A 150 años de la Primera Internacional

Samir Amin publicó recientemente en Monthly Review (volumen 66, número 2, junio de 2014) un extenso artículo con un título muy sugerente: Popular movements toward socialism: their unity and diversity (Movimientos populares hacia el socialismo: su unidad y diversidad). El artículo, en sí mismo, es interesante y casi se empata con un emblemático aniversario de la Primera Internacional o Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT).


En dicho artículo escribió que Marx, en la resolución (sic) de fundación de la AIT, señaló que la tarea de la Internacional es generalizar y unificar los movimientos espontáneos de la clase obrera, pero no prescribir a favor o imponerles cualquier sistema doctrinal. Y más adelante el autor añadió que Marx propuso un principio fundamental al que se adhiere: aceptar y reconocer la diversidad, actuar para reforzar la unidad en la lucha. De la cita de Marx, Amin no da fuentes, pero quiero pensar que al decir resolución en realidad se refería al Manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de Trabajadores, redactado por Marx y expuesto el 28 de septiembre de 1864. Sin embargo, según mis fuentes, Marx nunca habló expresamente de movimientos espontáneos de la clase obrera sino de movimientos aislados y con frecuencia sin dirección, razón por la cual solían ser derrotados.


Lo que Marx dijo en el Manifiesto inaugural fue: " La conquista del poder político ha venido a ser, por lo tanto, el gran deber de la clase obrera. Así parece haberlo comprendido ésta, pues en Inglaterra, en Alemania, en Italia y en Francia, se han visto renacer simultáneamente estas aspiraciones y se han hecho esfuerzos simultáneos para reorganizar políticamente el partido de los obreros. La clase obrera posee ya un elemento de triunfo: el número. Pero el número no pesa en la balanza si no está unido por la asociación y guiado por el saber. La experiencia del pasado nos enseña cómo el olvido de los lazos fraternales que deben existir entre los trabajadores de los diferentes países y que deben incitarles a sostenerse unos a otros en todas sus luchas por la emancipación, es castigado con la derrota común de sus esfuerzos aislados" (las cursivas son mías).


Marx aceptaba que la Internacional estuviera compuesta por diferentes tipos de organizaciones. De hecho participaron tradeunionistas, lassalleanos, proudhonianos y anarquistas, pero siempre insistió en que, si bien debían actuar en cada lugar y circunstancia de acuerdo con sus posibilidades, la idea de la Internacional era coordinar sus acciones en una lógica de unidad y coherencia. Más bien fue Bakunin el que insistía, en 1868, en que todos los movimientos en cada país debían tener libertad absoluta sin recibir orientación alguna de un grupo central, en clara alusión al Consejo General de la Internacional, en el que Marx tenía una gran influencia. De ahí una de las grandes diferencias entre Marx y Bakunin, diferencias tan grandes que el primero prefirió la desaparición de la Internacional antes que dejarla en manos de los anarquistas. Sobra decir, por obvio, que Bakunin estaba en contra de la conquista del poder político de los trabajadores, que para Marx, Engels y varios de sus seguidores era y sigue siendo fundamental.


En tanto Bakunin, como también los proudhonianos, estaba en contra de los partidos, para Marx y Engels el partido era muy importante. En el Congreso de La Haya de 1872, encabezado por estos últimos, y en el que se dio una fuerte lucha contra el anarquismo, se introdujo un añadido a los Estatutos de la AIT:


Artículo 7. a. En su lucha contra el poder colectivo de las clases poseedoras, el proletariado no puede actuar como clase sino constituyéndose él mismo en partido político propio y opuesto a todos los antiguos partidos formados por las clases poseedoras. Esta constitución del proletariado en partido político es indispensable para asegurar el triunfo de la revolución social y el logro de su fin supremo: la abolición de las clases. Con estos acuerdos en el congreso de La Haya se establecieron las bases para la creación de partidos políticos de la clase obrera en contra de sus enemigos de clase.


En sus pocos años de vida la Primera Internacional evolucionó de una difusa coordinación de los movimientos aislados de los trabajadores a la propuesta directa de constituir partidos políticos para luchar por el poder de manera no sólo unida sino organizada. Es decir, partidos de clase como sinónimo de unidad y una dirección que los guíe (la que Lenin, años después, llamaría la dirección de los más capaces y experimentados en las luchas de los trabajadores).


Aunque la orientación de Amin en su artículo va en un sentido distinto al que yo sostendría, podría estar de acuerdo con él, sobre todo en estos tiempos del siglo XXI, en que los partidos políticos auto

denominados de izquierda deben "aceptar y reconocer la diversidad [y] actuar para reforzar la unidad en la lucha..." por el socialismo, añado.
PD: Quiero agradecer a amigos y lectores sus expresiones de solidaridad y afecto con motivo de un inesperado quebranto de mi salud. Con ciertos cuidados, aquí sigo.


www.rodriguezaraujo.unam.mx

Publicado enInternacional
Por la soberania, la paz, el trabajo decente y vida digna

Declaración conjunta de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la Confederación General de Trabajadores CGT, la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, la Confederación de Pensionados de Colombia CPC y la Confederación Democrática de Pensionados CDP.
Conmemorando en este 1° de mayo de 2014 a nuestros mártires de Chicago de 1886, los trabajadores y pensionados de Colombia y el mundo, pasamos revista a nuestra situación económica, social y política y, reiteramos nuestra decisión de seguir enarbolando las democráticas banderas de la soberanía, la paz, el trabajo decente y la vida digna.


La crisis mundial del modelo neoliberal que sacude a Europa y Estados Unidos desde 2008, viene siendo descargada en países y pueblos, sometiéndolos a recortes fiscales, disminución de derechos a la población en todos los órdenes y eliminando condiciones laborales y salariales. Para ello vienen imponiendo el modelo de Tratados de Libre Comercio –TLC- que violan la soberanía nacional, como en nuestro caso, arrasando la producción agropecuaria e industrial, precarizando y reduciendo el trabajo nacional, todo ello en favor de las grandes multinacionales, para sosegar las dificultades de los grandes monopolios.

La situación durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha profundizado la aplicación de la economía basada en la gran minería y las grandes plantaciones agrarias en manos de las multinacionales, concediendo enormes gabelas que hacen de Colombia un paraíso para la inversión del capital extranjero con todas las garantías para el altísimo rendimiento de sus ganancias por vías de la reducción de impuestos y las exigencias medioambientales, las regalías y recorte de condiciones laborales, aumentando el desempleo y arrojando a la informalidad la fuerza laboral colombiana. A la par de esto, se han recortado los derechos fundamentales de la educación y la salud, mientras que los servicios públicos domiciliarios han sido privatizados para su enriquecimiento, martirizando mes a mes a millones de colombianos.


La informalidad laboral sigue estando alrededor del 70%, lo cual niega los derechos laborales y las libertades sindicales, desconoce las normas laborales y los convenios de la OIT, incluido en entidades estatales. Aún más condenable es la práctica de transformar las CTA en sociedades comerciales denominadas SAS –Sociedades por Acciones Simplificadas- o la de transformar las mismas CTA o las SAS en falsos sindicatos creados por las empresas, firmando falsos contratos sindicales para dar la imagen de libertad sindical, negando de paso la negociación colectiva.


Este año en entidades estatales del orden nacional y territorial, se han presentado más de 100 pliegos de solicitudes y en ninguna negociación se vislumbra acuerdos laborales, lo cual muestra la falta de voluntad política del gobierno para cumplir los convenios 151 y 154 de la OIT. Así mismo, los pensionados van a presentar, ante la Presidencia de la República, su pliego de peticiones.


La impunidad en los asesinatos cerca de 3.000 sindicalistas en los últimos 20 años, sigue siendo superior al 94% en casos de homicidios y del 99% en casos de amenazas. Si bien el índice de asesinatos ha disminuido en los últimos años, las amenazas y acciones en contra de sindicalistas se ha incrementado notoriamente, constituyendo toda una situación de persecución al movimiento sindical que se ve reflejada en no menos del 4% de afiliación sindical y una cobertura de negociación colectiva que no benefició a más de 287 sindicatos en 2013, sumado a las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas expresados en desplazamientos, desapariciones y homicidios, razón por la cual nos manifestamos a favor de una salida política al conflicto armado y la reparación de las víctimas y al movimiento sindical.


El resultado de tales políticas ha conducido a Colombia a ser el tercer país más desigual de América según reciente informe de la ONU. Las políticas económicas han sido un fracaso para la nación y sus millones de pobladores, pero han resultado ser un festín para el pequeño puñado del capital financiero, las multinacionales y los intermediarios colombianos.


Frente a todo ello, la movilización social y política, se ha incrementado de una manera importante: la movilización civilista, que desde el 28 de abril desarrollan campesinos y productores agropecuarios contra los TLC, en búsqueda de medidas de protección del estado, las reclamaciones de los mineros, los camioneros, las huelgas obreras en sectores importantes de la economía, la huelga de las madres comunitarias, la movilización estudiantil por el derecho a la educación superior gratuita y de calidad y la movilización de los trabajadores, usuarios, pensionados y estudiantes de la salud contra el regresivo proyecto de ley de reforma a la salud. El anuncio de un paro nacional de Fecode en el mes de mayo, cuya hora cero la definirá su Junta Nacional del 12 de mayo, por salud y salarios, es una portentosa muestra de la protesta de los distintos sectores, que ganan un enorme acompañamiento y una altísima opinión favorable, la respuesta del gobierno ha sido por lo general la negativa a resolver sus peticiones y la utilización de diversos métodos represivos que generan el repudio generalizado, amparados en la ley que penaliza la protesta social.


Se requiere, entonces, mantener al Comando Nacional Unitario al frente de la búsqueda de la solución política del conflicto armado y como tal respaldar el proceso de paz en La Habana y que se haga extensivo a los otros grupos guerrilleros; luchar por la soberanía y la defensa de los derechos de los trabajadores y pensionados, para lo cual tendrá como eje el funcionamiento del Comando Nacional Unitario de las tres Centrales, las Confederaciones de Pensionados y la más amplia unidad de acción con las demás organizaciones populares, sociales y políticas. En ese contexto continuar con la defensa del trabajo decente y la vida digna, de los derechos humanos y sus políticas públicas, la reparación colectiva del movimiento sindical y el apoyo a los conflictos agrarios, de camioneros, de sectores de la salud, educación y luchas populares por mejores condiciones de trabajo, vida y bienestar para todos los trabajadores y pueblo.


Firman:


LUIS ALEJANDRO PEDRAZA
Presidente CUT
JULIO ROBERTO GOMEZ E.
Presidente CGT
MIGUEL MORANTES A.
Presidente CTC
FABIO ARIAS GIRALDO
Secretario General CUT
MIRYAM LUZ TRIANA A.
Secretaria General CGT
ROSA E. FLEREZ G.
Secretaria General CTC
ORLANDO RESTREPO
Presidente CPC
JHON JAIRO DIAZ
residente CDP
Bogotá, 25 de abril de 2014

Publicado enColombia
Rafael Correa: "Ecuador es hoy ejemplo de estabilidad democrática"

El presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, ha dedicado el doctor honoris causa que recibirá este miércoles en la Universidad de Barcelona a los emigrantes que tuvieron que salir del país tras la grave crisis económica de 1999. "Sentí verguenza de ser economista. No fui culpable de aquella tragedia nacional, pero sí corresponsable. Es para vosotros este doctorado, hermanos. A Ecuador lo mantuvieron los pobres", se ha dirigido a la comunidad ecuatoriana que ha llenado el Auditorio del Fórum barcelonés, más de 3.000 entre ciudadanos, voluntarios y cuerpo diplomático.

 

En su primer día de la gira europea que lo llevará a Madrid el jueves y el fin de semana a Italia, el presidente ecuatoriano, que ha llegado a la Ciudad Condal con cinco horas de retraso por un problema técnico en el avión, también ha repasado algunas de las mejorías que está experimentado el país desde que llegó al poder en 2007: "Me encontré a un país desesperanzado. Pero gracias a vosotros, que sostuvisteis al país partiendo a tierras extrañas para enviar dinero, hoy estamos en la vanguardia a nivel mundial. Somos un país modernizando, el milagro ecuatoriano, el país que más reduce desigualdad en América Latina"


Desde que llegó al poder, Correa ha sustentado la política exterior en velar por los intereses de la comunidad que vive en el extranjero. Y ésta se lo agradece cada vez que recibe la visita de su presidente. Una vez al año, el presidente ecuatoriano realiza giras por Europa, Asia y Oceanía. España copa prácticamente la mitad de la migración ecuatoriana y en Catalunya ésta llegó a los índices más altos en 2006, con más de 86.000 ecuatorianos según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). El mismo estudio, sin embargo, determina que el pasado 2013 la comunidad ecuatoriana apenas rebasaba los 50.000 residentes. Un descenso que Anabel Intriago, ecuatoriana con más de 19 años residiendo en Catalunya, cree que seguirá a la baja. "Muchos ecuatorianos en Catalunya ya tienen la maleta hecha. Es el mayor logro de nuestro presidente: haber puesto las facilidades para que los que dejamos hace tiempo nuestro país podamos regresar", razona desde su butaca, visiblemente emocionada. Argumentos no le faltan. El gobierno de Ecuador eliminó los impuestos en la entrada de inmueble al país de aquellos ecuatorianos con más de un año residiendo fuera. Y aprobó la dación en pago, en una jugada que Correa ha reivindicado con esmero: "Respetamos la soberanía española, pero nuestros migrantes serán respaldados en cualquier problema con los desahucios, a través de la dación en pago. Ningún banquero que compre deuda ecuatoriana en España podrá cobrarla en nuestro país". Los asistentes se han arrancado a gritar un "¡Sí, se puede!" que por un momento ha desconcertado al presidente.


Correa también ha insistido en que "está prohibido olvidar lo que nos llevó a la crisis", en un evidente paralelismo con la situación española. "Nos vendieron las bondades del mercado, la libertad de elegir y producir... Pero el fundamentalismo neoliberal, esta ideología disfrazada de ciencia, esta idea de que los mercados se regulaban solitos nos llevó a la quiebra generalizada. El poder en Ecuador lo tenían los banqueros, con la revolución ciudadana manda el pueblo", ha apuntado. Y ha acabado con una advertencia: "Ecuador es hoy ejemplo de estabilidad democrática pero hay que estar atentos, los medios son los brazos ejecutores, de los caprichos y necedades de la elite que siempre nos dominó. Hay políticos que añoran el pasado. Ni un paso atrás".


Correa se ha despedido del auditorio remarcando los pilares de su reforma educativa, con dos nuevas universidades inauguradas este año y otras dos en camino, a la postre el motivo de su investidura como doctor honoris causa por la UB. "Hace cuarenta años fue el boom petrolífero, hoy vivimos el boom del conocimiento, de la investigación, del talento humano". Para ello ha recalcado que en su viaje a España busca "estrechar lazos con universidades de prestigio, firmar convenios de colaboración y visitar institutos de investigación".


En un ambiente festivo y familiar, cada asistente ha contado en su butaca con un globo con un lema muy significativo: "Hablemos de lo importante: Crisis y futuro". También se han repartido guantes negros como protesta contra el fallo emitido el pasado marzo en Nueva York, que consideraba fraudulenta la sentencia que obligaba a la compañía petrolera estadounidense Texaco -ahora Chevron- a indemnizar al gobierno de Ecuador por contaminar una zona de la Amazonia ecuatoriana durante décadas. Correa, que ha sido vitoreado tras cada intervención, sólo se ha enojado cuando un espontáneo ha intentado boicotear la charla exigiendo a gritos que se leyera una carta con sus quejas al actual gobierno.


Rafael Correa, tras ser investido mañana doctor honoris causa en reconocimiento a su trayectoria profesional y a los avances en materia educativa registrados en Ecuador durante su mandato, viajará el jueves a Madrid para reunirse con la comunidad ecuatoriana de la capital española, además de hacer lo propio con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el rey don Juan Carlos, según ha confirmado entre tímidos silbidos. El viernes pondrá rumbo a Italia, donde tiene previsto acudir a Génova primero (ahí radica la comunidad ecuatoriana más grande del país transalpino) y a El Vaticano después, dando por concluida su gira europea con la participación en la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII.


El presidente de la Asociación de Ecuatorianos de Catalunya, William Macas, se mostraba agradecido al gobierno de Correa por su lealtad con los que dejaron, como él, el país hace 15 años. "Ecuador consta de cuatro regiones naturales: la litoral, la interandina, la amazónica y la insular. Desde que está Correa, los que vivimos fuera del país somos la quinta región", aseguraba.

Publicado enInternacional
Sábado, 22 Marzo 2014 12:26

No hay ambiente para el extractivismo

No hay ambiente para el extractivismo

De inicio a fin del 2013 Colombia fue un país agitado en material ambiental: protestas por el agua en Yopal, "100 mil voces por el agua" que desde Santander contagiaron al país en su rechazo a la minería; las consultas de Piedras y Tauramena indicaron un camino para la autonomía territorial, el Piedemonte llanero se levantó para protestar ante el histórico deterioro ambiental producto de la industria petrolera; y, el Paro Nacional Agrario y Popular puso en primer plano a la tierra y las semillas, dos elementos también centrales para el futuro del país.

 

En este movimiento de disputa, de contienda frente al futuro territorial, el 2013 representó para el país un año de marcada conflictividad social frente a diversos temas en los que el sustrato de las luchas y reivindicaciones ha girado en torno al ambiente y el conflicto ambiental. Las políticas emanadas del gobierno nacional han hecho que se ponga en cuestión, entre muchos otros temas, la manera en la que se avanza con el modelo de libre comercio, la Alianza del Pacífico, y las consecuencias de los TLC para el sector agrícola y otras capas de la sociedad, aspectos que han dado pie a movilizaciones que por momentos han tenido las características de un levantamiento popular.

 

Fue a todas luces un año de movilización y debate ambiental nacional. En diciembre, mientras algunos ya preparaban sus festividades De fin de año, sucedieron dos asuntos de primera importancia que pueden dar elementos para comprender el camino que durante el año vino transitando el país. Nos referimos, de un lado, a la consulta popular en Tauramena –Casanare– que el 15 de diciembre mostró con contundencia la voluntad de la población frente a la exploración y posibilidad de explotación petrolera en una zona caracterizada por ser un verdadero territorio de agua; de otra parte, la esperada sanción a la multinacional Drummond por el vertido de toneladas de carbón a la bahía de Santa Marta, que el gobierno colombiano impuso por 3,5 millones de dólares, luego de las frecuentes denuncias de pobladores caribeños.

 

¿Cuáles han sido las jugadas gubernamentales para legitimar su política y la relación de ésta con el ambiente? ¿Cuáles fueron las principales contiendas por la justicia ambiental en el país? ¿Cómo han respondido comunidades y organizaciones sociales que defienden hoy sus territorios? Éstas son algunas de las cuestiones que a continuación queremos analizar.

 

Apuestas gubernamentales

 

1. ¿Lo que las comunidades decidan?

 

Como se plasma en la historia reciente, comunidades se han organizado para adelantar consultas populares en las que se registra su voluntad frente a proyectos de carácter extractivo, y en las realizadas unánimemente se ha rechazado la imposición de dichos proyectos de la locomotora santista. Ante esta situación, y con posterioridad a la consulta realizada en Piedras –Tolima– y la polémica y debate que desató en Colombia frente al alcance de esta iniciativa y su carácter vinculante o no, el ministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, señaló públicamente, antes de la consulta en Tauramena y ante esa población, que sería respetada la voluntad popular. Sorpresiva y contradictoriamente afirmó con posterioridad al resultado que estas decisiones no tienen carácter vinculante, en un claro cambio de posición también con las posturas que le caracterizaban antes de hacer parte del establecimiento. Las contradictorias alocuciones del ministro profundizan los interrogantes sobre la concepción de este gobierno acerca de los mecanismos de participación popular y ante todo sobre su concepción de la democracia. También se hace confusa la posición institucional frente al accionar de las empresas.

 

La multa impuesta a la multinacional Drummond contrasta con el respaldo que en las últimas semanas el presidente Santos entregó a las empresas y corporaciones mineras en el marco del III Congreso de Minería. Sin temor a equivocarse, la sanción a la multinacional fue producto de las consecutivas denuncias que frente a la empresa se han entablado y a la visibilización que tuvo el tema en los medios nacionales. En este caso, y por más que el monto de la sanción es irrisorio, la presión social llevó a que el accionar de la empresa no quedara completamente impune. Sin embargo, surgen interrogantes frente a otros intereses que podrían estar tras esta decisión del gobierno, sobre todo cuando abundan muchos otros casos en los que las formas de acción de las empresas son desastrosas y en los que no ha surgido el protagonismo de la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento1, como sí en el caso Drummond.

 

Ante el sorprendente cambio de actitud del gobierno respecto a los daños ambientales de la Drummond vale la pena indagar si tiene que ver con no se podía seguir "tapando el sol con los dedos", dada la nefasta gestión del sector extractivo minero –concepto que no parece ser compartido por el mandatario de las y los colombianos empecinado en dar continuidad a las condiciones para la industria extractiva pese a la mala gestión de las empresas mineras, que incluso algunos empresarios reconocen– o hace parte del entramado táctico en el que se encuentran hoy las fuerzas políticas de la unidad nacional en periodo pre-electoral.

 

2. En Colombia ¿la tierra es para los campesinos?

 

Mientras en La Habana, en los diálogos de paz de Colombia se discutía, entre otros puntos, la política de desarrollo agrario integral, en el país, los diversos movimientos campesinos convocaron para el 19 de agosto a un Paro Nacional Agrario y Popular, para expresar la incoformidad del campesinado, por su paulatino empobrecimiento como resultado de los tratados de libre comercio y las políticas agrarias que han buscado destruir la economía campesina, incluyendo la penalización de el uso, conservación e intercambio de la semilla nativa. El paro que se mantuvo durante más de dos meses, a pesar de la estrategia del presidente Santos, que incluyó: la invisibilización, la negociación por separado con cada sector, la estrategia de militarización y represión, siguiendo los tiempos de la seguridad democrática y las violaciones sistemáticas y manifiestas a los derechos de la población, logró levantar con fuerza los debates sobre la tierra, las semillas, la soberanía alimentaria. Este fenómeno social permitió recuperar la dignidad campesina y abrir un diálogo campo – ciudad.

 

Sumado a este intenso debate e importante movilización social, una alianza de organizaciones sociales y ambientalistas y, congresistas de oposición pusieron en evidencia las formas de acaparamiento de tierras en el país. Sobresalieron los escándalos relacionados con la estadounidense Cargill y la apropiación indebida de tierras baldías de la Nación, en un estimado de 26 mil hectáreas en la Orinoquía, y la feroz disputa entre empresarios que quieren quedarse con la altillanura colombiana y su potencial productivo de 4 millones de hectáreas, son la punta del iceberg de un conflicto declarado que involucra grandes empresas en contra de las comunidades campesinas de diversas zonas de Colombia.

 

No obstante esta intensa agenda social, el gobierno nombró como titular de la cartera de agricultura a Rubén Darío Lizarralde, quien ha estado involucrado en los escándalos por la venta de terrenos baldíos a través del modelo indupalma, desde donde se desprende una estrategia gubernamental para llevar el agro por el mismo camino de los acaparamientos y la financiarización que hoy padece.

 

En síntesis, las respuestas gubernamentales se han jugado en el escenario de los cambios institucionales para garantizar la imposición del modelo, y con el nombramiento de los tres ministros a quienes hemos hecho referencia, cambios de titular de cartera hechos curiosamente en medio del Paro Nacional Agrario y Popular. Con la ministra de Ambiente girando de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– al Ministerio, la vinculación de Acosta, excontradictor de la política minero – energética y ahora como ministro de Minas y Energía afín a la locomotora, y en la cartera de agricultura un personaje envuelto en grandes escándalos con terrenos baldíos de la nación, el futuro del ambiente desde la institucionalidad no parece estar resguardado.

 

La lucha por el agua

 

Otro escenario de las luchas fueron los conflictos por el agua. Contiendas en diversas regiones dan cuenta de esta situación: en Yopal, Nuchia y Tauramena –Casanare– en Humadea, Acacias, Castilla la Nueva –Meta–, en la Provincia del Sugamuxi en Boyacá, entre muchas otras. Los diarios regionales y nacionales registraron las frecuentes movilizaciones de pobladores locales que se organizaron para impedir el acceso a las plataformas petroleras o a las cuadrillas de sísmica, movilizaciones regionales para denunciar la contaminación de aljibes, acuífero, humedales, quebradas, etcétera; otros prepararon importantes participaciones en foros y audiencias públicas exigiendo agua antes que minas y petróleo.

 

La lucha por el agua también movilizó a numerosas comunidades que en varias zonas están enfrentando proyectos hidroeléctricos. En Antioquia, ante las precarias condiciones de seguridad para protestar en la región, centenares de campesinos marcharon desde el Cañón del Río Cauca hacia Medellín y permanecieron en esa ciudad durante varios meses, exigiendo condiciones de vida digna. La agitación en el Huila contra la Hidroeléctrica del Quimbo no ceso, por el contrario, le sumó a ella el proyecto de construir 10 represas en el Alto Magdalena. Esta lucha incluyó diversas estrategias como la promoción del voto en blanco en las elecciones extraordinarias a Gobernador, iniciativa que obtuvo significativos resultados, donde el voto el blanco ganó, especialmente la Cuenca Alta del Magdalena. En el Cañón del Río Fonce en Santander y en la región del Sumapaz, las voces que rechazan las hidroeléctricas ya comienzan a resonar. Como base está la disputa por el control de los ríos, y las comunidades tienen claro que sus formas de relacionamiento con las aguas -la pesca, el barequeo, el turismo comunitario- están hoy amenazadas por los proyectos extractivos hidroeléctricos.

 

Las luchas antimineras continúan emergiendo. El suroeste antioqueño no se detuvo en su defensa por el agua y el territorio; Piedras, un pequeño municipio del Tolima que estaría afectado por una planta de procesamiento minero, realizó en junio la primera consulta popular en Colombia y unánimemente dijo NO al proyecto; Santander sigue dando ejemplo con sus grandes marchas, este año Cien Mil Voces por el Agua convocó a las y los santandereanos y a todo el país. Agua sí - oro no sigue siendo la consigna que más moviliza a las regiones que se oponen a la minería.

 

También las comunidades organizadas para la prestación del servicio del agua, la gran mayoría ubicadas en zonas rurales donde hoy se perfilan proyectos extractivos, han insistido en la organización nacional en red con experiencias concretas de formación popular e interlocución directa con entidades estatales como la Defensoría del Pueblo, buscando a partir de conceptos como el derecho humano al agua abrir los debates para la construcción de una ley propia, que surja de los agentes directos de la prestación del servicio, y asegure la protección territorial que permite la disponibilidad de aguas en cantidad y calidad suficiente para garantizar la vida.

 

La consulta como estrategia para demandar autonomía y democracia real

 

Las comunidades de los lugares en los que se perfilan las principales explotaciones, tanto mineras como petroleras, han iniciado un proceso sin amplios precedentes en la historia del país. La utilización de mecanismos de participación popular, consagrados en la Constitución Política, específicamente la Consulta Popular, se convierten en patrón de referencia del descontento general nacional ante la imposición de un modelo insustentable que pretende venderse bajo la categoría de extractivismo "responsable" con la aplicación sistemática de las falacias de responsabilidad social empresarial y su intentos de suplantación simulada del estado social de derecho. En el fondo, la utilización del mecanismo de participación popular encarna el llamado de la sociedad para que sea tenido en cuenta como constituyente primario y se haga efectiva la categoría de participación en la construcción de la política pública minero – energética. Los resultados de las primeras consultas adelantadas son contundentes, expresan al mismo tiempo la negativa de la licencia social a los proyectos, mientras hacen una llamado a resignificar la democracia con la voz expresa de todas y todos los pobladores de las regiones.

 

De fondo, la política pública y su significado en disputa han sido protagonistas del año en materia ambiental. Más allá de la significación tradicional que ésta ha tenido, generalmente entendida como las directrices del gobierno encargado frente a temas de importancia nacional, y que se materializan en ejecución de los Planes Nacionales de Desarrollo –PND– y en el rumbo que toman los territorios sobre los que aplica dicha política –de aguas, minero – energética, de selvas, petrolera, etcétera–, se ha configurado una apertura por parte de las comunidades, organizaciones y movimientos sociales que reclaman participación de estos sectores en la construcción de lo público y las decisiones que afectan a las unidades territoriales como espacios de acción política.

 

La construcción de lo público a través de la política ha dejado de ser entendida, entonces, como una tarea privilegiada de los funcionarios gubernamentales y de las entidades estatales, dando paso a la construcción de condiciones de posibilidad para una política pública de abajo hacia arriba, en la que los postulados y exigencias comunitarias entran, las más de las veces, en contradicción con las directrices gubernamentales.

 

Reflexión final

 

De acuerdo al informe de las universidades de Yale y Columbia que evalúan el Índice de Desempeño Ambiental (EPI), Colombia cayó del puesto 9 al 85, evidenciando la crítica realidad ambiental del país y el impacto que han causado la guerra, la pésima gestión ambiental, las políticas económicas neoliberales, en especial la implementación de los Tratados de Libre Comercio y, la desregulación ambiental y minera para facilitar la entrega de los bienes naturales al capital transnacional, entre otros asuntos. El deterioro ambiental es cada vez mayor, y en regiones donde desde hace más de tres décadas se desarrollan megaproyectos mineros y petroleros, los daños ambientales ya empezaron a pasar su cuenta de cobro.

 

Aunque si bien, el gobierno no quiere discutir en las negociaciones con la insurgencia el modelo de desarrollo, sin duda, la emergencia de los conflictos ambientales y la fuerza que ganan las resistencias en la defensa de los territorios, del agua, de la tierra, de las semillas, de la Pacha Mama, obligará a poner, mas temprano que tarde, en el escenario nacional, el debate sobre el extractivismo, que tiene de fondo una discusión más profunda. Se trata de debatir sobre otra guerra: la que impone el modelo de desarrollo y de acumulación capitalista, que requiere, no sólo explotar a los seres humanos, sino expoliar los bienes naturales"; que conlleva a reconocer tambien a la naturaleza como víctima del conflicto, y por ende, a colocar, sino en las conversaciones de paz, en un posible posconflicto, la necesidad de definir los procesos de reparación para con ella.

 

* Censat Agua Viva –Amigos de la Tierra– Colombia.
1 La ministra Sarmiento oficiaba como directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, aspecto que requiere mención por lo que puede implicar el tránsito de la funcionaria desde el ANLA a la cartera de Ambiente y las estrategias giratorias en las que se juega el futuro de los territorios que se explotan y el de los que se pretenden explotar.

Publicado enEdición Nº200
Sábado, 22 Marzo 2014 11:54

El mito del trato justo

Se afirma que el mercado es el camino idóneo para ejercer la actividad económica porque allí cada uno remunera de acuerdo a su esfuerzo y a su productividad. De acuerdo con esto, cuando dos personas realizan una transacción transparente (sin trampas), mediada por un pago en dinero, están realizando un intercambio de valores equivalentes.

 

Esta visión ha sido criticada por las ciencias sociales cuando se trata del contrato laboral. Por un lado, el trabajador no puede negarse a la transacción porque de ello depende la reproducción de su vida y la de su familia. Por el otro, no es un intercambio entre equivalentes porque lo que recibe el trabajador como salario es una fracción del valor que genera con su trabajo. Hay quienes afirman que esto no es cierto, que al fin y al cabo se trata de un contrato en el mercado laboral, el cual debe funcionar de forma libre, sin las rigideces del código laboral. Este es un tema que ha sido tratado por la literatura respectiva.

 

Aquí lo que se quiere abordar es el caso del trabajador que vende directamente en el mercado el producto de su trabajo, como es la situación del vendedor ambulante, el mecánico automotriz, la costurera, el técnico en computadores. Se lo llama el trabajo por cuenta propia, y se afirma que su situación, como la de cualquier empresario, mejoraría si se capacita, asume riesgos y se vuelve un emprendedor. En otras palabras, si hace las acciones adecuadas para una buena inserción en el mercado.

 

Sin embargo aquí tampoco hay una relación de intercambio entre iguales, como no la hay en el contrato laboral. Se presenta una asimetría que esconde una distribución injusta y regresiva contra ese trabajador de la economía popular. Esto se ilustrará con un ejemplo.

 

Cuando un alto ejecutivo bancario en una noche de farra consume licores de alta gama en un bar de una zona exclusiva, la cuenta que paga al final es alta. ¿Que incluye ese valor?: El precio de los licores refleja el pago de un arriendo costoso (se trata de una zona exclusiva), los impuestos (en esas zonas no se puede consumir licor de contrabando), los salarios del personal de servicio que debe incluir la seguridad social, y por supuesto la ganancia extraordinaria que recibe el dueño por estar en un sitio de moda. Lo que paga el ejecutivo corresponde a una porción pequeña de su alto ingreso, el cual se genera con una jornada laboral normal (ocho horas diarias de lunes a viernes).

 

Sin embargo cuando después de beber el licor consume alimentos en la calle para calmar el hambre, esos alimentos son producidos por un vendedor ambulante, que debe arrastrar por un trayecto largo su carro con todos los insumos. Su jornada empieza en la mañana, cuando se abastece de los insumos, luego realiza las preparaciones previas, posteriormente se está toda la noche a intemperie esperando el cliente, y finalmente debe regresar a guardar su carro. Si la jornada empieza a las diez de la mañana y termina a las cuatro de la mañana del día siguiente, se trataría de una jornada de 16 horas.

 

¿Que muestra el ejemplo? Que el trabajo del ejecutivo y el del vendedor ambulante se valoran de forma diferente porque su posición en la jerarquía social es distinta. El intercambio mercantil entre ambos no es equivalente. Esa pizza que para el vendedor puede significar un trabajo de horas, para el ejecutivo comprador no equivale ni un segundo del suyo. Y si se habla de productividad el vendedor ambulante al menos fabrica pizzas, mientras que el ejecutivo maneja relaciones públicas para que los clientes del establecimiento financiero y a los dueños del mismo puedan extraer rentas financieras que son la expresión del trabajo social que se genera en otra parte. Más allá de intercambios de equivalentes lo que está detrás es una jerarquía social, y conforme a ella una valoración diferente del trabajo, y una distribución desigual del excedente económico.

 

De tal forma que no pueden reducirse los intercambios mercantiles a una mera relación cuantitativa. No sólo se trata que el trabajo de cada uno tiene una valoración distinta, sino que en el caso de la economía popular hay dos características adicionales que deben ser tenidas en cuenta. La primera, que en la economía popular se carece de derechos sociales pero al mismo tiempo no se paga impuestos directos por la actividad económica. Se trata de una población que está excluida del contrato social sobre el cual se construye la ciudadanía. Su actividad económica se mueve en el terreno de la ilegalidad (que no es lo mismo que la criminalidad). Ilegalidad porque no se pagan impuestos, no se tiene registro mercantil, ni contabilidad auditada, ni derechos de propiedad definidos y debidamente registrados.

 

La segunda característica de la economía popular consiste en que en general su actividad económica se hace en el seno del hogar. La consuencia no sólo consiste en la introducción de relaciones mercantiles en el seno de la familia, sino que se va borrando la separación entre el mundo privado que se da en el seno de la familia, y la esfera pública donde se realiza el trabajo mercantil.

 

Se genera una tensión en el seno de la familia entre su función de reproducción de la vida a través del afecto y el cuidado, y la reproducción de la vida a través de la inserción en el mercado, y el impacto que esto tiene sobre la familia está por estudiarse. En este campo hay una imbricación entre la economía doméstica (realizada desde los hogares, la famiempresa) y la economía popular.

 

Estas características hacen que la relación con el Estado tienda a moverse en terrenos de la justicia penal y los códigos de policía, el clientelismo político, y una relación inestable que oscila entre la negociación y la confrontación. Esa relación es distinta a la del trabajador estatutario cuya relación se mueve en los códigos de la legislación social (entre ellas un código laboral), los derechos sociales, y la negociación colectiva; o la del ciudadano que paga impuestos, es sujeto de derechos sociales, y participa en la discusión y definición de las políticas públicas, como es el caso del ejecutivo señalado atrás.

 

De manera que el mercado no es una relación entre iguales. Esto no es nuevo, pero siempre se olvida. Se vende la ilusión a los trabajadores de la economía popular que si se lanzan con todo su ánimo al mercado salvador serán emprendedores exitosos. Vana ilusión. Siempre serán maltratados por las asimetrías ocultas en la supuesta igualdad mercantil.

Publicado enEdición Nº200
En 2013 aumentó la violencia contra el movimiento sindical colombiano

Ayer 10 de diciembre se cumplieron 65 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En una fecha tan significativa, la Escuela Nacional Sindical lamenta informar que los homicidios y los atentados contra trabajadores sindicalizados en Colombia aumentaron en este año que está terminando.

 

En efecto, desde el 1º de enero de 2013 al día de hoy, el Sistema de Información en Derechos humanos de Sindicalistas de la ENS (SINDERH) ha registrado, preliminarmente porque son datos aún no consolidados, al menos 26 homicidios de trabajadores sindicalizados, 13 intentos de homicidio, 149 amenazas, 28 casos de hostigamientos y 13 detenciones arbitrarias.


O sea que en lo que va corrido de este año se han registrado 4 casos más de homicidios y 6 casos más de atentados contra la vida de sindicalistas que en 2012.


Los dos últimos homicidios tuvieron lugar la semana pasada en el departamento de Norte de Santander, en Cúcuta y el municipio de Sardinata. Las víctimas, Carlos Garciaherreros, y Pedro Camperos, eran dirigentes de la Subdirectiva de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Fenaser, filial de la CTC.

 

Son cifras que resultan preocupantes y demuestran que, pese a que el Gobierno ha anunciado esfuerzos en la implementación de medidas encaminadas a garantizar los derechos laborales y las libertades sindicales, la violencia antisindical y la impunidad de ésta no son un asunto del pasado en Colombia.

 

Lo más grave es que másd el 90% de las violaciones a los derechos a la vida, la integridad y la libertad de trabajadores sindicalizados entre enero y noviembre de este 2013, se cometieron contra líderes sindicales. De 229 casos registrados, 208 fueron contra dirigentes. De esos casos 9 fueron homicidios y 12 atentados.

 

Además 18 casos de amenazas fueron colectivas, dirigidas contra organizaciones filiales de la CUT y la CGT, centrales sindicales que en el transcurso del año 2013 agrupan, respectivamente, el 89,2% y el 5,4% del total de la violencia, lo que ratifica la dimensión colectiva de la violencia antisindical y las afectaciones que genera.

 

Los departamentos con más casos de violencia antisindical en este 2013 fueron: Valle con 49 casos, Antioquia con 30 casos, Cesar con 30, Santander con 27 y Atlántico con 20 casos.

 

Al analizar los sectores económicos más afectados por esta la violencia antisindical este año, encontramos que el más impactado es el de minas y canteras con el 25,4%, seguido de la industria manufacturera con 19.3%, el sector educativo con 18,2%, y agricultura, caza y pesca con el 12,7%. Como se ve, la violencia antisindical se da hoy en sectores claves en las políticas económicas que orienta el gobierno nacional.

 

Frente a la presunta autoría de esta violencia, tenemos que en un 53,7% de los casos no se conoce información al respecto. Y del total de los casos en los que se conoce o se presume su autor, el 71,6% se atribuye a grupos paramilitares, el 19,1% a organismos estatales, y el 5,8% a la guerrilla. Con un menor procentaje están los casos presuntamente atribuidos a la delincuencia común y el empleador.

 

Los dos últimos casos de N. de Santander

 

El primer caso ocurrió el 4 de diciembre en Cúcuta, donde fue ultimado de un balazo en el pecho Carlos Edmundo Garcíaherreros, recién nombrado directivo de Fenaser en este departamento, y docente de las universidades Libre y Simón Bolívar de Cúcuta.

 

Las autoridades dijeron en una primera versión de los hechos que el móvil fue el robo de un reloj, versión que puso en duda Raúl Gómez, presidente de Fenaser Seccional N. de Santander, sobre todo teniendo en cuenta que hay un runrún rodando en la zona en el sentido de que hay un listado de sindicalistas que van a ser asesinados por los paramilitares.

 

El segundo caso ocurrió dos días después del anterior, el de diciembre, en el municipio de Sardinata. La víctima fue identificada como Pedro Alejandrino Camperos, presidente de la subdirectiva del sindicato Sindenorte en Sardinata, filial de Fenaser.

 

Según Raúl Gómez, Camperos era una persona muy conocida en esta municipalidad, donde, aparte de ser funcionario de la Alcaldía, integraba un grupo mariachi. Precisamente ese fue el señuelo que utilizaron para asesinarlo: lo convocaron a prestar un servicio musical en las afueras de la ciudad, donde fue atacado el vehículo en el que se movilizaba su grupo. En el abaleo también resultó muerto otro compañero mariachi y herido el conductor del vehículo.

 

Otros casos graves

 

Algunos casos que consideramos graves, y que muestran la dificultad para ejercer la actividad sindical, son:

 

Entre julio de 2012 y enero de 2013, el presidente y el tesorero de la Junta Directiva Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbon), recibieron amenazas extendidas contra sus familias. Ocurrió mientras los dirigentes integraban la comisión que representó al sindicato en la negociación colectiva con la empresa Carbones del Cerrejón Limited. Según lo denunció pubolicamente el sindicato, estas amenazas tenían como objetivo limitar las acciones de Sintracarbón frente a sus reivindicaciones por la defensa de los derechos de los trabajadores y el desarrollo de la región. Solicitaron medidas de protección, pero nunca obtuvieron una respuesta oportuna, coherente y eficaz frente a sus necesidades particulares.

 

Otro escenario hostil contra el sindicalismo es la industria azucarera, en particular el Ingenio La Cabaña, que se opone a la formalización de sus relaciones laborales y contunúa vinculando trabajadores mediante contratistas. Además se negó a reconocer la seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) y a discutir el pliego de peticiones presentado por éste en diciembre de 2012. El 3 de enero de 2013 este ingenio despidió a 86 trabajadores, incluida la junta directiva del sindicato, y varios trabajadores sindicalizados recibieron, extensivas a su familia. Y el 28 del mismo mes Juan Carlos Pérez Muñoz, activista sindical, fue asesinado en el municipio de Corinto, Cauca .

 

Otra dimensión de la violencia antisindical que reviste particular gravedad, son las agresiones contra mujeres sindicalistas. Trabajadoras y dirigentes son víctimas de amenazas y desplazamientos forzados que buscan atacar sus liderazgos, sus condiciones propias de mujeres, entre ellas el rol de protección a la familia. Así lo ilustra la experiencia sufrida por la presidenta de la Asociación Santandereana de Servidores Públicos (Astdemp), quien desde el 2004 ha sido agredida en forma permanente. En abril de 2013 fue dejado en la sede del sindicato un sobre con un mensaje en la que la declararon objetivo militar y enemiga pública. Además le enviaron dos muñecas, cada una con el nombre de sus hijas, una de ellas sin un brazo y la otra sin una pierna, salpicadas de esmalte rojo en el rostro y el cuerpo. La amenaza estaba firmada por el Comando Urbano de los Rastrojos .

 

Las vidas perdidas, libertades y derechos restringidos a los sindicatos en este 2023, muestran que la violencia sigue siendo una práctica antisindical que impide la concreción efectiva del derecho de asociación sindical, la dignificación del trabajo, y priva a la sociedad de tener al sindicalismo como un actor fundamental que construye democracia.

 

 

Publicado enColombia
Encadenados y en huelga de hambre, 4 sindicalistas presionan a Nestlé a cumplir Convención Colectiva

Desde el pasado martes 5 de noviembre cuatro trabajadores de Nestlé de la planta de Bugalagrande, Valle del Cauca, se encuentran encadenados y en huelga de hambre en las afueras de la planta como medida de protesta ante el incumplimiento de los acuerdos convencionales y el irrespeto a la dignidad de los trabajadores por parte de la empresa.

 

Se trata de William Zapata, Wilson Riaño, Omar Rengifo y Miguel Millán, todos directivos de la seccional de Sinaltrainal en Bugalagrande, quienes, afirman, están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, a menos que la empresa escuche sus reclamos. Hoy en la mañana uno de ellos presentó una descompensación orgánica y debió recibir atención médica.

 

En realidad se trata de una reincidencia, toda vez que ya el pasado 10 de octubre estos mismos trabajadores habían iniciado una huelga de hambre, la cual debieron suspender apresuradamente por las amenazas y hostigamientos de que fueron objeto.

 

En diálogo con esta Agencia de Información, el señor Javier Correa, Presidente Nacional de Sinaltrainal, dijo que con esta acción de protesta los trabajadores quieren llamar la atención sobre la negativa de Nestlé, la compañía agroalimentaria más grande del mundo, a cumplir los acuerdos pactados en la Convención Colectiva firmada el 28 de junio de 2012, tras 82 días de conflicto.

 

"Esta huelga es indefinida, hasta que la empresa entre en razón y otorgue los beneficios pactados. No pedimos nada más", señaló uno de los trabajadores que participa en la huelga de hambre.

 

Pero la protesta no es solo por la violación de derechos laborales y las presiones indebidas de la empresa a los nuevos trabajadores para que no se afilien al sindicato. También la hacen para denunciar las amenazas de muerte que pesan sobre algunos dirigentes sindicales de la seccional Sinaltrainal Bugalagrande, y para reclamar verdad, justicia y reparación por los sindicalistas de Nestlé, 13 en total, asesinados desde 1984, uno de ellos Luciano Romero, caso por el cual hay abierto un proceso penal por la omisión en que incurrió la empresa, según explicó el presidente de Sinaltrainal.

 

Otra de las demandas tiene que ver con que Nestlé deje de hacer importaciones masivas de leche en polvo y otras materias primas y productos terminados que afectan la agroindustria nacional y ponen en riesgo los empleos y la estabilidad de pequeños y medianos productores, que son reivindicaciones del pasado paro nacional agrario.

 

Es de anotar que el 2011 Nestlé S.A. hizo negocios en Colombia por 90 mil millones de francos suizos, excelente balance que contrasta con la situación precaria de los productores proveedores de la compañía y de los trabajadores.

 

Nestlé, por su parte, emitió un comunicado en el que sostiene que ha cumplido con todos los acuerdos convencionales y lamenta que Sinaltrainal recurra a la huelga de hambre como método de lucha.

Publicado enColombia
Jueves, 24 Octubre 2013 08:14

¿Por qué los salarios se reducen?

¿Por qué los salarios se reducen?

Uno de los movimientos sociales más importantes que ha ocurrido en EEUU, que ha pasado desapercibido en los mayores medios de información españoles, ha sido el movimiento de los trabajadores de los establecimientos de comidas baratas (como McDonalds), conocidos como fast food, demandando un incremento salarial, para alcanzar lo que llaman un "salario digno". Estos trabajadores están entre los peor pagados en EEUU. Se considera, erróneamente, que la mayoría de estos trabajadores son gente joven, estudiantes la mayoría, que no trabajan por mucho tiempo en esos establecimientos.

 

Esta percepción, sin embargo, está equivocada. Dos de los expertos más importantes de EEUU en temas del mercado laboral, John Schmitt y Janelle Jones, han documentado que dicha percepción corresponde solo a un treinta por ciento de los trabajadores de tal sector. La mayoría son trabajadores adultos, que están estancados en su vida laboral en tales puestos de trabajo, que se pagan a nueve dólares por hora, solo ligeramente por encima del salario mínimo legal (7,25 dólares). Y como Schmitt y Jones muestran, estos salarios tan bajos están convirtiéndose en los salarios de grandes sectores del mercado laboral de EEUU. Son los tipos de salarios (low-paid jobs) que están creciendo más rápidamente en EEUU. Y la expresión "estancados" refleja el hecho de que no se estén creando trabajos mejor pagados que permitan a estos trabajadores realizar tareas mejor retribuidas. En realidad, la mitad de los empleados que tienen títulos universitarios indican que el trabajo que realizan no requiere los estudios universitarios que tienen.

 

Dos argumentos que se han dado para explicar este fenómeno han sido, por un lado, la introducción de avanzada tecnología en el proceso del trabajo que, supuestamente, lo simplifica, convirtiendo al trabajador (incluso al empleado cualificado con educación universitaria) en una pieza de una máquina o de un proceso automatizado. Otro argumento es la falta de articulación (mismatch) entre el sistema educativo y formativo, por un lado, y las necesidades del mundo empresarial por el otro. Ahora bien, ninguno de estos dos argumentos puede explicar la enorme polarización social y salarial, ni la enorme concentración de las rentas en EEUU (que, como en otros países, incluyendo España) ha estado ocurriendo.

 

La enorme concentración de las rentas

 

Como bien decía Mark Weisbrot en su artículo "Fast Food Workers are Fighting for the Majority of U.S. Employees". Newsday (del cual extraigo la mayoría de estos datos), el 1% de la población de renta superior, con mayor capacidad adquisitiva, ha pasado de tener el10% de toda la renta nacional en el año 1980 al 22,4% en el año 2012. Ello quiere decir que el aumento de la riqueza consecuencia del aumento de la productividad no se ha distribuido equitativamente, sino que se ha ido concentrando en las rentas superiores, que derivan gran parte de sus ingresos de la propiedad del capital. Es decir, los capitalistas (término casi abandonado en la normativa mediática por considerarse "anticuado") han visto sus rentas incrementadas a costa de las rentas del trabajo. Una situación idéntica ha ocurrido en España. En otras palabras, los salarios han ido bajando y los beneficios han ido subiendo tanto en EEUU como en España. Por primera vez desde la instauración de la democracia en España, las rentas derivadas del capital son mayores que las derivadas del mundo del trabajo.

 

Uno de los factores que ha facilitado esta realidad ha sido el estancamiento del salario mínimo legal. De hecho, si este salario en EEUU hubiera crecido de la misma manera que ha crecido la productividad y la inflación, el salario mínimo en EEUU debería ser de 17 dólares por hora en lugar de los 7,25 actuales. Y este estancamiento salarial se debe primordialmente a factores políticos, es decir, al debilitamiento de los sindicatos y fortalecimiento de la patronal. La evidencia es abrumadora en este sentido.

 

Una situación idéntica ocurre en España. Todas las reformas laborales que se presentaron con el supuesto objetivo de crear empleo, tenían, en realidad, el propósito de bajar los salarios mediante la destrucción de empleo, creando desempleo, el mejor instrumento que la patronal tiene para atemorizar a los sindicatos y al mercado del trabajo y forzarles a que acepten lo que debería ser inaceptable (una consecuencia de lo cual ha sido el espectacular crecimiento del endeudamiento de la población, tema que he desarrollado en otros artículos). Se olvida con excesiva frecuencia que la tasa de desempleo es una variable más política que económica. El desempleo es el arma que utiliza el mundo del capital para debilitar y atemorizar al mundo del trabajo. De ahí que las políticas actuales (que deliberadamente están destruyendo empleo) sean parte de un proyecto político que está logrando sus objetivos.

 

Por eso la respuesta a la bajada de salarios y al desempleo que la facilita, debería ser más política que económica: la movilización política en contra del desempleo, la precariedad y bajos salarios. Puesto que la mayoría de la ciudadanía deriva sus ingresos del trabajo, este movimiento social en EEUU de los "low-paid workers" ha sido enormemente popular (de lo cual tampoco se ha informado a la ciudadanía en España), forzando a la patronal a ceder a estas demandas e incrementar sus salarios. Ello determinó que los sindicatos del país (AFL-CIO) tomaran nota y en su último Congreso en Los Ángeles concluyeran que el futuro de los sindicatos dependería de sus alianzas con los movimientos sociales, estableciendo un abanico (rainbow) popular de carácter reformista que (consecuencia del gran debilitamiento de las izquierdas políticas en EEUU) pudiera convertirse en una especie de "Solidarno??" a la americana. Existe hoy una gran agitación social en EEUU (que se desconoce también en España) que ofrece un gran potencial para el futuro en aquel país. Naturalmente que la situación en España es distinta y requiere otro tipo de respuesta, aún cuando es de gran importancia y urgencia que se establezca una amplia alianza de fuerzas políticas y movimientos sociales (incluyendo los sindicatos) que se opongan a estas medidas que están afectando tan negativamente el bienestar y calidad de vida de las clases populares.

 

*Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Publicado enInternacional
Huelga en la Drummond continúa, hoy completa 50 días

Como ilegal denunció Sintramienergética (sindicato mayoritario de la Drummond), la manera como se convocó y se dio la votación que en días pasados la empresa promovió entre su personal administrativo y los trabajadores afiliados a los dos sindicatos minoritarios, con el objetivo de levantar la huelga.

 

Por lo cual tal votación en la práctica no ha tenido ningún efecto y la huelga, que hoy cumple 50 día, sigue paralizando las actividades en el complejo carbonífero a cielo abierto de la Drummond en la Costa Caribe colombiana, que comprende las minas Pibbenow y El Descanso en el municipio El Paso (Cesar) y al puerto de embarque en Ciénaga (Magdalena).

 

Este es un complejo minero que ocupa unos 10 mil trabajadores entre directos y tercerizados, y en situación normal produce 26 millones de toneladas año, equivalente al 29% de la producción nacional de carbón. Es el segundo productor después de El Cerrejón.

 

Precisamente Sintracarbón, sindicato de El Cerrejón, sumó su voz de apoyo a Sintramienergética, y en un comunicado expedido ayer alertó a los trabajadores del sector minero-energético y a la opinión pública por la “ilegal” manipulación que la multinacional estadounidense hace del conflicto. “Ahora, con la votación ilegal contra la huelga, Drummond vuelve a poner de presente que la cultura antisindical es norma empresarial. Esta decisión en vez de ablandar a los trabajadores los mueve a defender los principios sindicales y a hacer respetar sus condiciones laborales”, señala en su comunicado Sintracarbón.

 

Además hizo un llamado al Ministerio de Trabajo para que haga respetar el orden jurídico y demuestre que sí tiene la intención de hacer valer la libertad sindical, declarando la nulidad de la votación promovida por Drummond entre empleados no sindicalizados, muchos de ellos de confianza y manejo y por tanto impedidos para tomar parte en el conflicto.

 

Por su parte Éver Causado, vocero de Sintramienergética y miembro de la comisión negociadora, dijo que los trabajadores afiliados a este sindicato están en todo su derecho de continuar la huelga, amparados en el Decreto 2519 de 1993, que dice que la potestad para decretar la huelga, y también para levantarla y convocar a Tribunal de Arbitramento, la tiene el sindicato mayoritario de la empresa, titular del conflicto, en este caso Sintramienergética.

 

Éver Causado lamentó que la empresa no tenga una actitud propositiva frente a los trabajadores y mantenga su intransigente posición de no negociar con el sindicato los puntos que esté le planteó en el pliego de peticiones. Por el contrario, desde el principio del conflicto ha recurrido a distintos instrumentos para tratar de romper la huelga, como lo es la campaña de desinformación que ha desplegado en los medios de comunicación en la región del Cesar, y la fórmula de promover votaciones ilegales entre los trabajadores no afiliados al sindicato mayoritario.

 

Como se sabe, los días 3, 4 y 5 de septiembre los dos sindicatos minoritarios de la Drummond convocaron a los trabajadores para que votaran por el levantamiento de la huelga. Según datos de la empresa, aún no oficializados por el Ministerio de Trabajo, hubo 2.549 votos a favor de que ésta se levante y el conflicto se dirima en Tribunal de Arbitramento. En otra votación similar convocada a mediados de agosto, el número de votos por el levantamiento de la huelga había sido mucho menor, apenas sí superó los 2.000 votos.

 

Pero más allá del número de votos, el argumento principal de Sintramienergética para desconocer esas votaciones y continuar con la huelga, es que éstas no se ajustaron a los parámetros del Decreto 2519, y por tanto son ilegales.

 

Ver otras publicaciones de la Agencia de Información sobre el conflicto en la Drummond en los enlaces:


http://www.ens.org.co/index.shtml?apc=Na--;1;-;-;&x=20168029
http://www.ens.org.co/index.shtml?apc=Na--;2;-;-;&x=20167974

Publicado enInternacional
Viernes, 06 Septiembre 2013 16:45

Trabajadores enfermos e incapacitados

Trabajadores enfermos e incapacitados

Quienes en semanas pasadas transitaron por la Plaza de Bolívar de Bogotá, tal vez se sorprendieron de ver allí un pequeño enjambre de carpas que en uno de los costados instaló un grupo de mineros llegados desde Norte de Santander, para protestar por la desprotección total en la que se encuentran por cuenta de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) a las que están afiliados.

 

Fueron en total 67 mineros, todos de empresas extractoras de carbón en varios municipios del citado departamento, quienes, cansados de que sus reclamos se dilataran e indignados por el mal trato de las ARL, decidieron viajar a Bogotá a tratar de hacer visible su drama —o su viacrucis sería mejor decir— provistos de carpas y plásticos para armar cambuches al frente de las instalaciones de la ARL Positiva, que era su plan inicial.

 

En efecto, se instalaron allí pacíficamente, con la esperanza de que las directivas de ARL Positiva los recibieran, pero lo que los recibió fue un escuadrón del ESMAD que arremetió contra ellos para desalojarlos, ataque que dejó tres mineros hospitalizados por las heridas que sufrieron, hecho por el cual está en trámite una demanda contra el ESMAD.

 

Entonces tomaron la decisión de instalar sus cambuches en la Plaza de Bolívar, donde alcanzaron a estar 46 días, en los que las inclemencias de la calle y los filos del clima les hicieron pasar las verdes y las maduras porque son hombres acostumbrados al silencio del campo y al clima caliente.

 

Además les tocó corretear y chuparse los gases que, otra vez el SMAD, arrojó durante la batalla campal que se vivió el 29 de agosto en el centro de Bogotá, en el marco del paro agrario.

 

Víctimas de un sistema que no funciona

 

La lucha de estos mineros no es ajena a las muchas que en otras partes del país adelantan trabajadores enfermos y discapacitados por la misma causa: un sistema de seguridad en riesgos profesionales que no funciona y afecta integralmente al trabajador, desde su enfermedad, la calificación de ésta, la recuperación y rehabilitación, hasta la pérdida de la capacidad laboral.

 

Es un sistema diseñado a favor de las empresas y en contra del derecho de los trabajadores; un sistema que en muchos casos no paga incapacidades y rehabilitación integral, con poca regulación del Ministerio de Trabajo y unas juntas calificadoras que casi siempre declaran las enfermedades laborales como simples enfermedades comunes.

 

Por eso, en febrero de este año, un grupo de trabajadores enfermos e incapacitados de las minas carboníferas de Norte de Santander, todos calificados con enfermedades profesionales o accidente de trabajo, decidieron organizarse. Lo hicieron con el objeto de presentar un pliego único al Ministerio de Trabajo, porque su situación era, y sigue siendo, desesperada.

 

Así nació Asotradisnort, como se llama su organización, que en pocas semanas logró aglutinar a 119 mineros, enfermos todos y la mayoría lisiados, o por lo menos impedidos para trabajar como consecuencia de accidentes o del trabajo prolongado en la minería del carbón. Pero ninguno calificado para obtener su pensión de incapacidad. A Bogotá llegaron los 67 que estuvieron en condiciones de emprender el viaje.

 

"Las ARL Positiva y Seguros Bolívar nos está negando el tratamiento médico y las incapacidades. Están violando con nosotros la Ley 1562 de 2012", denunció Jorge García, presidente de Asotradisnort.

 

En la raíz del drama que ahora viven estos hombres, está el hecho de que en su mayoría laboraron como tercerizados, vinculados por empresas contratistas, que bien se acabaron o les terminaron sus contratos, dejándolos en el aire. No pocos de ellos ya no reciben salario ni atención médica.

 

"Uno no entiende: nos mandan a la clínica San José de Cúcuta, pero allá no atienden porque no hay médicos adscritos a la red. Entonces para qué nos hacen ir", se pregunta el señor García, ex trabajador de la empresa Cerrotasajero, quien aún no ha cumplido 40 años de edad (15 de ellos en la minería), y padece 6 patologías: fractura del antebrazo, hernias discales, síndrome del túnel carpiano, radiculopatía aguda, fractura en cadera y problemas siquiátricos.

 

Ante semejante cuadro clínico, García ha hecho lo que ha estado en sus manos para hacerse escuchar y procurar que tanto a él como al resto de sus compañeros se les haga justicia. Tramitó un derecho de petición para buscar que su calificación le diera para acceder a la pensión, pero le dijeron que no tiene derecho a ella porque ya fue indemnizado dos veces. "Me dieron 8 millones de pesos y con eso debo vivir el resto de mi vida", se queja.

 

Puso entonces varias tutelas para que le sea reconocido su derecho. Las ganó todas, pero la ARL Positiva no las cumple. Precisamente en junio de este año esta Administradora de riesgos fue multada por 181 salarios mínimos debido a las irregularidades que ha cometido en el caso de estos mineros.

 

Y en igual condición que Jorge García están casi todos sus compañeros, quienes en un acto de desespero decidieron viajar a Bogotá a denunciar su problemática y el olvido en que los tienen. "En el mes y medio que estuvimos en la Plaza de Bolívar vivimos de la colaboración de sindicatos y personas de buen corazón que nos brindaron solidaridad, especialmente los recicladores. Porque a Bogotá llegamos casi sin un peso", comentó García.

 

El pasado lunes por fin llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, consistente en que el 17 de septiembre instalarán en Cúcuta una mesa de discusión de su problema, en la cual estarán sentados con las dos ARL cuestionadas, funcionarios del Ministerio y entidades de control. "De no encontrar allí una solución, no nos quedará más remedio que tomarnos las entidades públicas para que nos oigan", aseguró el directivo de Asotradisnort.

 

Un buen número de los mineros ya regresaron a su tierra, y los que quedaron están a la espera de que la Alcaldía Mayor de Bogotá les dé un auxilio para el transporte.

Publicado enColombia