Lunes, 19 Marzo 2018 06:50

En la calle

En la calle

En España los pensionados se han volcado por millares a las calles de muchas ciudades para reclamar la reposición del valor de sus ingresos. Muchos de ellos reciben un ajuste anual de 0.25 por ciento en términos nominales, lo que hace que sus ingresos alcancen cada vez menos para subsistir.

Salieron a la calle literalmente para no quedarse en la calle. Han tomado al gobierno de bajada, en un momento en que enfrenta serios problemas políticos y una brusca reducción en la preferencia de los electores, según distintas encuestas.

El asunto de las pensiones rebasa, ciertamente, el actual problema español. Con distintas formas, concierne a la población de muchos países. No en todos hay sistemas de cobertura universal para quienes alcanzan la edad de jubilación.

Este es un caso típico de política pública que exige una consideración específica del tiempo y la incertidumbre que eso entraña. Las medidas que se toman hoy tendrán un impacto dentro de varios años, con mayores presiones económicas y sociales; pero inevitablemente ese tiempo llega.

La evidencia general es que el envejecimiento de la población, la menor tasa de crecimiento del producto, la poca generación de empleos remunerativos que permitan cotizar mientras se trabaja y la precariedad de los salarios, apuntan todos a un entorno de mayor conflicto en materia de pensiones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que para la generación a la que se llama de los millennials, que entran a la fuerza de trabajo, la expectativa es que las pensiones públicas no proveerán una red de seguridad como para las generaciones anteriores. Así que tienen que complementar el ingreso destinado al retiro. Esta es la diferencia entre el ahorro forzoso y el voluntario.

Esta consideración ha quedado ya clara para los trabajadores mexicanos que se jubilarán con la reforma de 1997 aplicada al sistema de pensiones. Ésta lo sacó de la bolsa que concentraba el gobierno y que se hizo inviable por muchas razones, incluyendo las non sanctas, y lo pasó a otro de cuentas individuales que administran las Afores. La expectativa de jubilación es ahora bastante pobre para la gran mayoría de la gente.

Esta es una especie de Trampa-22, una situación que entraña la paradoja en la que un individuo tiene que complementar su ingreso futuro para el retiro, cuando el salario actual es insuficiente o de plano no existe.

El caso, entonces, es que en el rango de las personas ya jubiladas las pensiones no alcanzan y, en el otro extremo, el de los jóvenes en edad de trabajar, los ingresos tampoco son suficientes para complementar una pensión esperable.

Esta es una verdadera pinza que representa una fuerte presión social en un entorno en el que la cantidad de empleo es insuficiente y los ingresos que se reciben también. Y cuando, además, hay un proceso de envejecimiento de la población que agrava el conflicto.

El tru tru del FMI plantea que la tasa de personas que trabaja debe aumentar y, además, tienen que elevarse las sumas cotizadas para las pensiones. Esto no puede conseguirse si no se crea más empleo y con ingresos suficientes, algo que estructuralmente hoy no ocurre. Pero incluso esto no llevaría una pensión que repusiera el salario que se obtenía mientras se trabajaba.

Las pensiones son transferencias para soportar los ingresos de los adultos mayores, y tienen una cobertura distinta entre los que las reciben. Son un ingreso que en muchos casos contribuye a contener la pobreza de quienes se retiran del trabajo.

Las pensiones se han convertido en un componente significativo de las cuentas fiscales. En las economías avanzadas representaban 4 por ciento del producto inerno bruto en 1970 y en 2015 habían llegado a 9 por ciento y sigue creciendo.

Ante este costo en aumento y para contener el crecimiento de los pensionados se propone elevar la edad de retiro, lo que no es malo en principio, y restringir las reglas de elegibilidad; también se han de ajustar los beneficios. Esto último es parte de lo que se conoce como la generosidad del sistema de pensiones. Un criterio bastante maleable, hasta casi un eufemismo, en un entorno en que las políticas de bienestar no son las más populares. La tendencia parece ir en la dirección de sálvese quien pueda.

Desde hace más de 30 años en España el gasto por las pensiones representa alrededor de 35 por ciento del ingreso por habitante (el promedio), esta es la tasa de reposición y el FMI proyecta que hacia 2060 alcance sólo 20 por ciento.

El escenario, otra vez, apunta a que para superar ese reducido monto de apenas una quinta parte del ingreso promedio esperable, los trabajadores jóvenes habrán de alargar su vida laboral. Quienes empiecen a retirarse en 2050 y pospongan el tiempo de trabajo cinco años, podrían estrechar sólo la mitad de la brecha del ingreso con respecto a los que están hoy ya pensionados. Y todo esto supone que la situación política y social podrá sostenerse sin conflictos exacerbados, que la gente aceptará esas condiciones. Hoy los pensionados españoles no lo hacen.

 

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El “aceleracionismo”, un nuevo debate en la izquierda

Según una serie de intelectuales de origen británico, al menos en su gran mayoría, el capitalismo en su etapa algorítmica y megaconectada financieramente ha producido un colapso antropológico donde los relatos simbólicos de la izquierda son anacrónicos. Carecen de una operatividad real y son el mero testimonio del peso de un legado que ya no nos dice nada del futuro. En esta perspectiva, la izquierda y los distintos relatos emancipatorios como los movimientos nacionales y populares estarían anclados en un apego melancólico al pasado. De distintos modos, es lo que se deduce del “Manifiesto aceleracionista”.

Los aceleracionistas optimistas, en la tradición de Deleuze y actualizados a partir de Negri, piensan en el Capitalismo como un parásito que obstaculiza el desarrollo emancipatorio que el nuevo “cognitariado”, neologismo que vincula conocimiento con proletariado, usando las nuevas tecnologías, puede desplegar. En esta vertiente optimista, los algoritmos y las matemáticas no pertenecen al Capitalismo y pueden constituir un instrumento idóneo para reorientar el Capitalismo a la transición a una sociedad poscapitalista.


Esta posición, claramente tiene un eco del Marx del Capital, quien también pensaba que las relaciones sociales de producción capitalista constituían un obstáculo al despliegue de la productividad moderna. El Capitalismo, una vez más, aquí se presenta como el portador de una “potencia” que irá mas allá de su propio marco. Los trabajadores conectados a los dispositivos de inteligencia digital estarían en condiciones de irse separando del modo de acumulación capitalista y organizar un colectivo poscapitalista.


Sin embargo, hay que señalar distintos aspectos de estos flujos algorítmicos que los aceleracionistas dejan de lado.


1) Estos flujos son asignificantes, no encuentran un punto de anclaje para amarrar la significación y constituyen, como lo afirmó Lacan con respecto a lo que denominó el Discurso Capitalista, un verdadero rechazo del sujeto inconsciente y pulsional. La financiarización del mundo es ilimitada y sin corte y por tanto sin lugar para un sujeto que no sea otra cosa que la “subjetividad” que sus dispositivos de rendimiento producen. Mientras que el sujeto inconsciente del lenguaje es una relación de conjunción y disyunción entre sus determinaciones y su libertad paradójica en la trama de sus determinaciones, la subjetividad neoliberal se desenvuelve en el estilo de vida de la performance competitiva y sin límites, donde ella misma colabora activamente con su propia sumisión al programa neoliberal.


Es una subjetividad conectada y relacional, dicho de otra manera, es una subjetividad que no permite ni da lugar al sujeto en su condición sexuada, mortal y hablante. Pero en este punto es necesario aclarar dos cuestiones que aparecen en tensión, por un lado la subjetividad y el sujeto no se presentan separados en su modo de comparecer en la realidad, hay siempre yuxtaposición y mezcla, por otro esta diferencia debe ser sostenida hasta el final, solo la fidelidad al sujeto hace posible las condiciones de una Emancipación común.
2) Los aceleracionistas no dan cuenta de que si el sujeto es expulsado del mundo digital-tecnológico, se volverá dominado definitivamente por el modo de gozar repetitivo que la digitalización de los lazos sociales implica. ¿Por qué para los aceleracionistas, que quieren superar la ensoñación melancólica de las izquierdas no advertidas de la mutación antropológica, es tan importante el nuevo conocimiento tecnológico en su potencial anticapitalista? Cuando ellos mismos son los que aseveran que la mutación antropológica ha hibridado al sujeto con la máquina digital metamorfoseando a lo humano en la robótica. ¿Qué mito renovado del Progreso otorga esta cualidad salvífica a la robotización? ¿O en esta escatología técnica hay de un modo implícito un anhelo de colapso total, de choque de trenes final, de producir una catástrofe que traiga aparejada una nueva disponibilidad redentora en sus sobrevivientes?


Sin fidelidad al sujeto implicado en los lazos sociales y los proyectos políticos, el tejido digital y tecnológico no podrá alcanzar el poscapitalismo de un modo inmanente por el puro devenir de una “potencia” de inteligencia colectiva.


¿Quiénes van a expropiar Amazon o Google? O se trata de abandonarse a la hibridación con lo maquínico hasta que ya no quede nada de lo humano o permanezca escondido en algún bosque extraño, tal como sucede en las películas de ciencia ficción que repiten una y otra vez su argumento: corporaciones, robots, zombies y los emboscados. El aceleracionismo es tan aburrido como la repetición al infinito del susodicho argumento.


3) El aceleracionismo sueña con volver a separar a la Ciencia de la Técnica, así lo expresa Negri cuando afirma que “las matemáticas y los algoritmos” no pertenecen al Capitalismo, pero acaso ¿no se ha consumado ya la subsunción real de la Ciencia en Técnica y por tanto la absorción de la ciencia en el mercado? Finalmente el aceleracionismo, su manifiesto y sus intelectuales de una humanidad “aumentada” por las posibilidades de las plataformas digitales, encubren que no quieren hacerse cargo de los antagonismos instituyentes de lo social. El desarrollo digital y tecnológico del capital no está en absoluto separado de las grandes élites oligárquicas-financieras que desde hace años llevan adelante una ofensiva contra los sectores populares y subalternos. En este aspecto, el aceleracionismo encarna, mas allá de algunas excelentes descripciones del capitalismo contemporáneo, una escena de seducción del neoliberalismo hacia las izquierdas y los movimientos populares.


Las sucesivas derrotas le han provocado a las izquierdas un horror por su vejez y a la vez una inquietante fascinación por las cualidades mutantes del Capitalismo. Es lo que traslucen algunos intelectuales de izquierda cuando le suponen una gran astucia a políticos neoliberales que simplemente ocupan el lugar de una “aplicación neoliberal”. O el propio ensayista Chul Han, cuando con excesiva fruición describe los distintos modos de captura de subjetividades por parte del neoliberalismo hasta llegar al crimen perfecto del Capital sin abrir ningún debate sobre la reinvención de lo político.


4) Es cierto que nunca existirá un proletariado mundial que reorientará al mundo de la técnica hacia la universalidad sin intereses privados. Las clases populares y subalternas han quedado bloqueadas en su propio “en sí” en razón de su propia fragmentación. Solo un Populismo de izquierda, de vocación emancipatoria, puede intentar una y otra vez hacerse cargo de la prometeica tarea.


Q Psicoanalista y escritor.

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El capitalismo, un obstáculo para la igualdad y la democracia: la historia de EEUU

La Guerra Fría acabó con el legado del New Deal. El paso del tiempo y Trump están destruyendo ahora el legado de la Guerra Fría. Mientras que el capitalismo era cuestionado y desafiado en las décadas de 1930 y 1940, hacerlo se convirtió en tabú después de 1948. Sin embargo, a raíz de la crisis de 2008, se recuperó el pensamiento crítico acerca del capitalismo. En particular, un argumento está ganando terreno: el capitalismo no es el medio para alcanzar la igualdad económica y la democracia, sino más bien el gran obstáculo para su realización.


Durante el New Deal, la administración Roosevelt presionada desde abajo por una coalición de sindicatos (Congress of Industrial Organizations) y por la izquierda política (dos partidos socialistas y un partido comunista), revirtió la dirección tradicional (de desigualdad creciente) de la distribución de la renta y de la riqueza en Estados Unidos. Se produjo un cambio hacia una mayor igualdad. Así, la historia de los EEUU ilustra la idea que defiende Thomas Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI (2014) sobre la profundización de la desigualdad a largo plazo, que únicamente se ve interrumpida puntualmente. De hecho, la transformación que provocó el New Deal fue una de esas interrupciones, y estuvo basada en el tipo de impuestos hacia las empresas y los ricos que Piketty defiende ahora para corregir o revertir las desigualdades capitalistas.


Tras la Segunda Guerra Mundial, la reanudación del proceso de acumulación capitalista abatió al New Deal y ha llevado desde entonces al capitalismo global contemporáneo a una nueva profundización de la desigualdad. Lo que Piketty propone ahora de nuevo como una solución, ya ha demostrado ser un remedio meramente temporal. La transformación ha sido a su vez revertida. Después de 1945, las empresas y los ricos utilizaron sus beneficios y sus altas rentas y riquezas para comprar todavía más control de los dos principales partidos políticos. Ese control adicional les permitió desmantelar el New Deal y mantenerlo derribado.


Así, la historia de Estados Unidos ejemplifica algo más que la tendencia capitalista a profundizar en la desigualdad y cómo el uso de los impuestos estuvo en grado de revertir esa desigualdad. También nos muestra cómo y por qué esa transformación no pudo ser más que temporal. La lección de esta historia invita al escepticismo acerca de si las políticas progresistas basadas en impuestos -o, de hecho, cualquier política progresista- puede ser algo más que temporal, dado el probado éxito del capitalismo para revertirlas. Tal escepticismo se fortalece cuando las transformaciones que se han dado en otros países capitalistas se revelan, del mismo modo, como meras interrupciones temporales de una tendencia básica hacia desigualdades cada vez más profundas.


La conclusión que se extrae de la historia de EEUU no es que los esfuerzos para revertir la profundización de la desigualdad estén predestinados al fracaso. Más bien muestra que las meras reformas, como los cambios en la legislación fiscal, son inadecuadas para alcanzar dicho objetivo. Para que las reformas se mantengan -para superar una fragilidad que ya se ha repetido varias veces a lo largo de la historia-, es necesario ir hacia un cambio del sistema de base. Puesto que el capitalismo tiende a profundizar la desigualdad y ha demostrado que puede derrotar las inversiones de esta tendencia -convirtiéndolas en temporales-, es el capitalismo lo que debemos superar para resolver su inherente problema de desigualdad.


Lo mismo puede decirse respecto a la contradicción estructural del capitalismo con la democracia. La etiqueta de “democracia” que muchas naciones modernas usan para describirse a sí mismas ha sido siempre inapropiada. La esfera política es, en efecto, al menos formalmente, un lugar donde las decisiones gubernamentales las toman personas que rinden cuentas, finalmente, en unas elecciones basadas en el sistema una-persona-un-voto. En este preciso sentido, es cierto que los ciudadanos ejercen el derecho democrático a participar en la toma de decisiones que les incumben, por medio del control electoral que ejercen sobre los funcionarios gubernamentales.


Sin embargo, la esfera económica nunca se organizó de una forma democrática. Los líderes de las empresas -los propietarios, los accionistas y los directores que ellos eligen- toman todas las decisiones básicas que afectan a la empresa. Esto incluye decidir qué, cómo y dónde producir, así como qué hacer con los ingresos netos (o excedentes o ganancias) de la empresa. Los líderes no rinden en absoluto cuentas a las personas -todos los demás empleados- que deben que vivir con los resultados de esas decisiones empresariales básicas. Estos empleados son excluidos de participar en las decisiones económicas clave que les afectan y que configuran sus vidas. En resumen, se ha aplicado la etiqueta “democracia” a sociedades cuya esfera política es democrática, al menos formalmente, pero cuya esfera económica no lo es en absoluto.


La rigidez ideológica de la mayoría de las tendencias anti-estatismo en la historia de los Estados Unidos sirvió muy bien para mantener el foco en la oposición entre Estado/público e individuo/privado a la hora de pensar y actuar en favor del cambio social. La democracia se redefinió, en términos prácticos, como la liberación del individuo/privado de la intrusión del Estado/público. La calidad democrática de la empresa individual/privada -la estructura central de la economía- estaba exenta del análisis, en lo que se refiere a su incompatibilidad estructural con la democracia. La naturaleza jurídica de las empresas capitalistas, que tienen personalidad individual igual que las personas de carne y hueso, también ayudó a distraer la atención de su estructura antidemocrática. Del mismo modo, el compromiso del gobierno estadounidense con una “política exterior democrática” fomentó la reproducción en otros lugares de la misma estructura económica antidemocrática que caracterizaba a los EEUU.


El ala derecha de la política estadounidense ha entendido y ha reaccionado desde hace tiempo a los movimientos sociales por la igualdad y la democracia como amenazas al capitalismo. Sus líderes construyen coaliciones tratando de movilizar a la opinión pública contra esos movimientos, en tanto que amenazas al “American way of life”. Esta derecha ha construido su ideología sobre la noción de que la democracia significa que el Estado evite entrometerse en las vidas y las actividades de las personas y las empresas, consideradas ambas como “individuos”. Para ellos, igualdad significa igualdad de oportunidades, no de resultados. Entienden la oportunidad como algo estrictamente desconectado de la riqueza, los ingresos y la posición social de nacimiento de cada individuo.


El ala izquierda de la política estadounidense ha intentado siempre mantener la idea de que el capitalismo es compatible con el igualitarismo y la democracia. También ha defendido que el capitalismo se fortalecería, y no se vería amenazado, si se acercara más a la igualdad y la democracia. En términos prácticos, compitió contra la derecha insistiendo en que las masas -los trabajadores de las empresas capitalistas- perderían la ilusión y la lealtad al capitalismo si este se entregaba a sus tendencias anti-igualitarias y antidemocráticas. El capitalismo, argumentaba y argumenta, se fortalecería y no se vería amenazado por una rebaja de la desigualdad y por una mayor democracia.


Tanto la izquierda como la derecha -y su concreción en la dirección de los partidos Republicano y Demócrata- viven temerosas, conscientes o no, de que la masa, la clase trabajadora, se distancie del capitalismo. “Populista” es el epíteto que expresa actualmente este miedo. Ambos partidos compiten por el apoyo de los líderes del capitalismo -los principales accionistas y las juntas directivas empresariales que éstas seleccionan-, ofreciendo sus estrategias alternativas como una forma de evitar, controlar o canalizar de forma segura la desafección masiva con el capitalismo.


El Partido Republicano ofrece una mezcla de (1) represión a los movimientos sociales igualitarios y democráticos (es decir, populistas), (2) apoyo y subsidio a los capitalistas, y (3) gestos y políticas simbólicas para complacer a ciertos sectores de la opinión pública (fundamentalistas religiosos, patriotas, nacionalistas anti-inmigración, etc.). El Partido Demócrata ofrece una combinación de apoyo gradual y limitado a los movimientos contra la desigualdad y a favor de más democracia política. Se ofrece a sí mismo como el medio para llevar a los grupos marginales a una participación plena en el capitalismo, manteniéndolos así alejados del populismo. La dirección de cada partido condena a los populistas e intenta asociarlos con el adversario. Los Demócratas ven el populismo representado en Trump; los Republicanos y bastantes Demócratas centristas, en Bernie Sanders. Ambas partes rara vez se refieren al “capitalismo” per se. Ambos se comportan como si no existiera crítica o alternativa alguna al capitalismo, o como si éstas no tuvieran sentido.


No solo el Partido Republicano, sino también el apoyo del Partido Demócrata, sirven y refuerzan al capitalismo, que es un obstáculo básico para la igualdad económica y la democracia. Como ni la igualdad económica ni la democracia han sido nunca alcanzadas, han servido durante mucho tiempo como objetivos a los que ambas partes se han comprometido “de boquilla”. La absurda contradicción de esta posición compartida ahora está dando paso al reconocimiento de que la lección que nos ha dado la historia estadounidense es que existe una necesidad de cambiar el sistema. Si, en lugar de las estructuras empresariales capitalistas, se produjera una transición hacia las cooperativas de trabajadores con organizaciones y procedimientos democráticos -lo que con toda probabilidad supondría una distribución de los ingresos netos entre los participantes de la empresa mucho menos desigual que la que se da en las condiciones actuales- se habría eliminado un obstáculo clave para un movimiento social más amplio hacia la igualdad y la democracia.

Por Richard D. Wolff
03/03/2018
es el autor de "Capitalism Hits the Fan y Capitalism’s Crisis Deepens". Es fundador de Democracy at Work.
Fuente:
https://www.counterpunch.org/2018/02/23/capitalism-as-obstacle-to-equality-and-democracy-the-us-story/
Traducción:
Sara Suárez Gonzalo

Publicado enInternacional
Martes, 19 Diciembre 2017 07:54

Una reforma que salió a palazo limpio

Una reforma que salió a palazo limpio

El recorte de los haberes jubilatorios fue aprobado con 128 votos a favor. En contra votaron 116 diputados y dos se abstuvieron. Terminó así el duro debate que había comenzado ayer en medio de la masiva movilización de protesta y los violentos choques entre policías y manifestantes, que dejaron más de 60 heridos y centenares de detenidos. Durante hubo carolazos en distintos barrios porteños y el conurbano que confluyeron en el Congreso.

 

La alianza Cambiemos –acompañada por diputados peronistas que responden a gobernadores “dialoguistas”– convertió en ley la reforma previsional que rebaja la actualización de los haberes de jubilados, pensionados por discapacidad, ex combatientes de Malvinas y los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y embarazo. Con la presión sobre los gobernadores, que llegaron hasta el Congreso para respaldar el pacto con el Gobierno central, el oficialismo se aseguró el quórum y despejó el camino para imponer en una embestida legislativa la reforma más resistida del paquete económico, que ayer se tradujo en otra multitudinaria manifestación de rechazo frente al Congreso, acompañada por un paro general decretado por la CGT. La protesta derivó en una nueva represión de las fuerzas de seguridad, que chocaron con grupos de izquierda, dejando un saldo de cientos de detenidos y unos 60 heridos. Por la noche, se multiplicaron los ruidazos de protesta por todo el país, incluyendo frente a la quinta de Olivos, Plaza de Mayo y de nuevo en el Congreso, mientras los diputados seguían con el debate que cerró con 128 votos a favor del ajuste, 116 en contra y dos abstenciones.

 

La oposición expresó su rechazo a la reforma y al bono “compensador” que sólo restituye unos 4 mil de los 100 mil millones anuales que quitarán a jubilados y pensionados para tapar los agujeros económicos del Gobierno nacional y las provincias.


Tras casi cinco horas de discusiones que rondaron la continuidad o no de la sesión en medio de la represión desatada afuera del Congreso, el oficialismo logró arrancar el debate pasadas las 19. Una larga lista de 80 oradores iniciales, la sesión –que también tiene en su temario la reforma tributaria– amenazaba con extenderse hasta avanzada la madrugada. Apurado por los tiempos, Eduardo Amadeo, como presidente de la comisión de Previsión Social, defendió el proyecto del Gobierno leyendo su discurso –en medio de los abucheos opositores–, lo que no le evitó fallidos sobre los objetivos de la iniciativa. “El Estado cumplirá sus obligaciones con los jubilados y los demás pobres”, afirmó Amadeo, quien pretendía convencer que la nueva fórmula no representaba un recorte a los sectores más castigados por las políticas económica del Gobierno macrista.


“Llegamos al recinto en medio de una enorme campaña de falsedades, pero a fin de año los jubilados no sólo van a estar mejor, sino que van a tener una fórmula que los va a proteger por décadas”, insistió, para luego afirmar no tener culpa por el recorte. “Tenemos la conciencia tranquila”, se justificó y rechazó los cuestionamientos opositores. “Estamos orgullosos del enorme compromiso social de nuestro gobierno”, afirmó. Desde la oposición no se mostraron muy de acuerdo.


La massista Mirta Tundis y la kirchnerista Luana Volnovich compartieron su turno luego de unificar el dictamen opositor de rechazo. “Vamos a rechazar este proyecto porque lo consideramos inviable”, arrancó Tundis y agregó: “Dicen que la ley no vulnera ni afecta los derechos de los mayores, sin embargo afecta los derechos humanos del sector alcanzado por esta reforma, que en realidad es un ajuste, es un recorte”. “Esta ley es inconstitucional porque viola tratados, convenciones, como la del derecho del niño, fallos de la Corte Suprema de Justicia. Esto va a ir a la justicia pero sólo se van a poder defender los jubilados con haberes más altos, el que gana 7600 pesos no va a poder contratar un profesional para defenderse”, añadió.


“Este bono para los jubilados es como si un delincuente secuestrara a un jubilado, lo llevara a un descampado, le robara todo lo que tiene y después le diera 200 pesos para que vuelva a su casa. Eso es el bono (Pablo) Kosiner”, soltó Volnovich, que le apuntó a los peronistas conciliadores pero también al Gobierno nacional: le dijo a los legisladores oficialistas que son “débiles con los fuertes y fuertes con los débiles”.


Martín Lousteau, que aportó al quórum oficialista, quiso diferenciarse en el recinto. “Esto que está ocurriendo hoy es la grieta, es la calamidad de la grieta, es el peligro de jugar con la grieta por temas electorales, es el peligro de creer que uno puede ir por todo porque tiene los votos”, dijo tomando distancia de la iniciativa y advirtió sobre la “prepotencia de un proyecto de ley que no se discutió, que quiso ser impuesto, que no se debatió como corresponde”. “Nosotros no estamos a favor del proyecto. Presentamos un proyecto alternativo y decimos de dónde debe salir el dinero para obtener este fin”, cerró tras allanarle el camino a Cambiemos.


“En este Parlamento tenemos un problema con realidad si no le decimos a la gente de que se trata esto. Esto se trata de sacarle la plata del bolsillo a los jubilados. Tiene ese único nombre, aunque le agrego a los trabajadores, embarazadas, población vulnerable. Es un saqueo no tiene otro nombre”, afirmó el ex ministro de Economía Axel Kicillof (FpV-PJ), que cargó contra la mentira “planteada por el Gobierno y el presidente Macri en campaña, cuando dijeron que no iban a tocar los haberes jubilatorios. “El ajuste es el ahorro, como le gusta decir a ustedes”, agregó y le piso números al saqueo: 100 mil millones de pesos anuales. “Es una bancarrota de la estafa electoral”, sentenció Kicillof.


“Este es un Gobierno de mamarracho. Como puede enviar al Congreso un decreto para modificar un proyecto que se está debatiendo sin modificaciones”, soltó Leopoldo Moreau sobre el bono que firmó Macri “para compensar lo que dice que no le saca”. En la esquina Rivadavia y Riobamba, del Congreso aun sitiado por la policía, comenzaron a sonar algunas cacerolas. El oficialismo evaluaba entonces un cuarto intermedio inmediatamente después de que se sancionara la ley. Querían evitar el desgaste de la tropa propia en medio de la continuidad de los reclamos en la calle.


Hasta el dialoguista Diego Bossio mostró su resistencia al proyecto. “Que una ley como la de movilidad esté tan enraizada en toda la sociedad significa que es buena para la gente. Nunca fue cuestionada esta ley”, dijo el ex titular de la Anses y diputado de Argentina Federal que responde mayoritariamente a los gobernadores peronistas. “Si el reconocimiento es que con esta ley no se pierde poder adquisitivo, lo que estamos reconociendo es que el haber mínimo jubilatorio actual es bueno, y lo estamos congelando”, se justificó Bossio.


Desde el Movimiento Evita, el jefe de la bancada Leonardo Grosso también cargó contra el “recorte previsional” que “quieren imponer a los tiros”. “Le mienten a la gente y a los jubilados”, insistió. Consideró que “la ley no tiene legitimidad política”. Los puntanos de Compromiso Federal también adelantaron su rechazo y destacaron que el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, fue el único que no se sometió a la presión del Gobierno sobre las provincias.


Nicolás del Caño (FIT) repasó los recortes que sufrieron en estos dos años de gobierno macrista, trabajadores, jubilados y los sectores más pobres de la población mientras que favoreció a los capitales concentrados. “Los recursos para los jubilados están. Pero se lo lleva un pequeño puñado de grandes empresarios que representan el cinco por ciento de la población”, afirmó el diputado de izquierda.


Las versiones sobre los cacerolazos crecían dentro del recinto. La sesión continuaba y al cierre de esta edición, Cambiemos aseguraba el triunfo y sólo esperaba que transcurrieran los discursos. Afuera del Congreso ya comenzaba a reagruparse la gente y se escuchaban ruidos de cacerolas.

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El presunto "misterio" de los salarios congelados

 

Según la teoría económica neoclásica, la relación entre los salarios y los empleos es una relación simple. Cuando no hay mucha demanda de trabajo, los salarios sufren. Los obreros compiten unos contra otros por conseguir el empleo. Pero cuando existe gran demanda de trabajo, los salarios suben. Los empleadores compiten entre ellos para conseguir la ahora escasa fuerza laboral. Este ciclo cambiante se dice que mantiene el fluido funcionamiento del sistema de libre mercado, garantizando un vaivén constante en el equilibrio en movimiento.

Ocurre ahora que este proceso cíclico ya no está funcionando de ese modo, y para los expertos y los académicos esto resulta un rompecabezas muy grande y es difícil explicarlo. Las explicaciones son variadas y múltiples. Lo que parece estar en el corazón es que existe una nueva condición normal. Pero cómo, y cómo funciona. En la edición del 8 de octubre del New York Times, el artículo principal de la sección dominical de Negocios tenía el siguiente encabezado: "Hay muchos empleos: no hay paga suficiente: a pesar de que se tensen los mercados laborales de las economías principales, el bajo desempleo no es suficiente para disparar ganancias robustas en los salarios".

Se nos ofrece la explicación de que hay un incremento en los empleos temporales o de tiempo parcial, más los robots. El argumento es que esto hace que el empleador sea menos dependiente de los trabajadores de tiempo completo. Los sindicatos son más débiles, y a los obreros les resulta más difícil enfrentar a los empleadores. Todo esto, por supuesto, es cierto. Pero, ¿por qué ahora y nunca antes?

Un argumento relativamente nuevo es aquel del trabajador evanescente. Pero, ¿cómo puede desaparecer un trabajador? ¿Qué puede significar esto? Parece que más y más obreros están abandonando por completo la búsqueda de empleos. Tal vez ya se salieron de su red de seguridad o se les agotó, al igual que se agotaron sus ahorros acumulados. Tal vez se quedaron desahuciados o se hicieron drogadictos, o ambos. Pero no sólo se marginaron, como si ésta hubiera sido su opción. Fueron empujados, lo cual tiene una doble ventaja para los productores. Ya no necesitan invertir (vía impuestos u otros modos) en protección social. Y siguen instigando miedo en aquellos trabajadores que siguen buscando empleo, porque también ellos pueden ser empujados a marginarse.

Y de nuevo, ¿por qué ahora y no antes? Antes, sea cual fuere la época, fue durante el funcionamiento normal del sistema-mundo. Los capitalistas requerían de estos ciclos para trabajar con máximos incrementos de largo plazo en la plusvalía. Pero supongamos que los empleadores saben, por conocimiento o intuición, que el capitalismo está en una crisis estructural y, por tanto, está moribundo. ¿Qué harían entonces?

Si no necesitan preocuparse por una demanda efectiva que mantenga el sistema, entonces bien podrían obtener lo que puedan mientras se pueda. Pueden, entonces, enfocarse por completo al corto plazo. Pueden buscar incrementar las ganancias en la bolsa de valores sin siquiera un pensamiento por el mañana. ¿No es acaso esto lo que está ocurriendo en las naciones más ricas tanto como en las más débiles?

Por supuesto la situación no puede durar. Es por eso que las fluctuaciones son tan grandes, el caos tan profundo. Y unos cuantos de ellos, los más fieros capitalistas, sin duda, se concentran en ganar la batalla de mediano plazo para determinar la naturaleza del futuro sistema-mundo (o sistemas) que se vayan a construir. No estamos presenciando aún una condición normal nueva. Testimoniamos una realidad transitoria.

Así que, ¿cuál es la lección para aquellos de nosotros que nos preocupamos por los trabajadores "evanescentes"? Es muy claro que debemos luchar por defender cualquier protección que tengan aún. Debemos, como me gusta decir, trabajar por minimizar sus penurias. Pero al mismo tiempo debemos luchar por ganar la batalla intelectual, moral y política en el mediano plazo. Sólo una estrategia que combine la lucha en el corto plazo con la lucha en el mediano plazo tiene la ocasión de conservar la posibilidad de ese mundo mejor que realmente es posible, pero no del todo inevitable.

 

Traducción: Ramón Vera Herrera

 

 

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Jueves, 05 Octubre 2017 07:34

Falacias de las reformas laborales

Ghilarducci: “Cada diez años los políticos dicen ‘esta vez es diferente porque la tecnología está cambiando todo’”.

 

Entrevista a la economista Teresa Ghilarducci, especialista en temas laborales y seguridad social

 

La economista y experta en temas del trabajo advirtió que las reformas laborales “nada tienen que ver con las nuevas tecnologías”, en general no van acompañadas de mejora en la productividad y sólo son una excusa para bajar costos laborales.

 

“Cada diez años, los políticos aseguran que ‘esta vez es diferente porque la tecnología está cambiando todo’. Ahora, la idea es que las computadoras van a pasar a reemplazar todo trabajo humano. En mi opinión, no hay nada nuevo en la economía, se trata de una estrategia de los empleadores para reducir el costo del trabajo. Esto no tiene nada que ver con la productividad. Es más, reducir salarios suele hacer perder productividad”. El análisis pertenece a Teresa Ghilarducci, economista norteamericana consultada por PáginaI12, especializada en el mundo del trabajo y experta en seguridad social. Ghilarducci es profesora de la New School for Social Research de Nueva York y directora del Schwartz Center for Economic Policy Analysis y del New School’s Retirement Equity Lab (ReLab). Si bien su objeto de estudio no se centra en la Argentina, las discusiones locales alrededor de la reforma laboral y previsional se enmarcan en una corriente global de la cual Ghilarducci es una de las principales críticas.

 

–Brasil sancionó una reforma laboral que avanza hacia la flexibilización y la reducción del poder de negociación de los sindicatos. En la Argentina esa discusión toma cada vez más relevancia, anclada en el cambio tecnológico y la necesidad de mejorar la competitividad. ¿Cuál es su postura en relación a este tema?

En primer lugar, las reformas laborales no tienen nada que ver con la absorción de las nuevas tecnologías. La tecnología está vinculada al trabajo formal y a la educación de los trabajadores. Es más, cada diez años los políticos dicen que ‘esta vez es diferente porque la tecnología está cambiando todo’. Ahora, la idea a nivel global es que las computadoras pueden reemplazar el trabajo humano y que los trabajadores deben poder proveer servicios de manera individual, que ahora cada uno va a ser su propio empleador. Está el ejemplo de Uber u otros empleos que el consumidor puede conseguir a través de las aplicaciones del celular. Por ejemplo, en Estados Unidos está bastante difundida una aplicación con la cual se puede requerir el trabajo manual de alguien, para una mudanza o algún arreglo. Sin embargo, pienso que a nivel general la tecnología no modifica las bases de la relación de trabajo formal y estable.

 

–También se plantea el tema por el lado de la competitividad.

–Está comprobado que la baja de los salarios –que surge como efecto de la reducción del poder de negociación colectiva– no implica una mejora en la productividad. En cambio, puede empeorar la productividad. El trabajo barato hace que los empresarios se vuelvan “gordos y borrachos” –según la expresión en inglés– y no tengan incentivos a invertir en capital. En cambio, la suba de salarios es el mejor modo de aumentar la productividad.

 

–¿La competencia china modifica esa descripción en algún modo?

–No. De hecho, China está cambiando rápidamente su estrategia de crecimiento en función de la producción de bienes baratos. Está desarrollando un sistema cada vez más sofisticado, los salarios aumentan y los trabajadores están más entrenados. La contracara es Sudáfrica, una economía basada en la extracción de recursos naturales que no cuenta con un sistema de industrialización y sólo puede emplear trabajo barato. Sudáfrica sufre por tener bajos salarios y no tener fábricas para procesar los recursos minerales y del sector agropecuario.

 

–Otro punto que a corto o mediano plazo el gobierno nacional planea rediscutir es el sistema previsional, que también suele ser motivo de debate entre los economistas en todo el mundo.

–En los 90, la esperanza era que la privatización de los sistemas de seguridad social traería una serie de beneficios porque los trabajadores tendrían incentivos a trabajar más y más duro. Además, mejorarían las finanzas públicas porque los viejos dejarían de cobrar el haber pagado por el Estado sino que recibirían su propio aporte. Argentina estuvo a la cabeza de aquellas reformas, que también alcanzaron a países europeos. Pero los fondos de pensiones ingresaron al mundo de la financiarización, que colapsó en 2009, lo que redujo sustancialmente el valor de esos activos.

 

–¿Cuáles son los resultados del modelo previsional privado en términos de distribución del ingreso en los Estados Unidos?

–El resultado es que los trabajadores deben enfrentar la pobreza en sus últimos días. Esto afecta especialmente a las mujeres, porque tienen menor cantidad de años en el sector formal y también menores ingresos. El 90 por ciento de los norteamericanos no cuentan con los ahorros necesarios para subsistir una vez que termina su vida laboral. Como resultado, enfrentan la experiencia de la movilidad social descendente o tener que seguir trabajando. En otras palabras, los norteamericanos no cuentan con suficientes ahorros para encarar la jubilación. Se calcula que entre el 25 y el 30 por ciento de las familias directamente no tienen ahorros, lo que permite predecir una grave crisis previsional en el país. Bajo esta tendencia, 16 millones de jubilados vivirán en la pobreza en 2022.

 

–El tema previsional se instala por el lado del déficit fiscal.

–El hecho de que los individuos paguen por su pensión no tiene un impacto fiscal positivo. Porque si bien el Estado no lo hace directamente, lo termina haciendo indirectamente, porque el emprobrecimiento de los viejos es un costo fiscal negativo. Quiero decir, el costo de la pobreza es enorme. A la vez, si los viejos extienden su vida laboral se reduce la productividad general porque los jóvenes tendrán menos trabajo. O sea, la sociedad tiene que pagar por el costo de los que ya no trabajan. Poner en tela de juicio estos temas implica que los países olvidaron las experiencias del pasado. El sistema previsional es parte del territorio de histórica disputa entre clases sociales, como los fines de semana, la duración de la jornada laboral, la paga por enfermedad y las vacaciones.

 

 

Publicado enEconomía
Jueves, 05 Octubre 2017 16:05

Pilotos de Avianca, pelea por las nubes

Pilotos de Avianca, pelea por las nubes

Una nueva marcha, un nuevo paro: ¡Viva la huelga legal y legitima! ¡Viva!, ¡Quienes somos! ¡Unión y fuerza! Son parte de las consignas que se escuchan en algunas calles de Bogotá desde el pasado el lunes 18 de septiembre, coreadas por parte de los pilotos de Avianca, cansados de su situación laboral decidieron realizar un paro para exigir respeto a sus derechos.


No son los de siempre. En las calles no están los de manos recias y callosas por trabajar la tierra; tampoco los de mochila y tenis. Quienes están ahora en las calles visten de traje y corbata. No trabajan en el campo, tampoco en las fábricas; no están en las aulas de clase ni en las calles rebuscándose el día a día; quienes ahora protestan y exigen mejores condiciones laborales viven literalmente en las nubes.


¿Qué exigen?


Los pilotos de la aerolínea exigen lo que cualquier trabajador necesita para vivir dignamente: salario justo, en este caso que los homologuen con los pilotos de la empresa con base operacional en otros países, en este caso Perú; regulación laboral donde se establezca, claramente, los horarios de trabajo –reclaman que la empresa publique el itinerario mensual por piloto–, las horas para descanso, y que quien regule su labor sea el Ministerio de Trabajo y no la Aeronáutica Civil, como ahora sucede; eficiencia operacional; afiliación a la salud vitalicia, entre otras múltiples reivindicaciones (*).
Gobierno y patronal, de la mano.


“No tengan duda de que los responsables van a pagar por lo que están haciendo”, fue la respuesta de Germán Efremovich –dueño o accionista mayoritario de la empresa–, ante la actitud digna de los pilotos, decididos a prolongar su jornada de lucha hasta lograr sus propósitos.


Como si el capitalista mayor estuviera hablándole al oído al Gobierno, el 28 de septiembre el Ministerio de Trabajo expidió una resolución por medio de la cual autoriza instalar un tribunal de arbitramento; alegre la patronal, preocupados los trabajadores, quienes alegan que tal citación es ilegal toda vez que la ley autoriza 60 días de cese de actividades para, ahí sí, darle vía libre al tribunal. Ministerio de Trabajo y empresariado alegan que el transporte es un servicio público esencial y, por lo tanto, un sector donde los trabajadores no pueden parar. Los acompañan en su cuita los grandes medios de comunicación (ver recuadro, La pauta pesa), quienes al unísono, repiten una y otra vez que el paro es una insensatez, que “...con esa actitud están perjudicando a todo el país!”.

Juego sucio. Como si fuera poca esta inclinación del poder a favor de su par, el 3 de octubre la Aeronáutica Civil, autorizó a la patronal para contratar hasta 800 pilotos extranjeros por un periodo de tres meses, para que así “...normalice sus operaciones...”. La empresa informó, de inmediato, que con noviembre llegarían los primeros 100 pilotos, mexicanos y estadounidenses. Rompe huelgas conoció la historia fabril por montones, en diversos años y episodios, pero hacía años que no eran tan notorios, mucho menos en un oficio de alta calificación, lo que evidencia que estamos ante un mundo del trabajo totalmente transformado, uno donde los trabajadores son ilustrados, sometidos, pese a ello, a las mismas circunstancias que vive y padece cualquier obrero raso.


Ante los tribunales


Mientras la disputa entre patrón y trabajadores se agudiza, los tribunales se transforman en el escenario fundamental para decidir sobre este conflicto. Por un lado, Avianca interpone una demanda de ilegalidad del paro, de la cual tiene que fallar el Tribunal Superior de Bogotá el miércoles 4 de octubre.


Al mismo tiempo, y por igual camino, los trabajadores interponen el martes 3 de octubre una tutela que reclama el derecho a la huelga, de la cual tiene que dar cuenta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un máximo de diez días.


De esta manera, una disputa que para los trabajadores en general, no solo los pilotos en huelga, debería ser fundamental pues en este paro están en juego sus derechos, además de la solidaridad efectiva, de la reivindicación de la justeza y necesidad de sindicalizarse, de la preeminencia de los derechos básicos sobre el capital privado, queda reducida a un alegato judicial donde un juez fallará sin el contexto de una movilización generalizada de diversos sindicatos por el respeto y derecho a la huelga y, de seguro, con la espada de Damocles del capital apretándole su pecho.


Lucha desigual que, de tener un mal resultado para los trabajadores, pesará de manera negativa en el futuro inmediato y mediato del mundo sindical colombiano. Hoy, como no sucedía desde hace muchos años, la solidaridad de sus pares es indispensable, tanto para que aquellos que están en paro sientan que no están solos, como para comunicarle al país que sindicalizarse y que luchar paga.


Recuadro


La pauta pesa


Ante la huelga, los medios toman partido. En la mayoría de cadenas mediáticas enfatizan que “...la huelga es innecesaria”, que “...perjudica al país...”, que “...es un procedimiento con el cual los pilotos siempre amenazan al país...” –no a la patronal–; medios que, además, banalizan la información y ridiculizan las peticiones de los pilotos, para que, de esta manera, la opinión pública tome partido a favor de la empresa y en contra de quienes hacen respetar sus derechos.


Los negocios primero. El papel de los medios en este caso realza sin vergüenza alguna que las millonarias pautas publicitarias que cancela Avianca a distintas cadenas de radio, televisión y prensa escrita, pesan en una situación como la del paro. En este suceso, los medios se convierten, una vez más, en el arma de desinformación para legitimar a los dueños de la empresa, para legitimar la violación de los derechos de los trabajadores, para legitimar los malos salarios, las jornadas de trabajo sin límites precisos, en fin, para legitimar el conformismo y el individualismo.


Manipulación mediática que evidencia, una vez más, que los trabajadores, así como los sectores mayoritarios en general que aspiran a una vida en justicia y dignidad, si de verdad aspiran a desnudar a su contrario, levantando alternativas informativas y educativas para sus pares, requieren de un sistema informativo integral. Es inaceptable que una y otra vez, uno y otro sector social, dependan de los mismos capitalistas, a quienes confrontan, para que le informen al país sobre sus luchas. ¿Podrán contarle al país lo que realmente sucede en uno o en otro escenario?

Referencias
(*) http://www.acdac.org.co/noticias-acdac/item/3885-pliego-de-peticiones-2017

 

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Grandes riesgos en las alturas

21 de septiembre de 2017

 

 

Publicado enColombia
Viernes, 22 Septiembre 2017 07:34

Para los obreros, Macron rima con patrón

Macron tiene previsto firmar por decreto hoy la reforma laboral: en las calles lo reprueban.

 

Los sindicatos y la izquierda volvieron a salir a las calles de Francia para exigir el retiro del proyecto de reforma que da más flexibilidad a las empresas y limita las compensaciones de los trabajadores en conflicto.

 

Decenas de miles de opositores a la reforma del código laboral del presidente francés Emmanuel Macron volvieron a salir a las calles ayer para exigir el retiro del proyecto, que consideran una regresión de los derechos de los trabajadores.

“Macron, marioneta de los patrones”, se podía leer en una pancarta enarbolada por una de las miles de personas que comenzaron a desfilar al mediodía local en la capital francesa y en las principales ciudades del país, en medio de una nube de banderas sindicales y globos multicolores.

Las manifestaciones reunieron 132.000 personas en toda Francia, según el ministerio del Interior, frente a 223.000 en la primera gran jornada del 12 de septiembre.

No obstante, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Philippe Martínez, líder de la protesta, consideró que la de ayer a la que asistieron 500.000 manifestantes fue de un nivel “equivalente” a la del día 12. En declaraciones a la prensa, el sindicalista aseguró que iba buscar la “unidad” con los secretarios generales de las otras dos grandes centrales –Confederación Francesa Democrática de Trabajadores (CFDT) y Fuerza Obrera (FO)– que no quisieron participar ni en la convocatoria del día 12 ni en la de ayer, para organizar una jornada de acción interprofesional de todas las confederaciones” contra la ley de la reforma laboral. “Estamos decididos, estas ordenanzas no deben pasar. Es un verdadero drama para los jóvenes del país”, declaró ayer Philippe Martinez, líder del sindicato CGT.

Tras la acción de los sindicatos llegará el turno de la acción política, con otra manifestación convocada el sábado por la izquierda radical.

Por su parte, el líder de la izquierda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon, advirtió que lo que se ha visto en la calle “es sólo el comienzo”, en referencia a los paros que habrá la semana próxima en algunos sectores como el transporte.

Mélenchon, quien se presenta como el jefe de la oposición a Macron, participó de la marcha en París, a su vez que convocó otra manifestación contra la reforma laboral el próximo sábado. “La democracia es a la vez la calle y las elecciones”, afirmó el líder de la Francia Insumisa, que considera la reforma como un “golpe de Estado social”. y con la resistencia popular pretende obligar al gobierno a dar marcha atrás con la reforma porque “no se puede imponer a la fuerza a un pueblo que no la quiere”.

La reforma laboral impulsada por Macron incluye medidas para limitar el máximo de compensaciones para los trabajadores en caso de conflicto laboral, o la posibilidad de llegar a acuerdos laborales en las empresas de menos de 50 empleados sin necesidad de que haya representantes sindicales.

El objetivo del gobierno es dar más flexibilidad a las empresas y alentarlas a contratar más para luchar contra el desempleo, que afecta al 9,5 por ciento de la población activa en Francia, más que la media europea de 7,8 por ciento. La reforma será presentada hoy en consejo de ministros para una aplicación casi inmediata.

Para Philippe Braud, profesor de Ciencias Políticas, el ejecutivo tiene la ventaja en el pulso con los sindicatos. “Hay una forma de resignación frente a reformas. Los franceses las aceptan, aunque sin entusiasmo”, estimó.

Además, el frente sindical está dividido. Aunque todos los sindicatos estiman que la reforma debilitará los derechos de los trabajadores -una visión que comparte la mayoría de los franceses según los sondeos- varios desistieron a salir a las calles.

Esta reforma será una prueba de fuego para el mandatario liberal, quien se encuentra en plena caída de su popularidad tras su asunción en mayo pasado. Las próximas semanas se anuncian difíciles para Macron, con varias manifestaciones previstas en contra de los recortes que ha anunciado. El lunes, los transportistas prometen una “movilización masiva” que podría paralizar parcialmente a Francia.

El 28 de septiembre será el turno de los jubilados, quienes se manifiestan contra una subida de impuestos que los perjudica principalmente, y el 10 de octubre saldrán a las calles los funcionarios públicos para manifestar contra la supresión de puestos y la caída del poder adquisitivo.

 

 

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2030, prospectiva de la clase trabajadora en Colombia

 

¿Qué cambios y transformaciones deberá emprender la sociedad colombiana durante los próximos trece años para que todos sus connacionales puedan ganarse la vida de manera digna, solidaria, decente, creativa y sostenible y hacer realidad la demanda papal: ninguno trabajador sin derechos? Para responder a este interrogante, a continuación veremos la dinámica e interacción entre población, economía, fuerza laboral y desarrollo de las fuerzas productivas en Colombia.

 

Entre el futuro cercano y el presente, un acercamiento al mundo del trabajo en Colombia, con proyecciones: al año 2030, cuando el tamaño de su fuerza de trabajo alcanzará la cifra de 29,1 millones. En junio de 2017, el número de personas ocupadas asciende a 22,8 millones. La economía nacional deberá generar durante los próximos 13 años 6,3 millones puestos de trabajo adicionales, esto es, alrededor de 485 mil anuales.

Acceso universal al trabajo digno (garantías políticas y económicas), democratización de la propiedad, elevar la productividad laboral; equidad, calidad y pertinencia de la educación, fortalecer los procesos de ciencia, tecnología e innovación y su articulación academia, empresa, sociedad civil y Estado; defender la soberanía nacional y el desarrollo sostenible, además de garantizar ingreso suficiente para promover bienestar, solidaridad e igualdad entre los hogares, son los desafíos económicos y políticos que debe enfrentar nuestra sociedad al año 2030.

Además, para este año es necesario solucionar los problemas de precariedad e inestabilidad laboral. A junio de 2017, según estadísticas del Dane, los desempleados sumaron en Colombia 2,2 millones de personas, esto es, la tasa de desempleo (número de desempleados/población económicamente activa) fue de 8,7 por ciento; los subempleados (por tiempo o inadecuación por competencias) alcanzaron a 7,3 millones (tasa de subempleo: 29,1%); y la tasa de informalidad nacional (empleados u obreros que desempeñan su actividad en unidades pequeñas de baja productividad, sin contrato laboral ni seguridad social) es de 63,7 por ciento, en esta situación se encuentran 14,6 millones de trabajadores. Más preocupante aún, 28,3 por ciento –según Cepal– de los 8,6 millones de jóvenes en edades entre 15 y 24 años hacen parte de los “ninis”: no estudian ni trabajan (2,4 millones). Es un despropósito, entonces, que en el Presupuesto General de la Nación para el año 2018, el Ministerio de trabajo se haya quedado sin ningún recurso económico-financiero para desarrollar su política líder de “formalización del empleo”.

 

 

De otra parte, para el año 2030 la cuarta revolución industrial habrá desatado en el conjunto de países toda su fuerza disruptiva (ruptura brusca) y radical en la economía y los mercados de trabajo. No habrá puesto de trabajo alguno que no sea susceptible de ser remplazado por la automatización, en particular los de baja cualificación y actividades repetitivas (procesos de trabajo que pueden ser modelizados por algoritmos). En síntesis, es la fusión e interacción de tecnologías a través de los dominios físicos, digitales y biológicos, que dará lugar a fábricas automatizadas e inteligentes sobre la base de máquinas con capacidad de aprender, volverse autónomas y trabajar en red.

Una transformación riesgosa. En Colombia, según la Andi, el 56 por ciento de los empresarios aún no conoce el tema de la “cuarta revolución industrial”, pero el 25 por ciento ya inició la transformación de sus empresas hacia la economía cognitiva y digital, con el liderazgo del sector financiero que está en plena transformación de sus procesos de trabajo y plantas de empleados (Fintech): para 2020 el 90 por ciento de las operaciones bancarias se llevará a cabo a través de dispositivos digitales conectados a internet que prestarán, a su vez, servicios las 24 horas del día; la consecuencia de este cambio será la supresión de la mitad de los puestos de trabajo con que hoy cuenta (alrededor de 150.000 se perderán). No obstante, la penetración de la robótica industrial es incipiente, aún los procesos de producción son mayoritariamente manuales debido al costo elevado de la robotización y a los bajos costos de la fuerza de trabajo.

 

Población y economía en la era del capitalismo

 

Desde mediados del siglo XVIII, el núcleo de la evolución de la humanidad está constituido por la imparable acumulación de capital y desarrollo de las fuerzas productivas a nivel global y el rápido crecimiento de la población; crecimiento conjunto en proporciones geométricas. Durante este período, se registra una clara tendencia hacia la concentración y centralización del capital, la exclusión y el desempleo estructural, la polarización riqueza-pobreza y la insostenibilidad social, poblacional y ambiental del sistema mundo capitalista.

Tendencia con antecedentes y matices. En el año 1800 la población mundial sumaba 978 millones de personas. El tamaño de la economía global se valorizaba en USD 463.200 millones. Para el año 2030 el planeta estará habitado por 8.514 millones de personas y el valor de la economía alcanzará un PIB (Producto Interno Bruto) de USD 96,6 billones. La sombría profecía del clérigo Malthus (1766-1834), bajo el argumento del determinismo naturalista que conduciría a un crecimiento geométrico de la población enfrentada a un aumento aritmético de la producción con la consecuencia de una miseria creciente de la especie humana, resultó falsa. La rápida elevación de la productividad del trabajo, durante estos 230 años, muestra que la producción va a un ritmo de crecimiento 24 veces más acelerada que el de la población. El aumento de la productividad del trabajo es una ley económica objetiva común a todas las formaciones económico-sociales; sin embargo, bajo el capitalismo, donde los objetivos de la producción estriban en la apropiación de plusvalía, este incremento queda interrumpido durante las crisis económicas. Además, se presentan otros límites reales: ambientales, socio-políticos, laborales e institucionales (Gráfico 1).

Crecimiento, desarrollo, productividad y proyecciones disímiles, ya que para países como Colombia, inserto en el concierto mundial de naciones como neocolonial y periférico, las redes de la dependencia financiera, diplomática, militar y comercial lo determinan en cada una de sus políticas. Las imposiciones de los Estados Unidos, en particular, lo maniatan y le tocan el ritmo al que evoluciona la economía nacional (Gráfico 2).

 

 

En efecto, durante las últimas seis décadas, la actividad productiva mundial atraviesa dos largos ciclos: el primero, entre los años 1960 y la primera mitad de la década de 1990; el segundo, entre finales de los años 1990 y 2008 (crisis económica mundial originada en los Estados Unidos y extendida por contagio a todo el globo, ocasionada por la financiarización espe-culativa y corrupta de la economía y los fallos en la regulación económica), a partir de este último año se inicia el desaceleramiento y la tendencia recesiva que continúa agravándose en 2017. En 2018, todo parece indicar, se engavillarán todos los factores negativos para generar una crisis económica y financiera más profunda, debido a la fragilidad e inestabilidad del crecimiento, a la contracción ocasionada por políticas económicas ortodoxas, a los conflictos comerciales, energéticos y proteccionistas, al cambio climático, a la carrera armamentista y a la hegemonía del capital financiero especulativo.

En este conflictivo escenario Colombia alcanzó un crecimiento económico máximo de 6,6 por ciento en 2011; durante 2012-2014 mantuvo un aumento del PIB por encima del 4 por ciento; en 2015, debido a la caída en los precios del petróleo, se desacelera la actividad productiva a 3,1 por ciento; en 2016 el ritmo económico anual se derrumba a 2,0 por ciento; para 2017, por el efecto recesivo de la reforma tributaria (contracción de la demanda de los hogares causada por el aumento del IVA de 16 a 19%), el ajuste en el desbalance fiscal y el déficit acumulado en la balanza comercial, el crecimiento proyectado del PIB, según todos los indicadores, es de 1,2 por ciento (el crecimiento del PIB mundial se estima en 1,9%).

A principios del siglo XIX la población colombiana apenas superaba el millón de personas (la guerra por la Independencia ocasionó 200.000 muertes). A inicios del siglo XX, el censo poblacional registraba 4,3 millones de individuos (una vez más, la Guerra de los Mil Días –1899 a 2002– dejó un saldo de 300.000 fallecidos en combate y provocó la ruina del país). En los umbrales del siglo XXI, la población llegó a la cifra de 40,1 mi-llones y en 2017 creció a 49,1 millones (con base en las estadísticas del Centro Nacional de Memoria Histórica, se estima que en Colombia, entre 1958-2015, el conflicto armado interno causó la muerte a 230.000 personas). Al año 2030, según proyecciones de Cepal, los connacionales sumarán 53,2 millones; cuatro de cada cinco vivirá en zonas urbanas y una en hábitats rurales.

La economía colombiana crece siete veces más rápido que la población (Gráfico 3). Según las estimaciones y proyecciones de la población (Cepal) en el período 2001-2030, la segunda aumenta 30 veces; entre tanto, el PIB nacional aumenta 215 veces, al pasar de COP $289.539 miles de millones a COP $911.084 miles de millones (de acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Hacienda, Marco Fiscal de mediano plazo, 2017, p. 192).

 

 

 

Para el año 2030 la población colombiana en edad de trabajar (personas de 12 años y más en las zonas urbanas y 10 años y más en las zonas rurales) será de 44,6 millones1.

Al año 2030, la productividad del trabajo colombiano sólo alcanzará –de no hacerse los cambios requeridos– la mitad del promedio mundial. En efecto, en el año 2030 de cada 1.000 habitantes en el mundo 6 serán de nacionalidad colombiana; en contraste, respecto al valor económico global, de cada USD 1.000 producidos por la clase trabajadora en el mundo sólo USD 3 tendrán origen en nuestro país. La baja productividad está ocasionada por la economía extractiva y rentista, poca pertinencia y mala calidad de la educación, la frágil e insuficiente infraestructura vial y de comunicaciones, el sobredimensionamiento, corrupción e ineptitud del Estado, los débiles, atrasados y dispersos procesos de ciencia, tecnología e innovación, los altos índices de pobreza y exclusión. El desafió en los próximos 13 años es que la productividad del trabajo nacional alcance, por lo menos, un nivel equivalente al promedio mundial (actualmente, se requieren 4,3 trabajadores colombianos para producir el mismo valor agregado generado por un trabajador en Estados Unidos).

 

Cambios en nuestra estructura económica

 

En el marco de la división capitalista internacional del trabajo, los países se especializan en la producción de uno o varios productos para su venta en el mercado mundial, división que alcanza su máximo desarrollo en el período del capita-lismo monopolista, cuando se establecen estrechos lazos económicos entre países muy diversos por sus condiciones naturales, por su desenvolvimiento económico, por la dependencia política y por la productividad del trabajo social. Este fraccionamiento lleva inherentes hondas contradicciones, fruto de la naturaleza explotadora y opresiva del capitalismo.

Es así como las potencias imperialistas impiden que los países neocoloniales establezcan su propia industria, en particular la conducente a un alto desarrollo científico-tecnológico, base de su posible independencia política, económica y cultural. Incluso, en los casos en que las transnacionales inviertan en los países periféricos, buscan extraer, mediante enclaves, excedentes económicos y obtener materias primas que satisfagan los intereses del gran capital, con desprecio de las necesidades de la población autóctona. Además, un rasgo asociado al imperialismo y a la división internacional del trabajo es la consolidación de la oligarquía financiera, hecho emergente de la alta concentración de capitales en la industria y en la banca; cuando ya logran dominar la economía, los magnates del capital financiero determinan también la política de los estados.

Siempre desde esta lógica geopolítica, la estructura económica colombiana ha privilegiado las actividades extractivas y rentistas (extensivas e intensivas) y la especulación financiera, poco generadoras de empleo y con altas tasas de explotación de la fuerza laboral. Durante el último siglo, el capital productivo pierde importancia en favor de la financiarización de la economía y el sector minero-energético (Gráfico 4). Este modelo extractivo-financiero es cicatero en la generación de empleo y mezquino en la distribución del ingreso. En 1925, la rama de actividad económica “agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” representaba el 59 por ciento del PIB nacional, en 2017 participa solo con el 7,6 por ciento. De 1925 a 2017, la industria manufacturera aumentó su contribución de 10,4 por ciento hasta alcanzar 24,2 por ciento en 1976, para desplomarse pocos años después (2017) a 12,4 por ciento.

 

 

“Intermediación financiera y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” han ganado, en parte, lo perdido por los sectores reales de la economía. El valor relativo de esta rama era de 2,6 por ciento en 1925, y para 2017 ya es de 23,9 por ciento. Otra rama de actividad económica ganadora es la “Explotación de Minas y Canteras”: 1,5 por ciento en 1925 y 7,1 por ciento en 2017 (su contribución al PIB nacional estuvo por encima de 8 por ciento durante 2011-2014).

Estas cuatro ramas de actividad económica contribuyeron, en promedio, con el 70,6 por ciento del PIB colombiano durante la primera mitad del siglo XX. Durante la segunda mitad su participación bajó a un promedio de 57,1 por ciento. En lo corrido del siglo XXI, aportan el 48,4 por ciento. El “Suministro de Electricidad Gas y Agua”, la “Construcción”, “Comercio, hoteles y restaurantes”, “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” y los “Servicios comunales, sociales y personales” aumentan su importancia en la estructura económica, hasta alcanzar una contribución del 51,6 por ciento en 2017.

 

Estructura del empleo y la producción en Colombia, 2001-2017

 

La economía nacional es el conjunto de ramas de la producción y de la distribución de la fuerza de trabajo entre estas actividades en un país dado. En la estructura económica colombiana no existe una simetría entre las ramas de actividad económica y el empleo generado; sin embargo, existe una causalidad entre los cambios en la estructura económica y las transformaciones en el mercado de trabajo (gráficos 5 y 6).

 

           

 

Durante los años 2001 a 2017, el empleo generado por la actividad “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” cayó de 21,6 por ciento a 16,4 respecto al total de puestos de trabajo. Durante este período, otras dos ramas pierden importancia en la generación de empleo: “Industria manufacturera” pasó de 13 a 12,2 por ciento y “Servicios comunales, sociales y personales” de 22,1 a 19,8 por ciento. La generación de empleo en las ramas “extractivas” mantienen su contribución marginal al total de puestos de trabajo: “Explotación de Minas y Canteras” con el 1,0 por ciento y “Suministro de Electricidad Gas y Agua” con 0,5 por ciento. La importancia relativa creciente en la generación de empleo se concentra en cuatro ramas de actividad económica: “Construcción” (4% en 2001 a 6% en 2017), “Comercio, hoteles y restaurantes” (25,9% a 26,6%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (6,6% a 8,1%) e “Intermediación financiera y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” (5,2% a 9,5%).

En paralelo, durante 2001 a 2017, cinco ramas pierden importancia relativa en su aporte al PIB nacional: “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” (8,7 a 7,6%), “Explotación de Minas y Canteras” (7,8 a 7,1%), “Industria manufacturera” (15 a 12,4%), “Suministro de Electricidad Gas y Agua” (4,6 a 4,0%) y “Servicios comunales, sociales y personales” (18,3 a 16,4%). En comparación, durante estos últimos 17 años, cuatro actividades económicas aumentan su contribución a la producción nacional: “Construcción” (5,0 a 6,7%), “Comercio, hoteles y restaurantes” (12,9 a 13,1%), “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” (7,1 a 8,4%) e “Intermediación financiera y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” (20,9 a 23,9%).

En cifras absolutas, de los 22,6 millones de empleos reportados por el Dane, por rama de actividad en junio de 2017, la “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” ocupa a 3,7 millones de trabajadores; la “Explotación de Minas y Canteras” genera 217.132 puestos de trabajo; “Industria manufacturera” 2,8 millones; “Suministro de Electricidad Gas y Agua” 118.280; “construcción” 1,4 millones; “Comercio, hoteles y restaurantes” 6,1 millones; “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” 1,8 millones; “Intermediación financiera” 307.852; “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” 1,8 millones; y “Servicios comunales, sociales y personales” 4,5 millones (Gráfico 7).

 

 

 

Población trabajadora según condición y posición ocupacional, 2001-2017

 

En la medida en que millones de familias viven bajo condiciones económicas que las distinguen por su modo de vivir, por sus intereses y por su cultura de otras clases y las oponen a estas de un modo hostil, aquellas forman una clase (Marx, El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, sec. VII). Las clases sociales están constituidas por grandes grupos sociales, diferenciadas por el lugar que ocupan en el sistema, históricamente condicionado, de la producción social; por su relación (casi siempre fijada y formulada jurídicamente) con los medios de producción; por su papel en la organización social del trabajo, y, consiguientemente, por el modo de percibir la parte de la riqueza social de que disponen, así como por la magnitud de la misma que define su estructura de consumo y el grado de satisfacción de sus necesidades básicas y deseos.

Durante el período 2001-2017, la población colombiana creció en 20,7 por ciento, al pasar de 39,7 a 47,9 millones de personas (Gráfico 8). Un crecimiento más acelerado lo registró la población en edad de trabajar: aumentó 29,1 por ciento, esto es, de 29,7 millones de personas a 38,3 millones. La población económicamente activa (también se le llama fuerza laboral y está conformada por las personas en edad de trabajar que laboran o están buscando empleo) se acrecentó en 37,8 por ciento, de 18,1 a 25,0 millones.

La población ocupada durante 2001-2007 aumentó en 48,4 por ciento. Durante estos 16 años se crearon 7,4 millones puestos de trabajo, esto es, 464,6 mil en promedio por año. Si bien la población desempleada descendió en 21,2 por ciento, al pasar de 2,8 millones en 2001 a 2,2 millones en 2017, el aumento relativo más significativo de la ocupación se presentó en el subempleo o empleo precario: los subempleados subjetivos aumentaron 63,0 por ciento, de 4,5 millones a 7,3 millones; a su vez, el subempleo objetivo creció 49,4 por ciento, de 1,8 millones a 2,7 millones2.

La posición ocupacional es la que adquiere la persona en el ejercicio de su trabajo, ya sea como asalariado, empleado doméstico, trabajador por cuenta propia y trabajadores sin remuneración (incluye a los trabajadores familiares sin remuneración y a los trabajadores sin remuneración en empresas de otros hogares).


Durante el período 2001 a 2017, cuatro categorías que conforman el concepto de “posición ocupacional” registran cambios positivos, una se mantiene constante y dos presentan evoluciones negativas. Del primer grupo hacen parte los “obreros y empleados particulares, aumentaron 83,1 por ciento, esto es, de 4,8 millones pasaron a 8,7 millones; “empleados domésticos”, crecieron 7,8 por ciento, de 660,4 mil a 711,7 mil; “Cuenta propia”, con un cambio relativo de 56,1 por ciento, de 6,3 millones a 9,8 millones, y “Trabajador sin remuneración (familiar o en otras empresas)” que creció en 11,6 por ciento, de 881,6 mil a 983,5 mil. La categoría “Patrón o empleador” no registra mayores cambios durante estos 16 años, su variación cuantitativa fue de apenas 0,9 por ciento, de 789,5 mil a 796,9 mil. Durante este período, el decrecimiento se registró en “Obrero, empleado del gobierno”, cayó en -24,2 por ciento, de 1,6 millones pasó a 877,3 mil; y, “Jornalero o peón”, con un cambio negativo de -4,7 por ciento, de 747,5 mil a 712,0 mil (Gráfico 9).

 

 


En resumen, si bien se han creado nuevos puestos de trabajo y el desempleo ha descendido, la precarización e inestabilidad del mercado laboral profundiza su deterioro debido al peso relativo que tienen en la totalidad de la población ocupada en Colombia la informalidad, el subempleo, los cuenta propia, el empleo doméstico y los trabajadores sin remuneración.

 

Crecimiento económico, desempleo, productividad laboral y distribución del funcional del ingreso

 

Todo nuevo régimen social vence al que le precede consiguiendo una mayor productividad del trabajo (Lenin). Elevar tal productividad significa economizar trabajo vivo y trabajo social, o sea, reducir el tiempo socialmente necesario para producir una unidad de mercancía, esto es, rebajar su valor. La proporción de trabajo vivo disminuye mientras que la proporción de trabajo pasado (materializado) aumenta relativamente, y de tal modo que se reduce la suma global de trabajo contenido en la mercancía. En esta ley se manifiesta el decisivo significado del progreso de la técnica para el crecimiento de la productividad del trabajo. La capacidad productiva del trabajo depende de una serie de factores, entre los cuales se cuentan el grado medio de destreza del obrero, el nivel de progreso de la ciencia y de la tecnología, la organización social del proceso de producción, el volumen y la eficacia de los medios de producción y las condiciones geográficas y naturales (Marx). Los capitalistas aprovechan el incremento de la productividad del trabajo en sus empresas para elevar sus ganancias.

Durante el período 2001 a 2017, el PIB colombiano creció en 89,2 por ciento, al pasar de COP $289.539 miles de millones a COP $547.734 miles de millones; el total de la fuerza de trabajo ocupada aumentó en 43,1 por ciento, de 15,8 millones a 22,6 millones; la relación producto/trabajo aumentó 32,2 por ciento, en consecuencia, la productividad por trabajador se elevó de COP $18,4 a COP $24,3 millones anuales. En resumen, el crecimiento de la producción nacional se explica más por factores cuantitativos que cualitativos; además, entre los años 2009 a 2012 cayó la productividad del trabajo nacional (Gráfico 10). Es paradójico, por decir lo menos, que en el Presupuesto General de la Nación para el año 2018 se le haya quitado de un tajo el 45 por ciento de los recursos económico-financieros de Colciencias, reduciendo a la entidad al sólo manejo del clientelismo de las becas en el extranjero y la secretaria del control politiquero de los gobernadores de las regalías destinadas a CyT.

De acuerdo con Marx, si se considera la población de forma indiferenciada, sin una estimación previa de las clases que la componen, lo que a su vez depende de las relaciones sociales de explotación que constituyen un modo de producción concreto, se la convierte en una abstracción estéril e injustificada. Cada concreto modo de producción histórico tiene sus propias leyes especiales de población, y, en el capitalismo industrial, la ley de la población es la de un excedente relativo de ésta. El trabajo de la clase obrera produce una plusvalía que, como capital acumulado, es utilizada para comprar aquellos medios de producción (tecnología capitalista avanzada: maquinaria, automatización, digital, robotización e inteligencia artificial; todo esto también producidos por la clase obrera) que, al remplazar al trabajo vivo por trabajo inanimado, reaprovisionan el ejército industrial de reserva y aseguran que un sector de la población permanezca excedente con respecto a las necesidades del capital y, por consiguiente, incapaz de encontrar empleo. Además, en las fases del ciclo capitalista crisis-depresión el capital expulsa a parte de la fuerza de trabajo, aumentando el desempleo estructural y disminuyendo, por tanto, los salarios, a la vez que incrementa la tasa de plusvalía.

Durante el período 1960-2017, la relación entre el crecimiento económico, la tasa de desempleo y la concentración del ingreso muestra que el valor promedio del índice que mide la desigualdad (Gini) se mantiene en 0,536, registrando un drástico deterioro a partir de la década de 1990 (de acuerdo con Naciones Unidas, un coeficiente de Gini superior a 0,40 es alarmante, indica una realidad de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo de cultivo para el antagonismo entre las distintas clases sociales), mientras el crecimiento económico registra un promedio anual de 4,1 por ciento. Sin importar el momento del ciclo por el que la economía atraviese, la oligarquía siempre gana (Gráfico 11): durante el auge, el producto del trabajo social es privatizado en manos de los dueños del capital y los controladores del Estado. En la crisis, las consecuencias y medidas adversas para reanimar la actividad económica se descargan sobre la clase trabajadora (desempleo, caída salarial, recortes al gasto social, mayores impuestos al consumo, informalidad). La tasa de beneficio del capital en Colombia mantiene un mínimo, con tendencia creciente en las fases de auge del ciclo económico. Históricamente, el nuestro hace parte de los diez países del mundo con niveles intolerables de injusticia social y peor distribución del ingreso y la riqueza (concentrados en África y América Latina).

 

 

En paralelo, la tasa de desempleo presenta tres tendencias: i) una tasa estructural del 10 por ciento de la fuerza de trabajo, de la que hace parte el ejército industrial de reserva y la población en edad de trabajar excluida; ii) en las fases recesivas el desempleo registra un crecimiento asimétrico, potencial e inercial (en 1999 el PIB cae en -4,2% y la tasa de desempleo es de 18,1%; en 2000 el PIB crece en 2,7% y la tasa de desempleo alcanza un máximo de 19,7%); iii) la elasticidad empleo/PIB es decreciente por efecto de los cambios en la estructura económica y la incorporación de tecnología destructora de trabajo vivo, esto es, el empleo generado crece a una tasa inferior respecto al crecimiento de la economía3.

En resumen, durante 1960-2017 el promedio del crecimiento anual del PIB es de 4,1 por ciento, el valor del coeficiente de desigualdad es de 0,53 y la tasa de desempleo anual es 10,6 por ciento.

A partir de 1970, la plusvalía extraída y la tasa de explotación de la fuerza laboral se incrementan en el sistema mundo capitalista. El capital continúa su tendencia imparable de concentrar más riqueza e ingreso, mientras la fuerza laboral pierde participación en el ingreso nacional. La proporción del ingreso nacional que perciben los trabajadores remunerados es menor y desde los años 1980 disminuye a mayor velocidad. Según el informe del Fondo Monetario Internacional “Perspectivas de la economía mundial” (abril de 2017), esta tendencia obedece al rápido progreso de la tecnología y la globalización o integración mundial. La participación de la fuerza laboral en el ingreso se reduce cuando los salarios crecen a un ritmo más lento que la productividad, es decir, la cantidad de producto generado por trabajo. El resultado es que una proporción cada vez mayor de las mejoras de la productividad está beneficiando al capital. Y como el capital tiende a concentrarse en los extremos superiores de la distribución del ingreso, las participaciones más reducidas de la fuerza laboral en el ingreso tienden a elevar la desigualdad del ingreso.


En las economías avanzadas, las participaciones de la fuerza laboral en el ingreso iniciaron una tendencia descendente en la década de 1980, y alcanzaron su nivel más bajo del último medio siglo justo antes de la crisis financiera mundial de 2007-2009; desde entonces no se han recuperado sustancialmente, y ahora están en un nivel casi 4 puntos porcentuales más bajo que en 1970. En los países capitalistas que concentran el poder económico mundial, la proporción del ingreso que perciben los trabajadores cayó de 55 a 51 por ciento en el periodo 1970 y 2015. En los países periféricos y dependientes la situación es aún más inclemente, entre 1990-2015 la evolución de la participación de la fuerza laboral en el ingreso descendió de 39,5 a 37,1 por ciento.

En Colombia, la clase trabajadora no escapa a esta participación decreciente de los salarios en el ingreso nacional, tendencia que se mantiene desde la segunda mitad del siglo XX: durante 1962-2016 descendió la participación de los trabajadores de 44,3 a 36,7 por ciento del ingreso. El mayor pedazo de la torta la engulle el Excedente Bruto de Explotación (EBE) al concentrar el 61,1 por ciento del valor agregado nacional; los impuestos aumentan de manera sostenida su participación y actualmente el aparato burocrático-militar y la clase política se quedan con el 2,2 por ciento del valor producido por la clase trabajadora.

Por ramas de actividad, la participación relativa más alta por parte de los asalariados en el PIB corresponde a “Actividades de servicios sociales, comunales y personales” con el 76,1 por ciento (Gráfico 12). La proporción porcentual más baja que perciben los trabajadores es en la “Extracción de petróleo y gas natural” con el 12,5 por ciento; además, en este sector los impuestos son bajos (1,4%) comparativamente; en consecuencia, el valor agregado concentrado por el capital es de los más altos en el conjunto de la economía nacional (86,1%). En la intermediación financiera el 30,1 por ciento del valor agregado es apropiado por los trabajadores, el 66,6 por ciento por los dueños del capital financiero y el 3,3 por ciento restante por el Estado.

 

 

En 2016, el promedio de valor agregado mensual generado por trabajador en Colombia es de COP $2,8 millones (Gráfico 13). Por ramas de actividad, tres registran el más alto producto por trabajador: “Explotación de Minas y Canteras” (COP $31,4 millones mensuales), “Suministro de Electricidad Gas y Agua” (COP $18,5 millones mensuales) e “Intermediación financiera” (COP $10.9 millones mensuales).

 

 

El salario promedio mensual por trabajador, en 2016, fue COP $844.000. En tres sectores económicos los salarios promedio mensuales superan los tres millones de pesos: “Explotación de Minas y Canteras” (COP $4,5 millones), “Suministro de Electricidad Gas y Agua” (COP $3,2 millones) e “Intermediación financiera” (COP $3,4 millones). Los trabajadores con ingresos más precarios (inferiores a COP $1 millón mensual) se encuentran en las ramas de actividad “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca”, “Comercio, hoteles y restaurantes”, “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” y “Servicios comunales, sociales y personales”.

La relación entre valor agregado y salarios es de 3 veces en el conjunto de la economía nacional. En cinco ramas de actividad económica esta proporción es superior al promedio nacional: “Explotación de Minas y Canteras” (VA/Sal=7), “Suministro de Electricidad Gas y Agua” (6), “Construcción” (5), “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” (4) y “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” (4).

De acuerdo con el estudio de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) 2017, el sector de las empresas de servicios públicos, de minería, energía e hidrocarburos, así como las farmacéuticas y las de servicios financieros, son las que pagan salarios más elevados en Colombia; en el otro extremo de la lista están las de hotelería, turismo y recreación, temporales y outsourcing, y las de textiles, confecciones y calzado. El estudio también arrojó que las empresas de Servicios Públicos pagan un 59 por ciento por encima del promedio nacional, mientras que hotelería y turismo remunera un 55 por ciento por debajo. En 2017, los empleados públicos en Colombia tuvieron más aumento salarial que los del sector privado: los trabajadores públicos incrementaron, en promedio, un 6,75 por ciento sus ingresos; por su parte, los empleados del sector privado recibieron un aumento general del 6,65 por ciento.

 

 

 

Organización de la clase trabajadora

 

El sindicalismo como movimiento universal es un producto del trabajo asalariado capitalista4. Colombia está en el rango de los países con menor tasa de sindicalización del mundo, y es el único país en América Latina en el que el gobierno tiene la facultad de disolver un sindicato por vía judicial. A la vez, es el país del mundo con el mayor número de asesinatos de sindicalistas, concentrando el 63 por ciento de los casos; la impunidad supera el 96 por ciento.

En nuestro país, el número de sindicalizados supera ligeramente el millón de trabajadores (4,4% del total), con una amplia concentración de los afiliados en los sectores de la educación (280.000 afiliados a Fecode), industria (90.000), agroalimentario (36.000), minero energético (42.500), suministro de servicios públicos (26.000) e intermediación financiera (28.000). Adicional al problema de la baja densidad, el sindicalismo criollo padece otra grave dificultad que le resta aún mayor eficacia: su alta fragmentación, el número de sindicatos es cercano a los 5.000.

 

 

De acuerdo con el cuadro 1, mientras el total de trabajadores ocupados aumentó en 57 por ciento entre 1994-2016, la tasa de sindicalización disminuyó en 2,3 puntos porcentuales (pp). Durante estos 22 años, solo en dos ramas de actividad económica aumenta la tasa de sindicalización: “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” (0,2 pp) y “Explotación de Minas y Canteras” (4,6 pp); en Ecopetrol, con un total de 8.848 trabajadores (2016) la tasa global de sindicalización es de 33,8 por ciento (la tasa de sindicalización USO/Ecopetrol es de 27,5%). En las otras siete ramas de actividad económica, la tasa de sindicalización cae, principalmente en “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” (-5,9 pp) e “Intermediación financiera, seguros, servicios empresariales e inmuebles” (-8,2 pp, debido a la liquidación de los bancos estatales –trabajadores politizados– y la entrega subsidiada de los activos financieros al capital privado –trabajadores con poca conciencia de clase y mayores obstáculos a la sindicalización); en el sector financiero, los 28.000 trabajadores sindicalizados están organizados en 59 sindicatos; el 75 por ciento de los sindicalizados se concentran en cuatro organizaciones: Aceb, Uneb, Sintrabancol y Anebre, el resto de sindicatos cuentan con menos de 1.000 afiliados, con tendencia mayoritaria a menos de 100 (lo que se traduce en una baja capacidad de negociación de la mayoría de los sindicatos). (Ver recuadro, Retos de los trabajadores/as).

Para el año 2016, por encima del promedio de la tasa nacional de sindicalización (4,4%) se encuentran los trabajadores de las ramas “Explotación de Minas y Canteras” (18,2%), “Suministro de Electricidad Gas y Agua” (21,1%) y “Servicios comunales, sociales y personales” (11,6%)5.

 

Grandes empresas, concentración del capital y desigualdad regional

 

En el régimen capitalista, una cada vez mayor proporción de los medios de producción, de la fuerza de trabajo y de la elaboración de mercancías se centra en grandes empresas y determinadas regiones geográfico-políticas administrativas.

Sobre este proceso ejercen una influencia enorme la concentración y la centralización del capital, dado que así se forman capitales de enorme magnitud, indispensables para organizar la concentración de la producción. A su vez, el hecho de que la producción registre esta tendencia acelera los procesos de concentración y centralización del capital. Como observó Lenin (1870-1924), la concentración de la producción, al llegar a cierto grado de desarrollo, conduce al monopolio.

 

La desigualdad empresarial en Colombia

 

En este país, durante las décadas de 1940-1960, las multinacionales y las empresas públicas lideraron el desarrollo industrial, en menor grado, sin embargo, que en otros países latinoamericanos, proceso que desde sus inicios estuvo acompañado de elevados índices de concentración de la producción en unas pocas empresas. A partir de la década de 1970, esta foto de la concentración de los negocios evolucionó hacia la conformación de verdaderos conglomerados económicos en cabeza de pocos grupos financieros (unión del capital industrial con el bancario).

En efecto, entre 1968 y 1984 se incrementó de manera significativa el grado de concentración de la industria; para este último año el 60 por ciento de la producción industrial tenía lugar en industrias mediana y altamente concentradas. Durante la segunda mitad del siglo XX, la plusvalía apropiada por las grandes firmas oligopólicas fue dirigida hacia la compra de empresas ya existentes en la economía, y no para desarrollar nuevas líneas de producción a tono con las revoluciones industriales de tercera y cuarta generación. Se conformaron así oligopolios altamente concentrados, con elevadas barreras a la entrada de nuevos productores, y gozando de beneficios estatales de todo orden.

Según la Superintendencia de sociedades, actualmente en Colombia el número de empresas es cercano a 1,4 millones. De acuerdo con el excedente bruto de explotación (EBE), las 100 empresas más grandes (0,01% del total) concentran el 16 por ciento de las utilidades brutas; al considerar las 1.000 más grandes (0,07% del total), la concentración es de 34 por ciento.

La desigualdad entre las empresas es mayor a la desigualdad entre las personas. En promedio, la mayor desigualdad de la industria es por activos (Gini=0,83) que por valor agregado (Gini=0,75). La concentración más alta, según el valor de los activos, se registra en la industria petrolera, los textiles, caucho y plásticos, vidrio, acero y sus derivados, motores y aparatos eléctricos y aparatos médicos6.

Las 100 empresas más grandes de Colombia, de acuerdo con los ingresos operacionales del año 2016, corresponden a los sectores de petróleo, gas, combustibles y minería (20 empresas); servicios públicos y comunicaciones (20); cajas de compensación, salud, farmacéuticas y aseo (15); alimentos y bebidas (12); comercio al por menor (11); infraestructura y construcción (6); Industria (6); alimentos para animales (3); automotor (3); electrodomésticos (2); transporte aéreo (1); e inversiones (1)7.

Durante las últimas cuatro décadas la matriz productiva colombiana ha registrado cambios profundos y perdurables. Las cinco dimensiones que configuran el nuevo espíritu del capital mundial permean y dinamizan las empresas nacionales: i) privatización, desnacionalización e internacionalización; ii) financiarización, esto es, control del capital financiero sobre el productivo; iii) neoliberalismo: globalización, apertura económica y mercado como principal regulador de la sociedad y la economía; iv) debilitamiento de la conciencia, organización y luchas de la clase trabajadora; v) incorporación de las tecnologías de tercera y cuarta revolución industrial, generadoras de desempleo tecnológico y de concentración y centralización del capital.

De acuerdo con el cuadro 2, en 1984, las principales empresas (no financieras) del país estaban vinculadas al sector minero-energético, el comercio, el transporte y la producción de bienes básicos de consumo. Sobresalen como las dos primeras compañías: Ecopetrol8 y el Fondo Nacional del Café9. De otra parte, 1984 es el año que da inicio al “boom” petrolero con los hallazgos de los campos de Caño Limón (Arauca) con lo cual el país volvió a ser autosuficiente y exportador neto de petróleo. La rentabilidad más alta (tasa de ganancia: utilidades/ventas) se registra en otra empresa estatal del sector de energía, electricidad y gas: ISA, Interconexión Eléctrica S.A10. Con el tiempo, las empresas de servicios públicos terminaron por ser las de mayor crecimiento dado que imponen precios monopólicos que los consumidores no pueden rechazar. Del primer ranking publicado por la Revista Semana (edición 168 de julio de 1985), se desprende que los tres conglomerados predominantes por entonces eran el Grupo Cafetero, la familia Santo Domingo y la Organización Ardila Lülle. Otra característica importante en el mapa empresarial de esos años, borrada con el tiempo, fue el poderío de la industria textil: las más tradicionales y emblemáticas textileras nacionales (Coltejer, Fabricato, Tejicóndor y Enka) tuvieron –por mucho tiempo– asegurado un lugar en el cuadro de honor de las grandes empresas del país.

 

 

Todo esto dio un giro. A partir de 1990, los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria adoptaron un ambicioso conjunto de medidas de comercio exterior y acuerdos de libre comercio que desvanecieron una larga tradición de alta protección a la producción nacional. Según la edición aniversario de los 30 años del ranking publicado por la Revista Semana, los últimos 26 años, de la mano de la apertura económica propiciada por la nueva Constitución, fueron intensos en el mundo de los negocios y puede decirse que pasó de todo: hubo fusiones, compras, ventas y alianzas; muchas empresas colombianas fueron al mercado externo para expandir sus negocios, algunas por la vía de las exportaciones y otras instalándose directamente en esos mercados; la inversión extranjera directa llegó por montones al país y le cambió la cara a su economía. Colombia se convirtió en un destino atractivo para los inversionistas. En resumen, en los últimos 40 años se registraron profundos cambios en la matriz económica colombiana, no solamente por los nuevos sectores, sino también por la privatización de los activos públicos y los cambios en la naturaleza de las firmas, en su tamaño y en su alcance regional.

Para el año 2016, por primera vez es desplazada la Empresa Ecopetrol como la más importante del país. Por el ingreso operacional de 2016, el Grupo Éxito ocupa ahora el primer lugar11. En 2016, el Grupo Éxito registró un ingreso operacional por COP $51,7 billones; utilidad operacional por COP $380.270 millones y una tasa de ganancia operacional de 0,7 por ciento.

De las diez empresas más grandes en Colombia del año 1984, para el año 2016 solo se mantienen tres: Ecopetrol que ocupaba en 1984 el puesto primero y en 2016 es segunda, sin embargo la tasa de ganancia operacional (utilidad operacional/ingresos operacionales) aumentó en estos 32 años de 1,5 a 17,3 por ciento; Avianca Holdings12 pasó de ocupar el puesto quinto al sexto, de una tasa de ganancia operacional negativa de –6,6 por ciento en 1984 pasó a una positiva de 6,2 por ciento en 2016; ISA (Interconexión eléctrica S.A.), subió del puesto diez al séptimo junto al aumento en su tasa de ganancia de 24,3 a 70,1 por ciento. La posición monopólica del Estado sobre el manejo de los recursos naturales y energéticos le permite apropiarse de utilidades extraordinarias a expensas del atropello al bolsillo de los indefensos “clientes”.

Además del Grupo Éxito (comercio al por menor), otras seis empresas entraron al ranking de las más grandes de Colombia: Grupo Eeppm (servicios públicos), Grupo Argos (infraestructura), Organización Terpel (combustibles), Grupo Nutresa (alimentos), Cementos Argos (cemento) y Claro Móvil (telecomunicaciones). La tasa de utilidad operativa de estas seis empresas van de 3 a 18,3 por ciento.

En general, las grandes empresas son importantes generadoras de empleo. Para el año 2016, las 20 principales empresas generadoras de puestos de trabajo ocupan a 358.035 empleados (cuadro 3). El Grupo Sura13 es el principal empleador con 59.000 puestos de trabajo. De las 20 empresas que generan volúmenes más altos de empleo en Colombia, la de nivel inferior es Sodimac con 8.324 puestos de trabajo14.

 

La nuestra es una sociedad que tiende cada vez más a estar en función y al servicio del capital financiero, el cual es altamente concentrado. El Grupo Aval (de Sarmiento Angulo), a través de los Bancos Bogotá, Occidente y AV Villas, tiene el 26,1 por ciento de todos los activos del sistema bancario (sólo el Banco Bogotá tiene 19,1 millones de clientes y 1.517 oficinas en Colombia y Centroamérica). Bancolombia (del Grupo empresarial antioqueño) es el mayor banco del país, con el 25 por ciento de los activos del sistema (en 2016 completó 8.000 corresponsales bancarios).

 

Desarrollo desigual y combinado

 

En Colombia, como en el resto del mundo, las regiones se desarrollan a un ritmo desigual. El concepto de desarrollo desigual fue utilizado con frecuencia por Marx y Engels. En el capitalismo, lo que determina el ritmo de desarrollo de las empresas es principalmente la necesidad de superar a los competidores en el uso de técnicas modernas de producción u organización del trabajo, es decir la posibilidad de disponer de una mayor productividad laboral. El desarrollo acumulativo en una región resulta posible una vez superado cierto umbral de acumulación de capital, industrialización, formación técnica de los obreros, ingenieros y científicos, apoyo y subsidios institucionales y se cuenta con abundantes recursos energéticos y naturales, infraestructura y mercados solventes y en expansión.

Trotski amplió, a principios de los años 1930, el concepto para abarcar un fenómeno más complejo, que denominó desarrollo desigual y combinado. En lugar del desarrollo orgánico, la mayor parte de los países menos desarrollados experimentaron una combinación de “desarrollo y subdesarrollo”. Sus economías se mostraron como la combinación de un “sector moderno” y un sector tradicional. Como resultado de esta combinación peculiar no hubo ningún desarrollo acumulativo; el retraso de la agricultura determinó la limitación del mercado interno, que puso freno al ritmo de industrialización, y una parte importante del capital monetario acumulado se desvió de la industria para dedicarlo a la especulación inmobiliaria, a la usura y a la acumulación.

En Colombia, Bogotá (Distrito Capital) y Antioquia concentran la producción de dos terceras partes del PIB nacional. En contraste, en estas dos unidades político-administrativas solo habita un tercio de la población total del país (ver mapas 1 y 2). Al sumar las regiones del Caribe (Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, Magdalena, Sucre y La Guajira), Centro (Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila) y Sur (Valle del Cauca, Cauca y Nariño), el subtotal equivale a la concentración del 80 por ciento del PIB nacional y de la población.

 

 

 


La dispersión del desarrollo y la concentración del PIB en las regiones de Bogotá y Antioquia están en viva divergencia. De las mil empresas más grandes por ingresos operacionales, activo y utilidades, 648 tienen su matriz de negocios en estas dos unidades político-administrativas.

Paradójicamente, mientras la tasa de desempleo nacional bajó de 8,9 a 8,7 por ciento entre los meses de junio 2016-2017, en Bogotá D.C. aumentó de 8,5 a 10,6 por ciento y en Medellín (incluida el Área Metropolitana) creció el desempleo de 9,7 a 10,0 por ciento, según el informe del Dane. Tres causas explican esta situación: i) la fuerte inmigración hacia estas unidades político administrativas, dada la expulsión económica y política de población con bajas expectativas laborales y altos riesgos para su sobrevivencia en las demás regiones de Colombia; ii) la concentración de actividades económicas intensivas en capital y poco generadoras de trabajo; iii) el cambio tecnológico que lidera las empresas localizadas en Bogotá y Medellín, sustituyendo trabajo por procesos digitales y de automatización (economía cognitiva).

 

 

Prospectiva laboral 2030, escenarios y desafíos

 

 

 

Al año 2030, la sociedad colombiana contará con 53,2 millones de personas; el PIB sumará COP $911.084 miles de millones; el ingreso por persona será, en consecuencia, de COP $17,1 millones, equivalentes a USD 5.709. En el año 2017 el PIB por persona es de USD 3.718. Lo esperado es, entonces, que el PIB por persona aumente en estos próximos trece años en 53,5 por ciento. El crecimiento acumulado de la población es de apenas 8,3 por ciento, por tanto y de ser así, en 2030 el país contará con recursos para enfrentar los desafíos sociales, económicos, políticos y ambientales que apremian en el presente.

¿Cálculos alegres? El actual modelo de desarrollo, de carácter extractivo-financiero, deficitario en ciencia, tecnología e innovación, es insostenible. No obstante, en medio de los conflictos sociales y ambientales puede extenderse y sobrevivir hasta el año 2030. Este configuraría el escenario inercial, similar a lo ocurrido durante las últimas décadas, pero con mayor concentración regional, sectorial y clasista de la riqueza, la población, la producción y el poder político. Es obvio, que los problemas de pobreza, informalidad y destrucción de ecosistemas tenderán a profundizarse, lo que requerirá de políticas asistencialistas de mayor envergadura, mayor poder del militarismo-burocracia y sobredimensionamiento del Estado, en medio de una crisis fiscal y de corrupción estructurales.

El escenario de mayor desastre tiene soporte en la creciente polarización de la población: un tercio de los habitantes integrado a la economía moderna, viviendo en alguna de las principales ciudades, articulado con empresas y negocios internacionales, alto nivel académico, acaparando el poder político y sin proyecto alguno de nación. Las otras dos terceras partes sobrevivirán en medio de la exclusión, el rebusque diario y la violencia cotidiana. La precarización, flexibilización, informalidad e inestabilidad laboral aumentará debido al deterioro de los recursos naturales y a la transformación de la matriz económica provocada por las tecnologías de la cuarta revolución industrial.

El escenario deseable implica una transformación radical de la sociedad colombiana. La matriz económica y energética deben evolucionar hacia las tecnologías de la cuarta revolución industrial y las energías alternativas; ello requiere transformar los sistemas educativos (hacia la equidad, la calidad y la pertinencia) y de ciencia, tecnología e innovación (con recursos financieros adecuados y definiendo los ejes estratégicos que permitirán al país satisfacer las necesidades internas e incorporarse a los procesos productivos globales). El equilibrio y convergencia regional del desarrollo y la distribución de la población requiere de la descentralización efectiva y del empoderamiento de las comunidades locales (poder y unidad popular).

Requiere, asimismo, que la democracia no solo participativa sino directa y radical, y la participación real de la clase trabajadora organizada oriente los nuevos derroteros del proyecto de sociedad sobre principios solidarios, comunitarios, sostenibles y de poder popular. La igualdad, los derechos humanos, el florecimiento de las potencialidades humanas en cada individuo y colectivo, la paz y la armonía sociedad-naturaleza serán los resultados lógicos de este giro en la historia colombiana con el horizonte del año 2030. Un inmenso reto por acometer y concretar con la participación decida de las mayorías nacionales, con especial dedicación de las nuevas generaciones que cuentan con la información suficiente y la vitalidad para liderar un proyecto de país acorde a las necesidades y expectativas de los excluidos y negados de siempre. La toma del poder, por estas fuerzas alternativas, organizadas, conscientes y unidas, es necesaria.

 

1 La población en edad de trabajar se divide en económicamente activa (trabajan o buscan trabajo) y población económicamente inactiva (estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, inválidos y rentistas). La relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar se conoce como tasa global de participación, indicador que refleja la presión de la población sobre el mercado laboral; cuyo valor en junio de 2017 es de 65,2 por ciento. De mantenerse esta proporción, para el año 2030 la clase trabajadora sumará 29,1 millones de personas.
2 El subempleo contempla dos condiciones: i) el subempleo por insuficiencia de horas (ocupados que desean trabajar más horas ya sea en su empleo principal o secundario y tienen una jornada inferior a 48 horas semanales); ii) empleo inadecuado (por competencias y por ingresos).
3 La elasticidad empleo-producto de la economía mide la repuesta relativa del nivel de empleo ante un cambio del producto; sin embargo, dado que en el proceso de producción intervienen otros factores además del trabajo, el nivel de empleo no depende en forma exclusiva del nivel del PIB, por tal motivo los valores de la elasticidad deben analizarse teniendo en cuenta el ciclo económico y otros factores no menos importantes como la evolución de la productividad del factor trabajo, el nivel de inversión o los costos laborales, entre otros.
4 Los primeros sindicatos fueron considerados, por lo general, como organizaciones subversivas, por lo que solía aplicarse la represión estatal. Los sindicatos franceses fueron ilegales hasta 1884, los de Alemania hasta 1890, y los de Colombia hasta 1936.
5 En Colombia el 50 por ciento de los sindicatos se agrupan en tres centrales sindicales: la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la Confederación General de Trabajadores, CGT, y la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. La CUT es la central más grande, al concentrar el 65 por ciento de todos los trabajadores sindicalizados y en ella están confederados: la Federación Colombiana de Educadores Fecode, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria Sintrainagro, y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo USO.
6 Suarez, Aurelio y Martínez, Manuel; (2017). La desigualdad de las empresas en Colombia y el IUE. Revista Producción y mundo empresarial -PyME, Acopi, Bogotá, Edición 6, pp. 23-30.
7 Edición especial Semana: Las 100 empresas más grandes de Colombia; Bogotá, 30 de abril al 7 de mayo de 2017, Edición Nº1826.
8 La reversión al Estado colombiano de la Concesión De Mares, el 25 de agosto de 1951, dio origen a la Empresa Colombiana de Petróleos
9 En 1940 por decreto ley 2078 fue creado un impuesto sobre los giros provenientes de las exportaciones del grano del cual nació el Fondo Nacional del Café, como una cuenta parafiscal, cuya actividad consiste en la compra interna de la cosecha y la exportación del grano.
10 Constituida en 1967 con el fin de integrar los sistemas eléctricos regionales.
11 Este Grupo finalizó el primer semestre de 2017 con 568 puntos de ventas en Colombia, 884 en Brasil, 81 en Uruguay y 30 en Argentina. Este gigante de las ventas en almacenes de cadena y tiendas exprés, cuenta, además, con un conjunto de empresas que desarrollan sus actividades en diferentes ramas: textiles y confecciones, viajes y turismo, inversiones, agrícola, tarjeta de crédito y seguros, telefonía móvil, discos y logística, transporte y servicios asociados. El número de empleados es de 41.100. Su socio mayoritario es el Grupo Casino de Francia.
12 Avianca está integrado por las aerolíneas Avianca y Tampa Carga S.A, constituidas en Colombia, y Aerolíneas Galápagos S.A -Aerogal- de Ecuador, además de las compañías del Grupo TACA.
13 Éste es la matriz del Grupo Empresarial Sura, organización multilatina con más de 70 años de experiencia y con inversiones estratégicas en los sectores de Banca, Seguros, Pensiones, Ahorro e Inversión; el Grupo Sura cuenta con dos tipos de inversiones: las estratégicas, enfocadas en los sectores de servicios financieros, seguros, pensiones, ahorro e inversión, y las inversiones industriales que están, principalmente, en los sectores de alimentos procesados, cementos y energía.
14 Sodimac es una cadena chilena de comercios de la construcción, ferretería y mejoramiento del hogar, perteneciente al holding Falabella y Corona; está presente en Chile, Perú, Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil.

 


 

Escolaridad de la fuerza de trabajo

 

En 2006 Colombia definió su visión para 2032, según la cual el país será “Uno de los tres más competitivos de América Latina, con un ingreso per cápita equivalente al de un país de ingresos medio-altos, a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación [...] con una mayor calidad de vida e igualdad”. Para lograrlo, el gobierno nacional y el sector privado –liderado por un grupo de empresarios– decidieron crear el Sistema Nacional de Competitividad, hoy denominado Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Diez años después de su creación, el Informe Nacional de Competitividad 2016-2017 presentado por CPC muestra que de acuerdo con el Índice Global de Competitividad (IGC) del Foro Económico Mundial (FEM), Colombia ocupa en 2016 el puesto 61 entre 138 países; ocupa, asimismo, el quinto puesto en Latinoamérica, detrás de Chile, México, Panamá y Costa Rica, quienes avanzaron más rápido en los últimos diez años. Entre las áreas de peor desempeño en Colombia se encuentra la educación y la salud; en las que bajo 26 posiciones en una sola década en la comparación internacional.

En complemento, hacer de Colombia el país más educado de América Latina en el año 2025, es una de las metas trazadoras más importantes propuestas por el gobierno de turno. Para ello, desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, se declara a la educación como el más poderoso instrumento para lograr la igualdad social y el desarrollo económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo.

El Informe Nacional de Competitividad 2016-2017 afirma que la formación de capital humano, desde la primera infancia hasta la educación terciaria y la formación para toda la vida, es un factor determinante de la competitividad. El acceso, la calidad, la permanencia y la pertinencia de la educación en todos sus niveles influyen directamente en la productividad laboral, contribuyen a la disminución del desempleo y la informalidad, e incrementan la remuneración de los factores productivos del país, lo que se refleja en el bienestar de su población y en el crecimiento agregado de la economía. La incapacidad del sistema educativo para atraer, formar y reentrenar a la fuerza laboral en programas y competencias pertinentes es uno de los principales impedimentos para la diversificación y sofisticación del aparato productivo de un país.

Según el Informe Nacional de Competitividad 2016-2017: i) la cobertura neta en preescolar ha disminuido en los últimos años, situándose en un nivel cercano al 55 por ciento; ii) mientras la cobertura en primaria, secundaria y media en para 2013 era de 85, 72 y 41 por ciento, respectivamente, el promedio de Latinoamérica se situaba en 93, 69 y 49 por ciento; iii) de cada diez estudiantes que comienzan primaria, 8,5 llegan a secundaria y solo cuatro logran graduarse; iv) en cuanto a calidad, los resultados en las mediciones internacionales (resultados de las pruebas Pisa 2012) evidencian que Colombia continúa relegada a los peores puestos entre los países participantes; v) en los últimos diez años la evolución de la cobertura en educación superior ha sido considerable: pasó del 30 por ciento en 2006 a cerca del 50 en 2015, sin embargo, el país está lejos de alcanzar las tasas de países como Argentina o Chile (80% y 84%, respectivamente); además, la educación universitaria sigue representando cerca de dos terceras partes de la cobertura total, situación que constituye un reto para el sector productivo, que también demanda más profesionales formados en carreras técnicas y tecnológicas; aunque es necesario, aumentar la cobertura en educación terciaria no es suficiente: la educación también debe tener en cuenta criterios de pertinencia y calidad, de manera que el sector productivo logre incorporar el talento que requiere para aumentar sus niveles de productividad y competitividad*; vi) en nuestro país, el número de programas e instituciones acreditadas como de alta calidad es mínimo, y las instituciones de formación técnica y tecnológica son las que menos aportan: solo el 19,4 por ciento de los casi dos millones de jóvenes matriculados se encuentra cursando sus estudios en programas acreditados como de alta calidad; vii) al igual que en la educación básica y media, la deserción es uno de los mayores problemas de la educación superior, pues uno de cada dos estudiantes no culmina sus estudios.

A partir de la segunda mitad del siglo XX aumenta de manera continua el índice de escolaridad de la fuerza de trabajo en Colombia (Cuadro 4). En el período 1951-2017, los trabajadores sin ninguna educación o que alcanzaron solo la básica primaria disminuyeron su participación relativa en el total de 91 a 28 por ciento; los que alcanzan el nivel de educación secundaria aumentaron de 8 a 44 por ciento; y mientras en 1951 de cada cien trabajadores sólo uno había alcanzado el nivel universitario, en 2017 representan el 28 por ciento.

Desde 1960 hasta 2014 se han otorgado en el país un total de 4.738.167 títulos de educación superior en todos los niveles de formación, desde el técnico profesional hasta el doctorado, de los cuales el 67,1 por ciento (3.179.102) fueron entregados a partir de la década del 2000. La composición de la titulación otorgada entre 2005–2014 es formación técnica profesional (10,0%), tecnológica (20,7%), universitaria (48,1%), especialización (18,7%), maestría (2,5%), doctorado (0,1%); asímismo, el 78,7 por ciento corresponde a nivel pregrado y el 21,3 a nivel posgrado.

Durante 2014 se otorgaron 358.910 títulos de educación superior, frente a 299.816 conferidos en 2011 para una variación porcentual de 19,7 por ciento. Comparando estos dos años, se tiene que las áreas de conocimiento con más títulos otorgados fueron: Economía, Administración, Contaduría y afines, 31,7 por ciento en 2011 y 37,0 en 2014; Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines (22,3% y 23,4%); Ciencias Sociales y Humanas (16,9% y 15,3%); Ciencias de la Educación (13,1% y 9,9%).
De acuerdo con el informe de la Ocde “La educación en Colombia” (2016), a pesar de transformar significativamente su sistema de educación durante las últimas dos décadas, este país enfrenta dos desafíos críticos: i) altos niveles de desigualdad desde los primeros años de educación y ii) un bajo nivel de calidad y pertinencia en el sistema educativo.

Resulta ilógico, pero a mayor nivel educativo alcanzado la tasa de desempleo abierto aumenta. Este “desempleo ilustrado” refleja el desajuste estructural educación-empleo. La tasa de desempleo en Colombia para el año 2016 (junio) fue de 8,9 por ciento; de acuerdo con las estadísticas de Cepal, en 2016 quienes solo alcanzaron hasta básica primaria registran una tasa de desempleo de 5,2 por ciento; con básica secundaria es de 9,3 por ciento; con media completa de 10,6 por ciento; y el porcentaje con nivel superior o universitaria es de 11,8 por ciento.

* Diferentes encuestas, tanto nacionales como extranjeras, evidencian que cerca del 50% de los empresarios criollos tiene dificultades para ocupar sus vacantes debido a la existencia de brechas de capital humano.

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Superpoderes flexibilizadores para Macron

La reforma propuesta por el presidente francés desató la furia de los sindicatos, ya que implicaría una profundización de la que Macron aprobó el año pasado como ministro de Economía de Hollande.

 

El Parlamento francés convirtió ayer en ley los superpoderes que había pedido el presidente Emmanuel Macron para poder sacar por decreto su nueva reforma laboral, una medida que ya desató la furia de los sindicatos y que será una profundización de la que aprobó apenas el año pasado como ministro de Economía del socialista Francois Hollande.


El Senado fue la segunda de las dos cámaras en dar el visto bueno al proyecto de ley, que fue aprobado por 225 votos a favor y 109 en contra, sólo un día después de que lo hiciera la cámara baja, y ahora se espera que el flamante mandatario presente el primer decreto a finales de mes, justo cuando terminan las vacaciones de verano en el país.


Con la reforma, el Gobierno pretende dar más flexibilidad a las empresas con el argumento de que podrían generar nuevos empleos con mayor facilidad. La reforma fue además unos de los puntos centrales del programa electoral del presidente.


Francia padece desde hace varios años un elevado desempleo. La oposición de izquierda teme que la reforma afecte a los derechos de los trabajadores. El hecho de que sea implementada a través de decretos también es controvertido. Según este método, criticado especialmente por los sindicatos, el parlamento no debatirá los textos sino que solo será consultado al inicio y al final del proceso. El rechazo podría pasar a las calles en un momento en el que una parte de la oposición denuncia “una ley de demolición social”.
Como ministro de Economía, Macron logró aprobar una reforma laboral que debilitó varios derechos laborales el año pasado. Se enfrentó a los sindicatos, a multitudinarias marchas en las calles de las principales de todo el país y hasta provocó una ruptura dentro del entonces oficialismo socialista.


Mientras el entonces presidente Hollande quedó muy debilitado y tuvo que renunciar a una eventual reelección, él salió fortalecido como un candidato apartidista, atractivo tanto para los socialistas que se habían corrido al centro como para los conservadores más moderados.


Amparado por su arrasadora victoria electoral de este año, Macron ahora impulsa una nueva reforma laboral que profundizará los cambios conseguidos el año pasado. Según el mandatario, la nueva ley de trabajo permitirá a las empresas flexibilizar los procedimientos de contratación y despidos para poder generar nuevos empleos.


La nueva normativa pretende poner fin de manera definitiva a la negociación sectorial y los convenios colectivos, y poner límites fijos a las indemnizaciones por despido, algo que el año pasado no pudo ser aprobado, debido a las idas y vueltas del gobierno y al estallido social que generó el debate.


Como sucedió con la reforma laboral del año pasado, aprobada gracias a un vericueto legal que le permitió a Hollande evitar al Parlamento y aprobar el proyecto de manera unilateral, la CGT, el principal sindicato de trabajadores del país, ya anunció un paro general para el 12 de septiembre próximo, después del fin de las vacaciones de verano.
“La esencia de esta reforma no tiene impacto en el empleo, pero describe un proyecto que consiste en retomar ) las viejas demandas, los viejos sueños de la patronal desde hace 20 años’’, comentaba recientemente el presidente del sindicato CFE-CGC, François Hommeril.


Varios medios franceses adelantaban que otros sindicatos anunciarán medidas de fuerza similares en septiembre, cuando el gobierno de Macron emita los primeros decretos para modificar el Código de Trabajo.


Las votaciones de las últimas 24 horas en las dos cámaras desnudaron el amplio poder que posee Macron, quien no sólo ganó la Presidencia en las urnas, sino también la mayoría del Parlamento.


En clara mayoría, el líder de la izquierda y presidente de la bancada de Francia Insumisa en la cámara baja, Jean-Luc Mélenchon, calificó ayer el proyecto de ley que otorga poderes especiales a Macron como un “golpe de Estado social”. Luego de que el gobierno emita los decretos, el Parlamento deberá ratificarlos para que se conviertan en ley, aunque sin discutirlos.

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