"Los golpistas serán juzgados por las masacres"

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, destacó un informe presentado por la CIDH

El organismo aconsejó crear un "grupo internacional de expertos independientes" para investigar las matanzas de Sacaba y Senkata e "identificar debidamente a los responsables". El gobierno de facto rechazó el informe.

 El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que los principales involucrados en el golpe de Estado serán juzgados por las masacres cometidas en las poblaciones de Sacaba y Senkata. Morales destacó el informe preliminar presentado por una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que confirma las masacres cometidas en ambas regiones. La CIDH aconsejó crear un "grupo internacional de expertos independientes" para investigar los crímenes e "identificar debidamente a los responsables". El gobierno de facto rechazó el informe de la comisión, al que calificó de "sesgado" y favorable al "narcoterrorismo" en el país.

"El informe de la CIDH confirma que hubo masacres contra mis hermanas y hermanos en Sacaba y Senkata. Los golpistas Añez, Camacho, Mesa y todos los que dispararon, creyeron que podían matar sin ninguna consecuencia", escribió el líder boliviano en su cuenta de Twitter.

"Ahora serán juzgados por tribunales nacionales e internacionales", agregó Morales, obligado a abandonar Bolivia el 10 de noviembre tras un golpe de Estado encabezado por la derecha opositora con el respaldo de las fuerzas armadas y la policía.

Un extenso informe difundido en las últimas horas por la CIDH califica de "masacres" las muertes de civiles en dos ciudades bolivianas, entre otras posibles violaciones de derechos humanos tales como "ejecuciones extrajudiciales". En ese sentido, aconseja crear un "Grupo Internacional de Expertos Independientes, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables".

El informe es el resultado de una visita de observación de la comisión por "invitación del Estado" boliviano entre los pasados 22 y 25 de noviembre a cuatro ciudades de Bolivia, entre ellas Sacaba y El Alto. La comisión confirmó que desde los comicios del pasado 20 de octubre murieron 36 personas por la violencia y la represión estatal en el país.

“La delegación de la CIDH recibió abundante información sobre dos masacres cometidas en Sacaba y en Senkata, los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, en las cuales perdieron la vida por lo menos 18 personas”, expresa el documento. El informe advierte que en ambos casos fuerzas conjuntas policiales y militares "habrían abierto fuego contra la población civil".

Para la CIDH, estos hechos pueden caracterizarse como masacres "dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas". El documento alerta además sobre casos de "incitación a la violencia y a la discriminación étnica y racial", y condena al Estado por "la persecución penal de los opositores políticos".

Si bien la comisión aseguró que el gobierno interino de Bolivia se mostró desde un principio "plenamente de acuerdo" con una investigación internacional, horas más tarde el ministro del Interior, Arturo Murillo, refutó esa versión. Respondió "con mucho dolor" al informe, por considerarlo "totalmente sesgado" y porque "no refleja la realidad".

"Está favoreciendo solamente al narcoterrorismo", lamentó Murillo en rueda de prensa, horas después de la publicación del documento. "Lo vamos a revertir y mostrar las pruebas de lo que ha sucedido en nuestro país", dijo el ministro.

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Miércoles, 11 Diciembre 2019 09:04

El malestar estudiantil

Fabio Manosalva, detalle “Turista Maluco”, marzo 2019, collage 33 x 27cm, http://fabio-manosalva.blogspot.com/ (Cortesía del autor)

Nadie podía envidiar la suerte de Nathalie Dompnier, rectora de la Universidad Lumière-Lyon 2, cuando le tocó comentar la inmolación por fuego, el 8 de noviembre pasado, de uno de sus estudiantes. Con su gesto, Anas X, de 22 años, pretendía protestar contra la miseria y el callejón sin salida de su condición social. Tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo; había desaprobado los exámenes; su beca acababa de ser cancelada. Entonces se decidió, según las palabras de un tunecino que también se había inmolado en diciembre de 2018, a “hacer una revolución por sí solo”.


Los jóvenes de entre 18 y 24 años conforman el grupo cuya tasa de pobreza fue la que más avanzó en estos últimos años. Ahora bien, recordó Dompnier, la precariedad “no permite estudiar en condiciones serenas”. Cinco meses antes de la tentativa de suicidio en Lyon, un estudio del Consejo Económico, Social y Medioambiental advertía que el trabajo asalariado de los estudiantes, cuando sobrepasa cierta duración, “lo que ocurre a menudo con aquellos que no disponen de becas suficientes o de ayudas familiares, les hace correr un riesgo mayor de fracasar en sus estudios” (1).


Actualmente, muchos de ellos tienen también hambre, duermen a la intemperie, no se cuidan. Con los medios ínfimos con los que dispone su universidad, Dompnier alega que “no podrá hacer todo” por ellos. Y propone “una unidad de psicología”, “un número verde”, “una asistente social”, “una tienda de comestibles solidaria” (Le Monde, 16 de noviembre de 2019). La ministra de Enseñanza Superior e Investigación, Frédérique Vidal, se jacta de haber “aumentado el monto de las becas” (en un 1,3%, en realidad, es decir el nivel oficial de inflación). Sin embargo, va a “repensar todo esto”; pero “evidentemente lleva su tiempo” (France Culture, 19 de noviembre de 2019). Promete que ya, este invierno, se va a dejar de expulsar a los estudiantes faltos de recursos de las ciudades universitarias…


“Una masacre”


Lo mismo que pasa con la universidad pasa con los hospitales, la agricultura, los bomberos, la escuela, el estado de los puentes. En Francia y en todas partes. Treinta y cinco años de privatizaciones, de retroceso de la gratuidad, de bajas de los subsidios, de controles quisquillosos en todos los campos –gracias Internet– y, al final, una sociedad bajo presión, aturdida, arruinada, que quema sus últimas reservas. Una sociedad en la que sectores enteros están cediendo. A intervalos regulares, muestra su agotamiento, expresa su cólera (2). Paso a paso, resiste a las violencias que los partidos de gobierno se obstinan en infligirle a pesar de todas las alternancias políticas. En el programa de las últimas “reformas”, o de las próximas: la baja de las ayudas para las viviendas, un nuevo aplazamiento de la edad de jubilación, la liberalización del trabajo nocturno, la restricción de la ayuda médica estatal, el endurecimiento de las ayudas al desempleo; “una masacre”, en palabras de un responsable sindical que sin embargo está en buenos términos con el Elíseo, Laurent Berger.


Un joven que sacrifica su vida como sucede en los regímenes autoritarios, manifestantes que pierden un ojo, una mano, durante una carga de policía, panfletarios de derecha que anuncian la guerra civil… Varios movimientos de huelga se preparan para las próximas semanas. Si fracasan, ¿dónde estaremos el año que viene?

1. Marie-Hélène Boidin Dubrule y Stéphane Junique, “Éradiquer la grande pauvreté à l’horizon 2030”, CESE, París, 26-6-2019, www.lecese.fr. Véase también Vanessa Pinto, “Deux jeunesses face à la ‘loi travail’”, Le Monde diplomatique, París, abril de 2016.
2. Véase Bernard Cassen, “Quand la société dit ‘non’” (así como también el dossier que integra), Le Monde diplomatique, enero de 1996.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Aldo Giacometti

 

 

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Día internacional de los Derechos Humanos, día internacional del cinismo

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto que instituciones y gobiernos de todo el mundo conmemoran desde entonces cada año bajo el título de Día Internacional, en lo que quizá sea el mayor ejercicio de cinismo que se puede dar a escala planetaria.

Solo con esa palabra, cinismo, puede definirse, por ejemplo, el acto oficial que ha convocado este martes el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en el Palacio de la Moneda. Desde que comenzaron las protestas el pasado mes de octubre por la subida del precio del transporte público, cerca de 20.000 personas han sido detenidas, 23 han muerto como consecuencia de la represión militar y policial y en torno a 2.000 han resultado heridas. Según el Instituto de Derechos Humanos, se han interpuesto un total de 1.383 denuncias, entre ellas, 192 por violencia sexual, 405 por torturas y 787 por uso excesivo de la fuerza.

Lo que está sucediendo en Chile lo hemos visto primero en Ecuador, donde el presidente Lenín Moreno, aplastó las protestas contra su pacto con el Fondo Monetario Internacional; y en Bolivia, donde la extrema derecha golpista derrocó con la ayuda del Ejército y la Policía a Evo Morales y ha emprendido una persecución sin precedentes contra dirigentes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo y la población indígena.

Pero también en Colombia, donde los acuerdos de paz de la Habana son pisoteados una y otra vez por el Gobierno de Iván Duque, heredero político de Álvaro Uribe. Cientos de líderes sindicales, campesinos, exguerrilleros y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en el último año bajo la mirada impasible de un Ejecutivo que tenía ante sí una oportunidad histórica, pero que ha decidido declararle la guerra a los pobres y, usando las mismas técnicas que sus homólogos, ha recurrido a la represión y a la violencia militar y policial para acallar las protestas por sus políticas económicas.

Al otro lado del mundo, Israel sigue bloqueando, asfixiando y arrasando Palestina con agresiones militares, sometiendo y asesinando a su población, realizando detenciones sistemáticas e incumpliendo cualquier tipo de convención internacional. La situación del Sáhara Occidental no es muy distinta. Marruecos continúa persiguiendo y torturando a los activistas de los derechos humanos y mientras perpetúa la ocupación con la complicidad europea, expolia sus recursos naturales e incumple las resoluciones de Naciones Unidas sobre el legítimo derecho del pueblo saharaui a su independencia.

EUU tiene mucho que ver en todos estos conflictos. Alienta golpes de Estado, desestabiliza economías enteras a golpe de tuit, genera y provoca guerras que duran décadas y organiza y reorganiza el tablero global como mejor se acomode a sus intereses económicos y geoestratégicos.

Pero en Europa, no nos engañemos, no somos mucho mejores que otros países que vulneran los derechos humanos. Nuestras democracias son, quizá, más sofisticadas a la hora de hacerlo y conseguir que no parezca que se están vulnerando. Con la excusa de la crisis económica los Estados iniciaron una época de recortes de derechos sociales, laborales y de libertades que no hace sino ir en aumento. La entrada en juego de la extrema derecha ha afianzado esta tendencia reaccionaria en toda Europa y cuestiones que parecía imposible que estuvieran en discusión, hoy se ven amenazadas.

La Unión Europea no es el paraíso de los derechos humanos, por mucho que las instituciones comunitarias se empeñen en promover de forma propagandística la idea de que como en Europa no se vive en ningún sitio. La desigualdad, la pobreza, la precariedad, la homofobia, la violencia machista, la represión policial o el revisionismo histórico son problemas instalados en nuestras sociedades que vulneran la famosa Declaración de 1948.

Y la mayor parte de las políticas que emanan de Bruselas están encaminadas a salvaguardar el bienestar de unos pocos por encima de la explotación y el sufrimiento de nuestros propios Estados, de terceros países o de continentes enteros. La política migratoria de la Unión Europea es el ejemplo más gráfico de ello. La externalización de fronteras, la militarización del Mediterráneo, las deportaciones exprés, los acuerdos con países como Turquía o Libia y la financiación de centros de detención de las personas migrantes y refugiadas son fruto de esas políticas y conllevan violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Como también lo hacen los acuerdos comerciales como Mercosur, la venta de armas a países como Arabia Saudí, los Acuerdos de Asociación como el que mantenemos con Israel, o la deriva armamentística en la que estamos inmersos y que ha quedado patente en la última cumbre de la OTAN celebrada en Londres la pasada semana.

Hoy viviremos un día de grandes discursos, de declaraciones impecables, de ceremonias de altos vuelos, de loas a la libertad y a los derechos fundamentales. Pero abajo hay un pueblo que sufre y que, cuando se levanta con dignidad, como estamos viendo estos días en América Latina, es reprimido a sangre y fuego con total impunidad.

Este 10 de diciembre debe ser el día de la defensa de los derechos humanos, no el de las alabanzas a los derechos humanos. Y las instituciones que tienen capacidad para garantizarlos deben cumplir con el mandato de unas mayorías sociales conscientes de que los derechos humanos no son patrimonio propagandístico de unos cuantos, sino el último reducto de la dignidad que compartimos, como personas, como trabajadoras y trabajadores, como seres libres, como habitantes de un planeta en riesgo de ser destruido.

Setenta y un años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ONU ha llegado la hora de que los discursos se conviertan en hechos. Ha llegado el momento de decir alto y claro que el sistema económico y las políticas neoliberales están provocando una división mundial sin precedentes. Un mundo en el que el uno por ciento de los seres humanos se queda con el 82 por ciento de la renta mundial de todos y todas. Donde el hambre, la destrucción de nuestro planeta, la desaparición de nuestra diversidad cultural, la miseria, la violencia sobre las mujeres, la represión y el crimen son la norma.

Solo la democracia, en su máxima expresión, podrá devolver los derechos humanos a la humanidad, poniendo en el centro de la economía y de la sociedad la vida de las personas y la soberanía de los pueblos.

Por MANU PINEDA

EURODIPUTADO DE IZQUIERDA UNIDA POR UNIDAS PODEMOS

10/12/2019

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La historia secreta de la guerra de Afganistán

- Responsables políticos y militares de los gobiernos de EEUU sabían que no podían ganar la guerra de Afganistán, mientras en público se afirmaba que la victoria era posible

- The Washington Post publica los resultados de un estudio con testimonios que revelan que eran muy conscientes del fracaso de la ocupación

 

Casi 50 años después de la difusión de los Papeles del Pentágono sobre la guerra de Vietnam, The Washington Post ofrece ahora una serie de documentos que dejan patente el fracaso de la ocupación militar de Afganistán y la dramática diferencia entre la realidad y las declaraciones públicas de los responsables políticos y militares de las Administraciones de George Bush y Barack Obama.

Lo que se ha escrito en muchos artículos periodísticos desde hace 18 años aparece ahora confirmado por quienes tenían como misión ganar esa guerra, aunque ni siquiera tenían claro qué significaba la idea de ganar ni contaban con una estrategia viable. 

Mientras políticos y generales afirmaban que se estaban haciendo "progresos constantes" en la guerra, en ocasiones con la intención de justificar el envío de más tropas, los que sabían qué estaba sucediendo en ese país sabían que sólo estaban ocultando fracaso tras fracaso.

Se trata de 2.000 páginas con transcripciones y notas de las entrevistas con más de 600 personas con conocimiento de lo ocurrido. Revelan que "se ha mentido de forma constante al pueblo norteamericano", en palabras de John Sopko, la persona que dirigió el proyecto de revisión de la guerra a través de un organismo llamado Oficina del Inspector General para la Reconstrucción de Afganistán, conocido por las siglas SIGAR. El proyecto se llamó 'Lecciones aprendidas' y su principal objetivo era descubrir qué había fracasado. Esa oficina ha publicado varios informes, pero sin incluir los comentarios más críticos ni la mayoría de los nombres de los entrevistados. El periódico ha conseguido tener acceso a esos documentos, no a todos, gracias a la Ley de Libertad de Información.

Algunas frases son tan gráficas como sarcásticas, el tipo de comentarios que no aparecen en los informes oficiales. "Después de la muerte de Osama bin Laden, dije que Osama estaba probablemente riéndose en su tumba submarina al ver cuánto dinero nos estábamos gastando en Afganistán", dijo Jeffrey Eggers, exmilitar con experiencia en los SEAL y asesor en la Casa Blanca con Bush y Obama.

Más grave es la confirmación de las mentiras ofrecidas a la opinión pública para dar una imagen falsa y benévola de la ocupación. En definitiva, para sostener que se estaba ganando la guerra y que los actos violentos de los talibanes sólo reflejaban su nivel de "desesperación". En un reflejo casi idéntico a lo que ocurrió en Vietnam, las estadísticas se distorsionaban por razones políticas. "Cada dato era alterado para presentar la mejor imagen posible", dijo Bob Crowley, teniente coronel del Ejército y asesor de operaciones de contrainsurgencia.

"Era imposible crear buenas métricas. Intentamos usar el número de tropas (afganas) entrenadas, niveles de violencia, control del territorio, y ninguna ofrecía una imagen precisa", dijo en 2016 un alto cargo del Consejo de Seguridad Nacional no identificado. "Los datos fueron siempre manipulados durante toda la duración de la guerra".

La prioridad era justificar la presencia –a veces, aumento– de las tropas en Afganistán y que ese despliegue estaba dando los resultados deseados. Eso era especialmente acuciante en los años de Obama cuando el presidente fue convencido de aumentar el número de soldados a pesar de que se mostraba al principio reticente sobre la utilidad de la medida y había prometido sacar a todas las tropas antes del final de su presidencia. Una vez adoptada esa política, la Administración no podía reconocer en público que los resultados eran ínfimos o contraproducentes.

La ausencia de una estrategia

Ni siquiera con una total superioridad de medios, es posible ganar una guerra que se prolonga con la ocupación posterior sin una estrategia definida. Los testimonios recogidos en el estudio inciden en la falta de un conocimiento real de la realidad política de Afganistán, por no hablar de su historia, así como del objetivo general de la misión y de las consecuencias de las acciones propias.

"Carecíamos de una comprensión básica sobre lo que es Afganistán. No sabíamos lo que estábamos haciendo", dijo en 2015 el general Douglas Lute, que dirigió el programa antidrogas en ese país en las dos administraciones. "¿Qué estamos intentando hacer aquí? No teníamos ni la más ligera idea de lo que nos estábamos proponiendo hacer".

"Los extranjeros leen en el avión 'Cometas en el cielo' (la novela de Khaled Hosseini que ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo) y creen que son expertos en Afganistán. Nunca escuchan. Lo único en que son expertos es en burocracia", dijo el exministro Mohamed Essan Zia, uno de los pocos afganos interrogados para este estudio. 

"Estamos intentando hacer lo imposible en vez de conseguir lo posible", opinó Richard Boucher, responsable del Sur de Asia en el Departamento de Estado entre 2006 y 2009.

Ni siquiera había una idea clara sobre quién era el enemigo –cómo había surgido y cuáles eran sus puntos vulnerables– sin la cual era imposible derrotarle. "¿Por qué convertimos a los talibanes en el enemigo cuando habíamos sido atacados por Al Qaeda?", se preguntaba Eggers.

Después de que Al Qaeda fuera eliminada en ese país, EEUU, con el apoyo de la OTAN, tuvo como prioridad la formación de un Gobierno estable, la celebración de elecciones y la protección de los derechos de las minorías, entre otros asuntos. Se vendió la ocupación como un intento de impedir que en el futuro otro grupo yihadista volviera a utilizar el país como base para lanzar atentados terroristas contra EEUU y Europa. El primer ministro británico, Gordon Brown, llegó a decir que se estaba combatiendo contra los terroristas en Afganistán para no tener que hacerlo en las calles de las ciudades europeas.

Sin embargo, los talibanes afganos nunca tuvieron una idea de yihad global, a diferencia por ejemplo de algunos grupos talibanes paquistaníes, y enfocaron su lucha de la misma forma que lo habían hecho las tribus afganas contra los británicos en el siglo XIX y los muyahidines contra los soviéticos en el siglo XX: expulsar a las tropas extranjeras que querían imponer ideas ajenas a las tradiciones locales.

Si bien su Gobierno había sido dictatorial, cruel y caótico, los talibanes se habían convertido en la principal fuerza política y militar de los pastunes afganos, el grupo étnico más numeroso del país. Representaban a una parte de la sociedad afgana de la que no se podría prescindir si se pretendía diseñar desde fuera su futuro.

"Un gran error que cometimos fue tratar a los talibanes igual que a Al Qaeda", dijo Barnett Rubin, quizá el único auténtico experto en Afganistán que trabajó en el Departamento de Estado. "Los principales líderes talibanes estaban interesados en dar una oportunidad al nuevo sistema, pero nosotros no les dimos esa oportunidad". 

El periódico recuerda que Zalmay Khalilzad, que fue embajador de EEUU en Afganistán, está dirigiendo las negociaciones con los talibanes, hasta ahora sin éxito. En el estudio, aparece su opinión en 2016 sobre el error en no reconocer a sus dirigentes como interlocutores. "Quizá no fuimos lo bastante ágiles o inteligentes en contactar con los talibanes al principio, al pensar que estaban derrotados y que debían ser llevados ante la justicia, en vez de alcanzar algún acuerdo o reconciliación con ellos". 

Entre 2002 y 2004, la actividad militar de los talibanes fue relativamente escasa por haber sido arrollados por el poder del Ejército norteamericano y la mayoría de sus líderes, obligados a huir a Pakistán o a zonas aisladas del país. Después, todo cambió, Washington pasó a centrarse en la ocupación de Irak y los talibanes recuperaron su fuerza. Su objetivo era hacer imposible la reconstrucción del país y lo consiguieron. Los norteamericanos comprobaron demasiado tarde que sus enemigos no podían ser derrotados militarmente. 

Como ejemplo de la falta de interés de Bush en Afganistán, el Post ofrece un breve texto no conocido de su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, sobre el día en que propuso al presidente que se reuniera con el jefe de las Fuerzas Armadas y con el general Dan McNeill, jefe de las tropas en Afganistán. "Él (Bush) dijo: '¿Quién es el general McNeill?'. Le dije que era el general al mando en Afganistán. Dijo: 'Bueno, no necesito reunirme con él'", escribió Rumsfeld. 

El periódico recuerda que el mismo día del discurso de Bush en un barco de guerra con la gran pancarta "Misión cumplida" en Irak –1 de mayo de 2003–, Rumsfeld anunció en Kabul "el fin de las principales operaciones de combate" en Afganistán.

Cuando en 2009 Al Qaeda ya no era una amenaza en el país, los responsables de la Casa Blanca obligaron a incluir el nombre del grupo terrorista en los planes estratégicos, porque era la única forma de vender a los norteamericanos la necesidad de mantener allí a miles de soldados. En uno de esos documentos, se dijo que "no se trataba de una guerra en el sentido convencional" con el fin de obviar las dudas legales sobre la ocupación que existían dentro del propio Gobierno estadounidense.

Un Estado corrupto desde su cúpula

Todos los soldados del mundo no iban a conseguir levantar un Estado sobre las cenizas de una guerra que había acabado con un régimen que en realidad tampoco estaba al frente de un Estado moderno. Los norteamericanos optaron por inundarlo de dinero con proyectos muy alejados de la realidad económica del país y que sólo contribuyeron a extender la corrupción a todos los niveles. 

"Afganistán no es un país volcado en la agricultura", explicó Rubin. "La mayor industria es la guerra. Luego, la droga. Luego, los servicios. La agricultura está abajo, en el cuarto o quinto puesto".

El cultivo de opio era la principal fuente de ingresos de amplias zonas del país. Pagar a los agricultores para que quemaran esas cosechas sólo servía para que al año siguiente aumentaran su producción. Destruirlas sin darles los recursos para cultivar otros productos que tuvieran una salida comercial hacía que los habitantes de esas zonas se entregaran a los talibanes, que permitían esos cultivos a cambio de un impuesto.

EEUU se ha gastado 9.000 millones de dólares en solucionar ese problema desde 2001. Afganistán fue el origen en 2018 del 82% de la producción global de opio, según datos de la ONU. La extensión cultivada es cuatro veces superior a la de 2002.

Washington puso en el poder a Hamid Karzai, un dirigente pastún que había tenido un cargo menor durante un tiempo en el gobierno de los talibanes y al que trajeron del exilio. Vendido como un moderado, sus modales suaves y declaraciones pragmáticas hicieron que la mayoría de los medios de comunicación occidentales lo considerara la gran esperanza.

"Nuestra política consistía en crear un fuerte Gobierno central, lo que era idiota porque Afganistán no se caracteriza por tener una historia de gobiernos centrales fuertes", dijo en 2015 una fuente no identificada del Departamento de Estado. 

El resultado terminó siendo la creación de una estructura central corrupta, cuyo poder se basaba fuera de la capital en el apoyo a señores de la guerra, algunos elegidos en elecciones amañadas, que también reclamaban para ellos y sus partidarios una parte del botín. 

Según el testimonio del coronel Christopher Kolenda, destinado en Afganistán en varias ocasiones, Karzai acabó formando una cleptocracia pocos años después de llegar al poder. "Me gusta usar una analogía con el cáncer. La pequeña corrupción es como el cáncer de piel. Hay formas de tratarlo y puedes acabar bien. La corrupción dentro de los ministerios, al más alto nivel, es como el cáncer de colon. Es peor, pero si lo pillas a tiempo, quizá salgas bien. La cleptocracia, sin embargo, es como un tumor cerebral. Es fatal". 

Al permitir ese escandaloso nivel de corrupción, los norteamericanos destruyeron la legitimidad que pudiera tener el Gobierno. Todos los puestos importantes en la Administración –incluidos el Ejército y la Policía– podían comprarse con dinero. Y más tarde, los beneficiados necesitaban compensar con los sobornos los fondos invertidos. 

Una de las consecuencias fue la existencia de miles de "soldados fantasma", un hecho conocido, y que también se produjo en Irak. Los mandos militares recibían fondos para mantener un regimiento o una división. Una buena parte de sus soldados sólo existían sobre el papel. Eran números por los que recibían dinero que coroneles y generales se embolsaban para pagar a tropas imaginarias. 

La lectura de los testimonios sorprende a veces por lo mucho que recuerdan a experiencias históricas anteriores en las que otros imperios pensaron que un país tan atrasado como Afganistán sería fácil de someter.

En 2009, el periodista Steve Coll trazó las similitudes entre la invasión soviética de Afganistán en 1979 y la norteamericana en 2001. Los soviéticos fueron incapaces de convertir sus logros tácticos gracias a su inmensa superioridad militar en una estrategia exitosa a largo plazo porque no pudieron detener la ayuda que los muyahidines recibían desde Pakistán, y a través de ese país de Estados Unidos. Nunca pudieron imponer su ideología en un país marcado por el peso de la religión y las instituciones tribales. No lograron establecer la unidad política del país. Les fue imposible poner en práctica una estrategia de reconciliación nacional que terminara provocando la división entre las fuerzas de sus enemigos. 

Es un resumen que se ajusta bastante bien a los problemas de EEUU en ese país décadas después.

 

Por Iñigo Sáenz de Ugarte 

09/12/2019 - 21:38h

Actualmente, 13.000 soldados norteamericanos permanecen en Afganistán.

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América Latina, ofensivas conservadoras y vuelta a la guerra de clases

Los países de América Latina están viviendo actualmente conflictos de clase muy potentes y una represión con actuaciones enormemente violentas por parte de las fuerzas reaccionarias y estatales. En esta entrevista, Franck Gaudichaud 1/ aborda la situación en algunos países y las dinámicas de las luchas populares en curso en toda la región.

Antoine Pelletier: Hace algunos meses atrás se comentaba el “fin” del ciclo progresista en América Latina. Ahora, parece que se empieza a gestar una nueva situación. Por una parte, las clases dominantes están a la ofensiva, por otra, las resistencias al neoliberalismo se expresan tanto en las calles, como en las urnas.

Franck Gaudichaud: Efectivamente, ha habido un debate sobre si asistimos sensu stricto al llamado fin de ciclo de los gobiernos progresistas, nacional populares o de centro izquierda: desde el violento fin de la gestión del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil hasta la crisis sin fin en la Venezuela de Nicolás Maduro, pasando por Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador... En realidad, lo que se confirma más que un “fin” es el reflujo turbulento de esas experiencias y lo que aflora más que nunca son los límites estratégicos y las contradicciones de estos diferentes proyectos y sus regímenes políticos. Me remito al ensayo que acabamos de publicar sobre este tema con Jeff Webber y Massimo Modonesi 2/. Especialmente, con la crisis económica mundial y el agotamiento más o menos profundo según los países de los proyectos neodesarrollistas y neoextractivistas progresistas, se entró en una coyuntura caótica y difícil, en la que las clases dominantes, los sectores conservadores, las élites mediáticas, las burguesías financieras, las iglesias evangélicas y la extrema derecha militarista están a la ofensiva por todas partes. Esto es particularmente cierto tras la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, país clave en la geoestrategia regional; victoria que se inscribe en la estela del triunfo del golpe de Estado parlamentario contra Dilma Roussef, y después con el encarcelamiento ilegal e ilegitimo de Lula.

Al mismo tiempo, no existe ninguna estabilidad para esta ofensiva conservadora y/o reaccionaria; parece que las clases dominantes no encentraron la llave para asentarse de nuevo en el poder, con cierto nivel de consenso, y para construir una nueva hegemonía neoliberal-autoritaria. En Argentina, el neoliberal Mauricio Macri ha sido descabalgado por las urnas y su mandato ha estado marcado por un hundimiento económico dramático, a pesar de -o más bien deberíamos decir a causa de- la ayuda gigantesca del FMI dirigido por Christine Lagarde. En México, apareció un progresismo tardío con la victoria de López Obrador (centro izquierda), que, seguramente, no encarnará esa gran transformación anunciada, pero que, sin embargo, constituye un freno relativo a comparación con los ejecutivos neoliberales precedentes. En Venezuela, la ofensiva de la oposición apoyada a duras penas por Washington con la autoproclamación de Juan Guaidó (a finales de febrero de 2019) y la asfixia económica del país, fracasó lamentablemente. Sin embargo, el gobierno Maduro permanece enormemente debilitado, y sigue marcado por el autoritarismo, la mala gestión y la corrupción masiva, tampoco es capaz de remontar la pendiente de la economía cuando en paralelo las sanciones estadounidenses pesan mucho sobre las condiciones cotidianas de vida. Pero, hecho fundamental para el gobierno bolivariano, las Fuerzas Armadas Bolivarianas han permanecido leales al poder madurista. Otro ejemplo de la coyuntura indecisa actual, Uruguay, donde la derecha acaba de poner fin a quince años de gobiernos socialdemócratas del Frente Amplio, después de una apretada victoria en la segunda vuelta de las elecciones, con el apoyo de la extrema-derecha militarista.

Frente a esta ofensiva conservadora no estabilizada, se constata una recuperación de fuerzas populares descontentas y de las resistencias colectivas que se expresan indirectamente en las urnas con, por ejemplo, la victoria peronista en Argentina, pero, sobre todo, por abajo, con un reguero de luchas sociales. También se ve con la gran victoria democrática de la puesta en libertad de Lula (sin que por ello haya salido libre del proceso judicial) en Brasil. En resumen, hay una recomposición de la lucha de clases muy potente que configura un periodo marcado por la incertidumbre, tanto desde el punto de vista del poder como de las clases populares. Estas intentan reorganizarse, pero en un contexto degradado y sin siempre hacer el necesario balance crítico del periodo anterior, el de la “edad de oro” progresista (2002-2013). Otro dato importante: la amplitud de la represión estatal y de la criminalización de los movimientos populares con decenas de muertos en toda la región (de Chile a Honduras pasando por Bolivia), prácticas de tortura, violaciones y feminicidios por parte de una policía militarizada, desapariciones y detenciones ilegales. Desde mi punto de vista, la urgencia está políticamente ahí para quienes vivimos en Europa: ¿qué campaña de solidaridad internacionalista, amplia y unitaria, hacer para poner freno inmediatamente a estas prácticas de terrorismo de Estado? ¿Cómo aumentar la presión sobre nuestros propios gobiernos y la UE, que mira para otro lado y apoya de lleno los Estados responsables de estas violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales?

P.: Chile, Ecuador, Haití y ahora Colombia, la lista de los movimientos populares se alarga. ¿Qué se puede decir de estos movimientos, de sus raíces y sus perspectivas?

G.:Según diversos observadores, después de las primaveras árabes o el movimiento de los indignadosen el Estado español, estamos en un contexto de revueltas globales y las insurrecciones latinoamericanas resuenan con los ecos lejanos de Líbano, Irak, Argelia, Hong-Kong o incluso, con los chalecos amarillos de Francia. Quizás es una generalidad decirlo, pero se trata de resistencias al neoliberalismo y contra el autoritarismo en un contexto de crisis de legitimidad de los sistemas políticos actuales, percibidos como dominados por “castas” políticas donde reinan el clientelismo, la soberbia y la corrupción. Si se habla de Chile, de Haití, de Ecuador, de Colombia, está claro. No obstante, no se trata de luchas globalizadas, dependen antes que nada de consideraciones locales y relaciones de fuerzas nacionales (incluso si existen influencias mutuas reales, especialmente, vía redes sociales y circulación de repertorios de acción). Este rechazo del “sistema” tiene diferentes dimensiones más o menos fuertes según el país: la cuestión de la corrupción, central en Haití, la del modelo económico y el autoritarismo en Chile, en Ecuador y en Colombia. Se trata de crisis que nacen de la precarización generalizada de la vida, de la naturaleza y del trabajo en la era neoliberal en los países del sur global. Es necesario tomar el pulso al descontento acumulado a lo largo de los últimos decenios, a las dificultades cotidianas para millones de personas para vivir y tener vivienda en las grandes ciudades o en los espacios rurales contaminados y controlados por las multinacionales, etc. y también entender la dimensión de la rabia de las y los de abajo al constatar la incapacidad de regímenes políticos muy poco democráticos para responder a estas expectativas mientras que la riqueza se acumula en un extremo de la sociedad. En el caso chileno, se trata nada menos que de poner fin a la Constitución de Pinochet, todavía vigente, hoy, en 2019

P.: La pequeña burguesía (las clases medias) juega un papel importante en las manifestaciones populares, pero con trayectorias diferentes.

G.: En Chile, asistimos ante todo a una explosión de la juventud precarizada, es el alumnado de colegios e institutos, a menudo muy jóvenes, que han saltado las barreras del metro y han rechazado pagar los treinta céntimos de aumento para los billetes del metro más caro del mundo (en relación al poder adquisitivo). Verdaderamente, es una juventud que sale de los sectores populares o de las capas medias precarizadas. Globalmente, en los países del sur, amplias capas de la “pequeña burguesía” están muy precarizadas, endeudadas, sin trabajo estable y – en algunas coyunturas- acaban por seguir y acompañar las movilizaciones populares. Un elemento importante es el nivel de escolarización. Actualmente existe una juventud latinoamericana (urbana pero también rural) escolarizada, más diplomada que antes, conectada a las redes sociales, menos afiliada a los partidos políticos y sindicatos que en los años setenta y que entra en la lucha de forma más o menos espontánea y muy explosivafrente a medidas inmediatas, aunque – obvio - en momentos diferentes en cada país.

El contenido antiliberal, antiautoritario, democrático de los movimientos sociales antagónicos actuales es muy claro en Chile, en Ecuador, en Haití y ahora en Colombia, con una huelga general de una amplitud que no se había visto desde hace décadas. Al mismo tiempo, hay ingredientes locales esenciales. Por ejemplo, la cuestión del proceso de paz en Colombia que el gobierno de Duque y el uribismo han intentado torpedear por todos los medios. En Chile, la arrogancia patronal de Piñera y la militarización del espacio público han acelerado la movilización (reactivando la memoria traumática de la dictadura de Pinochet). En Ecuador, el gobierno Moreno (salido de Alianza País), se alineó con el neoliberalismo, el FMI, Estados Unidos y la patronal de Guayaquil. En Haití, el elemento fundamental es el rechazo a la casta corrupta y al ejecutivo de Jovenel, pero también las consecuencias de quince años de ocupación del país por tropas de la ONU, en particular brasileñas.

Bolivia tomó un camino distinto: también existe allí un descontento social real acumulado pero no frente al neoliberalismo, sino más bien frente al caudillismo de Evo Morales, que se presentó a las elecciones para un cuarto mandato a pesar del resultado del referéndum de 2016 [en el que resultó derrotada su propuesta de poder hacerlo], gracias a una decisión un tanto polémica del tribunal constitucional. Aunque durante los 14 años de evismo, la pobreza haya disminuido muy significativamente y se haya construido un Estado más social y plurinacional, también existen críticas sobre el modelo de desarrollo extractivista y un creciente divorcio entre la gestión gubernamental y una parte del movimiento popular. Sin embargo, el hecho fundamental para explicar el golpe de Estado contra Evo es la capitalización política de este descontento ciudadano por la derecha dura, por el comité cívico de Santa Cruz y las corrientes evangélicas reaccionarias. Camacho, el líder neofascista de las llanuras orientales, aprovechando la debilidad del MAS que perdió parte de su capacidad de movilizar a sus bases históricas, encabezó este movimiento heterogéneo donde se encuentran sectores populares, latifundistas, organizaciones indígenas, patronal, etc. Estamos en un equilibrio de fuerzas diferente. El giro de una parte de las nuevas clases medias apoyando el golpe jugó también su papel: después de aprovecharse de la buena gestión del MAS, del triple aumento del PIB y hoy tienen expectativas a las que el MAS no dio respuesta. Al mismo tiempo, la gestión profundamente clientelar de las relaciones entre las organizaciones populares y el MAS (que más que un partido es una especie de federación de organizaciones sociales) no contribuyó a blindar el gobierno frente a este tipo de desestabilización. En fin, también habría que desarrollar más y entender en detalle lo que tiene que ver con la acción del imperialismo en el golpe, que cada día aparece como más decisiva, no solo a través de la OEA en la denuncia del fraude electoral, sino también a través del apoyo activo, desde 2005, a los sectores de derechas y a los separatistas de la parte oriental, que buscaban derrocar a Morales.

P.: El movimiento feminista parece especialmente potente en América Latina. ¿Podemos hablar de una nueva “ola feminista” que atraviesa todo el continente?

G.: Las luchas de las mujeres y el movimiento feminista son un actor clave en la recomposición de la lucha de clases y del movimiento popular antagónico en la región. Están fuertemente ancladas en la juventud y no solamente estudiantil. Han logrado establecer vínculos con una parte del movimiento sindical y del movimiento campesino. Eso se ve, por ejemplo, en la importancia del movimiento de mujeres y feminista en las luchas populares de Brasil y del Movimiento Sin Tierra (MST).

Al mismo tiempo, es un movimiento amplio, continental, transnacional, con especificidades locales. La dinámica argentina tuvo influencia en Chile, especialmente con el potente movimiento “Ni una menos” y con la lucha por el aborto, con el símbolo del pañuelo verde que se convirtió en emblema internacional. Este movimiento desbordó las fronteras e inspiró al otro lado de la Cordillera, las luchas feministas chilenas. Estas tienen sus reivindicaciones y dinámicas propias; sobre todo, después del movimiento universitario en 2018 con la masiva ocupación de las universidades en contra los abusos sexuales y la educación sexista. El movimiento en Chile se dispara con la gran huelga de marzo de 2019 y la creación anterior de la Coordinadora del 8 de Marzo que agrupa a decenas de organizaciones. El movimiento feminista latinoamericano de la última época demostró que es posible articular enfoque unitario y radicalidad, convirtiéndose en un movimiento de masas y popular. En mi opinión, encarna una gran esperanza para cualquier transformación democrática profunda, no solo antipatriarcal sino también decolonial y anticapitalista. Es un movimiento que se define contra la precarización de la vida e integra trabajadoras y trabajadores, migrantes, las reivindicaciones indígenas, las luchas LGBTQI+, etc.

En México, la lucha contra la violencia neoliberal y los numerosos feminicidios (no solo en Ciudad Juárez) constituyó un eje central de este movimiento sin que, hasta este momento, llegue a transformarse en un movimiento nacional masivo. También hubo avances en relación a la despenalización del aborto (en el estado de Oaxaca y en México capital). En Brasil, las luchas feministas con la campaña “Ele Não” (“Él no”) contra el ascenso de Bolsonaro, o incluso la gran marcha de las margaritas de centenares de miles de mujeres rurales en agosto de 2019, confirman ese compromiso. Esta última fue una marcha masiva, nacida en el feminismo comunitario campesino. Se articula con el papel jugado por militantes de la izquierda radical, más urbana, como lo era Marielle Franco, asesinada por los esbirros de Bolsonaro.

Hay una nueva ola feminista pero no en el sentido europeo o estadounidense. Es más bien, un momento histórico, muy importante, de las luchas de las mujeres y de los feminismos (que son plurales), con también algunas influencias venidas del norte, del movimiento del Estado español y la huelga feminista que une a teóricas como Silvia Federici, Cinzia Arruzza y otras, pero que parte y, sobre todo, está anclado en las entrañas de las especificidades de la América Indo-Afro-Latina.

P.: Otros actores especialmente importantes en Latinoamérica son los movimientos campesinos e indígenas. ¿Cómo se puede comprender el papel progresista de esas fuerzas y en particular, su relación con el movimiento obrero?

G.: Ahora que conmemoramos los 25 años del surgimiento de la rebelión indígena, campesina, antineoliberal y anticapitalista neozapatista en Chiapas, creo que tendría un gran mérito extraer las lecciones de esta experiencia capital y también reactivar las redes de solidaridad con el proceso zapatista que dura desde hace un cuarto de siglo en un territorio tan grande como Bélgica y que emprendió la construcción de formas alternativas de gobierno y de vivir en un mundo al borde del colapso... El zapatismo ha logrado resistir los asaltos de las fuerzas militares mexicanas y construir, en positivo, un nuevo relato de cómo intentar, a duras penas, forjar una perspectiva poscapitalista, estando abierto a todas las luchas internacionalistas, conectado con el pueblo kurdo y con otras muchas luchas, poniendo en marcha la cuestión del comunalismo, pero a partir de las coordenadas de los pueblos mayas de Chiapas, elaborando la confluencia entre los territorios indígenas y la construcción de un poder político democrático innovador, etc. Esta experiencia es fundamental para pensar las alternativas para el siglo XXI. Por supuesto que hay límites y muchos problemas no resueltos (especialmente, en el plano económico), como lo reconocen allí mismo. La relación con las otras izquierdas mexicanas también es difícil, a menudo. Pero cuando se ve el hundimiento del chavismo en Venezuela, la ausencia de transformaciones estructurales en Argentina, la trayectoria del PT en Brasil o del Frente Amplio en Uruguay, el balance de quince años de progresismo es bastante limitado y contradictorio. Así que, a mi modo de ver, hay que volver a la experiencia zapatista y su concepción del poder desde abajosin caer en la cantilena estratégica de “cambiar el mundo sin tomar el poder: cambiemos el mundo transformando el poder parece que nos dice el zapatismo...

En relación a los actores movilizados en el resto del subcontinente, se podría aventurar que asistimos al retorno de la emergencia plebeya destituyente, como a finales de los años 90 o principios de los años 2000, durante las grandes confrontaciones frente al neoliberalismo, con la CONAIE 3/ en Ecuador, la dinámica del Movimiento Sin Tierra en Brasil, la “guerra” del agua y del gas en Bolivia, el qué se vayan todos en 2001 en Argentina e incluso ante las revueltas urbanas del tipo Caracazo en Venezuela. Son actores variados, salidos de formaciones sociales en las que lo popular engloba una gran multiplicidad de fracciones de clase. En las últimas semanas, vimos de nuevo movilizados -según el país- movimientos indígenas y de la clase trabajadora, las y los sin techo, gente parada (los piqueteros), jóvenes, las y los mismos que habían abierto un nuevo ciclo político posneoliberal a principios del siglo XXI.

Hoy asistimos a una nueva explosión plebeya, en la que las y los indígenas, se ha visto en Ecuador, juegan un papel central. Son capaces de hacer temblar al gobierno neoconservador de Lenín Moreno. En Brasil, habrá que ver cómo se va a posicionarse el MST, porque los vínculos con el PT han sido muy fuertes durante mucho tiempo, lo que le ha paralizado ampliamente. Pero, con el movimiento contra las represas (MBA), el movimiento de las margaritas, las luchas ecoterritoriales alrededor de la Amazonia y frente a la ofensiva de la extrema derecha, hay una reactivación de las resistencias. Los sectores campesinos e indígenas están en el centro de los ataques del neoliberalismo, se encuentran también entre los decepcionados de las experiencias progresistas y, por lo tanto, encarnan un actor muy importante. Mientras Evo Morales y Garcia Linera están en el exilio en México, son los Ponchos Rojos 4/ quienes llevan la ofensiva para responder a la dimensión ultra violenta del golpe de Estado boliviano.

Esto no impide que también haya resistencias obreras y urbanas; son fundamentales pues están el corazón de la relación capital-trabajo. En Ecuador, ha sido la unión de los movimientos urbanos e indígenas la que ha dado dinámica nacional a la revuelta contra Lenín Moreno. En Chile, el movimiento salió, sobre todo, de las poblaciones urbanas, de la juventud urbanizada y escolarizada, de una parte de la pequeña burguesía, pero también del sindicalismo: la Unión Portuaria de Chile está en el centro de la revuelta actual y del movimiento de la huelga nacional, al igual que una parte de las organizaciones sindicales en la Mesa de la Unidad Social alimenta esta rebelión. En mi opinión, incluso es ahí donde se va a jugar la salida de la crisis chilena: la capacidad de la clase trabajadora de entrar en movimiento nacional y bloquear la economía será la batalla decisiva contra Piñera y contra la represión del Estado, inédita desde 1990.

Pero también hay contradicciones desde este lado: en Bolivia, una parte de la dirección de la Central Obrera (COB), con su llamamiento a la renuncia de Morales para “pacificar el país”, se puso de hecho del lado de los militares y, por tanto, ¡apoyó el golpe de Estado! El movimiento obrero no está siempre listo para la lucha, lejos de eso. Las grandes centrales, la CUT chilena, la CUT brasileña, tienen grandes dificultades para volver a articular un movimiento de resistencia frente a los gobiernos de extrema derecha o neoliberales, porque desde hace tiempo son correas de transmisión de varios partidos “progresistas”. Y uno de los desafíos del periodo es precisamente reconstruir un sindicalismo combativo e independiente de las instituciones, arraigado en los lugares de trabajo y territorios.

Por Antoine Pelletier

Viento Sur

Artículo publicado en el mensual L’Anticapitaliste (NPA)

 

Traducción: viento sur

Notas:

1/ F. Gaudichaud es profesor de historia latinoamericana en la Universidad de Toulouse Jean Jaurès (Francia) y miembro del comité editorial de la revista Contretempshttps://www.contretemps.eu.

2/ En castellano, disponible en línea: http://ciid.politicas.unam.mx/www/libros/gobiernos_progresistas_electronico.pdf.

3/ Confederación de las nacionalidades indígenas de Ecuador (NdelT).

4/ “Milicia” de la etnia aymara, originaria de la región del lago Titicaca en el cruce de Bolivia, Perú, Argentina y Chile (NdelT).

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Domingo, 08 Diciembre 2019 05:26

Nuevas protestas en Irak

Nuevas protestas en Irak

Miles de iraquíes volvieron a salir a las calles el sábado para protestar contra el régimen y su aliado iraní, después de la muerte de 20 manifestantes a manos de un grupo armado en Bagdad, lo que hace temer una escalada de la violencia. Poco después de esta matanza el viernes por la noche, un dron lanzó al amanecer un mortero contra la casa del líder chiita Moqtada Sadr, un ataque que podría "desencadenar una guerra civil", advirtió su portavoz, Salah al Obeidi, que pidió al mismo tiempo "moderación".

Moqtada Sadr, político versátil y exjefe de milicia que entregó oficialmente las armas pero conserva miles de combatientes, no se encontraba en su domicilio en el momento del ataque. El líder chiita fue el primero que había reclamado la salida del gobierno de Adel Abdel Mahdi, cuya dimisión fue aceptada el 1 de diciembre por el Parlamento.

El sábado, los manifestantes acudieron en masa a la plaza Tahrir, epicentro de la protesta en Bagdad, y a las calles en las ciudades del sur, para reclamar la caída del todo el sistema, a pesar del gran despliegue policial.  El viernes por la noche fue atacado un aparcamiento de varias plantas que ocupaban los manifestantes en las inmediaciones del puente Senek. Murieron 20 manifestantes y cuatro policías, y un centenar de persona resultaron heridas, según un último balance de fuentes médicas.

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Sábado, 07 Diciembre 2019 06:05

Chile. Condena de la CIDH

Chile. Condena de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó el "uso excesivo de la fuerza" en el marco de las protestas en Chile, y llamó a las autoridades "a ordenar el cese inmediato" de las medidas de represión. La Comisión, parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo que la convulsión social en Chile ha dejado hasta ahora 26 muertos, unos 12.600 los heridos y más de 20.600 detenidos. El malestar, que estalló el 18 de octubre por el aumento del precio del metro de Santiago, derivó en violentas protestas en todo el país por numerosas demandas al gobierno de Sebastián Piñera. "La CIDH expresa su condena al uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile, los graves desmanes en el curso de algunas manifestaciones y manifiesta su grave preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos recibidas por los órganos del Estado desde el inicio de las manifestaciones", dijo en un comunicado. "La CIDH llama al cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado."

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Sábado, 07 Diciembre 2019 06:01

No era grieta, era otra cosa

No era grieta, era otra cosa

Había un cartel callejero, escrito a mano sobre cartón, en una de las convulsionadas ciudades chilenas: “El neoliberalismo nace y muere en Chile”, decía. Y es verdad que en su momento Pinochet fue la niña mimada de la escuela económica de Chicago. Es verdad que el propio Friedrich Hayek, uno de los mentores del neoliberalismo, le recomendó a Margaret Thatcher que hiciera lo mismo que hacía Pinochet en Chile. Y que ella le recordó que Gran Bretaña no se podía dar los gustos de una dictadura. Pero hizo lo que pudo.

Casi cuarenta años después, en épocas en las que vuelve a ponerse en juego el orden mundial y Estados Unidos tiene un presidente que retrocede para adelante, Washington volvió a la carga con el derrocamiento o el encarcelamiento o la proscripción de todos los líderes económicamente heterodoxos latinoamericanos. Probaron primero otros presidentes norteamericanos con los golpes blandos, dejándoselos a las instituciones locales, como el de la Corte Suprema que decidió voltear y exiliar a Manuel Zelaya, y luego montaron el lawfare en varios países cuyas mayorías electorales no pudieron deshacer. No hay lawfare sin medios cómplices, porque de lo que se trata, tal como lo dijo Mauricio Macri refiriéndose a la primera presa política del gobierno que termina, Milagro Sala, “es correcto que esté presa porque mucha gente cree que es culpable”. Esa gente que “cree” no lee expedientes. Lee diarios. Los jueces del Lawfare no hacen investigaciones: muestran recortes de diarios. Las causas contra opositores no constan de elementos probatorios, de basan en notas publicadas.

“El neoliberalismo nace y muere en Chile”, rezaba ese cartel. Y en Chile Piñera niega lo que se ve. Niega lo que ordena. Habla de terrorismo, igual que los golpistas bolivianos, tan sanguinarios como patéticos, que ahora han creado una “unidad especial” para combatirlo. No hay terrorismo, salvo el de Estado y del que ellos mismos son responsables. La posverdad ya no funciona. Puede Pompeo volver a denigrarnos llamándonos sin eufemismos “nuestro patio trasero”, pero no funciona. Puede Estados Unidos fantasear y quizá hasta desplegar fuerzas para intentar instalar en la región un control intensivo con la excusa de combatir al terrorismo, como él mismo afirma sin que se le mueva ni un músculo de la cara. Pero no funciona ni funcionará a la larga, porque el neoliberalismo es un sistema supremacista económico y cultural pero basado en la instalación previa de un relato que muchos deben comprar para que las multitudes no estallen. Ya estallaron. ¿Pueden probar con un genocidio regional masivo? Uno tiende a creer que no, porque les guste o no el mundo ya no es unipolar. Pero si matan es porque no tienen nada que decir. Nunca tuvieron otro relato que el del derrame. Así que ahora hablan de dios.

Esta semana vi también una escena en una ciudad campesina de Bolivia. En la plaza, donde seguramente en los últimos años cada mañana se cruzaban mujeres con pollera o cholos con mestizos vestidos con ropa occidental, había llegado el odio. Hombres de pantalón y camisa empujaban a las mujeres de pollera, querían sacarlas de la plaza. “Bolivia ya dijo que no”, decía uno y después otro, porque están con desbordados de testosterona. “Bolivia dijo que no”, decía un hombre alto mientras le pegaba empujones a una señora y otra iba en su ayuda y también era empujada. “No vengan más aquí”, les decían. Y uno se preguntaba a qué le había dicho Bolivia que no.

No les alcanza con que Evo se haya ido. Quieren un país sin indios. Ellos, los mestizos bolivianos. Quieren ser otros, quieren eliminar aquello a lo que se parecen y de lo que provienen. Y en rigor, Bolivia le dijo que sí a Evo Morales. A Luis Almagro esta injerencia en un golpe de Estado no le va a salir gratis. Es demasiado burdo y costó demasiado cara su operación política. En el sur del continente, los pobres muchachos del sindicato de los cocaleros y los otros aymaras que salieron a defender su democracia ya están muertos. Almagro es uno de los responsables.

Almagro fue usado por el imperio para acelerar los tiempos. Fue convencido de que él podía bajarle el pulgar a un presidente indígena y condenarlo también a la muerte, porque ése era el destino de Evo si otros pocos presidentes, entre ellos el electo en la Argentina, no se hubieran ocupado de evitarlo.

En esas plazas bolivianas, como en las argentinas, como en las chilenas, como en las de toda la región, los que peleamos contra el neoliberalismo siempre soñamos la mezcla, el entrecruzarse, la mixtura, lo diverso. Entonces es momento de prestar atención cuando se habla de grieta. Esto no es grieta. Si no abandonamos ese cliché de la derecha vamos a caer en breve de nuevo a la teoría de los dos demonios. El orden contra los vándalos. No podemos estar siempre a la defensiva discursivamente. “No somos terroristas”, “No somos chorros”, “No queremos vivir sin trabajar”. Mientras nos defendemos no hablamos de ellos.

 Esto fue demasiado lejos y se interna en una lógica en la que no hay que entrar. Hay Estados que matan civiles opositores. Hay funcionarios de organismos internacionales que son partícipes necesarios de golpes de Estado. Hay policías que apuntan a los ojos y hay ciegos. De qué grieta estamos hablando. No hay grieta. Hay víctimas y victimarios.

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Sábado, 07 Diciembre 2019 05:56

Falsificadores

Falsificadores

Durante mucho tiempo intelectuales y dirigentes occidentales han ironizado sobre la manía de los regímenes soviéticos de reescribir la historia. Pero apenas se les oye cuando el Parlamento Europeo revisa la de la Segunda Guerra Mundial. El pasado 19 de septiembre los europarlamentarios adoptaron una resolución "sobre la importancia de la memoria europea para el futuro de Europa" que sitúa en pie de igualdad "los regímenes comunista y nazi". El concepto "regímenes totalitarios", empleado en veintidós ocasiones, reúne en un mismo oprobio a la URSS invadida y a la Alemania invasora, a los veintiséis millones de muertos soviéticos y a sus asesinos, al general Gueorgui Joukov y a los responsables de los campos de exterminio. El Parlamento Europeo afirma estar "preocupado por el hecho de que los símbolos de los regímenes totalitarios se sigan utilizando en espacios públicos y con fines comerciales". Para tranquilizarlo, ¿hay que rebautizar la Plaza de la Batalla de Estaligrado de París como "Plaza del Mercado Común" o, como en Hungría, tratar de prohibir una marca de cerveza en cuya etiqueta aparece una estrella roja?  

La resolución no se limita a este rudimentario revisionismo. "La Segunda Guerra Mundial se desencadenó como consecuencia inmediata del tristemente célebre pacto de no agresión germano soviético del 23 de agosto de 1939*", leemos también en ella. Los historiadores atribuyen habitualmente la responsabilidad del conflicto al expansionismo belicoso de la Alemania nazi (1). En su afán por asociar la Unión Soviética con esta responsabilidad la resolución del Parlamento de Estrasburgo hace desaparecer a propósito otro episodio igual de embarazoso moralmente, pero que esta vez implica a irreprochables democracias europeas: los acuerdos firmados en Munich en septiembre de 1938 a consecuencia de los cuales Francia y Reino Unido autorizan a Adolf Hitler a invadir los Sudetes, una región de Checoslovaquia.

Por azar del calendario, al mismo tiempo el historiador de la Segunda Guerra Mundial Christopher Browning informaba acerca de los progresos de la investigación sobre este acontecimiento (2). Muestra hasta qué punto, en su deseo de apaciguar a Hitler, las democracias lo envalentonaron, reforzaron y provocaron la guerra. "En 1938 Alemania no tenía ni el margen de superioridad necesario para lograr una rápida victoria ni capacidad para emprender una guerra larga". Pero la bien equipada Checoslovaquia era aliada de Francia de la URSS. Su anexión sin combate supuso una doble oportunidad para los nazis. "La industria militar checa requisada produjo una tercera parte de los nuevos modelos III y IV de carros de combate, fundamentales en la victoria alemana en Polonia y después en Francia". La capitulación de Munich también supuso un golpe para los opositores alemanes del Führer. "Un grupo de conspiradores antihitlerianos planeaba derrocar al dictador en cuanto emprendiera la guerra contra Checoslovaquia. La abyecta rendición de [el primer ministro británico Arthur Neville] Chamberlain en Munich frustró sus planes y dio a Hitler la victoria sin derramamiento de sangre que consolidó su posición"

Pero, al infierno con estas investigaciones, puesto que ahora son unos parlamentarios europeos quienes escriben la historia.

Notas:

* Véase al respecto el artículo de Jacques R. Pauwels, "Mito y realidad del pacto entre Hitler y Stalin del 23 de agosto de 1939". (N. de la t.)

(1) Véase Gabriel Gorodetsky, «Les dessous du pacte germano-soviétique», Le Monde diplomatique, julio de 1997.

(2) Christopher R. Browning, «Giving in to Hitler», The New York Review of Books, 26 de septiembre de 2019. Véase también Gorodetsky, «Un autre récit des accords de Munich», Le Monde diplomatique, octubre de 2018. 

Fuente: https://www.monde-diplomatique.fr/2019/11/RIMBERT/60955 

 

Por Pierre Rimbert

Le Monde diplomatique

Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

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Chile es un campo de pruebas de las armas israelíes

Ni los gobiernos chilenos de derecha ni los de izquierda han renunciado al legado militar y judicial de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Israel contribuye a su lucha contra las poblaciones mapuche indígenas proporcionándoles armas y adiestramiento. La criminalización por parte de Chile de la resistencia mapuche se puede comparar a la represión por parte de Israel de la resistencia palestina.

Chile se ha unido en las manifestaciones que han recorrido todo el país contra el presidente de derecha Sebastián Piñera y su compromiso con el programa neoliberal que introdujo el difunto dictador Augusto Pinochet. Las personas manifestantes han pedido su dimisión y exigido que se elabore una nueva constitución que sustituya el legado del dictador. 

El estado de emergencia y los toques de queda impuestos por Piñera en todo Chile suscitaron comparaciones con la era de la dictadura en Chile puesto que el ejército emprendió una escalada de violencia contra la población civil en la que se incluyen asesinatos, golpes y tortura sexual. Esta represión en todo el territorio nacional recuerda el pasado. La militarización y criminalización de la resistencia en Chile tiene su origen en las leyes antiterroristas promulgadas por Pinochet y utilizadas por los gobiernos que se han sucedido desde la transición a la democracia contra la población mapuche indígena.

Al igual que ocurrió durante la era de la dictadura de Pinochet, Israel respalda las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno actual al vender tecnología militar y de vigilancia al gobierno chileno. Desde la época de la dictadura la Central Intelligence Agency (CIA) predijo que Chile iba a seguir comprando armas a Israel sin "mucho riesgo de irritar a los Estados árabes siempre y cuando mantenga unas relaciones discretas con Tel Aviv y evite apoyar públicamente las políticas israelíes".

En busca de nuevos socios

A Chile no le ha resultado difícil hacerlo, ni en la época de la dictadura ni después. Pinochet mantuvo relaciones con Israel y con los Estados árabes al evitar "mantener una postura clara en cuestiones controvertidas de la política de Oriente Próximo". Igualmente, los gobiernos posteriores a la dictadura mantuvieron una actitud ambigua, facilitada por el apoyo de la comunidad internacional al compromiso de los dos Estados.

A partir de 1973, tras la guerra árabo-israelí, los países africanos empezaron a romper las relaciones diplomáticas con Israel, lo que obligó al Estado de asentamiento colonial a buscar otros países con los que establecer relaciones diplomáticas, así como posibles mercados para su industria de armamento con el fin de compensar la pérdida de colaboración militar con los Estados africanos. Una vez que Estados Unidos se afianzó en América Latina debido a su apoyo a las dictaduras militares y a las operaciones por toda la región para eliminar toda influencia socialista o comunista, Chile, que en 1949 había reconocido a Israel, se convirtió en un objetivo fundamental para el gobierno israelí. Al aumentar la preocupación de la comunidad internacional por las violaciones de los derechos humanos en Chile, en 1976 Estados Unidos se vio obligado a responder imponiendo un embargo de armas, a pesar de que anteriormente había financiado a Pinochet para que cometiera esos mismos crímenes. Aunque es posible que la CIA burlara la decisión del Congreso estadounidense, Israel estaba en una posición privilegiada para intervenir y llenar el vacío, y convertir a Chile en uno de sus principales compradores de armas en la región.

Un documento desclasificado de la CIA revela importantes detalles sobre las compras militares de Chile a Israel. Desde 1975 hasta 1988 Israel vendió sistemas de radar, misiles aire-aire, equipamiento naval, aviones y sistemas antimisiles a la dictadura chilena. Una de las razones por las que Pinochet eligió a Israel, aparte de su armamento sofisticado y la admiración que sentía por el ejercito israelí, era el hecho de que "Tel Aviv no pone condiciones políticas a sus transferencias", lo cual era importante para Pinochet, lo mismo que la artera postura de Israel de mantener declaraciones públicas de apoyo a una vuelta a la democracia en Chile al tiempo que suministraba a la dictadura armas para utilizarlas en el país y la región cuando llegó a su apogeo la Operación Cóndor (un plan para toda la región implementado en 1975 por las dictaduras de derecha latinoamericanas para exterminar a las personas oponentes de izquierda). Además de vender armas a Chile, en la década de 1980 Israel también ofreció al ejército de Pinochet la oportunidad de visitar sus industrias de defensa y ofreció adiestramiento a pilotos y oficiales chilenos.

Leyes comparables

Los gobiernos de la era posterior a la dictadura mantuvieron la constitución de Pinochet. Las leyes antiterroristas de 1984 que utilizó Pinochet para prolongar la detención sin cargos se han aplicado desde entonces casi exclusivamente a la población mapuche por parte de los gobiernos de centroizquierda y de derecha de Chile. La legislación es similar a la de Israel, que aplica a las personas palestinas la detención administrativa que permite encarcelas sin cargos ni juicio y renovar periódicamente la orden de detención. La criminalización por parte de Chile de la resistencia mapuche contra la explotación neoliberal tiene paralelismos con la opresión de la resistencia palestina por parte de Israel. Ambos pueblos indígenas se enfrentan a luchas comunes y a opresores similares. La vigilancia, una táctica que tiene profundas raíces en la colonización de Palestina por parte de Israel, es una medida que los gobiernos chilenos ha aplicado sistemáticamente contra las personas mapuche. Los gobiernos chilenos utilizan tecnología de vigilancia israelí en la región de la Araucanía: la militarización de la región es el resultado directo de la aplicación de la legislación antiterrorista a la población mapuche.

Elbit, IAI y Rafael son los principales proveedores del gobierno chileno. Elbit y IAI se utilizan ampliamente contra la población palestina. En América Latina está muy solicitada la tecnología militar de Israel (desde los sistemas de vigilancia, el mantenimiento de sistemas informáticos, la munición de fósforo blanco y la tecnología de demolición hasta tecnología para aviones de combate utilizados en los bombardeos de Gaza por parte de Israel), supuestamente para luchar contra el tráfico de drogas y vigilar las fronteras. No obstante, lo que buscan los gobiernos de la región es controlar y reprimir sobre todo a las poblaciones indígenas .

En 2018 los ejércitos israelí y chileno firmaron nuevas iniciativas de cooperación en los ámbitos de educación y adiestramiento militar, mando de liderazgo y métodos de adiestramiento. El acuerdo se firmó en Chile por parte del general de división israelí Yaacov Barak y el general chileno Ricardo Martínez. Barak visitó la Brigada de Operaciones Especiales de Lautaro durante su visita. Piñera nombró Jefe de la Defensa Nacional al excomandante de la Brigada Lautaro, Javier Iturriaga, cuando el gobierno impuso el estado de emergencia para contrarrestar las protestas nacionales en Chile.

Armas "probadas sobre el terreno"

Israel comercializa sus armas y su tecnología como productos probados sobre el terreno. La población de Gaza es el experimento humano sobre el que se prueba la tecnología militar, lo que convierte a cualquier gobierno que compre armas a Israel en cómplice de la agresión colonial contra la población palestina. En Chile está agresión adopta un programa aún más siniestro. La compra por parte del gobierno chileno de tecnología militar a Israel para perseguir a la población mapuche es un reflejo de la represión israelí de la lucha anticolonial palestina.

Aunque las actuales relaciones entre Israel y Chile ya no están ocultas al control público, Israel sigue manteniendo clasificadas las relaciones entre ambos países durante la dictadura. Si bien Estados Unidos ha desclasificado muchos documentos que revelan su apoyo a la dictadura de Pinochet, Israel mantiene clasificadas más de 19.000 páginas de documentos a pesar de que pueden contener información sobre familiares judíos de ciudadanos israelíes que fueron desaparecidos por la dictadura de Pinochet.

Negativa a abrir los archivos

El ejército de Chile mantiene un pacto de silencio que dificulta la obtención de información y más aún hacer justicia a los miles de personas torturadas, asesinadas y desaparecidas durante la dictadura. En algunos casos los documentos desclasificados contribuyen a colmar lagunas de información. La negativa de Israel a abrir sus archivos referentes a la dictadura de Pinochet obstaculiza la obtención de justicia por parte de la ciudadanía chilena. Dos de sus miembros emprendieron un proceso judicial en 2016 para que se publicaran los documentos que podrían sacar a la luz la magnitud de la colaboración de Israel con Pinochet y probablemente revelar información sobre dos víctimas ejecutadas y desaparecidas , Ernesto Traubman y David Silberman. Chile mantuvo estrechas relaciones con la fuerza aérea israelí en la época de la dictadura, lo que plantea interrogantes sobre la participación israelí en la práctica de la dictadura consistente en hacer desaparecer en el océano por medio de aviones a las personas detenidas ejecutadas. Además, un grupo selecto de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile fue adiestrado por el Mossad en Israel .

Además de buscar información sobre el asesinato y desaparición de sus familiares, Lily Traubman y Daniel Silberman insisten en que su objetivo fundamental es sacar a la luz la magnitud de la implicación de Israel en la dictadura de Pinochet: "La venta de armas se debe regular por ley y deben existir unos criterios claros que prohíban la venta a países o regímenes dictatoriales que violan frecuentemente los derechos humanos".

La existencia y la violencia del colonialismo de Israel han creado una zona de prueba de armas perpetua en Gaza, lo que le supone una ventaja a la hora de vender su tecnología a los gobiernos que también pretenden reprimir a su ciudadanía. "Probado sobre el terreno" es el eufemismo que utiliza el Ministerio de Defensa israelí, una forma fundamental de deshumanizar a la población civil palestina. La situación la que se encuentra la población mapuche en Chile es similar; de hecho, se pueden establecer comparaciones respecto a la lucha por la liberación contra la explotación, apropiación y violencia colonial y neoliberal. Tanto el pueblo mapuche como el palestino sufrió una limpieza étnica en sus tierras por parte de los colonizadores y las relaciones militares entre Chile e Israel sirven para reforzar la militarización. La normalización del colonialismo y el neoliberalismo a escala internacional asegura mientras tanto que las violaciones de los derechos humanos perpetradas contra ambas poblaciones indígenas permaneczan impunes.

De hecho, posiblemente sea el compromiso de los gobiernos chilenos (sin excepciones entre el centro izquierda y la derecha) de militarizar la región de la Araucanía persiguiendo al pueblo mapuche lo que convierte a Israel en un socio permanentemente válido para Chile. Piñera se comprometió durante su campaña electoral a modificar las leyes antiterroristas para facilitar la persecución de los mapuche. Sin embargo, como las protestas en Chile no muestran indicios de disminuir hasta que se derogue la constitución de Pinochet, es posible que Israel encuentre oportunidades más lucrativas en Chile en detrimento de toda la población.

Ramona Wadi

Orient XXI

Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

Fuente: https://orientxxi.info/magazine/chile-a-testing-ground-for-israeli-weapons,3462

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