La salud en Bogotá, durante el primer año de gobierno de Peñalosa

El sector salud fue uno de los más dinámicos en términos de reformas y cambios durante el 2016, primer año de la administración Peñalosa. En efecto, la declaratoria de la emergencia sanitaria y la aprobación del acuerdo 641 de iniciativa gubernamental por parte del Concejo, le permitió a la Secretaría de Salud iniciar una reorganización del componente público de la institucionalidad sanitaria de la ciudad, cuyos principales hitos fueron la fusión de los 22 hospitales en 4 redes y la creación de una entidad asesora para el proceso de contratación. Los objetivos planteados fueron: buscar mayores niveles de eficiencia, eficacia, transparencia, alineación con el modelo de salud del gobierno nacional.

 

La declaratoria de emergencia en el primer trimestre buscaba disminuir los niveles de congestión en los servicios de urgencias de la ciudad, hecho que según los testimonios de las comunidades, visitas e informes de la Personería y reportes de los medios de comunicación no fue efectiva ni en la red pública ni en la privada. Al parecer, los planes al amparo de dicha emergencia no avanzaron más allá de medidas educativas sobre el uso de las urgencias y ajustes en su funcionamiento, acciones que no corresponden a lo que debe actuarse en este tipo de declaratorias, de ahí que en la actualidad cursen varias demandas por la pertinencia, la proporcionalidad y la consistencia de la medida.

 

En relación con los componentes del acuerdo 641, la ciudad fue sorprendida pues tal reforma no fue parte del Plan de Gobierno; la celeridad de su aprobación en el primer trimestre de 2016 no permitió el debate, y su implementación progresa de manera traumática e improvisada. En su implementación, lo primero que se aprobó y puso en marcha desde abril fue la fusión de los 22 hospitales públicos en 4 redes, sin los estudios técnicos, financieros y jurídicos necesarios, con lo cual no hay certidumbre sobre cuáles fueron realmente las motivaciones, la línea de base, los escenarios posibles y, sobre todo, las metas por alcanzar.

 

La percepción de la ciudadanía y denuncias de sindicatos, trabajadores, medios de comunicación, congresistas y concejales, ha sido la de recorte en los servicios y el surgimiento de nuevas barreras de acceso, así como poca claridad sobre la direccionalidad de la medida, y gran malestar por la baja participación social en el proceso. En este punto, ha generado gran desconcierto el cierre progresivo de los Camis que eran de 24 horas, para convertirse en los Centros de Atención Prioritaria –Caps– de apenas 10 horas de atención, y según denuncias recientes la expectativa sobre atención especializada y descongestión de urgencias no se ha cumplido.

 

De manera complementaria, al final del año, fue creada la entidad asesora para los procesos no misionales de la red pública, de naturaleza mixta, que tendrá funciones vinculantes en los procesos de contratación, tanto de personal como de insumos, equipos, medicamentos, etcétera. Existe incertidumbre sobre los alcances y reglas de juego de esta entidad, máxime cuando los volúmenes de contratación anual alcanzarían los dos billones de pesos.

 

Estos cambios han ocurrido en un clima de alta descalificación por la gestión de las administraciones de izquierda de los pasados 12 años, y en medio de un desmonte radical de los programas de salud pública de la Bogotá Humana, como el de Territorios Saludables –con la terminación de más de 7.000 contratos de personal–, la eliminación de los 17 Centros de Atención Móvil a Drogadicción, el cierre de los 4 servicios amigables con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y la disminución en la cobertura de la vigilancia en salud pública de la ciudad, entre otras medidas.

 

En materia de indicadores de salud pública, está pendiente contar con las cifras consolidadas para el año 2016, pero se observa con preocupación la elevación en las tasas de mortalidad infantil por infección respiratoria.

 

El cambio de modelo que se viene operando tiene, en general, las características de una ruta hacia la privatización total de la salud en la ciudad, considerando que ya casi el 75 por ciento de la misma es manejada por actores privados. La conformación de la entidad logística, y del instituto de biotecnología como entidades mixtas y el inicio de la estructuración de las APP para la construcción de infraestructura, marcan con claridad una concepción corporativista para el manejo de la salud, que para el caso colombiano no cuenta con evidencia favorable y, al contrario, expone la salud de los más pobres a los intereses de rentabilidad de los actores privados.

 

* Médico salubrista.

Publicado enEdición Nº231
La revolución, a un siglo de la Revolución de Octubre

Mentar la tormenta se ha vuelto casi rutinario. Hasta el presidente chino, Xi Jinping, abrió el Foro Económico Mundial de Davos diciendo que en el mundo hay una tormenta aunque, agregó, también hay luz. Es muy probable que Xi se refiriera al mundo empresarial que lo cobijó con una ovación, ya que es el tipo de alianzas que corteja la dirección de la potencia emergente.


Lo cierto es que ya pocos dudan que atravesamos una situación caótica, aunque el capital financiero y buena parte de los políticos progresistas se empeñan en atribuirla a Donald Trump, que es apenas el emergente y no la causa de los problemas actuales. La tormenta está mostrando que la capacidad de comprensión en medio de la borrasca se vuelve cada vez menor. Incluyendo a quien firma estas líneas, obviamente.


Consuelo de poco valor es que las clases dominantes sufren también dosis importantes de desconcierto, algo que se puede palpar en la profunda división entre los de arriba, empezando por la superpotencia, donde no atinan a consensuar si el enemigo principal es Rusia o China, para poner apenas un ejemplo.


Cuando las urgencias son tantas y apenas podemos responder las más apremiantes, intentando no desviarnos del camino emancipatorio, se vuelve necesario buscar signos que nos ayuden a no perder la brújula. A un siglo de la primera revolución socialista victoriosa, propongo sacar algunas conclusiones con la mirada puesta en la tormenta que nos empieza a sacudir.
Primero, constatar que es posible derrotar a las clases dominantes. Así se hizo en casi medio mundo, desde Rusia y China hasta Cuba, Argelia y Vietnam. Derrota que pasa inexorablemente por arrebatarles el poder político y recuperar los medios de producción y de cambio (tierras, fábricas y bancos, entre los más importantes) para que sean gestionados directamente por los trabajadores.


Segundo, es muy difícil construir una sociedad de nuevo tipo, mucho más que derrotar al enemigo, como se constata en cada uno de los procesos mencionados. La impresión es que las fuerzas revolucionarias no han sacado las conclusiones necesarias del fracaso en la construcción del mundo nuevo, que debería pasar por un serio balance del estalinismo, en sus diversas variantes nacionales, del maoísmo y de los procesos de liberación nacional. Si en el primer punto puede haber acuerdos más o menos generales, en el segundo la divergencia de análisis es lo más frecuente.


Tercero, la derrota de las clases dominantes fue posible, en todos los casos, por el despliegue de guerras interestatales o por guerras de liberación nacional, o por una combinación entre ambas, como en China. En cualquier caso, al ser las revoluciones hijas de las guerras, el triunfo rebelde implica que el poder resultante está asentado sobre el predominio de hombres armados, quienes se encuentran al frente de las fuerzas revolucionarias y a la vez del aparato estatal. Esta disposición de fuerzas, como destacó hace tres décadas el español Eugenio del Río, es un obstáculo para avanzar hacia una sociedad de nuevo tipo, donde el poder esté en manos de los campesinos y los trabajadores.


Cuarto, las intenciones de Lenin –claramente reflejadas en sus escritos y en el libro de John Reed Diez días que estremecieron al mundo– consistían en que el Partido Bolchevique derribara al gobierno provisional para entregar el poder a los soviets, que fueron la creación más notable de los soldados, campesinos y obreros rusos, nacidos durante la revolución de 1905 y renovados y ampliados desde febrero de 1917.


En este punto conviene hacer algunas precisiones. ¿Por qué el poder de los soviets, que funcionó realmente en 1917, fue erosionado y anulado en aras del poder de una nueva camada de dirigentes aferrados al Estado? Hay análisis de diverso tipo, algunos muy convincentes. ¿Por qué el poder de las comunas chinas fue erosionado y anulado pese a los intentos para remover a una nueva burguesía que se había adueñado del Estado? ¿Por qué los organismos de poder popular en Cuba fueron erosionados y anulados por el poder del partido y del Estado? En suma, ¿por qué el poder de abajo ha sido tan efímero?


Hay algo en común en todas las experiencias que, siguiendo el guion de la revolución rusa, debería ser motivo de reflexión. Las prácticas concretas para cambiar el mundo se hacen añicos en el espigón del poder estatal, esté en manos de una burocracia obrera (como señalaron Mandel y los trotskistas) o en manos de una nueva burguesía nacida al amparo del Estado (como analizaron Bettelheim y Mao). De paso, destacar el bajísimo nivel de los debates en los demás procesos, salvo en los primeros años de la revolución cubana, que les impide profundizar en las causas de los desvíos posrevolucionarios.


Es muy penoso comprobar que desde la década de 1960 no hemos tenido debates de la profundidad necesaria y, sobre todo, observar la escasa atención que merecen los movimientos que han sacado conclusiones de los crímenes cometidos en nombre del socialismo. En nuestro continente, los movimientos indígenas y feministas parecen los más valiosos a la hora de remover la lápida del estalinismo, presente en casi todos los procesos.


Más notable aún es comprobar cómo el zapatismo ha conseguido superar algunas de las más poderosas limitaciones de las revoluciones precedentes. Veintitrés años después del ¡Ya Basta!, las juntas de buen gobierno son las que toman las decisiones e imparten justicia, funcionando como verdaderos órganos de poder. En 1940 o en 1972, en la Unión Soviética y en la República Popular China se había consolidado un poder contrarevolucionario, a pesar de los intentos de la revolución cultural y de propio Mao por modificar el rumbo.


Más allá de las consideraciones de cada quien respecto a la revolución zapatista, debería ser tomada muy en serio, ya que ha conseguido ir más allá que las que le precedieron. Algo imposible de comprender leyendo los comunicados, ya que requiere convivir con las bases de apoyo.

Publicado enPolítica
Manuel Sutherland: “Se derrochó la renta petrolera y la crisis explotó”

"La política monetaria del Banco Central de Venezuela ha sido realmente negativa, muy nociva para la salud de la economía", afirma Manuel Sutherland, economista, director del Centro de Investigación y Formación Obrera, y articulista de medios internacionales, en entrevista con "La Razón"*. "En este 2016, se ha impreso dinero inorgánico de manera grosera, se ha triplicado con respecto a 2015, de manera innecesaria", agrega.


Sostiene, asimismo, que estas medidas no están frenando la caída de la economía y solo han inundado al mercado de papel moneda que solo ha contribuido a elevar los precios de los productos, bienes y servicios. "Es un dinero que no tiene respaldo, que no se corresponde con las necesidades de pago de la población, por tanto, es inflacionario", señala.
Una de las principales consecuencias es la destrucción del salario real, asegura. "Sin embargo, es algo que le sirve al Gobierno para justificar los incrementos de salarios nominales que no se ven reflejados en el poder adquisitivo. Son, simplemente, una ilusión monetaria para engañar a la gente humilde que ve como se deprime su poder adquisitivo. Estos incrementos, no obstante, son menores que el incremento en los precios que causan", explica.


"Hay un desastre, un caos monetario debido a estas políticas económicas que no se corresponden con la realidad concreta del país", destaca. "Aunque la actualización del cono monetario era necesaria, la misma se está realizando de manera apresurada, brusca, tosca y con niveles alarmantes de improvisación. Preocupan las dificultades absurdas e innecesarias que les hacen pasar a millones de venezolanos", señala.


Mafias reciclan el efectivo


¿Cómo impactará sobre la economía la renovación del cono monetario?


No habrá una consecuencia a nivel macro, salvo mayor facilidad y rapidez en las transacciones, y cierta normalidad con los cajeros automáticos. Sí me preocupa el desastre monetario en cuanto a la obligación de cambiar más de 6 mil millones de piezas de a cien bolívares en diez días, es un plazo corto, extremadamente forzado. La banca nacional, por lo general, está atestada de miles de personas durante la época navideña y con este cambio se está creando un caos monetario sumamente grande.


¿Esta medida acabará con las mafias que especulan con el dinero en efectivo?


No. La mayor parte de ese dinero es administrado por mafias armadas que reciclan rápidamente su dinero efectivo para hacer negocios. El cambio del cono monetario no impedirá que esto siga ocurriendo, por el contrario, podría facilitarlo porque permitiría simplificar las operaciones. Sin embargo, pienso que es exagerada la importancia que se le da a esa gente. Es estúpido creer que hay gente que atesora bolívares (billetes de 100 Bs.) cuando estos sufren la inflación más alta del planeta por cuarto año consecutivo.


¿El nuevo cono contribuye a solucionar los problemas que enfrenta la economía?


Es una decisión racional y necesaria, el problema es que ha llegado muy tarde y de manera muy improvisada; además, se ha aplicado de manera atropellada y ha habido poca información y detalles. Inclusive, el tiempo para el depósito y canje debe ser mucho mayor para que las personas tengan más facilidad tal y como se previó en el año 2008 con la reconversión monetaria, que resultó mejor organizada.


¿Esta medida impactará sobre el índice inflacionario?


Los nuevos billetes y monedas no incrementarán ni reducirán la inflación, no impactará en la fijación de precios, no mejorará la economía porque es simplemente un cambio nominal.


2017 Hiperinflacionario


¿Cómo evalúa la política monetaria del Gobierno?, ¿A cuáles sectores ha enriquecido?


La política monetaria del gobierno estimula el crecimiento de los niveles de precios, desafortunadamente, no se prevén medidas para recoger la liquidez del mercado, ni de venta en bonos en bolívares (u otras operaciones de mercado abierto para "enfriar" el ritmo inflacionario), por el contrario se ha disminuido el encaje legal. Por otra parte, las políticas para disminuir el gasto público no han sido suficientemente acertadas se han mantenido muchos presupuestos derrochadores aunque ahora tengan un poder adquisitivo mucho menor. La caída de los ingresos ha sido cubierta con una desorbitada impresión de dinero inorgánico. La base monetaria fue expandida en más de 90 mil por ciento entre el período de 1999-2016 (diciembre). Otra propuesta en la cual se ha afincado el Gobierno es el control de precios dirigido por la SUNDDE (Superintendencia Nacional de Precios Justos): esta ha fracasado de manera rotunda y drástica. La SUNDDE no ha tenido éxito en ningún momento y se ha convertido en un gran elefante blanco, significa un gran gasto para el Estado venezolano ya que se encarga de fiscalizar precios que suben y suben, sin ellos poder hacer nada. Ese organismo no tiene una herramienta real para disminuir los precios y, por el contrario, sus presiones suelen causar mayor escasez, es decir, empeora las cosas.


¿Hay signos en la economía que alertan que nos acercamos a la hiperinflación?


Hay quienes sostienen que se puede hablar de hiperinflación en Venezuela. Hay quienes aseguran que se puede hablar de hiperinflación cuando supera el 50 % mensual, es decir, más de 1.000 % anual. Es posible que este año estemos muy cerca de esos cuatro dígitos. Algunos calculan que la inflación podría ubicarse en 700 % uo 800 %. Si tomamos estos valores, podríamos decir que el año que viene podría ser hiperinflacionario. Debemos recordar que la inflación más alta que hemos tenido en nuestra historia, antes del año 2015 –cuando fue de 180 %-, fue aproximadamente 100 %, en 1994. En 2016 podría superar ocho veces la inflación más alta de nuestra historia previa. Es una subida tremenda de precios que ha destruido por completo el poder adquisitivo de los venezolanos. La principal consecuencia es que habrá menos posibilidad para producir, implica despidos, menor cantidad de ventas y significa el cierre de fuentes de empleos. El 2017 puede ser peor en este sentido, ya que los problemas económicas se han agudizado, y las malas decisiones económicas se han profundizado. Medidas de disciplina fiscal ortodoxas, que podrían ser urgentes para evitar una bancarrota estatal, pueden acarrear siderales aumentos en servicios públicos que los pueden convertir en impagables y atizar más la pobreza galopante que nos azota.


Manufactura cae drásticamente


¿Es necesario unificar el tipo de cambio para la divisa?


La unificación es una necesidad. Porque 10 bolívares por cada dólar es un tipo de cambio absurdo e irreal, solo ha traído corrupción, robo y fraude que ha enriquecido a mafias paraestatales y privadas. Ese dólar debería subir al menos a la cotización DICOM (660 bolívares) de manera obligatoria y comenzar a flotar de manera que el BCV pueda intervenir y desarrollar una política monetaria seria. A partir de allí el Gobierno podría comenzar a atraer los capitales extranjeros (como dice tratar de hacer) con una seria formalización del mercado de divisas, y entonces destruir a Dólar Today si, en efecto, se deja que el bolívar flote.


¿Ha aumentado el nivel de productividad del país o persiste la política de importación?


La producción en el área de la manufactura ha caído drásticamente. Los cálculos más moderados hablan de una caída del 30 % o 40 % (1997-2016), es difícil precisarlo por la falta de cifras oficiales. Esta caída tan marcada y severa ocurre en momentos cuando hay más tecnología y mayor desarrollo industrial a nivel mundial. La caída de la producción y la productividad impulsa la inflación, destruye los salarios y precariza el trabajo. Hay que hacer un gran plan de industrialización nacional y de inversiones que permitan rescatar del pozo donde se encuentra la economía venezolana.
La minería no sustituye al petróleo


¿Los Comité Locales de Abastecimiento y Producción y las políticas de agricultura urbana están elevando el abastecimiento de alimentos?


Los Clap son una pésima forma de distribuir alimentos, es atrasada, poco eficiente y eficaz. Son los alimentos que hace dos o tres años se conseguían con facilidad en los supermercados pero que ahora los envuelven en una bolsa que entregan cada 20, 30 o 40 días. Además, exigen muchas veces pago en efectivo, listas, censos, colas, es decir, es un mecanismo engorroso. Por su parte, la agricultura urbana es prácticamente un chiste, no es una política seria, no se desarrolla en ninguna parte, no tiene sentido práctico, representa un gasto administrativo que no permite impulsar la productividad.


¿Qué pasó con la inversión extranjera en Venezuela?, ¿por qué se ha detenido?


Mientras exista la Ley de Precios Justos y la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, es muy difícil que los inversionistas deseen colocar sus divisas en el país, ya que existe una fuerte incertidumbre en la forma de repatriación de los capitales previamente invertidos. Sin un mecanismo fluido de venta de divisas, no habrá inversiones importantes en la economía nacional. Si el Gobierno quiere que haya inversiones extranjeras no puede tener esa normas y leyes que dificultan de tal forma el comercio más sencillo. Obviamente, no creo que las inversiones extranjeras sean la panacea que nos vas a rescatar de la crisis, hay muchos que tienen esa ilusión lamentable.


¿Es favorable la decisión de la Opep de reducir la producción petrolera?, ¿hay una esperanza para el crudo venezolano?
Es positivo, sin embargo, insuficiente ante el ritmo de gastos del Gobierno. El Gobierno necesita que el barril supere los 100 dólares y es muy difícil que el barril se vuelva a ubicar a ese precio.


¿El Arco Minero acabará con el rentismo petrolero?


La renta petrolera es más útil para el desarrollo aguas abajo y la industrialización que la minería. Es una locura pensar que la minería podrá sustituir a la renta petrolera. El Arco Minero, es un ecocidio criminal, un acto de privatización grotesco, de un territorio del tamaño de Cuba entera, y en el mejor de los casos puede generar hasta 8 mil millones de dólares anuales y eso equivale al 10 % de las exportaciones petroleras durante un buen año (ej. 2008, 2011). Los daños ecológicos que ahí se causarán serán 100 veces más costosos que lo que se pueda obtener de ahí. La destrucción de bosques y reservas de agua dulce causará terribles estragos y dejará un dinero que no servirá para cubrir ese daño.


¿Quién hace la guerra económica?


La "guerra económica" es una teoría disparatada, propia de personas que aseguran que el Banco de la República de Colombia secuestró la mitad de todo el efectivo de Venezuela en sus bóvedas y que luego las envió a Suiza, Ucrania, Alemania etc. Aquí lo que ha habido es un derroche doloroso de la renta petrolera. Si se hubiera ahorrado el 10 % de las exportaciones tuviéramos 90 mil millones de dólares en reservas internacionales, de ahorrar el 20 % tuviéramos 180 mil millones de dólares en reservas, 7 años de importaciones -no fraudulentas- garantizadas sin problemas.


Para evitar seguir cavando el foso de la miseria extrema es urgente plantear una moratoria en el pago de la deuda externa, no podemos pagar más deudas mientras la gente se muere de hambre, inanición o por falta de medicinas que cuestan menos de dos dólares. Otros gobiernos como Rusia, Argentina y Ecuador han tenido renegociaciones de deuda exitosas... es vital hacerlo. Igualmente el gobierno tiene que entender que el socialismo se construye desarrollando fuerzas productivas, es decir, aplicando la ciencia y tecnología más avanzadas a la producción. Lamentablemente insiste en financiar a la pequeña-burguesía, a la propiedad mercantil comunitaria y a la gran burguesía que ha sido corresponsable de fugar alrededor de 500 mil millones de dólares en algo más de un decenio. Desgraciadamente el gobierno no tiene confianza en emprender grandes proyectos productivos dirigidos por la clase obrera de manera democrática, abierta y transparente. Se podrían hacer muchas cosas, pero el gobierno insiste en escuchar sólo a "economistas" e ideólogos que lo alaban y con fervor acrítico aplauden cualquier medida estatal, de derecha o izquierda. Con esa receta se llegó hasta acá, y no se saldrá de acá.

18 de enero de 2017.-

Por: La Razón / Carlos Díaz | Miércoles, 18/01/2017 08:06 PM |

* Entrevista publicada el 19 de diciembre de 2016.
** Esta versión fue ligeramente ampliada en algunos puntos por el entrevistado, en aras de la didáctica.

Publicado enEconomía
“Fallas en El Dorado son punta del iceberg de un problema que viene de tiempo atrás”, dicen sindicatos de controladores

El pasado sábado, y este lunes en la madrugada, se registraron sendas emergencias en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, producto de fallas técnicas. Durante casi una hora los controladores del terminal aéreo no dispusieron de las ayudas de detección de radar, y por un momento perdieron la comunicación con las aeronaves que pretendían aterrizar.

Aunque estas fallas no generaron situación de peligro para los aviones o las aerolíneas, debido a que los controladores y empleados recurrieron a su pericia y a los protocolos establecidos en los manuales, son hechos preocupantes para la seguridad aeronáutica en el principal aeropuerto del país. Por tal razón fueron denunciados por las dos organizaciones de controladores que operan en esta terminal.


Daniel Rangel Palomino, presidente del Sindicato de Controladores Aéreos, llamó la atención sobre las reiteradas fallas que en el mismo sentido se han presentado en el centro de operaciones de El Dorado, e incluso se refirió a la posibilidad de que el “apagón” fuera producto de un error premeditado, o de sabotaje, algo que es materia de investigación por parte de las autoridades de la Aerocivil.


La Agencia de Información también indagó sobre la situación con Carlos Ferney Llano, presidente de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo, agremiación sindical con 40 años de existencia que hoy representa a 450 trabajadores, o sea cerca del 70% del área de control aeronáutico.


El señor Llano denunció que las fallas presentadas el sábado y este lunes en El Dorado no son más que la punta del iceberg de un problema que de tiempo atrás vienen afectando la infraestructura que soporta el tráfico aéreo. “Solo en este mes de diciembre ha habido por lo menos 4 fallas graves en el sistema, una de ellas el 8 de diciembre”, señaló.


Según el dirigente sindical, estas fallas se deben a la mala planificación de la compra de los equipos y de las estrategias de funcionamiento de la Aerocivil. Indicó que muchos de los equipos que soportan el tránsito aéreo son obsoletos y presentan desgaste; y que las inversiones que se han hecho en modernización no han sido mayormente efectivas. “Esta situación es inaceptables desde todo punto de vista, no debe ocurrir en ningún aeropuerto, y menos en uno de la categoría de El Dorado”, agregó.


Reveló que desde hace 5 años el sindicato, mediante cartas a la dirección de la Aerocivil y comunicados públicos, viene advirtiendo sobre estas fallas, que son reiteradas, no solo en El Dorado sino en otros aeropuertos del país. Recordó que hace un mes el sindicato pagó un aviso en el diario El Tiempo denunciando la situación.


Sobrecarga laboral


Para el dirigente sindical, las fallas reiteradas en los instrumentos y equipos de control representan un factor de mucha tensión emocional para los trabajadores controladores, que tienen que encarar las emergencias a punta de pericia e indicaciones manuales, las cuales pueden ser la solución en condiciones normales, pero no garantizan seguridad frente a emergencia que puedan tener las aeronaves. Ese es un riesgo mayor.


Y a eso se suma otro gran problema, este sí de orden laboral: la sobrecarga de horas en la jornada de los controladores, debido a que su número no es suficiente para atender todos los requerimientos de la aeronavegación en el país.


Según Carlos Ferney Llano, la actividad de control aeroportuario en condiciones de trabajo decente y jornadas laborales normales, en todo el país requiere de unos mil trabajadores, pero solo hay 639, por lo que se ven obligados a extender sus jornadas laborales. Informó que en el próximo mes de enero se espera ingresen 24 nuevos controladores, según lo ha prometido la Aeronáutica Civil.


Indicó que precisamente una de los puntos que el sindicato ha incluido en los últimos pliegos petitorios que ha negociado con la Aerocivil, es que se establezca cuál es la capacidad del espacio aéreo, o sea la cantidad de aviones que pueden estar en un espacio determinado, que sería un parámetro clave de seguridad y de referencia para el trabajo de los controladores. Pero la Aerocivil no lo ha definido, señaló el señor Llanos.

 

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Allan Bolívar

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Sábado, 17 Diciembre 2016 07:03

Un cuarto de siglo

Un cuarto de siglo

Hace 25 años se disolvió la Unión Soviética y surgió –en el espacio postsoviético– un conglomerado heterogéneo de 15 países que comparten, más allá de sus peculiares formas de hacer política interna, un solo rasgo: el capitalismo, donde una minoría de privilegiados detenta una riqueza insultante y la mayoría sobrevive con severas penurias, igual que sucede en México.


Herido de muerte el sistema socialista, sentenciado a desaparecer el partido comunista como fuerza rectora de la sociedad, agotada la economía por la carrera armamentista y los 10 años de guerra en Afganistán, los historiadores no terminan de ponerse de acuerdo en cuál fue el detonante de la desintegración de la Unión Soviética.


Coinciden en que, sin minimizar la importancia de cada episodio por separado, el fin se debió a una vertiginosa concatenación de factores, cuyos impulsores al principio no se plantearon como meta acabar con la Unión Soviética y señalan que, a partir del fallido putsch de agosto de 1991, ya no hubo posibilidad de dar marcha atrás: la gente se pronunció por el cambio, aunque se sabía que era necesario destruir no había una idea clara de qué construir a cambio.


Se llegó a ese punto cuando el experimento reformista de Mijail Gorbachov –tras seis años de intentar revivir el socialismo soviético con su perestroika (restructuración) y glasnost (apertura)– ocasionó un cisma en la dirigencia del partido comunista que forzó al sector conservador a dar un golpe de Estado, que apenas duró tres días por el amplio rechazo social y de una parte del ejército.


Continuó tambaleándose el sistema por la enconada lucha por el poder entre Gorbachov y Boris Yeltsin, el presidente de Rusia, lo que condujo a las tres repúblicas eslavas a reunirse para proclamar de último momento la creación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), ante la separación irreversible de las tres bálticas y la cautela de las centroasiáticas que prefirieron no acudir a la cita y esperar la evolución de las cosas, negándose a suscribir el nuevo pacto federal propuesto por el aún líder soviético.


La navidad de 1991, después de que el 21 de diciembre todas las repúblicas soviéticas, salvo las bálticas y Georgia, firmaron en la capital de Kazajstán el Protocolo de Alma-Ata que apostó por la CEI como imprecisa formación estatal, Gorbachov dimitió y la bandera roja, con la hoz y el martillo, fue izada del Kremlin.


Al día siguiente, el 26 de diciembre, el Soviet Supremo se autodisolvió y comenzó el reconocimiento internacional de los países surgidos de las ruinas que dejó la Unión Soviética.


Un cuarto de siglo más tarde se acumulan los rasgos nefastos del capitalismo postsoviético –una CEI que no es sino un membrete, pueblos hermanos enfrentados, riquezas naturales saqueadas a la sombra del poder, regímenes autoritarios o clanes gobernantes, etcétera– y existe una sola certeza: fracasó el modelo soviético de socialismo, nunca el anhelo de la humanidad por lograr una vida más justa y digna.

 

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Colombia: territorios en disputa, luchas por el sentido y nueva hegemonía [1].

Recientemente, varios miembros de este espacio en común que hemos creado un grupo de jóvenes, al que denominamos Somos Ciudadanos, tuvimos la oportunidad de dirigirnos a la audiencia ambiental realizada en el municipio de Pesca (Boyacá) el pasado 6 de noviembre. La misma tenía por objetivo socializar ante las comunidades la tentativa de la multinacional francesa, Maurel & Prom, de hacer exploración y explotación petrolera en inmediaciones de la laguna de Tota, espejo lacustre más grande del país.

La travesía tuvo un invitado especial, quien sensibilizado por el desastre ambiental en ciernes nos acompañó: el escritor William Ospina. La audiencia se convirtió en la oportunidad perfecta para ahondar en su espíritu indómito y creativo e indagar sobre sus posiciones sobre el quehacer nacional.

Las profundas reflexiones de Ospina, colmadas de una caracterización aguda de la clase política nacional se desarrollaron en paralelo a la indignación reinante, de los campesinos y los habitantes de la zona, quienes al unísono emplazaban a la multinacional, los entes gubernamentales y las autoridades ambientales con frases como “fuera”, “mentirosos” “no los queremos”, o el creativo “Sugamuxi no cambia su agua y su suelo por overol petrolero”.

El momento sirvió para, indirectamente, recrear la concepción de multitud spinoziana y soñar, por algunas horas, en la construcción de una voluntad nacional-popular colectiva de nuevo tipo que deje atrás a la partidocracia y abra el camino para romper con el novel bipartidismo, conformado por el Uribismo y el santismo, y para pensar en alternativas que dejen atrás al caduco eje izquierda-derecha.

Ospina, en medio de la indignación reinante no paraba de hacer un alto en el camino y cavilar “se requieren menos disertaciones de expertos y más momentos asamblearios para oír a los que no han hablado, se requiere crear unos diálogos más ciudadanos y transversales sobre los 10 o 20 temas más significativos para el futuro del país” Ospina acompañaba dicha reflexión con una pregunta transversal ¿que es lo que puede producirnos la sensación de integrarnos sin que aparezca la aparatosa instrumentalización política de siempre?”

La necesidad de acabar con la vorágine de la paz para poner en el centro de la agenda temas ciudadanos y territoriales.

Mientras el Gobierno acaba de firmar una paz, en función de una agenda de negocios particular o Paz Neoliberal, en las urbes y en los territorios el hastío hacia la clase política en general, y hacia la triada Uribe/Santos/Farc, crece.

Esta coyuntura abre una inmejorable ventana de oportunidad para crear una nueva mayoría social y ciudadana, conformada por las gentes del común, que ponga en la palestra pública tópicos que atañen a los intereses de las mayorías urbanas: servicios y salud pública, economía, reforma tributaria, acceso a la vivienda, educación, movilidad, lucha por el patrimonio público y lo público en general.

Este nueva convergencia transversal, de sectores afectados por el modelo económico dominante actual, tendría que impulsar temas que hacen parte de la agenda del siglo XXI: redensificación urbana, energías limpias, economías colaborativas y una reflexión, a fondo, sobre el futuro de nuestra maltrecha democracia.

El momento es el indicado para poner en marcha, y en simultáneo, un proceso destituyente, para sacar del poder a las élites, y un proceso constituyente, en donde el pueblo se conforme como tal. Dicho conglomerado ciudadano tendría que comenzar por canalizar el descontento de esa multiplicidad de demandas no resueltas por el Estado, y sus instituciones, y a ese cúmulo de sectores subalternos locales que disputan contra el establecimiento un tipo de ordenamiento territorial de nuevo tipo, en cabeceras municipales y zonas rurales.

Este nuevo sentido gira en torno a la autodeterminación de las comunidades de decidir sobre el uso de sus fuentes hídricas, su medio ambiente y su suelo, en clara confrontación contra los proyectos mineros, inmobiliarios, hidroeléctricos y petroleros a lo largo y ancho del país.

En tiempo presente esto viene sucediendo: aquellas nuevas voluntades territoriales-populares se están rebelando contra la agenda corporativa y corrupta de las instituciones, y las multinacionales, y están actuando independientemente del cabildeo de las élites.

La disputa en las urbes

En las zonas urbanas los conflictos ambientales por la defensa de las fuentes hídricas, los cerros y los humedales, amplían dicho mapa y territorio de inconformidad. El desecamiento de fuentes hídricas; la construcción ilegal de opulentos edificios en los cerros orientales y la contaminación y urbanización ilegal de predios pertenecientes a los humedales del occidente de Bogotá amenazan a la ciudad sostenible del nuevo milenio.

La creciente sumatoria de comunidades desplazadas por el modelo en las urbes, en el caso bogotano acrecentado por la arremetida privatizadora, realizada por la administración Peñalosa, pone en el ojo del huracán a quienes representan la ciudad enajenada para unos pocos, en clara confrontación contra quienes defienden el derecho y el disfrute de la ciudad para las mayorías.

Esas resistencias a las tentativas neoliberales de lucro, despojo y barbarie se vienen entrelazando y provocando un proceso de movilización y disputa contrahegemónico subalterno, basado en la división del espacio social colombiano entre un nosotros (la amalgama de sectores subalternos disgregados) y un ellos (la élite)[3].

Esa diáspora diversa de actores, que hacen política desde sus espacios y que rechazan la representatividad suplantada por la partidocracia y la clase política en su conjunto, conformada por colectivos políticos, culturales, ambientales, asociaciones campesinas y comunales aumentan el distanciamiento entre las élites y la diversidad de sectores subalternos.

Al mejor estilo gramsciano la gente en las ciudades y en el campo viene, aunque sin la emancipación requerida para lograrlo, construyendo sentido mediante la “articulación de lo disperso, en un terreno no exento de conflictividad”[4].

Cognitariado: la nueva clase trabajadora

En las ciudades principales e intermedias, un nuevo conglomerado social de nuevo tipo, conformado por personas entre los 18 y 40 años, atomizado políticamente y permeado por el chip del individualismo, denominado cognitariado, emerge como uno de los sectores más numerosos de la clase media. Son millares de citadinos jóvenes, vulnerables e inconformes, que probablemente debieron acudir a las urnas a votar No, en señal de protesta contra un clima de malestar social creciente que les afecta.

El cognitariado, es uno de los grupos más perjudicados por la destrucción de los derechos sociales y laborales en el país. En su mayoría lo conforman universitarios que pagan sus estudios mediante acreencias con el sistema bancario; trabajadores que ofrecen sus conocimientos intelectuales a cambio de contratos cada vez más desregulados y usuarios insatisfechos con las EPS privadas.

La construcción de nueva hegemonía territorial en torno a la superación del extractivismo.

De vuelta a los territorios, la situación de la provincia de Sugamuxi y el lago de Tota, y la disputa con las petroleras, se replica a lo largo y ancho del país. El mapa de conflictos ambientales de gran envergadura en Colombia, realizado por el Atlas Global de Justicia Ambiental en 2014, sitúa a nuestra nación como el líder latinoamericano de confrontaciones entre empresas extractivas y comunidades, con 72 de gran magnitud[5].

Las consultas populares que se han realizado en municipios como Tauramena (Casanare), Piedras (Tolima), y la que sigue su curso en la ciudad de Ibagué, ponen a las luchas ambientales y territoriales como uno de los ejes centrales de construcción de nuevas mayorías sociales en el país.

El caso paradigmático de la provincia de Sugamuxi, donde geográficamente se ubica la laguna de Tota, plantea un nuevo tipo de consulta popular supra municipal, y más de índole regional, en proceso de construcción, que invita a los ciudadanos a acudir a las urnas para responder la siguiente pregunta ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en la provincia de Sugamuxi se ejecuten proyectos y actividades petroleras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística de la región?

En suma, el derecho a la ciudad y al territorio, marcan una verdadera contradicción de fondo entre la clase política y el país político enfrentado a los anhelos de la sociedad civil.

Dirimir la disputa, entre capital/elites versus nuevas mayorías, viene abriéndose camino…

Twitter: @pineda0ruiz  - ncolombiano, activista social ya extenderse a un tercio del territorio nacionalEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Por: Felipe Pineda Ruiz[2]

rbana﷽﷽﷽﷽bitan los territorios se expresan en los proyectos de renovaci del capital y la defensa del territorio t


[1]El presente texto incluye las reflexiones del autor expuestas en el panel realizado en la Universidad Nacional “Luchas por el sentido: cultura política y Nuevas Ciudadanías” (Seminario Gramsci, noviembre 17 de 2016) y en el foro “Proceso constituyente y sociedad del buen vivir: construyendo la Colombia del Siglo XXI”, que tuvo como invitado especial al pensador ecuatoriano Decio Machado (noviembre 24 de 2016).

[2]Publicista, investigador Fundación Democracia Hoy. Analista político.

[3]Parte de las disertaciones sobre la dicotomía ellos/nosotros, que reformula el campo y la pugna agonística-antagonística, está recogido en el diálogo entre Iñigo Errejón y la politóloga de origen belga Chantal Mouffe, que toma forma en el libro “construir pueblo” (Icaria, 2015) 

[4]Errejón, Iñigo (2011) EVO Pueblo. La hegemonía del MAS, en: Errejón, I. y Serrano, A., Eds., Ahora es cuándo, carajo! Del Asalto a la Transformación del Estado en Bolivia,. El Viejo Topo, pp. 111-141.

[5]Instituto Cinara de la Universidad del Valle - Atlas Global de Justicia Ambiental (2015), Mapa de conflictos ambientales en Colombia. Fuente: http://bit.ly/1feY0sS

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Lunes, 24 Octubre 2016 06:44

El derecho humano al empleo

El derecho humano al empleo

Las constituciones suelen ser, todas o casi todas, de caracter liberal. Empiezan por el tradicional “Todos son iguales frente a la ley”, antes de todos los otros preceptos tradicionales.


Entre estos, el derecho a la propiedad tiene un lugar especial. Si, originariamente, siguiendo a Locke, ese derecho estaba limitada al uso propio de la propiedad, después se ha trasformado en el derecho a la propiedad lisa y llanamente. Ni la limitación del uso social suele estar presente. El derecho a la propiedad se ha vuelto un fetiche, sin que importen las consecuencias de su existencia.


Se trata de un derecho que tiene sus dispositivos concretos de garantia. Si una tierra improductiva es ocupada por trabajadores rurales sin tierra, aunque la vuelven productiva, trabajando en ella, el propietario legal llama a la policia, que rápidamente manda tropas para desalojar a los trabajadores y hacer respetar el derecho a la propiedad privada. Y, en caso de que haya resistencia, se usará de la fuerza, se tomará presos a los trabajadores, para hacer valer el derecho a la propiedad privada. Se someterá a esos trabajadores a procesos y a condenas, garantiza el derecho constitucional.
Un derecho de una ínfima minoria de propietarios privados de medios de produccion importantes, que tiene formas de garantizar sus privilégios. Porque el derecho de pocos no es derecho, es privilegio.


Por otra parte, una actividad desarrollada por a mayoria aplastante de la poblacion, el trabajo y el empleo corespondiente, no tiene destaque, a veces ni siquiera referencias, en las constituciones y, menos todavia, garantias de su respeto. Si alguien pierde el empleo, no tiene a quien apelar. A lo sumo recibirá un seguro desempleo por algún tempo. Pero la sociedad lo condena al abandono.


Si, en la concepcion liberal, el mercado define el valor de cada caso, cuando alguien se queda sin empleo, el mercado le esta diciendo que, aun con los bajos salarios que podría recibir,nadie está dispuesto a contratarlo porque él no vale nada.
Un derecho que corresponde a la gran mayoría o a la casi totalidad de la población, la clase trabajadora, como es el derecho al empleo, para que una persona pueda vivir de manera minimamente digna, manteniéndose y manteniendo a su familia, con un contrato formal de trabajo que le dé garantias básicas, de ninguna manera está garantizado para parte de la sociedad.


Si el trabajador pierde el empleo, tiene que arreglárselas solo, salir tempranito para buscar cualquier actividad, volviendo desmoralizado por la noche cuando no lo logra. Una sociedad justa requiere que el derecho al empleo sea considerado como un derecho humano inalienable, junto a los otros derechos, porque sin él, el ser humano no puede sobrevivir con un mínimo de dignidad.


No se trata de ningun favor que la sociedad le hace al trabajador, porque es él quien produce todas las riquezas de la sociedad, sin poder, tantas veces, siquiera compartir los bienes que produce. El derecho al empleo y al trabajo dede ser incoporado a los derechos humanos esenciales de nuestro tiempo

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“Gane Trump o Clinton, la clase trabajadora estadounidense seguirá empobreciéndose”

Desde que arrancó la campaña electoral en EE.UU., se ha hablado más de comercio internacional de lo que casi nadie hubiera podido imaginar. El debate sobre el legado de tratados como el NAFTA, que entró en vigor hace ya 22 años entre Estados Unidos, Canadá y México, y la conveniencia de firmar otros, como el TPP (Acuerdo de Asociación Transpacífico) o el TTIP (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión), resulta inseparable del éxito de Donald Trump, que se hizo con la nominación republicana contra todo pronóstico, y de Bernie Sanders, que logró poner contra las cuerdas durante meses a la candidata del aparato demócrata, Hillary Clinton. La propia Clinton se vio obligada a virar en plena campaña, claudicando de su apoyo al TPP, cuyas virtudes había defendido por medio mundo, en privado y en público, como secretaria de Estado.


¿Qué se esconde detrás de este renovado énfasis en el ‘libre comercio’ y sus consecuencias? Para el economista Robert Pollin(1950), director del Instituto para el Estudio de la Economía Política de la Universidad de Massachusetts, lo que ha llevado al comercio al centro del debate –y a Trump a superar el 40% de apoyos en todas las encuestas— es el profundo descontento de la clase trabajadora estadounidense después de décadas de empobrecimiento. Pollin, autor de una decena de libros sobre política económica y empleo en EE.UU. y a nivel mundial, analiza para CTXT el ascenso de Trump, y compara sus recetas económicas con las de Clinton.


La política comercial ha sido uno de los asuntos centrales de esta campaña desde las primarias, rompiendo con décadas de consenso sobre el tema. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué cree que se presta tanta atención al ‘libre comercio’?


El problema no es el comercio en sí, sino el estancamiento o declive en las condiciones de vida de la clase trabajadora en EE.UU. Por tomar solo un indicador: el salario medio de los trabajadores ‘no supervisores’ es hoy un 10% más bajo que en 1973. Los sueldos llevan estancados, en el mejor de los casos, cuarenta años, al tiempo que se disparaba la productividad. Se ha creado una clase de gente, y sus familias, que vive peor que hace una generación. Eso es algo que nunca antes había sucedido en EE.UU. El comercio con otros países es una de las causas, pero desde luego no la única. Trump se ha aprovechado de este panorama poniendo el acento en el comercio, y obviando otros factores. En cierta medida, es lo más fácil, porque le permite echarle la culpa de todo a “los mexicanos” o “los chinos”.


Ha mencionado otros factores. ¿Cuáles son?


Para empezar, la ausencia de una política industrial que promueva la manufactura estadounidense y el desarrollo de la economía ‘verde’. Por otro lado, la falta de inversión pública que renueve nuestra maltrecha infraestructura, lo que redundaría en creación de empleo. Y luego están los asuntos puramente ‘distributivos’, como el desvanecimiento del poder de los sindicatos, que defendían a los trabajadores y lograban aumentos salariales. Si nos fijamos en Alemania, por ejemplo, el salario medio en la industria es un 43% más alto que en EE.UU. Y, sin embargo, son una potencia exportadora. Lo son porque tienen una política industrial muy activa, que promueve todo lo que nosotros no promovemos, como la infraestructura, la investigación y el desarrollo, la formación de los trabajadores o los programas de empleo. No digo que Alemania sea una utopía, pero defiende con éxito el bienestar de la gente trabajadora en su conjunto.
Puede que los europeos del sur no estén del todo de acuerdo...


Claro, pero eso es debido a la austeridad. Su modelo podría funcionar permitiendo un aumento de salarios en toda Europa, porque eso aumentaría la demanda, incluida la de productos alemanes. Estoy separando la política industrial de la fiscal, que, como dice, consiste en la imposición de la austeridad al sur de Europa. La austeridad no es necesaria para el éxito del modelo alemán, basado en la política industrial, que brilla por su ausencia en EE.UU.


¿Qué se puede hacer, desde la política, para frenar algunos de los efectos nocivos de la integración global?


Incluso si estamos de acuerdo en que abrir las puertas al comercio es bueno para un país, porque aumenta su capacidad productiva, siempre se ha entendido que el comercio es malo para los trabajadores de los países ricos. Es algo que viene implícito en la teoría básica, pero que los economistas a menudo preferimos ignorar. Nos centramos en la primera parte –que el comercio aumenta la eficiencia—, pero eso no quiere decir que sea bueno para la igualdad. Como mínimo, son necesarias políticas redistributivas sustanciales para los trabajadores desplazados por el comercio, que pierden su trabajo por la competencia salarial de otros países. Estas existen, pero son tan mínimas que los sindicatos las llaman, con acierto, ‘seguros de entierro’. Hay que tomarse esas políticas de asistencia más en serio. Pero lo más importante, más allá de tratar los síntomas de la integración global, es propugnar la inversión pública en infraestructuras y energías renovables, además del gasto de los gobiernos locales en educación y sanidad. En lugar de recortar esas inversiones, como hacemos ahora, deberíamos expandirlas, porque son buenas para el bienestar social y crean empleo. Eso es lo fundamental, fortalecer la economía doméstica.


Si EE.UU. hiciera lo que dice, los trabajadores de otros países lo pagarían muy caro, ¿no cree?


Por eso los países, sobre todo los más ricos y los gigantes emergentes, como China e India, deberían permitir que sus mercados internos crezcan aumentando los salarios de sus trabajadores. De este modo, no dependerían tanto del comercio exterior. No estoy en contra del comercio, pero no debería ser la pieza fundamental del bienestar nacional. Así, si EE.UU. lograse cerrar la brecha de su déficit comercial por medio de la política industrial, no lo haría en detrimento de otros países, ya que estos estarían creciendo a base de salarios más altos y consumo doméstico.


¿En qué diría que se basan las políticas económicas propuestas por ambos candidatos?


Hillary Clinton está más o menos en línea con lo que hemos vivido bajo el mandato de Obama. Sus principales puntos de disenso son propuestas que ha adoptado como respuesta a la campaña contra Bernie Sanders en las primarias. Por ejemplo, en lo relativo al comercio, Obama sigue apoyando el TPP y tratará de aprobarlo antes de terminar su mandato. Clinton, sin embargo, ha decidido abandonarlo, aunque antes lo apoyaba. Obviamente, no es estúpida y esto responde a un cálculo electoral. Otra novedad es que ahora apoya una versión moderada de la educación universitaria gratuita que puso encima de la mesa Sanders. Más allá de eso, es continuista con Obama en cuestiones como la regulación de Wall Street o el salario mínimo. Sobre este último, no apoya el aumento del suelo salarial a 15 dólares por hora, sino “un salario que alcance para vivir”. No ha concretado a qué se refiere. En lo relativo a Trump, sus propuestas son un auténtico caos. Ha sido durísimo en su oposición a los tratados comerciales y en su insistencia en que han sido muy perjudiciales para los trabajadores estadounidenses. En general, coincido con él en eso. Pero, por otro lado, es evidente que no tiene un programa para apoyar a los trabajadores. Quiere recortar los impuestos, y no tiene intención de aumentar el salario mínimo. Sus propuestas sobre impuestos suponen volver a Romney, o incluso a Reagan.


Usted ha defendido que, salvo en relación al comercio, Trump encaja perfectamente con la ortodoxia republicana. ¿Por qué lo dice?


Su política fiscal, que es la que ha delineado con mayor detalle, consiste en recortar los impuestos para los ricos. La estrategia republicana de los recortes de impuestos ha sido siempre ‘compartirlos’, darle una rebaja a todo el mundo. Y eso es lo que propone Trump. El problema es que, si se recortan los impuestos de todo el mundo de manera proporcional, la inmensa mayoría de esos recortes recaerán sobre los ricos, que tienen más dinero y pagan más. Por otro lado, Trump ha dicho que quiere duplicar el gasto en infraestructuras en relación con el de Clinton, y aumentar en gran medida el gasto militar. ¿Cómo demonios va a lograr eso si además pretende recortar los impuestos? Esa era la fórmula de Reagan, que Trump parece querer llevar más allá.


Trump se dirige a menudo a la clase trabajadora, y ha basado gran parte de su éxito en el apoyo que tiene entre los obreros, en especial los de raza blanca. ¿Se beneficiarían estos de sus políticas económicas?


Tomadas en su conjunto, no creo que sus propuestas beneficiasen a la clase trabajadora. Aunque son tan incoherentes que es difícil de entender qué propone realmente. Su principal rasgo es la agresividad. A veces habla de imponer aranceles del 35% a China. Eso supondría un trastorno enorme para la economía global. EE.UU. tiene una relación simbiótica con toda Asia. Decir: “EE.UU. tiene que cerrar su déficit comercial” es algo con lo que yo estaría de acuerdo. Pero ser tan agresivo con China, o con México, haría que la economía se volviera mucho más frágil. No es la manera de solucionar nada.


A Hillary Clinton se le acusa a menudo de ser demasiado cercana a Wall Street. ¿Se ve reflejada esa cercanía en sus propuestas o su discurso económico?


Creo que sí. El problema con los demócratas, incluido Obama, ha sido la implementación. La ley de regulación financiera Dodd-Frank está bastante bien sobre el papel a la hora de limitar los excesos de Wall Street, pero sigue estancada, seis años después de aprobarse, y casi no se ha puesto en práctica. Las regulaciones propuestas en el programa de Clinton son razonablemente buenas. El problema, de nuevo, recaerá en la implementación. Si uno es tan cercano a Wall Street... si no es firme a la hora de hacer cumplir las políticas, o de nombrar a los reguladores adecuados, las propuestas no importan. Que el programa contenga ciertas cosas no quiere decir que luego se vayan a poner en práctica. No es un problema de Clinton, sino del Partido Demócrata históricamente.


A Clinton le gusta alardear de los éxitos económicos de la presidencia de su marido. En los debates de la campaña ha celebrado el aumento de la calidad de vida en los noventa. Usted escribió un libro sobre la política económica de aquellos años y sus resultados. ¿Cuál es su veredicto?


Lo que dice es falso si uno se centra en datos básicos y no los que más le convienen en cada momento. Durante los ochos años de mandato de Bill Clinton, los salarios se estancaron. No aumentaron, ni siquiera en comparación con la época de Ronald Reagan. Otro indicador básico, como la tasa de pobreza individual, se mantuvo al nivel de la era Reagan y por encima de los gobiernos de Jimmy Carter o Richard Nixon. Lo mejor que se podría decir es que el saldo de su gobierno fue mediocre en lo económico. Es cierto que en los últimos dos años hubo un gran boom, pero estuvo basado en una gran burbuja tecnológica, la de las puntocom. Y Bill Clinton culminó su presidencia con la desregulación financiera, al derogar la ley Glass Steagall, de los años treinta. Eso nos llevó, directamente, a la burbuja y el crash de 2007.


Y usted tiene la impresión de que Clinton continuaría con esa tradición...


Nadie puede saberlo con certeza. Pero sí creo que continuará la línea de los Demócratas ‘de centro’. Hoy en día, eso se traduce en políticas neoliberales, a favor de Wall Street, y poco apoyo a la regulación financiera, los aumentos salariales o la política industrial.


Dada la dicotomía entre Clinton y Trump, ¿cree que la trayectoria de declive en las condiciones de vida que ha mencionado al principio de la entrevista se verá alterada a partir de noviembre?


Desgraciadamente, no lo creo. Resulta irónico, pero Trump es el más agresivo de los dos a la hora de denunciar que las cosas no han ido bien en mucho tiempo, y hay que mejorar la situación. Por eso su mensaje ha calado entre la clase trabajadora. Clinton ni siquiera habla de esos problemas. Pero no creo que Trump tenga la intención, ni la capacidad, ni tan siquiera un programa coherente para resolver ninguno de esos problemas. Así que sí, diría que al margen de quién salga elegido, lo más probable es que continúe esa trayectoria descendente. La única manera de que esto cambie de manera significativa es que la facción del espectro político de Bernie Sanders gane influencia, ya sea bajo una presidencia de Trump o, lo más probable, de Clinton. Sanders es el que más se ha aproximado a articular una visión alternativa igualitaria.
Así que, si hay alternativa, ¿será después de las elecciones?


Eso es. A mí ya se me han acercado varios grupos que tratan de organizar movimientos de resistencia, gane quien gane. La Historia nos sorprende a menudo. Los movimientos sociales pueden ganar impulso. ¿Habías oído hablar de Bernie Sanders hace año y medio?

 

Nueva York | 11 de Octubre de 2016

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¿Una vía hacia la democracia económica?

Democracia económica


Una de las principales contradicciones del capitalismo es el choque frontal entre la democracia política y la democracia económica. Mientras la primera está relativamente asegurada en el marco del parlamentarismo representativo heredado de las revoluciones liberales del XIX, la segunda es reprimida de raíz por la estructura económica capitalista, basada en la propiedad privada de los medios de producción y la explotación. Para comprender esta contradicción y entender los mecanismos que podrían paliarla o, incluso, hacerla desaparecer, es imprescindible que nos detengamos brevemente en una pregunta aparentemente sencilla: ¿en qué consiste exactamente la democracia económica?


Sería muy positivo para la clase trabajadora europea y mundial que los sindicatos abrieran un debate serio y abierto sobre la cuestión de los fondos de inversión de los asalariados. La lucha contra la barbarie así lo exige.


Si bien se trata de una cuestión ardua que conlleva un debate de gran calado, en el ámbito que aquí me ocupase podría definir la democracia económica en términos sencillos como el poder de decisión de los ciudadanos, en general, y de los asalariados, en particular, sobre la producción, la distribución, el excedente y la acumulación. La ampliación y profundización de este tipo de democracia permitiría aumentar la influencia de la clase trabajadora sobre los objetivos de la economía, lo que haría posible un mayor peso de las necesidades humanas, sociales y medioambientales en la toma de decisiones frente a las exigencias de lucro y crecimiento a corto plazo a las que obliga la lógica capitalista. Gracias a ello, cuestiones cruciales para el desarrollo y el bienestar, como el trabajo, la educación, la sanidad, la igualdad de ingresos y riqueza o la sostenibilidad, ocuparían un lugar mucho más relevante a la hora de planificar e implementar la actividad económica.


Dos son las vías clásicas que la investigación y la política han venido proponiendo para un mayor acercamiento a la democracia económica: el principio de la paridad y el de la propiedad. El primero apuesta por construir marcos legislativos conducentes a limitar el poder de decisión que emana de la propiedad del capital en favor de una mayor influencia de los trabajadores, aunque sin modificar la estructura básica de dicha propiedad. Para ello, propone las clásicas leyes de cogestión, entre las que destaca el conocido referente de la Mitbestimmung alemana. Esta ha sido la corriente dominante en la socialdemocracia en las décadas pasadas, aunque actualmente no atraviesa su mejor momento.


Por su parte, el principio de la propiedad se enfrenta de lleno con el núcleo duro del capitalismo: la propiedad privada de los medios de producción. Esta alternativa considera que la cogestión no acaba ni con la desequilibrada distribución de riqueza característica del sistema ni tampoco con las bases estructurales de la desigualdad de poder entre trabajo y capital en la que se basa la explotación. Sin embargo, no por ello se trata de una estrategia revolucionaria ni frontalmente anticapitalista, ya que nada tiene que ver con la abolición del capitalismo desde su raíz que defiende, por ejemplo, el marxismo. Bien al contrario, esta vía acepta las reglas básicas del mercado como sistema de asignación de recursos y productos, de manera que no acaba con las múltiples contradicciones asociadas a la competencia, a la realización y a la valorización del capital.


Entre los diversos instrumentos posibles dentro del marco del principio de la propiedad destaca, por ser el más desarrollado en el terreno teórico y práctico, el de los fondos de inversión colectiva. Podrían definirse como “la acumulación gradual de capital en varias empresas a nombre de determinados grupos de trabajadores o de ciudadanos a nivel local, regional, nacional o supranacional para su beneficio colectivo a través de un mecanismo mediante el que estos grupos adquieren fracciones crecientes de la propiedad de dichas empresas a través de fondos de inversión que funcionan como depositarios del capital”[1].


Aunque existen otros ejemplos históricos muy interesantes, como el caso del Statens Pensjonsfond noruego o los Fonds de solidarité FTQ de Québec, el experimento probablemente más avanzado y potencialmente radical en este sentido fue el de los Fondos de Inversión de los Asalariados (Löntagarfonder) aprobados por el gobierno socialdemócrata sueco en la década de los ochenta del siglo pasado. Revisaré a continuación sus elementos básicos con el fin de delinear sus virtudes, sus límites, sus contradicciones y, sobre todo, sus enseñanzas para posibles estrategias futuras en pos de la democracia económica.


Los fondos de inversión de los asalariados: orígenes y aplicación


Lo primero que hay que decir es que estos fondos puestos en marcha en Suecia no son, de ninguna manera, una idea sueca. En realidad, se trata de una estrategia originada y desarrollada en otros países europeos con anterioridad, aunque sin que en ninguno de ellos llegara a ponerse en marcha. El primer proyecto en esta línea, conocido como Plan Gleitze, fue teorizado en la RFA en los años cincuenta y entró en el debate político en los setenta, aunque sin éxito. Otras iniciativas similares fueron probadas en la misma época en otros lugares como Dinamarca, los Países Bajos o el Reino Unido, sin llegar tampoco a implementarse.


El Plan Meidner obligaba a la mayoría de las empresas suecas a emitir un número de acciones nuevas equivalente al 20% de sus beneficios a nombre de un fondo de inversión gestionado por un consejo de administración formado mayoritariamente por cuadros sindicales y, en menor medida, por representantes del gobierno y las empresas.


El proyecto diseñado inicialmente en Suecia en los setenta en el seno de la poderosa Confederación de Sindicatos (LO), conocido como Plan Meidner por el nombre de su principal promotor[2], era francamente radical, sobre todo si tenemos en cuenta el tradicional pragmatismo reformista que siempre ha caracterizado a la socialdemocracia escandinava. En pocas palabras, obligaba a la mayoría de las empresas suecas a emitir un número de acciones nuevas equivalente al 20% de sus beneficios a nombre de un fondo de inversión gestionado por un consejo de administración formado mayoritariamente por cuadros sindicales y, en menor medida, por representantes del gobierno y las empresas. Los réditos obtenidos por estos fondos serían usados exclusivamente para comprar nuevas acciones o para financiar programas de formación en gestión para los trabajadores. Dado que no se contemplaba ninguna forma de titularidad individual de los valores adquiridos ni su venta, el proyecto asumía un principio básico de propiedad colectiva.


De haberse puesto en marcha, el Plan Meidner habría tenido un impacto dramático sobre la propiedad corporativa. Según sus normas de funcionamiento, cuanto más rentable fuera una empresa, más rápidamente pasaría su propiedad a manos de los


sindicatos[3]. Esto llevaría a un proceso hacia la socialización democrática del capital sin parangón en ninguna otra nación capitalista. Como escribió David Harvey: “Probablemente en ninguna parte del mundo occidental el poder del capital se vio más amenazado en la esfera democrática durante la década de 1970 que en Suecia”[4].


A nadie puede sorprender, pues, que la reacción del capital fuera unánime y furibunda. Gracias a su capacidad económica y su influencia política y mediática, las empresas fueron capaces de convocar (y financiar) grandes manifestaciones en las calles, insistentes campañas de rechazo al proyecto en la prensa y todo tipo de contraataques desde los diversos partidos de la derecha[5].


Más allá de las formas y las exageraciones, lo cierto es que el principal argumento contra el Plan Meidner no era descabellado, puesto que esta iniciativa suponía la ruptura total del llamado “compromiso histórico” que capital y trabajo firmaron en Saltsjöbaden en los años treinta y que llevaría a más de cuatro décadas de crecimiento y acumulación más o menos equilibrados y de casi absoluta paz social. En este acuerdo, el capital aceptaba la hegemonía política de la socialdemocracia y el papel preponderante de los sindicatos en la construcción de un modelo de corte corporativista a cambio de la renuncia por parte de éstos a promover cualquier tipo de medida que pusiera en peligro la propiedad capitalista y su monopolio en la gestión económica y en las decisiones relativas al empleo. Obviamente, los fondos salariales de inversión suponían una impugnación innegable de estos principios.


A raíz de esta campaña, ni la clase trabajadora ni la opinión pública llegaron a identificarse con este proyecto, del mismo modo que en las filas del Partido Socialdemócrata de Suecia (SAP), fielmente apegadas a su ancestral pragmatismo, tampoco reinaba el entusiasmo, precisamente. Como dijo Robin Blackburn: “El Plan Meidner era muy radical y ellos [los socialdemócratas] no lo eran”[6].


Así, tras tres profundas revisiones destinadas a hacer digerible esta propuesta sindical entre los cuadros del partido con el fin de posibilitar su implantación legislativa, el plan acabó convirtiéndose en una pálida y deformada sombra de lo que originalmente se pretendía. El nuevo proyecto, finalmente aprobado en el Parlamento en 1983 y puesto en marcha al año siguiente, renunciaba de raíz a que los fondos pudieran alcanzar la mayoría del capital social en ninguna empresa, convirtiéndolos en poco más que nuevas versiones de los clásicos fondos de pensiones (ATP) que ya existían en Suecia desde los años sesenta. Estos fondos realmente existentes, en lugar de nutrirse de ampliaciones de capital condicionadas a las ganancias de las empresas, se financiaban con impuestos que, además, en su mayor parte, procedían de los salarios, de manera que renunciaban a cualquier tipo de redistribución de la propiedad corporativa[7].


Finalmente, tras alcanzar unos resultados situados a años luz de las pretensiones iniciales, estos fondos fueron abolidos en 1991 por una coalición de derechas que logró desbancar temporalmente al SAP del gobierno. Con ello, no sólo se acabó con una de las más prometedoras iniciativas que jamás ha propuesto el reformismo en pos de la democracia económica, sino que se dañó muy gravemente la propia posibilidad de mantener el debate público acerca de este tipo de cuestiones en el futuro.


Tras alcanzar unos resultados situados a años luz de las pretensiones iniciales, estos fondos fueron abolidos en 1991 por una coalición de derechas que logró desbancar temporalmente al SAP del gobierno.


Objetivos de los fondos de inversión de los asalariados


Los fondos de inversión de los asalariados pretendían alcanzar cuatro objetivos de carácter político; a saber: aumentar la influencia de los asalariados en la gestión de las empresas, fomentar la socialización del capital, fortalecer la posición de poder de los sindicatos y estimular la solidaridad y la conciencia de clase entre los trabajadores. Además, el proyecto original buscaba conseguir dos hitos económicos: luchar contra la creciente concentración de capital y riqueza que, a pesar de la igualación de ingresos del trabajo, se venía dando en Suecia desde los años treinta y resolver algunos de los principales efectos perversos que la llamada política salarial solidaria. Entre estos últimos, destacaban los beneficios extraordinarios que generaba a las grandes corporaciones exportadoras, el estancamiento en el crecimiento de los salarios de los empleados de mayor cualificación y el trasvase masivo de ingresos desde el trabajo hacia el capital[8]. La versión finalmente puesta en marcha incluía un cuarto objetivo muy relacionado con la situación de crisis económica por la que atravesaba Suecia en los años setenta: la formación de capital destinado a la inversión productiva. Mediante este último fin, se pretendía contrarrestar el irrefrenable desplome de la inversión derivado de la caída de los beneficios corporativos y, además, orientar la acumulación hacia destinos funcionales para la creación de empleo, el crecimiento y el incremento de la competitividad.


En particular, este cuarto objetivo económico tenía la virtud de facilitar un ritmo de inversión más estable y una menor dependencia respecto de las expectativas sobre las tasas de ganancia, lo que podía resultar útil para amortiguar los efectos perjudiciales de las recesiones sobre el crecimiento y el empleo. Además, esta suerte de mecanismo anticíclico, al estar gobernado por los sindicatos, podría incorporar criterios de inversión menos especulativos y a más largo plazo. Gracias a ello, coadyuvaría a centrar el foco de atención en mayor medida en cuestiones como la lucha contra el paro, la subida del salario directo y relativo o la mejora de las condiciones de trabajo.


Esta estrategia podría servir para hacer frente a las recurrentes e inevitables crisis propias de la dinámica de acumulación capitalista mediante una vía alternativa a las líneas básicas de acción de las ortodoxias tradicionales: la keynesiana y la neoliberal. Como es bien sabido, la “solución” keynesiana centra sus esfuerzos en luchar contra la falta de demanda agregada necesaria para favorecer el crecimiento y el empleo a través del concurso del gasto público, como si todas las crisis fueran de naturaleza subconsumista.


Por su parte, la “solución” neoliberal defiende invariablemente una política fiscal y monetaria restrictiva con la intención de reducir los costes laborales para mejorar la competitividad exterior del capital y, así, relanzar las tasas de ganancia y de acumulación. Las consecuencias de la primera opción sobre el déficit presupuestario, la deuda pública, los tipos de interés y (en el mejor de los casos) la inflación son, sin duda, difíciles de negar, aunque los efectos de la segunda resultan mucho más perjudiciales para la clase trabajadora.


En efecto, este tipo de estrategias neoliberales de austeridad, típicas de la época “gloriosa” del patrón oro de finales del siglo XIX y devueltas a la actualidad europea de la mano de la UEM y el FMI, fomentan el estancamiento o, incluso, la caída del salario directo, gracias al aumento del paro y la mayor agresividad del poder del capital frente a los trabajadores, y también del indirecto, en forma de recortes en servicios públicos, lo que conduce a una mayor explotación de clase, a una creciente desigualdad, y, finalmente, al aumento de la pobreza.


Si abandonamos marcos teóricos ajenos a la realidad y asumimos la evidencia empírica que relaciona el declive de las tasas de inversión con la caída de las expectativas de crecimiento de los beneficios[9], entonces entenderemos fácilmente cómo los fondos de inversión de los asalariados, al favorecer una mayor estabilidad en los ritmos de acumulación, puede ser una herramienta enormemente útil para afrontar las crisis del capitalismo con algo menos de sufrimiento para la clase trabajadora[10]. Todo ello teniendo en cuenta, obviamente, que no se trata de una estrategia que vaya a acabar con las contradicciones del sistema ni con la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, sino de un mecanismo que puede aportar cierto alivio ante las peores consecuencias de las recesiones[11].


Por estos motivos, considero que sería muy positivo para la clase trabajadora europea y mundial que los sindicatos abrieran un debate serio y abierto sobre la cuestión de los fondos de inversión de los asalariados. La lucha contra la barbarie así lo exige.

Mario del Rosal es Docente de economía de secundaria y bachillerato y profesor de economía política internacional en la Universidad Carlos III de Madrid. Doctor en economía por la Universidad Complutense de Madrid.

[1] Sjöberg, Stefan y Dube, Nyegosh (2014). “Economic Democracy through Collective Capital Formation: The Cases of Germany and Sweden, and Strategies for the Future”. World Review of Political Economy, 5 (4), pp. 488-515.
[2] Rudolf Meidner (1914-2005) desempeñó de 1945 a 1966 el puesto de economista jefe del Departamento de Investigación de la LO y, además de ser el artífice del plan que lleva su nombre, es conocido principalmente por ser, junto a Gösta Rehn, el principal responsable del llamado modelo Rehn-Meidner, núcleo esencial del célebre Modelo Sueco desde los años cincuenta hasta la década de los ochenta.
[3] Por ejemplo, el capital de una empresa con una tasa de ganancia constante del 10% anual pasaría a pertenecer en más de un 50% a estos fondos en un periodo de tiempo de 35 años.
[4] Harvey, David (2005). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal, 2009.
[5] Entre las más vitriólicas “perlas” expelidas por el capital y sus aliados encontramos las siguientes: “Un ataque frontal a la santidad de la propiedad privada”; “La mayor amenaza para el Modelo Sueco”; “¡Revolución en Suecia!”; “Puro socialismo sin adulterar”; “La mayor confiscación jamás vista en Occidente”.
[6] Blackburn, Robin (2005). “Capital and Social Europe”. New Left Review, 34, pp. 87-112.
[7] Para más detalles, se puede acudir, entre otros, a Pontusson, Jonas y Kuruvilla, Sarosh (1992). “Swedish Wage-Earner Funds: An Experiment in Economic Democracy”. Industrial and labour Relations Review, 45 (4), pp. 779-791.

[8] Esta política salarial solidaria era la base del ya mencionado Modelo Rehn-Meidner, cuyos detalles son analizados y criticados en Del Rosal, Mario (2015). El capitalismo sueco y los límites del socialismo reformista. Una crítica marxista del modelo Rehn-Meidner (1932-1983). [http://eprints.ucm.es/33673/1/T36553.pdf] y en Del Rosal, Mario (2016). “Socialdemocracia y capital: las raíces neoclásicas del modelo sueco”. Pensamiento al margen, nº 4 [www.pensamientoalmargen.com/suecia].
[9] Michael Roberts, en su siempre recomendable blog, analiza con detalle esta concepción de la dinámica capitalista en diversas entradas. Por ejemplo: https://thenextrecession.wordpress.com/2015/11/24/marxians-marxists-profitability-investment-and-growth/
[10] El propio Keynes, con quien no compartimos marco de referencia teórico, afirmaba en su opus magnum lo siguiente: “Creo, por tanto, que una socialización bastante completa de las inversiones será el único medio de aproximarse a la ocupación plena”. (Keynes, John Maynard (1936). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. México D.F., Fondo de Cultura Económica,1965).
[11] Como afirma el economista sueco Erik Åsard: “Los fondos de inversión de los asalariados son el epítome del dilema eterno de la socialdemocracia: cómo abolir las consecuencias negativas de sistema capitalista sin perjudicar al mismo tiempo los leyes y mecanismos de ese mismo sistema”. (Citado en Tilton, Timothy A. (1991). The Political Theory of Swedish Social Democracy: Through the Welfare State to Socialism. Oxford: Clarendon Press).

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Respaldo a Trump, reflejo de malestar social: Chomsky

Noam Chomsky, uno de los intelectuales estadunidenses más prestigiados en la actualidad, cree que la baja valoración de los políticos a escala mundial no es exclusiva de la cúpula dirigente, sino se extiende a empresas e instituciones como parte de un malestar social general.

La escasa popularidad de los actuales candidatos a la presidencia de Estados Unidos no es algo excepcional, sino forma parte de un gran malestar social que amenaza la democracia”, explicó el lingüista y filósofo, de 87 años, en una entrevista en Cambridge.

"Estados Unidos se desarrolló desde una democracia hacia una plutocracia con apéndices democráticos", opinó. "Tres cuartas partes de la sociedad se encuentran simplemente subrepresentadas", subrayó.

Respecto del auge actual del candidato republicano Donald Trump, pese a su discurso polémico y agresivo, el autor de Los guardianes de la libertad cree que se fundamenta en gran medida en el desprecio durante décadas a la clase trabajadora: "Quienes respaldan a Trump no son los pobres. La mayoría son de la clase trabajadora blanca, que en el periodo del neoliberalismo fue marginada. Ahora estas personas están amargadas y tienen rencor".

El profesor emérito del Massachusetts Institute of Technology (MIT) apuntó como segunda razón un fortalecimiento del populismo y el ultranacionalismo, algo que también se ve en Europa: "Hay correlación directa entre el apoyo a populistas autoritarios y los entusiasmados con Trump".

A diferencia de lo sucedido anteriormente, esta vez a los líderes republicanos no les fue posible impedir el protagonismo de un candidato peligroso. "Trump es singular. Nunca hubo algo como él en naciones industrializadas occidentales", señaló.

Sin embargo, el proceso se enmarca en una transformación más amplia del sistema político estadunidense, que él ve históricamente como de partido único con dos facciones: republicanos y demócratas. "Eso ya no es así. Seguimos siendo un país de partido único, el partido de los negocios, pero ya sólo hay una facción".

De hecho, piensa que quienes apoyaron a Bernie Sanders en la precampaña demócrata podrían formar un nuevo partido, independiente del demócrata, si avanza la transformación del sistema. Sanders se enfrentó desde la izquierda en las elecciones primarias a la actual candidata, Hillary Clinton, pero perdió.

"Si tuviéramos un movimiento trabajador activo y luchador, del estilo del que hubo en Estados Unidos en los años 30, probablemente uniría a los seguidores de Trump con los de Sanders", aseveró el lingüista, quien a nivel político se ha definido como anarquista o socialista libertario.

"Son muy diferentes en muchas cosas, pero comparten centralmente la misma furia por el ataque a la clase trabajadora blanca y a los pobres. Eso podría ser el comienzo de algo totalmente nuevo", concluyó.

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