El fin del conflicto con las FARC y los derechos de los trabajadores del campo

Los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC para terminar con más de 50 años de confrontación armada, abren una ventana de oportunidades para la modernización del sector agropecuario colombiano, dominado tradicionalmente por una elite terrateniente que le ha impuesto al país sus intereses mediante un modelo de explotación y de propiedad completamente anacrónico e ineficiente; el mismo que le ha permitido la captura de enormes rentas y de un poder político con una gran incidencia en el diseño de la políticas públicas en todos los niveles, y que además ha excluido a la inmensa mayoría de los trabajadores del campo de su condición de ciudadanos sujetos de derechos.

El 1º capítulo de los acuerdos de La Habana: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, establece como requisito para la efectividad y transparencia de esta política “la promoción de una amplia participación de las comunidades, mediante la generación de espacios institucionales participativos y democráticos donde éstas tengan capacidad de transformación e incidencia en la planeación, implementación y seguimiento de los diferentes planes y programas acordados”, resaltando que esta participación como garantía de mayor inclusión de las comunidades rurales en la vida política, económica, social y cultural de sus regiones y, por ende, de la nación .

Hasta ahora, la participación se ha concentrado únicamente en la comunidad de los grandes propietarios y empleadores del campo, a través de fuertes y reconocidas organizaciones gremiales como la SAC, Fedegán, Fedepalma, la Federación Nacional de Cafeteros (tradicionalmente dominada por los grandes comercializadores del grano), FENAVI, entre otras. Estas organizaciones, en conjunto con los distintos gobiernos, han moldeado la política agraria en función de sus intereses.

En cambio, la participación e incidencia en las políticas públicas y las relaciones laborales para el sector por parte de las comunidades de campesinos pobres, jornaleros y trabajadores agrícolas asalariados, no ha sido posible en ningún sentido, dados los bajísimos niveles de sindicalización que presentan estos trabajadores en todo el país, con la excepción de la zona de Urabá. Y son bajísimos debido a la violencia y estigmatización que han acosado a las pocas organizaciones sindicales existentes.

La tabla 1 ilustra en qué medida les han sido negados los derechos de libertad sindical a los trabajadores asalariados del campo, y qué tanto diálogo social existe en el sistema de relaciones laborales de las empresas del sector, ambos componentes esenciales de la noción de “Trabajo Decente” que promueve la OIT y cuya implementación obliga tanto a empleadores como al gobierno:

 

 

Una de las consecuencias que ha tenido el conflicto armado con las FARC y con otros actores armados, sumado a la cultura antisindical de las elites económicas y gobernantes del campo, ha sido la imposibilidad de constituir sindicatos autónomos e incidentes en las empresas agrícolas, y a través de ellos promover los derechos humanos laborales y el diálogo social en las empresas mediante la negociación colectiva.

En la base de datos de la ENS sobre Censo Sindical aparecen 455 organizaciones sindicales del sector agropecuario registradas en el Ministerio del Trabajo, con un total de 89.361 afiliados, el 2.5% del total de la población ocupada en el sector agropecuario. Sin embargo, no todas agrupan trabajadores propiamente asalariados: 290 son asociaciones que agrupan a jornaleros y campesinos pobres, la mayoría con una jurisdicción territorial, a nivel municipal o veredal, y con apenas 38.161 afiliados; 62 son organizaciones de pequeños campesinos y productores, con 7.656 afiliados, y una jurisdicción también territorial; 30 son asociaciones que agrupan principalmente a mujeres, a jóvenes, a desplazados y ambientalistas, con 3.146 afiliados; y 52 son sindicatos propiamente de trabajadores dependientes/asalariados, que agrupan a 37.242 trabajadores, o el 10.9% de los trabajadores asalariados con contrato de trabajo.

Que apenas el 2.5% de los trabajadores del campo se haya podido organizar en sindicatos, es de por sí un indicativo claro del enorme déficit democrático que existe en el campo. Esto sin tener en cuenta qué tan efectivas y representativas sean estas organizaciones, interrogante válido dado el grave contexto de violencia y de estigmatización que han tenido que soportar la mayoría de las organizaciones sociales del campo.

La tabla 1 nos indica también cuál es la tasa de afiliación a la protección social, al menos al sistema de riesgos laborales, que es apenas del 9.6%, la más baja de todas las divisiones económicas, y cuánto es el ingreso promedio que tienen los trabajadores del campo: $503.474 al mes, según el DANE, un ingreso que apenas representa el 55% del ingreso promedio nacional y el 78% del salario mínimo.

A estos datos agreguemos que, según la encuesta de calidad de vida del DANE, el 56.8% de la población de los centros rurales poblados y dispersos se considera pobre, que el 36.6% considera que sus ingresos no alcanzan ni para cubrir los gastos mínimos del hogar, y que el 59.4% considera que sus ingresos apenas alcancen para cubrir este mínimo. Esta precariedad en el ingreso es consecuencia, entre otros factores, de la falta de un actor sindical fuerte con capacidad de incidir en la forma como se distribuye la riqueza que se genera en el trabajo agrícola a través del diálogo social, que es el instrumento idóneo para promover mejores condiciones de vida y de trabajo y una mayor justicia social, como lo ha demostrado la OIT a nivel internacional.

La falta de un actor sindical con incidencia en las políticas del sector agropecuario se explica por varios factores. El primero de ellos es la fuerte cultura antisindical que promueven las elites dominantes del campo , las que incluso en muchos casos han acudido a los ejércitos paramilitares para impedir la organización de los trabajadores.

Un segundo factor ha sido la presencia de grupos armados ilegales como las FARC y la AUC, con control sobre amplísimos territorios, en los cuales no se ha permitido la organización autónoma de los trabajadores, incluso, algunas de estas fuerzas se han utilizado por parte de los empleadores para perseguir, desterrar y hasta asesinar a directivos y activistas sindicales, y para acabar con organizaciones sindicales autónomas, como lo indican, por ejemplo, las denuncias que se han hecho acerca de la financiación a los ejércitos de la extrema derecha por parte de organizaciones gremiales de los propietarios terratenientes y hacendados del campo . Y como lo indican también los datos que la ENS ha recogido sobre la violencia antisindical, y que nos dicen que entre 1979 y 2016 se registraron 3.211 violaciones a la vida, libertad e integridad física cometidas contra sindicalistas de los sectores de la agricultura, la caza, la pesca, minas y canteras, siendo el homicidio la principal forma de victimización con 1.207 casos , fenómeno del que ni las FARC han escapado, como lo muestran los asesinatos de sindicalistas en el sector bananero de Urabá.

Esta violencia no solo incidió en la pérdida de vidas, la instauración del terror, el debilitamiento y exterminio de los sindicatos en lo rural, y con ello, la pérdida de garantías y derechos, sino que marcó unos impactos que entorpecieron el surgimiento y fortalecimiento del sindicalismo en este sector. Hay actividades en las que no se registra la existencia de un solo sindicato, como en la actividad ganadera, por ejemplo.

La tercera causa tiene que ver con la debilidad del Estado, y en muchísimos casos, su ausencia total, en la mayoría de los municipios y regiones agrícolas. Para todo el país apenas hay 904 inspectores, la mayoría concentrados en las oficinas de las regionales del trabajo de las principales ciudades, y los pocos inspectores asignados para el sector rural están dispersos en unos pocos municipios, con un radio de acción tan amplio y con tan pocos recursos, que su presencia efectiva en las zonas rurales es prácticamente inexistente, situación que facilita las relaciones laborales por fuera de la ley. Adicionalmente, muchos de estos inspectores están completamente subordinados, o cooptados, a los gamonales y empleadores del campo, lo que hace que su actuación sea en muchos casos cómplice con la ilegalidad laboral.

Y finalmente, otra causa de la baja sindicalización de los trabajadores asalariados agrícolas se deriva de las propias condiciones en las que se desarrollan muchas de las actividades del campo, que demandan trabajadores por cosecha, o por temporadas, lo que impide que surjan organizaciones sindicales estables y con posibilidades reales de actuación; situación que se agrava por la tercerización ilegal a la que acuden muchas empresas como estrategia para disminuir costos laborales (como la utilización de falsas cooperativas de trabajo asociado en el sector de la palma) y para descargar sobre otros los riesgos propios de la contratación laboral.

Las consecuencias que ha tenido esta debilidad del Estado para vigilar y someter a la ley las relaciones laborales en el campo, se observan en la siguiente tabla:

 

 

Aunque no se cuenta con información acerca de cuántos trabajadores del campo son dependientes/asalariados, ni cuántos están empleados de manera directa en cada una de los sectores contenidos en la tabla, la situación de todas maneras no deja de ser deplorable: apenas el 9.6% de los trabajadores del campo cuentan con una relación laboral regulada por el Código Sustantivo del Trabajo, y apenas 30.154 empresas afilian a sus trabajadores al sistema de protección social.

De todas maneras, lo más seguro es que en la mayoría de estos sectores el respecto a la ley sea completamente marginal. En la caficultura, por ejemplo, la actividad económica más importante en el sector agrícola colombiano, la formalización del trabajo apenas cubre al 0.35% de los trabajadores directos. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, este sector empleaba a cerca de 800 mil personas en 2014, lo cual indica la precariedad laboral que campea en este sector y que explica, en parte, las dificultades que tienen los productores de café para reclutar trabajadores que recojan la cosecha.

Por su parte, Fedegán informa en su plan estratégico que la ganadería es el primer generador de empleo directo del país, con cerca de 950.000 empleos directos, de los cuales apenas 25.995, o el 2.7% del empleo en este sector, está afiliado a la protección social.

Según Fedepalma, en el sector de la palma el empleo directo era en 2015 de 58.273 trabajadores, de los cuales estaban afiliados a la protección social apenas el 37.8%. En el sector avícola, el boletín de Fenavi informa de la vinculación directa de “un poco más de 400.000 trabajadores”, vinculados a 7.000 granjas avícolas, por lo que la supuesta “responsabilidad social” que pregona este gremio queda en contraevidencia al cruzar los datos de la afiliación de sus trabajadores al sistema de protección social: de cada 100 trabajadores contratados apenas 0.7 están afiliados al sistema de riesgos laborales, y de cada 100 empresas, sólo el 11.7% cumplen con la ley laboral en esta materia .

Ni siquiera el sector exportador de flores escapa a la precariedad e ilegalidad laboral: aunque en este sector, según Asocolflores, se encuentran vinculados un poco más de 130 mil personas, “vinculadas de manera formal, permanente, directa e indirectamente”, y que “la floricultura genera en la actualidad el 25% del empleo rural femenino del país” , la protección social apenas cubre al 47.6% de los trabajadores.

Si esta es la situación del trabajo en los sectores más moderno de la agricultura, la situación es todavía más grave en los demás sectores, en los que la informalidad, la desprotección social, los ingresos precarios y la falta de derechos son el pan de cada día y afectan a cerca del 90% de los trabajadores del agro.

Está claro, entonces, que el problema fundamental que viven los habitantes del campo, precisamente la región del país que más ha sufrido la violencia, es un déficit enorme y profundo de la democracia; déficit medido con tres indicadores: la ausencia de organizaciones sociales fuertes que les permitan a los trabajadores del campo incidir en la determinación de sus condiciones de trabajo y empleo y en las políticas públicas que se diseñen para este sector; la exclusión de la mayoría de su población trabajadora de los sistemas de protección social, que los coloca en una situación de vulnerabilidad permanente y en una enorme incertidumbre respecto de su situación futura; y la exclusión de los frutos de la riqueza que se genera a través del trabajo agrícola, por la falta de ingresos, o porque estos son precarios, factor que, añadido a la concentración de la propiedad en pocas manos, explica los altos niveles de pobreza e indigencia que presenta la población del campo colombiano.

El primer capítulo de los acuerdos de La Habana sobre lo que debe ser una política agropecuaria, contiene, entre otros, un principio que se refiere al “Bienestar y buen vivir”: “El objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales...” Principio que se puede convertir en un simple canto a la bandera sino aprovechamos la oportunidad que tenemos de acabar con el conflicto armado con las FARC, para poner en marcha modelos de relaciones laborales en el sector agropecuario que vinculen de manera efectiva los contenidos del trabajo decente en materia de diálogo social: protección social, remuneración suficiente, trato justo en el trabajo, estabilidad y seguridad en el empleo.

En este sentido, construir la paz en el campo es imposible si a los trabajadores agrícolas no se les garantizan condiciones reales y efectivas para que se organicen en sindicatos fuertes y articulados, lo que significa que se reconozca su legitimidad y se abandone de manera definitiva los prejuicios y la estigmatización de que han sido víctimas históricamente, y se ponga fin al tratamiento de orden público que se le ha dado a los conflictos sociales y laborales en el campo.

 

Publicado 13 de septiembre de 2016.

Publicado enColombia
Nicolás Maduro, en una imagen de archivo.

 

El Gobierno ha ordenado a las empresas públicas y privadas poner a disposición del Estado a sus trabajadores durante 60 días

 

 

El Gobierno venezolano ha ordenado a todas las empresas, tanto públicas como privadas, que pongan a disposición del Estado a sus empleados para trabajar en el desarrollo agroalimentario del país durante 60 días, un plazo que se puede prorrogar por otros 60 más, según un decreto publicado esta semana. La única condición es que los empleados reasignados tengan las “condiciones físicas y técnicas” para ejercer las funciones requeridas. El Ejecutivo asumirá el pago del salario base y la “inamovilidad” del trabajador que sea escogido para “prestar” sus servicios, en función de “fortalecer la producción” en los campos. Las empresas seguirán satisfaciendo las cotizaciones sociales de los trabajadores cedidos.

 

El cimiento de este nuevo régimen laboral está en el decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica impulsado este año por el Gobierno de Nicolás Maduro para atender la carestía en Venezuela, y que permite tomar medidas extraordinarias.

 

Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, no ha podido soportar el desplome de los precios del crudo. La sacudida económica no ha hallado un terreno sólido en un país dependiente de las importaciones, regido por un estricto control cambiario de divisas y restrictivo con las empresas. La fractura financiera se ha traducido en una dramática escasez de productos básicos.

 

Como alivio a esta crisis, los adversarios del Gobierno apuestan por la colaboración internacional. En abril, el Parlamento –el único poder controlado por la oposición– declaró una “emergencia alimentaria” en el país. También Amnistía Internacional ha recomendado a las autoridades venezolanas pedir la ayuda humanitaria. Pero Maduro, que asegura que los males financieros de Venezuela obedecen a una “guerra Económica” en contra del chavismo fraguada por la oposición, los empresarios y los gobiernos extranjeros, se opone a una intervención foránea.

 

Entretanto, el mandatario ha aplicado como recursos extremos el decreto de estado de excepción, la creación de la llamada ‘gran misión abastecimiento soberano y seguro’ que encomienda a las Fuerzas Armadas el control de la distribución y producción de los alimentos y, ahora, la decisión de obligar a los empleados de los sectores públicos y privados a cambiar eventualmente de trabajo.

 

Pero el préstamo obligatorio de los trabajadores a las empresas agrícolas podría ser inútil. El Estado venezolano carga con una deuda superior a los 400 millones de dólares con los proveedores de insumos agrícolas, según un cálculo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro).

 

También afronta demandas en tribunales internacionales. A principios de julio, los expropietarios de la compañía Agroisleña acudieron al Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en Washington) para interponer una demanda contra el Estado venezolano por no haberles indemnizado al expropiar esta empresa española en 2010.

 

La compañía, que suministraba insumos agrícolas a la mayoría de los productores, fue expropiada por el presidente Hugo Chávez por supuestamente especular con los precios de la venta de las semillas para el cultivo. “Ahora tú vas a ver lo que será una nueva institución en manos del pueblo. Vamos a bajar los precios de los fertilizantes, los precios de las semillas, a trabajar con el pueblo, con los que realmente necesitan, sin explotar”, dijo entonces el mandatario. Agroisleña ahora es Agropatria, una sociedad manejada por el Gobierno.

 

La polémica medida ha provocado un inmediato pronunciamiento de Amnistía Internacional que, en un comunicado, califica como trabajo forzado. “Intentar abordar la severa falta de alimentos en Venezuela forzando a la gente a trabajar en el campo es como intentar curar una pierna quebrada con una curita” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de esta organización.

 

Los frijoles más costosos


En un supermercado del oeste de Caracas, más de un centenar de venezolanos aguarda desde la madrugada del jueves ante la inminente llegada de comida a precios regulados por el Gobierno. Hay una estantería repleta de frijoles rojos empaquetados en la tienda, pero no se compran ya que cuestan más de 3.000 bolívares por kilogramo; un 20% del salario mínimo en Venezuela.

 

La inflación en el país, la más alta del mundo, ha consumido con ferocidad el aumento del 30% del sueldo mínimo decretado en mayo por Maduro. Para ese mismo mes, la escasez de alimentos se elevaba a un 82%, según una encuesta de la firma Datanálisis. “Uno hace una cola para comprar lo que encuentre”, dice Judith Soto, que suele aguardar en un supermercado en San Bernardino, en Caracas.

 

Mientras muchos han convertido la cacería de los productos regulados en una práctica rutinaria, otros con mayores posibilidades económicas acuden a los bachaqueros (revendedores) para comprar a precios exorbitantes alimentos que están en escasez.

 

 

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Jueves, 28 Julio 2016 10:20

El paro camionero entre líneas

El paro camionero entre líneas

 

El paro camionero más largo de los últimos años conmociona al país. Las voluntades del Gobierno y de las asociaciones de transportadores se contraponen al tiempo que incrementan las fricciones entre las partes. Hasta el momento, producto de esta protesta, se reportan pérdidas que superan el billón de pesos. El 90 por ciento del transporte de carga continúa paralizado mientras el nerviosismo por el desabastecimiento y encarecimiento de materias primas prolifera. La puja se centra en intereses disyuntivos entre partes que en otros tiempos fueron armoniosos. El pacto entre Gobierno y transportadores para movilizar la carga por las principales carreteras, a desmedro de sistemas de transporte alternativos, está teniendo un estruendoso fin.

 

 

A la media noche del día 6 de junio inició el paro que tiene enfrentados en arenas políticas y económicas al Gobierno con las principales asociaciones de camioneros. Al amanecer de aquel día pocos en Colombia imaginaron que estaban ante una movilización sin par en la historia reciente del país. Hoy, cuando el paro de los transportadores de carga supera los 36 días, el panorama no puede ser más complejo.

 

La suspensión de actividades decretada enfrenta al Gobierno y a los camioneros, pero también pone en pugna grandes intereses que se traslapan entre las partes. A pesar de esto no es posible establecer una relación de equivalencia entre actores pues es clara la asimetría de poderes, contrarrestada por los impactos económicos introducidos por la inmovilización de las nueve décimas partes del transporte de carga, operación que el Gobierno se encuentra lejos de controlar.

 

Este es el tercer capítulo de una confrontación entre la administración de Juan Manuel Santos y el gremio de transportadores de carga, que ostenta la peculiaridad de contraponerse al Gobierno desde organizaciones esquivas a categorías propias de los movimientos sociales, pero con capacidad de movilización, presión e imposición de coyunturas que muchos de ellos echarían de menos.

 

Los efectos económicos de este paro comienzan a sentirse en las principales ciudades, los empresarios claman por una solución policial de la huelga y medios de comunicación oficiosos con gran esmero difunden su propuesta represiva.

 

 

Las pugnas del paro de transportadores

 

Varias son las razones manifestadas para el cese de actividades por Marcos Daing (Asociación de Transportadores de Colombia), Pedro Aguilar (Asociación Colombiana de Camioneros) y Jorge García (Confederación Colombiana de Transportadores), presidentes de agremiaciones de conductores de carga en el país (1). Pueden resumirse en dos ejes: las relaciones económicas y la regulación del parque automotor de carga.

 

En torno a las relaciones económicas se articulan tres peticiones específicas. La primera consiste en la revisión del valor de los fletes que los transportadores están autorizados a cobrar por la carga, precios que fueron congelados desde el año 2011 por el Gobierno. Punto álgido en la negociación pues regula las relaciones comerciales de este gremio con industriales y empresarios (exportadores e importadores) que acuden a sus servicios para trasladar sus cargas por las carreteras. Sectores que el Gobierno debe proteger, a capa y espada, en contraprestación por el apoyo político, financiamiento de campañas electorales, compromiso con las políticas de desarrollo y paz impulsadas desde el gobierno de Santos (2). Además, el Gobierno también debe cumplir compromisos pactados con el Banco Mundial, institución financiera que desde el año 2010 había propuesto, a través de su Consejo de Competitividad: “el desmonte de la tabla de fletes como una medida necesaria para mejorar los servicios de logística y transporte” (3).

 

La segunda petición es la disminución en promedio de $1.300 por galón de Acpm y gasolina, rebaja con la que los transportadores alcanzarían un mayor margen de ganancia. Pero esta es otra de las exigencias denegadas por el Gobierno pues de aceptarla vulneraría una de sus principales fuentes de financiamiento (4), no importa que en este rechazo también opte en contravía de lo ordenado por la propia Corte Constitucional (5) que desde el año 2013 declaró inexequible al denominado Fondo de Estabilización. Hasta el día de hoy el Gobierno sostiene los sobrecostos a los hidrocarburos a través de este esquema, a pesar de la drástica disminución de su precio a nivel internacional.

 

La tercera petición demanda colocarle coto a la desmesurada proliferación de peajes (cada 36 kilómetros) y al alto costo de los mismos, que hacen del nuestro, el país donde es más caro trasladarse por vía terrestre (600 pesos por kilómetro en trayectos como Buenaventura-Bogotá; la constante en América latina es 100 pesos por kilómetro). Demanda que también rechaza el Gobierno pues de lo contrario vería reducida otra de sus fuentes de ingresos, con la cual tiene proyectado sustentar parte de la financiación de su programa de vías 4G, soporte, con la construcción de vivienda, de la campaña presidencial de Vargas Lleras.


La regulación del parque automotor se erige sobre la propuesta del 1:1 en torno a la chatarrización. Esto significa que los camioneros exigen al Gobierno que el parque automotor de carga continúe regulado, no se amplíe según la oferta y la demanda, sino que cada camión viejo sea remplazado por otro nuevo de similares especificaciones técnicas al chatarrizado. Medida que podría forzar al Gobierno a poner talanqueras sobre la importación de vehículos pesados para el transporte de carga fundamentados por los TLC, de la misma manera que a transnacionales del transporte que miran con mucho interés las posibilidades renovadas de un negocio que comienza a proyectarse sobre vías, rieles y ríos que en los próximos años serán objeto de multimillonarias inversiones para incrementar sus capacidades de flujo mercantil.

 

 

El Gobierno reacciona exaltado

 

Un mes de paro fue suficiente para colmar la paciencia y agotar la estrategia de negociación del Gobierno. El apoyo de los medios de comunicación (6), empresarios (7) y constructores (8), entre otros sectores, parecen haber envalentonado al Ejecutivo que usó el accidente de tránsito del Gobernador de Boyacá –acaecido el día 12 de julio–, como pretexto para levantarse de la mesa de negociación con los camioneros. Además, destaca el triste espectáculo protagonizado por el Presidente de la República quien se pronunció a favor de militarizar las vías del país, capturar a los responsables de la protestas y retirar a los camiones apostados en las autopistas. Otra muestra de la pretensión de Santos Calderón por suplantar funciones típicas al poder judicial fungiendo como juez, parte y fiscal.

 

Un repentino cambio de actitud del Gobierno –que había mostrado una disposición conciliadora (9)– lo llevó a radicalizarse en su intransigencia. Giro impuesto por Germán Vargas Lleras quien, durante los últimos días, exhibió una postura fuerte en los medios de comunicación, catalogando como delito la protesta del gremio camionero, descalificando a sus dirigente y cerrando la posibilidad de negociación (10).

 

A la rabieta gubernamental se suman una lluvia de denuncias y señalamientos justificatorios de su proceder. La primera vino en tono jocoso y a destiempo por la exministra de transporte Cecilia Álvarez (11), quien en un video al estilo “youtuber” denunció a Pedro Aguilar como corrupto, poseedor de cientos de camiones y líder del cartel de la chatarrización. Muy pronto fue anunciada la apertura de la investigación contra los líderes del paro camionero, señala El Espectador (12): “Entre los investigados se encuentra el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Pedro Aguilar, quien estaría detrás de los bloqueos a las vías y los ataques a los camioneros”.

 

El 13 de julio este mismo diario publicó una investigación titulada “En el interior de la mafia de la chatarrización” (13) en la que un exfuncionario del ministerio de transporte afirmo: “El cartel simulaba accidentes, falsificaba los registros de la Policía que certificaban que existió ese accidente tal día de tal año, o se inventaba el robo de un carro y se falsificaban las denuncias de hurto. Con eso iban al ministerio, sumando documentos de los organismos de tránsito que también alteraban y así se inventaban cupos de la nada. Así era que se generaba un supuesto vehículo nuevo en la entidad de tránsito, pero la verdad era que el carro no existía”.

 

Graves denuncias que no deslegitiman la protesta de los camioneros, pero sí plantean serios cuestionamientos sobre el comportamiento de este gremio ampliamente respaldado por muchos sectores en movilización. Sin embargo, otras voces han llamado la atención sobre el carácter estrictamente reivindicativo de esta protesta, su rígida inscripción en el marco de las exigencias presentadas al Gobierno, así como su desconexión organizativa, programática, con movimientos y poderes socialmente constituidos en el país.

 

 

 

 

Víctimas de sus propios inventos

 

Las partes que hoy se contraponen, no siempre lo estuvieron. Hace tres décadas cuando comenzó a darse la estocada final al transporte ferroviario en el país (14), los camioneros jugaron un rol primordial en tal determinación. La fuerte confluencia de intereses económicos que dispuso las carreteras y los camiones como los medios principales para la movilización de carga estuvo liderada por la misma agremiación que hoy se levanta. Estructuraron junto al Gobierno un sistema de transporte de mercancías a la “colombiana”, controlado por particulares y prescindiendo del transporte ferroviario y fluvial, fundamentales para la proyección económica de países desarrollados y emergentes.

 

Durante años disfrutaron de las mieles de la prosperidad, apalancándose mutuamente en sus proyectos y hoy, cuando llega el momento de un nuevo recambio, cuando su antiguo socio decide adaptar el país a los parámetros impuestos por los Tratados de Libre Comercio y el yunque de las multinacionales, las contradicciones salen a flote, tornándolos en enemigos.

 

Los impactos del paro plantean serios cuestionamientos al proceder del Gobierno en esta crisis, al manejo dado a la coyuntura por parte de los camioneros, sobre los pecados de cada parte y, primordialmente, sobre la arquitectura del transporte en Colombia. La puja está centrada en quién retiene el negocio, quién se lleva o conserva los mejores beneficios, pero poco tiene en cuenta el bien colectivo de millones de connacionles que requieren un sistema de transporte de carga incluyente, eficiente, barato, amable con el ambiente, y con una participación del Estado que vaya más allá de las acciones por liberalizarlo, adaptarlo a su irresponsable vocación de apertura, globalización y favorecimiento al capital.

 

1 Consultar: “Camioneros continúan haciendo alto en el camino” (https://www.desdeabajo.info/colombia/item/29199-camioneros-continuan-haciendo-alto-en-el-camino.html) e “Inmóviles siguen los camiones en las vías del país” (http://desdeabajo.info/colombia/item/29246-inmoviles-siguen-los-camioneros-en-las-vias-del-pais.html)

2 “No podemos volver a la tabla de fletes”: Mincomercio. http://caracol.com.co/programa/2016/07/13/6am_hoy_por_hoy/1468410753_049042.html. 13 de julio de 2016.

3 El reclamo de los camioneros contra la eliminación de la tabla de fletes es por su supervivencia. http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/contexto-colombiano/1573-el-reclamo-de-los-camioneros-contra-la-eliminacion-de-la-tabla-de-fletes-es-por-su-supervivencia.

4 La colombiana, entre las gasolinas más caras del continente. https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/28010-la-colombiana-entre-las-gasolinas-mas-caras-del-continente.html. 20 de febrero del 2016

5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-621/13. http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-621-13.htm

6 Editorial. Vuelve y juega. http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/vuelve-y-juega-editorial-el-tiempo-7-de-julio-de-2016/16638417. 7 de julio del 2016.

7 Comunicado al Gobierno Nacional y a la opinión pública.http://www.andi.com.co/Paginas/Ver_Mas.aspx?CustomID=1103. 9 de julio de 2016

8 Camacol pide a transportadores levantar el paro y dialogar. http://camacol.co/prensa/noticias/camacol-pide-transportadores-levantar-el-paro-y-dialogar. 11 de julio del 2016

9 Gobierno presenta contrapropuesta sobre el tema de fletes, transportadores la rechazan. http://www.rcnradio.com/nacional/gobierno-presenta-contrapropuesta-tema-fletes-transportadores-la-rechazan/. 6 de Julio del 2016

10 Vargas Lleras: bloquear las vías es un delito. http://www.lafm.com.co/nacional/noticias/vargas-lleras-bloquear-las-v%C3%ADa-210207. 7 de julio del 2012.

11 “Esa plata se perdió, ni vía ni prosperidad”: Cecilia Álvarez Correa, la youtuber mayor de 60. http://www.elheraldo.co/politica/esa-plata-se-perdio-ni-ni-prosperidad-cecilia-alvarez-la-youtuber-mayor-de-60-271442. 12 de julio del 2016.

12 Abren investigación contra promotores del paro camionero. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-abrio-investigacion-contra-promotores-del-paro-articulo-642965. 12 de julio del 2016.

13 http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-interior-de-mafia-de-chatarrizacion-articulo-643186. 13 de julio de 2016.

14 En la actualidad el transporte ferroviario en el país se dedica con exclusividad a la minería. Solo en el 2013 el transporte por ferrocarril movilizó 76 millones de toneladas de carga en Colombia (la mayoría de ellas carbón) lo que equivale a un 25 por ciento de la carga total. En este mismo año fueron transportadas 220.3 millones de toneladas de alimentos, productos, mercancías y materias primas por la carreteras, lo que representa un 73 por ciento del total de la carga. La única vía férrea estándar en Colombia es la que existe entre el Cerrejón y Puerto Bolívar, en la Costa Caribe, con una extensión de 150 kilómetros. A través de ella se moviliza carbón sobre un tendido de rieles propiedad de multinacionales que el ejército tiene la obligación de custodiar. Fuente: ¿Por qué se ha quedado en el olvido el transporte ferroviario en Colombia? http://www.dinero.com/economia/articulo/la-evolucion-del-transporte-ferroviario-y-vial-en-colombia/223410. 8 de mayo de 2016.

 

 

 

Publicado enEdición Nº226
II Encuentro Sudamericano  “La economía de los/as trabajadores/as"

 

El II Encuentro Sudamericano “La Economía de los/as trabajadores/as”, por realizarse entre los días 20-22 de octubre próximo, tendrá por sede Montevideo, capital de Uruguay.

 

Los asistentes al Encuentro debaten, como tema principal, los problemas y las potencialidades de lo que se ha denominado “La economía de los/as trabajadores/as”, basada en la autogestión y la defensa de los derechos e intereses de la población que vive de su trabajo, en el marco de las actuales condiciones del capitalismo globalizado.

 

Hasta el momento cinco son los capítulos tenidos por este Encuentro: Buenos Aires (2007 y 2009), Ciudad de México (2011), João Pessoa, Brasil (2013) y Venezuela (2015). En ellos participaron delegaciones de unos 30 países de América, Europa, África y Oceanía.

 

En el año 2014 surgieron los Encuentros regionales, realizados en Europa (en la fábrica recuperada francesa Fralib, Marsella), en América Central y del Norte, así como en América del Sur. En este último caso el encuentro tuvo lugar en la fábrica recuperada Textiles Pigüé, de Argentina.

 

Los ejes del debate han sido las experiencias de autogestión: empresas recuperadas, movimientos cooperativistas de trabajadores, control obrero y cogestión, economía solidaria, economía popular y otras luchas por la auto-organización del trabajo y la autogestión de la economía. Una discusión cada vez más necesaria, en la que los nuevos y viejos problemas de la clase trabajadora, actualizados a estos tiempos de hegemonía neoliberal mundial, deben ser rediscutidos y recreados.


En esta ocasión, se trata de darle continuidad a la experiencia de los encuentros regionales, habiéndose propuesto a Uruguay como anfitrión del Segundo Encuentro Regional Sudamericano. En las semanas siguientes, además, sesionará el Segundo Encuentro Euromediterráneo en la fábrica Vio.Me, en Tesalónica, Grecia, y el Segundo Encuentro de América del Norte, Central y el Caribe en la Ciudad de México.

 

El Encuentro “La economía de los/as Trabajadores/as” se propone como un espacio para contribuir al debate contemporáneo sobre el ideal autogestionario y las prácticas concretas de economía solidaria, sus logros y limitaciones, así como su contribución en la lucha por construir sociedades más justas y sostenibles, en el contexto suramericano, en el cual se deben coordinar y articular las luchas de los trabajadores para resistir a las transformaciones regresivas y consolidar los pocos avances democráticos logrados con enorme esfuerzo durante los últimos años.

 

Comité organizador regional Colombia: Copran (Corporación Proyección Andina) y Red de Cooperativas.


Mayor información en: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Facultad de Ciencias Sociales/ Departamento de Sociología Of 519/ Martínez Trueba 1502/11200 Montevideo, Uruguay.

 


 

Ejes temáticos y metodología

 

1) Re-estructuración económica, ciclos de lucha y horizontes utópicos para la autogestión y el cooperativismo en el actual contexto político latinoamericano.
2) Estados latinoamericanos y políticas públicas para la economía de los/las trabajadores/as.
3) Los desafíos para el sindicalismo y la organización de los trabajadores en la defensa de sus derechos y la construcción de plataformas comunes.
4) Autogestión en tensión: contradicciones y desafíos. Formación y autodesarrollo, producción y economía de la intermediación, innovación sociotécnica, producción y reproducción para la vida, la organización democrática.
5) Precarización e informalización del trabajo: ¿exclusión, inclusión o reformulación de las formas del trabajo en el capitalismo global?

A lo largo de los diferentes encuentros internacionales y regionales, se ha desarrollado una metodología de debate y coordinación organizada en diferentes instancias que tienen la finalidad de facilitar la participación y la discusión profunda de los ejes arriba detallados. Estos ejes tienen el objetivo de organizar el debate pero no limitan las posibilidades a los temas estrictamente explicitados. Las distintas instancias de discusión son: mesas con expositores seleccionados por el comité organizador local e internacional; mesas de trabajo con ponencias y distintos insumos y aportes para el abordaje de temas especiales; y comisiones de trabajo. Además, se contará también con algunos espacios de actividades culturales para fomentar el intercambio de manera menos estructurada..

Presentación de resúmenes y propuestas audiovisuales: hasta el 15 de setiembre de 2016.

 

Publicado enEdición Nº226
Domingo, 01 Mayo 2016 07:10

Una vez más Primero de mayo

Una vez más Primero de mayo

Durante la Segunda Internacional, celebrada en París en 1889, se decide establecer esta fecha para celebrar el día en que los trabajadores debían demandar sus derechos en recuerdo de los llamados “mártires” de Chicago, obreros anarquistas norteamericanos ejecutados por haber iniciado una huelga ese día de 1886 para reclamar la jornada laboral de ocho horas.

Todavía hoy, como siempre, siguen siendo tiempos de resistencias. En cualquier lugar. Por ejemplo, la resistencia de las compañeras y compañeros de Argentina en su lucha contra las arbitrarias decisiones de su presidente; la de la gente que en Brasil combate por evitar la caída de la democracia por motivos supuestamente “democráticos”; de las personas que en Europa pelean contra la violación de derechos y de la legalidad internacional frente a la inmigración. Por todas y todos los que, en cualquier parte del mundo, continúan defendiendo la vida digna, la justicia social y los derechos civiles, políticos, sociales y culturales.

El 1º de mayo de 2016 las organizaciones sindicales en España se movilizarán “Contra la pobreza salarial y social. Trabajo y derechos”. Bien. Pero aprovechemos para demandar primero lo último, lo más básico: DERECHOS. El trabajo es uno de ellos. Antes necesitamos el derecho a vivir en paz y con dignidad. A que nos escuchen y no nos quieran dar limosnas sin haber oído las demandas. No queremos favores que luego nos cobran, queremos DERECHOS.

En Colombia, las centrales sindicales dicen “Vamos a la movilización”, exigiendo al Gobierno trabajo decente y que cumpla los quince puntos de la propuesta que le entregaron el pasado 17 de marzo y entre las que se encuentran: un aumento general de salarios, frenar la venta del patrimonio público, fortalecer la salud y educación, restablecer la mejora salarial cuando se labore por las noches, en domingos o en festivos o cumplir los acuerdos con las personas pensionadas.

También que derogue el Decreto 583 de 8 de abril por el que se legaliza la tercerización laboral en cualquier clase de empresa pública o privada.
Frente a todas las injusticias tenemos el derecho a resistir, a mantenernos firmes contra los embates de esta sociedad neocapitalista y neocolonizadora que nos hunde en las profundidades de las ignorancias y en el consumismo sinsentido haciéndonos creer que somos libres.

También por las luchas silenciosas o acalladas, que las hay y muchas, que los medios no dicen. Tal vez porque no forman parte del “espectáculo” mediático.
Por estos días está bajo amenaza de cierre el periódico francés L´Humanité, un clásico de los medios que necesitamos que subsista y que no siga el camino de L´Unita, otro histórico tristemente desaparecido. Porque, sean cuales sean nuestras utopías, necesitamos de los medios, de la información y sobre todo de la comunicación. Es otro derecho inalienable, para todas y todos.

Hace ciento doce años, el 18 de abril de 1904, ese diario galo decía en su primer editorial: “No hay necesidad de mentiras, ni medias mentiras, ni de informaciones tendenciosas, ni de noticias forzadas o truncadas, ni de procedimientos retorcidos o calumniosos. No se necesita reducir o rebajar injustamente a los adversarios. Tampoco hay necesidad de mutilar los hechos”.

Por eso creo necesario recordar que tenemos la palabra y recuperar “Una carta por la palabra”, otra entrada del viejo pateras al Sur que también fue publicada en la Tribuna del sindicato CCOO, y dedicársela a todas y a todos los que seguimos resistiendo. Porque no se trata de ser resilientes, sino resistentes.

sábado 15 de septiembre de 2012

“En España, como en Grecia, la cuna de la civilización, quieren acabar con todo”

Una carta por la palabra

Ciudadanas y ciudadanos, escribo, tal vez, con la libertad que da la distancia. Con la tranquilidad y el punto de vista que te imprime ser “extranjero”. Escribo, porque me queda la palabra. Escribo como sociólogo, como comunicador, como periodista. Escribo como empleado público, como funcionario, como sindicalista. Escribo, en fin, como persona y como ciudadano. Escribo porque, todavía, me queda la palabra.

En España, como en Grecia, la cuna de la civilización, quieren acabar con todo. Sí, y lo malo es que llevan camino de conseguirlo. Recortes sociales; privatizaciones de servicios públicos; falta de presupuestos para instituciones y organismos públicos, ya sean educativos, sanitarios, judiciales, de investigación, de ayuda a personas dependientes,... ¿Por qué? ¿Para salir de la crisis? ¿Para reducir el desempleo? ¿Para mejorar la competitividad? La respuesta es la palabra NO. No, no y no.

Todo lo que dicen es mentira. Sus medidas buscan empobrecer socialmente el país; perjudicar más a los desfavorecidos; recortar derechos a minorías, mujeres e inmigrantes, y arrasar con más de treinta años de luchas democráticas por los derechos laborales.

Persiguen allanar el camino al capital, a la especulación y a la explotación. Están acabando con la democracia. Pero, nos queda la palabra.

Con sus políticas están destrozando los logros sociales de ese sueño, que no se llegó a realizar del todo, que era el Estado de bienestar. Crean la sensación de que todo lo público es malo, que no funciona, que es costoso y que cerrarlo contribuye a mejorar la situación económica y a cumplir con Bruselas. Más mentiras.

Lo que hacen es armarse de falsos argumentos para tener justificación para privatizarlo todo. No nos arruinan económicamente porque nunca hemos tenido patrimonio monetario, como esos que atesoran nuestros políticos y políticas. Pero tenemos un patrimonio moral, tenemos valores,... y nos queda la palabra.

Y no nos van a callar. Aunque nos dejen desnudos, “como a los hijos de la mar”, aunque descabecen sindicatos y sindicalistas a golpe de “reales decretos”. Desde donde estemos, o a donde nos manden, aunque seamos “cuatro gatos”, pese a que no contemos nada para los poderes. Gritaremos alto y claro. Porque nos queda la palabra.

El sábado 15 de septiembre habrá una manifestación multitudinaria, esperemos. Que probablemente, pensarán muchos, no servirá para nada. Pues sí, es posible que así sea porque “ellos” tienen la sartén por el mango. Tienen el poder económico y tienen el poder político, lo poco que les queda de ambos sin vender a los mercados. Pero no importa, hay que movilizarse y luchar para que vean que estamos hartos y dispuestos a enfrentarnos.

Porque la ciudadanía española sí quiere hacer política, verdadera política de luchar por el bien común de las mayorías. Porque nos queda la palabra.

En 1947, Camus escribió que “No hay, quizá, ningún régimen político bueno, pero la democracia es, con toda seguridad, el menos malo. La democracia no puede separarse de la noción de partido, pero la noción de partido puede muy bien existir sin la democracia.

Esto ocurre cuando un partido o un grupo de hombres (añadamos y de mujeres) cree poseer la verdad absoluta. Por eso, el Parlamento y los diputados necesitan hoy una cura de modestia”.

Y continuaba diciendo “demócrata, en definitiva, es aquel que admite que el adversario puede tener razón, que le permite, por consiguiente, poder expresarse y acepta reflexionar sobre sus argumentos. Cuando los partidos o los hombres están demasiado persuadidos de sus razones como para cerrar la boca de sus oponentes por la violencia (en este caso la legislativa y ejecutiva), la democracia deja de existir”.

En ese mismo texto señalaba que “las civilizaciones no se forjan a reglazos en los dedos, sino con la confrontación de las ideas, con la sangre del espíritu y con el dolor y el coraje”. Y con la palabra.

Pues señoras y señores, el Gobierno español, y sus diputados, senadores y seguidores varios, se cree en poder de la verdad absoluta, no sabe lo que es la democracia y quiere plantar su civilización a base de “reglazos” en los dedos y en la cabeza de toda la ciudadanía. Pero, no tienen el poder de la palabra.

Termino mis citas del gran pensador francés, premio Nobel de Literatura en 1957, con esta otra: “La verdadera desesperanza no nace ante una obstinada adversidad, ni en el agotamiento de una lucha desigual. Proviene de que no sabemos ya nuestras razones para luchar o, precisamente, si debemos luchar”.

Sabemos nuestras razones y sabemos que sí tenemos por qué luchar. Creemos en la democracia, aunque sea mala. Así que debemos seguir esperanzados, convencidos de nuestros ideales y de nuestros motivos, que son los de la mayoría aunque “ellas y ellos” no lo quieran ver. Y creo, como decía el maestro Freire, que “no hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza“. Nosotras y nosotros tenemos la palabra.

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Lunes, 04 Abril 2016 07:40

Lo posible

Bernie y Jane Sanders fueron recibidos por el artista René Pérez.

¿Qué? ¿18 mil en el sur del Bronx? Estoy empezando a pensar por primera vez que es posible, tal vez no probable, pero sí posible que Bernie lo logre, me cuenta un estratega sindical nacional en Washington, veterano de incontables luchas y de muchas derrotas contra una cúpula política y económica bipartidista que le dejaron a él, y millones más, un profundo escepticismo de que algo de verdad pueda cambiar en este país.

 

Bernie Sanders vino al sur del Bronx, uno de los rincones más pobres del país, a ofrecer su invitación a lo que llama una revolución política, a declarar que ya basta (enough is enough) y a enviar el mensaje de que la clase multimillonaria no debe, y no puede tenerlo todo.

 

Ahí lo presentaron la actriz Rosario Dawson, el cineasta Spike Lee y Residente, de Calle 13; cada uno ofreció razones por las cuales él es el único político que representa un cambio real tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Residente subrayó que votar por él es votar por un cambio de la relación estadunidense con Puerto Rico y con toda América Latina, para poner fin a las intervenciones, el apoyo a las dictaduras, y a nombre de los que luchan y lucharon por un cambio, y destacó que votar por Clinton y su amigo Kissinger es insultar la memoria de los miles de muertos, desaparecidos y torturados en toda América Latina por las políticas impulsadas por ese señor.

 

Con marcado acento de Brooklyn, donde nació de un padre inmigrante polaco judío que llegó sin un centavo a este país a los 17 años, Sanders condena la avaricia de Wall Street, la corrupción del sistema electoral y político, y el robo del futuro de los jóvenes y los trabajadores de este país. Para tener una idea del contenido y el sabor de este acto, consultar.

 

En gran medida, lo que ofrece Sanders es poner fin a lo que han sido casi cuatro décadas de políticas neoliberales aplicadas por ambos partidos dentro del país más poderoso del mundo.


Y su mensaje ha hecho temblar a la aristocracia estadunidense, incluida su contrincante Hillary Clinton, la reina del Partido Demócrata, y ha resucitado el eco de largas luchas por la igualdad, por los derechos civiles, por los derechos de los trabajadores y los inmigrantes.

 

Tal vez lo más notable es que un político veterano de 74 años –el más viejo de todos los precandidatos– se ha vuelto la voz de los jóvenes en esta elección. Muchos señalan que el mensaje de Clinton es que ella es la de mayor experiencia para lograr los cambios dentro del sistema político, pero que ellos desean un cambio del sistema político y por eso están con Sanders.

 

Ha sido descartado –por los medios, por los expertos, por las cúpulas– como opción real desde que lanzó su campaña el año pasado. Eso persiste, y cada semana la narrativa oficial es que no podrá superar la ventaja en delegados, apoyo institucional y dinero de la que goza Hillary Clinton. Pero una y otra vez sorprende a su contrincante, a la cúpula del partido, a los grandes medios y a los que se proclaman expertos.

 

Orgullosamente ha rechazado establecer los Comités de Acción Política (PAC) mediante los cuales todos los candidatos canalizan donaciones de sectores de las cúpulas para sus campañas, y sin ningún respaldo de multimillonarios y empresas o de fortunas personales, Sanders optó por invitar sólo contribuciones de la gente. Con ello, el mes pasado recaudó 44 millones de dólares. Desde que arrancó su campaña ha recibido más de 6 millones en contribuciones individuales directas a la campaña, de más de 2 millones de personas, cada una de un promedio de 27 dólares en contribuciones directas. Es un récord histórico.

 

El margen de ventaja de Clinton aún es muy amplio, pero los expertos han tenido que admitir que la campaña de Sanders está lejos de ser derrotada y tiene suficientes fondos para mantenerse hasta la convención nacional del partido en julio.

 

Después del desencanto con Obama (quien había despertado algunas de las mismas expectativas que Sanders), después de la anulación de millones de futuros por la crisis económica más salvaje y brutal desde la gran depresión, después de años de vivir con las políticas del temor y la guerra posterior al 11-S, surgieron nuevas expresiones sociales que condenaban la extrema desigualdad económica, la devastación ecológica y las políticas de control y represión. Fueron los primeros llamados de algo nuevo que se salió de los canales establecidos para gritar un gran ya basta contra el establishment político, entre ellos Ocupa Wall Street en 2011, y Black Lives Matter en 2013. Una parte de ambos desemboca en la campaña de Sanders.

 

Mientras tanto, sigue sorprendiendo, y mucho, que no sólo millones ya no le temen a la palabra socialista en este país que se distinguió como enemigo de todo lo rojo, sino que se identifican de alguna manera con ese concepto.


Tal vez lo más curioso es cuando uno se topa con aquellos que se consideran progresistas tanto dentro como fuera de este país y reconocen con agrado, pero a la vez descartan, el fenómeno Sanders. Mientras sus opositores en el poder se preocupan, y mucho, partes de lo que deberían ser sus aliados sospechan de sí mismos, como que, ya cansados y hartos de desilusiones, no se atreven a creer que se pueda romper el monopolio político, económico y hasta social de las cúpulas. Más fácil fascinarse con la derecha, con el enemigo, en este caso tan exquisitamente representado por alguien como Donald Trump. Tanto aquí como en México y otros países se sabe, se opina, se comenta mucho más sobre Trump que de alguien que se atreve a proclamarse socialista democrático, y que tiene mucho más apoyo real, en números absolutos, que Trump en este país.


Lo más sorprendente de esta elección no es Trump, ni la derecha, sino la inesperada fuerza de una izquierda que se atreve a enfrentar al uno por ciento y sus títeres en Estados Unidos.

 

Que alguien, que algunos, que millones de repente se pregunten ¿será posible? ya es un milagro en este país.

 

 

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Estado de la negociación colectiva en Colombia

Este 2016 se deberán negociar 270 convenciones colectivas de trabajo que terminan su período de vigencia en el sector privado, además de unas 300 que se negociará entre el Estado y los sindicatos del sector público a nivel territorial y en algunas entidades del Estado.

Es de recordar que la negociación colectiva de las condiciones de trabajo y empleo es parte del Diálogo Social que la OIT define como uno de los indicadores más claros para medir el grado de desarrollo y madurez de una democracia, en tanto indica cuál es la capacidad de la sociedad para resolver de modo civilizado e integrador sus conflictos, entre ellos los laborales, y el grado de legitimidad que tienen las políticas públicas en materia económica y social. La OIT ha señalado, que “las políticas formuladas por medio del diálogo social son más legítimas, porque los actores sociales participan en los procesos decisorios y sus puntos de vista se reflejan en los resultados. Al participar en la elaboración de estas políticas por medio del diálogo social, los actores sociales las acaban sintiendo como propias y las aceptan más fácilmente”.

En Colombia la cultura del Diálogo Social es todavía incipiente, como lo reflejan los altísimos niveles de violencia que aún tenemos y la exclusión social de una tercera parte de la población; violencia como expresión del desconocimiento de la legitimidad del “otro” y por tanto de su exclusión en los procesos de toma de decisión; exclusión social como expresión de políticas sociales y económicas que sólo consultan los intereses de los sectores que controlan el poder económico y político.

En el terreno de las relaciones laborales, la cultura del Diálogos Social se concreta en la existencia de 3.943 convenios y acuerdos colectivos de trabajo , entre ellos 608 en la administración pública, de los cuales se benefician cerca de 1´600.000 trabajadores. Si cruzamos estos datos con las empresas afiliadas al sistema de riesgos laborales y con el número de trabajadores dependientes (asalariados), la cobertura es apenas del 0.33% de las empresas y del 14.7% de los trabajadores, (o apenas el 7.1% si tomamos la población ocupada total).

Como se ve, se trata de una expresión de la cultura democrática de un país que en las relaciones laborales es prácticamente marginal, fenómeno que tiene una enorme incidencia en la calidad del empleo y en la distribución del ingreso.

Así que la negociación colectiva que se va a desarrollar este año le impone retos al país y al sindicalismo para que se desarrollen, amplíen y se fortalezcan procesos de negociación que signifiquen avances en la construcción de un país más democrático e incluyente, situando el Diálogo Social como la estrategia más efectiva para lograr estos objetivos; estrategia más necesaria aun cuando estamos ad portas de resolver uno de los conflictos armados más violentos, dolorosos y destructivos que nos ha tocado.

Cultura antisindical y restricciones a la libertad sindical

Nada más urgente que aprovechar esta coyuntura para acabar de una vez por todas con esa otra guerra que una buena parte de los empleadores de Colombia les han declarado a los sindicatos; empleadores que todavía consideran que los trabajadores no son sujetos de derechos, que una vez que son contratados dejan de ser ciudadanos y deben limitarse únicamente a cumplir órdenes.

Es lo que sucede en relación con los derechos de organización sindical y de negociación colectiva, ambos consagrados en nuestra constitución política, que son además parte de los tratados internacionales que el país ha firmado en materia de derechos humanos; los cuales permiten a los trabajadores tener voz propia y autonomía en las relaciones laborales, e incidir en la determinación de sus condiciones de trabajo y empleo, a fin de que éstas no sean definidas de manera unilateral por los empleadores, y para minimizar sus arbitrariedades en lo posible.

Crear un sindicato en Colombia y luego negociar un pliego de peticiones, son actividades que encuentran feroz oposición por parte de la mayoría de los empleadores, y que a cientos de trabajadores les cuesta su empleo todos los años. Es la razón que explica, entre otras, la baja tasa de sindicalización que tenemos.

No sólo la baja tasa de sindicalización existente en Colombia explica la escasa cobertura de la negociación colectiva. También la explican las restricciones legales que existen para negociaciones a un nivel distinto al de las empresas, un tema que recientemente fue advertido por la OCDE, pero que desde el sindicalismo lo hemos señalado desde siempre.

En efecto, con la excepción de la negociación marco nacional que se hace en el Estado entre el gobierno y las centrales y federaciones sindicales de los empleados públicos, con aplicación a todos los trabajadores del Estado, independiente de si están sindicalizados o no, y del acuerdo sectorial que igualmente negocia el Ministerio de Educación con FECODE y los sindicatos de los profesores de las universidades públicas , el cual también tiene aplicación sectorial, las demás negociaciones se aplican únicamente a nivel de empresa y sólo a los trabajadores implicados: a los sindicalizados, cuando el sindicato es minoritario, o a todos, cuando es mayoritario.

Esta restricción tiene un efecto perverso en los niveles salariales y en la distribución del ingreso, pues los trabajadores de las empresas con sindicatos fuertes y con negociación colectiva, tienen por lo general mejores salarios y prestaciones sociales, más estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo, beneficios que no tiene la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país que no están organizados sindicalmente.

Este fenómeno se ve, por ejemplo, en la cerca que está el salario mínimo ($644.350 en 2015) del ingreso medio de los colombianos asalariados ($670.194) una cercanía que es resultado de ausencia de procesos reales de negociación que le permita a los trabajadores incidir colectivamente en la determinación de las remuneraciones, incluyendo los incrementos salariales anuales. Como en la mayoría de empresas no existen sindicatos, o los éstos son minoritarios y carecen de capacidad de incidencia en las políticas de relaciones laborales, las empresas imponen unilateralmente los salarios y los incrementos salariales, imponiendo intereses de corto plazo con el resultado que indicamos.

Modernizar y racionalizar la gestión de los sindicatos

Esta restricción legal podría ser remediada, en parte, con un trabajo sindical más racional y sistemático. Por ejemplo: con el desarrollo de una estrategia de unificación de los sindicatos en grandes sindicatos de rama, que permita unificar a los trabajadores, articular sus procesos de negociación y promover negociaciones a nivel sectorial o de rama, para fijar en este nivel condiciones mínimas de trabajo y empleo, una iniciativa que en ningún sentido excluye la negociación por empresa sino que la complementa y la hace extensiva a todos los trabajadores de un mismo sector, independiente de si están o no organizados en sindicatos.

En Colombia la mayoría de los sindicatos son de empresa o de gremio, un hecho que desde la perspectiva de la patronal se ajusta al viejo precepto maquiavélico de “divide y reinarás”. Sin embargo, una estrategia como esta choca con la resistencia de muchas direcciones sindicales, que perciben que una mayor centralización de los sindicatos significaría para ellos pérdida de poder en sus respectivos ámbitos, y pérdida de control sobre recursos y patrimonios. Una alternativa a esta centralización es la que nos muestra FECODE, en la que los sindicatos gremiales regionales no desaparecen, pero están fuertemente integrados a la federación, transfiriéndole a ésta los recursos y el poder necesario para hacer eficaz la unidad sindical.

Por otra parte, es necesario que los sindicatos de industria funcionen efectivamente como tales, no como las débiles federaciones que en la práctica son, pues, como lo muestra cualquier análisis de su dinámica en la negociación colectiva, esta se asume en todos sus procesos como si se tratara de sindicatos de empresa. Por ejemplo: ninguno de los sindicatos de industria existentes cuenta con una estructura especializada que se ocupe de la negociación colectiva, que investigue los problemas y condiciones de trabajo en todas las empresas y en los diversos lugares de trabajo, temas que deberán ser el insumo principal en la elaboración de los pliegos; una estructura que apoye la negociación con estudios sectoriales y de las empresas que conforman el sector, y con las cuales se va a negociar; que estudie la estructura de costos sectorial y de cada una de las empresas, para determinar cuál es el impacto de los costos laborales; que impulse la coordinación de la presentación de los pliegos de peticiones; que promueva la afiliación sindical más allá de las empresas donde se cuenta con afiliados; que promueva la adopción de pliegos únicos sectoriales; y que desarrolle un fuerte estrategia de comunicaciones para visibilizar la problemáticas de los trabajadores, la razonabilidad de los pliegos y las posibilidades que tienen las empresas para resolver los problemas de los trabajadores.

Adicionalmente, es necesario que este tipo de sindicatos promueva una estructura organizativa que permita la representación sindical en los diversos lugares de trabajo, pues las actuales estructuras son muy verticales y demasiado centralizadas, por lo que corren el riesgo de perder el contacto y la comunicación permanente con las bases. Y éstas se ven abocadas a que sus problemáticas específicas no sean visibilizadas y reivindicadas de manera efectiva .

Esta coyuntura es la ocasión para que las centrales sindicales se decidan de manera efectiva a la construcción de una política para la negociación colectiva. La queja de los sindicatos es que en estos procesos las centrales no aparecen, o su aporte es muy marginal y coyuntural.

En este sentido, el reto de las centrales es el de desarrollar una política que fortalezca la capacidad negociadoras de los sindicatos: primero, con el desarrollo de procesos de formación en negociación colectiva, un contenido que debería figurar de manera permanente en la agenda de educación de los sindicatos; segundo, disponiendo de estructuras especializadas para acompañar todo el proceso de la negociación colectiva a nivel nacional, desde su preparación, para eliminar la improvisación y falta de rigor que caracteriza mucha de la cultura de la negociación por parte de los sindicatos, pasando por las orientaciones generales que se relacionan con la coyuntura macroeconómica y con las problemáticas más relevantes de los trabajadores a nivel general; tercero, promoviendo la coordinación y articulación de las diversas negociaciones a nivel local, regional, nacional y sectorial, con los sindicatos de industria y federaciones implicadas; y cuarto, apoyando a los sindicatos en sus estrategias de comunicación y promoviendo el apoyo y la solidaridad de todos los sindicatos del país, e incidiendo en el Ministerio del Trabajo y en otros espacios del gobierno, para que los diversos conflictos tengan la atención oportuna y se puedan resolver de la manera más efectiva y adecuada.

Publicado 22 de febrero de 2016.

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Jueves, 26 Noviembre 2015 11:31

De nuevo les esculcan la chequera

De nuevo les esculcan la chequera

infatigables en la actividad codiciosa

de sus largos dedos astutos
Jorge Zalamea1

 

Las Cajas de Compensación Familiar (ccf), un complemento social y solidario del mundo del trabajo integrado a la economía nacional y la relación patrón-trabajador en los años 40 del siglo XX, que en la actualidad suman 43 instituciones que administran más de 4.8 billones de pesos correspondientes al aporte del 4 por ciento sobre la nómina que cancelan cerca de 539.000 empleadores por la afiliación de 8,2 millones de sus trabajadores, están en el ojo del huracán2. Por un lado los patrones piden desmontar sus aportes, con las cuales estas sobreviven, y por el otro el Gobierno, afanado de ingresos, pretende que paguen impuesto de renta y complementarios.

 

Las opiniones y la confrontación de intereses gana espacio. Las ccf, el Gobierno Nacional, las Centrales Obreras y la opinión periodística, debaten este año sobre el destino del Sistema de Compensación Familiar (scf). Acotar los roles de las Cajas, centralizar e integrar el sistema, fiscalizar recursos desmontando parafiscales, ampliar la cobertura de la prestación de servicios y cambiar el modelo financiero de la compensación familiar, parecen ser los puntos críticos al respecto.

 

¿Qué dicen estos distintos actores?

 

La Comisión de Expertos ad honorem creada por la ley 1739 de 2014 propuso en agosto de este año que las Cajas pasen a ser contribuyentes del impuesto sobre la renta e impuestos complementarios, de conformidad con las normas aplicables a las sociedades limitadas y bajo control de la Dian3. Sin embargo, y según la propuesta de la Comisión, las actividades y programas financiados con el subsidio familiar, estarían exentas del impuesto. De esta manera ha quedado expreso en el Informe de la Comisión sobre la reforma al Régimen Tributario Especial para asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin áimo de lucro y que fue entregado al Ministro de Hacienda el 25 de agosto de este año. Faltan aún, sin embargo, las recomendaciones de la Ocde sobre la materia, las que el Gobierno espera para definir en todos sus matices su actuación final.

 

Por ello es que la coyuntura resulta de alto interés para las ccf, pues hoy, exentas de ciertos pagos, perciben ingresos por cerca de 12 billones de pesos anuales derivados no solo del aporte del 4 por ciento, sino de las demás actividades que desarrollan, tales como el mercadeo o la intermediación financiera que les permite la legislación a lo largo de la última década.

 

Desde octubre del año pasado, y luego de un largo debate público sobre el asunto sostenido en los años previos, el gobierno nacional en cabeza de los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, plantearon a las Cajas un pacto para focalizar sus actividades y servir al Estado en la financiación y ejecución de la política social. Pareciera que la reorientación de este Gobierno para el SCF no pretende su extinción para pronto, pero sí les metera la mano, debilitándolas y contribuyendo a desmejorar sus servicios. Así pareciera indicarlo el lánguido cauce de la economía nacional.

 

Por el empresariado, tanto la Anif como Fedesarrollo se han manifestado de manera reiterada en contra del pago de ese 4 por ciento (parafiscalidad) para la compensación familiar. Su argumento, igual al sustentado cuando lograron que el día fuera extendido hasta las 10 de la noche, ahorrándose así 4 horas de trabajo nocturno, es que tal pago les dificulta la creación de un mayor número de puestos de trabajo. Lo cierto es que a pesar de todos los beneficios que cada vez les dan, la cotidianidad del mundo del trabajo, y de la injusticia social en Colombia prosigue igual o, por lo menos, sin mejora franca.

 

Por su parte Asocajas, durante su XXVII Congreso realizado a finales de octubre del año en curso, expuso la necesidad de una reforma orientada hacia una mayor integración de las Cajas, a la ampliación de la cobertura para los trabajadores del campo, a la formación de capital humano a través de la educación y a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Horizontes comunes, estos, que camuflan el carácter salarial de las prestaciones sociales y del aporte del 4 por ciento destinado a la compensación familiar, y que no tocan cuestiones profundas como la participación de los trabajadores en la dirección y administración del sistema y de las cajas mismas.

 

También las centrales sindicales y los trabajadores se han manifestado en defensa de los aportes a las Cajas. Desde su VI Congreso, efectuado en septiembre de 2014, la CUT tomó parte activa en la discusión en contra de la transformación de las ccf en entidades de rentabilidad económica, rechazando los recortes de los recursos o su redireccionamiento hacia la financiación de funciones, cargas y responsabilidades sociales del Estado, pues éste debe atender tales necesidades sin deteriorar el Sistema de Compensación Familiar.

 

Justamente, durante el último año, el sindicato de Comfama (Asotraconfama) y la CUT, han insistido en esta discusión nacional. En una publicación de septiembre de 2014 titulada "2 ensayos sobre el Sistema de Compensación Familiar en Colombia", el sindicato propuso crear un fondo común para las Cajas con recursos provenientes o bien del Fondo de Regalías Mineras y Energéticas, o bien de las utilidades de la banca. El sindicato considera, igualmente, que ese fondo puede ser provisto con recursos provenientes de la tributación a las empresas que explotan y prestación servicios públicos, como también con un porcentaje del valor producido por la explotación del espectro electromagnético o de los ahorros de la guerra que anuncia obtener el Gobierno con el proceso de paz. A ello se suma la propuesta de Asocajas para utilizar recursos de impuestos como el Cree (impuesto sobre la renta para la equidad) en la financiación de las cargas prestacionales y las obligaciones que el Estado viene tercerizandoles a las Cajas.

 

Así mismo, y en un proceso de varios años, los legisladores han reformando parcialmente el Sistema. Por ejemplo, la ley 789 de 2002, en su artículo 16, amplía los servicios que pueden prestar las Cajas hacia actividades de intermediación financiera, de mercadeo, e inversión regulada en fondos de riesgo. También la ley 100 de 1993 les asigna funciones para la prestación de servicios de salud. La ley 920 de 2004 también las autoriza para adelantar actividades financieras. Todas estas normas permiten la utilización de los recursos del subsidio familiar en áreas de servicios que o son responsabilidad del Estado central o sirven a los flujos del capital financiero. En tales autorizaciones fluye un tufillo hacia el desmonte de la parafiscalidad. Habría que añadir a ello que esta tendencia no busca acabar con las prestaciones sociales sino fiscalizar sus recursos haciéndoles exacción a favor del Estado para el financiamiento y la ejecución de su política social.

 

Por su parte, las altas Cortes reconocen, del subsidio familiar, su carácter de prestación social en beneficio de los trabajadores, su naturaleza en tanto prestación para la seguridad social del país, su accionar como mecanismo de redistribución del ingreso nacional y su correspondencia con el postulado esencial de la democracia participativa del Estado. Pero no así su naturaleza salarial, que es posible notar si se comprende la relación compleja del trabajo como productor de la riqueza social. La jurisprudencia sobre el subsidio familiar conlleva a cierta ambigüedad, ya que su naturaleza, como derecho fundamental, está restringido a situaciones de vulnerabilidad como la vejez, la niñez, o aquellas en que haya riesgo inminente sobre el mínimo vital del beneficiario.


Debate y pugan que ya llega a otros escenarios, como el informativo y periodístico, donde tratan de demostrar que el sistema está viciado y deformado por la corrupción –por lo cual lo mejor sería acabarlo–. Para ello denuncian el uso indebido de dineros públicos en 7 Cajas, supuesto síntoma de un capitalismo compinchero4.

 

Pero el seguimiento mediático también enfoca la crónica mercantil de sus ventas y alianzas, dejando de lado y sin reflexión el modelo de compensación solidaria –entre trabajadores y empresarios– que le dio origen al sistema, así como su pertinencia actual, más aún en una sociedad marcada por la concentración de la riqueza y el ahondamiento de la brecha social.

 

¿Qué implicaciones hay en todo esto?

 

De concretarse la pretensión oficial, las clases medias, una vez más, estarían pagando la crisis económica de los próximos años. Con afán impositivo, ante la disminución en las exportaciones, el encarecimiento del dólar, el aumento del desempleo y del subempleo, más el panorama de recesión mundial, el Gobierno, con claro sentido de clase, no hecha mano de los más ricos sino que acude, por un lado, a la austeridad fiscal y, por el otro, a sancionar con más impuestos a los trabajadores formales.

 

Pero no solo las clases medias pagan. La totalidad de trabajadores ya lo hacen y para el Gobierno está bien que continúe de esta manera. Así lo indica la nueva ley de primer empleo que propone eliminar los aportes del 4 por ciento a empresas que contraten jóvenes sin experiencia. Es claro, mientras la pirámide poblacional presiona a la ampliación del empleo, las políticas económicas la encausan hacia una mayor flexibilización laboral y a una más intensa explotación de la mano de obra.

 

Los riesgos para los trabajadores en la actual coyuntura son múltiples, pero aún resulta incierto el porvenir. Es cierto que el sistema merece una reforma para lograr mayor integración y que las prestaciones sociales deben encaminarse hacia la universalidad. Pero integrarse a qué y universalizarlas cómo, no son cuestiones fáciles de asumir, pues está de por medio el aporte del 4 por ciento y la participación de los trabajadores en la dirección del sistema y de las Cajas mismas.

 

Para completar esta disputa que afecta directamente a los trabajadores, y en un sentido contrario a la participación democrática, algunas Cajas promueven políticas antisindicales5, lo que debilita aún más el llamado y ráquitico pacto social.

 

La tarea es para los trabajadores

 

En una situación así, la controversia ha de considerar la naturaleza del aporte del 4 por ciento, la capitalización social de este régimen parafiscal sui generis, el carácter de pacto entre clases que reviste el aporte, su razón como empresas sociales que tienen las ccf, su democracia interna, la participación de los trabajadores en la dirección del sistema, la participación de la sociedad en este debate, las condiciones económicas de los trabajadores formales e informales en la perspectiva del trabajo decente, la actual crisis fiscal y económica, la crisis de las políticas neoliberales en el mundo contemporáneo y las desigualdades de género, entre otras muchas.

 

La tarea es enorme para los trabajadores, pues por parte de quienes han venido desmontando la parafiscalidad, hay ya argumentación y medios a su favor. Es necesaria una ofensiva sindical que se arisque por el fortalecimiento de los sindicatos relacionándose con ligas de usuarios, integrando a las familias a su activididad cotidiana y buscando el contacto con ese mayoritario mundo del trabajo no integrado de manera formal al sistema, combinado todo ello con una estrategia jurídica que permita proteger la naturaleza parafiscal y prestacional del aporte del 4 por ciento.

 

Esto es parte del reto, pero también debe buscarse la manera de ampliar y reformular los mecanismos de participación de los trabajadores en las políticas del scf y promover el debate en la sociedad sobre el futuro de las ccf, del subsidio familiar, del scf, de la seguridad social y la política social colombiana. Es necesaria, incluso, una comprensión transitoria entre clases que establezca horizontes comunes como la universalización de la seguridad social pero fortaleciendo la economía solidaria, pues tanto el aporte del 4 por ciento sobre la nómina como el capital acumulado por las Cajas, hacen parte del valor generado por el esfuerzo diario de los trabajadores a lo largo de los últimos 70 años de historia nacional.

 



1 Zalamea, Jorge; "El sueño de las escalinatas".
2 Los recursos manejados por las Cajas están destinados para cerca de 10 millones de beneficiarios, entregados a través del subsidio familiar. Estos recursos pueden ser pagados en servicios, en especie o en dinero según la ley 21 de 1982, considerada como la ley orgánica de la compensación familiar. De ese 4 por ciento, 1,5 billones anuales (30,94%) son destinados al pago de 4,9 millones de cuotas monetarias cada mes, 534 mil millones a más de 41.000 subsidios de vivienda, 1,2 billones (25,19%) a servicios sociales, 410 mil millones (8,59%) para su administración y control y 1,15 billones (24,08%) para los distintos fondos que la legislación establece.
3 Ver: https://comisionreformatributaria.files.wordpress.com/2015/09/segundo-informe-comisic3b3n-expertos-equidad-y-competitividad-tributaria-final.pdf
4 Así ha sido calificadas por Salomón Kalmanovitz en una columna del 2 de septiembre de 2012 publicada en el diario El Espectador.
5 Pueden indicarse casos como el despido de 22 fundadores del sindicato de Colsubsidio –Sintracolsubsidio– en abril de 2011, o el despido sin justa causa de Gloria Stella Pabón quien se desempeñó como auxiliar de ama de llaves en Colsubsidio Paipa (Boyacá), quien participó en la fundación de Sintracolsubsidio y fue despedida el mismo día en que la empresa fue notificada de la creación del sindicato. También la táctica del director de Comfamiliar Huila en 2013, Armando Ariza, presionando a los dirigentes sindicales a pensionarse antes de tiempo; táctica que fue efectiva en la reducción del sindicato en pocos años. O bien, la intransigencia en las negociaciones y la insistencia en convenciones colectivas o prebendas a los negociadores de Finamérica (Compañía constituida por Cafam, Comfenalco Cartagena, Colsubsidio y Comfandi Valle del Cauca, la ONG norteamericana ACI International y la Fundación Compartir, y que hoy se ha transformado en Bancompartir).

 


Recuadro 1

 

Apuntes de historia jurídica sobre el scf en Colombia

 

En 1949 se crea, mediante la ley 90, el primer Sistema de Seguridad Social en Colombia. El 22 de febrero de ese año, mediante convención colectiva entre los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia y sus patronos, se da vida al pago de tres pesos mensuales por cada hijo menor de 15 años que tuviera el trabajador.

 

El establecimiento de un salario mínimo por medio de los decretos 2663 y 3747 de 1950, dejó de lado la discusión sobre el subsidio familiar hasta cinco años después. En marzo de 1954, en el plenum nacional de la Unión de Ttrabajadores de Colombia (UTC) se propone el subsidio familiar para trabajadores con hijos, el que debería recaudarse a través de las ccf a las que los patronos aportarían sumas proporcionales a los salarios pagados por cada empresa. Ese mismo mes, también en Medellín, durante la XI Asamblea General de la Andi fue aprobada la proposición de los trabajadores. Nace, pues, Comfama, la que en cinco años logra cuadruplicar su gestión respecto al número de beneficiarios y de trabajadores afiliados.

 

Para el años 1957, la Junta Militar que reemplazó a Rojas Pinilla expide el decreto 118 del 21 de junio por medio del cual incrementa los salarios, establece el subsidio familiar y crean el Sena. Poco después expiden el decreto 1521 del 24 de julio y reglamentan el cumplimiento de la obligación legal y el funcionamiento de las nuevas cajas de compensación.

 

En la década del 60 fue ampliado el pago del subsidio de la cuota monetaria hacia la prestación de servicios en especie para las familias; comenzando por el campo de la salud. Desde 1963 las ccf administran el sistema. Pero también en esta década, con la ley 69 de 1966, ratificada posteriormente por la ley 56 de 1973, la afiliación a las Cajas debía pasar del nivel nacional al regional según las divisiones político administrativas del territorio.

 

La Ley 25 de 1981 crea la Superintendencia del Subsidio Familiar (ssf). En 1982 la ley 21 modifica el régimen del subsidio y amplía las áreas de servicios que pueden prestar las Cajas. Ese mismo año desaparece Sintraconfama que había surgido en 1975 y había logrado hacer firmar tres convenciones colectivas a la patronal, las mismas con su desaparición pasarían a ser simples estatutos de personal. Los trabajadores de esta Caja no se quedan quietos, en 1994 crean Asotraconfama, logrando en poco tiempo elevar a nivel de convención colectiva los derechos planteados en esas tres convenciones.

 

En 1984 se modifica la ley 21 de 1982 para reconocerle participación a los beneficiarios del subsidio en los consejos directivos de las Cajas.

 

La ley 100 de 1993 otorga funciones y responsabilidades a las Cajas en la prestación del servicio de seguridad social en salud y la gestión del fondo para la niñez. Hace lo propio la ley 115 de 1994, ley General de Educación.

 

Hasta 2002, con la ley 789, aumentan aún más el rango de acción de las Cajas; en su artículo 16, amplían los servicios que pueden prestar hacia actividades de intermediación financiera, actividades de mercadeo, e inversión regulada en fondos de riesgo. Con la ley 920 de 2004 las autorizan para adelantar actividades financieras. El decreto 0722 de 2013 les asigna la administración del subsidio al desempleo.

 

Muchas otras normas han orientado esta tendencia a convertirlas en entidades de rentabilidad económica y en soportes de la política social del Estado en materia de vivienda de interés social, por ejemplo.

 

Falta, sin embargo, una reconstrucción histórica de la formación del sistema, que demuestre el carácter solidario y de clase del subsidio familiar, y la acumulación de capital permitido con ello.

Publicado enEdición Nº219
Primera huelga general en Grecia contra la austeridad de Tsipras

El izquierdista Alexis Tsipras se enfrentó este jueves a la primera huelga general desde que fuera elegido primer ministro de Grecia el pasado enero con la promesa de acabar con la austeridad. Una protesta convocada contra la continuidad bajo su gobierno de las políticas de recortes exigidas por los acreedores europeos y que, como es habitual en el país mediterráneo, tuvo un seguimiento muy desigual: amplio en el sector privado, muy reducido en el privado.


La combatividad mostrada en años anteriores por las principales centrales sindicales griegas –con una media de cinco huelgas generales al año entre 2008 y 2014– se había atenuado con la llegada al poder de la Coalición de la Izquierda Radical (Syriza) y, a excepción de un paro funcionarial el pasado julio, el Ejecutivo progresista no había tenido que lidiar con demasiados conflictos laborales. Pero la rendición de Tsipras ante la imposición de nuevas medidas de ahorro a cambio de un nuevo rescate y la continuación de las políticas de austeridad tras renovar su mandato en las elecciones anticipadas del pasado septiembre han puesto fin a la tregua sindical.


La confederación de sindicatos de funcionarios ADEDY y la central del sector privado GSEE llamaron a una huelga de 24 horas que provocó el cierre de la mayoría de instituciones públicas –incluidos sitios arqueológicos y museos- y la reducción a mínimos de la atención hospitalaria. Los medios de comunicación limitaron sus informaciones a las relativas a la huelga y en los transportes pararon el metro y el ferrocarril, los autobuses funcionaron sólo en determinadas franjas horarias, hubo cancelaciones de vuelos domésticos y de numerosos trayectos marítimos entre el continente y las islas, pues entre los trabajadores náuticos tiene gran influencia el sindicato comunista PAME, también convocante de la huelga. En cambio, en la escasa industria y en el comercio apenas se registraron cierres. "El problema es que hay que estar abierto para sacar un mínimo de dinero, porque no se gana nada", explicó Alexandros, un comerciante textil citado por EFE, que no ocultaba su malestar con el Ejecutivo de Syriza: "Nos sentimos muy traicionados. Parece un Gobierno de derechas".


En la manifestación que recorrió Atenas participaron 20.000 personas, entre ellos antiguos miembros del Gobierno de Tsipras, como Panayotis Lafazanis, o la expresidente del Parlamento, Zoí Konstantopulu, que abandonaron Syriza en protesta por lo que consideraban una claudicación en las negociaciones con los acreedores. La marcha capitalina culminó en disturbios cuando jóvenes de estética anarquista lanzaron piedras y cócteles molotov a los agentes de policía situados en la Plaza Syntagma, y estos respondieron con gases lacrimógenos. Los disturbios prosiguieron en las calles adyacentes, donde los encapuchados rompieron escaparates. Al menos tres personas fueron detenidas.


En la localidad de Patras, hubo tensión entre los militantes de Unidad Popular –la escisión izquierdista del partido de Tsipras– y los de Syriza, que, aunque parezca incongruente, también participaron en la protesta. De hecho, la sección sindical del partido gobernante llamó a sus miembros a secundar la huelga general pues considera que las "políticas extremas, impopulares y neoliberales" están siendo aprobadas por Tsipras por la "presión de los acreedores". "Estamos poniendo en práctica un acuerdo que incluye medidas injustas", reconoció la portavoz del Gobierno, Olga Yerovasili, para quien la huelga puede reforzar a Grecia de cara a las negociaciones con los acreedores.


Este miércoles se reanudaron en Atenas los contactos entre el Gobierno griego y la "cuadriga" de instituciones que ha sustituido a la troika –Comisión Europea, Banco Central Europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Fondo Monetario Internacional– sobre los nuevos recortes que tendrá que emprender Tsipras a cambio de 2.000 millones de euros para las arcas públicas y otros 10.000 para la enésima recapitalización de la banca griega. Entre los temas más peliagudos a discutir se hallan el fin de la moratoria a los desahucios, prolongada por Syriza, y la reducción de los plazos de devolución de deudas a Hacienda, algo que podría ahogar más a una población que acumula ya casi ocho años en crisis. Un ejemplo: sólo en el último mes, 15.000 usuarios fueron desconectados de la red eléctrica por deudas con la empresa de distribución.

Publicado enInternacional
"No nos han reconocido nuestras acreencias laborales ni pensionales"

La realidad de las trabajoras del HSJD y del IMI, de constante e inenterrumpida violación de sus derechos fundamentales, pese al paso de los años, no cesa. Acá una breve reseña de la situación que padecen.

 

Parece inaudito pero es cierto. A pesar del cierre de nuestro lugar de trabajo en 1999, las trabajadoras del Hospital San Juan de Dios (HSJD) continuamos asistiendo al mismo de manera ininterrumpida, a pesar de no recibir salarios ni atender pacientes. Las trabajadoras del Instituto Materno Infantil (IMI) hemos vivido una situación similar desde el año 2006. Nuestra presencia en estas instalaciones no ha pasado desapercibida para algunos, es así como hemos sido señaladas de terroristas, ocupantes, bandidas e invasoras de los hospitales insignias de la historia de la medicina del país. En la calle y en los medios de comunicación se repite la pregunta: ¿por qué no se van?

 

Según funcionarios de la alcaldía de Bogotá, en el proceso de expropiación de los terrenos de estos dos hospitales por parte del Distrito no se desalojará a las personas que han vivido allí los últimos años, sino que serán reubicadas en viviendas de interés prioritario. Pero el problema no se limita a la controversia sobre el desalojo o la necesidad de vivienda de las trabajadoras que actualmente habitan el HSJD y el IMI: estamos frente a una de las mayores vulneraciones del derecho fundamental al trabajo de mujeres en la historia del país.

 

En efecto, sin recibir sus salarios, con deudas y sin la posibilidad de pagar arriendo o cuotas de hipoteca, algunas compañeras fueron forzadas a mudarse al Hospital junto con sus familias. Pero las 3.000 personas de la nómina de los hospitales, en su gran mayoría mujeres, no residimos en estos predios, ni, como ellas, hemos visto resueltas nuestras reivindicaciones laborales ni pensionales.

 

La violación a sus derechos no tiene pocas consecuencias. Varias compañeras aguantan hambre y piden limosna; otras se han enfermado y no han podido recibir atención por no haber cotizado a las EPS; muchas enloquecieron y otras tantas han muerto. Otras fueron forzadas a renunciar a sus acreencias laborales, inclusive a pocas semanas de recibir pensión, para poder firmar contratos temporales y por menos sueldo con nuevas instituciones de salud. Como principal estrategia para presionar a las autoridades competentes para la resolución de nuestro conflicto laboral, muchas continuamos asistiendo a los hospitales; por eso insistimos, si nos hubieran pagado lo que nos deben no estaríamos aquí.

 

¿Quiénes estamos dando esta pelea?

 

Somos trabajadoras del sector administrativo, de servicios generales y de atención clínica quienes, con más de 23 años de servicio, contribuimos a la consagración del complejo hospitalario San Juan de Dios como el baluarte de la medicina en Colombia. Desde el cese de actividades clínicas, nos hemos dedicado a preservar los bienes materiales, muebles e inmuebles, de innegable valor patrimonial, logrando, incluso, convertir el Hospital en monumento nacional y bien patrimonial. Hasta no hace mucho tiempo, cuidábamos equipos, manteníamos limpios los espacios y preservábamos, en lo posible, bienes que, gracias a nuestra lucha, ahora son considerados como inembargables, imprescriptibles e invendibles. A pesar de nuestra férrea defensa del Hospital, se han venido perdiendo bienes, terrenos y propiedades que hacen parte del complejo hospitalario, como consta en la denuncia que realizamos ante la anterior liquidadora de la Fundación San Juan de Dios, Ana Karenina Gauna Palencia, quien ahora enfrenta un proceso de responsabilidad fiscal por un detrimento patrimonial por valor de $11.579 millones de pesos. Nos hemos empeñado por defender el Hospital y nuestros derechos fundamentales, recibiendo, en contraprestación, demandas, encarcelamientos, golpes por parte de la fuerza pública, burlas en acuerdos ofensivos, matoneo y humillaciones por figuras del Gobierno e inclusive por funcionarios del Ministerio Público.

 

Sin embargo, la situación de las trabajadoras del HSJD es distinta a las del IMI. En acta de compromiso, fechada el 23 de octubre de 2006, se acordó que las trabajadoras del Instituto continuaríamos haciendo uso de varias áreas del Hospital, hasta tanto no se nos resuelva nuestra situación laboral y pensional, lo cual no ha sucedido. Todas hemos recibido liquidaciones parciales de sueldos atrasados y algunas cesantías. Seguimos con nuestros procesos legales para que nos paguen las acreencias laborales legalmente causadas, incluyendo pensiones, incrementos salariales, primas y vacaciones. Inclusive, cuestionamos la legalidad del edicto de diciembre de 2006 en el cual listaron nuestros nombres y nos anunciaron que quedábamos desvinculadas de la institución hospitalaria, ya que, según certificados expedidos por el Ministerio de Protección Social, no fue autorizado legalmente ningún despido masivo.

 

Ante esta realidad, aclaramos al país que más que ocupantes, terroristas o invasoras, como hemos sido juzgadas por algunas figuras del Gobierno, con eco recurrente en los medios de comunicación oficiosos, somos trabajadoras que intentan preservar una institución insignia de la salud del país, víctimas de la vulneración sistemática de nuestros derechos al trabajo, a una vida digna, a la salud y a la familia. ¿Hasta cuándo deberemos padecer esta paradoja violatoria de nuestros derechos fundamentales?

 

Agosto 3, 2015

Publicado enEdición Nº 217