirma el sindicato.

El senador Durbin declaró a los medios: “hemos entregado miles de millones de dólares a bancos como el Bank of America, y la razón… era para que prestaran esos fondos a empresas como Republic y no se perdieran estos empleos aquí en Estados Unidos”.

Mientras los gerentes de la empresa no aparecen, el Bank of America ha reiterado que no es responsable de las prácticas y decisiones de Republic. Pero la ira de los trabajadores se dirige tanto a sus patrones como también –y aquí es donde hay un eco nacional– a un rescate financiero que sólo beneficia a los ejecutivos bancarios y deja en el abandono a millones de trabajadores que padecen las consecuencias de esta crisis.

“Si no hay una solución favorable estamos dispuestos a permanecer ahí el tiempo que se necesite”, comentó Leticia Márquez Prado, una organizadora con el UE en Chicago, en entrevista telefónica con La Jornada. Dijo que las demandas mínimas eran el pago de la liquidación y vacaciones, entre otras remuneraciones que se les debe a los trabajadores, pero que también se deseaba buscar la forma de mantener en operaciones a la fábrica, cuyo negocio ha sido impactado de manera severa por la crisis económica, particularmente en el sector de la construcción.

“Lo peor de esto es que estos trabajadores estaban ganando sueldos dignos, con beneficios de seguro de salud y otros, y si pierden estos empleos sólo encontrarán, si acaso, empleos de sueldo mínimo sin ningún beneficio”, explicó Márquez Prado.

Se había programado una reunión entre representantes de los trabajadores, la empresa y el banco para esta tarde y noche, a fin de intentar negociar una solución.

Mientras tanto, lo que antes sería una nota local, en esta coyuntura se ha vuelto noticia nacional. Esta noche los noticieros de las tres principales cadenas de televisión reportaron sobre la ocupación entre sus primeras noticias. Medios nacionales electrónicos y de prensa han caracterizado esta acción como algo que se ha vuelto “símbolo” de lo que están padeciendo los trabajadores que han perdido sus empleos durante esta crisis a lo largo del país (casi 2 millones se quedaron sin trabajo desde diciembre de 2007; más de medio millón sólo en noviembre).

Sorprendidos por toda la atención a nivel nacional, uno de los trabajadores, Melvin Maclin, también oficial del sindicato, declaró a la agencia Ap que “nunca esperamos esto… esperábamos ir a la cárcel”.

La acción ha generado la solidaridad entre varios sindicatos locales y nacionales, agrupaciones civiles y organizaciones comunitarias, que han prestado apoyo material y se han sumado a la campaña de los trabajadores, quienes se turnan en la ocupación 24 horas al día.

La policía no ha actuado y declaró que no tiene ninguna queja de actividad ilegal. “No nos vamos a mover”, afirmó Maclin a CBS News. “Ya es hora de que los pequeños nos pongamos de pie”.

Silvia Mazon, otra trabajadora, comentó en español a The New York Times que “quieren que los pobres se queden abajo. Pues aquí estamos y no nos vamos a ningún lugar hasta que nos den lo justo y lo que nos pertenece”. Agregó en otra entrevista: “Estamos haciendo historia”.

Casi nadie se acuerda de cuándo fue la última vez que los trabajadores habían tomado una planta en este país (tal vez fue a fines de los ochenta, cuando mineros de Virginia tomaron la planta de procesamiento durante una huelga), y muchos dicen que recuerda escenas de los años 30, cuando en Chicago y otras grandes ciudades la militancia sindical industrial sacudió y transformó este país.

Tal vez sea la chispa de algo nuevo (o la resucitación de algún mártir de Chicago).

David Brooks (Corresponsal)

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Aunque parezca ilógico, por cada 1.000 dólares invertidos a Carbones del Cerrejón Limited le descuentan 1.200. El mineral extraído en La Guajira desde 1977 se exporta en su totalidad. Su producción para 2010 se calculó en 32 millones de toneladas, 89 diarias. Los gobiernos y la empresa, propagandean que el Cerrejón es un ejemplo de práctica minera, en un departamento con las cifras más altas de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)1 junto con Chocó y Vichada. Los años de expansión de la mina dejan cerca de 200 compatriotas wayúus muertos. Hoy, de sus trabajadores, 700 están enfermos.

El carbón se proyecta como una fuente predominante de energía por lo menos hasta 2035. Esta industria es una actividad global con explotaciones en 50 países, de las cuales dependen como fuente energética otros 70. Los precios vienen ascendiendo (ver Gráfico 1) con excepción de la caída 2008-2009, como consecuencia de la crisis económica mundial y la inestabilidad europea.

BHP Billiton Plc, Anglo American Plc y Glencore International AG son dueñas del Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Está en La Guajira, valle del río Ranchería, 100 kilómetros al sur de Riohacha, entre Albania, Barrancas, Hatonuevo, Fonseca y Maicao, con una extensión de 69.000 hectáreas en cinco zonas: Norte, Central, Sur, Oreganal y Patilla, y reservas de 3.670 millones de toneladas de carbón térmico que le dan a Colombia el cuarto lugar exportador2 y décimo productor3 de este mineral.

Mientras tanto, los trabajadores y la región tienen otras cifras. Las de la masacre de Bahía Portete,4 donde en 2004 habitaba una comunidad wayúu, que según el testigo Telemina Barros Fince obligó al desplazamiento de 320 personas a Venezuela, y que luego de años de expansión de la mina, dejan otros 200 muertos;5 agresiones de la transnacional, que aquiescencia del Estado, que llevaron a que zonas con la mayor concentración de indígenas del país se reemplazara por el hueco que deja el carbón extraído. Comunidades y sindicato denuncian que las masacres fueron realizadas por el Batallón Cartagena y mercenarios extranjeros. Y recuerdan el desalojo por la propia policía, por lo que hoy la empresa, siete años después, no ha pagado un solo peso, como en el caso de Zarahíta, el caserío Palmarito o la Vereda El Descanso, engañadas por supuestos reforestadores, pagando valores bajos por las tierras de campesinos e indígenas para que le dieran paso a la minera. Así, hay un largo etcétera de atropellos contra los pobladores de Roche, Oreganal y el Resguardo Indígena Palmarito sin que la rama judicial diga algo.

Las multinacionales dueñas del Cerrejón son a la vez propietarias de más del 70 por ciento del carbón extraído en el mundo6. Según la Escuela Nacional Sindical, es la empresa con mayores ventas y utilidades. En 2009 tuvo ingresos operacionales por 3,9 billones de pesos y utilidades netas por 904.000 millones, 41 por ciento de rentabilidad bruta, 32 por ciento de rentabilidad operacional y 23 de rentabilidad neta7.

Para 2010, según los precios FOB8 de exportación de carbón antracita de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)9 y los resultados oficiales del Cerrejón, que sólo incluyen la producción en millones de toneladas de la Zona Norte y Central10, estamos ante unas ganancias brutas por exportación del mineral –en apenas dos zonas de las cinco del complejo– de 11.167.205.000.000 de pesos, algo más de la mitad del presupuesto nacional para educación en 2011 (20,9 billones); casi tres veces más del destinado por el gobierno para construir vivienda; casi la mitad del dinero para la reconstrucción del país (27 billones de pesos), la misma cantidad necesaria para reconstruir toda la costa atlántica y la tercera parte de la destinada para protección social en 2011.

Postura y reclamos de los trabajadores

Las ganancias de Carbones del Cerrejón Limited son altas en parte por una tributación que favorece la inversión extranjera y profundizó el gobierno Uribe en aras de la “confianza inversionista”, con mayores exenciones desde el 1º de enero de 2011, producto de la reforma tributaria del pasado 29 de diciembre. “El Cerrejón en La Guajira le paga al Estado no sólo regalías, también tributa por concepto de los impuestos de renta, patrimonio, a las transacciones (4x1.000), industria y comercio, retención en la fuente, paga además, contraprestaciones portuarias y derechos de aduana, entre otros, cuyo recaudo va en un 96 por ciento a las faltriqueras de la nación. De los 34,7 billones de pesos valor de la producción de carbón [en el 2009], mientras el Gobierno se quedó con 6 billones por impuestos y regalías indirectas, La Guajira y sus 13 municipios tuvieron que conformarse con 2,2 billones”11. El Cerrejón se quedó legalmente con 26,5 billones de pesos en 2009.

De este modo, Francisco Ramírez Cuellar, asesor de Sintracarbón, afirma que con las 12 exenciones tributarias al Cerrejón contenidas en las reformas tributarias por gasolina, Plan Vallejo, retenciones, ley de estabilidad, Código de Minas y otras, al Cerrejón, por cada 1.000 dólares invertidos, le descuentan 1.200. Es decir, por cada tonelada que exportan, el Estado (por extensión toda la población) les paga seis dólares12.



En su compromiso, Sintracarbón presentó un pliego (de derechos individuales y colectivos, comisiones para verificar la convención, comisiones de derechos humanos, fuero sindical, beneficios a la familia, condiciones de desplazamiento a la mina, política de salud ocupacional, pensiones por alto riesgo), ligado a la reducción de trabajadores tercerizados (subcontratados), ampliación de los de planta y de contratos a término indefinido, cuando de los 9.241 trabajadores sólo 4.100 tienen contrato directo.

Pensión por alto riesgo. Ante los reclamos de los trabajadores y la presión de huelga, el Gobierno y la transnacional subieron las ofertas, aunque en el fundamental interés obrero estaba la pensión por alto riesgo y mejoras en seguridad industrial, ésta última sin avance. Hace dos años y medio, empresa y trabajadores pactaron este tipo de pensión según el Decreto Ley 2090 de 2003, referida a actividades que por el mismo tipo de trabajo disminuyen la expectativa de vida saludable, que permite acceder a la pensión con menor edad. Un acuerdo que la empresa, según Sintracarbón, incumple.

Discriminación Hoy, 700 trabajadores están enfermos, sobre todo por silicosis, y problemas de piel y de columna. Sintracarbón afirma que cuatro han muerto sin respuesta de la empresa13, preocupación para el sindicato, cuando 4.125 trabajadores están subcontratados por otras empresas, con peores condiciones laborales que las del Cerrejón en las mismas condiciones de riesgo, lo cual en materia de salud hace más alarmante su situación.

Alza salarial. La negociación pidió un alza del 9 por ciento este año y tres puntos más sobre el IPC en 2012. En 2010, por cada 100 dólares que vendió el Cerrejón, sólo se destinaron para cubrir los costos laborales de los trabajadores favorecidos con la convención colectiva 5,70 dólares14. “En un escenario de crecimiento de los ingresos operacionales del 6 por ciento en el 2011, y de incremento del 6 por ciento del total de los costos laborales, factor que en la estructura de costos de la empresa se mantendría igual a 2010. Por tanto, la empresa obtendría más participación en la riqueza generada por el trabajo con mejora de todos los indicadores de la empresa y su estabilidad económica y financiera, afianzando la importancia que tiene como fuente de riqueza para sus dueños”15.

Menos que en otros países. Otra apuesta sindical fue extender los beneficios de la industria mundial a los trabajadores del complejo carbonífero, en tanto Colombia es uno de los mayores exportadores de carbón del mundo. “No se pueden comparar los salarios del Cerrejón con los de otras empresas del país de menor productividad. Somos la mano de obra calificada del sector minero, y se nos tiene que comparar con nuestros iguales, los mineros de la órbita de las multinacionales en Chile, Sudáfrica, Canadá, que ganan siete veces más que los obreros del carbón en Colombia, por el mismo trabajo y operar los mismos equipos”16. Esa situación lleva a mientras los trabajadores del carbón en el país ganan, en los mejores casos, 1.000 euros al mes, en otros países de Europa ganan entre 7.000 y 12.000, que en términos de regulación laboral es comparable. Hasta la firma de la Convención Colectiva, el promedio de ingresos de los trabajadores de la transnacional está en unos dos millones y medio de pesos.

Derecho a la vida. Como reclamo del sindicato, están justicia y verdad por la masacre de Bahía Portete, y los desalojos en Zarahíta, el caserío Palmarito, la vereda El Descanso, y los atropellos contra Roche, Oreganal y el resguardo indígena Palmarito.

Imaginarios colectivos en torno al conflicto laboral

Durante enero, ante la inminencia de huelga, El Tiempo y El Espectador reprodujeron la “generosa” postura empresarial con sus trabajadores. Al final de sus páginas web de noticias se dijo que “a muchos colombianos les gustaría trabajar allí” o que “los trabajadores son unos desagradecidos”.17 Tales mensajes, sin más información que la ‘oficial’, reforzaron un imaginario en torno al cual el sindicato pide beneficios irrazonables y desproporcionados, en especial cuando el Gobierno ordenó un alza de salarios muy por debajo del que la empresa ofreció en el diálogo con la dirigencia sindical.

Medios masivos y la empresa afirmaron que el sindicato amenazaba los beneficios económicos de la región, sin mencionar el desequilibrio de las cifras arriba anotadas ni los costos (mensurables e insumables) en materia ambiental (cambio climático, afectación a acuíferos, contaminación auditiva y atmosférica) y humana (desaparición de comunidades y su cultura, y cambio de vocación socioeconómica) por la actividad extractiva, que no se tocaron en la negociación.

El imaginario de progreso y tranquilidad que enmascara el trabajo precario con una empresa transnacional y una política de recorte a las libertades de las personas, a la libre asociación producto de la tercerización, fortalece la pobreza y la miseria en la región. Entre el sometimiento y la conformidad en que vive la mayoría de colombianos, un aumento digno se torna “irrazonable”; la exigibilidad de pensiones especiales por trabajar con riesgos para la salud (jornadas en la mina de más de 96 horas o afecciones respiratorias) se torna inviable por el cálculo económico que oculta los beneficios de la transnacional.

Que la empresa ofrezca un aumento porcentual que dobla el IPC y está por encima del incremento del salario mínimo no necesariamente es generoso, como afirmó Álvaro López, vocero para la negociación y jefe de la división de Gestión Laboral de la empresa. La cultura de igualar hacia abajo rechaza principios de progresividad de las normas internacionales que suscribe el Estado colombiano, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc)18.

El modelo neoliberal lleva a que quienes exigen un trabajo digno se señalen como ambiciosos. Así, salarios que apenas pasan de dos millones de pesos (netos) se señalan como grandes prebendas porque, a pesar de lo bajos que pueden ser para una persona cualificada técnicamente y que a diario pone en riesgo su vida, superan la media de ingresos de la población que vive en la miseria o “al diario”, ignorando las ganancias del negocio y los irrisorios aportes al presupuesto público que, vistos desde la soberanía nacional, describen una situación de saqueo y despojo.

Recalcular las condiciones laborales a partir de las ganancias. Una empresa responsable con el bienestar del trabajador debiera hacer este ejercicio. Con la proyección de la demanda y los precios internacionales es comprensible que el trabajador reivindique convenciones colectivas bienales y no quinquenales, como ofrece la empresa, que toma en cuenta los mismos factores internacionales para la maximización de sus ganancias. Igual hacen los trabajadores para darse una vida digna. ¿Por qué para la empresa son legítimos estos cálculos y para los trabajadores no?

Resultados y retos

A comienzos de febrero por fin se concertó la Convención Colectiva de Trabajo 2011-2012 (CCT) de Carbones del Cerrejón Limited, que destaca la creación de una comisión de verificación y seguimiento de la CCT y de otra de derechos humanos, con dos representantes de la transnacional y dos del sindicato, con la función de garantizar el respeto integral de los derechos humanos y constitucionales del trabajador.

Salud. Otra reivindicación vital que avanzó fue salud. La transnacional se comprometió a pagar viáticos de traslados médicos, que desfavorecían el derecho a la salud del trabajador, quien se veía en aprietos cada vez que, por ejemplo, por tratamientos de enfermedades, tenía que desplazarse de la mina o de sus hogares a los centros de salud. Antes, el trabajador tenía que pagarlos, y luego repetir contra la EPS respectiva el cobro de aquéllos. Ello hacía que la transnacional se desentendiera de la salud del trabajador, invisibilizando esta grave problemática del sector.

Educación. En cuanto a educación, se elevó la cobertura para los hijos del trabajador, así como la garantía de la financiación de estudios de los hijos de quien muera en desarrollo de sus actividades laborales. Se mantienen los auxilios educativos para hijos de trabajadores pensionados.

Alza del salario. Se logró el 6,5 por ciento y un aumento para 2012 de dos puntos por encima del IPC, así como que la CCT se renegociará a la finalización de su vigencia.

Gremial y políticamente se ganó. Sintracarbón, sus asesores y directivas le demostraron al sector sindical y la opinión que es posible garantizar condiciones de vida digna para el trabajador, con la ampliación de la mirada sindical, que en muchos casos, nos llevó a la reivindicación del mínimo (salario mínimo, condiciones mínimas), cuando en medio de tantos riesgos para su vida, ganancias millonarias para unos pocos (por demás extranjeros) y una oligarquía que reacciona ante la dignificación del trabajo humano, sale con la cabeza en alto y recuerda que es cuestión de conciencia y de clase social.

Restan derechos, como seguridad industrial. Ampliación de derechos adquiridos, eliminación de la subcontratación; reconocimiento, verdad y reparación moral y económica de las violaciones a los derechos individuales y colectivos en el marco del desarrollo del proyecto minero, que incluye a las comunidades asesinadas, desaparecidas, desplazadas y despojadas de sus territorios, y el derecho a su cultura, y al país por todo lo anterior, y por los crímenes ambientales causados y por el saqueo del que ha sido víctima por tantos años son parte de los retos. Asimismo, es tarea principal del trabajador proponer opciones en torno a qué hacer con la política minera del país, el empleo que genera y las consecuencias en el mediano y el largo plazo en materia ambiental, cultural, económica y social; el planteamiento de transiciones en estos aspectos para las comunidades y ellos mismos, a tiempo que reúnen al sector de las industrias extractivas alrededor de la soberanía de nuestros recursos.

Quizás en el marco de una plataforma comunitaria y obrera del sector extractivo trascendamos las agendas del gobierno. Hoy, tras preocupaciones anualizadas por la privatización del agua, los agrocombustibles y ahora la minería y la política de tierras, pareciera que el movimiento social va de coyuntura en coyuntura. ¿Dónde está la mirada estratégica del país? ¿No habrá otro camino que volver departamentos como La Guajira un gran hueco de tierra y hollín? ¿Bastará con aumentar, mejorar y fiscalizar juiciosamente la regla tributaria (exenciones y regalías)? ¿Vale la pena jugarnos como un país minero?

Debiéramos repensar el desarrollo nacional y regional bajo otras lógicas, más soberanas y redistributivas que de sometimiento y acumulación. Pensar no sólo bajo la lógica de costo-beneficio sino también en otros costos, como el cambio climático y la protección y garantía del planeta, del cual los dueños del Cerrejón y el Estado colombiano son responsables.

1    Algunas cifras de la región Atlántica: promedio de 4,3 personas por hogar, en comparación con Bogotá y San Andrés, que registran 3,4; después de la región pacífica (sin Valle), presenta el segundo índice de analfabetismo más alto del país, con un 11,5 por ciento; el 45,3 de su población no está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y de los afiliados al sistema, el 47,1 está en el régimen subsidiado (por el Estado); el 49,5 no tiene vivienda propia y un 24,3 es de ocupantes de hecho; tan solo el 12,4 de los hogares posee un computador y el 6,9 tiene acceso a internet; el 52,4 no tiene recolección de basuras, el 56,7 no tiene alcantarillado; el 29 de los hogares carece de acueducto. Según el censo general 2005 de Necesidades Básicas Insatisfechas los departamentos con más alto porcentaje de ellas son: Chocó 79,2, Vichada 66,8, La Guajira 65,1, Córdoba 59,1, Sucre 54,9, Vaupés 54,8, Magdalena 47,7, Bolívar 46,6, Cauca 46,4, Cesar 44,7. Según los resultados del Censo General, las NBI al 30 de julio de 2010, Albania, Barrancas, Hatonuevo, Fonseca y Maicao tienen un porcentaje de personas con NBI del 86,21, 79,23, 97,99, 80.91 y 95,89, respectivamente. Fuente: Dane.
2    Después de Australia, Indonesia y la Federación Rusa. Fuente: IAE. Key World Energy Statistics 2010, p. 16.
3    Después de China, Estados Unidos, India, Australia, Indonesia, Sudáfrica, Federación Rusa, Kazajstán y Polonia.
4    Detalles de la masacre en: http://memoriahistorica-cnrr.org.co/archivos/arc_docum/resumen_ejecutivo_BP.pdf.
5    http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=106650.
6    Trabajadores del Cerrejón votarán la huelga. En: http://www.colectivodeabogados.org/Trabajadores-de-el-cerrejon.
7    La rentabilidad bruta se refiere a aquella sobre la cual no se realiza ningún tipo de deducción como costos laborales e impuestos. La rentabilidad operacional se mide sobre la inversión realizada y se refiere a los ingresos brutos menos los costos fijos y gastos de la operación. La rentabilidad neta se refiere a la ganancia total, una vez restados todos los gastos, inversiones e impuestos.
8    Free on Board, que indica el precio de la mercancía una vez se encuentra embarcada.
9    En: http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=121&grupo=369&Fechainicial=01/01/1990&Fechafinal=31/12/2010.
10    En: http://www.cerrejon.com/secciones/CERWEB/HOME/MENUPRINCIPAL/EXPORTACION/RESULTADOSEXPORTACION/seccion_HTML.html.
11    Amylkar Acosta. El zarpazo de las regalías. En: http://www.amylkaracosta.net/60/index.php?option=com_content&view=article&id=83:el-zarpazo-de-las-regalias&catid=40:electricidad&Itemid=127.
12    Conversación con Francisco Ramírez Cuéllar.
13    ídem.
14    Según el balance económico de la empresa, para 2009 cada trabajador sindicalizado del Cerrejón produjo 1.014 millones de pesos de producción bruta al año y 531 millones de valor agregado. En el primer caso, cada trabajador generó un producto bruto que fue 16,9 veces el valor de su costo laboral total. En el segundo caso, cada trabajador generó un valor agregado que representó 8,8 veces su costo laboral total.
15    Trabajadores del Cerrejón votarán la huelga. En: http://www.colectivodeabogados.org/Trabajadores-de-el-cerrejon.
16    ídem.
17    Ver comentarios al final de las noticias web de los diarios El Espectador y El Tiempo de enero.
18    El artículo 2 del Pidesc establece: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. En su artículo 26, la Convención Americana de Derechos Humanos consagra el mismo principio: “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la OEA, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados” (negrilla fuera de texto). A la vez, el Protocolo de San Salvador, que adiciona la Convención Americana en lo relativo a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, establece: “Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo”. De: Corte Constitucional. Sentencia T-752 de 2008. M.P., Humberto Antonio Sierra Porto.


Recuadro

Declive del petróleo


Hasta 2035, el petróleo mantiene su primacía como combustible dominante de energía primaria en las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA, sigla inglesa). Pero es notoria una caída en su utilización como combustible fósil desde 2008, entre otras cosas por la promoción de la eficiencia de combustibles que propician su abandono en sectores industriales, reemplazándolos por otros combustibles en el transporte, escenario en el cual el carbón aumenta su participación en la matriz energética mundial. La misma IEA plantea que por lo menos hasta 2035, la demanda mundial de energía primaria aumentará un 36 por ciento, circunstancias para el paso de la participación del petróleo como tal, del 33 al 28 por ciento, dados sus altos precios y las medidas gubernamentales para promover la eficiencia de combustibles. Esta baja se manifestaría en el sector industrial y de generación de electricidad1.

Dentro de su estrategia de imagen corporativa, el Cerrejón afirma: “Proteger lo más valioso que hay sobre la tierra, su gente. Por eso nuestra responsabilidad va más allá, es cuidar y rehabilitar nuestro entorno, es generar compromiso social. Partimos del respeto, la integridad y la transparencia para impulsar la salud, la educación y el bienestar de las comunidades, concertando con ellas para seguir creciendo de manera sostenible”2. Sin embargo, desde sus comienzos persisten las denuncias por violaciones a los derechos de las comunidades que habitan –o habitaron– los alrededores de la mina, y del personal trabajador, a quienes, entre otros, sus derechos a la salud son vulnerados en forma constante.

Según los estudios de la IEA, en 2035 el carbón continuará encabezando las fuentes de generación de electricidad, aunque su participación para el mismo período puede bajar del 41 al 32 por ciento.

1    International Energy Agency. World Energy Outlook 2010. Executive Summary, p. 5. En: http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2010/WEO2010_es_english.pdf
2    En: http://www.cerrejoncoal.com/secciones/CERWEB/HOME/MENUPRINCIPAL/SALADEPRENSA/NOTICIAS/doc_2474_HTML.html?idDocumento=2474.

Recuadro 2

El Cerrejón y la importancia internacional del carbón


La mina cuenta con un transporte por ferrocarril de 150 kilómetros que la conecta con Puerto Bolívar (punto de embarque), cuyo canal tiene 19 metros de profundidad, 265 de ancho y cuatro kilómetros de largo1. Los trenes tiran hasta 120 vagones con mineral extraído para su exportación total a Europa y Estados Unidos, como también ocurre con el Cesar. Para el consumo nacional, queda la producción de Boyacá y Cundinamarca2.

Hoy, el carbón genera el 39 por ciento de la electricidad mundial, proporción que seguirá idéntica por los siguientes 30 años, con aumentos anuales en su demanda de 1,5 por ciento para el carbón térmico y de 0,9 para el carbón de coque3, por lo menos hasta 2025, decreciendo desde allí hasta 20354.

Teniendo en cuenta el crecimiento industrial de países como China e India, y la escasez del mineral desde 2014 por falta de nuevos yacimientos, la IEA espera que los precios caídos en 2008 suban sostenidamente.

1    En: http://barrancas-laguajira.gov.co/apc-aa-files/32653032376432393366363535323939/MINA.pdf.
2    Además del distrito minero de Barrancas, en esta clasificación del Gobierno encontramos el Distrito Minero de La Jagua de Ibirico, ubicada en Cesar, en las jurisdicciones de Becerril, El Paso, Codazzi, La Jagua y La Loma. Como Barrancas, se dedican a la explotación de carbón, dividida en: La Loma, a cargo de la transnacional Drummond, Carbones del Caribe, Carbones y Consorcio Minero Unido. El área de explotación de este Distrito ocupa una extensión de 594 kilómetros cuadrados. Ver: Ministerio de Minas y Energía. Unidad de Planeación Minero Energética. Distritos Mineros: exportaciones e infraestructura de transporte. 2005.
3    Mercado Internacional del Carbón. En: http://www.carbunion.com/panel/carbon/uploads/mercado_internacional_3.pdf. Última Consulta 05/02/11.
4    ídem.
Publicado enEdición 167
Miércoles, 26 Agosto 2009 20:13

Ecopetrol, feriando la joya de la corona

En Colombia, el nuevo modelo económico rentista se acompaña de sustanciales descubrimientos petroleros desde 1983. A pesar de la lucha de la Unión Sindical Obrera (USO), creada en 1922,  históricamente la oligarquía colombiana ha entregado los recursos naturales y energéticos a la explotación del capital extranjero. En una trama de derrota y explotación, el ajuste estructural ante las nuevas condiciones económicas1 trajo un violento ataque del establecimiento contra el trabajo. El blanco preferido es Ecopetrol, que opera desde 1951. El actual ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, pretende vender otro 10 por ciento de la empresa; y el de Minas, Hernán Martínez, en la misma senda, feriará las acciones de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja.

Los trabajadores de la empresa pública más importante del país –Ecopetrol- se encuentran en proceso de negociación colectiva desde el pasado 14 de julio. El tiempo pasa y a pesar de las inmensas ganancias obtenidas por la empresa en los últimos años, y del crecimiento de la productiva obrera, el Estado no cede. Las cifras son concretas y salen de los informes oficiales: Entre 1988 y 2008, las utilidades de la empresa aumentaron cerca de 100 veces, mientras la nómina directa de trabajadores cayó en 47 por ciento; en consecuencia, durante los últimos 20 años, la productividad física de los trabajadores directos (barriles de petróleo diarios por trabajador) aumentó 3,5 veces, y la utilidad neta generada por cada trabajador directo aumentó 174 veces durante el mismo período.

Negociación compleja toda vez que se enfrenta a un mundo en crisis sistémica y en ajuste en las formas y los procesos productivos, con una demanda cada vez más grande de hidrocarburos por parte de estados y grandes empresas, pero también, con la conocida transformación de la renta agrícola por la renta petrolera en boga desde los 80, lo que potenció el papel de la estatal petrolera, propiciando la reforma legal que sufrió en los 90 y lo corrido del 2000, con apertura de sus negocios a la inversión transnacional, a través del ajuste de la estructura operativa de la principal empresa del país a partir de su conversión en un ente global de energía, con los lineamientos estratégicos de crecimiento, consolidación organizacional, represión laboral y privatización.

En estas circunstancias, revisar el pasado y el presente inmediato de la empresa es fundamental para comprender los retos y riesgos a que se enfrentan los trabajadores, cualquiera sea su categoría dentro de Ecopetrol.

Cambio estructural de Ecopetrol

 
El petróleo no es algo excepcional en la sumisión y la entrega de nuestros recursos naturales. Las primeras explotaciones (1918) se hicieron en áreas de Santander, cedidas por el Estado a Roberto De Mares (de ascendencia francesa), quien después vendió “sus derechos” a la Tropical Oil Company (Troco), de la Estándar Oil de Nueva Jersey, conocida hoy como Exxon. Desde entonces, los grandes descubrimientos petroleros y la inversión extranjera no cesan (Mapa 1).

Ecopetrol se constituyó como empresa del Estado mediante la Ley 165 de 1948, y comenzó a operar en 1951 al finalizar el contrato de la Concesión Mares, bajo tutela y control administrativo del Ministerio de Minas y Energía. Para 1959, Ecopetrol inició la consolidación de su infraestructura de transporte y en 1961 manejó directamente la refinación.

A mediados de la década de 1970, en medio de la crisis energética mundial, Ecopetrol inició un acelerado proceso de modernización de sus plantas de producción para enfrentar el hecho de que el país volvía a ser importador de petróleo desde 1975. En 1986 logró su condición de exportador gracias a los grandes yacimientos descubiertos de los Llanos Orientales desde 1981 (Apiay, Meta). Para fines del siglo XX, con más de 10 mil trabajadores y activos que superaban los 5,5 billones de pesos, Ecopetrol se constituyó en la empresa más grande del país, disponiendo a la vez de una importante infraestructura petrolera (Mapa 2).

En julio de 1996, Ecopetrol se conformó como una organización corporativa central en la que se trazan políticas y estrategias, y por cuatro unidades de negocios: i) exploración y producción, ii) refinación y mercadeo, iii) transporte, iv) comercio internacional. Ante la nueva amenaza de un abastecimiento energético por debajo de la creciente demanda nacional, que retornaría a Colombia a la condición de país importador de petróleo (Gráfico 1), en 2003, mediante los Decretos 1760 y 2394, se llevó a cabo la reforma institucional del sector de hidrocarburos en Colombia:
  • se separó el rol estatal que ostentaba Ecopetrol como administrador del recurso petrolero,
  • se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que asumió el rol estatal escindido de Ecopetrol,
  • se transformó la naturaleza jurídica de Ecopetrol en una sociedad pública por acciones,
  • se dio una apertura total del sector a la entrada de transnacionales para aumentar la competencia.



Metas y plusvalía, rentabilidad y resultados


A partir de 2002, Ecopetrol adoptó profundas reformas en materia laboral, de estructura organizacional, de control, de manejo de riesgos, de accountability y de gobierno corporativo. A partir de entonces, se incorporó una política de flexibilización laboral, disminución de salarios y prestaciones, y pago de incentivos por resultados, ante el hecho de una competitividad del trabajo por debajo de los estándares internacionales (Gráfico 2).



En resumen, la separación de roles entre la empresa y el Estado se acompañó de un proceso de ajuste y reestructuración internos que acopló la organización a las condiciones internacionales en materia económica, de producción y de competitividad. En la estrategia de su desarrollo futuro, cuatro son las palabras claves: plusvalía, represión laboral, rentabilidad y resultados.

En este contexto, en el cual Ecopetrol cambia la naturaleza jurídica de la empresa, da los primeros pasos hacia su privatización al vender el 10 por ciento de su capital e ingresar en la Bolsa de Nueva York (septiembre de 2008).

Para 2015, la empresa tiene como metas producir un millón de barriles de petróleo equivalente, procesar 2,7 millones de toneladas de productos petroquímicos y ser líder en biocombustibles. El plan estratégico proyectado para el año 2015 requiere inversiones por 60.000 millones de dólares.

Estas metas de crecimiento están respaldadas en el crecimiento rápido y sostenido registrado por Ecopetrol. En 2008, a pesar de un contexto económico adverso, caracterizado por la crisis financiera mundial, la empresa continuó su proceso de expansión tanto nacional como internacional, y su consolidación como grupo empresarial. En efecto, la producción de Ecopetrol aumentó 12 por ciento, al pasar de 399.000 barriles de petróleo en 2007 a 447.000 en 2008. La utilidad neta se incrementó 125 por ciento, alcanzando $ 11,6 billones (la más alta en toda su historia), en tanto que los ingresos operacionales crecieron 52 por ciento, al llegar a $ 33,9 billones. Además, aumentó sus activos a $ 48,7 billones y el patrimonio presentó un incremento de $ 7,8 billones.

En 2008, Ecopetrol ejecutó inversiones sin antecedentes –US$ 4.824 millones, y para 2009 el plan de las mismas está valorado en US$ 6.224 millones, de los cuales el 61 por ciento se destinará principalmente a las áreas de exploración y producción, con metas que permitirán dar un paso adicional en el logro de la estrategia definida para 20152. Adicionalmente, la ejecución del plan estratégico de inversiones requerirá US$ 8 billones en los próximos dos años.

En medio de la desaceleración general de la economía colombiana, el negocio petrolero muestra cifras positivas. En mayo de 2009, la producción nacional se ubicó en 651.000 barriles diarios, un 12,4 por ciento más que en mayo de 2008. La producción promedio de petróleo en lo corrido del año es de 645.000 barriles-día, por encima de la meta que el Gobierno fijó para 2009, que es de 565.000. Además, el sector petrolero sigue atrayendo y monopolizando el grueso de la inversión extranjera al país, con 2.634 millones de dólares (a mayo de 2009), con un crecimiento respecto a 2008 de 11,3 por ciento.

Con estas tendencias, no sorprende que, a mediados de julio de 2009, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, expresara su intención de vender otro 10 por ciento de Ecopetrol por 4.000 o 5.000 millones de dólares, a fin de solucionar el déficit de infraestructura vial del país3. Esa venta, dadas las condiciones actuales de expansión y alta rentabilidad de la empresa, no resulta difícil. De hecho, en la tercera semana de julio, Ecopetrol logró colocar con éxito la emisión de bonos en el mercado de Nueva York, recaudando 1.500 millones de dólares para terminar de financiar el ambicioso plan de inversiones superior a 6.000 millones de dólares. Los bonos de Ecopetrol fueron sobredemandados y los inversionistas, con avidez, ofrecieron 10.500 millones de dólares.

Al finalizar julio de 2009, el ministro de Minas, Hernán Martínez, señaló que “no es el momento indicado para salir de este tesoro del Estado” y que, en cambio, prefiere la venta de acciones de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja, con el fin de obtener recursos para invertirlos en la modernización y la expansión de las factorías. Añadió que “en uno o dos años Ecopetrol debe vender el 9,9 por ciento de las acciones que fueron autorizadas por el Congreso, y en esta forma obtener recursos para fortalecer las inversiones de la empresa más importante de Colombia y la número 15 en América Latina”4.

Unas son de cal y otras son de arena


La estatal petrolera Ecopetrol obtuvo utilidades por $ 2,3 billones durante el primer semestre de 2009, con una disminución del 58 por ciento frente al mismo período de 2008, cuando las ganancias fueron de $ 5,65 billones, situación que obedece al cambio en el precio internacional del petróleo, que cayó de US$ 120 a US$ 60 (Gráfico 3).


En esa circunstancia no basta una empresa en plena expansión y con buena imagen internacional para privatizarla; se hace necesario que sus lineamientos estratégicos se lleven a cabo sin conflictos laborales internos y con niveles de productividad similares a los de las principales empresas transnacionales del sector.

Impacto laboral


La nómina de personal de Ecopetrol fue creciente hasta 1990. En 1988 había 11.053 trabajadores, y en 1990 alcanzó el nivel más alto: 11.835. A partir de entonces, el declive es permanente, cayendo en 1991 el número de trabajadores directos a 10.664; para 1998, eran 7.076; y, en 2008 sólo quedaban 6.150.

Eufemísticamente, para la empresa, los cambios laborales implican “optimizar la nómina y dotar a la empresa de una mayor flexibilización”, lo cual significa no sólo despidos sino también precarización de la contratación, baja de salarios y flexibilización laboral.

Para 2009, apenas continúan 2.350 trabajadores directos indefinidos (sin incluir directivos), y hay una “bolsa” de 280 trabajadores temporales (nacionalmente llegan a 500) y con 26.000 contratistas o tercerizados, vinculados a través de intermediarios o cooperativas de trabajo.

En materia salarial, mientras los precios relativos al consumidor, producto de la inflación, aumentaron durante 1998-2008 en 530 por ciento, los salarios promedio de los trabajadores directos sólo lo hicieron en 360 por ciento en este período, perdiendo 170 puntos de poder adquisitivo (Gráfico 4).


Desde los años 1990, a los directivos de Ecopetrol les preocupaba el crecimiento de la planta de personal. Con el fin de aumentar la productividad, variable considerada estratégica para hacer una empresa competitiva internacionalmente e iniciar su privatización, se afirmaba en 1997: “Se aprecia cómo Ecopetrol es una de las compañías menos productivas en el sector petrolero latinoamericano, pues cuenta con una tecnología atrasada; sumado esto, posee una altísima cantidad de mano de obra con relación a la producción de petróleo. Lo anterior conlleva a que la empresa tenga que asumir unos altos costos por cada barril que produce, al igual que altos costos laborales por su sobredimensionada planta de personal y las excepcionales condiciones laborales conquistadas por los trabajadores, las cuales están plasmadas en la Convención Colectiva de Trabajo (CCT)”5.


La USO y su lucha


Entre 1988 y 2008, las utilidades de la empresa aumentaron cerca de 100 veces, mientras la nómina directa de trabajadores cayó en 47 por ciento; en consecuencia, durante los últimos 20 años, la productividad física de los trabajadores directos (barriles de petróleo diarios por trabajador) aumentó 3,5 veces, y la utilidad neta generada por cada trabajador directo aumentó 174 veces durante el mismo período (Gráficos 5 y 6). En el informe anual de 2004, la empresa reconocía como un gran éxito la derrota proporcionada a los trabajadores:“Quizás uno de los cambios más significativos durante este período fue el ajuste del régimen convencional de la empresa, con ocasión de la ejecutoria del laudo arbitral, que le permitirá a Ecopetrol flexibilizar sus esquemas de contratación y generar importantes ahorros en sus gastos de personal, como lo demuestra el hecho de que el nuevo régimen convencional tiene un costo de $ 593.000 millones, frente a los $ 619.039 millones que costó la Convención 2001-2002, con lo cual se rompió la tendencia creciente que se venía presentando en este rubro”. Adicionalmente, el informe de 2004 afirma: “La empresa continuó con el proceso de optimización de la planta de personal, que tuvo una disminución de 4,3 por ciento, al pasar de 6.298 personas en diciembre de 2003 a 6.027 en diciembre de 2004” […] “Los gastos de salud también presentaron una reducción de 6,6 por ciento respecto del año 2003, al pasar de $ 136,2 millardos a $ 127,1 millardos, con lo cual se registró por primera vez desde 1998 una disminución real de la ejecución en pesos corrientes”6.

El sindicato es objeto del terror del Estado y la violencia creciente en el país desde finales de los 80. Las dos ofensivas más criminales contra la Unión Sindical Obrera (USO) se sintieron con fuerza en 1988 y 2002, con un saldo de 114 trabajadores asesinados; a la vez, alrededor de 250 fueron desterrados bajo amenazas. La organización, creada en 1922 bajo el liderazgo de Raúl Eduardo Mahecha y que agrupa a la mayoría de los trabajadores, mantiene su lucha laboral a favor de una política nacionalista del sector petrolero, el sostenimiento y el reajuste de las reivindicaciones logradas a través de las Convenciones Colectivas de Trabajo (CCT), la defensa integral de los Derechos Humanos y el logro de la paz con justicia en Colombia.

Con anterioridad a 1990, la USO acudió a un instrumento extremo de protesta como es la huelga (legalizada por el Código Sustantivo del Trabajo) en 1963, 1971 y 1977. Frente a los impactos negativos del ajuste estructural sobre los trabajadores, iniciado en Ecopetrol en los 90, la negociación de las condiciones salariales de los trabajadores convencionales, mediante pliego presentado en noviembre de 2002, llevó a un enfrentamiento con la empresa que terminó en la huelga de 2004. La negativa de la empresa y las condiciones adversas de orden legal y represivo en el país se expresaron en el severo golpe dado por el Gobierno y la empresa a la USO: 263 trabajadores sindicalizados fueron despedidos.

Con una correlación de fuerzas a su favor, Gobierno y empresa, con la complicidad de la rama judicial, propiciaron un golpe más a los trabajadores mediante el laudo arbitral que eliminó la estabilidad laboral y el escalafón, acabó con la temporalidad a favor de la tercerización, excluyó de los beneficios de la CCT a contratistas y temporales, y congeló salarios y prestaciones.
 
Las nuevas condiciones en la planta de personal, la precarización y la flexibilización laboral, unidas a la creciente producción y al mejoramiento relativo en los precios del petróleo y sus derivados, ha significado un flujo creciente de ganancias de la empresa, aumentos enormes en sus activos y su patrimonio, y, consecuencia de todo ello, sostenidos incrementos en la productividad física y la generación de utilidades por parte de los trabajadores para beneficio unilateral de la empresa.

Es importante preguntarse a dónde han ido a parar los enormes excedentes que genera la renta petrolera en Colombia. Una parte, está claro, es la importante dinámica de acumulación que muestra la empresa durante la última década. Pero otra parte, como lo sucedido con las regalías a departamentos y municipios, se ha perdido a través de la corrupción, la ineficiencia en obras “faraónicas” que poco aportan al desarrollo regional, en clientelismo y burocracia. Y otra  parte significativa ha financiado la guerra que promueve el gobierno y ha alimentado, a través del servicio de la deuda pública externa e interna, el apetito desaforado del capital financiero. La bonanza petrolera no se ha sembrado en Colombia con el fin de lograr una economía más compleja, estructurada, robusta y sustentable; los indicadores sociales tampoco muestran mejorías en el bienestar de los colombianos; la inestabilidad y los impactos de la crisis mundial, así lo demuestran.

Pliego, convención y lucha actual


En agosto de 2009, los tres sindicatos que conviven en Ecopetrol (USO, Adeco y Sindispetrol) se encuentran en plena etapa de negociación de la convención colectiva de trabajo, bajo la nueva naturaleza jurídica de la empresa, ahora con capital privado. Ésta se inició el 14 de julio y, de no alcanzar acuerdo, se convocará un tribunal de arbitramento para zanjar las diferencias, como sucedió en 2002.

De una parte, la USO exige un incremento salarial del 22 por ciento, argumentando la pérdida del poder adquisitivo y las ganancias récord obtenidas por Ecopetrol en 2008; adicionalmente, en el pliego de peticiones el sindicato presentó 56 artículos para actualizar y 18 puntos nuevos, así como el reintegro de los trabajadores despedidos en la huelga de 2004. La propuesta de las directivas de la empresa desmejora la condición de la CCT vigente y exige que se suscriba una convención a cinco años en lugar de tres, como se hacía, para crear un clima laboral adecuado al plan estratégico hacia 2015.

La situación no es la más favorable en la lucha de los trabajadores. En el terreno de las relaciones colectivas de trabajo, ya no hay negociación ni contratación colectiva sino concertación, flexibilización, contrapliegos y pactos colectivos, y los patronos están tomando la iniciativa de renegociar para desmejorar las convenciones colectivas de trabajo vigentes; además, hay otras herramientas al servicio de las empresas:
  • los Tribunales de Arbitramento Obligatorio,
  • la noción de servicio público o la declaración de servicio público esencial para efectos de restringir la huelga,
  • la utilización del concepto de servidores públicos y la promoción de la ilegalidad de las huelgas de trabajadores.

El Estado, con la expedición de leyes regresivas, impone unilateralmente salarios, seguridad social, pensiones, cesantías, salud, subsidio familiar, recreación, supermercados; todo precedido por enormes negocios y corrupción. La globalización económica les invadió el campo de acción a los sindicatos7.

Persistir y resistir en la lucha


Las características actuales de las luchas obreras han cambiado, tornándose más complejas, lo que demanda de los trabajadores plantearse horizontes reivindicativos y transformaciones más amplios. En este sentido, la USO afirma: los vientos de nacionalización de América Latina muestran la lucha que se debe desarrollar en defensa de los recursos naturales y en contra de las transnacionales; por eso se requiere la integración, donde se exprese la unidad, la cooperación en la protección de los patrimonios soberanos, fortaleciendo un modelo económico social diferente del que esgrime el imperialismo. La hora nos exige elevar nuestras denuncias, movilizarnos junto al resto de la población y persistir en la unidad con todas las fuerzas democráticas de la oposición, único camino que nos conducirá a la recuperación de la soberanía, el respeto a la vida, el rescate de los derechos de los trabajadores y la dignidad de nuestro pueblo8.

*    Economista y máster en teoría económica. Filósofo y especialista en análisis existencial. Consultor, investigador y escritor independiente.
1     La relación entre mercado de trabajo, competitividad y acumulación capitalista se ha hecho más estrecha. Las políticas laborales, en los países con baja generación de valor e innovación, con abundante oferta de fuerza laboral, bajos salarios y débil organización sindical, se convirtieron en una importante fuente de ventajas comparativas y competitivas. Mundialmente, las últimas tres décadas registran el tránsito a economías más abiertas y globalizadas, y cambios en el rol del Estado. Ahora, más regulador, neoliberal, represivo y policial.
2    Echeverri, Fabio y Gutiérrez, Javier (2009), Carta a los accionistas, en: Informe anual 2008, Gestión empresarial y finanzas, Vol. 1, Ecopetrol.
3    Revista Semana, Julio 20-27 de 2009, Edición Nº 1420, Bogotá, p. 13.
4    El Espectador, domingo 26 de julio de 2009, p. 28.
5    Montaña, Óscar; Reyes, Mauricio; Russy, Mauricio (1997), Proceso evolutivo de la CCT USO-Ecopetrol y su influencia en las finanzas de Ecopetrol, Bogotá, p. 179.
6    Ecopetrol, Informe anual 2004, Bogotá, pp. 31-32.
7    Carvajal, Adalberto (2007), Globalización económica y relaciones de trabajo, en: Revista Cepa Nº 5, Bogotá, p. 25.
USO (2006), Salvar a Ecopetrol, compromiso de todos, Revista Cepa Nº 1, Bogotá, p. 59..
Publicado enEdición 149
Carta abierta a Colombianas y Colombianos por la Paz, a  los partidos y movimientos de oposición democrática, al movimiento social, a las centrales de trabajadores, al campesinado, al estudiantado, a los indígenas, a los afro descendientes, a las minorías étnicas, periodistas, militares patriotas y desplazados.
 
Compatriotas:
 
A partir de la llegada al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en Colombia surgió una NUEVA DERECHA, neoliberal y antidemocrática que pretende perpetuarse en el poder, se presenta sin careta y esgrime abiertamente sus propósitos de gobernar para los más ricos sin esconder sus intenciones anti populares de arrebatar y desmontar una a una, todas las conquistas sociales alcanzadas por la clase obrera y los trabajadores a lo largo de históricas jornadas de lucha.
 
Esa nueva derecha, ultra, que no vacila en recurrir a métodos gansteriles, está representada por el Uribismo y sus diferentes facciones que compiten entre sí, para disputarse cuál es más reaccionaria que la otra, pero todas identificadas con el pensamiento retardatario del presidente Álvaro Uribe de gobernar exclusivamente a favor de una élite del capital financiero, del nuevo gamonalismo castrense y paramilitar, los terratenientes, el sector monopolístico de la producción y el capital extranjero, otorgándoles toda clase de beneficios y gabelas, a costa de recortar y afectar los derechos e intereses de los trabajadores, consolidar la contrarreforma agraria alcanzada a sangre y fuego por el paramilitarismo estatal y mafioso, al precio de centenares de masacres y el desplazamiento forzado de cerca de 4 millones de campesinos pobres, legalizar los dineros de la mafia y empotrar en Colombia un régimen autoritario perdurable y de sesgo fascista.
 
La presencia de esta nueva derecha intolerante y mafiosa ha cambiado el mapa político del país y amenaza el futuro democrático de la nación.
 
Características principales de esta nueva derecha la constituyen:
 
- El monopolio mediático y manipulador de la información, su militarismo desmedido y su afán por hacer de Colombia un Estado Policivo, que lleva registro detallado y minucioso de la vida privada  de cada colombiano incluyendo a jueces y Magistrados.
 
- Su antisocial y profundamente anti popular política neoliberal y su menosprecio por las reivindicaciones y necesidades de la gente humilde, excusada en la misma concepción que esgrimía Mussolini en sus peroratas fascistas: “El pueblo no necesita mantequilla sino cañones”.
 
- Su condición de genuflexo y su entrega sistemática a los intereses del Imperio, manifiesta en su alineamiento total con los actos de la política exterior agresiva de los Estados Unidos y en su afán por cumplir en América el papel que Israel, como Estado terrorista, cumple en la geopolítica del Medio Oriente.
 
- El desconocimiento de los más elementales derechos de sus opositores, a quienes califica de “terroristas” de civil o de aliados de los “terroristas”, pues según la “inteligencia” oficial, todos los movimientos sociales estarían penetrados por la guerrilla.
 
- Su comprobada alianza con el paramilitarismo y la mafia en todos los niveles, el desconocimiento metódico de las reglas del juego y de la Constitución que juró defender, el chantaje a las Cortes y al Congreso, el empleo del servicio diplomático para pagar favores políticos y blindar delincuentes y paramilitares amigos suyos, así como su marcado autoritarismo, aunado a sus pretensiones mesiánicas, vengativas, personalistas y abusivas del poder, son otras de sus características.
 
Para nadie es secreto que la democracia “a la colombiana” siempre ha sido más que “restringida” y oligárquica, en razón de su rígido presidencialismo y del excluyente bipartidismo que aún la caracterizan.
 
Aquí jamás ha habido democracia real sino un remedo de la misma, en la que ha sido decisivo el empleo de la guerra sucia y el peso político de la voluntad del Ejecutivo, siendo esto lo que ha impedido en buena parte, que aparezcan y se consoliden fuerzas políticas alternativas de masas y una oposición.
 
Siempre hemos tenido un régimen presidencial, que ha venido remachando sus grilletes a todo lo largo del siglo XX, pero lo nuevo, es que ahora parece estar alcanzando su plenitud y perfección despóticas en este reinado militarista de Álvaro Uribe que quieren imponernos.
 
No es mera casualidad que con Uribe haya llegado a la presidencia de la República el Opus Dei, el sector más reaccionario de la iglesia.
 
Nadie podrá desvirtuar nuestra aseveración de que Álvaro Uribe -trabacalero y experto en falacias- ha convertido la presidencia de la República en catapulta para sus intenciones personalistas-reeleccionistas. Todo acto, toda acción que realiza como mandatario, o que deja de ejecutar, tiene el marcado y específico propósito de conquistar votos y de hacerse reelegir.
 
Este gobierno convirtió su mandato en descarado directorio político de su campaña reeleccionista y avanza a reimplantar en el Congreso una ley de inmunidad que asegure la impunidad para él y para todos sus compinches.
 
Sin siquiera esperar la aprobación de la Ley que le permita su segunda reelección, lo vemos lanzado en campaña por un tercer mandato, apelando a los métodos gansteriles de espionaje político a sus opositores y utilizando todos los recursos estatales de que dispone. No hay duda alguna, en los próximos comicios presidenciales, el Estado fungirá de Gran elector.
 
Unido a esto, es indiscutible que existe la pretensión y el proyecto de formar un partido de la ultraderecha ya no como la unión de distintos retazos ideológicos, sino una compacta organización Neoliberal en lo económico, ultramontana en lo ideológico y antidemocrática en lo político y social para que sea el instrumento político de la dictadura en ciernes.
 
El proyecto de Nuevo Estado de Uribe pretende establecer un tipo de legalidad diferente a la vieja legalidad que ha existido y en la práctica, otorgar al Presidente un nuevo poder: el de auto elegirse.
 
Ya se re-eligió una vez con métodos ilegítimos, lo que pretende ahora es poder hacerlo siempre.
 
El principio de las tres ramas del poder público con distintas funciones y competencias, pretende ser sustituido por el principio autoritario de la concentración en el Ejecutivo del control de todas las funciones estatales.
 
Las continuas arremetidas contra las altas Cortes indican que existe el objetivo de tener una justicia dócil y sometida a la voluntad del ejecutivo.
 
No olvidemos que en el Referendo rechazado por el pueblo en el primer gobierno de Uribe, se incluía la eliminación de la Corte Constitucional y se sugería una justicia militar con jurisdicción para juzgar a civiles a través del Estatuto Antiterrorista, que a pesar de haber sido derogado por la Corte Constitucional, se aplica diariamente en Colombia en las llamadas zonas de orden público, donde se realizan empadronamientos, se despliegan razzias contra la población civil y se recurre al racionamiento de alimentos y de medicinas indispensables de modo arbitrario y abiertamente  anticonstitucional.
 
¿Qué norma constitucional autoriza al ejército a racionar la compra de alimentos y a colocar calcomanías invitando a la deserción en todas y cada una de las facturas de remesa que compran los campesinos, como si todos ellos fueran guerrilleros?
 
Con el embeleco de una pretendida Seguridad nacional, las seculares y ya recortadas libertades individuales, lo mismo que los derechos sociales y hasta los ecológicos van desapareciendo y en su lugar emerge la razón de Estado. El Estado de la “Seguridad Democrática”. La tendencia es a sustituir la vieja democracia liberal por una nueva democracia autoritaria, en cabeza de un déspota autoritario: Álvaro Uribe.
 
Para su primera reelección, con el cinismo de un sofista, Uribe engatusó a millones de electores con el cuento de que a través de su política de Seguridad Nacional, la derrota de la guerrilla estaba a la vuelta de la esquina y hasta le puso plazo: 18 meses, después de los cuales, Colombia sería una Arcadia de Paz.
 
Cuando los hechos demostraron lo contrario, pidió más sacrificios y un nuevo mandato, porque según él y sus áulicos, la victoria estaba  a la vuelta de la esquina y estábamos en “el fin del fin”, solo necesitaba un nuevo mandato de otros 4 años, para que Colombia pasara a ser la “Ciudad del Sol”.
 
Ahora dice que se necesitan 4 años más porque “la culebra está viva” y cuando la insurgencia los golpea, los generales salen a asegurar que son los “últimos coletazos” del terrorismo. Con estulticias como esas, tapan el fracaso de su política de seguridad.
 
Y así, de mentira en mentira, vamos a completar 8 años de un nefasto mandato durante el cual ha pasado de todo:
 
En el curso de estos años, el país supo que las oficinas de inteligencia del Estado (DAS) le fueron entregadas al paramilitarismo. Allí se elaboraron listas de sindicalistas, académicos y activistas sociales a quienes los sicarios debían asesinar y que efectivamente  fueron asesinados, llegando a alcanzar el triste récord de ser Colombia el país donde más sindicalistas se asesina.
 
Truculencias, sobornos y cohecho para hacerse reelegir, masacres y crímenes de lesa humanidad disfrazados de “falsos positivos”, espionaje político sistemático a Magistrados, líderes de oposición, cívicos y sindicales, a jueces, periodistas y a gente del común, que disfrazó como chuzadas, despojo violento de 6 millones de hectáreas de tierras a millones de campesinos mediante terror paramilitar y desplazamiento forzado que disfrazó de “migración voluntaria”, y como en vez de paz, lo que tenemos es más miseria y más terror oficial, ahora dice que “la culebra sigue viva” y necesita otros 4 años para consolidar su régimen policiaco, militarizar más y más el país y perpetuar su dictadura.
 
La Colombia gobernada por Uribe es el único país del mundo donde se comprueba que 85 parlamentarios oficialistas son paramilitares y no pasa nada. Simplemente reducen el problema a unos procesos penales corrientes que culminan con benignas condenas sin mayores consecuencias políticas.
 
Solo una cuestión no deja dormir a Uribe y la casta dirigente: que con todos esos congresistas suyos metidos en la cárcel, el gobierno corre el riesgo de perder sus mayorías. Por eso sale apresurado a pedirles que voten sus proyectos antes que los metan presos. Tamaña inmoralidad no se había visto nunca.
 
Está claro que Uribe pretende prolongar su mandato no hasta el 2014, sino hasta el año 2019!
 
Para comprender tan demencial propuesta, hay que conocer, los meandros de su carácter, al igual que su fanatismo ultramontano orientado por el Opus Dei y penetrar su atravesada personalidad alimentada por odios viscerales y un egoísmo mesiánico.
 
Es necesario desenmascarar el engaño: detrás de la lucha contra el llamado “terrorismo”, se encuentra agazapado el propósito de montar una cerrada democracia autoritaria a lo Fujimori. Y la “guerra total contra el terrorismo” no es más que el camino para su realización. He aquí la almendra del proyecto político del uribismo.
 
Hay muchos que piensan, algunos desde posiciones revolucionarias y seguramente con sinceridad, que si no fuera por la existencia de las guerrillas, Colombia estaría recorriendo un camino alfombrado rumbo a la más "profunda" democracia. No los descalificamos, pero los invitamos a reflexionar:
 
¿Será esta una conclusión objetiva sacada del estudio de nuestra historia política?
 
¿No es esto desconocer el modus operandi de la oligarquía colombiana a través de toda la vida republicana?
 
¿Acaso se piensa que las guerrillas en Colombia surgieron por generación espontánea?
 
¿Acaso no conocemos y conoce el pueblo colombiano a los promotores de la política de sangre y fuego con la que se inauguró la Violencia de la que no aún hemos salido y fue la causa del origen de las guerrillas?
 
¿No está demostrado hasta la saciedad que el paramilitarismo es una estrategia de la oligarquía para desarrollar la guerra sucia contra el pueblo y esconder su mano criminal?
 
¿O será que vamos a creer el cuento sacado de la mochila paisa del "sociólogo” Álvaro Uribe, de que aquí no hay conflicto armado sino la agresión de unos terroristas contra la “democracia profunda” que él dirige, porque los revolucionarios dizque ya no defienden ideales sino que son narcotraficantes?
 
Colombia necesita encontrar los caminos que conduzcan a poner fin a esta guerra entre hermanos, senderos de reconciliación que nos lleven a Acuerdos de Paz.
 
Los integrantes de las FARC-EP hemos luchado y continuaremos haciéndolo, con denuedo, con entrega y sacrificio por alcanzar acuerdos que ayuden a construir una patria en la que quepamos todos. Jamás hemos proclamado el principio de la guerra total ni de la guerra por la guerra ya que nuestros objetivos son los de lograr cambios profundos en la estructura social de Colombia, que tengan en cuenta los intereses de las mayorías nacionales y de los sectores populares y por desmontar un régimen político criminal, oligárquico, oprobioso, corrupto, excluyente e injusto como está consignado en nuestra Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.
 
Con toda la sinceridad que corresponde a nuestro compromiso con el cambio social y la lealtad que le debemos a nuestro pueblo, le aseguramos a todos quienes llaman a la claudicación, que no vamos a desistir después de más de 40 años de lucha, ni a aceptar una falsa paz "gato parduna" donde la minoría oligárquica continúe acaparando todas las riquezas, mientras las grandes mayorías nacionales quedan aplastadas por el peso de la pobreza, el terror militarista, la miseria y la degradación moral de una clase dirigente corrupta hasta los tuétanos.
 
No traicionaremos los sueños de justicia de la Colombia que clama por la paz con justicia social, ni la memoria de los miles de muertos ni a las víctimas de las innumerables tragedias que ha ocasionado esta cruenta guerra declarada por la oligarquía al pueblo desde hace más de 50 años. No tenemos alma de trepangos ni de componenderos.
 
El próximo acuerdo de paz que se alcance en Colombia no puede ser como el firmado en Santo Domingo, que es el mejor ejemplo de cómo no se llega a la paz.
 
Acuerdos de paz sí, pero, el punto cardinal es: ¿con o sin cambios estructurales en lo político y social?
 
¿Democracia o autoritarismo?
 
Una paz entendida solo como mera reconciliación de los espíritus, no solo es una irresponsable fantasía y un crimen, sino un retroceso histórico en los anhelos del pueblo colombiano por alcanzar la justicia social.
 
Dentro de ese contexto es pertinente debatir el papel de las organizaciones democráticas en la solución del conflicto social y en unas eventuales conversaciones de paz, para impedir el engañoso  sofisma de que solo las organizaciones de los ricos representan a la “sociedad civil” y a la clase obrera la representa Angelino Garzón.
 
Llamamos a todos los patriotas y demócratas de Colombia, a intercambiar sobre estos temas para impedir el establecimiento perpetuo de una dictadura o un gobierno totalitario y despótico.
 
Los invitamos a trabajar por un Gran Acuerdo Nacional de Paz, a construir una alternativa política que privilegie la paz, convoque al diálogo, instrumente una tregua bilateral y proceda a suspender de inmediato la presencia de tropas estadounidenses en nuestro territorio. Que una vez alcanzados los acuerdos con el protagonismo de las organizaciones sociales y políticas, convoque una Asamblea Nacional Constituyente que refrende lo acordado.
 
Impidamos entre todos que en Colombia el pueblo pierda todas las conquistas alcanzadas a través de sus justas luchas y que la guerra sea el Modus Vivendi de nuestra sociedad, solo por la intransigencia oligárquica de impedir a toda costa que en Colombia haya cambios estructurales que beneficien a las mayorías nacionales y de perpetuar un régimen político que todos sabemos es injusto, inmoral y antidemocrático.
 
Compatriotas,
Secretariado del EMC.
FARC-EP.
Montañas de Colombia, julio del 2009

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