Familiares de víctimas de los ‘falsos positivos’ piden que el general (r) Mario Montoya sea imputado

Según los afectados, hay suficientes elementos de prueba que presuntamente vinculan al uniformado con el asesinato de 50 personas

 

Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, más conocidas como ‘falsos positivos’ ya no pueden esperar para ver avances en los casos que involucran al general en retiro (r) Mario Montoya Uribe. Este 30 de julio el grupo pidió que la Fiscalía General de la Nación no dilate más el proceso y llame a una audiencia para imputarle cargos al uniformado

La petición la hizo el abogado Sebastián Escobar, representante civil de un grupo de víctimas de los ‘falsos positivos’, quien aseguró que hay suficientes elementos de prueba que presuntamente vinculan al uniformado con el asesinato de 50 personas. Además, señaló que el proceso está demorado, aunque la Fiscalía General de la Nación aseguró, desde inicios de 2019, que la indagación preliminar contra Montoya se encontraba plenamente concluida y que el paso siguiente era la imputación de cargos.

Sin embargo, hay que recordar que en este proceso han habido cambios que ralentizaron las acciones judiciales. Uno de estos es que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entró a revisar el caso y la Fiscalía aseguró que cuando esto pasó se paralizó el trabajo de la entidad.

Ante este hecho, este 29 de julio la misma Fiscalía expidió una circular interna en la que le pide a sus funcionarios seguir adelante con investigaciones relacionadas al conflicto armado. En el documento se especifica que reactivar estas investigaciones, incluyendo la de los ‘falsos positivos’, se hará sin interferir con el trabajo que adelanta la JEP.

“Es imperativo que la Fiscalía avance en las investigaciones relacionadas con el conflicto armado que sean de competencia de la JEP, hasta el punto procesal máximo permitido por la regulación transicional”, se lee en la circular.

Es por ello que el único alcance que puede tener el ente acusador es vincular formalmente a una investigación e imputar cargos a los procesados, pero no podría emitir órdenes de captura, solicitar medidas de aseguramiento o llevar las investigaciones a etapa de juicio, ya que esto es competencia exclusiva de la justicia especial.

Precisamente, uno de los casos que volvería a investigar la Fiscalía sería la del general Mario Montoya.

“Saludamos que la Fiscalía haya emitido esta nueva circular corrigiendo la directiva anterior que resultaba en una denegación de justicia e insistimos ante la tercera delegada en que se cumplen todos los requisitos para que avance con la imputación del general Mario Montoya Uribe, en cumplimiento de las normas citadas, del deber de garantía de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, y para que crímenes como estos jamás se repitan”, dijo Escobar a RCN Radio.

El caso de Montoya es uno de los más polémicos porque cuando el general retirado compareció ante la JEP, aseguró que los soldados que cometieron los ‘falsos positivos’ fue por “falta de capacitación”. Argumentó que, actualmente quienes ingresan a la milicia colombiana son jóvenes de estrato uno que no saben cómo comportarse y mucho menos seguir las instrucciones que se les da en el Ejército Nacional.

“Me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, estrato uno. Ya no va el estrato dos, ni tres ni cuatro. Voy a hablar con el corazón, como comandante: nos toca enseñarles a cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos. Esa es la calidad”, dijo Montoya el 13 de febrero de 2020 ante la JEP.

Estas palabras fueron pronunciadas frente a 41 víctimas de los ‘falsos positivos’ y 15 representantes judiciales. Uno de los asistentes, padre de un civil dado de baja y presentado como excombatiente, se levantó en medio de la audiencia e insultó al general Montoya, hecho que obligó a los magistrados de la JEP a hacer una pausa.

En el espacio, el uniformado también aseguró que él no tuvo nada que ver en las ejecuciones extrajudiciales, pues nunca exigió bajas a cambio de ascensos.

“Yo no exigí bajas, exigí operaciones. Nadie puede decir que el general Montoya mandó a matar ni que me enteré que habían matado. Nunca. Para mí los que cometieron eso (falsos positivos) son unos cobardes. (...) Fue terrible. ¿Cómo así que se tenía que reportar un número determinado de bajas para dar una condecoración? Eso fue una equivocación”, dijo Montoya, y agregó que, la determinación vino desde el presidente y el ministro de Defensa de esa época, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, respectivamente.

30 de Julio de 2021

Publicado enColombia
Una serie de asesinatos en dos meses contra exmiembros de las FARC sacude el Cauca: ¿qué está pasando en esa región de Colombia?

La Misión de Apoyo de la OEA ha solicitado al Estado colombiano reforzar las medidas de protección para las personas en proceso de reincorporación.

Sumarse y apostar a la paz en Colombia no se traduce en inmunidad, ni mucho menos en una garantía absoluta para evitar ser víctima de la violencia enquistada en el país. La complejidad del conflicto armado interno, instalado desde hace más de medio siglo, deja víctimas casi a diario en todo su territorio.

Las masacres y asesinatos sistemáticos contra líderes sociales, campesinos, indígenas y exguerrilleros, estos últimos involucrados en el tratado de paz del 2016, forman parte de una cotidianidad lamentable, enfocada en la persecución y desaparición de quienes piensan distinto.

El municipio de Buenos Aires, uno de los 42 que integran el departamento del Cauca, se ha convertido en foco de este tipo de crímenes selectivos, perpetrados contra un grupo de personas que creyeron en el camino del trabajo productivo como una mejor alternativa para su futuro y el de su país.

En los últimos dos meses, Buenos Aires, lugar donde se asentó la Cooperativa Ecomún La Esperanza (Cecoespe), creada en octubre del 2017 por 71 excombatientes que integraban el Espacio Territorial de Reincorporación de La Elvira y que ha tenido gran éxito con la producción de la marca Café Sabor La Esperanza —participantes de la Feria Mundial del Café—, ha sido escenario de varios ataques de sicarios contra sus miembros.

El más reciente de los asesinatos se produjo contra Yorbis Valencia, un exguerrillero que era conocido en las FARC como 'Anderson Guerrero' o 'Macancán' y que se integró formalmente a la comunidad en el 2017, tras la firma del Acuerdo de Paz. Yorbis sabía que dejar las armas no era garantía de nada, sin embargo, asumió el riesgo de vivir para apoyar el fin de la guerra interna.

"Es de hace mucho tiempo que todo aquel que piense distinto, pues es masacrado. Entonces, uno se pone a pensar: nosotros pensamos distinto a ellos, si no nos brindan garantías pues quién sabe qué pase de ahí en adelante. Si no nos brindan las garantías uno sabe que lo van es a matar. Pero vamos a correr ese riesgo", expresó Valencia en el 2017, durante una entrevista con la periodista independiente Mercy Insuasti y que recoge el diario El Espectador.

Los asesinatos

El primero de los asesinatos en los últimos 60 días contra los integrantes de la exitosa Cooperativa Cecoespe, fue perpetrado el pasado 21 de mayo contra José Ignacio Loaiza, asesinado durante un ataque en el que también tenían como objetivo a la exguerrillera Camila Cienfuegos.

A José Ignacio lo asesinó un grupo de hombres armados que le disparó cuando se encontraba en Popayán, lugar en el que permaneció hospitalizado durante varios días hasta que murió una semana después, el 28 de mayo, producto de las graves heridas.

La siguiente víctima se produjo al mes siguiente y fue Norelia Trompeta Hachaue, una joven mujer de 25 años de edad, también asesinada en Buenos Aires. Su homicidio se ejecutó durante la noche del 25 de junio, cuando fue tiroteada por sicarios.

El siguiente en caer fue Yorbis Valencia, el pasado 25 de julio, cuando varios hombres lo asesinaron a tiros mientras iba camino a su casa en la vereda San Francisco, lugar donde vivía desde que los excombatientes que habitaban el espacio de reincorporación de La Elvira empezaron a dispersarse por las amenazas de muerte.

El homicidio de Valencia se tradujo en el número 279 ejecutado contra los exguerrilleros que firmaron los Acuerdos de Paz del 2016.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA pidió esclarecer su asesinato, instó al Estado a investigar y a reforzar las medidas de protección para las personas en proceso de reincorporación.

La historia de la Cooperativa Cecoespe

De acuerdo con El Espectador, la Cooperativa Cecoespe se inició con la inversión que hicieron 94 excombatientes con fondos recibidos durante el proceso de paz. Tras su fundación, la agrupación de trabajadores del campo llegó a tener 134 exguerrilleros asociados e involucrados en el proyecto de café, calificado como uno de los productos más emblemáticos de la reincorporación.

Pero detrás del proyecto productivo hay una amarga historia de persecución, amenazas y destierro que ha obligado a que la dirigencia de la cooperativa a desplazarse de su asentamiento original, dejándolos vulnerables a la violencia y en búsqueda de tierras para continuar su aspiración a una vida de paz.

Antes de los más recientes asesinatos ya se habían perpetrado varios hechos violentos contra los dirigentes de la cooperativa. Uno de los hechos más violentos se produjo el 2 de diciembre de 2019, cuando varios sicarios mataron a Manuel Santos Yatacué. Tras asesinarlo, tomaron el vehículo de la víctima, lo estacionaron frente a la casa de Mario Rodríguez, presidente de la Cecoespe, y le prendieron fuego.

La ola de amenazas contra los cooperativistas se extendió a todos sus miembros y así comenzaron a darse los desplazamientos forzados de la zona de creciente conflicto, con mayor incidencia entre diciembre del 2019 y enero del 2020. Una situación que se repite en el resto del país, como el asesinato contra Yeison Sarmiento, en San José del Guaviare el mismo 25 de julio, hecho que elevó la cifra de excombatientes asesinados a 280 desde el 2016, 31 de ellos este año.

Así, muchos de los exguerrilleros han terminado en las regiones de Santander de Quilichao y Popayán. Otro grupo se encuentra en Timbío, lugar donde mantienen el proyecto del café, en la finca Las Veraneras; y aún permanecen en las veredas y la cabecera de Buenos Aires otros 24 excombatientes.

Según el medio colombiano, las amenazas comenzaron tras la entrada en Buenos Aires de una estructura disidente de las FARC que controlaría Leider Johani Noscue, alias 'Mayimbú'.

Mientras tanto, los excombatientes han solicitado al Gobierno que los trasladen a un nuevo espacio territorial, pero la Agencia para la Reincorporación y la Normalización no lo ha conseguido. Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz adelanta el proceso para dar medidas cautelares de protección y ha pedido al Ejecutivo que garantice la seguridad de esa población vulnerable.

Publicado: 30 jul 2021 05:14 GMT

Publicado enColombia
La odisea de los migrantes africanos en Colombia

No son dos ni tres, son miles de migrantes, en su mayoría del centro de África, que se aventuran en un viaje de miles de kilómetros. Llegan a Ecuador en avión, por es el único país de la región que no les exige visa. Por distintos medios se trasladan al Golfo de Urabá (Necoclí - Turbo) para cruzarlo en canoas y lanchas en condiciones muy precarias. El peligro, la muerte y el engaño son el diario de estos migrantes cuyo anhelo es llegar a tierras estadounidenses.

 

 

 

 

 

 

 

Publicado enEdición Nº282
Martes, 27 Julio 2021 06:09

#SOS América

#SOS América

El asesinato del presidente de Haití, Juvenel Moïse, ofrece una serie de elementos que bien vale valorar desde una perspectiva continental, ya que sientan un peligroso precedente de gran impacto institucional y psicológico.

Como podremos observar en el desarrollo de esta columna, distintos espacios de la derecha y la ultraderecha americana con posibilidades de acceso al poder por vías que pueden ser democráticas o no, se acercan peligrosamente a sectores que no dudan al momento de apostar por la eliminación física de sus adversarios, la lógica incluye invasiones de mercenarios contra sus propios territorios, planes que solían impulsarse en el marco de la Guerra Fría pero que ya parecían haber quedado en los anales de la historia.

Adicionalmente sigue observándose –tal como en los años de plomo- que toda esta maraña fascista resulta incentivada por apoyos que van desde vistos buenos hasta involucramientos financieros, logísticos y culturales provenientes de distintos estamentos de la institucionalidad y/o la sociedad estadounidense. Demasiadas poderosas energías al servicio de la promoción y/o naturalización de estas acciones extremistas.

Magnicidio

El 7 de julio Moïse es asesinado de 12 balazos en su residencia, donde por lo menos 26 mercenarios colombianos entraron como Juanes por su casa disfrazados de agentes de la DEA. Dos estadounidenses de origen haitiano los acompañaban como traductores y otros tres resultaron detenidos posteriormente.

Hay varias versiones sobre estos hechos, las publicadas más recientemente incluyen a asesinos haitianos. Se publicó que Moïse fue salvajemente torturado porque se habría negado a firmar su renuncia, su cuerpo tenía un brazo y una pierna quebrados.

El testimonio de su esposa podría poner en duda la tortura previa: “En un abrir y cerrar de ojos, los mercenarios entraron corriendo a mi casa y mataron a mi esposo”.

Otras publicaciones aportaron detalles adicionales: el cuerpo de Moïse fue hallado en su dormitorio con heridas de bala en la frente, el pecho, la cadera y el abdomen y con el ojo izquierdo arrancado, una práctica relacionada con el vudú, para evitar que el asesinado te pueda ver desde el otro mundo. Esta mutilación podría también ser un método de tortura pero no es habitual en la lucha contra la guerrilla colombiana.

Algunos mercenarios declararon que no tenían intenciones de asesinar al presidente, aseguraron que ingresaron a su residencia en horas de la madrugada para ejecutar una orden de detención en su contra.

El grupo de sicarios fue contratado por la empresa de “seguridad” CTU Security con sede en Miami; es propiedad del ultraderechista venezolano, Antonio Enmanuel Intriago Valera.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció tener «algunos indicios» de que CTU «estuvo involucrada en todos los eventos logísticos» en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de 2018.

Rodríguez aseguró que Intriago tiene una vinculación con el mandatario colombiano, Iván Duque, con quien participó en la organización del concierto que se realizó en Cúcuta en 2019, denominado Venezuela Aid Live, una iniciativa de Washington para desestabilizar a Venezuela.

La Presidencia de Colombia negó la presunta vinculación del mandatario con Intriago y que ambos se hayan encontrado en un evento el 10 de febrero de 2018, en Miami, Florida, al que acudieron más de 1.200 personas.

Duque se refirió al hecho y declaró que a la mayoría de los colombianos involucrados en el operativo se les dijo que iban como guardaespaldas, pero que un grupo más pequeño de ellos tenía conocimiento detallado de los planes de asesinato. Dijo que la información se basó en el testimonio de hombres que fueron reclutados y finalmente no fueron, así como de un sujeto que había ido a Haití y regresó a Colombia antes del homicidio.

Uno de los mercenarios resultó ser primo de Rafael Guarín, consejero de Seguridad del presidente colombiano. Guarín aclaró que no lo conoce, que es hijo de uno de los 10 hermanos de su padre.

Un haitiano estadounidense de 63 años con aspiraciones presidenciales aparece entre los principales autores intelectuales del magnicidio. Christian Emmanuel Sanon, médico físico y pastor evangelista. Relata el dueño del hotel donde Sanon se hospedó en junio rodeado de escoltas colombianos, que el hombre se la pasaba rezando y rezando mientras planificaba el complot secretamente. En la lista de acusados también aparece un ex senador, John Joel Joseph.

Los conspiradores planificaban pagar las cuentas de la expedición con activos del estado haitiano una vez derrocado el presidente, tal como se proponían los mercenarios contratados por el presidente designado desde Washington para Venezuela, Juan Guaidó, en la llamada Operación Gedeón.

¿Una nueva doctrina?

El 3 de mayo de 2020 un grupo de mercenarios capitaneados por un ex marine estadounidense desembarcó en Venezuela con el declarado propósito de detener al presidente Nicolás Maduro. Se la llamó Operación Gedeón. Cinco semanas antes el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, había estimulado el imaginario de los aventureros al ofrecer recompensa de 15 millones de dólares a quien “facilite información para lograr el arresto” de Maduro.

Las autoridades estadounidenses colgaron un aviso en las redes patrocinado por la DEA, como en las mejores épocas del lejano oeste. La invasión fue totalmente desarticulada.

La empresa encargada para esa misión había sido Silvercorp, también con sede en la Florida. Los combatientes se entrenaban en la Guajira colombiana, muy cerca de la frontera con Venezuela, con total conocimientos de los servicios de inteligencia del gobierno de Duque. Un ex Boina Verde que lideró la fallida invasión y permanece detenido en Venezuela aseguró que la operación fue autorizada por la Casa Blanca de Donald Trump. La administración del entonces presidente negó cualquier vinculación.

En noviembre de 2019 también quisieron “detener” y hacerle firmar la renuncia a otro presidente latinoamericano, Evo Morales. Esa vez el redactor de la carta fue un líder cívico de Santa Cruz de la Sierra que pocos días antes había recomendado seguir los métodos de Pablo Escobar a sus enfervorizados seguidores. La encargada de ejecutar la orden de detención era la policía boliviana pagada por ese referente “cívico”, hoy gobernador departamental.

Moïse es la prueba de lo que hubiera sucedido con Morales sino hubiera sido protegido por los campesinos del Trópico de Cochabamba y por líderes como Alberto Fernández y AMLO en las horas previas y posteriores al anuncio de su renuncia.

Seis meses más tarde de esos hechos que derivaron en un golpe de Estado, el principal asesor comunicacional de aquella gesta democrática, transformado en Ministro de Defensa de los golpistas, comenzó a negociar una invasión de mercenarios –vía Miami- idéntica a las mencionadas con anterioridad, para evitar que el MAS regrese al poder (las grabaciones están disponibles en la web). La idea de Fernando López era instalarse él mismo en la presidencia. Hasta hoy permanece prófugo de la justicia y es protegido por el gobierno de Jair Bolsonaro.

El propio clan Bolsonaro fue salpicado por su probable vinculación con el grupo parapolicial que acribilló a la concejala Marielle Franco en mayo de 2018 en Río de Janeiro. En particular el actual senador Flavio Bolsonaro aparece relacionado con el principal acusado del crimen.

La derecha argentina no pierde pisada, es público su compromiso armado con los golpistas bolivianos y en mayo pasado Mauricio Macri se hizo presente en cuerpo y alma en Miami para asistir a un encuentro organizado por el masacrador boliviano Carlos Sánchez Berzaín, activo conspirador vinculado desde hace casi 30 años a la inteligencia estadounidense y responsable directo de ordenar la represión que costó la vida a decenas de ciudadanos en el altiplano boliviano durante la llamada Guerra del Gas en 2003.

En Miami Macri se parqueó demasiado cerca de la ultraderecha paramilitar. Y su sucesora Patricia Bullrich no tiene la menor intención en perderle pisada.

El 29 de noviembre de 2019 (el golpe había sido el 10) el citado ministro Fernando López fue recibido en la embajada argentina en el marco de un acto de despedida al agregado naval del gobierno de Macri en La Paz. Las fuentes indican que hubo clima de algarabía entre los uniformados de ambos países -las mismas fuentes indican que la algarabía no habría sido compartida por el embajador jujeño Normando Álvarez, quien aparece en la foto con gesto de pocos amigos-. Existen versiones encontradas sobre la postura asumida por el citado funcionario en torno al golpe.

Al revelar el plan de invasión mercenaria planificado por López en Bolivia, la revista The Intercept informó sobre una comunicación en la que los organizadores evidenciaban un seguimiento a Evo Morales durante su exilio en Buenos Aires y comentaban una mudanza realizada en esos días en la localidad de La Lucila.

“Qué macana. Qué macana que se nos ha ido nuestro amigo Evo de este lugar. Qué pena”, dice uno de los paramilitares que habría formado parte del ejército de Estados Unidos. “Vamos a tender las redes para ver por dónde anda”, responde otro. “En algún lado está”.

Imposible que no venga a la cabeza el nombre de Juan José Torres, ex presidente de Bolivia asesinado en Buenos Aires el 2 de junio de 1976.

A este nivel de referencias nos está llevando la ultraderecha continental.

Ya han pasado 5 años desde que Rafael Correa hablara de un nuevo Plan Cóndor regional y el azote no podía no alcanzarle, condenado e inhabilitado de por vida para ser candidato. Como el equipo de fiscales no pudo encontrar pruebas en su contra, lo sentenciaron por haber “influido psíquicamente” en sus subalternos para que cometan actos de corrupción. Sus perseguidores también pertrecharon a los golpistas bolivianos.

Jovenel Moïse

El asesinado presidente de Haití no era un líder progresista, de hecho había contado con el apoyo de Donald Trump, pero es importante agregar algunos apuntes sobre lo sucedido.

Al menos 7 de los ex militares colombianos que participaron en el magnicidio recibieron entrenamiento del Ejército de Estados Unidos, lo confirmó el Pentágono.

Uno de los sicarios que resultó muerto durante el magnicidio, Duberney Capador, fue señalado como uno de los cerebros del operativo. Ex militar experto en contrainsurgencia; su hermana informó que había hecho un curso de Derechos Humanos en Estados Unidos.

El general Jorge Luis Vargas, jefe de la policía colombiana, informó en base al testimonio de dos mercenarios que estos habían sido contactados inicialmente para integrar servicios de seguridad a personas ricas y poderosas.

Tres días antes del magnicidio habría habido un cambio de planes sobre el pedido de renuncia y detención a Moïse y un ex funcionario del Ministerio de Justicia, Joseph Félix Badio, que trabajó en la unidad de lucha contra la corrupción con el servicio general de inteligencia, le indicó a los mercenarios que la misión en realidad era asesinar al Presidente.

Según CNN los mercenarios llegaron disparando al aire y gritando, en inglés: «¡Operación de la DEA! Todo el mundo atrás!», mientras avanzaban por una calle hacia la residencia presidencial en el exclusivo distrito de Petion-Ville, de Puerto Príncipe.

El organismo negó enfáticamente haber participado en la acción mientras el jefe de la policía colombiana declaró que el plan inicial era detener al presidente para ponerlo a disposición de la DEA. La policía de Haití informó que los sospechosos llevaban gorras de la DEA y un documento que pretendía ser una orden de arresto.

Tras consumar el asesinato uno de los sicarios se comunicó con un agente de la DEA en Haití, se informó que este funcionario del gobierno de Estados Unidos lo instó a que se entregara a las autoridades locales.

Washington confirmó que ese agente de la DEA y otro funcionario del Departamento de Estado, proporcionaron información al gobierno haitiano que ayudó para la entrega y el arresto de ese sospechoso y de otro individuo.

La DEA también admitió que otro de los mercenarios fue “en ocasiones, una fuente confidencial” de la agencia.

En base a los vínculos aceptados públicamente, resulta por demás improbable que la organización de estas acciones se haya perpetrado sin el conocimiento de los servicios de inteligencia estadounidenses.

El 10 de julio primer ministro interino, Claude Joseph, pidió a Estados Unidos la intervención de sus tropas militares para estabilizar la situación. Hay especulaciones acerca de la participación de Joseph en el asesinato. No cuenta con consenso dentro del grupo de países con más influencia en Haití por lo que fue reemplazado por Ariel Henry, quien debe convocar a elecciones.

El 14 de julio el canciller de Estados Unidos, Antony Blinken dialogó con el secretario General de la OEA, Luis Almagro y le aseguró su compromiso para “restaurar” la seguridad en Haití.

Por Andrés Sal.lari | 27/07/2021

Publicado enInternacional
Explosión en Gaza el 22 de julio 2021. — Mohammed Asad / APA Images Via ZUM / DPA / Europa Press

Solo en el mes de julio la aviación israelí ha bombardeado la Franja de Gaza en dos ocasiones. El pretexto es el lanzamiento de algunos globos incendiarios por parte de las milicias palestinas. Este tipo de actividad militar tiene por objetivo apartar la atención de la continua expansión colonial israelí por la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén.

 26/07/2021 21:35

Eugenio García Gascón

Los bombardeos de la aviación israelí sobre la Franja de Gaza se repiten con una periodicidad de algunos días, ahora en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios por parte de las milicias palestinas, globos que en ocasiones causan pequeños incendios en los campos de cultivo de los agricultores de la zona.

Aunque los bombardeos son el elemento más visible de la crisis permanente derivada de la actitud israelí respecto a Gaza, las autoridades políticas y militares están aprovechando la ocasión para restringir la pesca de los botes palestinos en el Mediterráneo. El área de pesca se ha reducido una vez más a solo seis millas de la costa, es decir la mitad de lo que se permitía hasta ahora.

Los últimos bombardeos tuvieron lugar el domingo, después de que las milicias lanzaran varios globos rudimentarios desde el enclave causando pequeños incendios y ningún herido. Los bombardeos, que tampoco causaron bajas entre milicias ni civiles palestinos, se cebaron en una superficie abierta en el centro de la Franja y en un campo de entrenamiento de Hamás en la localidad sureña de Jan Yunis.

 “La decisión (de bombardear la Franja) se adoptó a raíz del continuado lanzamiento de globos incendiarios desde Gaza hacia Israel, lo que constituye una violación de la soberanía israelí”, dice el comunicado divulgado por el ministerio de Defensa en Tel Aviv.

La política israelí consiste en acusar a Hamás de cualquier actividad de la resistencia desde Gaza, puesto que Hamás es responsable de la Franja desde que tomó el poder por la fuerza en 2007, meses después de ganar las últimas elecciones celebradas hasta ahora sin que la Autoridad palestina del presidente Mahmud Abás reconociera y aplicara los resultados de los comicios.

Con el cinismo habitual, Israel añadió que Hamás es responsable de los daños que las milicias causan a los civiles israelíes, ignorando que su ejército y los radicales colonos judíos cometen toda suerte de atropellos a diario contra los civiles palestinos de Cisjordania, causando un goteo constante de muertos, heridos y detenidos.

Hamás ha advertido repetidamente contra las actividades de las fuerzas de ocupación y los colonos en Cisjordania, especialmente contra Jerusalén oriental. Esas actividades que refuerzan la ocupación y acorralan y humillan a los palestinos fueron las que provocaron la última confrontación armada entre durante once días de mayo con un balance de 248 palestinos y 13 israelíes muertos.

Los precarios ataques de las milicias por medio de los globos incendiarios obedecen al deseo de incordiar a Israel y recordar que la Franja está sometida a un bloqueo muy estricto mediante el que Israel controla todo lo que entra y sale del enclave convirtiendo la vida de dos millones de civiles en un infierno desde hace casi tres lustros.

El nuevo gobierno presidido por Naftalí Bennett mantiene la política de exprimer ministro Benjamín Netanyahu consistente en responder con bombardeos a cada una de las acciones de las milicias puesto que de esta manera se presenta el conflicto, ante la comunidad internacional, como un enfrentamiento entre dos fuerzas más o menos parejas.

Para Israel la verdadera guerra no es la de Gaza, que es en sí misma una distracción, sino la que se desarrolla a diario en Cisjordania, incluida Jerusalén, donde las fuerzas israelíes y los violentos colonos van incrementando la ocupación ante la pasividad de la comunidad internacional.

Sin ninguna actividad racional, los europeos, guiados por el presidente Emmanuel Macron y la canciller Angela Merkel, persisten en dejar que Israel vaya haciendo y deshaciendo a su antojo en Cisjordania, donde se ha creado una situación prácticamente irreversible que trae sin cuidado a los líderes europeos, pese a que debería preocuparles por las consecuencias que tiene periódicamente para Europa y, desde luego, para toda la región.

En este contexto, el cambio de administración en Washington apenas se ha traducido en pequeñas acciones simbólicas. De entrada, no hay en el horizonte unas negociaciones entre Israel y los palestinos, aunque por otra parte la vía de las negociaciones hace muchos años que descarriló y no hay ninguna esperanza de que ahora vaya a funcionar.

La voluntad del presidente Joe Biden es todo un enigma. Es verdad que existe un grupo de representantes demócratas que le están presionando para adoptar de una vez por todas medidas que resuelvan el conflicto, pero la popularidad de Biden no ha despegado en los seis meses que lleva en la Casa Blanca y por lo tanto su margen de maniobra es reducido.

Además, los israelíes le han pedido que no haga nada mientras la Kneset no apruebe los presupuestos para el año que viene, algo que ocurrirá en las próximas semanas, dado que la coalición de gobierno es muy precaria y cualquier iniciativa de paz traería como consecuencia inevitable una caída del gobierno.

En estas circunstancias, lo más probable es que los incidentes en la Franja de Gaza continúen como hasta ahora, con sus altos y sus bajos, aunque es obvio que ese no es el problema real sino solo un espejismo con el que Israel oculta la brutal ocupación militar y la continuada expropiación de los territorios palestinos.

Publicado enInternacional
Soldados custodian las calles de Cali, Colombia, luego que el presidente Iván Duque ordenara más presencia militar por los hechos de violencia presentados durante protestas por el Paro Nacional. EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Este decreto fue expedido por el Gobierno nacional en la madrugada del 29 de mayo para reestablecer el orden en algunas capitales, cuando se cumplía un mes del paro nacional.

 

El Consejo de Estado de Colombia suspendió este viernes de manera provisional el decreto expedido por el Gobierno nacional que contempla la asistencia militar para afrontar y superar los problemas de orden público durante las protestas sociales que se desarrollan en el país.

Esta decisión del Consejo de Estado determina que el decreto 575 de 2021, expedido por Iván Duque en la madrugada del 29 de mayo, con la intención de reestablecer el orden en distintas ciudades del país en el marco de las manifestaciones sociales del paro nacional, se suspende hasta que se emita un veredicto con relación a la legalidad de este acto administrativo.

“La determinación obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de tutela, presentaron varios ciudadanos de Cali, que consideraron que la respuesta de las fuerzas policiales y militares a las alteraciones al orden público originadas en las manifestaciones ciudadanas y protestas en esa ciudad estaba poniendo en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social, a la vida e integridad personal, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada”, indicó el Consejo de Estado en un comunicado.

La determinación fue tomada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, luego de conocer esta demanda en primera instancia, otorgó el amparo constitucional y ordenó la suspensión transitoria de este acto administrativo, mientras la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo determina si este acto se ajusta o no al derecho.

A su vez, ordenó al ministro de Defensa, Diego Molano, y al director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, que a través de sus directivas sean acatados los protocolos establecidos para la protección de la protesta social y la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado.

De igual forma, instó a los participantes de las mesas de diálogo a continuar con este proceso de concertación como medida para superar las problemáticas que han sido expuestas durante las movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque desde el pasado 28 de abril.

“Se encontró que ese acto administrativo amenaza el derecho a la protesta social porque los hechos que se mencionan como perturbadores del orden público tienen que ver con disturbios internos, con seguridad ciudadana, con la protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía Nacional por mandato constitucional, mas no de las Fuerzas Militares”, indicó el Consejo de Estado.

De igual manera, la Sección Cuarta argumentó que si bien se puede limitar el derecho a la reunión y a la manifestación si se presentan graves afectaciones de orden público, en estos casos es admisible el uso de la fuerza policial, con criterios de necesidad y proporcionalidad, más no de las Fuerzas Militares.

Soldados prestan seguridad en medio de una manifestación de indígenas en Cali (Colombia). EFE/ Pablo Rodríguez

Por otra parte, la Sala se refirió al empleo de la fuerza y de armas de fuego, señalando que fueron reportadas 15 muertes producto de la violencia durante las protestas sociales, de las cuales tres fueron atribuibles a la fuerza pública, razón por la cual manifestó que si bien la Policía podía limitar algunos derechos de la protesta con el fin de retornar el orden, no se podía perder la garantía a la vida, integridad personal y debido proceso en estos hechos.

“La Sección Cuarta también resaltó que ese tipo de actuaciones por parte de la Policía Nacional deslegitiman su intervención en las manifestaciones pacíficas y desconocen los estándares internacionales y constitucionales que protegen el derecho a la protesta social y que, por lo tanto, debía concederse el amparo del derecho a la vida y a la integridad personal de los demandantes y demás manifestantes, al encontrarlos amenazados por el uso excesivo de la fuerza”, indicó el Consejo de Estado

23 de Julio de 2021

Publicado enColombia
Sábado, 24 Julio 2021 06:47

El espía

Edificio de NSO Group en Herzliya, Israel AFP, JACK GUEZ

Pegasus y la exportación del control

 

Periodistas, líderes mundiales y opositores fueron espiados por dictaduras y grupos delictivos gracias a una empresa de software israelí con sobrados antecedentes. En un mundo donde la vigilancia de las voces críticas se ha vuelto la norma, algunos encuentran un nicho para exportar sus talentos.

El año pasado, la organización periodística con sede en Francia Forbidden Stories y Amnistía Internacional recibieron un listado con información acerca del espionaje a más de 50 mil números telefónicos vigilados mediante el softwarePegasus, desarrollado y comercializado por la empresa israelí NSO Group. Esta información fue analizada durante meses por Forbidden Stories, Amnistía Internacional y 17 medios de diez países –entre ellos The Guardian, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, The Washington Post, Haaretz y Proceso–, que conforman el Proyecto Pegasus, creado para investigar y divulgar información relacionada con el espionaje efectuado con esta herramienta y, finalmente esta semana, los medios asociados del Proyecto Pegasus comenzaron a publicar los hallazgos. En la lista de los vigilados se encontró a periodistas, activistas, empresarios y políticos, incluidos los jefes de Estado de 14 países (es posible que en los próximos días este número aumente).

Pegasus, que por restricciones impuestas por el gobierno israelí solo se vende a instituciones gubernamentales, se instala en los smartphones al aprovechar vulnerabilidades de diferentes sistemas operativos y de aplicaciones comunes, o engaña a los usuarios para que cliqueen en enlaces maliciosos enviados a través de SMS, whatsapps, correos electrónicos u otros servicios de mensajería. Una vez instalado, el spyware permite monitorear y enviar a quien lo controla casi toda la información almacenada y de actividad del dispositivo, así como activar micrófonos, cámaras y grabar llamadas, con la posibilidad de posteriormente eliminar el programa e incluso borrar gran parte de sus rastros.

LA ERA DEL CIBERESPIONAJE

En las últimas décadas el espionaje digital se convirtió en un fenómeno conocido públicamente. Entre los casos más resonantes están la vigilancia llevada adelante sin ninguna discreción por el gobierno de Estados Unidos en el marco de la Ley Patriota, las filtraciones de Wikileaks y Edward Snowden acerca del seguimiento estadounidense a jefes de gobierno y ciudadanos, la recopilación y comercialización de datos de usuarios por parte de las grandes plataformas sociales y de servicios como Alphabet, Amazon y Facebook, así como los usos políticos de la empresa Cambridge Analytica de información recolectada por Facebook. El ciberespionaje es hoy algo habitual y ya no nos resulta tan sorprendente encontrarnos periódicamente con filtraciones acerca de la vigilancia estatal, empresarial o, como en este caso, llevada adelante en conjunto por organizaciones estatales y empresas privadas. De hecho, esta ni siquiera es la primera vez que NSO y su spyware Pegasus están en el ojo de la tormenta.

En 2018, Amnistía Internacional y The Citizen Lab (organizaciones que venían monitoreando el uso de Pegasus en el mundo) denunciaron que sus miembros eran espiados por NSO. Amnistía Internacional incluso formó parte de una acción legal contra la empresa, en la que se procuró que el Ministerio de Defensa israelí restringiera las exportaciones de Pegasus, demanda que fue finalmente desestimada por una corte israelí (AP, 20-VII-21). Por otro lado, Whatsapp, propiedad de Facebook, inició en 2019 una demanda contra NSO por el uso de Pegasus contra sus usuarios tras encontrar que al menos 1.400 dispositivos habían sido infectados y espiados (The Verge, 29-X-19).

LOS CLIENTES Y LOS USOS

NSO, cuyas ventas son monitoreadas pero no divulgadas por el gobierno israelí, declara tener más de 60 clientes en más de 40 países, aunque no brinda información sobre la identidad de sus compradores. Sin embargo, como informa este domingo The Washington Post, el spyware ha sido utilizado por varios Estados conocidos por vulnerar los derechos humanos y la libertad de prensa, entre ellos, India, Marruecos, Kazajistán, México, Bahrein, Togo, Ruanda, Hungría, Azerbaiyán, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

El país del que aparecen más números listados es México, con 15 mil. De acuerdo a lo publicado en 2017 por The New York Times, México contrató a Pegasus en 2012 por 20 millones de dólares y lo utilizó para espiar periodistas, activistas, abogados (entre ellos, los abogados que investigaban la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa) y políticos opositores. Incluso el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, su familia y su cardiólogo fueron víctimas de esta vigilancia, según se supo esta semana (Aristegui, 19-VII-21). Pero no solo el gobierno utilizó Pegasus, también lo emplearon los cárteles criminales para vigilar e intimidar periodistas (The Guardian, 7-XII-20), entre ellos, Cecilio Pineda, asesinado justo un mes después de ser ingresado en la lista de espiados.

El caso de Arabia Saudita también es considerado particularmente grave, pues, de acuerdo a la nueva filtración, la pareja del periodista opositor Jamal Khashoggi fue espiada con Pegasus el día anterior a que este fuese torturado, asesinado y desmembrado en Turquía en 2018, presuntamente por orden del príncipe Mohammed bin Salman. Arabia Saudita también ha sido responsabilizada, junto con Emiratos Árabes Unidos, de infectar los celulares de al menos 37 periodistas de la cadena qatarí Al Jazeera. Uno de ellos, Tamer Almisshal, afirma que en un teléfono que usaba para llamar a ministerios emiratíes recibió una llamada en la que lo amenazaron con convertirlo en el próximo Khashoggi (Al Jazeera, 21-XII-20).

De acuerdo a The Washington Post, en la lista aparecen también números de periodistas de Hungría, Azerbaiyán, Kazajistán, Pakistán e India, donde también se espiaría a políticos opositores, entre ellos, al líder del principal partido de oposición indio, Rahul Gandhi. Si bien los medios del Proyecto Pegasus no tienen constancia de que el gobierno de España haya contratado a NSO, algunos líderes independentistas catalanes (entre ellos, quien fuera presidente del Parlamento de Cataluña Roger Torrent) sí que han sido espiados mediante Pegasus (El País de Madrid, 13-VII-20). Por otro lado, llaman la atención los usos que se le atribuyen a Marruecos, pues, entre los números que se especula que fueron monitoreados por fuerzas de ese país, están los de su propio rey y primer ministro, el del exprimer ministro belga y actual presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y los de gran parte del gabinete francés, entre quienes se encuentran el primer ministro, Édouard Philippe, y el presidente, Emmanuel Macron (The Guardian, 20-VII-21).

Hasta el momento, NSO Group ha declarado que la información difundida por el Proyecto Pegasus no es confiable y que la responsabilidad por el mal uso de Pegasus recae sobre sus clientes. Según fuentes del Post, recientemente NSO canceló contratos con Arabia Saudita y Dubai, alegando razones relacionadas con la violación de derechos humanos. Por su parte, el gobierno israelí, que anteriormente se había negado a cambiar su política respecto a esta y otras empresas de ciberseguridad (véase recuadro), anunció el miércoles la formación de un equipo con miembros del gabinete, de la inteligencia civil y militar, y del ejército, que estudiará cambios en la política respecto a la exportación de servicios digitales sensibles.


NSO y el ecosistema de ciberseguridad israelí

NSO Group, la empresa que desarrolló y comercializa Pegasus, fue fundada en 2010 por Omri Lavie, Shalev Hulio y Niv Carmi, quienes se sospecha que fueron miembros de la Unidad 8200 de las Fuerzas de Defensa de Israel (Forbes, 28-VIII-21), un cuerpo de inteligencia militar caracterizada por el desarrollo y el uso de tecnología de punta. NSO no es la única empresa fundada por exmiembros de la 8200. Allí se ha formado a gran parte de los actores de la exitosa industria de tecnología israelí y a muchos expertos que hoy trabajan en la industria tecnológica civil y militar alrededor del mundo (Rest of World, 9-III-21).

NSO tampoco es la única empresa israelí que ha estado en la mira por sus actividades. Por ejemplo, Black Cube, una empresa de inteligencia empresarial y política fundada por exmiembros de la 8200 y que contrata casi exclusivamente veteranos de la inteligencia israelí, trabajó para el gobierno de Donald Trump en el espionaje a exfuncionarios del gobierno de Barack Obama y para el gobierno húngaro de Viktor Orbán, donde hizo lo propio con organizaciones opositoras (Haaretz, 10-VII-18).

Por su parte, Psy Group, propiedad del empresario Joel Zamel, cuyo CEO fue teniente coronel de la Unidad 8200, hasta hace poco llevó adelante gran cantidad de actividades de espionaje, control de percepción y manipulación política en Estados Unidos. Antes de cerrar, mientras era investigada por el fiscal especial Robert Mueller por su participación en la injerencia extranjera en las elecciones de 2016, Psy Group trabajó con Cambridge Analytica (Politico, 23-V-18) en la producción y propagación de noticias falsas, en la manipulación de usuarios de plataformas sociales para la campaña de Trump (Wall Street Journal, 25-V-18) y en el espionaje a activistas pro-Palestina en Estados Unidos (The New Yorker, 18-II-19). Asimismo, según informó The Daily Beast en octubre de 2018, Zamer se reunió el año anterior con asesores de Trump y Bin Salman para hablar acerca de un posible cambio de régimen en Irán. No es casualidad que esto suceda con empresas israelíes vinculadas a la Unidad 8200. Gran parte de la actividad en esa repartición militar se trata justamente de espiar a personas que no representan ningún peligro real, muchas veces con fines extorsivos, como consignó The Guardian en un artículo de diciembre de 2014 titulado «Cualquier palestino está expuesto al monitoreo del Gran Hermano israelí». En ese panorama, juega un rol importante el sector privado, que no solo exporta sus servicios a otros gobiernos, sino que en muchos casos se asocia con el Estado israelí para atacar a los habitantes de los territorios ocupados. De hecho, la industria de tecnologías de seguridad es considerada por activistas israelíes y palestinos una de las claves del estado de apartheid en que viven millones de palestinos.

Por Joaquín Moreira Alonso
23 julio, 2021

Publicado enInternacional
Martine Moise despidiendo a su marido. Luego empezaron los tiros y los gases.. Imagen: EFE

Violenta despedida al asesinado presidente haitiano

Durante la misa se escucharon disparos y las personas que asistieron al funeral tuvieron que salir entre los gases lacrimógenos lanzados por la policía.

 

El funeral del presidente de Haití  Jovenel Moise se realizó este viernes en la ciudad de Cabo Haitiano, con la presencia de Martine Moise, viuda del mandatario. A pesar de las fuertes medidas de seguridad se escucharon disparos durante la ceremonia y los participantes tuvieron que evacuar bajo una nube de gases lacrimógenos. Mientras las investigaciones en torno al magnicidio continúan con las declaraciones de los presuntos involucrados en el ataque al mandatario.

Un importante despliegue policial cubrió las calles de la ciudad de Cabo Haitiano en el departamento del Norte de Haití. La ciudad fue escenario de episodios violentos, este viernes la tensión se concentró en las inmediaciones del punto donde se desarrollaba la ceremonia de despedida de Moise, de 53 años. Momentos antes de que comenzara el acto, la multitud comenzó a insultar al jefe de la Policía Nacional, Léon Charles, al grito de "asesino", al tiempo que la Policía empleó gases lacrimógenos para dispersar las barricadas de neumáticos en llamas, situados en las inmediaciones, según el diario local Gazette Haiti.

Durante la homilía por Moise, se sintieron los gases lacrimógenos y más tarde, dentro del recinto donde se realizaba el funeral se escucharon disparos. Los participantes tuvieron que salir entre una nube de gases lanzados por la policía. "La delegación presidencial está a salvo y completa después del tiroteo reportado durante el funeral. Están todos de regreso a Estados Unidos", dijo Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca.

El ataúd de Moise, cubierto por la bandera nacional y la banda presidencial, fue expuesto en una explanada decorada con flores y bajo la custodia de soldados de las Fuerzas Armadas de Haití. La viuda del presidente, Martine Moise, quien resultó gravemente herida en el ataque contra su marido, estaba presente en Cabo Haitiano, con el brazo en cabestrillo tras ser atendida en un hospital en Florida, al sur de Estados Unidos. La viuda llegó acompañada por sus hijos y un importante dispositivo de seguridad. Ante el féretro se retiró la mascarilla y besó la bandera que cubrió el sarcófago.

"Fuiste abandonado y traicionado. Tu asesinato expuso (la) fealdad y cobardía", dijo Martine en la ceremonia civil en honor de Moise celebrada en Cabo Haitiano, donde será enterrado este viernes.

En la ceremonia estuvieron presentes representantes de las delegaciones extranjeras, cuerpo diplomático y miembros del gobierno de Haití que le ofrecieron el pésame a la exprimera dama. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió una delegación de alto nivel al funeral, incluida su embajadora ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, y su nuevo enviado especial para Haití, Daniel Foote, que llega a la isla encomendado con la tarea de ayudar a impulsar la organización de las elecciones.

Hasta el momento unas 28 personas –26 colombianos y dos haitianos-estadounidenses– fueron vinculadas al comando que asesinó al presidente de Haití, Jovenel Moise. La policía haitiana asegura que el complot fue organizado por personas con ambiciones políticas y vínculos fuera del país. Este jueves, el ecuatoriano Walter Veintemilla, dueño de la firma Worldwide Capital Lending Group de Miami y financista del operativo en el que fue asesinado Moise, admitió haber aportado dinero pero no para matar al mandatario sino para favorecer un cambio en el país. Veintemilla prevé una acción legal contra las autoridades haitianas que lo señalaron por haber financiado el complot.

El abogado de Veintemilla, Robert Nicholson, aseguró que su cliente sí estuvo en reuniones con haitianos y extranjeros ahora investigados, incluido el médico Christian Emmanuel Sanon, considerado uno de los autores intelectuales del crimen y ahora detenido. Veintemilla reconoció que desde Worldwide Capital Lending Group juntó de inversionistas cerca de 172 mil dólares y se los entregó a Sanon, y que antes había cedido una suma similar a Antonio Intriago, dueño de CTU Security LLC, en principio señalada como la firma que reclutó a los mercenarios colombianos acusados del operativo.

Nicholson afirmó que el papel de su cliente era financiar los gastos de las aspiraciones presidenciales de Sanon y que éste lo retribuiría con futuros contratos una vez que estuviera a cargo del Ejecutivo de Haití. "Ni Worldwide Capital ni el señor Veintemilla tenían conocimiento de ningún supuesto plan de asesinato", insistió Nicholson.

Mientras que desde el Departamento de Estado norteamericano confirmaron que seis de los ciudadanos colombianos arrestados por su presunta participación en el magnicidio recibieron entrenamiento militar en EE.UU. "Hasta la fecha, el Estado y el Departamento de Defensa han identificado a seis personas que podrían haber estado involucradas en el complot y que participaron anteriormente en programas de entrenamiento militar y educativos de Estados Unidos mientras servían al ejército colombiano", afirmó el portavoz de la cancillería, Ned Price.

Esta semana se desarrollaron varias ceremonias de homenaje al presidente asesinado en Puerto Príncipe. Una de ellas contó con la presencia de Ariel Henry, el nuevo primer ministro, quien asumió el cargo el martes con la promesa de restablecer el orden para organizar los comicios exigidos por la población haitiana. Haití actualmente no tiene un Parlamento en funcionamiento y cuenta solo con un puñado de senadores electos, ya que los mandatos de la mayoría expiraron.

23/07/2021

Publicado enInternacional
La urgencia de nombrar de otro modo las atrocidades

Parte 1

 

¿Criminalizando Estados?

 

La llegada del siglo prometía esperanza. Avanza el tiempo y la pregunta ¿A dónde llegamos? resulta inevitable.

Venimos padeciendo desde los dosmiles dos guerras que a nivel global tienen apellidos diferentes pero que se han justificado básicamente bajo dos objetivos: el terrorismo y el narcotráfico. El imaginario de combate a los criminales se expandió, el enemigo al cual hay que temer y por el cual vale la pena blindarlo todo, es ese: el/la criminal. Vivir con miedo a un ataque se convirtió en algo frecuente. Frente a todas y todos se desplegó una guerra contra la humanidad, como lo advirtieron las/os zapatistas en el magnífico escrito llamado la Cuarta Guerra Mundial (EZLN, 1997). El mercado contra todo/as y pese a todo. Esa guerra que libró el neoliberalismo, esa nueva forma de conquista de territorios tomó distintas formas en cada lugar pero en esencia reorganizó la política y la economía para eliminar lo que antes presentaba límites a la acumulación desenfrenada y por fin se impusiera sin obstáculos. De ahí la realidad presente, habitamos en un planeta enfermo, padecemos una grave crisis ambiental y en aumento, poblaciones enteras desplazadas, y la criminalidad encarnada en los Estados y en el sistema.

El concepto de acumulación por desposesión de Harvey (2005) abarca muchos de los procesos que el sistema capitalista actual está implicando y en el que el papel del Estado es central por el respaldo y la promoción de esos procesos. Entre otros está la mercantilización y la privatización de la tierra, la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas, la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía, la supresión de formas de producción y consumo alternativas, el tráfico de esclavos, la usura, la deuda pública, el sistema de crédito, los derechos de propiedad intelectual, la biopiratería, la depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua), la mercantilización de las formas culturales, las historias y la creatividad intelectual. Todo se convierte en mercancía, la tierra, el aire, el agua, la vida, la humanidad y todo lo que ésta pueda hacer, producir, crear y saber.

Esa eliminación del derecho a los bienes comunes es un punto central en el nuevo tablero. Ahí se encuentra la disputa, a partir de eso, de la aceptación de esa desaparición o del rechazo a esa imposición se organizan un arriba y un abajo. Como lo han nombrado múltiples movimientos sociales los llamados gobiernos progresistas ahí terminan por ubicarse y por usar dobles discursos para acomodar sus promesas. El papel del Estado la mayoría de las veces ha terminado en la protección de intereses privados en contra de los bienes comunes y de los derechos sociales, legitimando y encubriendo los modos de funcionamiento antes mencionados. Se sacrifica el interés común y público por el interés privado y corporativo, los beneficios se privatizaron y los daños se hicieron generales. Así la famosa idea/ilusión de que el Estado tutela el bien común cada vez se destruye más, la lógica estatal y el uso de la ley cambiaron. Los actos que se requirieron para que esos procesos de acumulación tuvieran lugar implicaron mecanismos, como los que enlista Harvey, que en muchos casos resultan en actos criminales.

El entrelazamiento entre los intereses de empresas, corporaciones y Estados y el desdibujamiento de los límites de lo que es vendible y lo que no, creó las condiciones para que los negocios más inhumanos tuvieran lugar. El interés corporativo llega con la pretensión de adueñarse de todo, aunque sea claro que eso implique la pérdida de miles de vidas, el desplazamiento de comunidades enteras y sufrimiento, mucho sufrimiento. De ahí que estemos padeciendo lo que Banerjee (2008) llama el necrocapitalismo, prácticas capitalistas contemporáneas de acumulación que implican despojo y sometimiento de la vida al poder de la muerte. Se impone una economía política en la que el negocio de la muerte puede tener lugar a través de estados de excepción y en la que las entidades en este espacio colonial de excepción son disciplinadas mediante la violencia o "civilizados por la cultura" para normalizarse.

En este contexto la desigualdad no solo se manifiesta en los modos de sobrevivencia cotidianos sino en los mecanismos de control y de penalidad que se imponen a quienes tienen poder y a quienes no. Lo que Foucault llamó gestión diferencial de los ilegalismos, que consistía en la dinámica de dar cierto campo de libertad a algunos y hacer presión sobre otros, generando una justicia de clase se hace más visible. La delincuencia se usa como un instrumento para administrar los ilegalismos, es una herramienta más del ejercicio de poder. En el caso de México, que es donde trataré de asentar estas ideas, una vez que lo legal se comenzó a desdibujar porque los intereses del mercado requirieron de la transgresión de leyes y preceptos constitucionales del tiempo de los derechos sociales, entonces se colocó el foco de atención sobre lo/as jóvenes, pobres, rebeldes.

Desde las dictaduras latinoamericanas escuchamos hablar de los crímenes de Estado. Lo que hoy estamos presenciando en los estados llamados democráticos es la configuración de Estados criminales. México es una muestra de ello y al mismo tiempo se convierte en un tipo de advertencia. Lo que se configuró en México va más allá de la cooptación del Estado por el crimen organizado, no es solo la fusión de estructuras estatales con redes criminales. La “concesión” de lo público y común por el interés privado-corporativo provocó un entrelazamiento de intereses que requirió del crimen para funcionar porque los mecanismos legales resultaron insuficientes.

Cada vez es más claro que la guerra contra las drogas en realidad fue una estrategia para tener mayor control social, para aparentar una legitimidad política que era inexistente y para la apropiación y explotación de recursos naturales. Se fundieron intereses corporativos nacionales y trasnacionales legales e ilegales con la necesidad de Felipe Calderón de legitimarse ante un pueblo que lo desconocía como Presidente. La profunda crisis humana que tenemos en México provocada por esa guerra evidenció lo que latía dentro de las entrañas del Estado mexicano, esto no era solo la cooptación del crimen organizado silenciada con pactos, lo que se desbordó desde 2006 fue un Estado basado, sostenido y encarnado en el funcionamiento criminal de un sistema. La política mexicana siempre estuvo basada en la política de cobro de piso, de la mordida, del chivo expiatorio, del cobro de lealtades y de la consabida tortura. Junto con lo anterior, la herida que sigue sangrando y que no cierra ha sido la lógica permanente de exterminio y despojo a los pueblos indígenas. El genocidio y el ocultamiento de esa tragedia perpetua siempre ha sido criminal.

Desde la época colonial la política mexicana se configuró de forma corporativa, como un modo de hacer política que supuso el reconocimiento de derechos a cambio de lealtad y obediencia (Rhoux, 2005). En las raíces de esa política se encuentra la garantía de protección a cambio de beneficios, se establecen lealtades que sustentan pactos, acuerdos y encubrimientos para proteger esos beneficios incluso a costa de sangre. La garantía de protección a cambio de lealtad y exclusividad, siempre operó en la política mexicana. Esa “protección” es uno de los pilares de la criminalidad estatal y se volvió una práctica común del crimen organizado. La invención de riesgos hecha por el estado que implica actos criminales provocados por el propio Estado establece modos de funcionar mafiosos (Tilly, 1985). Esa es la lógica corporativa que sustentó la política mexicana y que seguimos viendo hasta hoy. Muchos de los modos que se instalaron en esa política y que eran ejecutados por instituciones estatales luego fueron tomados por el crimen organizado, por el narco. Se agregó a ello la violencia más brutal y cruel pero la dinámica de la cuál nace ese modo se fue enquistando durante décadas. Para tener un lugar para vender en la calle había que pagarle al cacique en cuestión, para poder vender en la plaza, para poder funcionar aparte de lidiar con la burocracia siempre fue necesaria la “mochada” (1) a determinada persona. Esa dinámica de cobro de piso y de corrupción sistemática se recrea en las calles y en la “ más alta política ”, incluso las elecciones siempre funcionaron así.

 

 

Los mexicanos sabíamos que la corrupción y la impunidad eran cotidianas, incluso aceptadas. La falta de acceso a la justicia se hizo sistemática. Se sabía de los llamados pactos de impunidad que iban pasando de una presidencia a otra. Se vivía, se vive en carne propia el funcionamiento criminal sistemático que en silencio fue generando una gran pesadilla que hoy se materializa en por lo menos 234, 966 ejecuciones (2), más de 86, 000 desapariciones reconocidas oficialmente, del año 2000 al 2019, han asesinado a más de 42 mil mujeres y desaparecido a más de 62 mil (Pastrana, 2021), México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para la/os periodistas equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán (3) y se han encontrado por lo menos 3 mil fosas. Las fosas, la búsqueda de cuerpos y los desaparecidos son un ejemplo brutal, aberrante, doloroso de todo lo que no se nombró, de historias negadas, de ordenes inhumanas y estructuras ocultas.

Si se revisan los actos criminales de los cuales fueron responsables los funcionarios públicos encontraremos no solo los mencionados anteriormente (homicidios, desapariciones, feminicidios, tortura, violaciones sexuales) encontraremos también actos como el que ocurrió en Veracruz con la aplicación de quimioterapias falsas a niños enfermos de cáncer en hospitales públicos cuando era gobernador de ese estado Javier Duarte (Rivera, 2017). Encontraremos también crímenes como el robo, el secuestro, el allanamiento, la extorsión, es decir actos atribuidos al crimen organizado y al crimen común. Así poco a poco el Estado no solo requirió del crimen para funcionar sino que funcionó de forma criminal. En el sentido de cometer crímenes de forma sistemática por proteger intereses, para lograr mayor control social, acumulación de capital y/o de poder. Se implantó una lógica criminal materializada en la ejecución de actos atroces, los actos más crueles e inhumanos realizados a los cuerpos no han sido solo eventos aprovechados para demostrar, normalizar y satanizar, sino actos montados para desestabilizar, crear coyunturas e imponer dinámicas.

El narcoestado es una manifestación del Estado criminal, por eso hablar de narcoestado no es necesariamente el término que sirve para referirse a esta lógica de funcionamiento criminal que motiva las prácticas estatales y dentro de las cuales el narcoestado es solo una de sus formas. Existen actos criminales estatales que no están involucrados con el narco ni con sus intereses. Además, los negocios del narco ya no son solo los narcóticos, como es sabido uno de sus “fuertes” es la trata de personas, la extorsión, el secuestro, el fraude y coincidentemente algunos grupos del crimen organizado se han enfocado en la extracción de recursos naturales. Las conexiones entre Estado y narco varían según los intereses del gobierno en curso. Las motivaciones en esas conexiones pueden ser por poder, por acumulación, por la ejecución de proyectos nacionales y trasnacionales, por legitimación política y algunas veces por una mezcla de todo. Es decir que el Estado criminal opera, se estructura y configura según los proyectos de cada gobierno y los personajes que llegan al poder.

 

A esa realidad falta agregarle el carácter represivo del Estado mexicano, las cuentas pendientes de Tlatelolco, de la llamada guerra sucia de los setenta y la guerra de contrainsurgencia que desde entonces continuó y se acrecentó tras el levantamiento zapatista con la pretensión de aislar a una de las luchas más importantes de México y del mundo. Una vez más la articulación de redes legales e ilegales (Calveiro, 2012) se mostró en el sistema represivo mexicano. Ahí están los antecedentes de las guardias blancas, los sicarios y los paramilitares. No es coincidencia que figuras tan “ejemplares” como Genaro García Luna hayan estado en las entrañas del aparato contrainsurgente en México. La conexión entre las instituciones represivas y de inteligencia y los flujos criminales siempre ha sido muy cercana (lo mismo podemos ver con los Zetas). La guerra contra las drogas le sirvió al Estado para aislar rebeldías y generar dinámicas en las que las masacres a comunidades organizadas contra la imposición de proyectos, la detención, desaparición o ejecución de un/a luchador/a social o defensor/a del medio ambiente pasa desapercibida o se oculta en las cifras generales y aberrantes de muerte y atrocidad cotidianas.

Dawn Paley (2018) afirma acertadamente que así como la militarización formal pudo beneficiar a las corporaciones trasnacionales, también existen casos en los que la paramilitarización ligada a la guerra contra las drogas se desplegó en regiones en las que la extracción de recursos era una actividad económica central. Cada vez se hizo más notorio que existe una relación entre los lugares donde hay mayor violencia y los lugares donde hay más intereses extractivos. Por ejemplo en Michoacán el negocio detrás del mineral de hierro se convirtió en el principal negocio de las organizaciones criminales, desde ahí se “exportó” a Asia y para hacer eso posible se dieron importantes “conexiones” entre los grupos del crimen organizado, importantes empresarios y corporaciones “legales” (Correa, 2018).

Desde 2006 se generó un circuito de actos criminales, el Estado mediante las fuerzas armadas y las distintas policías cometió actos atroces de forma sistemática desencadenando la normalización de prácticas crueles y atroces que se multiplicaron, no solo porque el crimen organizado de los bandos contrarios respondió cometiendo más atrocidades sino por que se normalizó la muerte y la mutilación en crímenes comunes no organizados. Esto desencadenó la crisis humana que tenemos hasta hoy en casi todo el territorio mexicano.

Greer y McLaughlin (2017) hacen una clasificación de los actos criminales de los Estados según su motivación:

1) Actos de criminalidad política. En estos podemos ubicar el subsuelo de la política mexicana, los fraudes, el robo de casillas, es decir todo un modo de operar de grupos e individuos que por tener el control político y el poder cometen crímenes.

2) Criminalidad asociada con la seguridad y la fuerza policial. Aquí podemos ubicar la larga lista de operativos contrainsurgentes y represivos. La trágica cifra de desaparecida/os y ejecutada/os producto de la guerra, los llamados levantones de las fuerzas armadas a civiles por entregar cifras diarias a sus mandos o por confundir personas (los llamados falsos positivos y los daños colaterales).

3) Criminalidad asociada con lo económico. Los crímenes de cuello blanco, que son ampliamente aceptados. Ahora vemos desfilar nombres de políticos de distintos niveles que están implicados en este tipo de crímenes. Las sentencias que reciben en México quienes cometen este tipo de actos criminales ilustran la gestión diferencial de ilegalismos pues pueden estar encarcelados poco tiempo, pagar multas, regresar el dinero que robaron o negociar su libertad a cambio de dar información sobre lo/as involucrados en sus redes de negocios. El trato diferenciado respecto a quienes no tienen cuello blanco es absurdamente preferencial.

4) Criminalidad asociada con lo social y lo cultural. Los crímenes de exterminio contra los pueblos indígenas en México han sido asunto de cada sexenio y se materializan de diversos modos pero nunca han dejado de ejecutarse. También la guerra para lograr mayor control social ha sido motivación de este tipo de crímenes y la limpieza social que se recrudeció desde 2006 (en contra de jóvenes, pacientes de centros de rehabilitación, entre otros).

Por la problemática del calentamiento global que vivimos de forma muy alarmante los últimos años podrían agregarse a esta clasificación los crímenes al medio ambiente y a la salud. Los asesinatos cometidos en México contra defensores del medio ambiente comienzan a ser cotidianos y tienen los mismos patrones y motivaciones: limpiar el camino para la imposición de proyectos de extractivismo, los llamados proyectos de muerte que de llegar implican la afectación de la vida y la salud pública de comunidades enteras están detrás de esos asesinatos. El ecocidio es un crimen asociado con el medio ambiente e impacta en la salud de poblaciones enteras, generalmente está implicada en estos crímenes alguna estructura estatal, por otorgar permisos, por imponer planes o simplemente por no evitar que se cometa.

 

 

Los crímenes de Estado son solo algunos actos de los Estados criminales, no todos los Estados que cometen crímenes de Estado funcionan sistemáticamente de forma criminal. Los crímenes de Estado son también llamados crímenes de poder (Bailone, 2017), esos crímenes implican estructuras criminales y son ejecutados desde el poder y existen los crímenes de los poderosos es decir crímenes cometidos en lo individual por poderosos, en el caso de México hemos podido ver ambos tipos de crímenes de forma cotidiana. Segato (2006) vincula los crímenes de poder con los crímenes patriarcales, los define como crímenes que contribuyen a la retención o manutención, y la reproducción del poder. En ese tipo de crímenes ubica dos posiciones, una es vertical, que es asimétrica de poder con sujeción (del perpetrador con su víctima) y la otra es horizontal que vincula al perpetrador con sus pares. Esa reproducción del poder es una motivación importante y que tienen en común estos crímenes (de estado, de poder, de los poderosos y del patriarcado).

Segato se refiere a los feminicidios de Ciudad Juárez como crímenes corporativos, les llama crímenes de segundo Estado, de Estado paralelo que asemeja con los crímenes ejecutados en regímenes totalitarios. En ambos casos comparten la característica de los abusos del poder político, los ubica muy cerca de los crímenes de estado y de los crímenes de lesa humanidad, donde el Estado paralelo que los produce no puede ser encuadrado porque se carece de categorías y procedimientos jurídicos eficientes para enfrentarlos. Esa carencia se puede ver de forma cada vez más repetida en los problemas de violencia y criminalidad que vivimos en diversos rincones del mundo. La necesidad de clarificar esas categorías y de verlas más claro se vuelve urgente.

Un crimen de poder puede llegar a ser investigado en México solo si le conviene a algún otro poderoso o si hay algún tipo de conveniencia política. El pacto referido por Segato entre pares y la impunidad sistemática son una mezcla que complica profundamente la posibilidad de justicia. Hemos llegado a tal situación de impunidad que casi cada instancia encargada de investigar obstruye el proceso. Ahí el asunto del poder es un componente fundamental para trabar o destrabar un caso. Eso funciona diferente en el caso de crímenes de Estado simplemente porque el Estado no se va a autojuzgar. Existen también los casos en los que crímenes de estado van de la mano de crímenes del patriarcado. Un ejemplo claro es el caso de Atenco en el que policías torturaron sexualmente a mujeres y cometieron múltiples violaciones graves de derechos humanos, crímenes que por sus características bien configuran un crimen de Estado. Desde el Presidente hasta las instancias municipales se reconoció el operativo y se ha encubierto durante años a los perpetradores y mandos de ese acto brutal. La tortura sexual en ese caso mostró el pacto entre pares y tuvo el objetivo de mandar un mensaje mediante el cuerpo de las mujeres. Los que ejecutaron la tortura fueron policías, no fueron personas vestidas de civil ni fueron actos aislados. Lamentablemente podemos ver cómo los crímenes de poder y del patriarcado se han extendido hasta estos tiempos, lo acabamos de ver en Mactumatzá (Chiapas con la tortura sexual a la que fueron sometidas las estudiantes detenidas) y en una larga lista de actos criminales de este tipo.

Según un informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-CMDPDH (2019), las mujeres comenzaron a enfrentarse a otro tipo de violencia letal a partir de la “guerra contra las drogas”: los homicidios en el espacio público con armas de fuego. Esas formas de violencia y la normalización permanente de la atrocidad efectuada a los cuerpos de las mujeres hizo que la violencia aumentara. Esto y la impunidad son factores centrales en la terrible violencia contra las mujeres.

El asunto de la impunidad es central en la dinámica de ilegalidad que se instaló en México y contribuye a lo que Huggins (2010) llama sistema de tortura de Estado en el que la impunidad es diferencial. La impunidad garantiza la consecución de crímenes y la tortura se vuelve cotidiana y casi abierta y aceptada. Para Huggins, la tortura no es producto de una administración presidencial en particular, los cambios en el gobierno no eliminan la tortura de Estado, ésta es producto de una organización política de los Estados que la convierte en normal. La impunidad diferencial puede permitir que a los perpetradores de bajo nivel se les llegue a castigar. Ahí tenemos la conocida figura del chivo expiatorio que se volvió una práctica tan común como la de presentar fotografías de los detenidos con el material incautado, es decir se hizo sistemática y tan normalizada que en las escuelas de derecho se enseña que la reina de las pruebas es la “confesión”, por la tortura que siempre está detrás. La naturaleza estructural y sistemática de la impunidad en México ha sido constatada por diversas instancias internacionales, se sostiene de modos muy profundos en las instituciones encargadas de impartir justicia, es decir que cuando ocurre un hecho violatorio de derechos humanos o un crimen la respuesta “natural” de la institución desde la base de sus funcionario/as hasta arriba es no resolver y cuando se trata de una figura pública que cometió un crimen es absurdamente rotunda la inacción en la investigación, es decir que se echa a andar todo un aparato y muchas veces no por consigna sino porque se instaló un modo de funcionar en el que no se resuelve sino se obstruye y se oculta.

 

 

Catorce años después de que se iniciara esta guerra podemos ver como se detonó un circuito imparable de violencia que sigue dejando cifras alarmantes y materializándose en una crisis humana profunda. El ciclo de violencia está integrado por una siniestra suma de crímenes de estado, crímenes de poder, crímenes de los poderosos y crímenes patriarcales que se reproducen sistemáticamente por la impunidad, la corrupción y la normalización de la crueldad. Un ciclo perverso y atroz se hizo cotidiano, se reproduce y muta.

Después de hacer este breve recorrido es necesario mencionar que tanto Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto tienen denuncias en su contra, Calderón ante la Corte Penal Internacional desde 2011 y Peña Nieto ante la Corte Internacional de Justicia desde 2018, ambos por crímenes de lesa humanidad. Hay responsables directos de las atrocidades cometidas y detonadoras de la grave situación por la que aún atraviesa México. Es absolutamente burdo que aún se vea a estos personajes proponerse como opción política. El perfilamiento que comienza a hacerse de posible candidata para la presidencia de Margarita Zavala (esposa de Calderón) es un símbolo de la impunidad y de la criminalidad sin límites.

No se puede hacer un recorrido de la realidad detrás de la guerra y de la criminalidad estatal sin abordar el presente. En la administración de López Obrador la militarización ha ido en aumento, no solo se “avanzó” en la militarización de la seguridad y de las tareas policíacas con la creación de la Guardia Nacional y con la aprobación de la Ley de Seguridad que en la administración de Calderón y Peña Nieto no se pudo concretar. La Ley de Seguridad de López Obrador se aprobó a pesar de que existían suficientes elementos que demostraban que las fuerzas armadas están preparadas tal vez para la guerra, no para hacer tareas de prevención, disuasión o investigación criminal por el alto índice de letalidad que representan (Nodho, 2018). Se colocó a los militares en una posición privilegiada para opinar sobre la vida pública, participando en comités científicos y en la administración de proyectos de infraestructura. En pocas palabras se premió a los militares, a las fuerzas armadas responsables del mayor número de violaciones graves de derechos humanos cometidas desde 2006. No se combate, no se investiga y se deja en la impunidad a las fuerzas armadas. El caso del General Cienfuegos que implicó una cruzada diplomática y del cual ahora se mantiene absoluto silencio es una muestra de ello. En el caso de Ayotzinapa no basta con ver procesados a los bajos y medios mandos, hace falta una investigación profunda enfocada en altos mandos militares. La intención de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional demuestra también la decisión de militarizar la vida pública y refleja la dinámica antes conocida de decir una cosa y hacer otra. Estos juegos de argumentar algo cuando se aprueba una ley que genera controversia para más tarde borrar lo antes dicho reproduce dinámicas añejas y en el caso de la Guardia Nacional demuestra una vez más no solo que López Obrador está decidido en la militarización como vía para enfrentar la crisis que se vive en México sino en construir una fuerza militar entorno a él. Esta creciente militarización y sacralización de las fuerzas armadas aunada al clima de criminalización de la crítica es sumamente peligroso. El pretexto de descalificar a “la oposición”, metiendo a todo/as en el mismo saco ha provocado un clima político en el que la crítica es considerada como reaccionaria y “contra”, aunque quienes son críticos lo hayan sido con los anteriores sexenios y hayan sido víctimas de ellos. Estos elementos y la creciente violencia contra la/os defensora/es ambientales y la imposición de proyectos extractivos generan el riesgo no solo de que siga la violencia y la impunidad sino de que la lógica represiva y contrainsurgente estatal y no estatal encuentre nuevos modos de operar y de disfrazarse. Los daños que ocasiona el crimen y el modo en que se definen los actos criminales reflejan la lógica de funcionamiento político y social. En esta llamada cuarta transformación los daños son atribuíbles al daño económico, los crímenes que están dispuestos a investigar son los de cuello blanco, ósea los crímenes cometidos por estructuras estatales y/o funcionarios más normalizados y aceptados. Los crímenes que han ocasionado daños sociales incluso masivos no son prioridad de este gobierno, el tema de la justicia es asunto menor. Hay dos aspectos que implican una continuidad en estos tres sexenios, la militarización y la imposición de Megaproyectos que paradójicamente se llaman distinto aunque parten de planes muy viejos, como el corredor Transístmico que era parte del Plan Puebla Panamá de Vicente Fox.

Por todo esto no podemos hablar de este tipo de crímenes como asunto del pasado. La voluntad de desmantelar al Estado criminal no puede ser retórica, los pasos que se tomen en este sexenio pueden afianzar, debilitar o reconfigurar esas estructuras y dinámicas.

La búsqueda de un nuevo modo de nombrar

La necesidad apremiante de encontrar nuevos modos de nombrar a los actos que están siendo cada vez más producidos y replicados nos está demostrando los límites del derecho y de la defensa de derechos humanos. Seguir llamando violaciones graves de derechos humanos a las prácticas mencionadas es cada vez más insuficiente sobretodo porque se ha vuelto “aceptable” o normal que un estado viole derechos humanos, como si hacerlo fuera parte de su tarea o fuera una consecuencia lógica de su práctica. Cuando un crimen de Estado provoca un daño social profundo hablar de violaciones graves de derechos humanos no refleja la gravedad del acto. Hablar de crimen de Estado o crimen de poder no excluye que se hayan cometido violaciones de derechos humanos, lo que configura el crimen de Estado o de poder son las motivaciones del acto desde una estructura organizacional y la condena social que se da en torno a dicho acto. Es necesario hacer una diferenciación en esa escala de daños. Llamar crimen o violación de derechos humanos a un acto depende del daño causado socialmente, es decir a un grupo de personas, a comunidades enteras o a poblaciones de forma masiva. La relación entre los daños y el modo de llamar a los actos es muy importante comenzar a diferenciarla para lograr llamar de modo más preciso a quienes cometen sistemáticamente este tipo de actos.

Después de padecer y ver imágenes crueles y aberrantes en la televisión, periódicos y redes sociales durante años, la desproporcionalidad en la condena social es aberrante. Llegamos al punto en el que estamos ahora, en el que mientras siguen siendo cotidianos los hallazgos de fosas despierta mayor indignación social la agresión a un perro (decirlo no justifica el maltrato animal), se condena que se pinten edificios con consignas cuando diario matan de los modos más atroces a las mujeres y aún existen amplios sectores sociales que respaldan la militarización. La necesidad de “trabajar” en la condena social y en la desnormalización de los actos criminales estatales contribuye a dejar de aceptar esos actos, a cambiar el modo de percibir a esas estructuras y a pensar en modos de detener la reproducción de esas prácticas.

 

¿Criminología para estudiar la criminalidad estatal y los crímenes del poder?

 

¿Así que por qué hablar de crimen y criminales? No porque guste la palabra que ha servido como justificación para criminalizar la pobreza, la juventud, la raza, todo lo contrario. Porque la palabra crimen ha servido para legitimar un sistema penal basado en el doble discurso, que como advirtió Foucault (1976) pasa a ser uno de los instrumentos del poder, generándose un circuito en un sistema que jamás se interrumpe (política-prisión-delincuencia). La criminología ha servido para fijar valores sociales y promover su aceptación en aras de lograr el mantenimiento del “orden natural de las cosas”, por eso una criminología que rompa con ello y parta de una lógica opuesta es urgente.

Así llegamos a la enorme necesidad de reapropiarnos de las palabras y de voltear el tablero. La ciencia que estudia a los actores criminales y sus actos es la criminología. La criminología tradicional y positivista le sirvió siempre al poder. Estableció perfiles racistas y eugenésicos de lo/as criminales, sentó las bases para justificar el control social. Desde los sesentas surgieron corrientes que cuestionaron esas condiciones y poco a poco derivaron en críticas al sistema, al orden. Se dieron pasos como el de concebir el acto criminal como un acto racional, no derivado de condiciones biológicas o de tipologías físicas. Se comenzó a hablar de delitos de cuello blanco y se les comenzó a estudiar. Se llegó desde esos otros modos de ver el crimen a la conclusión de que esos actos y el funcionamiento del sistema capitalista van de la mano. Surgieron teorías muy interesantes y novedosas que comenzaron a explorar en una criminología del Estado. Así que por ese camino trataremos de explorar la necesidad de pensar y entender los crímenes de Estado y de poder como pistas para ir dilucidando lo que son los Estados criminales.

Para comenzar a plantear estudios de criminología del Estado para este tipo de realidades parto de la idea de Estado como una relación de dominación organizada en un orden jurídico y coactivo en determinado territorio que se justifica bajo el discurso del bien general aunque en la práctica las más de las veces sea del interés privado. La idea del funcionamiento de las normas como un sistema puro (Kelsen, 2010) resulta imposible en panoramas como estos. Reconocer que estas realidades van más allá del horizonte de la legalidad y del derecho, que la deconstrucción es la justicia, no el derecho (Derridá, 1994) es vital para seguir adelante.

Para comenzar haré un breve recuento de qué se supone que es un criminal. Retomo lo que dice Quinney (1970) sobre que no existe una definición absoluta, pues ésta depende de qué sistema legal se hable, por lo tanto es necesario verle de forma dinámica, según el sistema legal, social, económico y cultural del que estemos hablando, es una definición de la conducta humana creada y autorizada por agentes en una sociedad organizada políticamente. La formulación y aplicación de definiciones criminales es lo que vuelve criminal a una persona es decir que el crimen es creado. No es inherente a la conducta, es un juicio hecho por algunas de las acciones y características de otros, es visto como resultado de un proceso que termina en la definición de personas y comportamientos como criminales.

Antes de seguir es importante dejar claro que cuando se habla de delito se está ante un acto estipulado en la ley como tal, la ley establece lo que es delito. Para este artículo resulta más pertinente hablar de crimen, como un acto que daña socialmente. La cuestión que hace que un acto sea considerado criminal es el daño causado, a un grupo social, a la sociedad. Para Mclaughling (2001) el daño es relativo a la naturaleza, gravedad y alcance del daño. El crimen es puesta en crisis de lo común, supone diferenciar unos actos de otros (Martyniuk, 2018).

Las percepciones del crimen como comportamiento dañino están inspiradas en la posición que uno ocupa tanto en el sistema social como en el espectro político (Ruggiero, 2010) por eso se criminaliza según donde está una/o parado, se criminaliza según la música que se escucha (por decirlo de algún modo).

En la llamada nueva criminología se usó el término “acto desviado” para referirse de otro modo al crimen. Al usar ese concepto hacían alusión a que el individuo se aparta de la sociedad, se desvía de ella. Uno de los teóricos de este concepto es Howard Becker, para quien “los grupos sociales crean la desviación al establecer las normas cuya infracción constituye una desviación….Es desviado quien ha sido exitosamente etiquetado como tal, y el comportamiento desviado es el comportamiento que la gente etiqueta como tal (Becker, 2018: 28)”.

Este concepto del acto desviado es parte de las contribuciones de la teoría llamada del etiquetamiento, el acto de etiquetar coloca al actor en una situación que le complica la vida cotidiana (Becker, 2018), la rutina normal y que lo lleva a realizar acciones “anormales”. La etiqueta que se le aplica a ese actor marca una diferencia en el modo en que todos, actuarán por consecuencia. Esto es muy cuestionable y es lo que se le ha hecho injustamente a jóvenes y rebeldes, es lo que se hace cuando se habla de “socialmente peligrosa/so”. Por eso es muy interesante usarlo con el Estado. Sería deseable por lo menos complicarle la vida cotidiana a quienes se dedican a complicar la vida de poblaciones enteras.

En paralelo a lo que fueron generando esas corrientes criminológicas surgieron ideas como la de Alesandro Baratta (1986) que sostenía que era necesario delinear una política criminal alternativa, es decir una política de las clases subalternas en el sector de la desviación que consistía en hacer un análisis radical de los mecanismos y funciones del sistema penal en la sociedad capitalista. Inspirada en este asunto del control social surgió desde Latinoamerica la criminología de la liberación, en esa aportación crítica la dominación requiere del control social y para desenmarcarse de la criminología hecha en Europa y en países desarrollados, la criminología de la liberación agrega como elemento central la neocolonización (Aniyar de Castro, 1985), esta criminología pretende hacer teoría crítica del control social. Cuestiona la creación de estereotipos clasistas de la/os delincuentes y señala el desinterés de la escuela tradicional criminológica en la delincuencia de las clases hegemónicas. Desde ahí comenzaron a realizarse investigaciones sobre la delincuencia del poder, la violencia interestatal y transnacional. Existen importantes críticas a la inercia colonial que se manifiesta en las corrientes criminológicas europeas y norteamericanas, se establece una correlación entre los crímenes de Estado, la teoría socio-jurídica y criminológica y el colonialismo (Osoria, 2016).

Uno de los pioneros de la criminología del Estado fue Chambliss (1988) que empleó el término crímenes de Estado organizado para referirse a los actos definidos por la ley como criminales y cometidos por los agentes estatales en el cumplimento de sus deberes como representantes del Estado.
Como podemos ver para Chambliss se requiere de un acto definido por la ley como criminal. Esto ha sido objeto de discusión en esa área criminológica pues hay otras posturas que agregan más importancia al daño social que causan que a lo que esta o no establecido en la ley. Por ejemplo el concepto de crimen de Estado de Kauzlarich (1995) lo define como un acto o política ilegal o socialmente dañina por omisión o comisión por un individuo o grupo de individuos en una institución legítima de gobierno, ejecutada para consumar los objetivos y metas de dicha institución.

Aunque existen ya varias reflexiones criminológicas sobre los Estados trato de terminar con una que puede servir como herramienta para identificar la configuración de crímenes de estado. Ward (2013) sugiere que para definir un crimen de Estado es necesario considerar tres cuestiones: ¿El presunto comportamiento criminal es desviado en el sentido en que cierta expectativa social significativa condena el comportamiento y presiona al Estado para que desista?, ¿La desviación es organizacional, por ejemplo, llevada a cabo en la búsqueda de los objetivos organizacionales de una agencia estatal como la fuerza policial, más que por el comportamiento de unos pocos agentes de policía “sinvergüenzas” u otros oficiales? y ¿El comportamiento viola los derechos humanos?

Cuando se hace el ejercicio de contestar las tres preguntas anteriores en relación a los actos cometidos por ejemplo por las fuerzas armadas en la guerra del narco se puede ver que los comportamientos de los agentes en cuestión no son aislados sino que indican que las torturas son parte de una práctica “recurrente, rutinaria, estandarizada y estructurada; develando que no se trata de una actuación espontánea, sino que forma parte de un plan o de una política de las autoridades federales” (CMDPDH, 2020: 27).

Una característica de estos crímenes es la justificación que se hace de ellos, generalmente se presentan como necesarios. Zaffaroni (2017) sugiere que para estudiar los crímenes de Estado desde la criminología crítica se les puede comenzar a analizar con las mismas técnicas de estudio que se usaron para estudiar a los “delincuentes juveniles”, por ejemplo las cinco técnicas de Sykes y Matza en las que la justificación juega un papel central. Hacer esto con las diversas técnicas que presenta la criminología es algo que puede ser viable para hacer criminología de los Estados.

El asunto de la revictimización y de la criminalización de las víctimas de tortura, feminicidio, asesinato y desaparición en México aparte de ser un problema muy generalizado es una muestra de la justificación y la neutralización que hacen los perpetradores. Es grave el efecto que esto juega en la condena social, la idea de la/o mataron por criminal, por respondon/a, por que se lo buscó es generalizada y lamentable. Los familiares de víctimas de este tipo de crímenes no solo cargan con el dolor ocasionado por la pérdida de su familiar o por el daño que le causaron sino con la criminalización cotidiana que padecen loas familiares y la propia victima.

Es importante mencionar que también existe el concepto de crímenes contra el Estado a los que sí se les suele condenar y castigar. Eso lo podemos ver en la disposición de López Obrador de juzgar por traición a la patria a los expresidentes. Se les podría llegar a juzgar por esos crímenes pero niega que Ayotzinapa haya sido un crimen de Estado. Es decir que se acepta que la actuación en contra del Estado hay que castigarla pero no la actuación contra la sociedad, contra los pueblos, contra la humanidad.

La criminalidad estatal es particularmente grave por que quienes cometen el/los actos criminales cuentan con el monopolio del uso de la fuerza y de los órganos jurisdiccionales, lo que les ubica en una posición estratégica para ocultar sus actos. Así podemos concluir que los crímenes de Estado son actos cometidos por agentes estatales que van más allá de un acto aislado, manifiestan la voluntad del Estado, se garantizan por la impunidad y ocasionan daño a muchas personas, a veces a poblaciones enteras. Son actos que provocan un daño masivo, comunitario o social y atentan contra la vida, la libertad, la tranquilidad, la paz y la justicia. La práctica sistemática de crímenes de Estado, de crímenes de poder, de crímenes de los poderosos y del patriarcado genera Estados criminales. La herramienta que presenta la criminología puede servir para entender las motivaciones de esos actores criminales y los modos de configuración de esas estructuras criminales para buscar modos de señalarlos, de reaccionar ante ellos y de enfrentarlos. Hasta ahora hay esfuerzos, como algunos de los antes mencionados que analizan los crímenes de Estado, de poder, etc. Trabajos enfocados en un análisis crítico y rebelde de los Estados criminales, de sus características, motivaciones, formas de estructurarse y de justificarse aún son casi inexistentes. La realidad está implicando nuevas pistas en ese campo.

El asunto de señalar es ponerle nombre a los actos y a los actores. Una criminología que no esté al servicio del poder tiene que nombrar sin tapujos, sin encubrimientos, sin ánimo de afianzar “el orden de las cosas”. Así que partiendo de la necesidad de usar otras palabras podríamos cambiar criminalización por señalamiento, no de un individuo sino de un acto y de una estructura. Aunque finalmente los actos son cometidos por individuos y esto pueda derivar en que uno de ellos sea procesado, lo cual también es necesario y que es reclamado con toda razón por los familiares de desaparecido/as, ejecutado/as. Esto puede permitir que la vieja práctica del chivo expiatorio no resuelva el problema, pues como hemos visto en México y en otras partes del mundo el Estado, como otras estructuras criminales lo hacen, está dispuesto a sacrificar a alguno de sus “servidores” para continuar con sus tareas e intereses. Si se logra concentrar la atención de los actos en las estructuras, en la cadena de mando, en los beneficiados de los actos criminales entonces la estructura completa debe ser señalada. El señalamiento no es necesariamente legal, aunque sería deseable que tras señalar una estructura criminal hubiera implicaciones específicas sobre esas personas.

Las pistas que presentan estos esfuerzos criminológicos pueden ser una herramienta para los movimientos sociales, hace falta comenzar a generar nuevos códigos, nuevas palabras, nuevos modos de nombrar, es necesario que al realizar análisis precisos de la criminalidad estatal y de poder se encuentren nuevos modos de enfrentarlos y de defendernos de ellos para seguir luchando, construyendo, viviendo.

En el contexto de la pandemia del COVID-19 a nivel global se demostró la inocultable crisis provocada por el capitalismo y por el calentamiento global. Se hizo evidente todo lo que se desmanteló con el neoliberalismo, se manifestó de un modo brutal la pérdida de los derechos sociales. La criminalidad del sistema está ahí, asoma su rostro y advierte su feroz amenaza. Los estados que se hicieron criminales responden a la dinámica de un sistema criminal. La desnormalización de esa aberrante realidad es urgente y se ha mostrado en las revueltas sociales, en las calles que arden de rabia con todo y la amenaza de contagio.

Resuena en el mundo la frase: “nos están matando” que gritan desde Colombia, el movimiento de mujeres kurdas exige el inicio del proceso de reconocimiento del feminicidio como un crimen similar al genocidio, los señalamientos por crímenes de guerra y crímenes de estado a Estados Unidos por lo que hicieron en Irak no han cesado, la práctica genocida de Israel y la ejecución de crímenes de Apartheid contra Palestina es inocultable y amerita mayor condena, mayor respuesta. Poco a poco la realidad demuestra que algo ya no sirve, algo urge, algo estalla y no es un bomba tirada por un pueblo pobre, pequeño, explotado.

 

Una vez más lo/as zapatistas nos hacen abrir los ojos, la llegada de la montaña que navegó en el mar y arribó a España muestra que voltear todo al revés es posible, la historia se vuelve a escribir y los sueños en medio de la pesadilla navegan a toda velocidad. Así que, ¿Qué puede seguir?

 

1. Es una expresión para referirse a determinada cantidad de dinero entregada para obtener algún tipo de permiso o garantía.

2. Comisión Mexicana para la Defensa y promoción de los Derechos Humanos-CMDPDH y Federación Internacional de los Derechos Humanos-FIDH, 2019.

3. Comité para la Protección de los Periodistas.

 

 

Referencias

Aniyar de Castro, L. (1985) Fundamentos, aportes y líneas de desarrollo posibles de una criminología de la liberación, Texto presentado al Primer Encuentro Venezolano sobre la Liberación, Maracaibo: Instituto de Criminología de la Universidad del Zulia.
Bailone, M. (2017) Los fundamentos de la pena en los “crímenes de estado”: el poder (auto) punitivo legitimado por la criminología crítica, Revista General de Derecho Penal, 28.
Banerjee, S. B. (2008) Necrocapitalism, Sydney: Organization Studies.
Baratta, A. (1986) Criminología crítica y crítica del derecho penal, México: Siglo XXI editores.
Becker, H. (2018) Outsiders, hacia una sociología de la desviación, Argentina: Siglo XXI editores.
Calveiro, P. (2012) Violencias de Estado, Argentina: Siglo XXI editores.
CMPDH, (2019) Informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México al Comité contra la Tortura de la ONU 2012-2019 [Documento]
CMDPDH, (2020) Entre la brutalidad y la impunidad, los crímenes atroces cometidos al amparo de la estrategia de seguridad militarizada 2006-2018, México: CMDPDH
Correa, G. (2018) Los Zetas Inc. La corporación delictiva que funciona como empresa trasnacional, México: Editorial Planeta Mexicana.
Derridá, J. (1994) Fuerza de Ley, el fundamento místico de la autoridad, Madrid: Tecnos.
Dunham, J. (2020) Murders of journalists more than double worldwide, CPJ en: https://cpj.org/reports/2020/12/murders-journalists-more-than-doubled-killed/ (Revisado el 7 abril de 2021)
FIDH, CMDPDH, (2019) De la estrategia de seguridad a los crímenes de lesa humanidad en México (informes presentados a la Corte Penal Internacional), México: FIDH, CMDPDH.
Foucault, M. (1976) Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión, México: Siglo XXI editores.
Greer, C. and McLaughlin, E. (2017) News Power, Crime and Media Justice En: Liebling, A., McAra, L. and Manura, S. (Eds.), The Oxford Handbook of Criminology. Oxford: Oxford University Press, pp. 260-283.
Harvey, D. (2005) El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión, Buenos Aires: CLACSO
Hernández, A. (2010) Los señores del narco, México: Grijalbo.
Huggins, M. (2010) Modern institutionalized torture as state-organized crime. En: Chambliss, W., Michalowski, R. y Kramer, r. (Eds.) State Crime in the Global Age, Portland: Willan Publishing, pp.83-101.
Kauzlarich (1995) A criminology of the nuclear state. Humanity and Society,19, 37–57
Kelsen, H. (2010) La teoría pura del derecho, el método y los conceptos fundamentales, México: Colofón.
Martyniuk, C. (2018) Crimen y comunidad, crisis y crítica de lo común, más acá y más allá de la criminología, Valencia: Tirant lo Blanch.
McLaughlin, E and Muncie, J. (2001) The SAGE dictionary of criminology. London: SAGE Publications.
NODHO (2018) México pendiente entre la legitimidad, la legalidad y la guerra [Comunicado]
Osoria, J.M. (2016) Crímenes de Estado Colonial: Apuntes para el Desarrollo de un Concepto Socio-Jurídico. En: Journal of Emergent Socio-legal Studies Volume 8, Issue 2, pp. 1-19.
Paley, D. (2018) Capitalismo Antidrogas, una guerra contra el pueblo, México: Libertad bajo palabra-SOCEE.
Pastrana, D. (2021) Feminicidios: más que matar por que puedo, matar por ser alguien, en De las muertas de Juárez al #nos queremos vivas, en: https://piedepagina.mx/nosqueremosvivas/ (Revisado el 6 de mayo de 2021)
Quinney, R. (1970) The Social Reality of Crime, New Brunswick:Transaction publishers.
Rivera, G. (2017) Tras sólo un mes de investigación, México cierra el caso de las quimios falsas a niños, Vice, en: https://www.vice.com/es/article/gyeq57/tras-un-mes-investigacion-mexico-cierra-caso-quimios-falsas-ninos (Revisado el 25 de abril de 2021)Rhoux, R. (2005) El príncipe mexicano, México, Era.
Ruggiero, V. (2010) War as corporate crime, en: Chambliss, W., Michalowski, R. y Kramer, r. (Eds.) State Crime in the Global Age, Portland: Willan Publishing, pp. 103-117.
Segato, R. (2006) Qué es un feminicidio. Notas para un debate emergente, Brasilia: Série antropologia.
Subcomandante Insurgente Marcos (1997) Siete piezas de rompecabezas mundial, México: Ediciones del Frente Zapatista de Liberación Nacional.
Tilly, Ch. (1985) War Making and State Making as Organized Crime, en: Bringing the State Back Cambridge: Cambridge University Press. pp. 169-187
Ward (2013) El crimen de estado y la sociología de los derechos humanos. Revista Crítica Penal y Poder, no 5, Septiembre, pp. 63 – 76
Zaffaroni, R. (2017) El crimen de estado como objeto de la criminología, ponencia presentada en “The Stockholm Criminology Symposium”, Estocolmo.

 

Artículo relacionado

La pandemia, el Estado y la normalización de la pesadilla (incluye versión .pdf)

 

 

20 de julio: jornada de terror contra los jóvenes de Cali

Un nuevo día de terror fue lo vivido en Cali el pasado 20 de julio, donde el poder nuevamente mostró sus dientes en forma de paramilitarismo urbano e implementó un tratamiento de guerra contra la protesta social, dejando un saldo de un joven asesinado en el barrio Alcázares y varios heridos en la ciudad, evidenciando una y otra vez el terrorismo de Estado que se impone en Colombia como norma.

La jornada de movilización en la ciudad se llevó a cabo desde horas de la mañana. Alrededor de cinco movilizaciones salieron desde diversos puntos de la ciudad y tenían como sitio de llegada la antigua Loma de la cruz hoy rebautizada Loma de la dignidad, en donde se desarrollaría un evento cultural con múltiples presentaciones musicales y artísticas.


En el escenario había participación de jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, mascotas y una diversidad de ciudadanía que festejaría este 20 de julio de una manera inédita, donde el militarismo no sería el principal protagonista, sino que la alegría popular se tomaría la calle en un gran festejo. Sin embargo, todo el evento fue transformado en caos producto de la incursión paramilitar y policial que arremetió contra la población.

Una fuente cercana a desdeabajo nos narró la situación de la siguiente manera: “Desde que salimos del “Paso del aguante” veníamos muy contentos, festejando, habíamos coordinado hasta que el Tránsito prestara apoyo, ellos iban cerrando las vías por dónde íbamos a pasar, solo se cerraban momentáneamente mientras nos movilizábamos. Cuando íbamos llegando a la Loma, en el puente de la quinta con 10, había una olla comunitaria, allí había niños, mascotas, adultos mayores y llegaron varios drones. De un momento a otro los muchachos empezaron a avisar que sobre la 10 había mucha policía y sobre la cuarta venían bajando unos seis muchachos como si fueran primera línea junto al Esmad, ellos nos empezaron a disparar con armas de fuego, entonces nos tocó tirarnos al piso y luego salir a correr porque al mismo tiempo empezaron a tirarnos gases, ahí se nos empezó a asfixiar la gente, todos los niños y ancianos tuvieron que respirar estos gases, que puedo decirte han sido unos de los peores que nos han tirado en todas las manifestaciones”.


El periodista José Alberto Tejada, director del Canal 2, denunció lo ocurrido en la noche del mismo día, donde comentó: “la jornada del 20 de julio, como se preveía ha sido una jornada criminal por parte del Estado colombiano, por parte del gobierno colombiano a tres niveles: el central, regional y local (…) hoy viendo el acto criminal que me tocó presenciar en la "Loma de la dignidad", donde fueron vilmente atacados, cantidad de muchachos y muchachas y personas de la comunidad que estaban allí esperando desde antes del mediodía a las manifestaciones que venían de varios lugares de la ciudad a aglutinarse en este punto emblemático de Cali, para hacer una gran fiesta (…) civiles de nuevo, entremezclados con la policía disparando a matar, disparándole a la comunidad. Hoy usaron de nuevo la maquina Venom” (1).


Paso del aguante

Mientras este era el escenario en la Loma de la cruz, en la maloca comunitaria Nicolás Guerrero se realizaba un operativo policial para ingresar al espacio y destruirlo. Desde las 2:30 de la tarde la comunidad se percató de la presencia de personas desconocidas, según nos cuenta Laura Guerrero, defensora de derechos humanos y madre del joven Nicolás Guerrero –asesinado en el mes de mayo–, “entre esas personas, dicen, que uno sacó un arma y le disparó a la policía, en ese momento fue cuando nos empezaron a lanzar gases lacrimógenos, todo quedó nublado, nadie veía nada y se escuchaban disparos. Lo que no nos explicamos es por qué la policía no cogió a la persona que les disparó de frente, sino que capturaron a un venezolano que iba pasando y a otro chico que pasó en la calle corriendo de los gases”.


Según Laura, el actuar de la “fuerza pública” era completamente arbitrario, así como agresivo, pues en ningún momento escuchaban razones y fue gracias a la exigencia de la comunidad y la mediación de distintos actores que se encontraban en el lugar (Procuraduría, defensores de derechos humanos y la ONU), que los policías y agentes del Esmad se retiraron. Sin embargo, cuando había pocas personas en la biblioteca y otros se encontraban almorzando, la arremetida volvió con más fuerza.


“Cuando tratamos de acercarnos nos dispararon nuevamente con sus gases, no nos permitían acercarnos ni sacar nada del espacio. Empezaron a violentar la puerta y al romperla entraron al espacio. Yo me acerqué como defensora de derechos humanos y al no valer nada para ellos, entonces me arrimé como la mamá de Nicolás y me planté en el lugar. En ese momento empiezan a decirme que me quite, que me fuera, pero yo no me dejaba quitar. Al ver la situación me empezaron a grabar la cara todo el tiempo, me echaron algo en el cuerpo y al preguntar qué era, se empezó a reír y no dieron ninguna explicación.


Al final llegó a mediar el secretario de educación e hicimos un acta donde nos encontramos como actores: la comunidad, el mayor de la policía, el secretario de educación y chicos de la primera línea. La idea es que tenemos plazo hasta el 29 de julio para establecer esta mesa y llegar a los acuerdos para que nos den un espacio para la biblioteca o nos asignen este que ya tenemos”.


Noche de terror

Los ánimos estaban caldeados desde la incursión a la biblioteca Nicolás Guerrero. En el barrio Alcázares, junto al cementerio del norte, los jóvenes comenzaron a enfrentarse con el Esmad minutos después de la agresión contra el espacio comunitario que genero indignación y rabia. Mundo, un joven primera línea que estuvo en el lugar nos cuenta que desde que llegó la noche la situación empezó a empeorar. Las balaceras eran constantes contra los manifestantes, disparos de fusil se escuchaban e impactaban el cuerpo de los jóvenes:

“Heridos de fusil hasta donde conté y pude cargar fueron cuatro, pero sé que fueron muchos más, a uno le destrozaron la pierna con las balas. Pero lo más impresionante que vi fue cuando llevábamos dos heridos cargados y comenzaron a gasearnos hasta dejarnos asfixiados, teníamos una cortina de humo que no nos dejaba ver y no pudimos más, nos tocó dejar el lugar. Tratamos de arrastrar el cuerpo de un muchacho herido, pero ahí nos empezaron a dar más bala, sabemos que en ese momento remataron en el piso a una persona, habían heridos por todo lado.


Cuando la cortina de humo se fue, ya no estaba ni el cuerpo ni la policía. No sabemos el nombre del muchacho, pero en mi Facebook grabé donde se ve la sangre y como lo arrastraron (2). Yo me replegué a las 2:30 de la mañana, hasta esa hora ellos seguían con el cuerpo, ahí cometí el error de dejar la moto en la calle y me la robaron, ahora no tengo como movilizarme, ando sin plata, sin saber que voy a hacer porque desde que empezó el paro me echaron de la casa”.


*Integrante del equipo desdeabajo y del colectivo Loma Sur

1. Ver: https://www.facebook.com/canal2cali/videos/4453892187974614
2. Ver: https://www.facebook.com/kevinandres.canavalvalencia/videos/320730333061858/

 

Videos relacionado:

https://twitter.com/caliresiste_pn/status/1417664661256818691?s=20

 

Publicado enColombia
Página 1 de 278