La nueva “neutralidad climática” y otras trampas

La crisis climática empeora todo el tiempo, con consecuencias catastróficas para muchas personas. Huracanes devastadores, grandes incendios e inundaciones, sequías, plagas de langosta, deslaves, aire, agua y mares contaminados. Todo empeorado por las políticas de gobiernos que eligen proteger a los más privilegiados, esos que además son los mayores causantes del cambio climático.

En medio de las crisis, los culpables del cambio climático, tanto empresas trasnacionales como super ricos avanzan con nuevas trampas para seguir emitiendo gases de efecto invernadero (GEI) pero hacer también negocios con las supuestas “soluciones”. Por ello, hay nuevos conceptos que útil entender para no caer en sus trampas. Ya existían mecanismos parecidos, pero al quedar al descubierto que solamente sirvieron para lucro de las empresas y como coartada para seguir con la devastación, muchos millonarios, sus gobiernos y ONGs que intentan limpiarles su imagen, han creado nuevos disfraces.

Neto no es cero

Las causas del cambio climático están claras y son conocidas: la gran mayoría se debe a sistemas capitalistas de producción y consumo industrial, basados en combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Los principales rubros que producen el calentamiento global son la producción de energía fósil, el sistema alimentario agroindustrial y la urbanización (construcción, transportes). Son muy pocos milmillonarios, en muy pocos países y muy pocas grandes empresas las que se han enriquecido brutalmente con este sistema. Según un reciente informe de Oxfam, el 10 por ciento más rico de la población mundial es responsable de la emisión de 52 por ciento de los gases de efecto invernadero (GEI).

La producción y consumo capitalista es insostenible desde el punto de vista ambiental, pero además brutalmente injusto. Según el científico Kevin Anderson, del Centro Tyndall para investigación del cambio climático (Reino Unido), si el 10 por ciento de la población más rica del mundo tuviera un nivel de vida como un ciudadano europeo medio (lo cual son muchos grados por arriba de la gran mayoría de la población mundial), bajaría 30 por ciento por año la emisión de GEI, con lo que se podría estabilizar el cambio climático, no seguir agregando más contaminación y ver cómo proceder con el exceso de gases que aún quedarían en la atmósfera.

Pero en lugar de que los gobiernos reconozcan que es urgente hacer reducciones reales de emisiones en su fuente y puntos de alto consumo, (que poco afectarían a la mayoría), en general se han sumando a las grandes empresas para promover lo que llaman “neutralidad climática”. Esto significa que mientras en alguna parte se “compensen” los gases emitidos, retirándolos de la atmósfera y supuestamente almacenándolos en alguna parte, se podría seguir emitiendo gases de efecto invernadero.

El Foro Económico Mundial (Foro de Davos) y muchas trasnacionales allí presentes, han renovado su propaganda en ese sentido, y declaran que serán “neutrales en carbono”, que llegarán a “cero emisiones netas”(incluso al absurdo de “emisiones negativas”) para el 2050 o antes. Esto quiere decir que abiertamente reconocen que seguirán contaminando y emitiendo GEI pero desplegarán medidas tecnológicas (geoingeniería) o lo que ahora llaman “soluciones basadas en la naturaleza” para supuestamente compensar el efecto.

Al observar los planes declarados de la industria de gas y petróleo queda claro que no piensan detener la extracción y quema de combustibles fósiles, sino aumentarlas exponencialmente en la próxima década, por lo que con esta sola industria se agota el llamado “presupuesto” de carbono que ONU fijó para no sobrepasar un aumento de temperatura media global de 1.5 grados hasta 2030.

Al discurso de “neutralidad climática” de empresas como BP, Exxon, Total, Repsol, se han sumando otras trasnacionales: desde agronegocios y supermercados que controlan la cadena alimentaria como Bayer, Nestlé, Danone, Unilever y Walmart hasta bancos como HSBC y grandes compañías de aviación. Todas las mega empresa digitales (que son las de mayor capitalización en el planeta) Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft (GAFAM), se sumaron entusiastamente a este discurso. Ninguna de éstas tiene nada de “virtual” en su huella ecológica y climática. Por el contrario, los millones de centros de almacenamiento y procesamiento de datos, transportes, dispositivos, etc, se estima representarán el 20 por ciento de la demanda de energía global para el año 2025.

Es un negocio redondo: las contaminadoras pueden seguir tal como están o hasta aumentar sus emisiones y alegar que son “climáticamente neutrales” o incluso que usan técnicas de geoingeniería que secuestran más carbono del que emiten y entonces lo llaman “emisiones negativas” -otro absurdo idiomático ya que una vez emitidas, nunca pueden ser “negativas”.

Todo esto va mas allá del hecho que las trasnsacionales le hayan dado otra vuelta al discurso para inventarse otro negocio. Está en juego la crisis climática y ambiental, con nuevos ataques a los territorios indígenas y campesinos. Con los mercados de carbono que ya existían, se comercializó varias veces toda la capacidad de la tierra para “secuestrar” carbono, porque lo tanto (aún si éste no fuera un concepto erróneo) ya no existe en realidad nada para comercializar. Esto es un pequeño detalle que no les importa a las empresas, pero han tenido que actualizar el discurso.

[Falsas] soluciones basadas en la naturaleza

Organizaciones, movimientos sociales y científicos críticos han demostrado que la restauración de los ecosistemas, junto y desde las comunidades indígenas y campesinas, de bosques, humedales, pastizales, junto a sistemas agroecológicos, descentralizados, diversos de producción agroalimentaria, son factores fundamentales para absorber en algunas décadas el exceso actual de gases de efecto invernadero. También para no emitir más, es decir, prevenir que se sigan emitiendo. Esta restauración de ecosistemas conlleva respetar e implementar los derechos integrales de las comunidades que interactúan con ellos. Para que esto sea duradero, es preciso que no se renueven o aumenten las emisiones de GEI, porque de lo contrario, ninguna medida será suficiente para detener la crisis climática.

Las empresas, grandes ONGs y muchos gobiernos han visto su oportunidad para cooptar este planteo, llamándolo “soluciones basadas en la naturaleza”. En esto engloban todas las falsas “soluciones” que usen cualquier tipo de recursos naturales. Por ejemplo, grandes plantaciones de monocultivos de árboles o cultivos transgénicos, “pagar” para cercar bosques y suelos para absorber carbono (al estilo de los servicios ambientales que desplazan de hecho a las comunidades, a veces ofreciendo unas migajas a cambio), avanzar sobre pantanos y humedales, que son grandes depósitos naturales de carbono. Bayer está en una cruzada para demostrar que los suelos absorben carbono, lo cual hacen, pero solamente si están en un equilibrio de décadas. El planteo de Bayer y otras de agronegocios es que se contabilice por zafra, tratando de obviar que el carbono solo se retiene en forma permanente en el suelo cuando no se usan químicos y fertilizantes sintéticos, y se trabaja para restablecer la vida microbiana de éste, etc.

Muchas empresas y gobiernos quieren incluir la plantación de grandes monocultivos de árboles u otros cultivos al paquete de “soluciones basadas en la naturaleza”, cuando en realidad devastan ecosistemas naturales e invaden territorios indígenas, campesinos y áreas de biodiversidad, con lo que en su ciclo de vida completo, las plantaciones emiten más GEI de los que dicen absorber.

Geoingeniería

Los multimillonarios, sobre todo los que provienen de Silicon Valley y del sector tecnológico, como Bill Gates, avanzan también en financiar y promover “soluciones” climáticas tecnológicas, como la geoingeniería. En el último año, varios super ricos están detrás de nuevas ONG relacionadas la clima, para financiar investigación y experimentos con geoingeniería. Todo esto en el contexto del discurso de “neutralidad climática” y “cero emisiones netas”, ya que serían los medios para compensar las emisiones de GEI de las industrias.

Entre las tecnologías propuestas más nombradas están las llamadas Bioenergía con Captura y Almacenamiento de Carbono y la Captura Directa de Aire. Ambas tecnologías implican un espectro de impactos negativos ambientales y sociales. La primera implica un gigantesco despliegue de monocultivos (y luego quemarlos para “bioenergía”), que requeriría una enorme superficie a nivel global, que competirá con la producción de alimentos y los territorios de comunidades. En el segundo caso, se trata de gigantescos extractores de aire, que captan carbono y lo separan del aire con solventes químicos -pero para hacerlos funcionar se requieren grandes cantidades de energía, por lo que en ambos casos, además de otros impactos, también empeorarán el cambio climático con el aumento de gases de efecto invernadero en el proceso. Empresas petroleras como Chevron, Oxxy y BP han invertido en este tipo de tecnologías, porque avizoran que además de proveerles una coartada “verde”, serán un gran negocio si los gobiernos aprueban estos sectores para derivar créditos de carbono.

Paralelamente, la nueva ONG Oceankind, financiada “por un supermillonario anónimo” de Silicon Valley, reunió a empresarios y científicos de Estados Unidos para avanzar formas de alterar a mega escala la química de los océanos, supuestamente para disminuir su acidificación y aumentar su capacidad de absorción de carbono.

Los millonarios no sólo pretenden avanzar las tecnologías para remover carbono en mar y tierra, también están financiando y promoviendo técnicas para “Manejo de la Radiación Solar” , es decir formas de reflejar los rayos del sol, construyendo por ejemplo, nubes volcánicas artificiales o “blanqueando” las nubes con agua salada. Este tipo de tecnologías son extraordinariamente peligrosas, porque de aplicarse a gran escala, provocarían cambios en los regímenes de lluvias y vientos en otras regiones. Aún así, los geoingenieros y gobiernos como el de Estados Unidos (también China, Rusia) promueven su investigación como una forma de “bajar la temperatura”. Como esto no afecta en nada la emisión de gases GEI, sería un jugoso negocio: se sigue calentando el planeta mientras venden técnicas para enfriarlo. Hasta hace poco, este grupo de tecnologías de geoingeniería estaba considerado ciencia ficción, pero en la búsqueda de nuevas coartadas y oportunidades de negocios con el clima, se han anunciado varios experimentos y nuevos proyectos, incluso financiamiento oficial de la administración Trump, que Biden piensa sostener.

Defender la Madre Tierra

Los movimientos globales por la justicia climática conocen estas propuestas de falsas “soluciones”, sea a través de estos nuevos conceptos o de los ya más viejos de mercados de carbono y propuestas de geoingeniería. A este discurso de la neutralidad climática, se suma el de “emergencia climática”, que si bien es un hecho real, los poderosos lo exageran y desvinculan de todas las otras crisis generadas por el capitalismo, para plantear que no hay tiempo de soluciones que tomen tiempo. Plantean que se necesita actuar inmediatamente, pero como no están dispuestos a reducir emisiones de GEI ni cuestionar el modo de vida del 10 por ciento más rico del planeta, todas y todos los demás tendríamos que soportar la geoingeniería y los nuevos asaltos a la naturaleza y las comunidades que significan las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza”.

A contrapelo de este discurso enfermo, la campaña internacional ¡No Manipulen la Madre Tierra!, integrada por 41 organizaciones internacionales (entre ellas La Vía Campesina, la Red Indígena Ambiental, Amigos de la Tierra) y mas de 150 organizaciones nacionales, plantea que justamente por la emergencia climática, no tenemos tiempo para perder en falsas soluciones ni geoingeniería. Ya conocemos las soluciones verdaderas y seguiremos construyéndolas mientras denunciamos las continuas maniobras de los que han provocado la crisis climática.

23 noviembre 2020

Publicado enMedio Ambiente
México y Argentina reavivan debate de transgénicos en la región

La aprobación de un nuevo trigo transgénico en Argentina y un proyecto de decreto presidencial en México que habilita el uso de glifosato y de maíz transgénico generaron la reacción de científicos de la región latinoamericana ante la posibilidad de que se amplíe el uso de transgénicos en el continente.

En ambos países miles de científicos piden detener la tecnología y revertir autorizaciones, a la vez que llaman a mantener y ampliar las moratorias a los organismos genéticamente modificados (OGM) en los países que las tienen.

En Argentina, que destina millones de hectáreas al cultivo de transgénicos y este octubre aprobó el trigo HB4 resistente a sequía y al herbicida glufosinato de amonio, una carta de un grupo de científicos del Conicet y universidades generó la adhesión de miles y trascendió fronteras.En México “hay una tradición muy fuerte de resistencia campesina y social y de científicos que se pronunciaron tempranamente y lograron que no ingresara el maíz transgénico, pero la presión (por el cambio) es constante”: Alicia Massarini.

El nuevo trigo fue desarrollado por investigadores del Conicet del equipo de Raquel Chan en la Universidad del Litoral (Santa Fe, Argentina) en conjunto con la empresa Bioceres. Según explicaron, tiene en promedio 20 por ciento más de rendimiento que el trigo convencional.

Pero la carta de los científicos que están en contra de este trigo señala que su autorización “remite a un modelo de agronegocios que se demostró nocivo en términos ambientales y sociales, (es) causa principal de la pérdida de biodiversidad, no resuelve los problemas de la alimentación y amenaza la salud de nuestro pueblo”.

“Fue una botella al mar, pero tuvimos cientos de firmas en pocas horas y ahora ya más de 1.400, con muchos colegas que la comparten con científicos de otros países y se hizo una versión en inglés; este es un tema regional, no local”, señaló vía telefónica Alicia Massarini, investigadora del Conicet y una de las redactoras del manifiesto.

Otra proclama contra el nuevo trigo, bautizada “¡Con nuestro pan, no!”, generó más de 5600 firmas y adhesiones de 150 entidades y organizaciones afines.

“Sistematizamos los motivos por los cuales oponerse (al trigo transgénico)”, dijo el ingeniero agrónomo Fernando Frank, de Acción por la biodiversidad, impulsor de esta misiva que señala que los transgénicos “promueven los monocultivos y degradan los ecosistemas y la soberanía alimentaria”.

La carta agrega que el herbicida al que es tolerante el trigo es más tóxico que el glifosato: “El glufosinato de amonio está ampliamente cuestionado y prohibido en muchos países por su alta toxicidad aguda y sus efectos teratogénicos (genera malformaciones), neurotóxicos (actúa sobre las neuronas) y genotóxicos (en la división celular)”.

Para Chan —que se dedica a estas investigaciones desde la década de 1990—, si bien el uso de agroquímicos puede ser peligroso, los productores no están obligados a aplicarlos y su uso debe ser reglamentado.

La experta dijo que este nuevo trigo requiere menos uso de agua e incluye un gen de girasol, otra planta ancestral. “No es un gen de rinoceronte o de sapo, que no sería problema tampoco, sino que es un gen de otra planta comestible”, agregó.

Del trigo al maíz

En México, en tanto, el glifosato no está regulado y la siembra de maíz transgénico está prohibida desde 2013 debido a un amparo y no por decreto presidencial, una medida susceptible de ser modificada con cada cambio de gobierno.

Pero el 23 de octubre, cuando se publicó en la web de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un anteproyecto de decreto presidencial que, de aprobarse, continuaría el uso del glifosato y de maíces transgénicos, unos 350 académicos y miembros de organizaciones no gubernamentales firmaron un documento para que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su promesa de campaña de que “no habrá maíz transgénico y que de manera progresiva se prohibirá el uso de glifosato hasta su eliminación total”.

Para Quetzalcoátl Orozco Ramírez, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México y unos de los firmantes de la carta, “es necesario que haya una definición clara de la posición del gobierno federal sobre estos temas y que se concreten en un decreto presidencial” que pueda —de manera paulatina— eliminar el uso del glifosato en los cultivos, comentó por videoconferencia.

Para Viridiana Lázaro, integrante de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País y especialista de agricultura de Greenpeace México, el nuevo proyecto de decreto pide más investigaciones, cuando ya existen estudios que muestran que el glifosato es dañino para el ambiente y la salud.

“Esperamos que se dé de baja esta propuesta de decreto presidencial y en su lugar se publique uno de acuerdo con las declaraciones del presidente y que se prohíba inmediatamente el glifosato en las dependencias de gobierno (y) totalmente hacia 2024, y también se prohíba el maíz transgénico en todo el territorio nacional”, remarcó.

En México “hay una tradición muy fuerte de resistencia campesina y social y de científicos que se pronunciaron tempranamente y lograron que no ingresara el maíz transgénico, pero la presión (por el cambio) es constante”, dijo Massarini.

Para Francisco Trujillo Arriaga, director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria este proyecto no contradice la promesa del presidente sobre la prohibición del uso de glifosato en el país, sino que “busca que las decisiones que se tomen hacia la transición de no utilizar el glifosato en México con miras al 2024, tengan un sustento técnico y científico” y respete “los Derechos Humanos de todos los ciudadanos y sin afectar los tratados comerciales de los que México es parte”, dijo.

Víctor Manuel Toledo Mazur, quien fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hasta septiembre de 2020 —y tenía una fuerte postura a favor de la prohibición del glifosato y la urgencia de contar con un decreto presidencial — señaló a SciDev.Net que México está dando “una gran batalla contra los plaguicidas y contra los transgénicos” porque sabe de “la gran tragedia que ocurre hoy en Sudamérica”.

Además de México y Argentina, en agosto, Cuba también fue escenario de polémica, cuando el gobierno nacional autorizó la investigación, producción, uso y comercio internacional de OGM.

En cambio, en Perú en estos días, el presidente Martín Vizcarra debía decidir si promulgar o no la aprobación que ya otorgó el Congreso nacional de prolongar por 15 años más (hasta 2035) una moratoria de 10 años que vencía en 2021 y que prohíbe el ingreso de OGM al país. Pero Vizcarra fue destituido por el Congreso el 9 de noviembre, antes de tomar la decisión.

Un sector de ecologistas, productores e indígenas quieren que el país siga libre de transgénicos, y otro grupo de investigadores se lamenta por la falta de debate sobre su conveniencia.

Ruta química

Mientras los gobiernos toman sus decisiones, los científicos intercambian datos regionales sobre los problemas que generan los cultivos transgénicos. En particular, el hecho de que el nuevo trigo argentino sea resistente al glufosinato de amonio es uno de los aspectos centrales a considerar por el relativo desconocimiento del químico, alegan algunos científicos y ONG ambientalistas.

De momento se sabe que es una variante del glifosato, el herbicida más conocido debido a que se usa desde la década de 1990 en Sudamérica para el cultivo de soja (soya).

“Son moléculas parecidas, que se comportan de manera similar en el ambiente; como está agotado el modelo de glifosato, el mercado busca esta variante”, dijo Damián Marino, investigador del Conicet y la Universidad de La Plata, y uno de los científicos que más ha estudiado las consecuencias de los agroquímicos, en el encuentro virtual, organizado por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina el 20 de octubre.

Por su parte, Rafael Lajmanovich, investigador del Conicet y profesor de ecotoxicología en la Universidad del Litoral, dijo que el tema de cómo actúa el glifosinato no es simple desde lo químico.

“No es que va a pasar sólo a los alimentos: una parte queda en el agua, otra en el aire y otra en el suelo. Por lo que vemos por ahora (el glifosinato) tiene mayor bioabsorción que el glifosato, de modo que el temor es que pase todo lo que pasa con el glifosato y algo más”, aseguró.

Por Daniela López, Martín de Ambrosio | 24/11/2020

Fuente: https://www.scidev.net/america-latina/agropecuaria/especial/mexico-y-argentina-reavivan-debate-de-transgenicos-en-la-region.html

Publicado enInternacional
Domingo, 22 Noviembre 2020 06:10

Vacunas, riesgos y negocios

Vacunas, riesgos y negocios

El desarrollo de vacunas contra el Covid-19 es un golpe histórico de ganancias para la gran industria farmacéutica. No sólo si logran efectividad y la venden, también desde antes por la especulación financiera con sus acciones y, sobre todo, gracias a los enormes subsidios gubernamentales que están recibiendo. Según el Financial Times, vender la vacuna puede ser pura ganancia, porque los costos ya han sido cubiertos por anticipado con dinero público. (Anna Gross, FT, 12/11/2020).

Otro aspecto muy preocupante: las empresas que han anunciado una efectividad de más de 90 por ciento en sus vacunas contra el Covid-19, Pfizer/BioNtech y Moderna, usan una nueva técnica de ingeniería genética (mRNA) nunca antes probada en seres humanos. La vacuna es experimental, pero también lo es la propia técnica y sus efectos imprevistos en general. Sus afirmaciones de que son seguras son más bien bravatas comerciales: no existe forma de asegurar que no tienen riesgos a mediano o largo plazos. Incluso a corto plazo, porque no se sabe qué efectos son detectados o no son reportados. Al respecto, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina (UCCSNAL) emitió un pronunciamiento donde explica los riesgos potenciales y llama a aplicar extrema precaución y evaluación independiente antes de autorizar estas vacunas transgénicas (https://tinyurl.com/y6cb3w4k).

Las empresas saben de esa falta de certeza. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, tenía fríamente calculado vender gran cantidad de sus acciones el día del anuncio de la nueva vacuna, día en el que experimentaron un aumento súbito de valor, por lo que obtuvo 5 millones 600 mil dólares. También la vicepresidente de la misma empresa, Sally Susman, vendió ese día acciones por valor de un millón 800 mil dólares. Además de la infidencia (permitida), refleja que ambos estimaron que luego las acciones podrían bajar. Las acciones de Pfizer subieron 7.7 por ciento y las de BioNtech 13.9 por ciento. Las de Moderna subieron una semana después 13 por ciento.

Por si les quedaban dudas, recordemos que el interés principal de las grandes trasnacionales farmacéuticas no es la salud, sino la ganancia. De hecho, su cliente ideal son las personas enfermas, porque sanas o fallecidas dejan de consumir. Esta industria ha hecho tales porcentajes de ganancia, que han sido objeto de análisis de varias comisiones de competencia, incluso en Estados Unidos, que confirmaron que tenían porcentajes de retorno de ganancia mayores que muchos otros rubros industriales. Además, tienen un amplio y pésimo historial en reconocer sus errores y los graves efectos secundarios que han provocado a diversas personas, así como en asumir los costos de éstas e indemnizarlas. Según la encuestadora Gallup, en 2019 las empresas farmacéuticas pasaron a ser las peores consideradas por el público de Estados Unidos, aun más abajo que las industria de petróleo y gas o las de propaganda por sus abusos.(https://tinyurl.com/y37d955r)

A principios de la pandemia, varias grandes farmacéuticas dudaban en invertir en vacunas, porque con las epidemias anteriores, los virus mutaron y no lo veían como una buena inversión. Anna Gross reporta en Financial Times que las empresas cambiaron de opinión cuando vieron que los contagios se trasmitían entre personas y que eso aseguraba un área y un periodo mucho mayor de permanencia de la pandemia. Pero el factor principal, agrega, fueron los cuantiosos subsidios públicos sin precendente, especialmente en Estados Unidos. La Operation Warp Speed de la administración estadunidense otorgó mil 200 millones de dólares a AstraZeneca; mil 500 millones a Johnson y Johnson; mil 600 millones a Novavax; mil 950 millones a Pfizer; 2 mil millones a Sanofi/GSK y 2 mil millones a Moderna, entre inversiones y acuerdos de compra. David Mitchell, de la asociación civil Pacientes por Medicamentos Accesibles, señaló que en el caso de Moderna, el gobierno parece haber pagado todos los costos de investigación y desarrollo, por lo que el alto precio de venta que anunció ( 60 dólares por vacuna, 3-6 veces mayor que otras en curso) es todo ganancia (https://tinyurl.com/FT121120). La colaboración de Moderna en el desarrollo de la vacuna con el Instituto Nacional de Salud, que dirige Anthony Fauci, le provee aún más recursos públicos, como reclutar y supervisar voluntarios, etcétera.

Moderna espera lucros adicionales con otras vacunas que tiene en camino, con la misma tecnología de mARN que nunca ha sido probada. Gracias al estado de aprobación urgente por la pandemia que están solicitando las empresas, esperan poder pronto comercializar las otras vacunas también.

No podemos permitir que esta industria de la ganancia proceda sin rigurosas evaluaciones independientes, en el mayor experimento humano transgénico hasta la fecha. Tampoco que se las apoye con dinero del erario y personas voluntarias a las que no se informa del espectro real de riesgos e incertidumbres que hay en juego. La vacuna es el más estrecho de los enfoques en la pandemia, y no la va a solucionar, de hecho se espera que el mercado subsista por años.

Lo que se necesita es cuestionar las causas y prevenir. Aún así, hay otras vacunas en desarrollo que no agregan la nueva capa de riesgos de estas de Pfizer, Moderna y otras de ARN y ADN.

Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Publicado enSociedad
Dispositivo de Dsruptive en funcionamiento

La implementación de chips o dispositivos dentro de la piel humana ya es posible. Una empresa en Suecia, con origen español, está utilizando esta idea para buscar soluciones en el ámbito sanitario.

 

Juanjo Tara, ingeniero informático, diseña dispositivos implantables en humanos desde 2016. Él, en concreto, tiene dos implantados, uno en cada mano. Cada vez que pasa una de sus manos por su teléfono, como hace durante la entrevista para hacer una demostración, se enciende una luz LED parpadeante debajo de la piel, indicando que el dispositivo está siendo usado. Pero utiliza un reloj analógico, porque considera que la utilización de la tecnología es una decisión personal y libre.

Con 19 años salió de Almería para empezar a formarse. Desde entonces, ha vivido en Madrid, Bruselas, Oslo, Estocolmo y China. Ahora, con 35, ha vuelto a la ciudad en la que nació para establecer la oficina de ingeniería de su empresa, DSruptive, que se dedica a vender implantables tecnológicos para humanos desde su lanzamiento, hace un año, y desde Suecia, donde tiene su sede.

Con su tecnología, que por ahora solo venden a empresas, el usuario puede entrar en su edificio de oficinas, hacer fotocopias o abrir su cuenta de LinkedIn en un móvil al que acerque su mano. Juanjo Tara asegura que esto es solo el principio. En la actualidad están desarrollando dos proyectos en paralelo, uno de ellos directamente relacionado con la sanidad, como por ejemplo, para que el dispositivo sea capaz de medir la temperatura corporal del usuario. El emprendedor y mentor de Open future de Telefónica contesta a las preguntas de elDiario.es días después de haber cerrado una ronda de financiación de 400.000 euros para seguir con el proyecto. “Podría usarse para monitorear la propagación de una epidemia como el virus COVID-19”, se puede leer en la página web de DSruptive

Además, la pandemia de COVID-19 hizo viral la pregunta sobre si era posible que a través de una vacuna se implantara un chip en las personas. Juanjo Tara fue uno de los expertos que lo desmintió.

¿Cómo empezó a interesarse por este tipo de dispositivos?

Pienso mucho en la evolución tecnológica. Al principio, se necesitaba un ordenador de mesa. Luego, se pasó a la era del ordenador personal y se convirtió en una herramienta más. De eso hemos pasado al móvil, coche y relojes inteligentes… Cada vez la tecnología se acerca más al cuerpo. El móvil lo puedes separar, pero un smartwatch ya está sobre el cuerpo. El siguiente paso de la tecnología es pasar la pequeña gran frontera que es la piel. 

Yo creo que va a llegar, aunque la pregunta es cuándo. Si preguntamos a la gente, puede contestar que en veinte años, pero si tenemos la tecnología ahora, se puede empezar a desarrollar. Va a llegar porque cada vez queremos saber más de nosotros, queremos más información. Será nuestro dispositivo u otro, pero va a pasar.

En España eso puede sonar un poco a ciencia ficción.

En Suecia hay unas 10.000 personas con un dispositivo implantado. Estamos vendiendo miles de unidades a Japón y Estados Unidos. En Londres empieza a moverse también. Es cuestión de tiempo. Requiere un esfuerzo para que en cada país haya empresas que promuevan, vendan, distribuyan… y cada país tiene una legislación diferente. Pero va a llegar y, mientras llega, nosotros hemos decidido apostar por la parte médica. Estamos trabajando en un dispositivo nuevo que todavía no podemos decir qué va a hacer, pero podemos decir que ya estamos haciendo los ensayos clínicos en el hospital de Estocolmo. Entendemos que por ahí, por la sanidad, puede haber mucho más impacto a nivel sociedad.

¿Cuáles son las actuales funciones del dispositivo?

Este dispositivo fue una prueba de concepto, mi demostración de que podemos hacer una tecnología nueva o que todavía no estaba desarrollada. En Suecia, el tren lo tiene integrado, puedes llevar el billete en el dispositivo y pasar la mano para entrar. En el centro de oficina de negocios donde estamos, no se lleva tarjeta, se entra pasando la mano. Igual que en las máquinas de vending, para entrar al despacho, hacer fotocopias o traspasar información. Puedo poner información de mi LinkedIn y pasarlo por tu móvil y que lo lea. Es como una tarjeta, que utiliza tecnología NFC. 

¿Se puede utilizar para pagar? Suecia espera operar “sin efectivo” para el año 2023.

Ahora mismo, para pagos tradiciones como con Visa o Mastercard no, porque hace falta hacer una certificación con ellos, aunque imagino que llegará un momento en el que se consiga. 

¿Cómo funciona el dispositivo? ¿Qué tipo de información almacena?

La información se la mandas tú a través de una aplicación de móvil. Se puede encriptar y poner contraseña o que una parte sea pública y otra privada. Tiene muchas configuraciones. Es un dispositivo pasivo, de dos kilobytes de memoria, que solo funciona cuando lo acerco al NFC. Mientras, está apagado, como si no existiese. No tiene botones y nosotros no queremos que sea un dispositivo que esté constantemente encendido. Queremos que se active cuando el usuario lo decida, para que no pierda el control de la tecnología. Tenemos una serie de valores éticos que no queremos pasar.

Ningún dispositivo puede ser implantado forzosamente. Es decir, ninguna empresa puede obligar a nadie a ponérselo. Intentamos que el proceso sea super transparente para que quien lo tenga sea porque él ha decidido tenerlo. Es la base de nuestro trabajo, como entendemos que estos dispositivos tienen que funcionar. Que no nos suene a la serie Black Mirror.

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a vuestro proyecto?

El coronavirus ha conseguido poner la salud en el punto de mira de la opinión pública, que haya una conciencia de que la salud es lo más importante. A largo plazo, la pandemia va a marcar una generación.

Lo que ha hecho esta situación ha sido acelerar la digitalización, porque con el confinamiento hubo una hipernecesidad de comunicación a través de la tecnología, y eso ha hecho que la curva de aprendizaje fuese exponencial, aunque la brecha digital se ha notado bastante. Al final si la tecnología cubre una necesidad que realmente tenemos, la vamos a usar, el problema es que estamos sobresaturados de tecnología sobre cosas que no necesitamos. 

Por ejemplo, si el día de mañana tenemos que usar unas lentillas o gafas de realidad virtual porque es el siguiente paso para comunicarnos como es el Whatsapp de ahora, vamos a aprenderlo, porque al final lo que te aporta es mucho más que las desventajas. Ahora, continuamos haciendo un juicio de valor sobre la tecnología, pero el esfuerzo cuando es natural está bien.

En vuestro campo, ¿cómo se conectan la parte de tecnología y la salud?

Si empezamos a usar tecnología implantable electrónica que dura de entre 30 a 50 años, lo mismo podemos aportar nuevas soluciones frente a las medidas temporales actuales. Si conseguimos desarrollar un dispositivo que puede estar toda la vida contigo, que te va a medir parámetros médicos cuando los necesites… podemos llegar a una salud 2.0. Un tipo de tecnología que aprende para ti. 

Ahora, por ejemplo, si una persona necesita hacerse una prueba médica, la prueba se realiza en un lugar y momento determinados. Y ya está. Es una fotografía en un instante, pero lo mismo, por lo que sea, puede que esa no sea la imagen real. No hay un dispositivo que haga un seguimiento a diario. Por ahí es por donde nosotros queremos enfocarnos. Pero, como he dicho antes, sin que sea algo invasivo.

¿En qué punto de vuestro nuevo proyecto os encontráis? 

Ahora estamos en el foco de sanidad. Primero queremos certificar todo, que sea compatible con el cuerpo humano, hacer todas las pruebas de compatibilidad que necesitamos… Pasar las certificaciones de calidad. El cristal es biocompatible, la cápsula donde está la tecnología es un cristal médico de implantes, solo que nosotros lo diseñamos y hacemos a nuestra medida. No tiene ningún tipo de rechazo porque está probado médicamente y se usa desde que se empezaron a hacer implantes médicos. 

¿Si los dispositivos están relacionados con la salud de las personas serán más fácilmente aceptables por la sociedad?

Un marcapasos por ejemplo. Un marcapasos lo tenemos asumido como normal. Es curioso porque mucha gente piensa que vamos a ser cíborg. Pero, ¿cuál es el concepto del cíborg? Porque si tu tienes un marcapasos, ¿eres un cíborg o no? ¿Dónde está el límite? ¿En si usas algo porque estás enfermo o si solo lo usas para ampliar tus capacidades? Hay preguntas que todavía no están resueltas. Todavía queda mucho trabajo por hacer y al final va a ser una decisión personal usarlo o no.

¿Cómo podría ayudar vuestro dispositivo a la salud? ¿Qué ventajas tendría?

Yo soy muy optimista con esto, porque entiendo lo que puede ayudar, no solo en los países más desarrollados. Imagina un implante low cost para detectar enfermedades en países con menos potencial económico. Yo creo que puede ayudar muchísimo el tener a una persona con un dispositivo a través del cual se le pueda tratar o diagnosticar determinadas enfermedades durante 30 años. Aunque sea detectarlo, yo creo que tiene muchas posibilidades y mucho potencial para mejorar la salud de todo el mundo.

¿Cuál es el público objetivo de vuestro actual dispositivo?

En 2017, hicimos una prueba en un centro comercial en Gotemburgo. Ofrecimos 500 euros de crédito para gastar en los comercios a cualquier persona que quisiera ponerse un implante. Pusimos nuestros terminales, que no eran de pago real pero valían como dinero que luego se canjeaba. Esperábamos que el resultado iba a ser: 90%, hombres jóvenes de 20 a 40 años. Y luego vimos el mismo porcentaje entre hombre y mujeres, con edades comprendidas entre los 22 a los 67 años. Cada uno le ve su ventaja al dispositivo. Uno decía que era muy cómodo, otro que podía vacilar… cada uno tiene su objetivo, su concepto. Esa fueron otras de las razones en las que dijimos “igual esto no es solo para nerds”.

Ya ha pasado el momento del “wow” a pensar que es usable, cómodo y práctico. En este momento, yo lo veo muy parecido a cuando se inventaron los ordenadores, que era una tecnología muy primitiva. Siento que ahora está en esa etapa y que es el primer paso para profesionalizar todo y estar dentro del mercado.

Por Ana R. Segura

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21 de noviembre de 2020 22:54h

La captura de carbono para mejorar la soberanía alimentaria

Investigadores de los institutos de Ciencias Agrícolas y Conservación de Recursos y Biociencias y Geociencias de Alemania acaban de hacer pública una investigación que ahonda en la posibilidad del secuestro de carbono en el suelo. Los argumentos a favor de aprovecha el potencial de los suelos para estabilizar el clima no son nuevos y, de hecho, en los últimos años se han puesto en marcha iniciativas en esa línea como la iniciativa 4p1000, lanzada en la COP21 por la CMNUCC en el marco del Plan de Acción Lima-París (LPAP) en 2015; los talleres de agricultura de Koronivia, que se iniciaron en la COP23 en 2018 y el programa RECSOIL, puesto en marcha el año pasado por la FAO.

Según indican, en la última década, los seres humanos hemos generado cerca de 5 gigatoneladas de emisiones al año, de las que podrían capturarse en el suelo hasta 1,5 gigatoneladas, lo que ayudaría a paliar –que no a resolver- la contaminación que provocamos. Sin embargo, el denominador común de las iniciativas mencionadas se plasma en que el aumento del Carbono Orgánico del Suelo (COS) no sólo puede mitigar parte de las emisiones de carbono sino que, además, resulta indispensable para la adaptación de los sistemas agrícolas al cambio climático. Y es que el COS tiene efectos positivos sobre la estructura del suelo, la retención de agua y el suministro de nutrientes, habiéndose convertido en crucial para mantener los servicios de los ecosistemas y la productividad agrícola, según subraya el nuevo estudio.

l trabajo publicado incide en la necesidad de establecer una estrategia en los más altos niveles políticos y de mercado para motivar a los agricultores a adoptar prácticas agrícolas sostenibles en una escala lo suficientemente grande como para dar como resultado la transformación de los sistemas de producción agrícola. Para que esto se produzca, las acciones deben estar respaldadas por sólidos programas científicos, educativos, políticos y sociales.

Uno de los problemas que está frenando la captura de COS es la financiación, especialmente en los países en desarrollo, pero no es el único puesto que la investigación destaca cómo en Norteamérica, Europa o Australia existen, incluso, instituciones para respaldar las inversiones que se realicen en esta línea y, sin embargo, ninguna de estas regiones han secuestrado cantidades climáticamente significativas de carbono hasta la fecha.

El estudio detalla que el coste del manejo de suelos que aumentan el contenido de carbono puede oscilar entre 3 y 130 dólares por tonelada de CO2, teniendo presente que el rendimiento es variable en función, por ejemplo, de factores como la abundancia de agua. Así pues, uno de los puntos a potenciar, en opinión del estudio, es incentivar fiscalmente a los productores individuales para que no sólo se enfoquen en la producción agrícola –que está subvencionada pese a la guerra de precios con intermediarios- sino que también en la apropiación de COS adicional.

Los investigadores apuestan por potenciar el secuestro de carbono en aquellos suelos que ya están evidenciando una baja tasa de rendimiento, vinculando de este modo esta práctica a la seguridad alimentaria. En la actualidad, alrededor del 33% de los suelos en todo el mundo se ha degradado, habiendo perdido buena parte de su COS como consecuencia de la práctica de la agricultura intensiva y el pastoreo, así como haber convertido ecosistemas nativos en tierras cultivables.

Una degradación de los suelos, además, que va en aumento mientras no se realice un aporte adicional de carbono. Si se realizaran estos aportes, el estudio indica que podría cerrar la actual brecha de rendimiento global del 32% en los cultivos de maíz o del 66% en el de trigo, evitando así la necesidad de seguir extendiendo la superficie cultivable.

Para que la estrategia tenga éxito, lo primero es determinar las condiciones de cada suelo, mapear el punto en el que se encuentra cada región, pues no todos presentan el mismo potencial de captura, que puede variar en función del tipo de suelo, el clima, los sistemas de cultivo y las tecnologías disponibles, así como de la brecha de rendimiento que presente y las pérdidas históricas de carbono. En términos generales, los suelos minerales, que cubren cerca del 90% de la superficie terrestre, apenas cuentan con carbono orgánico, mientras que los suelos orgánicos que almacenan más del 20% de todo el COS apenas supone un 3% de la superficie terrestre.

Las prácticas de gestión que se aplicarán a estas dos categorías son muy diferentes, porque mientras en los primeros la prioridad es secuestrar más COS, en los segundos lo importante es reducir su pérdida. Se requiere, pues, una coordinación regional dentro de una armonización mundial, quizás a través de la FAO y su Alianza Mundial por el Suelo.

El trabajo presentado aboga por vincular el secuestro de carbono en el suelo con los programas sobre seguridad alimentaria y alivio de la pobreza en áreas rurales, salud del suelo y REDD+ (reducción de las emisiones de la deforestación y la degradación de bosques). Este enfoque contribuiría a allanar el camino para todo el trabajo que resta por realizar, desde la misma identificación de las áreas prioritarias a los cambios organizativos necesarios.

Por David Bollero

20 noviembre, 2020

Un submarino chino llegó al fondo de la Fosa de las Marianas. Foto: CCTV.

Un submarino chino estableció un nuevo récord al alcanzar una profundidad de casi 11 mil metros al llegar al fondo de la Fosa de las Marianas, la zona conocida más profunda del mundo.

El sumergible tripulado  “Fendouzhe”, que significa “luchador” en chino, se posó con éxito en el fondo marino de la Fosa de las Marianas, según el Instituto de Ciencias e Ingeniería de Aguas Profundas, subordinado a la Academia de Ciencias de China. Así alcanzó los 10.909 metros de profundidad, informó la agencia Xinhua.

El aparato, junto con los buques nodriza Exploration 1 y Exploration 2, partió el 10 de octubre de Sanya, en la provincia insular de Hainan, en el sur del país, con el objetivo de llevar a cabo la operación. El 27 de octubre, el sumergible estableció un récord previo para la operación de buceo tripulado en aguas profundas de China al descender 10.058 metros en la misma zona, en aguas del Pacífico occidental.

Ahora, rompió un nuevo récord al quedar cerca de los 11 mil metros de profundidad dejando increíbles imágenes durante una sesión de transmisión en vivo filmada por una cámara de aguas profundas difundidas por la emisora ​oficial CCTV de Beijing.

Las imágenes en tiempo real del Fenzhouzhe se transmitieron el viernes pasado. Fue grabado por una cámara a bordo del módulo de aterrizaje de aguas profundas Canghai, o Vast Sea Las dos máquinas se sumergieron en el Pacífico occidental una tras otra para la misión. El video incluso filmó a un explorador a bordo del submarino limpiando una ventana con un pañuelo.

20 noviembre 2020

(Con información de Perfil)

Pedro Arrojo

Pedro Arrojo habla con 'Público' después de emitir un comunicado en el que reclama a España y al resto de gobiernos del mundo a garantizar el derecho al agua y a un saneamiento digno. El experto de la ONU insiste en que sea una medida que se extienda más allá de la pandemia, ya que se trata de un derecho humano inquebrantable.

 

El relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho Humano del Acceso al Agua y el Saneamiento, Pedro Arrojo, ha hecho un llamamiento para que España y el resto de gobiernos del mundo prohíban los cortes de agua a las personas vulnerables. "Vivimos tiempos duros por la pandemia de la covid-19 y sus graves consecuencias sobre la salud pública. Una de las pocas formas de prevenir el contagio consiste en practicar una adecuada higiene usando simplemente agua y jabón. Pero para ello es necesario disponer de adecuados servicios de agua y saneamiento en el marco de una vivienda digna", expone el texto de la declaración a la que ha tenido acceso Público.

El llamamiento realizado por Arrojo –que cuenta con el respaldo de otros más de veinte relatores de la ONU especializados en otras áreas– llega en un contexto de pandemia clave y con una mirada velada hacia el Ejecutivo español, que permite los cortes de suministro de agua desde septiembre, momento en el que el denominado escudo social para la covid-19 finalizó y dejó sin posibilidad de acceso al agua potable y al saneamiento a cientos de familias, empobrecidas por las consecuencias económicas de la pandemia. 

En una conversación con este medio, Arrojo manifiesta que se trata de un llamamiento global, pero reconoce que España, país al que considera "líder junto con Alemania" en el acceso al agua, debe volver a levantar el escudo social para salvaguardar que todas las personas puedan tener garantizada unas condiciones de higiene dignas por la covid-19. "El Gobierno debería, por sus obligaciones internacionales y por ese prestigio que atesora como país al que representa, plantearse esa idea de hacer de la necesidad una virtud permanente", expone, en relación a regular el fin de los cortes por impagos entre la población más empobrecida.

"Ahora se debe hacer por urgencia y con rapidez, pero se tiene que regular el asunto de manera definitiva, de modo que no se pueda cortar el agua a familia en situación de vulnerabilidad nunca", agrega, para reclamar que se sienten las bases de una nueva normativa estatal que, más allá de la pandemia, garantice este derecho humano.

Preguntado por las presiones de las empresas privadas que controlan los suministros de agua potable –las cuales ya enviaron una carta a la ministra Teresa Ribera reclamando que se permitieran aplicar cortes por impago durante la primera ola de la pandemia–, Arrojo argumenta que "obtener beneficios económicos no puede servir de pretexto para quebrantar un derecho humano". No en vano, el experto, comenta a Público que "no entendería que ningún gobierno se dejase presionar" y cediera en términos de derechos humanos.

Tras recalcar que el llamamiento va dirigido "a todo el mundo, no sólo a España", el relator advierte que la prohibición de los cortes que se reclama desde la ONU no debe ser interpretada como un falso derecho a no pagar por el agua, ni tampoco debe dar pie a "picaresca". "El que puede pagar debe pagar", afirma. "En países como España hay una estructura capaz de identificar las situaciones particulares de los ciudadanos para saber quién está o no en situación de vulnerabilidad".

En relación a la pandemia que vive España, Arrojo pone como ejemplo las pésimas condiciones de vida de los temporeros, que han sufrido contagios masivos durante el verano en el Bajo Aragón, precisamente por la falta de acceso al agua y a una vivienda digna. También señala a los refugiados que continúan acampados en Moria (Grecia), de los que "apenas nos llegan noticias" sobre los casos de coronavirus, y quienes apenas tienen posibilidad de lavarse con agua a diario. "No podemos estar orgullosos de que esto ocurra en ámbitos europeos", denuncia, "deberíamos aprender una lección de todo este dolor". 

El relator insiste en la idea de que el derecho humano al agua y al saneamiento digno debe de trascender a la pandemia, de modo que cuando la vacuna llegue, tampoco se produzcan cortes de suministro a las personas sin recursos. En ese sentido, señala al futuro que viene marcado por el cambio climático, un fenómeno que va a "acelerar la gravedad de este problema", sobre todo en "zonas que ya están al límite de la habitabilidad como el Sahel". Sin embargo, que la accesibilidad al agua se reduzca en los próximos años "no debe ser razón para que se quebrante un derecho básico", ya que el consumo humano sólo representa, en cifras globales, el 2% del total de los acuíferos y ríos con agua potable. "Hay que dar prioridad para que nadie se quede sin ello".

663 millones de personas sin acceso a agua

El acceso al agua potable fue declarado como derecho humano en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, eso no ha impedido que miles de personas carezcan de este bien.  Según este organismo, se estima que 3.000 millones de personas no disponen de un lavabo en sus casas para poder lavarse las manos. Otros 4.500 millones no dispondrían de saneamiento digno en sus hogares, lo que incrementa la exposición a enfermedades por falta de higiene.

Según los datos de la Organización Mundial para la Salud (OMS), al menos hay 663 millones de personas en el planeta que no tienen ningún tipo de acceso a fuentes de agua potable mejorada. La mayor parte se encuentran en África Subsahariana, con 319 millones ciudadanos afectados por esta carencia. Le siguen Asia Meridional, con 134 millones de personas; Asia Oriental, con 65 millones; y Asia Sudoriental, con 61 millones.

Todo ello contribuye a que anualmente mueran 340.000 niños menores de cinco años por causa de enfermedades diarreicas que se relacionan con la falta de higiene en el acceso al agua y el saneamiento digno, según la OMS. Además, se estima que 161 millones de niños sufren algún tipo de retraso en el crecimiento o malnutrición crónica por esta misma causa.

 18/11/2020 22:46

alejandro tena

Publicado enSociedad
Habitantes del estado de salvan algunos de sus enseres en una avenida inundada por el huracán Eta en Tabasco, México. EFE/Jaime Ávalos

TEMPORAL IOTA

Iota es el trigésimo temporal con nombre en lo que va de año, lo que hace de 2020 la temporada con más huracanes desde que hay registros. El incremento de estos huracanes que están azotando Centroamérica viene asociado con una mayor fuerza de sus vientos y su duración. Las consecuencias sociales, el incremento de las migraciones climáticas o las numerosas muertes ponen sobre la mesa los efectos que puede tener la crisis climática.

Bautizados con nombres de letras griegas, Eta e Iota, son los dos últimos huracanes que han sacudido Centroamérica, con consecuencias devastadoras en seis países de la región. Por el momento se han contabilizado 261 muertes y decenas de desaparecidos, según los datos de Cruz Roja Internacional, organización que señala a Honduras como el país más afectado por el primero de los fenómenos extremos, no sólo por el número de muertes y desperfectos, también por que cerca del 20% de la población podría haber quedado sin ningún techo, en mitad de un segundo huracán, y sin apenas alimentos que llevarse a la boca.

Unas cifras de daños que sólo se vinculan al primero de los huracanes, Eta, y que podrían aumentar en los próximos días ya que la misma región del continente está ahora sufriendo las consecuencias de Iota, ha llegado a registrar "vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora", según informa a Público la física y meteoróloga de eltiempo.es Irene Santa. "Aunque sus vientos se hayan debilitado, las lluvias continuarán afectando la región por varios días causando más estragos, tras los fuertes vientos que azotaron la costa este y la marejada ciclónica de varios metros de altura que ha causado inundaciones", expone la experta.

La llegada de estos fenómenos no es casual y, tal y como advierte Cecilia Carballo, directora de Programas de Greenpeace, guardan una relación con el cambio climático, sobre todo en lo relacionado con su virulencia.  "Sabemos que las aguas oceánicas son más cálidas por el calentamiento del planeta, lo que ayuda a que este tipo de tormentas se intensifiquen. Nos encontramos con que el mar y la atmósfera son más calientes, lo que hace que estos fenómenos tengan más energía y lleguen con más fuerza a la tierra".  

Según un reciente estudio publicado por Nature, la crisis climática está provocando que los huracanes como Eta e Iota se debiliten de una forma mucho más lenta que los temporales atlánticos de hace cincuenta años. Tanto es así, que si en 1960 perdían cerca del 75% de su fuerza al día siguiente de tocar tierra, en la actualidad, sólo pierden el 50% de su energía después de alcanzar la costa.

Pero no sólo se están mostrando más letales. La recurrencia de estos huracanes también parece ser un factor ligado al cambio climático. Tanto es así que Iota, todavía activo, es la trigésima tormenta con nombre en lo que va de 2020, lo que hace que este sea el año con mayor cantidad de fenómenos registrados, según los datos del Observatorio de la Tierra de la NASA (NASA Earth Observatory). Además "nunca se había formado un huracán de máxima categoría (5) tan tardío en el Atlántico Norte, a solo dos semanas de que acabe oficialmente la temporada", expone Santa. "Con Iota, ya son 5 temporadas consecutivas en las que se han dado huracanes de máxima categoría en el Atlántico, algo que nunca antes había ocurrido, según los registros. Esta tendencia encaja bien con el contexto de cambio climático en el que vivimos actualmente: desde los años ochenta se ha producido un aumento de la intensidad, la frecuencia, la duración y el número de grandes huracanes [de categoría 4 o 5] en el Atlántico Norte".

Consecuencias desoladoras

Si algo demuestran estos dos últimos huracanes es que las consecuencias meteorológicas del cambio climático tienen un impacto directo en la vida de las personas. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la llegada de Eta a la región Centroaméricana el pasado 3 de noviembre provocó que al menos 120.000 personas tuvieran que abandonar sus hogares debido la difícil adaptación de los entornos empobrecidos a las lluvias y las rachas de viento.

"El impacto de la tormenta se da en medio de una contracción económica ya crítica en la región como resultado de la pandemia, lo que ocasiona más dificultades tanto para las personas desplazadas por la fuerza, como para las comunidades de acogida. Ahora es más probable que aumenten los desplazamientos a través de las fronteras, incluso de personas que huyen de la violencia y la persecución", ha valorado Giovanni Bassu, representante de esta agencia de la ONU.

Beatriz Felipe, investigadora de migraciones climáticas de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), explica que estos temporales en regiones de América Latina no sólo contribuyen a que haya un mayor movimiento migratorio dentro de los países, sino que afecta a cientos de personas que ya se estaban en pleno viaje migratorio por causa de otros elementos vinculados al cambio climático, como las sequías, "una de las causas más presentes entre las caravanas de migrantes rumbo a EEUU". "La mayoría de las migraciones climáticas son internas y ocurren dentro de los propios países, pero en esta región América Latina se suman otros factores de pobreza que obligan a las personas a ir hacia el norte", expone la experta.

"Los refugiados climáticos no están reconocidos como tal dentro de la Convención de Ginebra, pero está comprobado que hay un incremento de desplazamientos forzosos por causa del cambio climático. En el caso de Centroamérica, la sequía y la pérdida de cosechas son los factores principales de los fenómenos migratorios asociados a la crisis climática. Si a esto le sumas el incremento de temporales, lo que ocurre es que habrá más presiones sobre los puntos calientes de la frontera", denuncia Carballo.

Las cifras de los desastres climáticos

Huracanes, olas de calor, megaincendios, sequías..., la lista de desastres ambientales vinculados al cambio climático es demasiado larga y sus consecuencias son desoladoras. Tanto, que al menos 1.700 millones de personas se han visto afectadas por alguno de estos fenómenos en la última década y otras 410.000 perdieron la vida, según los datos de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR).  La misma organización denuncia que en los últimos 30 años este tipo de desastres naturales han experimentado un incremento del 35%.

Según Oxfam Intermon, los países más empobrecidos viven en la contradicción de ser los que menos contribuyen al cambio climático a la vez que sufren en mayor medida sus consecuencias, sea en forma de inundaciones, falta de alimentos o temporales como los vividos estos meses en Centroamérica. No sólo eso, sino que las poblaciones de estos estados apenas tienen recursos para afrontar este tipo de fenómenos sin pérdidas, en tanto que el 97% de las personas con bajos ingresos del planeta no dispone de una cobertura de seguros para afrontar catástrofes medioambientales, ni de apoyo social brindado por las instituciones públicas y los gobiernos locales.

A ello, se suma la importante brecha de género que deja a las mujeres en una situación de vulnerabilidad ante este tipo de desastres. Según un informe de Oxfam, una mujer tiene 14 veces más posibilidades de morir ante un fenómeno climático que un hombre.

18/11/2020 07:14 ACTUALIZADO: 18/11/2020 07:29

ALEJANDRO TENA

 @AlxTena

Publicado enMedio Ambiente
La vacuna anti-COVID promueve el debate de la sociedad planetaria

En los últimos días la vacuna contra el SARS-CoV-2 se convirtió en una vedette mediática, casi al mismo nivel que las elecciones en los Estados Unidos o la segunda ola pandémica europea.

El 9 de noviembre las empresas Pfizer-BioNTech anunciaron el resultado positivo de su vacuna en preparación en un 90% de los casos probados. Dos días más tarde, el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Instituto de Investigación Gamaleya comunicaron que su vacuna Sputnik-V había resultado eficaz en un 92% de los testeos realizados. Y el lunes 16 del mismo mes fue el turno de Moderna de comunicar un porcentaje de éxito del 94.5% de las pruebas efectuadas. Anuncios todos que trajeron un suspiro de alivio en la perspectiva de mediano plazo de la actual crisis sanitaria.

Tres razones confluyentes lo explican. La primera, la gente. El enorme interés de una gran parte de la población mundial -especialmente de Europa y de América – agotada por la pandemia y que no ve ninguna puerta de salida sin la vacuna. La segunda, los negocios. La gran industria farmacéutica sabe que el medicamento preventivo anti-COVID-19 le aportará beneficios incalculables dada la dimensión global de la demanda. Y, la tercera, el poder político. El entusiasmo de los gobiernos de las naciones golpeadas por la pandemia, que ven en la vacuna la lámpara de Aladino de la estabilidad sanitaria. Y la esperan como el único descongestionante potencialmente efectivo para la grave crisis. La gobernabilidad se ve amenazada por este cataclismo sanitario-económico-social.

La nueva “ética”

«Nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo”, enfatizó un grupo de expertos de las Naciones Unidas en asuntos de derechos humanos al pronunciarse públicamente el 9 de noviembre. El comunicado de prensa apareció casi en paralelo con el de las empresas Pfizer-BioNTech a través del cual informaron sobre los resultados positivos de su vacuna en un 90% de las pruebas realizadas.

Estos expertos intentaban recordar que el acaparamiento de ese fármaco por parte de los países que cuentan con más recursos económicos, o que proclaman un nacionalismo extremo que los lleva a ignorar cruelmente las necesidades del resto del mundo, “no tiene lugar en la lucha contra la pandemia”. La advertencia-denuncia se dirigió hacia “algunos países que están tratando de monopolizar cualquier futura vacuna contra el COVID-19” y hacia las empresas farmacéuticas que “tienen la responsabilidad de no anteponer las ganancias a los derechos de las personas a la vida y a la salud”.

Con el trasfondo planetario de más de 1.319.000 muertos (al 16 de noviembre), producto del coronavirus; el azote de la segunda ola europea, cuyo impacto ya supera al de la primera;  y el reflejo  instintivo del sálvese quien pueda, esas personalidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intentaron reforzar el debate ético sobre el valor igualitario y universal de la vida humana.

Reflexión que, a escala nacional, se instaló en algunos países de la región con respecto a la selección de los pacientes graves en sistemas hospitalarios colapsados. ¿Quién tiene más *derecho* de sobrevivir entre dos enfermos en igual situación médica si ambos dependen de un solo respirador artificial o un mismo equipo de entubamiento? Los científicos de la Academia Suiza de Ciencias Médicas, a instancias del Gobierno federal, acaban de actualizar las directivas sobre el tipo de atención para los pacientes graves si se diera el colapso hospitalario. En la práctica: a quiénes se atenderá en cuidados intensivos y a quiénes se destinarán al sector paliativo para una muerte casi segura. Todo esto genera una reflexión ética semejante a la discusión en puertas sobre la distribución prioritaria, la venta y la aplicación futura de la vacuna.

Este debate es lo que, en un plano más global, intentaron provocar los diversos relatores, expertos independientes y miembros de grupos de trabajo de la división de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con su comunicado del segundo lunes de noviembre.

Según este grupo de trabajo, “parece que, lamentablemente, algunos gobiernos se han comprometido a garantizar vacunas solamente para sus ciudadanos. Las políticas de salud y adquisiciones aislacionistas están en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos”.

Por tal razón, dicho grupo, le pidió a la comunidad internacional que sostenga la iniciativa COVAX, que procura garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata del “mecanismo clave que permitiría que todos los países participantes tengan acceso a la vacuna que haya demostrado ser segura y eficaz”.

Según el derecho internacional, subraya el grupo de trabajo de la ONU, el acceso a cualquier vacuna y tratamiento para el COVID-19 debe estar al alcance de todos los que lo necesiten… especialmente aquellos países en situaciones vulnerables o que viven en la pobreza.

Convoca, además, a incrementar la cooperación y la asistencia internacional entre los países desarrollados y en desarrollo a fin de garantizar un intercambio generalizado de tecnologías sanitarias y conocimientos sobre las vacunas y el tratamiento para el COVID-19 en general.

Finalmente, les recuerda a las empresas farmacéuticas que tienen la responsabilidad de respetar los derechos fundamentales y que no deben anteponer sus ganancias a los derechos humanos a la vida y la salud, lo que implica aceptar límites y restricciones razonables a sus patentes.

La sociedad civil toma la palabra

Desde el estallido de la pandemia diferentes voces de la sociedad civil internacional han estado advirtiendo sobre las desigualdades de acceso a equipos médicos, materiales de protección y medicamentos en general. En un futuro inmediato, esta disparidad también podría expresarse también con la vacuna. Aun cuando es un hecho que el virus golpea por igual a ricos y pobres, estos expertos anticipan que la factura más abultada a nivel global será pagada por los sectores de menores recursos.  

Un grupo concentrado de naciones ricas ya había comprado en septiembre de este año más de la mitad de las dosis en preparación de las vacunas contra el COVID-19, informó OXFAM. La ONG estima que se producirán unos 5.900 millones de dosis en una primera etapa, cantidad que sería suficiente para unos 3.000 millones de personas dado que las cinco empresas, que en septiembre tenían mayor probabilidad de éxito, coincidían en la necesidad de dos dosis por persona. El documento se refería a los proyectos en marcha en fase 3 –es decir, de testeo amplio previo a la comercialización– de AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer y Sinovac.

Hasta este momento, afirma la OXFAM, se había negociado la adquisición de 5.300 millones de dosis, de las cuales 2.700 millones (51%) han sido encargadas por países, territorios y regiones que representan el 13 % de la población mundial. Incluyendo a los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Hong Kong y Macao, Japón, Suiza e Israel. Países en vías de desarrollo, como India, Bangladesh, China, Brasil y México, entre otros, compraron las 2.600 millones dosis restantes o se comprometieron a hacerlo.

Los Estados Unidos, con 330 millones de habitantes, ya habían reservado en septiembre 800 millones de dosis de seis diferentes fabricantes. La Unión Europea, con 450 millones de habitantes, había encargado 1.500 millones de dosis, según diversas fuentes informativas. Al día siguiente de conocerse el comunicado del 9 de noviembre de la Pfizer, la Unión Europea se abalanzó para asegurar 300 millones de dosis suplementarias.

Al lanzar su campaña internacional “Exigimos que la vacuna sea gratuita para todo el mundo” (https://actions.oxfam.org/international/covid-19-vaccine/petition/es/ ), OXFAM analizó el mal ejemplo de la empresa Moderna, que aun cuando había recibido pedidos de diferentes gobiernos en torno a los 2.500 millones de dólares, optó por “vender a naciones ricas las opciones de compra de toda su producción”.

Según la ONG, el costo de vacunar a toda la población mundial será minúsculo: costaría menos del 1% del impacto previsto de la pandemia en la economía mundial. En cuanto a los tiempos y plazos, la ONG estima que, de no haber cambios esenciales al ritmo actual, dos tercios de la población mundial (un 61%) no tendrá acceso a la vacuna antes del año 2022.

Equidad en un mundo polarizado

La vacuna contra el COVID-19, que según numerosos especialistas no saldrá al mercado libre antes de mediados del año 2021, se desarrolla en un escenario global preocupante.

La mitad de la población mundial carece de acceso a los servicios de salud más esenciales, así como a fuentes seguras de agua potable. Millones de personas viven en villas miseria o campos de refugiados superpoblados.

La mitad del total de los pobladores del planeta podría padecer una situación de pobreza una vez terminada la pandemia. Según OXFAM, los efectos directos del COVID-19 amenazan condenar a 135 millones de seres humanos a una situación de inseguridad alimentaria o hambre. A pesar de este contexto, los remedios siguen siendo, para las empresas multinacionales del ramo, simples mercancías portadoras de suculentos beneficios.

Como lo sostiene OXFAM, “muchas veces los medicamentos se venden a precios excesivos e inaccesibles”. Los derechos ligados a la “propiedad intelectual” son utilizados por la gran industria farmacéutica para aumentar enormemente el valor de los mismos en el mercado. Los ejemplos sobran. Como lo señala la ONG, a pesar de que la neumonía es la principal causa de mortalidad de niñas y niños menores de 5 años –cerca de 2.000 por día–, dos grandes empresas del ramo, entre las cuales se encuentra la misma Pfizer, se repartieron los derechos de patente y exigieron precios exorbitantes, lo cual causó “la muerte de millones de niñas y niñas”.

Durante toda esta etapa, esas dos multinacionales obtuvieron beneficios de aproximadamente 50 mil millones de dólares por la venta de vacunas contra la neumonía, como lo denunció en diciembre de 2019 la organización Médicos sin Fronteras. Pequeño anticipo de lo que podría suceder en el futuro con la vacuna contra el COVID-19.

La distribución equitativa a nivel internacional de una vacuna segura y eficaz, y a un precio asequible para todos, será sin duda un complejo tema de debate, presiones y contrapresiones. Varias organizaciones europeas anticiparon, a mediados de noviembre, el lanzamiento de una petición ciudadana que espera contar con el apoyo de por lo menos 1 millón de firmas. Dicha petición exige a la Unión Europea que sus contratos con las empresas farmacéuticas sean transparentes y que les obliguen a contraprestaciones, como la liberalización de las patentes pertinentes, con el propósito de reducir el costo de la vacuna.

La vacuna, antes de existir realmente, ya se instaló como un nuevo debate y combate ético-político de dimensión *Tierra*.

Por Sergio Ferrari | 18/11/2020 | 

Sábado, 14 Noviembre 2020 05:52

Polonia. La revolución de las mujeres

Polonia. Cinco noches de protestas

El 22 de octubre de 2020, el Tribunal Constitucional de Polonia sentenció que la ley sobre el aborto vigente desde 1993 era parcialmente inconstitucional. Dicha ley autorizaba el aborto en función de tres causas: amenaza para la salud y la vida de la mujer, constatación de que el feto sufra una malformación o enfermedad irreversible ¡y la sospecha de que el embarazo era fruto de un delito: es decir, violación o incesto. El Tribunal consideró que dos últimas causas contradicen las disposiciones constitucionales sobre la protección de la vida. De ese modo, una institución que teóricamente garantiza el orden jurídico atenta contra los derechos de las mujeres, incrementando su sufrimiento. Tanto de las mujeres que portan un organismo muerto o un feto con malformaciones o enfermedades irreversibles como de las que desean procrear en el futuro. En el primer caso, tener que parir una criatura que nace muerta o que se sabe de antemano que no sobrevivirá constituye todo un infierno para la madre.

Un régimen propio de la inquisición

Este tipo de heroísmo se inscribe en la visión de Jaroslaw Kaczyński, presidente del partido gubernamental PiS (Ley, Derecho y Justicia), quien declaró que merecía la pena parir un niño muerto, aunque no fuese más que para bautizarlo y enterrarlo. Sin embargo, el carácter bárbaro de este criterio no es nuevo en la política polaca. El derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo es una de las luchas más encarnizadas en Polonia desde hace años. Una lucha que la derecha polaca, que depende del apoyo de la Iglesia católica, ha venido ganando hasta la resolución del Tribunal Constitucional.

En Polonia no se puede decir que “nadie esperaba la Inquisición española”, pronunciada en el célebre sketch Flying Circus de los Monty Python. El fanatismo clerical forma parte de la vida cotidiana y no debería sorprender a nadie. Sin embargo, si puede resultar sorprendente la triple alianza que se ha materializado en torno a ese ataque vergonzoso contra las mujeres.

Si no hubiera existido la pandemia y los límites para el normal funcionamiento de la vida pública que ha conllevado, el tribunal encargado de ejecutar las órdenes del PiS se lo hubiera pensado dos veces antes de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los pocos derechos que gozan las mujeres en torno a sus derechos reproductivos.

A fin de cuentas, quienes detentan el poder no han olvidado el gran choque que supuso el lunes negro: la enorme resistencia social contra los intentos anti-abortistas que en 2016 puso en jaque la ofensiva ultraconservadora.

El número de casos provocados por la covid-19 en Polonia aumenta rápido. A la hora de escribir este artículo, Polonia se sitúa en el 8º lugar de la tristemente célebre lista de países con mayor incidencia cotidiana de infecciones. Igualmente, el número de muertes aumenta de forma alarmante y la capacidad de atención sanitaria está al borde del colapso. Todo el mundo se pregunta si los hospitales disponen de suficientes camas y equipos de respiración asistida. Las ambulancias se ven obligadas a largas esperas antes de depositar los pacientes en el hospital…

Por ello, se podía esperar que una sociedad aterrorizada por esta situación no respondiera a un ataque institucional contra los derechos de las mujeres. Pero, una vez más, las autoridades se equivocaron.

A pesar de estar prohibidas las reuniones de más de cinco personas, los últimos días de octubre Polonia conoció lo que puede ser la ola más grande de manifestaciones en la calle desde la restauración del capitalismo. Y lo que es más importante aún, las movilizaciones no solo se desarrollaron en las ciudades más importantes, sino también en las ciudades medias y en los pueblos. Incluso en aquellos que no hace mucho tiempo se hicieron famosos en el mundo entero por las terribles decisiones adoptadas por responsables locales estableciendo “zonas libres de ideología LGBT”. No se sabe con exactitud lo que significaba el establecimiento de dichas zonas, pero esas decisiones de las autoridades locales, aún cuando no iban más allá de la esfera simbólica, suponían un despiadado y repugnante ataque a las personas con identidades sexuales o de género fuera de la norma. En cualquier caso, algunos municipios revocaron estas escandalosas resoluciones. Lo que no sorprende, porque según leyendo los registros y las transcripciones de las reuniones de sus dirigentes se vio que quienes votaron a favor de esas zonas ni siquiera eran capaces de descifrar el acrónimo LGBT. Cuando se demostró que determinados responsables locales hablaban de zonas sin LPG, la mofa en las redes sociales fue monumental. El acrónimo LPG se refiere al término inglés “gas de petróleo licuado”. Seguro que ninguno de esos responsables políticos estaba por prohibir un carburante tan popular en Polonia…

Una revuelta popular…

Las ciudades pequeñas, incluso aquellas de las regiones que normalmente son bastiones del PiS, reaccionaron ante la decisión del Tribunal Constitucional de forma completamente diferente a la que probablemente imaginaron quienes conforman el gobierno en Varsovia. En lugar de callarse, miles de personas se pusieron a gritar en las calles y en las plazas, sin el menor recato, dos lemas bien claros y muy vulgares: wypierdalać (¡iros a la mierda!) y jebać PiS (¡que le den por el culo al PiS)

Las primeras protestas –populares y espontáneas- comenzaron en el momento en que Przyłębska1/, del Tribunal Constitucional, anunció la decisión. Cientos de personas estupefactas y aterrorizadas por la crudeza del veredicto salieron a la calle la noche del jueves 22 de octubre. Las masas comenzaron a concentrarse ante el edificio que alberga al Tribunal Constitucional y luego se trasladaron ante la sede central del PiS. Desde el principio, el movimiento social de base Ogólnopolski Strajk Kobie (Huelga General de mujeres), que emergió en 2016 al calor de los lunes negros, llamó a movilizarse. En 2016, una enorme movilización obligó al partido en el poder a retirar su apoyo a la ley que se estaba debatiendo en el parlamento para prohibir el aborto.

Ogólnopolski Strajk Kobiet (OSK), la organización feminista cuya militante más conocida es Marta Lempart2/, ha sido una fuerza determinante para la organización de la protesta en todo el país: gracias a los contactos con las y los militantes de base, fue posible organizar marchas y manifestaciones en los días posteriores al anuncio. En muchas ciudades y pueblos, las protestas estallaron espontáneamente, fundamentalmente, gracias al trabajo de grupos informales.

 El 23 de octubre, miles de manifestantes se concentraron ante la villa de Jaroslaw Kaczynski en el barrio Żoliborz de Varsovia, también la plaza de la Libertad de Poznan se llenó de manifestantes y en Lodz se alumbraron cientos de velas fúnebres frente a la sede de PiS.

Las primeras movilizaciones fueron relativamente tranquilas; había más mujeres atemorizadas y llorando que gritando consignas vulgares. A pesar de ello, el periodista de derechas Rafał Ziemkiewicz les llamó putas vulgares a través de Twitter y los media gubernamentales ocultaron de forma permanente el carácter masivo de las protestas, subestimando el número de participantes. El punto de inflexión a todo ello se dio en las misas dominicales en las iglesias.

… que no perdona a la Iglesia

El domingo 27, como parte de la liturgia dominical, las manifestantes interrumpieron las misas al grito de consignas pro-aborto (“Recemos por el derecho al aborto”), con aplausos estridentes en las catedrales, distribuyendo panfletos y con pintadas al respecto, así como haciendo público el número de teléfono del Abortion Dream Team, un colectivo que facilita el aborto en el extranjero para las mujeres polacas. A la noche, en Varsovia, hubo manifestaciones frente a la sede de la Curia, al mismo tiempo que en el resto del país las protestas frente a las iglesias se hacían cada vez más intensas.

Todo ello provocó la ira de los nacionalistas y de los editorialistas de los medios de comunicación próximos a ellos, que realizaron llamamientos fervientes a “defender los santuarios”. Ante la iglesia de la Santa-Cruz, (calle Nowy Świat en Varsovie) las manifestantes tuvieron que hacer frente a la Guardia Nacional, una organización paramilitar dirigida por Robert Bąkiewicz, uno de los organizadores de la Marcha anual por la independencia. Los nacionalistas Defensores de la Iglesia agredieron a una anciana y tiraron a una joven por las escaleras abajo, teniendo que ser hospitalizada. Estas agresiones se desarrollaron bajo la atenta mirada de la policía que se abstuvo de defender a las mujeres frente a la agresión de los nacionalistas.

La nueva generación se rebela

Las movilizaciones de Varsovia dieron aliento a la combatividad social. Fruto de ello, las protestas espontáneas tomaron otro cariz: bloqueo de calles en cientos de ciudades el lunes 28, con miles de personas en cada una de ellas; huelga de mujeres el miércoles, en la que las mujeres y los hombres que les apoyaban dejaron de trabajar; y enormes manifestaciones de estudiantes universitarios y de enseñanza secundaria en todo el país.

Fue en ese momento que Jarosław Kaczyński llamó a hacer frente a las mujeres que no aceptaban someterse [a la decisión del Tribunal], siendo abiertamente criticado por haber incitado a la sociedad a la guerra civil. Su discurso se convirtió en una bomba incendiaria que radicalizó el discurso de las manifestantes.

Mientras grababa su discurso Kaczyński puso en la solapa de su chaqueta el pin de la Polonia combatiente que utilizaron los insurgentes de Varsovia en 1944. Cinco supervivientes de esa insurrección criticaron duramente la utilización de este símbolo, declarando al periódico Gazeta Wyborcza que Kaczyński no tenía derecho a utilizarlo y que su acto era inaceptable. Los veteranos de la insurrección también manifestaron su apoyo a las movilizaciones, calificándolas de justas y, a pesar de riesgo de la epidemia, participaron activamente en las marchas. La manifestación más grande se dio el 30 de octubre en Varsovia: entre 100.000 y 150.000 personas venidas de todo Polonia invadieron las calles de la capital. Según la policía, en el conjunto del país3/ se movilizó más de un millón de personas: la movilización más numerosa de estos últimos años en Polonia.

Entre quienes se manifestaron, el grupo más numeroso fue el de las mujeres jóvenes: estudiantes de universidad y secundaria y también las llamadas jóvenes adultas; personas de menos de 35 años que empiezan a tomas sus primeras decisiones vitales. La participación de este grupo de edad dio lugar a una ironía y un sarcasmo sin precedentes en las pancartas y en los lemas. Las más popular fue wypierdalać (¡iros a la mierda!), y la crítica mediática de la “exagerada vulgaridad de las protestas que solo perjudica su causa” llevó a modificarlas crativamente. En las pancartas se podía leer “Os invitamos a marcharos de inmediato”, “Os pedimos que vayáis a joder a otra parte”, “Por favor, iros”. El contraste entre la utilización de formas de expresión neutras y la enorme emoción que embargaba a miles de manifestaciones se hacía cómica.

He aquí algunos de los slogan más corrientes: “Quien vive en Polonia no se ríe en un circo”, “El gobierno no es un embarazo, se le puede expulsar”, “Si los niños del coro estuvieran embarazados, el aborto sería sacramento” y “Si el Estado no me protege, defenderé a mi hermana”. Muchos de ellos provienen de memos en Internet y de programas de entretenimiento populares: “Hoy vamos a cocinar un guiso de pato”4/ “El PiS hace té con el agua de raviolis” “Nos da miedo follar”, “Sólo podemos darnos por el culo”… son slogans que han aparecido en ciudades y pueblos. El breve clip realizado durante la manifestación estudiantil en Varsovia, que muestra a un grupo danzando la canción de Eric Preydz “Call on me” de 2004, se hizo muy popular. En lugar del estribillo de la versión original, la gente cantaba: “Me cago en el PiS”, el slogan más importante de las manifestaciones contra el gobierno tras la de “¡iros a la mierda!”. El clip se hizo viral y la canción Joder al PiS de Cypis5/ basada en ella se difundió mediante altavoces portátiles en las manifestaciones posteriores (en el momento de escribir esto, el video ya se había visionado 4,7 millones de veces en YouTube).

Ciudades y pueblos movilizados

El carácter fenomenal de las protestas tras el anuncio de la decisión del Tribunal por Julia Przyłębska6/ reside en su generalización, que no tiene precedentes. Las marchas se sucedieron de forma simultánea en miles de pueblos y ciudades a lo largo y ancho del país; en particular, en los pueblos de unos pocos miles de habitantes. En determinadas ciudades, las manifestaciones de octubre han sido las primera de su historia. En Sztum, Trzebiatow, Sanok, Pruszkow o Myślibórz, ha salido a la calle gente que nunca antes se había manifestado. En los media se oye decir que se ha abierto una brecha en la reflexión sobre la resistencia social en Polonia y también que es el primer paso hacia una separación real entre la Iglesia y el Estado, que hasta el momento parecía imposible.

El comportamiento de las jóvenes de Szczecinek, una ciudad de 40.000 habitantes, tuvo un enorme impacto: el 25 de octubre hicieron frente a un cura que intentaba increpar a las huelguistas. Le rodearon, gritándole: “Enséñanos tu útero”, “Vuelve a tu iglesia”, “Vete a joder a otra parte”. Estas adolescentes recibieron el apoyo de la gente que se manifestaba en la región y los medios de comunicación locales publicaron vídeos de sus actividades. La cadena de TV de extrema derecha y la progubernamental TVP Info presentó la acción de estas jóvenes como un insulto escandaloso y vulgar a un hombre santo que distribuye el sacramento de la comunión. De hecho, este hombre santo no distribuye el sacramento de la comunión, está suspendido de sus funciones y durante las manifestaciones mostró la higa a los chóferes que apoyaban a las manifestantes.

Contra los patriarcas

Otra palabra que ser ha expandido mucho en poco tiempo en el espacio público es dziaders (que se puede traducir como la expresión vulgar de patriarca). Las pancartas anunciaban “el crepúsculo de estos patriarcas”, es decir, la caída inminente del patriarcado. El patriarca, protector del orden social conservador polaco es una figura muy corriente en Polonia: la puede ejercer un tío en una fiesta familiar, un profesor universitario que repite que las mujeres no deberían estudiar o uno de los ministros del actual gobierno del PiS (en la que solo hay una mujer: la ministra de la familia y de la política social). Las mujeres polacas, cansadas de haber sido marginalizadas durante muchos años en la vida política y haber sido sometidas al ethos del sacrificio por la familia, han dirigido sus protestas contra los hombres en el poder –tanto el poder laico como el eclesiástico- que les tratan de forma irrespetuosa, condescendiente y como objetos, imponiéndoles sus propias opiniones en nombre de la defensa de los valores y las tradiciones. El estruendoso ¡iros a la mierda! Gritado por las jóvenes de 15 años de Szczecinek puede acabar con el patriarcado que han preservado todas las opciones políticas durante los últimos decenios en Polonia.

Bajo el régimen del PiS, el Tribunal Constitucional ha perdido cualquier vestigio de su ya dudosa independencia política, Está compuesto por personas elegidas para ese puesto por el partido en el poder. Se trata, entre otras, de Krystyna Pawłowicz, conocida por su predilección a insultar de forma vulgar a los oponentes políticos, y del antiguo procurador comunista Stanislaw Piotrowicz, obediente miembro del Partido Obrero Unificado Polaco que pronunció las condenas de los militantes del sindicado Solidaridad y que posteriormente se recicló sin problemas a la democracia liberal, transformando su marxismo-leninismo versión estalinista en un ardiente catolicismo. Stanislaw Piotrowicz se hizo célebre en 2001 por defender a un cura acusado de pedofilia. Tras la llegada al poder del PiS en 2015, jugó un importante papel en el desmantelamiento del Tribunal Constitucional para llegar a ser miembro del mismo. Obtuvo ese puesto para resarcirse de no haber logrado ser elegido al parlamento en las legislativas de 2019. La presidenta del Tribunal, Julia Przyłębska, es una juez criticada en la comunidad jurídica por su falta de respeto a las normas jurídicas, por decirlo de forma delicada.

Por la legalización del aborto

La polémica sobre el derecho al aborto en Polonia viene de largo. Tras la Segunda Guerra Mundial, la relativa regulación de la interrupción del embarazo fue modificad varias veces, si bien el derecho a elegir introducido en 1956, en función de las difíciles condiciones de vida de la mujer, abría un amplio campo al respecto. En la práctica, abrió las puertas a la interrupción del embarazo en la sanidad pública. Sin embargo, la disponibilidad técnica y jurídica del aborto contrastaba con el fuerte tabú existente en la sociedad y la gran carga moral que suponía para las mujeres con embarazos no deseados.

El discurso basado en la protección de la vida frente a lo que los partidarios del gobierno actual denominan aborto eugénico triunfó en 1993 cuando se adoptó la ley sobre la Planificación Familiar. Ley que se aprobó unos meses antes del concordato entre el Vaticano y la República de Polonia.

En el periodo de las transformaciones sociales económicas post-1989, el fundamentalismo católico se fue haciendo fuerte y se instaló en la corriente política dominante. La Iglesia dejó de jugar el papel de apoyo abierto a un amplio abanico de círculos de oposición, no sólo cristianos, que luchaban contra el régimen autoritario dela República Popular de Polonia. En los años 1990 su influencia política alimentó discursos radicalmente conservadores que encontraban eco tanto entre las clases populares como en el seno de una parte de la clase media polaca en formación en las nuevas condiciones capitalistas. Y tras 1989 pocas organizaciones política verdaderamente significativas han intentado avanzar reivindicaciones anticlericales.

El hecho de negar a las mujeres el derecho al aborto legal se bautizó como acuerdo sobre el aborto. Sin el inmenso sufrimiento al que la ley de 1993 condujo a miles de mujeres, la utilización de la palabra acuerdo se podría interpretar como una especie de humor negro. Este acuerdo se realizó entre la jerarquía eclesiástica y la derecha política, pasando por encima de las mujeres polacas y de un tímida oposición de los principales partidos del centro y la izquierda.

Si bien en el Parlamento, estas fuerzas votaron contra la ley anti-aborto, en los años siguientes fueron abandonando la cuestión buscando situarse bien en relación a la Iglesia. El apoyo con que contaba el acuerdo se convirtió en una excusa para tomar distancias con el tema. Y a consecuencia de ello, el aborto clandestino ha sido el gran beneficiado de la situación creada.

Debido a estas decisiones políticas, desde los años 1990, Polonia se ha convertido en una fuente de mano de obra barata para el resto de Europa. Los bajos salarios, sobre todo fuera de las grandes ciudades, hace que sean pocas las mujeres que piensen abortar que puedan acceder a una clínica en Austria o Alemania o, incluso, a Eslovaquia, donde los precios son más asequibles. Algunas de ellas, atrapadas no solo por las privaciones materiales, sino también por la falta de apoyo de su parejas o de sus familiares, deciden recurrir desesperadamente a los servicios de entidades más o menos profesionales que ofrecen servicio en Polonia. La Federación de Mujeres y de Planificación Familiar estima que cada año se realizan más de 100.000 abortos ilegales. La cifra oficial recoge 1100 procedimientos de este tipo, de los cuales cerca de 1000 abortos en 2018 se practicaron debido a “enfermedades irreversibles del feto”. De hecho, la decisión del Tribunal Constitucional desplazó la realización del aborto de las clínicas públicas a los garajes de los ginecólogos.

Contra el fundamentalismo católico

Cuando en octubre de 2020 la oposición al endurecimiento de la ley contra el aborto se comenzó a manifestar frente, y a veces en el interior, de las iglesias católicas, se hizo evidente que las autoridades eclesiásticas no podría continuar en una posición de confortable neutralidad. La corresponsabilidad del clero en la creación de las condiciones que permiten convertir en realidad las aspiraciones de los fanáticos pro-vida es ampliamente aceptada. La asociación de fundamentalistas católicos Ordo Iuris, un ejército de hábiles abogados, bien pagados por fanáticos sudamericanos, ha jugado un papel importante en el desarrollo de la idea de proteger los niños en la fase prenatal de la vida (sic!). Actualmente Ordo Iuris constituye la mayor amenaza para los derechos humanos en Polonia. Sus miembros tratan de forma ferviente trasponer su fanática visión del mundo al derecho polaco. Como puede comprobarse, de forma bastante eficaz.

En el ala derecha de la barrica de los media sociales digitales, en los que periodistas intelectualmente miserables pero manifiestamente muy excitados, con toda su arrogancia, aparecen violentos insultos hacia las mujeres, la comunidad LGBT, los políticos de la oposición y prácticamente de todos quienes se arriesguen a oponerse al equipo progubernamental. Entre estos ladradores narcisistas, Rafal Ziemkiewicz se distingue por su particular rudeza, que tanto él como sus amigos la definen como insumisión.

Los envenenados ataques contra las mujeres que luchan por sus derechos se sazonan a veces con una pizca de teorías del complot. Por ejemplo, bajo la forma de argumentos pseudo-científicos sobre la nocividad de todo tipo de contraceptivos a excepción del método Ogino (que otros denominan, la ruleta del Vaticano) y de groseras manipulaciones sobre los motivos que llevan a las mujeres a abortar. Los partidarios del derecho a la vida (de los embriones) citan motivos eugenésicos bien conocidos. En particular, el problema de las personas con síndrome de Down. Tratan de convencernos que la decisión de interrumpir el embarazo se basan en convicciones extremadamente egoistas de las madres, perturbadas por influencias culturales del podrido Occidente: mujeres crueles que simplemente no quieren apiadarse de niños minusválidos y que niegan el valor de sus vidas. Semejantes opiniones no solo las transmiten los fanáticos religiosos que distribuyen a la entrada de las iglesias folletos advirtiendo de las conspiraciones judeo-comunistas-masónicas o dela ideología LGBT; forman parten de la política y del contenido propagado por la televisión pública financiada con nuestros impuestos.

En la interpretación derechista de la cultura polaca, los niños constituyen el principal valor; sin embargo, esto solo se aplica a los niños no natos (fetos) y a quienes aún no tienen su propia visión del mundo. En los discursos de la derecha conservadora polaca radicalizada, una adolescente que lucha por el derecho a su propia dignidad no puede ser más que una joven mimada o manipulada. Pero estos llamamientos al orden, patriarcales y condescendientes, de hombres políticos omniscientes y de los defensores de los valores tradicionales polacos pierden su influencia ante la convergencia de la oposición social actual.

Si bien la dinámica de las protestas callejeras viene perdiendo en intensidad, porque no se puede esperar que las masas de gente que salieron a la calle a finales de octubre continúe permanentemente en la calle- la unidad de numerosos grupos sociales frente a las autoridades constituye un hecho. Aunque pueda parecer totalmente increíble, en medio de la fuerte pandemia de la covid-10, hacemos frente a una situación en la que se puede decir sin exagerar que si bien no tiene un carácter revolucionario, no está muy lejos de ello.

Tras la buena sorpresa

La amplitud de esta movilización es tanto más sorprendente porque desde hace muchos años la sociedad polaca parecía haber sido pacificada cuando se trataba de articular luchas de clase de una envergadura de calado. La especificidad del desarrollo del capitalismo neoliberal en Polonia se sale de los límites de este artículo, pero es interesante señalar que las mismas masas que se manifiestan con vigor en estos días hasta no hace mucho aparecían como excepcionalmente apáticas y despolitizadas, incluso en relación a otros países del antiguo bloque del Este.

Cierto, no hay que echar las campanas al vuelo, porque las protestas actuales ya son fuente de vivas disputas entre diferentes sectores unidos por el rechazo de la decisión del Tribunal Constitucional. De hecho, la inexistencia de un movimiento obrero de masas organizado (más allá de los debilitados sindicaos, algunos de los cuales dudan en adoptar una posición clara sobre el aborto y otros cooperan abiertamente con la extrema derecha, incluso la neofascista, como Solidaridad, que denigra vergonzosamente su herencia histórica), la izquierda no es muy audible.

De una parte, hay que señalar la enorme determinación y el mérito de los diputados de Lewica7/ y de los militantes de las innombrables organizaciones sociales y políticas que han participado en las manifestaciones. Pero, de otra parte, la creación de un organismo denominado Consejo consultivo para la Huelga nacional de mujeres ha generado enormes controversias.

Según sus impulsoras, este Consejo debe desempeñar un papel estrictamente consultivo al servicio del movimiento de masas. Sin embargo, sólo lo componen personas asociadas al medio de las ONG de Varsovia, a las instituciones universitarias y a las organizaciones políticas. Entre ellas se encuentra un exministro desacreditado del gobierno del PO8/. Este Consejo no ha sido elegido mediante un proceso democrático, sino a iniciativa de los dirigentes del OSK y de sus asociados. El Consejo declara que, además de los derechos reproductivos, analizará las cuestiones planteadas en las manifestaciones en materia de derechos laborales, de política social, del sistema educativo o de la ecología. No esta claro cual será exactamente el trabajo y el objetivo de este organismo. Pero es claro que en su interior hay gente que tiene puntos de vista muy diferentes sobre cuestiones fundamentales como los contratos basura9/. Por tanto, existe el riesgo de que un organismo elegido de forma no democrática y cuyos objetivos no están claros se divida antes incluso de dar a conocer los resultados de su trabajo.

Sin embargo, esta no es una razón para caer en el fatalismo. Este Consejo podría jugar un papel importante, por ejemplo, coordinando la defensa de las y los militantes que las autoridades ya han comenzado a reprimir. En teoría, quienes militan a favor de los derechos de las mujeres en ciudades pequeñas son más fáciles de reprimir, porque carecen de una gran base social y mediática. Y ya se encuentran amenazadas con penas que pueden alcanzar hasta los 8 años de prisión, ser despedidas o relegadas al ostracismo. Pero también son personas con una gran fortaleza que en estas circunstancias excepcionales pueden contar con la solidaridad de un movimiento sin precedentes en todo Polonia. Parece que uno de los slogan más importantes de la revolución rampante polaca “Nunca estarás sola” encuentra aquí y ajora su confirmación práctica.

J.D. y Z.R., militantes de la izquierda radical polaca que trabajan en el sector público de la cultura. Para evitar que sean despedidos debido a la prohibición de “manifestar públicamente sus opiniones políticas”, hemos decidido no divulgar sus nombres. (Traducido del polaco por Jan Malewski, los intertítulos y las notas son de la redacción de Inprecor)

14 noviembre 2020

 

Notas:

 

1/ Julia Przyłębskl nació el 16 de noviembre de 1959. Jurista y diplomática, fue elegida al Tribunal Constitucional en diciembre de 2015 por los diputados del PiS en el Parlamento. En diciembre de 2016 el presidente de la República, Andtzej Duda (PiS) le nombró presidenta del Tribunal. Según numerosos juristas, entre ellos expresidentes del propio Tribunal, su elección se realizó violando la ley.

2/ Marta Lempart, jurista de formación, una de las impulsoras de la organización polaca Ogólnopolski Strajk Kobiet (Huelga nacional de mujeres, OSK), que reivindica el derecho al aborto libre, fue una de las organizadoras de la protesta negra –protesta de las mujeres contra el intento de hacer pasar una ley que prohibiera totalmente el aborto en Polonia en septiembre-octubre de 2016- y del Lunes negro (3 de oct. de 2016), primera huelga de mujeres en Polonia. Dicha movilización forzó al gobierno del PiS a retirar el proyecto de ley. También tomó parte en la organización de las movilizaciones en defensa de la independencia de la justicia, contra la pedofilia eclesiástica en Polonia, en defensa de los LGBT+ y de las personas discapacitadas. Hizo pública su homosexualiad.

3/ En 2020 la población polaca se estima que asciende a 38 nillones de habitantes.

4/ Traducido literalmente, el apellido del presidente del PiS hace referencia al pato (kaczka).

5/ Cf.: https://www.youtube.com/watch?v=FQq6Mwv_jpw

6/ El Tribunal Constitucional, que el gobierno del PiS reestructuró de arriba abajo en 2015 –reestructuración cuestionada por la Unión Europea- tiene poco que ver con una justicia independiente, incluso formalmente. Es ilegítimo, como su presidenta. De ahí que se sobre todo se le conozca como Tribunal de Przyłębska.

7/ Lewica (la Gauche) es el nombre de una alianza política constituida por SLD (Alianza de la izquierda democrática, cuyo origen está en el Partido Obrero Unificado Polaco en el poder de 1944 a 1989), Wiosna (la Primavera, un partido de centro-izquierda fundado en 2019 por Robert Biedron, militante LGBT y periodista), Lewica Razem (Izquierda Unida, un partido a la izquierda del SLD fundado en 2015), el PPS (Partido Socialista Polaco que reivindica la tradición socialdemócrata) y varias otras pequeñas organizaciones políticas entre las que se encuentra, Iniciativa Feminista, así como un sindicato campesino y un sindicato estudiantil. Lewica se situó en la tercera posición en las elecciones de octubre de 2019, obteniendo 49 escaños (24 SLD, 19 Wiosna y 6 Lewica Razem), así como dos escaños en el senado (1 Wiosna y 1 PPS).

8/ Platforma obywatelska (Plateforme civica) es el principal partido polaco fundado en 2011 a partir de sectores salidos de la Alianza electoral Solidaridad (AS) y de la Unión por la libertad (UW). PO fue el partido gubernamental de noviembre de 2007 a noviembre de 2015 y el presidencia de la república de 2010 a 2015, B. Kororowski, pertenecía al mismo. En las elecciones de 2019, la coalición entre el PO, iPL (Iniciativa polaca), el partido liberal Nowovzesna (Moderno) y el pequeño Partido Verde obtuvo 134 escaños en el parlamento (111 PO, 8 Nowoczesna, 4 iPL, 1 PV) y 40 en el senado. El PO forma parte del Partido Popular Europeo, presidido actualmente por su antiguo primer ministro Donald Tusk.

9/  Los contratos basura no son verdaderos contratos de trabajo; son contratos mercantiles en función de tareas concretas; es decir, falsos autónomos. En polonia son más de 1.200.000 personas las que se trabajan bajo esta modalidad.

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