Lunes, 24 Octubre 2016 06:44

El derecho humano al empleo

El derecho humano al empleo

Las constituciones suelen ser, todas o casi todas, de caracter liberal. Empiezan por el tradicional “Todos son iguales frente a la ley”, antes de todos los otros preceptos tradicionales.


Entre estos, el derecho a la propiedad tiene un lugar especial. Si, originariamente, siguiendo a Locke, ese derecho estaba limitada al uso propio de la propiedad, después se ha trasformado en el derecho a la propiedad lisa y llanamente. Ni la limitación del uso social suele estar presente. El derecho a la propiedad se ha vuelto un fetiche, sin que importen las consecuencias de su existencia.


Se trata de un derecho que tiene sus dispositivos concretos de garantia. Si una tierra improductiva es ocupada por trabajadores rurales sin tierra, aunque la vuelven productiva, trabajando en ella, el propietario legal llama a la policia, que rápidamente manda tropas para desalojar a los trabajadores y hacer respetar el derecho a la propiedad privada. Y, en caso de que haya resistencia, se usará de la fuerza, se tomará presos a los trabajadores, para hacer valer el derecho a la propiedad privada. Se someterá a esos trabajadores a procesos y a condenas, garantiza el derecho constitucional.
Un derecho de una ínfima minoria de propietarios privados de medios de produccion importantes, que tiene formas de garantizar sus privilégios. Porque el derecho de pocos no es derecho, es privilegio.


Por otra parte, una actividad desarrollada por a mayoria aplastante de la poblacion, el trabajo y el empleo corespondiente, no tiene destaque, a veces ni siquiera referencias, en las constituciones y, menos todavia, garantias de su respeto. Si alguien pierde el empleo, no tiene a quien apelar. A lo sumo recibirá un seguro desempleo por algún tempo. Pero la sociedad lo condena al abandono.


Si, en la concepcion liberal, el mercado define el valor de cada caso, cuando alguien se queda sin empleo, el mercado le esta diciendo que, aun con los bajos salarios que podría recibir,nadie está dispuesto a contratarlo porque él no vale nada.
Un derecho que corresponde a la gran mayoría o a la casi totalidad de la población, la clase trabajadora, como es el derecho al empleo, para que una persona pueda vivir de manera minimamente digna, manteniéndose y manteniendo a su familia, con un contrato formal de trabajo que le dé garantias básicas, de ninguna manera está garantizado para parte de la sociedad.


Si el trabajador pierde el empleo, tiene que arreglárselas solo, salir tempranito para buscar cualquier actividad, volviendo desmoralizado por la noche cuando no lo logra. Una sociedad justa requiere que el derecho al empleo sea considerado como un derecho humano inalienable, junto a los otros derechos, porque sin él, el ser humano no puede sobrevivir con un mínimo de dignidad.


No se trata de ningun favor que la sociedad le hace al trabajador, porque es él quien produce todas las riquezas de la sociedad, sin poder, tantas veces, siquiera compartir los bienes que produce. El derecho al empleo y al trabajo dede ser incoporado a los derechos humanos esenciales de nuestro tiempo

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“Gane Trump o Clinton, la clase trabajadora estadounidense seguirá empobreciéndose”

Desde que arrancó la campaña electoral en EE.UU., se ha hablado más de comercio internacional de lo que casi nadie hubiera podido imaginar. El debate sobre el legado de tratados como el NAFTA, que entró en vigor hace ya 22 años entre Estados Unidos, Canadá y México, y la conveniencia de firmar otros, como el TPP (Acuerdo de Asociación Transpacífico) o el TTIP (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión), resulta inseparable del éxito de Donald Trump, que se hizo con la nominación republicana contra todo pronóstico, y de Bernie Sanders, que logró poner contra las cuerdas durante meses a la candidata del aparato demócrata, Hillary Clinton. La propia Clinton se vio obligada a virar en plena campaña, claudicando de su apoyo al TPP, cuyas virtudes había defendido por medio mundo, en privado y en público, como secretaria de Estado.


¿Qué se esconde detrás de este renovado énfasis en el ‘libre comercio’ y sus consecuencias? Para el economista Robert Pollin(1950), director del Instituto para el Estudio de la Economía Política de la Universidad de Massachusetts, lo que ha llevado al comercio al centro del debate –y a Trump a superar el 40% de apoyos en todas las encuestas— es el profundo descontento de la clase trabajadora estadounidense después de décadas de empobrecimiento. Pollin, autor de una decena de libros sobre política económica y empleo en EE.UU. y a nivel mundial, analiza para CTXT el ascenso de Trump, y compara sus recetas económicas con las de Clinton.


La política comercial ha sido uno de los asuntos centrales de esta campaña desde las primarias, rompiendo con décadas de consenso sobre el tema. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué cree que se presta tanta atención al ‘libre comercio’?


El problema no es el comercio en sí, sino el estancamiento o declive en las condiciones de vida de la clase trabajadora en EE.UU. Por tomar solo un indicador: el salario medio de los trabajadores ‘no supervisores’ es hoy un 10% más bajo que en 1973. Los sueldos llevan estancados, en el mejor de los casos, cuarenta años, al tiempo que se disparaba la productividad. Se ha creado una clase de gente, y sus familias, que vive peor que hace una generación. Eso es algo que nunca antes había sucedido en EE.UU. El comercio con otros países es una de las causas, pero desde luego no la única. Trump se ha aprovechado de este panorama poniendo el acento en el comercio, y obviando otros factores. En cierta medida, es lo más fácil, porque le permite echarle la culpa de todo a “los mexicanos” o “los chinos”.


Ha mencionado otros factores. ¿Cuáles son?


Para empezar, la ausencia de una política industrial que promueva la manufactura estadounidense y el desarrollo de la economía ‘verde’. Por otro lado, la falta de inversión pública que renueve nuestra maltrecha infraestructura, lo que redundaría en creación de empleo. Y luego están los asuntos puramente ‘distributivos’, como el desvanecimiento del poder de los sindicatos, que defendían a los trabajadores y lograban aumentos salariales. Si nos fijamos en Alemania, por ejemplo, el salario medio en la industria es un 43% más alto que en EE.UU. Y, sin embargo, son una potencia exportadora. Lo son porque tienen una política industrial muy activa, que promueve todo lo que nosotros no promovemos, como la infraestructura, la investigación y el desarrollo, la formación de los trabajadores o los programas de empleo. No digo que Alemania sea una utopía, pero defiende con éxito el bienestar de la gente trabajadora en su conjunto.
Puede que los europeos del sur no estén del todo de acuerdo...


Claro, pero eso es debido a la austeridad. Su modelo podría funcionar permitiendo un aumento de salarios en toda Europa, porque eso aumentaría la demanda, incluida la de productos alemanes. Estoy separando la política industrial de la fiscal, que, como dice, consiste en la imposición de la austeridad al sur de Europa. La austeridad no es necesaria para el éxito del modelo alemán, basado en la política industrial, que brilla por su ausencia en EE.UU.


¿Qué se puede hacer, desde la política, para frenar algunos de los efectos nocivos de la integración global?


Incluso si estamos de acuerdo en que abrir las puertas al comercio es bueno para un país, porque aumenta su capacidad productiva, siempre se ha entendido que el comercio es malo para los trabajadores de los países ricos. Es algo que viene implícito en la teoría básica, pero que los economistas a menudo preferimos ignorar. Nos centramos en la primera parte –que el comercio aumenta la eficiencia—, pero eso no quiere decir que sea bueno para la igualdad. Como mínimo, son necesarias políticas redistributivas sustanciales para los trabajadores desplazados por el comercio, que pierden su trabajo por la competencia salarial de otros países. Estas existen, pero son tan mínimas que los sindicatos las llaman, con acierto, ‘seguros de entierro’. Hay que tomarse esas políticas de asistencia más en serio. Pero lo más importante, más allá de tratar los síntomas de la integración global, es propugnar la inversión pública en infraestructuras y energías renovables, además del gasto de los gobiernos locales en educación y sanidad. En lugar de recortar esas inversiones, como hacemos ahora, deberíamos expandirlas, porque son buenas para el bienestar social y crean empleo. Eso es lo fundamental, fortalecer la economía doméstica.


Si EE.UU. hiciera lo que dice, los trabajadores de otros países lo pagarían muy caro, ¿no cree?


Por eso los países, sobre todo los más ricos y los gigantes emergentes, como China e India, deberían permitir que sus mercados internos crezcan aumentando los salarios de sus trabajadores. De este modo, no dependerían tanto del comercio exterior. No estoy en contra del comercio, pero no debería ser la pieza fundamental del bienestar nacional. Así, si EE.UU. lograse cerrar la brecha de su déficit comercial por medio de la política industrial, no lo haría en detrimento de otros países, ya que estos estarían creciendo a base de salarios más altos y consumo doméstico.


¿En qué diría que se basan las políticas económicas propuestas por ambos candidatos?


Hillary Clinton está más o menos en línea con lo que hemos vivido bajo el mandato de Obama. Sus principales puntos de disenso son propuestas que ha adoptado como respuesta a la campaña contra Bernie Sanders en las primarias. Por ejemplo, en lo relativo al comercio, Obama sigue apoyando el TPP y tratará de aprobarlo antes de terminar su mandato. Clinton, sin embargo, ha decidido abandonarlo, aunque antes lo apoyaba. Obviamente, no es estúpida y esto responde a un cálculo electoral. Otra novedad es que ahora apoya una versión moderada de la educación universitaria gratuita que puso encima de la mesa Sanders. Más allá de eso, es continuista con Obama en cuestiones como la regulación de Wall Street o el salario mínimo. Sobre este último, no apoya el aumento del suelo salarial a 15 dólares por hora, sino “un salario que alcance para vivir”. No ha concretado a qué se refiere. En lo relativo a Trump, sus propuestas son un auténtico caos. Ha sido durísimo en su oposición a los tratados comerciales y en su insistencia en que han sido muy perjudiciales para los trabajadores estadounidenses. En general, coincido con él en eso. Pero, por otro lado, es evidente que no tiene un programa para apoyar a los trabajadores. Quiere recortar los impuestos, y no tiene intención de aumentar el salario mínimo. Sus propuestas sobre impuestos suponen volver a Romney, o incluso a Reagan.


Usted ha defendido que, salvo en relación al comercio, Trump encaja perfectamente con la ortodoxia republicana. ¿Por qué lo dice?


Su política fiscal, que es la que ha delineado con mayor detalle, consiste en recortar los impuestos para los ricos. La estrategia republicana de los recortes de impuestos ha sido siempre ‘compartirlos’, darle una rebaja a todo el mundo. Y eso es lo que propone Trump. El problema es que, si se recortan los impuestos de todo el mundo de manera proporcional, la inmensa mayoría de esos recortes recaerán sobre los ricos, que tienen más dinero y pagan más. Por otro lado, Trump ha dicho que quiere duplicar el gasto en infraestructuras en relación con el de Clinton, y aumentar en gran medida el gasto militar. ¿Cómo demonios va a lograr eso si además pretende recortar los impuestos? Esa era la fórmula de Reagan, que Trump parece querer llevar más allá.


Trump se dirige a menudo a la clase trabajadora, y ha basado gran parte de su éxito en el apoyo que tiene entre los obreros, en especial los de raza blanca. ¿Se beneficiarían estos de sus políticas económicas?


Tomadas en su conjunto, no creo que sus propuestas beneficiasen a la clase trabajadora. Aunque son tan incoherentes que es difícil de entender qué propone realmente. Su principal rasgo es la agresividad. A veces habla de imponer aranceles del 35% a China. Eso supondría un trastorno enorme para la economía global. EE.UU. tiene una relación simbiótica con toda Asia. Decir: “EE.UU. tiene que cerrar su déficit comercial” es algo con lo que yo estaría de acuerdo. Pero ser tan agresivo con China, o con México, haría que la economía se volviera mucho más frágil. No es la manera de solucionar nada.


A Hillary Clinton se le acusa a menudo de ser demasiado cercana a Wall Street. ¿Se ve reflejada esa cercanía en sus propuestas o su discurso económico?


Creo que sí. El problema con los demócratas, incluido Obama, ha sido la implementación. La ley de regulación financiera Dodd-Frank está bastante bien sobre el papel a la hora de limitar los excesos de Wall Street, pero sigue estancada, seis años después de aprobarse, y casi no se ha puesto en práctica. Las regulaciones propuestas en el programa de Clinton son razonablemente buenas. El problema, de nuevo, recaerá en la implementación. Si uno es tan cercano a Wall Street... si no es firme a la hora de hacer cumplir las políticas, o de nombrar a los reguladores adecuados, las propuestas no importan. Que el programa contenga ciertas cosas no quiere decir que luego se vayan a poner en práctica. No es un problema de Clinton, sino del Partido Demócrata históricamente.


A Clinton le gusta alardear de los éxitos económicos de la presidencia de su marido. En los debates de la campaña ha celebrado el aumento de la calidad de vida en los noventa. Usted escribió un libro sobre la política económica de aquellos años y sus resultados. ¿Cuál es su veredicto?


Lo que dice es falso si uno se centra en datos básicos y no los que más le convienen en cada momento. Durante los ochos años de mandato de Bill Clinton, los salarios se estancaron. No aumentaron, ni siquiera en comparación con la época de Ronald Reagan. Otro indicador básico, como la tasa de pobreza individual, se mantuvo al nivel de la era Reagan y por encima de los gobiernos de Jimmy Carter o Richard Nixon. Lo mejor que se podría decir es que el saldo de su gobierno fue mediocre en lo económico. Es cierto que en los últimos dos años hubo un gran boom, pero estuvo basado en una gran burbuja tecnológica, la de las puntocom. Y Bill Clinton culminó su presidencia con la desregulación financiera, al derogar la ley Glass Steagall, de los años treinta. Eso nos llevó, directamente, a la burbuja y el crash de 2007.


Y usted tiene la impresión de que Clinton continuaría con esa tradición...


Nadie puede saberlo con certeza. Pero sí creo que continuará la línea de los Demócratas ‘de centro’. Hoy en día, eso se traduce en políticas neoliberales, a favor de Wall Street, y poco apoyo a la regulación financiera, los aumentos salariales o la política industrial.


Dada la dicotomía entre Clinton y Trump, ¿cree que la trayectoria de declive en las condiciones de vida que ha mencionado al principio de la entrevista se verá alterada a partir de noviembre?


Desgraciadamente, no lo creo. Resulta irónico, pero Trump es el más agresivo de los dos a la hora de denunciar que las cosas no han ido bien en mucho tiempo, y hay que mejorar la situación. Por eso su mensaje ha calado entre la clase trabajadora. Clinton ni siquiera habla de esos problemas. Pero no creo que Trump tenga la intención, ni la capacidad, ni tan siquiera un programa coherente para resolver ninguno de esos problemas. Así que sí, diría que al margen de quién salga elegido, lo más probable es que continúe esa trayectoria descendente. La única manera de que esto cambie de manera significativa es que la facción del espectro político de Bernie Sanders gane influencia, ya sea bajo una presidencia de Trump o, lo más probable, de Clinton. Sanders es el que más se ha aproximado a articular una visión alternativa igualitaria.
Así que, si hay alternativa, ¿será después de las elecciones?


Eso es. A mí ya se me han acercado varios grupos que tratan de organizar movimientos de resistencia, gane quien gane. La Historia nos sorprende a menudo. Los movimientos sociales pueden ganar impulso. ¿Habías oído hablar de Bernie Sanders hace año y medio?

 

Nueva York | 11 de Octubre de 2016

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¿Una vía hacia la democracia económica?

Democracia económica


Una de las principales contradicciones del capitalismo es el choque frontal entre la democracia política y la democracia económica. Mientras la primera está relativamente asegurada en el marco del parlamentarismo representativo heredado de las revoluciones liberales del XIX, la segunda es reprimida de raíz por la estructura económica capitalista, basada en la propiedad privada de los medios de producción y la explotación. Para comprender esta contradicción y entender los mecanismos que podrían paliarla o, incluso, hacerla desaparecer, es imprescindible que nos detengamos brevemente en una pregunta aparentemente sencilla: ¿en qué consiste exactamente la democracia económica?


Sería muy positivo para la clase trabajadora europea y mundial que los sindicatos abrieran un debate serio y abierto sobre la cuestión de los fondos de inversión de los asalariados. La lucha contra la barbarie así lo exige.


Si bien se trata de una cuestión ardua que conlleva un debate de gran calado, en el ámbito que aquí me ocupase podría definir la democracia económica en términos sencillos como el poder de decisión de los ciudadanos, en general, y de los asalariados, en particular, sobre la producción, la distribución, el excedente y la acumulación. La ampliación y profundización de este tipo de democracia permitiría aumentar la influencia de la clase trabajadora sobre los objetivos de la economía, lo que haría posible un mayor peso de las necesidades humanas, sociales y medioambientales en la toma de decisiones frente a las exigencias de lucro y crecimiento a corto plazo a las que obliga la lógica capitalista. Gracias a ello, cuestiones cruciales para el desarrollo y el bienestar, como el trabajo, la educación, la sanidad, la igualdad de ingresos y riqueza o la sostenibilidad, ocuparían un lugar mucho más relevante a la hora de planificar e implementar la actividad económica.


Dos son las vías clásicas que la investigación y la política han venido proponiendo para un mayor acercamiento a la democracia económica: el principio de la paridad y el de la propiedad. El primero apuesta por construir marcos legislativos conducentes a limitar el poder de decisión que emana de la propiedad del capital en favor de una mayor influencia de los trabajadores, aunque sin modificar la estructura básica de dicha propiedad. Para ello, propone las clásicas leyes de cogestión, entre las que destaca el conocido referente de la Mitbestimmung alemana. Esta ha sido la corriente dominante en la socialdemocracia en las décadas pasadas, aunque actualmente no atraviesa su mejor momento.


Por su parte, el principio de la propiedad se enfrenta de lleno con el núcleo duro del capitalismo: la propiedad privada de los medios de producción. Esta alternativa considera que la cogestión no acaba ni con la desequilibrada distribución de riqueza característica del sistema ni tampoco con las bases estructurales de la desigualdad de poder entre trabajo y capital en la que se basa la explotación. Sin embargo, no por ello se trata de una estrategia revolucionaria ni frontalmente anticapitalista, ya que nada tiene que ver con la abolición del capitalismo desde su raíz que defiende, por ejemplo, el marxismo. Bien al contrario, esta vía acepta las reglas básicas del mercado como sistema de asignación de recursos y productos, de manera que no acaba con las múltiples contradicciones asociadas a la competencia, a la realización y a la valorización del capital.


Entre los diversos instrumentos posibles dentro del marco del principio de la propiedad destaca, por ser el más desarrollado en el terreno teórico y práctico, el de los fondos de inversión colectiva. Podrían definirse como “la acumulación gradual de capital en varias empresas a nombre de determinados grupos de trabajadores o de ciudadanos a nivel local, regional, nacional o supranacional para su beneficio colectivo a través de un mecanismo mediante el que estos grupos adquieren fracciones crecientes de la propiedad de dichas empresas a través de fondos de inversión que funcionan como depositarios del capital”[1].


Aunque existen otros ejemplos históricos muy interesantes, como el caso del Statens Pensjonsfond noruego o los Fonds de solidarité FTQ de Québec, el experimento probablemente más avanzado y potencialmente radical en este sentido fue el de los Fondos de Inversión de los Asalariados (Löntagarfonder) aprobados por el gobierno socialdemócrata sueco en la década de los ochenta del siglo pasado. Revisaré a continuación sus elementos básicos con el fin de delinear sus virtudes, sus límites, sus contradicciones y, sobre todo, sus enseñanzas para posibles estrategias futuras en pos de la democracia económica.


Los fondos de inversión de los asalariados: orígenes y aplicación


Lo primero que hay que decir es que estos fondos puestos en marcha en Suecia no son, de ninguna manera, una idea sueca. En realidad, se trata de una estrategia originada y desarrollada en otros países europeos con anterioridad, aunque sin que en ninguno de ellos llegara a ponerse en marcha. El primer proyecto en esta línea, conocido como Plan Gleitze, fue teorizado en la RFA en los años cincuenta y entró en el debate político en los setenta, aunque sin éxito. Otras iniciativas similares fueron probadas en la misma época en otros lugares como Dinamarca, los Países Bajos o el Reino Unido, sin llegar tampoco a implementarse.


El Plan Meidner obligaba a la mayoría de las empresas suecas a emitir un número de acciones nuevas equivalente al 20% de sus beneficios a nombre de un fondo de inversión gestionado por un consejo de administración formado mayoritariamente por cuadros sindicales y, en menor medida, por representantes del gobierno y las empresas.


El proyecto diseñado inicialmente en Suecia en los setenta en el seno de la poderosa Confederación de Sindicatos (LO), conocido como Plan Meidner por el nombre de su principal promotor[2], era francamente radical, sobre todo si tenemos en cuenta el tradicional pragmatismo reformista que siempre ha caracterizado a la socialdemocracia escandinava. En pocas palabras, obligaba a la mayoría de las empresas suecas a emitir un número de acciones nuevas equivalente al 20% de sus beneficios a nombre de un fondo de inversión gestionado por un consejo de administración formado mayoritariamente por cuadros sindicales y, en menor medida, por representantes del gobierno y las empresas. Los réditos obtenidos por estos fondos serían usados exclusivamente para comprar nuevas acciones o para financiar programas de formación en gestión para los trabajadores. Dado que no se contemplaba ninguna forma de titularidad individual de los valores adquiridos ni su venta, el proyecto asumía un principio básico de propiedad colectiva.


De haberse puesto en marcha, el Plan Meidner habría tenido un impacto dramático sobre la propiedad corporativa. Según sus normas de funcionamiento, cuanto más rentable fuera una empresa, más rápidamente pasaría su propiedad a manos de los


sindicatos[3]. Esto llevaría a un proceso hacia la socialización democrática del capital sin parangón en ninguna otra nación capitalista. Como escribió David Harvey: “Probablemente en ninguna parte del mundo occidental el poder del capital se vio más amenazado en la esfera democrática durante la década de 1970 que en Suecia”[4].


A nadie puede sorprender, pues, que la reacción del capital fuera unánime y furibunda. Gracias a su capacidad económica y su influencia política y mediática, las empresas fueron capaces de convocar (y financiar) grandes manifestaciones en las calles, insistentes campañas de rechazo al proyecto en la prensa y todo tipo de contraataques desde los diversos partidos de la derecha[5].


Más allá de las formas y las exageraciones, lo cierto es que el principal argumento contra el Plan Meidner no era descabellado, puesto que esta iniciativa suponía la ruptura total del llamado “compromiso histórico” que capital y trabajo firmaron en Saltsjöbaden en los años treinta y que llevaría a más de cuatro décadas de crecimiento y acumulación más o menos equilibrados y de casi absoluta paz social. En este acuerdo, el capital aceptaba la hegemonía política de la socialdemocracia y el papel preponderante de los sindicatos en la construcción de un modelo de corte corporativista a cambio de la renuncia por parte de éstos a promover cualquier tipo de medida que pusiera en peligro la propiedad capitalista y su monopolio en la gestión económica y en las decisiones relativas al empleo. Obviamente, los fondos salariales de inversión suponían una impugnación innegable de estos principios.


A raíz de esta campaña, ni la clase trabajadora ni la opinión pública llegaron a identificarse con este proyecto, del mismo modo que en las filas del Partido Socialdemócrata de Suecia (SAP), fielmente apegadas a su ancestral pragmatismo, tampoco reinaba el entusiasmo, precisamente. Como dijo Robin Blackburn: “El Plan Meidner era muy radical y ellos [los socialdemócratas] no lo eran”[6].


Así, tras tres profundas revisiones destinadas a hacer digerible esta propuesta sindical entre los cuadros del partido con el fin de posibilitar su implantación legislativa, el plan acabó convirtiéndose en una pálida y deformada sombra de lo que originalmente se pretendía. El nuevo proyecto, finalmente aprobado en el Parlamento en 1983 y puesto en marcha al año siguiente, renunciaba de raíz a que los fondos pudieran alcanzar la mayoría del capital social en ninguna empresa, convirtiéndolos en poco más que nuevas versiones de los clásicos fondos de pensiones (ATP) que ya existían en Suecia desde los años sesenta. Estos fondos realmente existentes, en lugar de nutrirse de ampliaciones de capital condicionadas a las ganancias de las empresas, se financiaban con impuestos que, además, en su mayor parte, procedían de los salarios, de manera que renunciaban a cualquier tipo de redistribución de la propiedad corporativa[7].


Finalmente, tras alcanzar unos resultados situados a años luz de las pretensiones iniciales, estos fondos fueron abolidos en 1991 por una coalición de derechas que logró desbancar temporalmente al SAP del gobierno. Con ello, no sólo se acabó con una de las más prometedoras iniciativas que jamás ha propuesto el reformismo en pos de la democracia económica, sino que se dañó muy gravemente la propia posibilidad de mantener el debate público acerca de este tipo de cuestiones en el futuro.


Tras alcanzar unos resultados situados a años luz de las pretensiones iniciales, estos fondos fueron abolidos en 1991 por una coalición de derechas que logró desbancar temporalmente al SAP del gobierno.


Objetivos de los fondos de inversión de los asalariados


Los fondos de inversión de los asalariados pretendían alcanzar cuatro objetivos de carácter político; a saber: aumentar la influencia de los asalariados en la gestión de las empresas, fomentar la socialización del capital, fortalecer la posición de poder de los sindicatos y estimular la solidaridad y la conciencia de clase entre los trabajadores. Además, el proyecto original buscaba conseguir dos hitos económicos: luchar contra la creciente concentración de capital y riqueza que, a pesar de la igualación de ingresos del trabajo, se venía dando en Suecia desde los años treinta y resolver algunos de los principales efectos perversos que la llamada política salarial solidaria. Entre estos últimos, destacaban los beneficios extraordinarios que generaba a las grandes corporaciones exportadoras, el estancamiento en el crecimiento de los salarios de los empleados de mayor cualificación y el trasvase masivo de ingresos desde el trabajo hacia el capital[8]. La versión finalmente puesta en marcha incluía un cuarto objetivo muy relacionado con la situación de crisis económica por la que atravesaba Suecia en los años setenta: la formación de capital destinado a la inversión productiva. Mediante este último fin, se pretendía contrarrestar el irrefrenable desplome de la inversión derivado de la caída de los beneficios corporativos y, además, orientar la acumulación hacia destinos funcionales para la creación de empleo, el crecimiento y el incremento de la competitividad.


En particular, este cuarto objetivo económico tenía la virtud de facilitar un ritmo de inversión más estable y una menor dependencia respecto de las expectativas sobre las tasas de ganancia, lo que podía resultar útil para amortiguar los efectos perjudiciales de las recesiones sobre el crecimiento y el empleo. Además, esta suerte de mecanismo anticíclico, al estar gobernado por los sindicatos, podría incorporar criterios de inversión menos especulativos y a más largo plazo. Gracias a ello, coadyuvaría a centrar el foco de atención en mayor medida en cuestiones como la lucha contra el paro, la subida del salario directo y relativo o la mejora de las condiciones de trabajo.


Esta estrategia podría servir para hacer frente a las recurrentes e inevitables crisis propias de la dinámica de acumulación capitalista mediante una vía alternativa a las líneas básicas de acción de las ortodoxias tradicionales: la keynesiana y la neoliberal. Como es bien sabido, la “solución” keynesiana centra sus esfuerzos en luchar contra la falta de demanda agregada necesaria para favorecer el crecimiento y el empleo a través del concurso del gasto público, como si todas las crisis fueran de naturaleza subconsumista.


Por su parte, la “solución” neoliberal defiende invariablemente una política fiscal y monetaria restrictiva con la intención de reducir los costes laborales para mejorar la competitividad exterior del capital y, así, relanzar las tasas de ganancia y de acumulación. Las consecuencias de la primera opción sobre el déficit presupuestario, la deuda pública, los tipos de interés y (en el mejor de los casos) la inflación son, sin duda, difíciles de negar, aunque los efectos de la segunda resultan mucho más perjudiciales para la clase trabajadora.


En efecto, este tipo de estrategias neoliberales de austeridad, típicas de la época “gloriosa” del patrón oro de finales del siglo XIX y devueltas a la actualidad europea de la mano de la UEM y el FMI, fomentan el estancamiento o, incluso, la caída del salario directo, gracias al aumento del paro y la mayor agresividad del poder del capital frente a los trabajadores, y también del indirecto, en forma de recortes en servicios públicos, lo que conduce a una mayor explotación de clase, a una creciente desigualdad, y, finalmente, al aumento de la pobreza.


Si abandonamos marcos teóricos ajenos a la realidad y asumimos la evidencia empírica que relaciona el declive de las tasas de inversión con la caída de las expectativas de crecimiento de los beneficios[9], entonces entenderemos fácilmente cómo los fondos de inversión de los asalariados, al favorecer una mayor estabilidad en los ritmos de acumulación, puede ser una herramienta enormemente útil para afrontar las crisis del capitalismo con algo menos de sufrimiento para la clase trabajadora[10]. Todo ello teniendo en cuenta, obviamente, que no se trata de una estrategia que vaya a acabar con las contradicciones del sistema ni con la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, sino de un mecanismo que puede aportar cierto alivio ante las peores consecuencias de las recesiones[11].


Por estos motivos, considero que sería muy positivo para la clase trabajadora europea y mundial que los sindicatos abrieran un debate serio y abierto sobre la cuestión de los fondos de inversión de los asalariados. La lucha contra la barbarie así lo exige.

Mario del Rosal es Docente de economía de secundaria y bachillerato y profesor de economía política internacional en la Universidad Carlos III de Madrid. Doctor en economía por la Universidad Complutense de Madrid.

[1] Sjöberg, Stefan y Dube, Nyegosh (2014). “Economic Democracy through Collective Capital Formation: The Cases of Germany and Sweden, and Strategies for the Future”. World Review of Political Economy, 5 (4), pp. 488-515.
[2] Rudolf Meidner (1914-2005) desempeñó de 1945 a 1966 el puesto de economista jefe del Departamento de Investigación de la LO y, además de ser el artífice del plan que lleva su nombre, es conocido principalmente por ser, junto a Gösta Rehn, el principal responsable del llamado modelo Rehn-Meidner, núcleo esencial del célebre Modelo Sueco desde los años cincuenta hasta la década de los ochenta.
[3] Por ejemplo, el capital de una empresa con una tasa de ganancia constante del 10% anual pasaría a pertenecer en más de un 50% a estos fondos en un periodo de tiempo de 35 años.
[4] Harvey, David (2005). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal, 2009.
[5] Entre las más vitriólicas “perlas” expelidas por el capital y sus aliados encontramos las siguientes: “Un ataque frontal a la santidad de la propiedad privada”; “La mayor amenaza para el Modelo Sueco”; “¡Revolución en Suecia!”; “Puro socialismo sin adulterar”; “La mayor confiscación jamás vista en Occidente”.
[6] Blackburn, Robin (2005). “Capital and Social Europe”. New Left Review, 34, pp. 87-112.
[7] Para más detalles, se puede acudir, entre otros, a Pontusson, Jonas y Kuruvilla, Sarosh (1992). “Swedish Wage-Earner Funds: An Experiment in Economic Democracy”. Industrial and labour Relations Review, 45 (4), pp. 779-791.

[8] Esta política salarial solidaria era la base del ya mencionado Modelo Rehn-Meidner, cuyos detalles son analizados y criticados en Del Rosal, Mario (2015). El capitalismo sueco y los límites del socialismo reformista. Una crítica marxista del modelo Rehn-Meidner (1932-1983). [http://eprints.ucm.es/33673/1/T36553.pdf] y en Del Rosal, Mario (2016). “Socialdemocracia y capital: las raíces neoclásicas del modelo sueco”. Pensamiento al margen, nº 4 [www.pensamientoalmargen.com/suecia].
[9] Michael Roberts, en su siempre recomendable blog, analiza con detalle esta concepción de la dinámica capitalista en diversas entradas. Por ejemplo: https://thenextrecession.wordpress.com/2015/11/24/marxians-marxists-profitability-investment-and-growth/
[10] El propio Keynes, con quien no compartimos marco de referencia teórico, afirmaba en su opus magnum lo siguiente: “Creo, por tanto, que una socialización bastante completa de las inversiones será el único medio de aproximarse a la ocupación plena”. (Keynes, John Maynard (1936). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. México D.F., Fondo de Cultura Económica,1965).
[11] Como afirma el economista sueco Erik Åsard: “Los fondos de inversión de los asalariados son el epítome del dilema eterno de la socialdemocracia: cómo abolir las consecuencias negativas de sistema capitalista sin perjudicar al mismo tiempo los leyes y mecanismos de ese mismo sistema”. (Citado en Tilton, Timothy A. (1991). The Political Theory of Swedish Social Democracy: Through the Welfare State to Socialism. Oxford: Clarendon Press).

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Respaldo a Trump, reflejo de malestar social: Chomsky

Noam Chomsky, uno de los intelectuales estadunidenses más prestigiados en la actualidad, cree que la baja valoración de los políticos a escala mundial no es exclusiva de la cúpula dirigente, sino se extiende a empresas e instituciones como parte de un malestar social general.

La escasa popularidad de los actuales candidatos a la presidencia de Estados Unidos no es algo excepcional, sino forma parte de un gran malestar social que amenaza la democracia”, explicó el lingüista y filósofo, de 87 años, en una entrevista en Cambridge.

"Estados Unidos se desarrolló desde una democracia hacia una plutocracia con apéndices democráticos", opinó. "Tres cuartas partes de la sociedad se encuentran simplemente subrepresentadas", subrayó.

Respecto del auge actual del candidato republicano Donald Trump, pese a su discurso polémico y agresivo, el autor de Los guardianes de la libertad cree que se fundamenta en gran medida en el desprecio durante décadas a la clase trabajadora: "Quienes respaldan a Trump no son los pobres. La mayoría son de la clase trabajadora blanca, que en el periodo del neoliberalismo fue marginada. Ahora estas personas están amargadas y tienen rencor".

El profesor emérito del Massachusetts Institute of Technology (MIT) apuntó como segunda razón un fortalecimiento del populismo y el ultranacionalismo, algo que también se ve en Europa: "Hay correlación directa entre el apoyo a populistas autoritarios y los entusiasmados con Trump".

A diferencia de lo sucedido anteriormente, esta vez a los líderes republicanos no les fue posible impedir el protagonismo de un candidato peligroso. "Trump es singular. Nunca hubo algo como él en naciones industrializadas occidentales", señaló.

Sin embargo, el proceso se enmarca en una transformación más amplia del sistema político estadunidense, que él ve históricamente como de partido único con dos facciones: republicanos y demócratas. "Eso ya no es así. Seguimos siendo un país de partido único, el partido de los negocios, pero ya sólo hay una facción".

De hecho, piensa que quienes apoyaron a Bernie Sanders en la precampaña demócrata podrían formar un nuevo partido, independiente del demócrata, si avanza la transformación del sistema. Sanders se enfrentó desde la izquierda en las elecciones primarias a la actual candidata, Hillary Clinton, pero perdió.

"Si tuviéramos un movimiento trabajador activo y luchador, del estilo del que hubo en Estados Unidos en los años 30, probablemente uniría a los seguidores de Trump con los de Sanders", aseveró el lingüista, quien a nivel político se ha definido como anarquista o socialista libertario.

"Son muy diferentes en muchas cosas, pero comparten centralmente la misma furia por el ataque a la clase trabajadora blanca y a los pobres. Eso podría ser el comienzo de algo totalmente nuevo", concluyó.

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El fin del conflicto con las FARC y los derechos de los trabajadores del campo

Los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC para terminar con más de 50 años de confrontación armada, abren una ventana de oportunidades para la modernización del sector agropecuario colombiano, dominado tradicionalmente por una elite terrateniente que le ha impuesto al país sus intereses mediante un modelo de explotación y de propiedad completamente anacrónico e ineficiente; el mismo que le ha permitido la captura de enormes rentas y de un poder político con una gran incidencia en el diseño de la políticas públicas en todos los niveles, y que además ha excluido a la inmensa mayoría de los trabajadores del campo de su condición de ciudadanos sujetos de derechos.

El 1º capítulo de los acuerdos de La Habana: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, establece como requisito para la efectividad y transparencia de esta política “la promoción de una amplia participación de las comunidades, mediante la generación de espacios institucionales participativos y democráticos donde éstas tengan capacidad de transformación e incidencia en la planeación, implementación y seguimiento de los diferentes planes y programas acordados”, resaltando que esta participación como garantía de mayor inclusión de las comunidades rurales en la vida política, económica, social y cultural de sus regiones y, por ende, de la nación .

Hasta ahora, la participación se ha concentrado únicamente en la comunidad de los grandes propietarios y empleadores del campo, a través de fuertes y reconocidas organizaciones gremiales como la SAC, Fedegán, Fedepalma, la Federación Nacional de Cafeteros (tradicionalmente dominada por los grandes comercializadores del grano), FENAVI, entre otras. Estas organizaciones, en conjunto con los distintos gobiernos, han moldeado la política agraria en función de sus intereses.

En cambio, la participación e incidencia en las políticas públicas y las relaciones laborales para el sector por parte de las comunidades de campesinos pobres, jornaleros y trabajadores agrícolas asalariados, no ha sido posible en ningún sentido, dados los bajísimos niveles de sindicalización que presentan estos trabajadores en todo el país, con la excepción de la zona de Urabá. Y son bajísimos debido a la violencia y estigmatización que han acosado a las pocas organizaciones sindicales existentes.

La tabla 1 ilustra en qué medida les han sido negados los derechos de libertad sindical a los trabajadores asalariados del campo, y qué tanto diálogo social existe en el sistema de relaciones laborales de las empresas del sector, ambos componentes esenciales de la noción de “Trabajo Decente” que promueve la OIT y cuya implementación obliga tanto a empleadores como al gobierno:

 

 

Una de las consecuencias que ha tenido el conflicto armado con las FARC y con otros actores armados, sumado a la cultura antisindical de las elites económicas y gobernantes del campo, ha sido la imposibilidad de constituir sindicatos autónomos e incidentes en las empresas agrícolas, y a través de ellos promover los derechos humanos laborales y el diálogo social en las empresas mediante la negociación colectiva.

En la base de datos de la ENS sobre Censo Sindical aparecen 455 organizaciones sindicales del sector agropecuario registradas en el Ministerio del Trabajo, con un total de 89.361 afiliados, el 2.5% del total de la población ocupada en el sector agropecuario. Sin embargo, no todas agrupan trabajadores propiamente asalariados: 290 son asociaciones que agrupan a jornaleros y campesinos pobres, la mayoría con una jurisdicción territorial, a nivel municipal o veredal, y con apenas 38.161 afiliados; 62 son organizaciones de pequeños campesinos y productores, con 7.656 afiliados, y una jurisdicción también territorial; 30 son asociaciones que agrupan principalmente a mujeres, a jóvenes, a desplazados y ambientalistas, con 3.146 afiliados; y 52 son sindicatos propiamente de trabajadores dependientes/asalariados, que agrupan a 37.242 trabajadores, o el 10.9% de los trabajadores asalariados con contrato de trabajo.

Que apenas el 2.5% de los trabajadores del campo se haya podido organizar en sindicatos, es de por sí un indicativo claro del enorme déficit democrático que existe en el campo. Esto sin tener en cuenta qué tan efectivas y representativas sean estas organizaciones, interrogante válido dado el grave contexto de violencia y de estigmatización que han tenido que soportar la mayoría de las organizaciones sociales del campo.

La tabla 1 nos indica también cuál es la tasa de afiliación a la protección social, al menos al sistema de riesgos laborales, que es apenas del 9.6%, la más baja de todas las divisiones económicas, y cuánto es el ingreso promedio que tienen los trabajadores del campo: $503.474 al mes, según el DANE, un ingreso que apenas representa el 55% del ingreso promedio nacional y el 78% del salario mínimo.

A estos datos agreguemos que, según la encuesta de calidad de vida del DANE, el 56.8% de la población de los centros rurales poblados y dispersos se considera pobre, que el 36.6% considera que sus ingresos no alcanzan ni para cubrir los gastos mínimos del hogar, y que el 59.4% considera que sus ingresos apenas alcancen para cubrir este mínimo. Esta precariedad en el ingreso es consecuencia, entre otros factores, de la falta de un actor sindical fuerte con capacidad de incidir en la forma como se distribuye la riqueza que se genera en el trabajo agrícola a través del diálogo social, que es el instrumento idóneo para promover mejores condiciones de vida y de trabajo y una mayor justicia social, como lo ha demostrado la OIT a nivel internacional.

La falta de un actor sindical con incidencia en las políticas del sector agropecuario se explica por varios factores. El primero de ellos es la fuerte cultura antisindical que promueven las elites dominantes del campo , las que incluso en muchos casos han acudido a los ejércitos paramilitares para impedir la organización de los trabajadores.

Un segundo factor ha sido la presencia de grupos armados ilegales como las FARC y la AUC, con control sobre amplísimos territorios, en los cuales no se ha permitido la organización autónoma de los trabajadores, incluso, algunas de estas fuerzas se han utilizado por parte de los empleadores para perseguir, desterrar y hasta asesinar a directivos y activistas sindicales, y para acabar con organizaciones sindicales autónomas, como lo indican, por ejemplo, las denuncias que se han hecho acerca de la financiación a los ejércitos de la extrema derecha por parte de organizaciones gremiales de los propietarios terratenientes y hacendados del campo . Y como lo indican también los datos que la ENS ha recogido sobre la violencia antisindical, y que nos dicen que entre 1979 y 2016 se registraron 3.211 violaciones a la vida, libertad e integridad física cometidas contra sindicalistas de los sectores de la agricultura, la caza, la pesca, minas y canteras, siendo el homicidio la principal forma de victimización con 1.207 casos , fenómeno del que ni las FARC han escapado, como lo muestran los asesinatos de sindicalistas en el sector bananero de Urabá.

Esta violencia no solo incidió en la pérdida de vidas, la instauración del terror, el debilitamiento y exterminio de los sindicatos en lo rural, y con ello, la pérdida de garantías y derechos, sino que marcó unos impactos que entorpecieron el surgimiento y fortalecimiento del sindicalismo en este sector. Hay actividades en las que no se registra la existencia de un solo sindicato, como en la actividad ganadera, por ejemplo.

La tercera causa tiene que ver con la debilidad del Estado, y en muchísimos casos, su ausencia total, en la mayoría de los municipios y regiones agrícolas. Para todo el país apenas hay 904 inspectores, la mayoría concentrados en las oficinas de las regionales del trabajo de las principales ciudades, y los pocos inspectores asignados para el sector rural están dispersos en unos pocos municipios, con un radio de acción tan amplio y con tan pocos recursos, que su presencia efectiva en las zonas rurales es prácticamente inexistente, situación que facilita las relaciones laborales por fuera de la ley. Adicionalmente, muchos de estos inspectores están completamente subordinados, o cooptados, a los gamonales y empleadores del campo, lo que hace que su actuación sea en muchos casos cómplice con la ilegalidad laboral.

Y finalmente, otra causa de la baja sindicalización de los trabajadores asalariados agrícolas se deriva de las propias condiciones en las que se desarrollan muchas de las actividades del campo, que demandan trabajadores por cosecha, o por temporadas, lo que impide que surjan organizaciones sindicales estables y con posibilidades reales de actuación; situación que se agrava por la tercerización ilegal a la que acuden muchas empresas como estrategia para disminuir costos laborales (como la utilización de falsas cooperativas de trabajo asociado en el sector de la palma) y para descargar sobre otros los riesgos propios de la contratación laboral.

Las consecuencias que ha tenido esta debilidad del Estado para vigilar y someter a la ley las relaciones laborales en el campo, se observan en la siguiente tabla:

 

 

Aunque no se cuenta con información acerca de cuántos trabajadores del campo son dependientes/asalariados, ni cuántos están empleados de manera directa en cada una de los sectores contenidos en la tabla, la situación de todas maneras no deja de ser deplorable: apenas el 9.6% de los trabajadores del campo cuentan con una relación laboral regulada por el Código Sustantivo del Trabajo, y apenas 30.154 empresas afilian a sus trabajadores al sistema de protección social.

De todas maneras, lo más seguro es que en la mayoría de estos sectores el respecto a la ley sea completamente marginal. En la caficultura, por ejemplo, la actividad económica más importante en el sector agrícola colombiano, la formalización del trabajo apenas cubre al 0.35% de los trabajadores directos. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, este sector empleaba a cerca de 800 mil personas en 2014, lo cual indica la precariedad laboral que campea en este sector y que explica, en parte, las dificultades que tienen los productores de café para reclutar trabajadores que recojan la cosecha.

Por su parte, Fedegán informa en su plan estratégico que la ganadería es el primer generador de empleo directo del país, con cerca de 950.000 empleos directos, de los cuales apenas 25.995, o el 2.7% del empleo en este sector, está afiliado a la protección social.

Según Fedepalma, en el sector de la palma el empleo directo era en 2015 de 58.273 trabajadores, de los cuales estaban afiliados a la protección social apenas el 37.8%. En el sector avícola, el boletín de Fenavi informa de la vinculación directa de “un poco más de 400.000 trabajadores”, vinculados a 7.000 granjas avícolas, por lo que la supuesta “responsabilidad social” que pregona este gremio queda en contraevidencia al cruzar los datos de la afiliación de sus trabajadores al sistema de protección social: de cada 100 trabajadores contratados apenas 0.7 están afiliados al sistema de riesgos laborales, y de cada 100 empresas, sólo el 11.7% cumplen con la ley laboral en esta materia .

Ni siquiera el sector exportador de flores escapa a la precariedad e ilegalidad laboral: aunque en este sector, según Asocolflores, se encuentran vinculados un poco más de 130 mil personas, “vinculadas de manera formal, permanente, directa e indirectamente”, y que “la floricultura genera en la actualidad el 25% del empleo rural femenino del país” , la protección social apenas cubre al 47.6% de los trabajadores.

Si esta es la situación del trabajo en los sectores más moderno de la agricultura, la situación es todavía más grave en los demás sectores, en los que la informalidad, la desprotección social, los ingresos precarios y la falta de derechos son el pan de cada día y afectan a cerca del 90% de los trabajadores del agro.

Está claro, entonces, que el problema fundamental que viven los habitantes del campo, precisamente la región del país que más ha sufrido la violencia, es un déficit enorme y profundo de la democracia; déficit medido con tres indicadores: la ausencia de organizaciones sociales fuertes que les permitan a los trabajadores del campo incidir en la determinación de sus condiciones de trabajo y empleo y en las políticas públicas que se diseñen para este sector; la exclusión de la mayoría de su población trabajadora de los sistemas de protección social, que los coloca en una situación de vulnerabilidad permanente y en una enorme incertidumbre respecto de su situación futura; y la exclusión de los frutos de la riqueza que se genera a través del trabajo agrícola, por la falta de ingresos, o porque estos son precarios, factor que, añadido a la concentración de la propiedad en pocas manos, explica los altos niveles de pobreza e indigencia que presenta la población del campo colombiano.

El primer capítulo de los acuerdos de La Habana sobre lo que debe ser una política agropecuaria, contiene, entre otros, un principio que se refiere al “Bienestar y buen vivir”: “El objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales...” Principio que se puede convertir en un simple canto a la bandera sino aprovechamos la oportunidad que tenemos de acabar con el conflicto armado con las FARC, para poner en marcha modelos de relaciones laborales en el sector agropecuario que vinculen de manera efectiva los contenidos del trabajo decente en materia de diálogo social: protección social, remuneración suficiente, trato justo en el trabajo, estabilidad y seguridad en el empleo.

En este sentido, construir la paz en el campo es imposible si a los trabajadores agrícolas no se les garantizan condiciones reales y efectivas para que se organicen en sindicatos fuertes y articulados, lo que significa que se reconozca su legitimidad y se abandone de manera definitiva los prejuicios y la estigmatización de que han sido víctimas históricamente, y se ponga fin al tratamiento de orden público que se le ha dado a los conflictos sociales y laborales en el campo.

 

Publicado 13 de septiembre de 2016.

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Nicolás Maduro, en una imagen de archivo.

 

El Gobierno ha ordenado a las empresas públicas y privadas poner a disposición del Estado a sus trabajadores durante 60 días

 

 

El Gobierno venezolano ha ordenado a todas las empresas, tanto públicas como privadas, que pongan a disposición del Estado a sus empleados para trabajar en el desarrollo agroalimentario del país durante 60 días, un plazo que se puede prorrogar por otros 60 más, según un decreto publicado esta semana. La única condición es que los empleados reasignados tengan las “condiciones físicas y técnicas” para ejercer las funciones requeridas. El Ejecutivo asumirá el pago del salario base y la “inamovilidad” del trabajador que sea escogido para “prestar” sus servicios, en función de “fortalecer la producción” en los campos. Las empresas seguirán satisfaciendo las cotizaciones sociales de los trabajadores cedidos.

 

El cimiento de este nuevo régimen laboral está en el decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica impulsado este año por el Gobierno de Nicolás Maduro para atender la carestía en Venezuela, y que permite tomar medidas extraordinarias.

 

Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, no ha podido soportar el desplome de los precios del crudo. La sacudida económica no ha hallado un terreno sólido en un país dependiente de las importaciones, regido por un estricto control cambiario de divisas y restrictivo con las empresas. La fractura financiera se ha traducido en una dramática escasez de productos básicos.

 

Como alivio a esta crisis, los adversarios del Gobierno apuestan por la colaboración internacional. En abril, el Parlamento –el único poder controlado por la oposición– declaró una “emergencia alimentaria” en el país. También Amnistía Internacional ha recomendado a las autoridades venezolanas pedir la ayuda humanitaria. Pero Maduro, que asegura que los males financieros de Venezuela obedecen a una “guerra Económica” en contra del chavismo fraguada por la oposición, los empresarios y los gobiernos extranjeros, se opone a una intervención foránea.

 

Entretanto, el mandatario ha aplicado como recursos extremos el decreto de estado de excepción, la creación de la llamada ‘gran misión abastecimiento soberano y seguro’ que encomienda a las Fuerzas Armadas el control de la distribución y producción de los alimentos y, ahora, la decisión de obligar a los empleados de los sectores públicos y privados a cambiar eventualmente de trabajo.

 

Pero el préstamo obligatorio de los trabajadores a las empresas agrícolas podría ser inútil. El Estado venezolano carga con una deuda superior a los 400 millones de dólares con los proveedores de insumos agrícolas, según un cálculo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro).

 

También afronta demandas en tribunales internacionales. A principios de julio, los expropietarios de la compañía Agroisleña acudieron al Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en Washington) para interponer una demanda contra el Estado venezolano por no haberles indemnizado al expropiar esta empresa española en 2010.

 

La compañía, que suministraba insumos agrícolas a la mayoría de los productores, fue expropiada por el presidente Hugo Chávez por supuestamente especular con los precios de la venta de las semillas para el cultivo. “Ahora tú vas a ver lo que será una nueva institución en manos del pueblo. Vamos a bajar los precios de los fertilizantes, los precios de las semillas, a trabajar con el pueblo, con los que realmente necesitan, sin explotar”, dijo entonces el mandatario. Agroisleña ahora es Agropatria, una sociedad manejada por el Gobierno.

 

La polémica medida ha provocado un inmediato pronunciamiento de Amnistía Internacional que, en un comunicado, califica como trabajo forzado. “Intentar abordar la severa falta de alimentos en Venezuela forzando a la gente a trabajar en el campo es como intentar curar una pierna quebrada con una curita” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de esta organización.

 

Los frijoles más costosos


En un supermercado del oeste de Caracas, más de un centenar de venezolanos aguarda desde la madrugada del jueves ante la inminente llegada de comida a precios regulados por el Gobierno. Hay una estantería repleta de frijoles rojos empaquetados en la tienda, pero no se compran ya que cuestan más de 3.000 bolívares por kilogramo; un 20% del salario mínimo en Venezuela.

 

La inflación en el país, la más alta del mundo, ha consumido con ferocidad el aumento del 30% del sueldo mínimo decretado en mayo por Maduro. Para ese mismo mes, la escasez de alimentos se elevaba a un 82%, según una encuesta de la firma Datanálisis. “Uno hace una cola para comprar lo que encuentre”, dice Judith Soto, que suele aguardar en un supermercado en San Bernardino, en Caracas.

 

Mientras muchos han convertido la cacería de los productos regulados en una práctica rutinaria, otros con mayores posibilidades económicas acuden a los bachaqueros (revendedores) para comprar a precios exorbitantes alimentos que están en escasez.

 

 

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Jueves, 28 Julio 2016 10:20

El paro camionero entre líneas

El paro camionero entre líneas

 

El paro camionero más largo de los últimos años conmociona al país. Las voluntades del Gobierno y de las asociaciones de transportadores se contraponen al tiempo que incrementan las fricciones entre las partes. Hasta el momento, producto de esta protesta, se reportan pérdidas que superan el billón de pesos. El 90 por ciento del transporte de carga continúa paralizado mientras el nerviosismo por el desabastecimiento y encarecimiento de materias primas prolifera. La puja se centra en intereses disyuntivos entre partes que en otros tiempos fueron armoniosos. El pacto entre Gobierno y transportadores para movilizar la carga por las principales carreteras, a desmedro de sistemas de transporte alternativos, está teniendo un estruendoso fin.

 

 

A la media noche del día 6 de junio inició el paro que tiene enfrentados en arenas políticas y económicas al Gobierno con las principales asociaciones de camioneros. Al amanecer de aquel día pocos en Colombia imaginaron que estaban ante una movilización sin par en la historia reciente del país. Hoy, cuando el paro de los transportadores de carga supera los 36 días, el panorama no puede ser más complejo.

 

La suspensión de actividades decretada enfrenta al Gobierno y a los camioneros, pero también pone en pugna grandes intereses que se traslapan entre las partes. A pesar de esto no es posible establecer una relación de equivalencia entre actores pues es clara la asimetría de poderes, contrarrestada por los impactos económicos introducidos por la inmovilización de las nueve décimas partes del transporte de carga, operación que el Gobierno se encuentra lejos de controlar.

 

Este es el tercer capítulo de una confrontación entre la administración de Juan Manuel Santos y el gremio de transportadores de carga, que ostenta la peculiaridad de contraponerse al Gobierno desde organizaciones esquivas a categorías propias de los movimientos sociales, pero con capacidad de movilización, presión e imposición de coyunturas que muchos de ellos echarían de menos.

 

Los efectos económicos de este paro comienzan a sentirse en las principales ciudades, los empresarios claman por una solución policial de la huelga y medios de comunicación oficiosos con gran esmero difunden su propuesta represiva.

 

 

Las pugnas del paro de transportadores

 

Varias son las razones manifestadas para el cese de actividades por Marcos Daing (Asociación de Transportadores de Colombia), Pedro Aguilar (Asociación Colombiana de Camioneros) y Jorge García (Confederación Colombiana de Transportadores), presidentes de agremiaciones de conductores de carga en el país (1). Pueden resumirse en dos ejes: las relaciones económicas y la regulación del parque automotor de carga.

 

En torno a las relaciones económicas se articulan tres peticiones específicas. La primera consiste en la revisión del valor de los fletes que los transportadores están autorizados a cobrar por la carga, precios que fueron congelados desde el año 2011 por el Gobierno. Punto álgido en la negociación pues regula las relaciones comerciales de este gremio con industriales y empresarios (exportadores e importadores) que acuden a sus servicios para trasladar sus cargas por las carreteras. Sectores que el Gobierno debe proteger, a capa y espada, en contraprestación por el apoyo político, financiamiento de campañas electorales, compromiso con las políticas de desarrollo y paz impulsadas desde el gobierno de Santos (2). Además, el Gobierno también debe cumplir compromisos pactados con el Banco Mundial, institución financiera que desde el año 2010 había propuesto, a través de su Consejo de Competitividad: “el desmonte de la tabla de fletes como una medida necesaria para mejorar los servicios de logística y transporte” (3).

 

La segunda petición es la disminución en promedio de $1.300 por galón de Acpm y gasolina, rebaja con la que los transportadores alcanzarían un mayor margen de ganancia. Pero esta es otra de las exigencias denegadas por el Gobierno pues de aceptarla vulneraría una de sus principales fuentes de financiamiento (4), no importa que en este rechazo también opte en contravía de lo ordenado por la propia Corte Constitucional (5) que desde el año 2013 declaró inexequible al denominado Fondo de Estabilización. Hasta el día de hoy el Gobierno sostiene los sobrecostos a los hidrocarburos a través de este esquema, a pesar de la drástica disminución de su precio a nivel internacional.

 

La tercera petición demanda colocarle coto a la desmesurada proliferación de peajes (cada 36 kilómetros) y al alto costo de los mismos, que hacen del nuestro, el país donde es más caro trasladarse por vía terrestre (600 pesos por kilómetro en trayectos como Buenaventura-Bogotá; la constante en América latina es 100 pesos por kilómetro). Demanda que también rechaza el Gobierno pues de lo contrario vería reducida otra de sus fuentes de ingresos, con la cual tiene proyectado sustentar parte de la financiación de su programa de vías 4G, soporte, con la construcción de vivienda, de la campaña presidencial de Vargas Lleras.


La regulación del parque automotor se erige sobre la propuesta del 1:1 en torno a la chatarrización. Esto significa que los camioneros exigen al Gobierno que el parque automotor de carga continúe regulado, no se amplíe según la oferta y la demanda, sino que cada camión viejo sea remplazado por otro nuevo de similares especificaciones técnicas al chatarrizado. Medida que podría forzar al Gobierno a poner talanqueras sobre la importación de vehículos pesados para el transporte de carga fundamentados por los TLC, de la misma manera que a transnacionales del transporte que miran con mucho interés las posibilidades renovadas de un negocio que comienza a proyectarse sobre vías, rieles y ríos que en los próximos años serán objeto de multimillonarias inversiones para incrementar sus capacidades de flujo mercantil.

 

 

El Gobierno reacciona exaltado

 

Un mes de paro fue suficiente para colmar la paciencia y agotar la estrategia de negociación del Gobierno. El apoyo de los medios de comunicación (6), empresarios (7) y constructores (8), entre otros sectores, parecen haber envalentonado al Ejecutivo que usó el accidente de tránsito del Gobernador de Boyacá –acaecido el día 12 de julio–, como pretexto para levantarse de la mesa de negociación con los camioneros. Además, destaca el triste espectáculo protagonizado por el Presidente de la República quien se pronunció a favor de militarizar las vías del país, capturar a los responsables de la protestas y retirar a los camiones apostados en las autopistas. Otra muestra de la pretensión de Santos Calderón por suplantar funciones típicas al poder judicial fungiendo como juez, parte y fiscal.

 

Un repentino cambio de actitud del Gobierno –que había mostrado una disposición conciliadora (9)– lo llevó a radicalizarse en su intransigencia. Giro impuesto por Germán Vargas Lleras quien, durante los últimos días, exhibió una postura fuerte en los medios de comunicación, catalogando como delito la protesta del gremio camionero, descalificando a sus dirigente y cerrando la posibilidad de negociación (10).

 

A la rabieta gubernamental se suman una lluvia de denuncias y señalamientos justificatorios de su proceder. La primera vino en tono jocoso y a destiempo por la exministra de transporte Cecilia Álvarez (11), quien en un video al estilo “youtuber” denunció a Pedro Aguilar como corrupto, poseedor de cientos de camiones y líder del cartel de la chatarrización. Muy pronto fue anunciada la apertura de la investigación contra los líderes del paro camionero, señala El Espectador (12): “Entre los investigados se encuentra el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Pedro Aguilar, quien estaría detrás de los bloqueos a las vías y los ataques a los camioneros”.

 

El 13 de julio este mismo diario publicó una investigación titulada “En el interior de la mafia de la chatarrización” (13) en la que un exfuncionario del ministerio de transporte afirmo: “El cartel simulaba accidentes, falsificaba los registros de la Policía que certificaban que existió ese accidente tal día de tal año, o se inventaba el robo de un carro y se falsificaban las denuncias de hurto. Con eso iban al ministerio, sumando documentos de los organismos de tránsito que también alteraban y así se inventaban cupos de la nada. Así era que se generaba un supuesto vehículo nuevo en la entidad de tránsito, pero la verdad era que el carro no existía”.

 

Graves denuncias que no deslegitiman la protesta de los camioneros, pero sí plantean serios cuestionamientos sobre el comportamiento de este gremio ampliamente respaldado por muchos sectores en movilización. Sin embargo, otras voces han llamado la atención sobre el carácter estrictamente reivindicativo de esta protesta, su rígida inscripción en el marco de las exigencias presentadas al Gobierno, así como su desconexión organizativa, programática, con movimientos y poderes socialmente constituidos en el país.

 

 

 

 

Víctimas de sus propios inventos

 

Las partes que hoy se contraponen, no siempre lo estuvieron. Hace tres décadas cuando comenzó a darse la estocada final al transporte ferroviario en el país (14), los camioneros jugaron un rol primordial en tal determinación. La fuerte confluencia de intereses económicos que dispuso las carreteras y los camiones como los medios principales para la movilización de carga estuvo liderada por la misma agremiación que hoy se levanta. Estructuraron junto al Gobierno un sistema de transporte de mercancías a la “colombiana”, controlado por particulares y prescindiendo del transporte ferroviario y fluvial, fundamentales para la proyección económica de países desarrollados y emergentes.

 

Durante años disfrutaron de las mieles de la prosperidad, apalancándose mutuamente en sus proyectos y hoy, cuando llega el momento de un nuevo recambio, cuando su antiguo socio decide adaptar el país a los parámetros impuestos por los Tratados de Libre Comercio y el yunque de las multinacionales, las contradicciones salen a flote, tornándolos en enemigos.

 

Los impactos del paro plantean serios cuestionamientos al proceder del Gobierno en esta crisis, al manejo dado a la coyuntura por parte de los camioneros, sobre los pecados de cada parte y, primordialmente, sobre la arquitectura del transporte en Colombia. La puja está centrada en quién retiene el negocio, quién se lleva o conserva los mejores beneficios, pero poco tiene en cuenta el bien colectivo de millones de connacionles que requieren un sistema de transporte de carga incluyente, eficiente, barato, amable con el ambiente, y con una participación del Estado que vaya más allá de las acciones por liberalizarlo, adaptarlo a su irresponsable vocación de apertura, globalización y favorecimiento al capital.

 

1 Consultar: “Camioneros continúan haciendo alto en el camino” (https://www.desdeabajo.info/colombia/item/29199-camioneros-continuan-haciendo-alto-en-el-camino.html) e “Inmóviles siguen los camiones en las vías del país” (http://desdeabajo.info/colombia/item/29246-inmoviles-siguen-los-camioneros-en-las-vias-del-pais.html)

2 “No podemos volver a la tabla de fletes”: Mincomercio. http://caracol.com.co/programa/2016/07/13/6am_hoy_por_hoy/1468410753_049042.html. 13 de julio de 2016.

3 El reclamo de los camioneros contra la eliminación de la tabla de fletes es por su supervivencia. http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/contexto-colombiano/1573-el-reclamo-de-los-camioneros-contra-la-eliminacion-de-la-tabla-de-fletes-es-por-su-supervivencia.

4 La colombiana, entre las gasolinas más caras del continente. https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/28010-la-colombiana-entre-las-gasolinas-mas-caras-del-continente.html. 20 de febrero del 2016

5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-621/13. http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-621-13.htm

6 Editorial. Vuelve y juega. http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/vuelve-y-juega-editorial-el-tiempo-7-de-julio-de-2016/16638417. 7 de julio del 2016.

7 Comunicado al Gobierno Nacional y a la opinión pública.http://www.andi.com.co/Paginas/Ver_Mas.aspx?CustomID=1103. 9 de julio de 2016

8 Camacol pide a transportadores levantar el paro y dialogar. http://camacol.co/prensa/noticias/camacol-pide-transportadores-levantar-el-paro-y-dialogar. 11 de julio del 2016

9 Gobierno presenta contrapropuesta sobre el tema de fletes, transportadores la rechazan. http://www.rcnradio.com/nacional/gobierno-presenta-contrapropuesta-tema-fletes-transportadores-la-rechazan/. 6 de Julio del 2016

10 Vargas Lleras: bloquear las vías es un delito. http://www.lafm.com.co/nacional/noticias/vargas-lleras-bloquear-las-v%C3%ADa-210207. 7 de julio del 2012.

11 “Esa plata se perdió, ni vía ni prosperidad”: Cecilia Álvarez Correa, la youtuber mayor de 60. http://www.elheraldo.co/politica/esa-plata-se-perdio-ni-ni-prosperidad-cecilia-alvarez-la-youtuber-mayor-de-60-271442. 12 de julio del 2016.

12 Abren investigación contra promotores del paro camionero. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-abrio-investigacion-contra-promotores-del-paro-articulo-642965. 12 de julio del 2016.

13 http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-interior-de-mafia-de-chatarrizacion-articulo-643186. 13 de julio de 2016.

14 En la actualidad el transporte ferroviario en el país se dedica con exclusividad a la minería. Solo en el 2013 el transporte por ferrocarril movilizó 76 millones de toneladas de carga en Colombia (la mayoría de ellas carbón) lo que equivale a un 25 por ciento de la carga total. En este mismo año fueron transportadas 220.3 millones de toneladas de alimentos, productos, mercancías y materias primas por la carreteras, lo que representa un 73 por ciento del total de la carga. La única vía férrea estándar en Colombia es la que existe entre el Cerrejón y Puerto Bolívar, en la Costa Caribe, con una extensión de 150 kilómetros. A través de ella se moviliza carbón sobre un tendido de rieles propiedad de multinacionales que el ejército tiene la obligación de custodiar. Fuente: ¿Por qué se ha quedado en el olvido el transporte ferroviario en Colombia? http://www.dinero.com/economia/articulo/la-evolucion-del-transporte-ferroviario-y-vial-en-colombia/223410. 8 de mayo de 2016.

 

 

 

Publicado enEdición Nº226
II Encuentro Sudamericano  “La economía de los/as trabajadores/as"

 

El II Encuentro Sudamericano “La Economía de los/as trabajadores/as”, por realizarse entre los días 20-22 de octubre próximo, tendrá por sede Montevideo, capital de Uruguay.

 

Los asistentes al Encuentro debaten, como tema principal, los problemas y las potencialidades de lo que se ha denominado “La economía de los/as trabajadores/as”, basada en la autogestión y la defensa de los derechos e intereses de la población que vive de su trabajo, en el marco de las actuales condiciones del capitalismo globalizado.

 

Hasta el momento cinco son los capítulos tenidos por este Encuentro: Buenos Aires (2007 y 2009), Ciudad de México (2011), João Pessoa, Brasil (2013) y Venezuela (2015). En ellos participaron delegaciones de unos 30 países de América, Europa, África y Oceanía.

 

En el año 2014 surgieron los Encuentros regionales, realizados en Europa (en la fábrica recuperada francesa Fralib, Marsella), en América Central y del Norte, así como en América del Sur. En este último caso el encuentro tuvo lugar en la fábrica recuperada Textiles Pigüé, de Argentina.

 

Los ejes del debate han sido las experiencias de autogestión: empresas recuperadas, movimientos cooperativistas de trabajadores, control obrero y cogestión, economía solidaria, economía popular y otras luchas por la auto-organización del trabajo y la autogestión de la economía. Una discusión cada vez más necesaria, en la que los nuevos y viejos problemas de la clase trabajadora, actualizados a estos tiempos de hegemonía neoliberal mundial, deben ser rediscutidos y recreados.


En esta ocasión, se trata de darle continuidad a la experiencia de los encuentros regionales, habiéndose propuesto a Uruguay como anfitrión del Segundo Encuentro Regional Sudamericano. En las semanas siguientes, además, sesionará el Segundo Encuentro Euromediterráneo en la fábrica Vio.Me, en Tesalónica, Grecia, y el Segundo Encuentro de América del Norte, Central y el Caribe en la Ciudad de México.

 

El Encuentro “La economía de los/as Trabajadores/as” se propone como un espacio para contribuir al debate contemporáneo sobre el ideal autogestionario y las prácticas concretas de economía solidaria, sus logros y limitaciones, así como su contribución en la lucha por construir sociedades más justas y sostenibles, en el contexto suramericano, en el cual se deben coordinar y articular las luchas de los trabajadores para resistir a las transformaciones regresivas y consolidar los pocos avances democráticos logrados con enorme esfuerzo durante los últimos años.

 

Comité organizador regional Colombia: Copran (Corporación Proyección Andina) y Red de Cooperativas.


Mayor información en: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Facultad de Ciencias Sociales/ Departamento de Sociología Of 519/ Martínez Trueba 1502/11200 Montevideo, Uruguay.

 


 

Ejes temáticos y metodología

 

1) Re-estructuración económica, ciclos de lucha y horizontes utópicos para la autogestión y el cooperativismo en el actual contexto político latinoamericano.
2) Estados latinoamericanos y políticas públicas para la economía de los/las trabajadores/as.
3) Los desafíos para el sindicalismo y la organización de los trabajadores en la defensa de sus derechos y la construcción de plataformas comunes.
4) Autogestión en tensión: contradicciones y desafíos. Formación y autodesarrollo, producción y economía de la intermediación, innovación sociotécnica, producción y reproducción para la vida, la organización democrática.
5) Precarización e informalización del trabajo: ¿exclusión, inclusión o reformulación de las formas del trabajo en el capitalismo global?

A lo largo de los diferentes encuentros internacionales y regionales, se ha desarrollado una metodología de debate y coordinación organizada en diferentes instancias que tienen la finalidad de facilitar la participación y la discusión profunda de los ejes arriba detallados. Estos ejes tienen el objetivo de organizar el debate pero no limitan las posibilidades a los temas estrictamente explicitados. Las distintas instancias de discusión son: mesas con expositores seleccionados por el comité organizador local e internacional; mesas de trabajo con ponencias y distintos insumos y aportes para el abordaje de temas especiales; y comisiones de trabajo. Además, se contará también con algunos espacios de actividades culturales para fomentar el intercambio de manera menos estructurada..

Presentación de resúmenes y propuestas audiovisuales: hasta el 15 de setiembre de 2016.

 

Publicado enEdición Nº226
Domingo, 01 Mayo 2016 07:10

Una vez más Primero de mayo

Una vez más Primero de mayo

Durante la Segunda Internacional, celebrada en París en 1889, se decide establecer esta fecha para celebrar el día en que los trabajadores debían demandar sus derechos en recuerdo de los llamados “mártires” de Chicago, obreros anarquistas norteamericanos ejecutados por haber iniciado una huelga ese día de 1886 para reclamar la jornada laboral de ocho horas.

Todavía hoy, como siempre, siguen siendo tiempos de resistencias. En cualquier lugar. Por ejemplo, la resistencia de las compañeras y compañeros de Argentina en su lucha contra las arbitrarias decisiones de su presidente; la de la gente que en Brasil combate por evitar la caída de la democracia por motivos supuestamente “democráticos”; de las personas que en Europa pelean contra la violación de derechos y de la legalidad internacional frente a la inmigración. Por todas y todos los que, en cualquier parte del mundo, continúan defendiendo la vida digna, la justicia social y los derechos civiles, políticos, sociales y culturales.

El 1º de mayo de 2016 las organizaciones sindicales en España se movilizarán “Contra la pobreza salarial y social. Trabajo y derechos”. Bien. Pero aprovechemos para demandar primero lo último, lo más básico: DERECHOS. El trabajo es uno de ellos. Antes necesitamos el derecho a vivir en paz y con dignidad. A que nos escuchen y no nos quieran dar limosnas sin haber oído las demandas. No queremos favores que luego nos cobran, queremos DERECHOS.

En Colombia, las centrales sindicales dicen “Vamos a la movilización”, exigiendo al Gobierno trabajo decente y que cumpla los quince puntos de la propuesta que le entregaron el pasado 17 de marzo y entre las que se encuentran: un aumento general de salarios, frenar la venta del patrimonio público, fortalecer la salud y educación, restablecer la mejora salarial cuando se labore por las noches, en domingos o en festivos o cumplir los acuerdos con las personas pensionadas.

También que derogue el Decreto 583 de 8 de abril por el que se legaliza la tercerización laboral en cualquier clase de empresa pública o privada.
Frente a todas las injusticias tenemos el derecho a resistir, a mantenernos firmes contra los embates de esta sociedad neocapitalista y neocolonizadora que nos hunde en las profundidades de las ignorancias y en el consumismo sinsentido haciéndonos creer que somos libres.

También por las luchas silenciosas o acalladas, que las hay y muchas, que los medios no dicen. Tal vez porque no forman parte del “espectáculo” mediático.
Por estos días está bajo amenaza de cierre el periódico francés L´Humanité, un clásico de los medios que necesitamos que subsista y que no siga el camino de L´Unita, otro histórico tristemente desaparecido. Porque, sean cuales sean nuestras utopías, necesitamos de los medios, de la información y sobre todo de la comunicación. Es otro derecho inalienable, para todas y todos.

Hace ciento doce años, el 18 de abril de 1904, ese diario galo decía en su primer editorial: “No hay necesidad de mentiras, ni medias mentiras, ni de informaciones tendenciosas, ni de noticias forzadas o truncadas, ni de procedimientos retorcidos o calumniosos. No se necesita reducir o rebajar injustamente a los adversarios. Tampoco hay necesidad de mutilar los hechos”.

Por eso creo necesario recordar que tenemos la palabra y recuperar “Una carta por la palabra”, otra entrada del viejo pateras al Sur que también fue publicada en la Tribuna del sindicato CCOO, y dedicársela a todas y a todos los que seguimos resistiendo. Porque no se trata de ser resilientes, sino resistentes.

sábado 15 de septiembre de 2012

“En España, como en Grecia, la cuna de la civilización, quieren acabar con todo”

Una carta por la palabra

Ciudadanas y ciudadanos, escribo, tal vez, con la libertad que da la distancia. Con la tranquilidad y el punto de vista que te imprime ser “extranjero”. Escribo, porque me queda la palabra. Escribo como sociólogo, como comunicador, como periodista. Escribo como empleado público, como funcionario, como sindicalista. Escribo, en fin, como persona y como ciudadano. Escribo porque, todavía, me queda la palabra.

En España, como en Grecia, la cuna de la civilización, quieren acabar con todo. Sí, y lo malo es que llevan camino de conseguirlo. Recortes sociales; privatizaciones de servicios públicos; falta de presupuestos para instituciones y organismos públicos, ya sean educativos, sanitarios, judiciales, de investigación, de ayuda a personas dependientes,... ¿Por qué? ¿Para salir de la crisis? ¿Para reducir el desempleo? ¿Para mejorar la competitividad? La respuesta es la palabra NO. No, no y no.

Todo lo que dicen es mentira. Sus medidas buscan empobrecer socialmente el país; perjudicar más a los desfavorecidos; recortar derechos a minorías, mujeres e inmigrantes, y arrasar con más de treinta años de luchas democráticas por los derechos laborales.

Persiguen allanar el camino al capital, a la especulación y a la explotación. Están acabando con la democracia. Pero, nos queda la palabra.

Con sus políticas están destrozando los logros sociales de ese sueño, que no se llegó a realizar del todo, que era el Estado de bienestar. Crean la sensación de que todo lo público es malo, que no funciona, que es costoso y que cerrarlo contribuye a mejorar la situación económica y a cumplir con Bruselas. Más mentiras.

Lo que hacen es armarse de falsos argumentos para tener justificación para privatizarlo todo. No nos arruinan económicamente porque nunca hemos tenido patrimonio monetario, como esos que atesoran nuestros políticos y políticas. Pero tenemos un patrimonio moral, tenemos valores,... y nos queda la palabra.

Y no nos van a callar. Aunque nos dejen desnudos, “como a los hijos de la mar”, aunque descabecen sindicatos y sindicalistas a golpe de “reales decretos”. Desde donde estemos, o a donde nos manden, aunque seamos “cuatro gatos”, pese a que no contemos nada para los poderes. Gritaremos alto y claro. Porque nos queda la palabra.

El sábado 15 de septiembre habrá una manifestación multitudinaria, esperemos. Que probablemente, pensarán muchos, no servirá para nada. Pues sí, es posible que así sea porque “ellos” tienen la sartén por el mango. Tienen el poder económico y tienen el poder político, lo poco que les queda de ambos sin vender a los mercados. Pero no importa, hay que movilizarse y luchar para que vean que estamos hartos y dispuestos a enfrentarnos.

Porque la ciudadanía española sí quiere hacer política, verdadera política de luchar por el bien común de las mayorías. Porque nos queda la palabra.

En 1947, Camus escribió que “No hay, quizá, ningún régimen político bueno, pero la democracia es, con toda seguridad, el menos malo. La democracia no puede separarse de la noción de partido, pero la noción de partido puede muy bien existir sin la democracia.

Esto ocurre cuando un partido o un grupo de hombres (añadamos y de mujeres) cree poseer la verdad absoluta. Por eso, el Parlamento y los diputados necesitan hoy una cura de modestia”.

Y continuaba diciendo “demócrata, en definitiva, es aquel que admite que el adversario puede tener razón, que le permite, por consiguiente, poder expresarse y acepta reflexionar sobre sus argumentos. Cuando los partidos o los hombres están demasiado persuadidos de sus razones como para cerrar la boca de sus oponentes por la violencia (en este caso la legislativa y ejecutiva), la democracia deja de existir”.

En ese mismo texto señalaba que “las civilizaciones no se forjan a reglazos en los dedos, sino con la confrontación de las ideas, con la sangre del espíritu y con el dolor y el coraje”. Y con la palabra.

Pues señoras y señores, el Gobierno español, y sus diputados, senadores y seguidores varios, se cree en poder de la verdad absoluta, no sabe lo que es la democracia y quiere plantar su civilización a base de “reglazos” en los dedos y en la cabeza de toda la ciudadanía. Pero, no tienen el poder de la palabra.

Termino mis citas del gran pensador francés, premio Nobel de Literatura en 1957, con esta otra: “La verdadera desesperanza no nace ante una obstinada adversidad, ni en el agotamiento de una lucha desigual. Proviene de que no sabemos ya nuestras razones para luchar o, precisamente, si debemos luchar”.

Sabemos nuestras razones y sabemos que sí tenemos por qué luchar. Creemos en la democracia, aunque sea mala. Así que debemos seguir esperanzados, convencidos de nuestros ideales y de nuestros motivos, que son los de la mayoría aunque “ellas y ellos” no lo quieran ver. Y creo, como decía el maestro Freire, que “no hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza“. Nosotras y nosotros tenemos la palabra.

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Lunes, 04 Abril 2016 07:40

Lo posible

Bernie y Jane Sanders fueron recibidos por el artista René Pérez.

¿Qué? ¿18 mil en el sur del Bronx? Estoy empezando a pensar por primera vez que es posible, tal vez no probable, pero sí posible que Bernie lo logre, me cuenta un estratega sindical nacional en Washington, veterano de incontables luchas y de muchas derrotas contra una cúpula política y económica bipartidista que le dejaron a él, y millones más, un profundo escepticismo de que algo de verdad pueda cambiar en este país.

 

Bernie Sanders vino al sur del Bronx, uno de los rincones más pobres del país, a ofrecer su invitación a lo que llama una revolución política, a declarar que ya basta (enough is enough) y a enviar el mensaje de que la clase multimillonaria no debe, y no puede tenerlo todo.

 

Ahí lo presentaron la actriz Rosario Dawson, el cineasta Spike Lee y Residente, de Calle 13; cada uno ofreció razones por las cuales él es el único político que representa un cambio real tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Residente subrayó que votar por él es votar por un cambio de la relación estadunidense con Puerto Rico y con toda América Latina, para poner fin a las intervenciones, el apoyo a las dictaduras, y a nombre de los que luchan y lucharon por un cambio, y destacó que votar por Clinton y su amigo Kissinger es insultar la memoria de los miles de muertos, desaparecidos y torturados en toda América Latina por las políticas impulsadas por ese señor.

 

Con marcado acento de Brooklyn, donde nació de un padre inmigrante polaco judío que llegó sin un centavo a este país a los 17 años, Sanders condena la avaricia de Wall Street, la corrupción del sistema electoral y político, y el robo del futuro de los jóvenes y los trabajadores de este país. Para tener una idea del contenido y el sabor de este acto, consultar.

 

En gran medida, lo que ofrece Sanders es poner fin a lo que han sido casi cuatro décadas de políticas neoliberales aplicadas por ambos partidos dentro del país más poderoso del mundo.


Y su mensaje ha hecho temblar a la aristocracia estadunidense, incluida su contrincante Hillary Clinton, la reina del Partido Demócrata, y ha resucitado el eco de largas luchas por la igualdad, por los derechos civiles, por los derechos de los trabajadores y los inmigrantes.

 

Tal vez lo más notable es que un político veterano de 74 años –el más viejo de todos los precandidatos– se ha vuelto la voz de los jóvenes en esta elección. Muchos señalan que el mensaje de Clinton es que ella es la de mayor experiencia para lograr los cambios dentro del sistema político, pero que ellos desean un cambio del sistema político y por eso están con Sanders.

 

Ha sido descartado –por los medios, por los expertos, por las cúpulas– como opción real desde que lanzó su campaña el año pasado. Eso persiste, y cada semana la narrativa oficial es que no podrá superar la ventaja en delegados, apoyo institucional y dinero de la que goza Hillary Clinton. Pero una y otra vez sorprende a su contrincante, a la cúpula del partido, a los grandes medios y a los que se proclaman expertos.

 

Orgullosamente ha rechazado establecer los Comités de Acción Política (PAC) mediante los cuales todos los candidatos canalizan donaciones de sectores de las cúpulas para sus campañas, y sin ningún respaldo de multimillonarios y empresas o de fortunas personales, Sanders optó por invitar sólo contribuciones de la gente. Con ello, el mes pasado recaudó 44 millones de dólares. Desde que arrancó su campaña ha recibido más de 6 millones en contribuciones individuales directas a la campaña, de más de 2 millones de personas, cada una de un promedio de 27 dólares en contribuciones directas. Es un récord histórico.

 

El margen de ventaja de Clinton aún es muy amplio, pero los expertos han tenido que admitir que la campaña de Sanders está lejos de ser derrotada y tiene suficientes fondos para mantenerse hasta la convención nacional del partido en julio.

 

Después del desencanto con Obama (quien había despertado algunas de las mismas expectativas que Sanders), después de la anulación de millones de futuros por la crisis económica más salvaje y brutal desde la gran depresión, después de años de vivir con las políticas del temor y la guerra posterior al 11-S, surgieron nuevas expresiones sociales que condenaban la extrema desigualdad económica, la devastación ecológica y las políticas de control y represión. Fueron los primeros llamados de algo nuevo que se salió de los canales establecidos para gritar un gran ya basta contra el establishment político, entre ellos Ocupa Wall Street en 2011, y Black Lives Matter en 2013. Una parte de ambos desemboca en la campaña de Sanders.

 

Mientras tanto, sigue sorprendiendo, y mucho, que no sólo millones ya no le temen a la palabra socialista en este país que se distinguió como enemigo de todo lo rojo, sino que se identifican de alguna manera con ese concepto.


Tal vez lo más curioso es cuando uno se topa con aquellos que se consideran progresistas tanto dentro como fuera de este país y reconocen con agrado, pero a la vez descartan, el fenómeno Sanders. Mientras sus opositores en el poder se preocupan, y mucho, partes de lo que deberían ser sus aliados sospechan de sí mismos, como que, ya cansados y hartos de desilusiones, no se atreven a creer que se pueda romper el monopolio político, económico y hasta social de las cúpulas. Más fácil fascinarse con la derecha, con el enemigo, en este caso tan exquisitamente representado por alguien como Donald Trump. Tanto aquí como en México y otros países se sabe, se opina, se comenta mucho más sobre Trump que de alguien que se atreve a proclamarse socialista democrático, y que tiene mucho más apoyo real, en números absolutos, que Trump en este país.


Lo más sorprendente de esta elección no es Trump, ni la derecha, sino la inesperada fuerza de una izquierda que se atreve a enfrentar al uno por ciento y sus títeres en Estados Unidos.

 

Que alguien, que algunos, que millones de repente se pregunten ¿será posible? ya es un milagro en este país.

 

 

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