Más allá del teatro conflictivo y colaborativo entre polos políticos opuestos en que la decadente política de Estado funciona, la espeluznante realidad que nos toca vivir es posible gracias a una asombrosa operación de control social y político –y por ende de conciencia- que se ha ido montado en el transcurso de los años e incrementando de manera violenta y sistemática a lo largo de este gobierno, hasta garantizar una hegemonía política de facto y en un ejercicio descarado de la misma.


Esta situación ha venido probando la posibilidad de control de masas, a pesar de la acelerada evolución caótica en que nos encontramos, hasta llegar al borde de un desmoronamiento de todos los sistemas públicos y comunes como de los más básicos derechos a la sobrevivencia del cuerpo colectivo; de su vida, de su salud, de su alimentación. Esto no es una simple consecuencia mecánica de las ininterrumpidas crisis capitalistas, ni la incapacidad y la corrupción del grupo en el poder en estas dos décadas, ni mucho menos un destino infalible de un propósito revolucionario como lo quiere presentar toda posición reaccionaria. Esto ha sido un inmenso laboratorio, donde se conjuga la complicidad de gobernantes y agentes monopólicos nacionales e imperiales -como ya hemos insistido y mapeado de quiénes se trata- de políticas de caos sistémicos hasta llevar determinadas realidades nacionales, en este caso la nuestra, a la necesidad y conveniencia de entregar la soberanía sobre nuestra tierra, sus recursos básicos, sus medios de producción y su destino.


Nadie con un mínimo de ética y formación política entiende cómo dejan que se descomponga y se barbarice el cuadro económico-social y de los servicios públicos, a tal punto, sin que se conjuguen las condiciones para la activación de un movimiento virulento de resistencia en contra de quienes lo han hecho posible tanto desde el mando de gobierno como desde la tiranía económica monopólica. Esto parece un imposible, propio solamente de una sociedad placentera de su esclavitud y su miseria en aumento, o en el mejor de los casos, de saltos verbalizados cuyos límites no pasan de ser el lamento cada vez más rabioso pero impotente propios de una representación de sí que no pasa de ser aquella de la víctima eterna.


Un juego que el gobierno ha sabido establecer y aprovechar con efectividad, presentarse como la víctima suprema de élites económicas y poderes imperiales ante los cuales es su mayor víctima y condenado a tal condición sin posibilidad alguna de solución que no sea la comprensión y casi que compasión del pueblo, sin responsabilidad alguna ante nada. Con una oposición rancia y encajonada a su pendejísima visión de clase, que no ha hecho más que destruirse a sí misma en la histeria de imponer sin estrategia ni programa alguno su derecho formal a gobernar ¡ya!, mucho menos una unidad real, no dejando ver la más mínima piel donde se sienta su identidad con la tragedia material y vital que viven las clases subalternas y una política resistente para enfrentarla. Regalía que esta casta gobernante por supuesto que no le ha concedido, violentando hasta las reglas básicas originarias y constitucionales que su orgullo político chavista y su relato hiperdemocrático creó, hasta conformar una seudo dictadura admiradora de verdaderos fascistas sin máscara como es el caso de Erdogan en Turquía. Pero esto no sería nada de asombroso si lo vemos estrictamente desde la perspectiva de los intereses que defiende cada quien, ya que se trata de instancias gobierno-oposición que a estas alturas, en las edades pre, durante y poschávez, hacen parte sin duda de un mismo tinglado garante del orden parasitario constituido, y sobretodo, absolutamente funcionales al capitalismo-mundo .


Lo incomprensible del caso es que por fuera de este macabro escenario social y político no hay atisbo significativo de un movimiento resistente, redentivo, de una rabia expresiva y orgullosa de su condición de pueblo en lucha para enfrentar con sus derechos en mano, con el orgullo de haber atravesado no hace muchos momentos el límite de una revolución social, semejante situación colectiva. Ya las explicaciones de la bipolaridad política de las últimas décadas en Venezuela en realidad no aclaran nada, porque ya son demasiados años en que esta bipolaridad dejó de manifestar una confrontación de clases real como lo fue en su inicio, una auténtica lucha de verdades, de visiones de mundo, de alternativas civilizatorias, de órdenes y proyectos confrontados aunque aún desde ambos polos se esfuercen desesperadamente por ponerlo así unos y otros, acompañados por todo un espectro mundial mediático y opinión que desde cualquier derecha hasta las izquierdas más acomodadas así lo quieran presentar.


Las bipolaridades son la norma de orden y estabilidad de las democracias liberales, por acá esto no es nada distinto, solo que con un nivel de confrontación fuera de escala precisamente por lo que esconde esta bipolaridad a estas alturas: la necesidad de matar todo ángel de espíritu que se salga de la llorona de la víctima (o la quietud o manipulación del siervo ante las ansias de poder de sus héroes políticos) y esté dispuesto a defender su derecho a la vida y la libertad, con un sueño concreto y una estrategia alternativa de poder. Estamos por el contrario ante una majestuosa política de control de masas, apoyada por todos ellos, pero en una modalidad mucho más evidente, carnal y colonial que las sutilezas virtuales que la sociedad del espectáculo, de la robótica y el globo financiero ha creado para las naciones privilegiadas por el orden mundial, aunque por supuesto estemos metidos en ellas como parte de la servidumbre mundial al capital y nos sumen todas estas sutilezas gasíferas de envenenamiento a la vida y la conciencia.


La izquierda aún hegemónica en los foros mediáticos y asamblearios supraregionales en su estancada visión política y los derivados de los de la gran complicidad con los intereses del capital mundial que se mueven dentro de ella (desde la socialdemocracia más radical hasta las empiedradas mentes de los foros intelectuales y políticos propios), pareciera que no sale de la guerra fría, no se da cuenta cómo efectivamente se fueron fundiendo los Estados y sus dirigencias en una columna única programática que más allá de todo ataque moralista que se le haga o el despeje de las buenas voluntades que se cuelan y llegan a cargos de poder importantes, más allá de las ideologías "progre" que rodean las burocracias y ONG mundiales del ecologismo y el sensibilismo humanista, manejadas casi todas ellas por la social democracia europea y el partido demócrata norteamericano. No se dan cuenta como el mundo se convirtió a partir de la entrada del Siglo XXI, recogiendo los primeros ensayos neoliberales y de guerras civiles de los noventa, en un laboratorio permanente de guerra e ingenierías sociales de control donde se fragua una sola estrategia de dominio biopolítico sobre las masas y la naturaleza.
Venezuela es mas allá de confrontaciones de teatro verbal con "el imperio", más allá de sus personajes políticos buenos para un museo de la mediocridad y la corrupción, un laboratorio extraordinario de control de masas en función de garantizar de una vez por todas, primero la desaparición de sus desvíos utopistas y confrontativos que en algún momento Chávez liderizó hasta evaporarse en su propia salsa burocrática, y luego lo más importante, garantizar el dominio definitivo sobre una de las tierras más ricas del mundo en fuentes básicas desde sus tierras y biodiversidad hasta su masa de hidrocarburos y minerales en el subsuelo.


Es la añorada mundialmente anomalía natural venezolana que solo las razias imperiales y sus cónsules nacionales rojos y azules finalmente explotan a placer. En esta estrategia única -ya que el mundo nunca es perfecto, ni lo que se presenta como único llega a cubrir todo el círculo de totalidad- se mueven contradicciones internas interimperiales que se hacen cada vez más claras para nosotros: ¿Quién se queda dentro de los agentes de esta misma estrategia con el control de nuestra tierra los polos euroasiáticos de China y Rusia o el polo occidental sometido a los EEUU?


Si nos metemos en los últimos aconteceres políticos luego del estrepitoso fracaso de la derecha que luego de tener mayorías enteras en sus manos terminó en la más lumpen y marginal de las peleas a través de guarimbas sin lenguajes, sin contenidos, gritos vacíos, violencias que terminaron echando su fuego a la misma población, sacrificios criminales de jóvenes ante un Estado cada vez más militarizado que a la final hasta supo aprovecharse de este absurdo violentista y sin contenido dejándolo correr (por igual una forma endógena dentro de la derecha de matar las rebeldías que crecían a su interno se le iban de las manos), y vemos casos consecuentes a esta autoderrota como fueron las elecciones a gobernadores, por fuera de todo asunto de descarado abuso de poder y el fraude continuado como se ha dicho, se expresan las consecuencias de un minucioso proceso de control identitario superior, comunicacional, represivo y alimentario de la población que una vez desecha la contraofensiva derechista produjo su saldo político a provecho exclusivo de la burocracia gobernante.


El control identitario vía los "carnets de la patria", el control comunicacional sobre medios que la máquina burocrática absorbe o amenaza, la violencia represiva y adversiva a toda democracia real a toda libertad del flujo productivo que bloquea en todo el territorio que se amplía día a día dentro del Estado, la increíble "sublimación del hambre" como si fuese una prueba de cuanto soporta un pueblo la guerra de sus enemigos, sumado lo que ella supone en términos del deshilachado sistemático que ella obliga del tiempo colectivo organizado, al "buen espíritu", nuevos conocimientos y esperanzas que ella implica, es decir de la continuidad y evolución material, productiva y política de los espacios autónomos de poder popular, y el cierre del círculo de control que representa la dependencia de todxs nosotrxs a las odiosas bolsitas del CLAP (una humillación obligada frente a la alianza entre los monopolios internos, el parasitismo importador y la corrupción que ella condensa por sí misma en su carbohidrática lista de productos), posiblemente el chavismo por igual gana las elecciones pero la participación no hubiese pasado de veinte o cuando mucho el treinta por ciento de la población votante (algo que seguramente veremos en las gloriosas elecciones municipales de diciembre), la masa política de influencia directa y militante que aún suman la oposición y el chavismo, el resto aguardando se hubiese agregado como fue en el caso de los años noventa, al abstencionismo y el grito pasivo y silencioso que este expresa. Hasta mucha gente que votó por esta oposición anémica lo hizo gracias al contexto de control que lo rodea, creyendo en nadie, sintiéndose obligados a votar pero ilusionados que así golpean aunque sea con algo peor su frustración y a sus creadores actuales, en una situación así que hasta lo absurdo cobra sentido.


La realidad del capitalismo mundialmente integrado como diría Guattari y su fabulosa comprensión esquizoide del ser humano y sus deseos, constituye algo espeluznante donde los fascismos nacionales quedan desbordados y el orden mundial en su conjunto no se convierte en otra cosa que en experiencias dirigidas a desgastar o destruir por completo los cuerpos sociales en libre movimiento y signos de rebelión. La autocracia absoluta del capital ya se refleja en forma perfecta dentro de Estados nacionales que a través de su propia corrupción dejan que estas lógicas dirigidas al control político y biopolítico, es decir, al control absoluto de las decisiones colectivas, como del cuerpo natural y la inteligencia creadora de los seres humanos, esté plenamente garantizado.


Venezuela en ese sentido es una experiencia del capitalismo más destructivo y mafioso tremendamente exitoso, tanto como las guerras fratricidas que estos mismos han impulsado en el medio oriente para manipular y luego revertir por completo la revuelta de las bases populares de aquellos pueblos a través de la invasión armada, la guerra civil y el genocidio. Sin tal sangría, poniéndola en todo caso a correr a través de la descomposición delincuencial y asesina de las bandas armadas creadas muchas veces desde las oficinas de la seguridad de Estado, aquí se ha logrado formar un inaudito aparato de control político y social desarmando por completo al movimiento popular y disgregando todos los terrenos colectivistas ganados en la lucha a través de la desesperación de la carencia alimentaria y medicinal, el dejar la libre reproducción de enfermedades o nuevas o prácticamente desaparecidas como la difteria, la tubercolosis, la malaria, el bloqueo territorial y burocrático por medio de la corrupción militar (bloqueo que ahora se eleva a nivel financiero, de flujo de efectivo, de internet, de transporte, comunicaciones), el caos completo de servicios fundamentales como electricidad y agua, la involución de las instancias productivas, culturales y educativas que nos son vitales, el abandono de territorios enteros que quedan en manos de mafias despóticas y control paramilitar, como la total prostitución de los símbolos, programas y el lenguaje emancipador revolucionario.


Venezuela es un laboratorio exitosísimo de la capacidad de caotización controlada de las nuevas formas de dominio que se van creando en la medida en que se endurece ese capitalismo mundial integrado, demostrando con ello no solo su capacidad explotadora sino la crisis total que vive como opción civilizatoria de la humanidad. Mas allá de sus confrontaciones internas, utilizadas ya sea con raza china, rusa u occidental, nos han llevado ante este nivel de sumisión ante su misma decadencia final utilizando de la manera más audaz a los jefes políticos que no son más que falsos y moldeados enemigos a la medida necesaria que al mismo capitalismo les son imprescindibles (una ley básica de toda estrategia de las guerras de cuarta generación es crear tus propios enemigos como es el caso del ISIS o Al Qaeda de parte de la OTAN y los gringos en el medio oriente. Podemos decir que la estopa gobernante acá y el ISIS allá cumplen en última instancia exactamente el mismo papel destructivo que necesita el sistema para concretar sus estrategias particulares de dominio).


Dirigentes con lenguaje fundamentalista cada quien en su metafísica explotada, sin ética alguna y formando internamente su Estado mafioso. Personajes gobernantes que terminan imponiéndose gracias a su dominio burocrático, militar y comunicacional y la barbarie económica y social que han dejado correr dejando a un país prácticamente paralítico y obediente, y lo que es fundamental al régimen de complicidad: quebrando sus espacios de resistencia, sindicatos, consejos, comunas, autodefensas y defensa de nuestros derechos básicos; ¿qué país en el mundo aguantaría que le devalúen 20 veces su salario básico y moneda, 1.000% de inflación, estar en el límite de la iliquidez total, sin reventar por completo?... sí es posible, y Venezuela es el mejor ejemplo, al menos hasta hoy.


Evidentemente que no nos encontramos en una situación para la eternidad. Esto ya lleva años maqueteándose, llegando ahora a sus desenlaces finales como es el caso en Siria. El problema es quien le pone el límite necesario y en favor de quién. En el medio oriente luchan por el matiz que tendría ese final las alternativas imperialistas quebrando culturas y naciones como geopolítica principal, con los Estados teocráticos y despóticos, el sionismo siempre presente, y las alternativas auténticamente revolucionarias como es la revolución kurda en el norte de Siria por la región de Rojava.


Acá no es muy distinto, aunque los actores sean mucho menos evidentes por la cobertura invisibilizante y la manipulación de masas que crea este teatro de la polarización política. El caos de iliquidez y hambre que ya empezamos a vivir nos lleva a una lucha frontal entre opciones de vida o de muerte de nuestro país. Salirnos de esta barbarie, de estos niveles de sumisión por todos los caminos posibles es el único programa posible. Ahora esto no se hace a través de estrategias monistas, centradas en un único objetivo para el cual se intentan unificar las fuerzas en rebelión, terminando siempre en un nuevo fracaso. Esto vale para el que espera la insurrección total, o la lenta organización local y productiva, o las típicas búsquedas declarativas de donde salen candidatos y terceras fuerzas a un campo electoral más que vigilado e igualmente controlado.


De lo que se trata es de revertir toda la lógica desde la cual hemos representado la historia nuestra en este siglo que no hace sino reproducir las voces de los Capriles, los Maduros, y todos estos personajes funcionales al régimen mundial. Potenciar transversalmente todas estas posibilidades pero dentro de un nuevo lenguaje y una nueva verdad que se desligue cada vez más de la histeria que supone esta fidelidad al amo de turno, sus partidos, sus herencias, sus personajes y sus lenguajes. El problema como dirán muchos es volver a querer y producir nuestra tierra, confrontar la pobreza desde nuestras propias fuerzas productivas y autogobernantes, reconstruir y construir lo destruido y lo que deliberadamente nunca se hizo y se transformó en 500 mil millones de dólares robados, fugados o convertidos en miles de papeles financieros hoy en manos del sistema bancario internacional y sus monopolios. El problema es removilizarse en todos los planos posibles del arte, la producción, la comunicación, la defensa, la elección, la huelga, la cruda rebelión. Pero esto no se puede hacer si no está acompañado con un espíritu de libertad y desobediencia, que no es otra cosa que develar y confrontar de lleno el asunto vivido. Con miedo al monstruo escondido del imperialismo y prefiriendo los silencios que son la mejor arma de burócratas e imperios jamás reencontraremos los pasos perdidos de la insurrección nuestramericana, seremos solo miradas vacías y sentimientos divididos de invidualidades llorosas... Vivamos del esfuerzo de nuestro vientre, el goce de la lucha y las semillas colectivas de nuestro genio e identidad.

Miércoles, 15/11/2017 10:52 PM |

Publicado en Internacional
Lunes, 13 Noviembre 2017 17:40

Cataluña y el futuro de España

Así titula la portada del último número de la edición en Colombia de Le Monde diplomatique

 

La versión colombiana de la prestigiosa publicación francesa, “el dipló. Una voz clara en medio del ruido”, dedica su número del mes de noviembre de 2017 a la cuestión catalana. El editorial, la columna invitada y un informe especial de ocho páginas, “Cataluña y los nacionalismos europeos”, abordan la situación producida tras la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por parte del gobierno catalán después de un referéndum, atropellado y violento por parte de las fuerzas del orden nacionales, del que no se ha conseguido saber muy bien sus resultados ni están claras las consecuencias. Más allá de la puesta en marcha del “desconocido” artículo 155 de la Constitución de 1978.


El escenario catalán y español es analizado en los artículos de Sébastien Bauer, “Las raíces de la crisis en Cataluña”, y de Francesca Gargallo, “Cataluña: reflexiones sobre autoritarismo de Estado y nacionalismo”. Mientras que su repercusión en Europa, sobre todo en Bélgica, país al que se “marchó” el presidente de Cataluña, Puigdemont, y que tiene sus conflictos históricos internos entre flamencos y valones, es tratada en los escritos de Sébastien Gillard, “La izquierda radical avanza en Valonia”, y de Paul Dirkx, “En Bélgica, un separatismo velado”.


Dicho informe se presenta afirmando que “Con sus particularidades, la crisis económica y social que sacude Europa desde hace una década fomenta el auge de extremismos y nacionalismos. En Bélgica, el “confederalismo” defendido por la Alianza Neoflamenca en el poder lleva a un separatismo de hecho. En España, la crisis se remonta a una transición democrática inacabada”.


Como invitado a escribir la columna de la página tres, me permito plantear que se está enfrentando a Catalunya contra Cataluña y que en medio queda la otra España, promoviendo “desencuentros para tensar la cuerda cuando en ambos extremos hay intereses que dicen defender para ´los suyos' lo que no defienden para otros.” Pero creo que realmente “Cataluña está contra Catalunya porque nos lo cuentan ciertos políticos y nos lo muestran algunos medios”. Dando lugar a un sinsentido entre “que si salvamos a Cataluña de las garras del separatismo, que si salvamos a Catalunya de la opresión nacional” y olvidando que “hay muchas Españas y muchas Cataluñas, y no creo que nadie esté legitimado para arrogárselas.” También aseguro que existen “posverdades intencionadas para construir imaginarios que enfrentan poblaciones mientras los políticos que las crean y los medios que las difunden observan desde su atalaya cómo la gente pelea, discute y se radicaliza” y que “me duele que se siembre odio donde no lo había y que maneras distintas de entender la identidad y el territorio lleven a que las fronteras se vuelvan más muros que puentes”.


Y termino recomendando otro modelo de política y otra educación que partan de una de las propuestas del maestro Freire para que situemos “en el centro de nuestras preocupaciones al ser humano que actúa, que piensa, que habla, que sueña, que ama, que odia, que crea y recrea, que sabe e ignora, que se afirma y que se niega, que construye y destruye, que es tanto lo que hereda como lo que adquiere”.


Por su parte, el director de la revista Carlos Gutiérrez, bajo el título “La cuestión nacional, pendientes a la colombiana”, firma un editorial en el que asevera que “pocos podían prever que, como la caja de Pandora, el tema (las reivindicaciones de independencia) explotara en la cara de los actuales gobernantes europeos, en particular de España, con presión hacia otras coordenadas.” A lo que añade que “Europa tiene miedo de la experiencia española a propósito de Cataluña”.


Gutiérrez aprovecha el tema catalán para hacer un recorrido por las diferentes causas no resueltas de nacionalismos no aceptados, destacando los casos kurdo y palestino y haciendo un llamado sobre Puerto Rico y esa “opresión colonial” de la que todavía no ha salido, o no ha querido salir. También menciona la situación migratoria que ha servido de excusa para “La incubación de grupos políticos de derecha, con aires recalcitrantes como no se creía posible que volvieran a ser reivindicados” y señala al deporte, en particular el fútbol, como herramienta que ha servido para mediatizar y estimular identidades artificiales; afirmando que “El nacionalismo, lo enseña la historia europea, siempre se ha correspondido con políticas (culturales) de derecha”.


Todo ello le sirve para llegar al caso colombiano, del que dice se debe revisar cómo tomó forma el Estado-nación y los temas que su configuración ha dejado sin resolver. Resaltando por encima de los demás “el trato violento y la subvaloración de indígenas y afrodescendientes”. Eso fue el resultado de haber copiado el modelo de Estado europeo sin tener en cuenta “las diferencias entre sus formaciones sociales” pretendiendo ser un Estado “moderno” a pesar de que, y retoma las palabras de Antonio García en su libro “Colombia. Esquema de una república señorial”, Colombia era “una república señorial, heredera y continuadora de las más atrasadas y negativas herencias de la corona española, derrotada en el campo de batalla pero no así en las relaciones económicas dominantes en nuestra sociedad ni en las formas culturales hegemónicas”.


Y propone que para “cohesionar nuestra nación, potenciándola como un cuerpo social solidario, abierto a visiones plurales de la vida, respetuoso de los derechos de todos sus integrantes, con visión englobadora con todos los pueblos hermanos de la región” hace falta ir más allá de la Constitución de 1991 e integrar a afros e indígenas para “cubrir la deuda histórica acumulada con ambas poblaciones”. Un ciclo que dice se completaría “si los derechos de todo tipo también les son garantizados a los otros pobres y excluidos de la ciudad y el campo”.


Palabras que podríamos asumir para solucionar no sólo la deuda colombiana, sino la de muchas poblaciones y territorios que sufren el empobrecimiento y la segregación que produce un sistema mundo basado en el neoliberalismo como modelo exportable a todo el planeta y que persigue y ensalza la acumulación de riqueza, la competitividad hasta la eliminación del rival, la negación de las diferencias, el ocultamiento del otro, la exclusión y la injusticia social.


Por un futuro en pacífica convivencia, repensemos.

Publicado en Colombia

Expertos internacionales concluyen que funcionarios estatales, así como empleados y extrabajadores de una hidroeléctrica planearon y ejecutaron el homicidio de la ambientalista en 2016


Funcionarios hondureños y ejecutivos de la empresa energética DESA estuvieron involucrados en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ha afirmado un grupo de expertos internacionales. "La evidencia existente es concluyente sobre la participación de numerosos trabajadores del Estado (policías, militares y funcionarios), así como de directores y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento", se señala en un informe de 92 páginas publicado el martes.


El asesinato de Cáceres ocurrió el pasado 3 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, en el occidente del país centroamericano. El único testigo es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien resultó herido tras el ataque. Cáceres había sufrido dos atentados fallidos un mes antes de morir. El homicidio provocó indignación más allá de las fronteras de Honduras y expuso las amenazas que enfrentan los defensores del medio ambiente en ese país.


El plan para matar a la activista, que buscaba paralizar la construcción de la presa Agua Zarca en el río Gualcarque del que dependen varias comunidades indígenas de la etnia lenca, se maquinó en noviembre de 2015, se agrega en el informe titulado Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres y que elaboraron juristas de Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Holanda.


Los expertos sostienen que ha habido una conspiración para obstruir la justicia y proteger a los autores materiales e intelectuales del crimen. "Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas (...) para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Cáceres y la tentativa de asesinato de Castro", se asegura en el informe. Hay ocho detenidos como perpetradores materiales, pero no se ha desvelado ningún avance sobre las personas que planearon la agresión, se argumenta.


"[El asesinato] fue ejecutado no solamente por encargo de altos directivos de DESA, sino por información privilegiada proporcionada por empleados de dicha empresa", señalan los autores del informe, que iniciaron la investigación ante la negativa del Gobierno hondureño de crear un grupo de extranjeros que indagara sobre la muerte de Cáceres. La elaboración del documento supuso cuatro viajes a Honduras para entrevistar a 30 personas, así como el estudio de evidencia y otros reportes de organismos internacionales de derechos humanos.


"Estoy sumamente impresionada, no voy a recuperar a mi hija, no la volveré a besar, no la volveré a ver, pero se habrá hecho justicia", ha dicho a la televisión hondureña Austra Berta Flores, madre de la ambientalista, que ganó el premio Goldman en 2015 y acumulaba una larga lista de amenazas de muerte en 20 años de trayectoria. "Este informe ha destapado información sobre los verdaderos responsables de este horrendo asesinato", ha añadido.
Elsia Paz, la expresidenta de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable, ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que DESA presentó evidencia al grupo de expertos para demostrar que no estaban vinculados al asesinato. Paz ha dicho a la agencia AFP que las denuncias son parte de una estrategia para aupar a la hija de Cáceres en las elecciones del próximo mes. Olivia Marcela Zúñiga Cáceres es candidata a una diputación por el izquierdista partido Libre, liderado por el expresidente Manuel Zelaya, que fue destituido en 2009.


Poco más de un año después del asesinato de Cáceres, que en 2015 había recibido el reconocido premio Goldman, los directores de Agua Zarca anunciaron en julio pasado la suspensión del proyecto "como un gesto de buena voluntad que contribuirá a reducir la tensión". Honduras se ha asentado como el país más peligroso del mundo para los defensores de la tierra, con 123 activistas asesinados desde 2010, según datos de la iniciativa Global Witness Watch.

 

México 1 NOV 2017 - 12:23 COT

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Resulta alarmante ver cómo la élite política y la mayoría de sus publicistas académicos, amén de acólitos de la monarquía, se rasgan las vestiduras señalando que en España se vive en democracia.


El argumento para tal afirmación es pedestre. Aluden a la existencia de un ordenamiento jurídico donde impera la ley. El eslogan es conocido: La ley es igual para todos. El rey Felipe VI, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera, diputados y senadores se llenan la boca con dicha afirmación. Pero si las leyes son arbitrarias, generan impunidad y se aplican de forma torticera, la democracia es una quimera.


La existencia de códigos civiles, mercantiles, penales, procesales o de trabajo constituyen un marco desde el cual administrar derecho, pero su articulado puede no ser democrático. La existencia de leyes no garantiza que exista democracia. Las mismas pueden no serlo. Por ejemplo, la de partidos políticos en España, hecha a la medida para que la izquierda abertzale no se pueda presentar en las elecciones o para imputar, encarcelar y restar derechos cívicos a personas físicas y jurídicas, cuando el poder político lo considere y los jueces lo consientan. Periodistas, actores, dirigentes sindicales, representantes estudiantiles, cualquiera puede hoy ser objeto de imputación bajo el cartel de sedicioso, terrorista, subversivo, alborotador, antisistema, etcétera. La ley es la ley. Algunos ejemplos nos ayudan. Sin ir más lejos, la incautación y cierre del periódico vasco Egin, durante el gobierno de Aznar, llevado a cabo por el juez Baltasar Garzón. Más tarde la clausura de la revista Ardi Beltza y la detención de su director, Pepe Rei. El resultado: prisión para la plana mayor de ambas publicaciones durante más de un lustro. Curiosamente, el Tribunal Supremo, en un fallo de 2010, concluyó que su actividad no podía ser considerada ilícita, las publicaciones clausuradas y sus responsables encarcelados. La anulación de la sentencia llegó tarde, de manera deliberada. Al momento de su cierre, vendía 52 mil ejemplares diarios y tenía 210 trabajadores, todos al paro. Tampoco olvidemos el caso del joven Alfonso Fernández, Alfon, detenido en la puerta de su casa el 14 de noviembre de 2012, bajo la falsa acusación de portar una mochila con artefactos explosivos caseros. Hoy cumple una condena de cuatro años. Es bueno recordar el caso de Arnaldo Otegui. Han sido muchos, estos años, los casos en que el concepto de preso político cobra toda su dimensión al interior de la monarquía parlamentaria y de economía de mercado. Salvo que se quiera señalar que la democracia es la del mercado. ¿Será por eso que se rescatan los bancos, se privatiza la educación, la sanidad y se desahucia a quienes no pueden pagar su hipoteca, venden las viviendas sociales a los fondos buitres y crean leyes para el despido libre y la devaluación de las pensiones? ¿Democracia, estado social de derecho? España vive en una mentira que ha transformando a sus ciudadanos en loritos repetidores, dogmáticos y convencidos de vivir en la mejor de las democracias posibles.


Pocos quieren reconocer la existencia de cientos de cadáveres de republicanos, gente asesinada por la dictadura en cunetas, fosas comunes y personas que no pueden ser enterradas dignamente. Ningún detenido, no digo imputado y menos condenado, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo y protegidos por la monarquía. Una ley de amnistía bastarda los protege. ¿Democracia?


¿Hay presos políticos en España? Sin duda. Lo difícil es denunciarlo y decirlo en voz alta. Las consecuencias no se hacen esperar. Difamación, aislamiento, amenazas y el san Benito de terrorista disfrazado, antisistema y pro etarra. La sociedad española ha decidido mirar hacia otro lado, justificar detenciones ilegales, torturas y persecución política. Parece no querer enterarse, vivir en un mundo feliz. ¿Cómo? ¿Presos políticos? No.


España, se dice, es una democracia consolidada, un país respetable y respetado, donde la ley es igual para todos. Pero si las leyes son arbitrarias y responden a un control ideológico en su aplicación, entonces la democracia no existe. En democracia las leyes deben cumplir tres condiciones: ser justas, buenas y aplicables por igual. Eso se llama justicia, y hoy brilla por su ausencia en España. Hay leyes, se aplican, pero no hay justicia. Jueces sumisos prosperan a la palestra de los partidos que gobiernan. El tribunal constitucional ha perdido su carácter de árbitro para someterse a las presiones del poder político, circunstancia que propició la renuncia a su presidencia del más destacado constitucionalista de España: Manuel García Pelayo. Hastiado de sufrir indirectas, presiones de Felipe González y el PSOE para amañar sentencias en una u otra dirección, prefirió el autoexilio y murió en Caracas en 1991.


Hoy, la detención de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, acusados de sedición, dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y Omiun Cultural, organizaciones de la sociedad civil catalana, con un ideario independentista y republicano, se adjetiva como política. La tensión se acrecienta y eso destapa la olla de las esencias del nacional-catolicismo, cuya aparición se convierte en reclamo de una población educada en la desafección democrática y el autoritarismo. Por eso pide la intervención en Cataluña y, si es posible, que los metan a todos a la cárcel, cuando no los fusilen. La ley es la ley.

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Sábado, 21 Octubre 2017 07:04

Pacto entre Rajoy y el PSOE para Cataluña

El plan para abortar el proceso secesionista en Cataluña fija elecciones anticipadas para enero, según el acuerdo alcanzado entre el gobierno español de Mariano Rajoy y la oposición socialista en torno de las medidas que se adoptarán para intervenir en la norteña región al amparo del artículo 155 de la Constitución española.


Entretanto, el rey Felipe VI se mostró ayer convencido de que las “legítimas” instituciones democráticas españolas resolverán, dentro del respeto a la Constitución, el “inaceptable intento de secesión” de las autoridades de Cataluña, aseguró en la norteña Oviedo durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Felipe de Borbón dijo que el intento secesionista al que España tiene que hacer frente en la actualidad se solventará “ateniéndose a los valores y principios de la democracia parlamentaria en la que vivimos desde hace 39 años”, en alusión a la aprobación de la Constitución de 1978.


Entretanto, la hipotética fecha de las elecciones anticipadas se conoce un día antes de que el Ejecutivo central concrete las medidas excepcionales que adoptará para intervenir en la región, cuyo gobierno emprendió una vía de ruptura que amenaza con concretarse la próxima semana con una declaración unilateral formal de independencia por parte del Parlamento regional.


Desde Bruselas, Rajoy no quiso adelantar la actuación prevista pero dijo que contaba con el apoyo de todos sus socios de la Unión Europea (UE), tras justificar la intervención regional como una medida de “última instancia” ante la “situación límite” a la que los secesionistas llevaron a Cataluña “liquidando la ley”.


La ex ministra socialista Carmen Calvo, quien encabezó las negociaciones del Partido Socialista (PSOE) con el gobierno de Rajoy, había confirmado horas antes que el plan era convocar elecciones en enero, algo que también avalo Albert Rivera, el líder del partido liberal Ciudadanos. Sin embargo, el vocero del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, consideró “prematuro” anticipar ese escenario, consciente de las evidentes dificultades que se derivarán de una intervención inédita en democracia, que será resistida por el movimiento independentista catalán, con el gobierno del presidente Carles Puigdemont a la cabeza.


“El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tiene absolutamente claro desde el minuto uno que esto tiene que llevar a Cataluña a unas elecciones”, sostuvo antes Calvo en declaraciones al canal TVE. No obstante, Calvo añadió que hasta que se aprueben las medidas de intervenciónen el Senado, el presidente catalán, Puigdemont, todavía tienen en sus manos la posibilidad de convocar elecciones, algo que “le pedimos que haga”.


De lo contrario, la dirigente socialista respaldó la aplicación del artículo 155 de la Constitución que, según subrayó, “no tiene un carácter punitivo ni supone la suspensión de la autonomía de Cataluña”, sino que “tiene que ver con la reposición de la legalidad constitucional y estatutaria que rompieron los secesionistas”.


“Queremos que no se toquen las leyes de Cataluña, que Cataluña se siga sintiendo cómoda en su autogobierno y lo que queremos es llevar a la sociedad catalana a un espacio de normalidad que le permita hablar en las urnas”, remarcó. La intervención, calificada de “quirúrgica” por fuentes gubernamentales, pretende limitarse a la suspensión de competencias y sustitución de autoridades en las áreas donde se incumple la ley durante el tiempo de transición hacia los eventuales comicios.


La convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña era el objetivo que se planteaba como salida a la crisis desde que se empezó a estudiar la aplicación del polémico articulo 155, que permite al gobierno central tomar medidas excepcionales para obligar a una comunidad autónoma a cumplir sus obligaciones si no lo hace o está en juego el interés general.


Antes del referéndum del 1 de octubre, que los secesionistas celebraron pese a que que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional, el partido liberal Ciudadanos, que también apoya la intervención del gobierno de Rajoy, ya exigía actuar al amparo del artículo 155 con esa única finalidad, con el argumento de que era la “salida democrática” al conflicto.


No obstante, el Ejecutivo del Partido Popular (PP) evitó precipitar esta opción, debido a que este precepto constitucional nunca antes se aplicó en democracia y es visto como un ataque al autogobierno regional.


El escenario cambió después de que Puigdemont dijo el martes pasado desde la tribuna del parlamento regional que asumía el mandato del pueblo expresado en las urnas el 1º de octubre para declarar la independencia y, al mismo tiempo, lo suspendía.


Esa formulación, que generó confusión, motivó al Ejecutivo a hacer un requerimiento formal al presidente regional para que aclarara si había declarado la independencia de Cataluña, un acto que atenta contra el “interés general” de España, porque afecta la integridad territorial del Estado, y la soberanía nacional consagradas en la Constitución.
Al vencer el jueves pasado el plazo de ese requerimiento, Puigdemont envió una carta a Rajoy en la que sostuvo que el parlamento no había votado la secesión, pero amenazó con hacerlo si el gobierno español seguía negándose al diálogo y mantenía la represión.


El Ejecutivo español dio entonces el paso y puso en marcha el artículo 155, cuyas medidas concretas se conocerán hoy al finalizar el Consejo de Ministros extraordinario convocado por el presidente Rajoy.


Puigdemont tiene al menos una semana más para convocar él mismo elecciones dando marcha atrás a sus planes antes de que el Senado apruebe las medidas extraordinarias.


Pero el vicepresidente catalán Oriol Junqueras no parece dispuesto a apoyar esa decisión: “Mi posición es clarísima: convocar elecciones ahora no es la mejor manera de avanzar”, dijo ayer en una entrevista en Catalunya Radio.


A pesar de que existe división dentro del gobierno catalán la convocatoria a elecciones regionales anticipadas no parece ser tampoco una opción para los secesionistas, quienes en 2015 ya celebraron unos comicios “plebiscitarios” ante la imposibilidad de realizar un referéndum pactado sobre la independencia, lo que derivó en el actual plan de ruptura liderado por Puigdemont.

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El anuncio del presidente regional ante el Parlamento catalán provocó decepción entre sus aliados secesionistas y una reunión de último minuto entre Rajoy, socialistas y Ciudadanos para tomar medidas desde Madrid.


El presidente de la Generalitat anunció ayer ante el hemiciclo catalán que se suspenden los efectos derivados del referéndum del 1 de octubre, es decir, la inmediata declaración de la independencia como resultado del 90 % en favor del “sí” en las urnas, para abrir un espacio de diálogo y negociación. Carles Puigdemont retrasó una hora la comparecencia que tenía en vilo a Cataluña y al resto de España, alargó la espera de miles de personas que seguían el acontecimiento por pantallas gigantes en el paseo próximo al Parlamento regional y, cuando finalmente subió al estrado, no dudó en tomarse el tiempo necesario para repasar año por año la historia que los llevó a estar a punto de declarar la independencia... Para no declararla.


El freno que Carles Puigdemont puso repentinamente a lo que hasta hace una semana parecía impostergable, según manifestó ayer en el Parlamento catalán, responde a la “necesidad imperiosa de desescalar la tensión”. En efecto, desde la aprobación de las leyes que regularían el referéndum y su posterior suspensión por el Tribunal Constitucional, la batalla librada entre el Govern de Cataluña y el central no hizo más que acrecentar la discordia en las calles. La represión policial que refrescó escenas propias de la dictadura franquista en la mente de miles de personas y el temor de una gran parte de la población a verse, de repente, separada por nuevas fronteras exacerbó las pasiones y, con ellas en muchos casos, el enfrentamiento.


Puigdemont recogió este sentir y dio marcha atrás, tal como se lo llevan semanas pidiendo organismos y dirigentes de todo el mundo, y tal como lo “sugirió” la decena de empresas catalanas que mudaron su sede social a otras regiones de España.


“Proponemos suspender durante unas semanas la declaración de independencia para entrar en una etapa de diálogo”, expresó solemne el presidente de la Generalitat, en lo que considera “un gesto de generosidad”. Puigdemont anunciaba esta decisión justo un minuto después de reconfirmar que los resultados del referéndum del 1 de octubre debían ser tomados por válidos, dado que “la urnas” avalaron la secesión, a la vez que limitaba su intervención a “presentar el mandato democrático para que Cataluña se convierta en un Estado independiente”, desilusionando a miles de partidarios por la independencia que seguían la sesión desde el Paseo Lluís Companys cercano al Parlament en Barcelona. También desde la bancada de la CUP– fuerza secesionista y anticapitalista que gobierna junto con Esquerra Republicana (ERC) y el partido conservador de Puigdemont (PdeCat)– se recibió con frustración el frenazo del plan independentista y Anna Gabriel, la diputada de esta formación que compareció ayer en el Parlamento catalán, lo calificó como “una ocasión perdida” porque esta intervención tenía que ser “la proclamación solemne de la república catalana”.


“¿Negociar con un Estado que sigue amenazando y persiguiéndonos? ¿Con un Estado que despliega sin vergüenza fuerzas policiales y que atiza el terror? Nos encantaría hablar de mediación y diálogo y pensar que el Estado abandona su línea de amenaza” expresó la diputada de la CUPen en respuesta al pedido que Puigdemont reiteró ayer en el hemiciclo al presidente Mariano Rajoy.


El líder catalán hizo un nuevo llamamiento a los distintos agentes políticos, sociales, empresariales y mediáticos para contribuir al diálogo y pidió directamente al gobierno del Partido Popular (PP) que actúe con “la misma responsabilidad y generosidad y que escuche las demandas que han llegado para llevar a cabo una mediación”.


Sin embargo, desde Moncloa nadie parece hacerse eco de su pedido. La primera reacción oficial al discurso del dirigente catalán fue a la agencia EFE, asegurando que es inadmisible “hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita”. La vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría fue la segunda y última en pronunciarse tras la sesión en el Parlamento catalán para anunciar que Rajoy decidirá hoy en un consejo extraordinario de ministros si aplica el polémico artículo 155 por el cual se suspende la autonomía de una región y se convoca a elecciones locales anticipadas. “Ni el señor Puigdemont ni nadie puede sacar conclusiones de una ley que no existe, de un referéndum que no se ha producido, ni de una voluntad del pueblo de Cataluña que quiere apropiarse. Hoy el president ha asumido a su comunidad autónoma en la mayor incertidumbre de su historia”, sentenció Santamaría.


De opinión parecida son los socialistas, que exponían ayer en el hemiciclo catalán que “no se puede suspender una declaración que no se ha hecho”. El líder del Partido Socialista Catalán (PSC), Miquel Iceta, subrayó que nada de lo acontecido tiene valor legal porque todo fue suspendido por el Tribunal Constitucional. Para Iceta, del mismo modo que lo manifestó el secretario general del partido, Pedro Sánchez, “la única salida son unas elecciones autonómicas anticipadas para que los catalanes puedan expresarse con garantías y en igualdad de condiciones”.


La fuerza que encabeza la oposición en Cataluña, Ciudadanos, también defiende un adelanto de las urnas pero lo hace, además, a través de un ataque agresivo y frontal a la política independentista: “Ustedes son del peor nacionalismo que ha existido en Europa”, le replicaba a Puigdemont ayer su líder, Inés Arrimadas. “Todo el mundo ve que esto no va de democracia sino de fronteras”, fue de lo más suave que le dijo la portavoz del partido centroderecha al presidente catalán.


Hoy, los magistrados del Tribunal Constitucional esperan la decisión que, finalmente, tome el gobierno de Rajoy tras haberse reunido con los líderes del PSOE y de Ciudadanos– sus aliados contra del secesionismo– para castigar o vetar la declaración, o más bien la “no declaración” de la independencia de Cataluña.

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Estados Unidos tiene el mayor índice de desigualdad, la tasa de mortalidad más alta, los impuestos más regresivos y el mayor subsidio público a banqueros y multimillonarios que ningún otro país capitalista desarrollado.


En este ensayo examinaremos las raíces socio-económicas de la desigualdad y la relación entre la concentración de riqueza y el retroceso de las clases trabajadora y asalariada.

Cómo los multimillonarios llegan a ser multimillonarios


La evasión impositiva, en todas sus formas, es una de las fuentes más constante de la riqueza de los multimillonarios. Contrario a lo que dice la propaganda mediática a favor de los negocios, entre un 67 y un 72% de las corporaciones no pagan ni un céntimo después de los créditos y exenciones fiscales que reciben... mientras que los trabajadores pagan de un 25 a un 30% de sus ingresos en impuestos. La tasa de la minoría de corporaciones que pagan impuestos fue del 14%.


Según el Servicio de Renta Interna de EE.UU. (IRS, según sus siglas en inglés), la evasión impositiva de los multimillonarios asciende a $458 mil millones de dólares por año, casi un billón de dólares en pérdida de ingreso público cada dos años, según este cálculo moderado.


Las corporaciones más grandes de EE.UU. guardan más de 2,5 billones de dólares en paraísos fiscales del exterior, donde no pagan impuestos o pagan impuestos bajísimos de menos del 10% de tasa impositiva.


Mientras tanto, las corporaciones estadounidenses en crisis se beneficiaron de una ayuda de más de $14,4 billones de dólares (Bloomberg solicitó 12,8 billones) de dinero público, de fondos combinados entre el Tesoro y la Reserva Federal, provenientes mayoritariamente de los contribuyentes estadounidenses, que en su mayoría son trabajadores, empleados y jubilados.


Los banqueros que se beneficiaron del rescate con dinero público invirtieron los préstamos sin interés o con bajas tasas de interés y ganaron miles de millones, la mayor parte de los cuales provino de ejecuciones hipotecarias de viviendas de la clase trabajadora.


A través de resoluciones judiciales favorables y ejecuciones hipotecarias ilegales, los banqueros desalojaron a 9,3 millones de familias. Más de 20 millones de personas perdieron sus propiedades, a menudo debido a deudas ilegales o fraudulentas.


Una pequeña cantidad de estafadores financieros, incluyendo ejecutivos de los principales bancos de Wall Street (Goldman Sachs, J. P. Morgan y otros), pagaron multas, pero nadie fue a la cárcel por el gigantesco fraude que causó la miseria de millones de estadounidenses.


Hay otros banqueros estafadores, como el actual Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, que se enriquecieron con ejecuciones hipotecarias ilegales de miles de viviendas en California. Algunos fueron enjuiciados, pero todos fueron exonerados, gracias a la ayuda dada por líderes del Partido Demócrata durante el gobierno de Obama.


Silicon Valley y sus multimillonarios innovadores hallaron nuevas maneras de evadir impuestos usando paraísos fiscales en el exterior y deducciones impositivas dentro del país. Incrementan su riqueza y las ganancias corporativas pagando localmente salarios en el umbral de pobreza a sus trabajadores manuales y de servicios. Los ejecutivos de Silicon Valley “ganan” mil veces más que los trabajadores del sector productivo.


Las desigualdades de clase son enfatizadas con las divisiones étnicas: los multimillonarios blancos, chinos e indios (de la India) explotan a trabajadores afroamericanos, latinoamericanos, vietnamitas y filipinos.


Los multimillonarios en conglomerados comerciales como Walmart, explotan a los trabajadores pagándoles salarios de miseria y proveyéndoles beneficios escasos o nulos. Walmart obtiene $16 mil millones de dólares de ganancias por año gracias a que solo le pagan a sus trabajadores entre $10 y $13 dólares por hora y dependen de la asistencia estatal y federal para que le brinde a las familias empobrecidas el servicio Medicaid [1] y cupones para alimentos. El plutócrata de Amazon Jeff Bezos explota trabajadores pagándoles $12,5 por hora mientras que él ha acumulado más de $80 mil millones de dólares en ganancias. El CEO de la empresa UPS gana $11 millones por año explotando a sus trabajadores con un pago de $11 por hora. El CEO de Federal Express, Fred Smith, gana $16 millones anuales y le paga a sus trabajadores $11 por hora.
La desigualdad no es un resultado de la “tecnología” ni de la “educación” -eufemismos contemporáneos que alimentan el culto de superioridad de la clase dominante- como les gusta decir a los economistas y periodistas liberales y conservadores. La desigualdad es el resultado de los salarios bajos, las enormes ganancias corporativas, las estafas financieras, la evasión impositiva multimillonaria y la entrega de miles de millones del tesoro público a las corporaciones. La clase gobernante domina la “tecnología” de explotar el Estado a través del saqueo de su erario y de la clase trabajadora. La explotación capitalista de trabajadores del sector productivo con salarios bajos provee miles de millones adicionales a las fundaciones filantrópicas multimillonarias asociadas para pulir su imagen pública usando otra forma de evasión de impuestos: las “donaciones”, que sirven para exaltar su propia importancia.


Los trabajadores pagan impuestos desproporcionados en educación, salud, servicios públicos y sociales y subsidios a los multimillonarios.


Los multimillonarios en la industria armamentista y los conglomerados de seguridad y mercenarios reciben más de $700 mil millones de dólares del presupuesto federal, mientras que más de 100 millones de trabajadores estadounidenses carecen de atención sanitaria adecuada y sus hijos asisten a escuelas en edificios deteriorados.


Trabajadores y jefes: tasas de mortalidad


Los multimillonarios y sus familias disfrutan de una vida más larga y saludable que los trabajadores. No necesitan ni de seguros médicos ni de hospitales públicos. Un CEO vive un promedio de diez años más que un trabajador y disfruta de veinte años más de condiciones de vida saludable.


La atención médica privada provee los tratamientos más avanzados y seguros, incluyendo los medicamentos más efectivos, lo que permite que los multimillonarios y su familia vivan más y en mejores condiciones. La calidad del servicio médico en general, y la alta capacitación de los profesionales a cargo presentan un agudo contraste con el servicio médico disponible para el resto de la población. Esta situación crea un apartheid, o sistema segregado, en la atención médica en EE.UU.


Los trabajadores son tratados y maltratados por el sistema de salud: Reciben tratamiento médico inadecuado y, a menudo, inepto; atención superficial de parte de asistentes médicos sin experiencia y terminan siendo víctimas de una extendida práctica de exceso de medicación con narcóticos y otros medicamentos altamente adictivos. La medicación excesiva recetada por “profesionales” incompetentes ha contribuido de manera significativa a la muerte precoz de trabajadores, ha incrementado los casos de sobredosis de opiáceos, discapacidad causada por adicciones y el descenso en la pobreza, que muchas veces trae consigo la pérdida del hogar. Estas prácticas irresponsables han creado ganancias multimillonarias adicionales a las empresas aseguradoras de élite, las cuales pueden suspender las pensiones y las responsabilidades de los seguros médicos cuando los trabajadores lesionados, enfermos, discapacitados o adictos salen del sistema o mueren.


La reducción de la expectativa de vida de los trabajadores y miembros de su familia es un motivo de celebración para Wall Street y la prensa financiera. Más de 560.000 trabajadores murieron por el uso de opiáceos entre 1999 y 2015, lo que contribuyó a bajar la expectativa de vida de los asalariados y redujo las responsabilidades para pagar pensiones tanto de Wall Street como del Seguro Social (Social Security).


Las desigualdades son acumulativas y afectan a varias generaciones y sectores sociales.


Las familias de los multimillonarios, hijos y nietos, heredan miles de millones. Tienen acceso privilegiado a las escuelas y a las clínicas más prestigiosas; y convenientemente se enamoran de personas igualmente privilegiadas y bien conectadas con las que unen fortunas y forman imperios financieros aún más grandes. Su riqueza les permite comprar una cobertura de prensa favorable, incluso servil, y les garantiza acceso a los abogados y contadores más influyentes para encubrir estafas y evasión impositiva.


Los multimillonarios contratan a innovadores y managers de maquilas -con diplomas en negocios (MBA)- para que inventen nuevas maneras de recortar los salarios,

incrementar la productividad y asegurarse de que las desigualdades se profundicen aún más. Los multimillonarios no tienen que ser ni los más brillantes ni los más innovadores, puesto que ellos pueden simplemente comprar en el “libre mercado” ese talento y descartarlo a su antojo.


Los multimillonarios compran a otros o se unen a otros, formando directorios entrelazados (interlocking directorates [2] ). Bancos, tecnología de la información, fábricas, almacenamiento, alimentos, artefactos, laboratorios farmacéuticos y hospitales están directamente relacionados con las élites políticas que se deslizan por las puertas rotatorias para reunirse con el FMI, el Banco Mundial, el Tesoro de EE.UU., los bancos de Wall Street y los prestigiosos bufetes de abogados.


Consecuencias de las desigualdades


En primer lugar, los multimillonarios y sus asociados políticos, legales y corporativos ejercen un dominio sobre los partidos políticos. Designan a los líderes y a todo aquel que desempeñe un puesto clave asegurándose que los presupuestos y las medidas políticas incrementarán sus ganancias, erosionarán los beneficios sociales de las masas y debilitarán el poder político de las organizaciones populares.


En segundo lugar, se traslada el peso de la crisis económica sobre los hombros de los trabajadores: los echan y los vuelven a contratar a tiempo parcial, como mano de obra temporal. Los rescates con dinero público, aportado por los pagan impuestos, son subsidios que los multimillonarios reciben gracias a la doctrina que sostiene que los bancos de Wall Street son demasiado grandes para fracasar y los trabajadores son demasiado débiles para defender su salario, trabajo y estándar de vida.


Los multimillonarios compran a las élites políticas, que a su vez designan a las autoridades del Banco Mundial y del FMI que tienen la tarea de establecer políticas que congelen o reduzcan los salarios, recorten las obligaciones de las corporaciones y de la salud pública y aumenten las ganancias privatizando empresas públicas y facilitando el traslado de las corporaciones a países con salarios e impuestos más bajos.


Como resultado, los trabajadores -que reciben pago por hora o por mes- están menos organizados y tienen menos influencia; trabajan más por menos dinero, sufren mayor inseguridad laboral y más lesiones -físicas y mentales- en el lugar de trabajo, caen en el deterioro y la discapacidad, salen del sistema, mueren anticipadamente y más pobres y, en el proceso, proveen ganancias inimaginables para la clase multimillonaria. Incluso las adicciones y la muerte son fuente de ganancia -como puede atestiguar la familia Sackler, fabricante de Oxycontin [3] .


Los multimillonarios y sus acólitos políticos sostienen que una agudización del sistema impositivo regresivo incrementaría inversiones y puestos de trabajo. Los datos dicen otra cosa. El grueso de las ganancias repatriadas se usan para comprar acciones de la propia cartera con el fin de incrementar las ganancias de sus inversores; no se invierten en la economía productiva. Los conglomerados entienden que menos impuestos y más ganancias es igual a más compras de empresas (más concentración) y mayor migración hacia países con salarios más bajos. En realidad, los impuestos son menos de la mitad de lo que dice la tasa y son un factor principal en la agudización de la concentración de riqueza y poder -ambos causa y efecto a la vez.


Las élites corporativas, los multimillonarios del complejo Silicon Valley-Wall Street están relativamente satisfechos de que sus preciosas desigualdades sean garantizadas y expandidas con los presidentes Demócratas y Republicanos, mientras continúan los “buenos tiempos”.


Lejos de la élite multimillonaria, los capitalistas locales también claman por mayor inversión pública en infraestructura para expandir la economía interna, menos impuestos para aumentar las ganancias y más subsidios estatales para incrementar la capacitación de la fuerza de trabajo mientras se reducen los fondos para salud y educación pública. No son conscientes de la contradicción que esto involucra.


Dicho de otra manera, la clase capitalista como un todo, la nacional y la internacional, persiguen las mismas políticas regresivas, promoviendo la desigualdad en su lucha por incrementar su parte en las ganancias.


Ciento cincuenta millones de contribuyentes asalariados han sido excluidos de las decisiones socio-políticas que influyen directamente en su salario, empleo, tasas de impuestos y representación política.


Ellos entienden o por los menos tienen la vivencia de cómo funciona el sistema de clases. La mayoría de los trabajadores conocen las injusticias derivadas de los falsos “tratados de libre comercio” y del sistema impositivo regresivo que abruman a la mayoría de los trabajadores.


Sin embargo, la desesperación y hostilidad del trabajador se enfoca directamente contra los “inmigrantes” y contra los “liberales” que han apoyado la importación de mano de obra barata y poco calificada con el disfraz de “libertad”. Esta imagen “políticamente correcta” de la mano de obra importada sirve para encubrir una política que ha servido para abaratar los salarios, beneficios y condiciones de vida del trabajador de EE.UU, ya sea en la tecnología, construcción o sector productivo. Los conservadores adinerados, por otra parte, se oponen a la inmigración con el disfraz de “ley y orden” y para bajar el gasto social -a pesar del hecho de que todos ellos usan los servicios de niñeras, tutores, enfermeras, doctores y jardineros. Sus sirvientes pueden también ser deportados si fuera conveniente.


Los temas planteados a favor o en contra de los inmigrantes eluden la causa de origen de la explotación económica y la degradación social de la clase trabajadora: la alianza entre la clase multimillonaria y la élite política.


Para revertir las prácticas impositivas de carácter regresivo y la evasión de impuestos, los bajos salarios y el incremento de las tasas de mortalidad causado por narcóticos y otras causas que se pueden prevenir -que redundan en ganancias para las compañías aseguradoras y la industria farmacéutica- es necesario forjar alianzas que conecten a los trabajadores, pensionados, estudiantes, discapacitados, ciudadanos desalojados, deudores, subempleados e inmigrantes como una fuerza política unificada.
¡Es más fácil decirlo que hacerlo, pero al menos hay que intentarlo! Absolutamente todo está en juego: vida, salud y felicidad.

Traducido para Rebelión por Silvia Arana

Notas de la traductora:

________________________________________
[1] Medicaid es un programa que provee servicios médicos a las personas de recursos limitados. Cofinanciado por el gobierno federal y los gobiernos estatales, es administrado por cada estado, el que tiene amplio poder de decisión para determinar quién puede acceder al programa.
[2] Intelocking directorate se refiere a la relación entre miembros de directorios de diferentes corporaciones en la que la misma persona forma parte de varios directorios. La conexión cobra mayor relevancia cuando los productos de las empresas involucradas se supone que deben competir en el mismo mercado, pero, por conflicto de intereses no lo hacen y, por tanto, no cumplen con las leyes federales antimonopólicas, como la ley Clayton, que prohíbe específicamente la existencia de directorios entrelazados.
[3] Oxycontin: analgésico opiáceo de acción prolongada.

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Miércoles, 04 Octubre 2017 07:20

Cataluña: cuando la democracia es ilegal

 

Europa es testigo de la movilización popular y del ejercicio de disciplina civil más importantes en su historia contemporánea. Es la enseñanza que ha dado Cataluña, lección que tiene múltiples perfiles. Entre otras cosas, Cataluña ha vuelto a mostrar que la democracia no es compatible con la injusticia, y mucho menos con la represión.

Pero hay otro corolario que se desprende de los hechos del primero de octubre. La fractura del reino de España es absoluta y no tiene compostura. En sus obsoletas ideas de Estado ha demostrado por la vía de los hechos que la democracia es ilegal, peligrosa y que no será tolerada. Las declaraciones del rey de España y los actos de gobierno del señor Mariano Rajoy, presidente del gobierno, no dejan lugar a dudas: la esencia del franquismo no es ajena a la política de clase que impera en el reino de España. La unidad de España antes que nada, incluso antes del diálogo político y antes que la razón de la justicia.

Aunque la corrupción contamina la clase política que hoy condena el referendo del primero de octubre, sus miembros no han titubeado en apoyar el peor acto de represión en gran escala que se ha presentado en los últimos cuatro decenios en España. Olvidan que la represión puede frenar momentáneamente un proceso político, pero no lo puede desaparecer. Las imágenes de las cargas de la policía nacional y la guardia civil en contra de manifestantes, votantes, funcionarios electorales marcarán por siempre la bancarrota política del gobierno español. Pero aun con el lujo de la fuerza, el gobierno en Madrid no ha podido desarticular el referendo. Rajoy ha olvidado el sabio consejo de Talleyrand a Napoleón, Sire, las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no para sentarse sobre ellas.

El tema de la legalidad rodea los debates sobre el referendo catalán. Pero con frecuencia se olvida la delicada conexión que debe existir entre ese concepto, la legitimidad y la justicia. Hablar de legalidad como si fuera una entelequia que existe en el vacío no tiene sentido. Hay que recordar que en la Alemania nazi también se hablaba de la necesidad de hacer respetar la legalidad por encima de todo. También había reglamentos y un orden en Auschwitz.

La represión que desencadenó el gobierno en Madrid en contra del pueblo de Cataluña no deja lugar a dudas sobre el verdadero sentido de la legalidad que el gobierno español quiere imponer y hacer respetar. La suya es la de una clase que sólo habla el lenguaje burdo de la dominación.

Es la misma noción de legalidad que subyace la aprobación de las reformas al artículo 135 de la constitución española en 2011. Ese precepto hoy cristaliza con gran claridad los principios a los que debe someterse todo el pueblo de España, y no sólo el catalán. En su parte medular, ese precepto impone la absurda máxima de la estabilidad presupuestaria, prohibiendo al Estado y a las comunidades autónomas incurrir en un déficit que supere los márgenes fijados por la Unión Europea. Pero lo más grave es su párrafo tercero que estipula que el pago de los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública gozará de prioridad absoluta. Es decir, por encima de cualquier inversión en salud, educación, vivienda e infraestructura, están los derechos de los acreedores, aunque los créditos estén manchados de corrupción y envenenados por la especulación.

Pero ese artículo 135 contiene otro pasaje revelador: La actual situación económica y financiera no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el principio de referencia a nuestra Constitución. Es claro que esta pseudo-justificación se refiere a uno de los momentos más álgidos de la crisis financiera. Pero esa oración, que parece escapó de los considerandos de la iniciativa de reforma, no tiene sentido como parte de un texto constitucional.

Así, la constitución que hoy es enarbolada como eje vertebral y casi eterno de la España unida es evidenciada en el artículo 135 como algo que se puede acomodar a las circunstancias si los señores del dinero así lo disponen. ¿La coyuntura de una crisis financiera elevada a rango constitucional? Todo se vale con tal de consolidar el dominio de los acreedores sobre el pueblo español. En cambio nada importa cuando se trata de un referendo y el derecho a la libre determinación de una nación.

El mensaje del rey de España, Felipe VI, es la evidencia de esa rigidez que caracteriza a los estados oligárquicos. Lejos de elevar el nivel del diálogo y de la deliberación política seria, la alocución del rey envía una señal unilateral de dureza y de respaldo absoluto a Rajoy. Censura a los catalanes, pero ni una palabra sobre la represión que el gobierno desencadenó para impedir el referendo. Ni siquiera una señal de apertura para retomar un diálogo, incluso dentro de los estrechos límites del actual Estado español. Queda claro que Felipe VI no es un estadista. El mensaje final es duro y contundente: no habrá solución negociada y sólo queda la fuerza como medio de comunicación. En este paisaje, la lucha del pueblo catalán es otro capítulo de la contienda por los valores de la democracia y la república.

 

Twitter: @anadaloficial

 

 

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Desde su primer discurso en el palacio bogotano de Nariño, hasta su despedida en el realismo mágico de Cartagena de Indias, el papa Francisco hizo de la paz, la esperanza, la reconciliación y el perdón los ejes centrales de un discurso, difícil de ser digerido por una derecha colombiana, alimentada y soportada por la jerarquía católica desde los tiempos de la Conquista, contraria a la paz y la reconciliación, consciente de que la guerra le ha dado poder, riqueza e impunidad.


Quizá no esperaban los poderosos sectores ultraconservadores –defensores de la guerra- escuchar un mensaje de inclusión política democrática del Papa, quien señaló que “todos somos necesarios para crear y formar la sociedad, esta no se hace sólo con algunos de pura sangre, sino con todos, y aquí radica la grandeza de un país en el que todos tienen cabida y todos son importantes”,


El Papa llamó a desoír “la cizaña” que les impide llegar a la paz, y dentro de esa categorización incluía la del ex presidente Uribe, quien en su misiva le señalaba que “nunca nos hemos opuesto a la paz, sin embargo, la impunidad total a los responsables de delitos atroces, su elegibilidad política, la autorización legal que han recibido para gastar dineros ilícitos en sus actividades políticas, y otros puntos, se constituyen en estímulos al delito”.


En Villavicencio, donde se reunió con víctimas de la guerra, alertó sobre el terrorismo mediático: “no se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, sigan así”.


Renovarse y salir del confort


Ante más de un millón de fieles en Medellín, ciudad de profundas raíces católicas y otrora capital mundial del narcotráfico, el papa Francisco lanzó un fuerte llamado a la Iglesia católica a renovarse –con un discurso más progresista, por la lucha contra la desigualdad social y la pobreza, que llegue a las nuevas generaciones de campesinos, trabajadores, estudiantes- , dejar el confort e involucrarse en la reconciliación en países como Colombia, castigados por la violencia.


Francisco es consciente de que es importantísima la renovación en un escenario en el que las iglesias evangélicas vienen ganando en la captación de feligreses, y erigiéndose como administradoras de la fe religiosa, con mensajes y prácticas afines a los planteamientos de extrema derecha en toda la región.


Los mensajes de Francisco parecen sumar a las políticas del presidente Santos. Pero el debate en Colombia, donde el poder fáctico que maneja el país desde hace más de dos siglos y del que forma parte la jerarquía católica, seguirá en el marco de la campaña electoral.


Francisco, que desde 2013 ha promovido un clero más cercano a los pobres, frecordó que hace casi medio siglo, en esta ciudad la jerarquía católica de América Latina se comprometió en 1968 con la llamada "opción preferencial por los pobres". Y también que fue una de las que se opiso al acuerdo de paz con la guerrilla, alentada por el expresidente Álvaro Uribe, quien enfrenta acusaciones de paramilitarismo y genocidio.


Señaló que los sacerdotes y jerarcas eclesiásticos son "interpelados" por un "clamor de hambre y justicia", y que en Colombia además se espera que se comprometan en la reconciliación de una nación lacerada por medio siglo de enfrentamiento armado con millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.


Desde la ciudad con más templos en Colombia, el Papa pidió a la Iglesia a que se involucre más con los más desfavorecidos aunque para "algunos eso parezca ensuciarse, mancharse (...) son muchos los que tienen hambre, hambre de Dios, hambre de dignidad, porque han sido despojados", expresó. Antes les había recordado a los obispos que no eran "políticos" sino pastores, en una alusión a las voces que desde la jerarquía de la Iglesia han criticado el pacto con la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).


Francisco ha respaldado sin ambages los esfuerzos de paz del lpresidente Juan Manuel Santos, quien fuera ministro de Defensa de Uribe, pero también ha exigido "verdad y justicia" para las víctimas del conflicto, con cuyos representantes se reunió en Villavicencio.


La opción por los ricos


El documento presentado ante la Comisión de la Verdad se deja en claro que en el desarrollo de la violencia en Colombia algunos sectores y miembros de la iglesia católica la han promovido y justificado. La activa participación en ciclos de violencia de la Iglesia proviene desde la conquista y la colonización legitimando, bendiciendo o santificando la violencia.


Desde mediados del 19 los clérigos hicieron política en contra del partido liberal. El asunto religioso pareció definir las diferencias entre los liberales y conservadores. Desde 1930, luego de la pérdida de la hegemonía conservadora, la Iglesia se opuso a las reformas generando un clima de polarización política y social, aportando a la generación de un ambiente que desencadenó en un conflicto interpartidista que dio origen a la violencia, que se prolongó hasta finales de los 50, arrojó un saldo de más de 200.000 víctimas de muerte violenta.


Para la resolución de éste conflicto, en 1958 se firmó un pacto, el del Frente Nacional, una repartición del poder entre los dos partidos durante 16 años con la bendición de la iglesia Católica, que se benefició al consagrarse a Dios como fuente suprema de toda autoridad con reconocimiento de los dos partidos.


Toda esa verdad del pasado sobre el papel de la iglesia no ha significado una actitud de reconocimiento o de perdón explícito y claro, hasta ahora.


En desarrollo de la violencia desde 1960 hasta hoy, se ha conocido la intervención de personas, sectores, y de una interpretación de la doctrina católica que han instigado la violencia, poniéndose del lado de la doctrina conservadora, militar y paramilitar, que alentó la persecución genocida de liberales, comunistas, hasta de sectores progresistas de la misma iglesia católica y de otras iglesias. Otros, pocos sacerdotes, religiosas y religiosos, optaron, también, por la violencia, como vía para el cambio de la sociedad, haciendo parte de organizaciones rebeldes.


Llama la atención, sobre las graves consecuencias para la moral y la ética de la sociedad que agentes o documentos de la iglesia hayan sido promotores de violencia, impulsando cruzadas para exterminar a hijos e hijas de Dios por pensar distinto, por aspirar a un orden social que respete las libertades de las democracias modernas.
“La Comisión de la Verdad, al asumir un relato sobre el rol o el papel de sectores de la iglesia católica en la violencia sociopolítica, podrá, además de identificar esas responsabilidades, alentar a la imperiosa necesidad de alentar un mea culpa, un pedido de perdón, en un proceso de reconciliación y de transición democrática en Colombia, siendo un aporte a la búsqueda de la paz estable y duradera”, señala el documento.


Obispos y paramilitarismo


Más de dos decenas de obispos y sacerdotes católicos están acusados de tener vínculos con el paramilitarismo y habrían apoyado o justificado sus crímenes en varias regiones del país. Pacific School of Religion en Berkeley, California, y su programa de Changemaker Fellowship, realizaron un informe como insumo para la Comisión de la verdad, agrupando más de 40 casos en los que se demuestran la participación activa de la iglesia católica en la guerra.


Las pruebas van desde testimonios acerca de acciones realizadas por obispos y sacerdotes como documentos obispales en los que se invita a “combatir la amenaza comunista” y abarcan casi todos los departamentos de Colombia, especialmente Santander y Antioquia donde los obispos y sacerdotes participaron de manera importante en el actuar de las organizaciones paramilitares.


En 1984 se destacó el caso del cardenal López Trujillo, quien nunca desmintió los escándalos mediáticos frente a las relaciones existentes entre Pablo Escobar y sacerdotes de la diócesis de Medellín. No condenó a los sacerdotes vinculados con el narco paramilitarismo y defendió ante medios de comunicación extranjera a Pablo Escobar Gaviria.
En junio de 1986, el cardenal López Trujillo allanó junto con un sacerdote, un sicario y civiles armados, la parroquia de padre Eliseo Tobón de Medellín, con el fin de encontrar una carta firmada por 80 sacerdotes que denunciaban varios conflictos que sostenía el cardenal con otros sacerdotes y laicos y sus vínculos con el narcotráfico.


Generó con ayuda del sector conservador y católico de Alemania, la persecución a cristianos liberales, sobre todo a sacerdotes que basaban sus prácticas desde una perspectiva de la teología de la liberación, hostigando a varios miembros de esta institución eclesiástica y llegando al punto de expulsarlos de sus parroquias.


En 1971 y 1992 el monseñor Darío Castrillón, Obispo de Pereira, estableció nexos financieros con el narcotraficante Carlos Ledher Rivas, parte del Cartel de Medellín dirigido por Pablo Escobar Gaviria, llegando a bendecir el dinero del narcoparamilitar Lehder y sus posesiones terrenales.


En 1989 trascendió el enfrentamiento del obispo Castrillón con las misioneras de la Madre Laura, en razón de su trabajo con los indígenas en la diócesis de Pereira. El 15 de mayo de 1985, las misioneras denunciaron el crimen atroz del que fueron víctimas tres indígenas, entre ellos un niño, oriundos La Pradera, municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda. En la Conferencia Episcopal, Castrillón las acusó de distribuir propaganda marxista y las relacionó con la guerrilla del M-19.


En 1982, el paramilitar Ivan Roberto Duque, afirmó que el padre Carlos Enrique Ciro Parra, en el púlpito, en el confesionario, en las calles y en las reuniones de la comunidad, propagaba un discurso anticomunista, que señalaba a los partidarios de esta ideología como ateos y cercanos del diablo, discurso que se integró para el fortalecimiento y entrenamiento de las fuerzas paramilitares.


En 1993 y 1994 el padre Oscar Javier Palacio se vio involucrado con varios acciones del grupo paramilitar Los 12 apóstoles, que asesinó a 30 personas, supuestos insurgentes. En sus declaraciones ante la fiscalía reconoció sus actos, defendió a comerciantes y terratenientes y ocultó la identidad de quienes hacían parte de este grupo paramilitar.
El Capitán Meneses de la Policía de Yarumal, quien proporcionó armas a los 12 Apóstoles, afirmó que Palacios ocultó en su parroquia las municiones proporcionadas al grupo paramilitar y creó el fondo de seguridad, que tenía como fin sostener al grupo paramilitar.


Entre la fe, la política y el lucro


El resultado negativo del plebiscito para refrendar el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc dejó en evidencia que hay un sector determinante en las elecciones: las iglesias cristianas (no católicas). Su voto fue decisivo en el triunfo del No, y aunque Colombia es un país laico, las iglesias participan de forma abierta en las decisiones políticas. Pese a eso, no tienen la obligación de pagar ni un solo peso de impuestos.


Lo sucedido con el plebiscito generó que de forma masiva ciudadanos solicitaran que estas iglesias paguen impuestos. El diario El Espectador preguntó en el Ministerio de Hacienda, la Dian y la Red de Justicia Tributaria, ¿Cuánto dinero deja de recibir el Estado en impuestos por todas las iglesias que están exentas de pagar tributos? Nadie tiene la respuesta.


En los últimos tres años, se constituyeron 1.258 iglesias no católicas, más de una en promedio diario y se calcula que alcanzan un patrimonio bruto que se aproxima a los cinco mil millones de dólares.


Es claro que el Estado no tiene ni idea de cuánto deja de recibir por concepto de impuestos que no pagan las iglesias, asunto que ya genera debate ante la inminente radicación de la reforma tributaria que busca reorganizar y unificar los impuestos, y aunque no lo plantean con claridad, aumentar el recaudo para la paz y el posconflicto. Precisamente las iglesias, fueron determinante en el triunfo del No al plebiscito para la paz ¿Es hora de que tributen?, se pregunta El Espectador.


¿Fe o negocio?


En Colombia existen 5.552 parroquias, 76 jurisdicciones eclesiásticas, que incluyen 13 arquidiócesis, 56 diócesis (incluso el Obispado Castrense) y 10 vicariatos apostólicos. Funcionan 43 seminarios mayores y 46 menores, según la Conferencia Episcopal. Trabajan allí 8.600 sacerdotes, entre diocesanos y religiosos, para atender a millones de fieles. En Bogotá, por ejemplo, hay 876 sacerdotes por diócesis para un total de 7 millones 530 mil habitantes.
A eso se suma una población de religiosas estimada en 14.860 personas, 5.552 seminaristas, entre diocesanos y religiosos y 161 prelados, entre cardenales, arzobispos, obispos, vicarios apostólicos y el ordinario castrense.


Los colombianos entregan a la Iglesia Católica, por lo menos 4 mil millones de pesos (más de millón y medio de dólares) solo en limosnas . Una investigación de Caracol Radio estableció que en Colombia hay por lo menos 3 mil 779 parroquias católicas, a través de las cuales se recauda la millonaria cifra.


Ese ha sido uno de los eternos debates que han rodeado a las iglesias y confesiones que desde la décadas de los 90 han empezado a brotar por todo el país. Iglesias, libres de impuestos, pero activas en política


Según la legislación vigente, en Colombia las organizaciones sin ánimo de lucro, como por ejemplo las Organizaciones No Gubernamentales, gozan del beneficio tributario de estar exentos de declarar el impuesto sobre la renta. Este beneficio se extiende a las iglesias y confesiones religiosas del país, que a la luz de la ley, también son consideradas entidades sin ánimo de lucro.


Sin embargo, las diferentes Iglesias y confesiones religiosas reportaron durante el año 2013 un patrimonio cercano a los 9,7 billones de pesos (unos 5,2 millones de dólares en esa época) y más de cuatro billones de pesos (2.140 millones de dólares) por concepto de ingresos, según la administración fiscal.


El Ministerio del Interior certificó que a la fecha, en el país, están registradas 5.209 iglesias y en promedio, al mes, se reciben entre 30 y 50 solicitudes para registrar nuevas iglesias. Estas congregaciones, tan pronto reciben el certificado del gobierno, pueden ejercer sus actividades confesionales e inmediatamente recibir la mencionada exención tributaria, beneficio que era exclusivo de la Iglesia Católica hasta la Constitución de 1991, que declaró a Colombia como un Estado laico.


El ministerio del Interior tiene registradas cerca de 5.000 iglesias, pero la dirección impositiva habla de 7.000. La diferencia, según explica el director de la división de impuestos, Santiago Rojas, obedece en muchos casos a que se crean fundaciones (que no pagan impuestos), vinculadas a las iglesias, para evadir impuestos y trasladar un beneficio a una persona natural o una empresa constituida.


Pero la realidad es que la ultraderecha colombiana está acostumbrada a hacer oídos sordos a todo aquello que pueda ir contra sus intereses. Como antecedente (que no precisamente deba repetirse), en la anterior visita papal (Juan Pablo II en 1986), también se bendijo la paz recién firmada entre el gobierno y las FARC, pero meses después se desató el genocidio en contra del partido izquierdista Unión Patriótica.

Camilo Rengifo Marín
CLAE

Publicado en Colombia

‘Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo’ es el nuevo libro escrito por Decio Machado (Brasil-Ecuador) y Raúl Zibechi (Uruguay), una lectura necesaria para pensar el campo popular de la región, en tiempos donde el minuto a minuto electoral parece licuar las perspectivas críticas. De paso por Córdoba, invitado por el Colectivo de Investigación ‘El llano en llamas’, Zibechi repasó algunas observaciones del libro y otros análisis de coyuntura.


“Con el progresismo hubo más capitalismo”, plantea el colaborador de La Jornada, Brecha y La Vaca, entre otros medios del continente, y uno de los autores-activistas referente de las luchas de los movimientos antisistémicos. La frase no es mera provocación, tiene un sentido profundo en torno a la construcción de historias de vida en grandes masas de la población, con hondo alcance en el tipo de valores colectivos e individuales que este sistema configura y que pareció sorprender a más de uno a partir de los resultados de las elecciones de 2015.


El libro, editado por Autonomía-Pié de los hechos, “es un intento de hacer balance del periodo progresista y por otro lado desarmar algunas ideas falsas”. “Sostengo que en Cuba hubo una revolución, no sé si en Bolivia o en Venezuela hubo revolución ¿Pudo haber revolución que no haya tocado uno de elementos centrales del aparato estatal como las Fuerzas Armadas? Ahí comparamos los debates y procesos que hubo en Cuba con los que hubo en Bolivia y Venezuela. Queda para mí claro que no hubo proceso revolucionario”, señala el autor.


A eso agrega otro ítem, “el famoso tema de la desigualdad”. “En el periodo progresista disminuyó la pobreza, pero también disminuyó con los gobiernos conservadores. Pero no disminuyó la desigualdad, porque el extractivismo es una máquina de generar desigualdad. Entonces el trabajo busca poner en diálogo esos temas y mostrar que el progresismo tuvo cosas interesantes, como el empoderamiento de sectores populares, que es un efecto indirecto, pero que no todo lo que dice el progresismo de sí mismo es como lo dice”. Y además, resalta los “efectos negativos, como el consumismo o la dependencia de las políticas sociales del capital financiero, algo demostrado”. “Con un dinero del Estado por política social tengo una tarjeta con la que puedo comprar una moto o un plasma, eso es una expansión y profundización del capitalismo”.


El trabajo repasa, por ejemplo, el crecimiento del endeudamiento de los sectores populares en Brasil al tiempo que los bancos hicieron jugosos negocios durante el lulismo, como nunca antes. El trabajo se orienta a debatir dentro del propio campo popular y de las izquierdas acerca de los horizontes emancipatorios lejos de miradas posibilistas.
Frente a las urgencias que marcan los voceros del sistema de partidos, reacomodando nombres propios frente a cada elección, Zibechi deja un mensaje acerca de los caminos de emancipación colectiva que, entiende, serán duraderos si surgen de abajo, sin tener base en la tutela del Estado ni política social alguna, por más progresista que sea, en contextos donde “el modelo extractivo deja afuera a la mitad de la población”. “Debemos insistir, promover y fortalecer las alianzas urbano-rurales, la recuperación de tierras, la soberanía alimentaria como camino hacia la autonomía”.


Apuntes del libro


Entre las líneas de trabajo, el texto intenta pasar a discutir a partir de las diversas experiencias revolucionarias del siglo XX, y qué tipo de subjetividad han promovido las izquierdas en el poder. Con una marcada crítica a la visión teleológica del marxismo ortodoxo que confió ciegamente en la apropiación de los medios de producción controlados por Estados centralizados, sin cuestionar el productivismo irracional ni la persistencia de la monetización de la vida, el trabajo va pasando por textos surgidos al calor de la truncada sovietización rusa, los ricos debates de la revolución cultural china y las reflexiones sobre los objetivos que debiera tener la economía en la incipiente Cuba revolucionaria de la década del sesenta. Cuestiones como el trabajo voluntario, la relación campo-ciudad y la organización horizontal de la producción van siendo revisadas con profundas críticas y valiosos rescates en torno a textos de Lenín, Mao y Guevara, entre otros.


El libro recuerda las revueltas frente al neoliberalismo que atravesaron el continente en la larga década del noventa, para luego centrarse en analizar los progresismos, y compararlos en perspectiva histórica y coyuntural. Observar que bajo los gobierno del PT la parte más rica de Brasil concentra más recursos que durante el neolierbalismo, que la Colombia derechista redujo más la pobreza que la Revolución Ciudadana de Ecuador en el mismo período o el sensible aumento de las muertes a manos de la policía en Argentina durante el kirchnerismo comparado con la década anterior son datos que se van entremezclando con análisis de fondo acerca de los ‘límites del progresismo’.


El eje central del trabajo pasa por revindicar el conflicto social nacido desde abajo como motor de las grandes transformaciones estructurales de la sociedad en contraposición a las democracias electoralistas, que si bien han reducido la pobreza no han sacudido las estructuras profundas de la desigualdad en el continente: basta ver la situación de vivienda, salud pública y educación en las diversas geografías. Asimismo no han alterado las fuerzas de seguridad ni los mecanismos de participación y financiamiento de la política, aspectos clave en la construcción de otros horizontes emancipatorios.


Sin dejar de reconocer logros de estos gobiernos, el libro apunta a mantener vivo el sentido crítico en el campo de los ‘abajos’ o de los ‘movimientos antisistémicos’ contra cierta intelectualidad que “olvida los protagonistas populares que hicieron posible el ciclo progresista y sólo atienden al papel de los dirigentes que, en sintonía con toda tradición del pensamiento crítico, debemos considerar que juegan un papel secundario” (162). En América Latina, plantean los autores, la contra-hegemonía “significa poner en cuestión los componentes sustantivos de la modernidad: el predominio de la razón científica, el pensamiento ilustrado, el concepto de desarrollo y acumulación, así como nuestra relación de control y dominio de la naturaleza” (100).


Punteo de la coyuntura


Consultado sobre el actual escenario en la región, específicamente sobre Colombia y Venezuela, Zibechi reflexiona: “En algunas zonas campesinas, las FARC era un principio de orden y freno al narco aliado a los paramilitares. Esta transición fortalece el campo paramilitar. Veremos qué sucede. Pero la guerra contra los de abajo sigue, en forma de goteo, porque no cesa la muerte de dirigentes populares”. Mientras que en Venezuela observa “una puja muy fuerte de poder, donde el madurismo mantiene un apoyo electoral importante, pero también lo tiene la oposición”. “Es una sociedad partida al medio, y eso hace que sea cuestión de tiempo que estalle en un conflicto”. Zibechi expresa su rotundo rechazo y llama a “impedir la injerencia de Estados Unidos y las empresas extranjeras” y aclara que “eso no implica apoyo al madurismo, que entiendo está derivando en un creciente militarismo, donde el núcleo del poder está en las Fuerzas Armadas, lo cual significa un problema”.


En torno a este escenario, dice: “sin dejar de poner la mirada en la realidad local y el análisis de clase, hace falta prestar mucha más atención en el crecimiento exponencial de las tensiones internacionales. Hace diez años no me hubiese imaginado la situación actual de Siria ¿hoy es tan loco pensar esa situación en Venezuela donde Estados Unidos, Rusia y China tienen intereses? El escenario se está moviendo muy rápido, y nuestra capacidad de comprensión de la realidad internacional no se está moviendo tan rápido. Hago un llamado a pensar geopolíticamente desde los movimientos”.

 

Leonardo Rossi
La Tinta

Publicado en Sociedad
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