Lunes, 18 Septiembre 2017 08:05

Una reforma agraria al revés

La investigadora Silvia Ribeiro, una de las mayores investigadoras latinoamericanas, sostiene que Argentina y Brasil tienen el 21 por ciento del consumo de agrotóxicos. Seis multinacionales gigantes se reparten el mercado de semillas.

 

La amenaza que implica la fusión de las grandes empresas (como Bayer-Monsanto), el rol de la ciencia al servicio de las compañías, el peligro de los nuevos transgénicos y la necesidad de más agricultura campesina-indígena. Algunos de los temas que trabaja desde hace treinta años Silvia Ribeiro, una de las mayores investigadoras latinoamericanas sobre el agronegocio. Y una definición de los países de la región: “Han perdido soberanía por su dependencia extrema a un puñado de empresas biotecnológicas”.


Investigadora del Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración), Ribeiro fue una de las disertantes en el Encuentro Intercontinental Madre Tierra, una sola salud, organizado en Rosario por la materia Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas.


–¿Cómo evalúa la situación del agro en la región?


–América latina está dividida en dos en la situación agrícola. Está la república unida de la soja (Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil) y el resto. Hay que recordar que luego de 20 años de transgénicos, sólo diez países tienen el 90 por ciento de la producción. Quiere decir que los transgénicos nunca llegaron a ser el fenómeno omnipresente que nos quieren hacer creer.


–¿Cuáles son las características de estos países dominados por el modelo transgénico?


–La estructura agrícola ha sufrido un proceso de concentración corporativa y de reforma agraria al revés, concentró la tierra en menos manos. A eso hay que sumarle las enfermedades provocadas por los agrotóxicos. Un dato elocuente es que Argentina y Brasil tienen el 21 por ciento del consumo global de agrotóxicos. Si Monsanto-Bayer quieren poner condiciones inaceptables, las va a poder poner por el nivel de vulnerabilidad altísimo del país al depender de esas compañías. Han perdido soberanía por su dependencia extrema a un puñado de empresas biotecnológicas. El resto de América Latina se parece más a la media mundial. La mayor parte de alimentos la siguen produciendo los pequeños agricultores urbanos, campesinos, la pesca artesanal. El 70 por ciento del mundo se alimenta mediante la agricultura familiar y hay que profundizar ese camino.


–¿Cómo es el proceso de “megafusiones” de las empresas transgénicas?


–Una referencia es que hace veinte años Monsanto no tenía semillas y hoy es la más grande del mundo. Hace treinta años había más de 7000 empresas de semillas. Y ahora Monsanto tiene el 25 por ciento del mercado de todo tipo de semillas. Lo que ha pasado es que en 20 años se han dado más de 200 fusiones. Que terminan en lo que llamamos las seis gigantes genéticos. Son Monsanto, Syngenta, Dupont, Dow, Basf y Bayer. Estas empresas dominan el mercado mundial de semillas. Y todas son productoras de venenos. Primero concentran el mercado y luego comienzan las megafusiones. Monsanto-Bayer, Syngenta-ChenChina, Dow-Dupont controlan más del 60 por ciento del mercado total de semillas (no solo transgénicas) y el 71 por ciento del mercado de agrotóxicos. Cifras descabelladas. Ninguna oficina antimonopolio debiera aprobar esas fusiones.


–¿Cuál es el riesgo?


–Controlan precio, innovación e impacta en las políticas agrícolas. Países que están con un alto grado de agricultura industrial, como Argentina, pasan a estar en situación de vulnerabilidad. Incluso en términos de soberanía. Estas empresas tienen un poder de negociación que es mucho más que de negociación, es de imposición sobre un país, incluso con leyes a medida.


–Empresas y medios están con una campaña sobre los “nuevos transgénicos”. Ustedes remarcan críticas.


–Le llaman edición genómica. Cuenta con una gran maniobra de propaganda para no pasar por ninguna ley de bioseguridad.


–¿De qué se trata y qué riesgos implica?


–El desconocimiento que hay sobre las funciones del genoma es bastante amplio. Ahora nos quieren hacer creer que lo que hacen con los genes es como cambiar un texto, con pequeños cambios, que no impactaría en el sentido total. Y eso es mentira. Un ejemplo para entenderlo es como si tomaras los diez mandamientos en un idioma que no conocés, y le sacas una palabra, un “no”. Ellos te dicen que no implica nada. Pero es fundamental, modifica todo el sentido.


–¿Es una manipulación genética que no se conoce cómo impactará?


–Hay un desconocimiento muy grande no solo de para qué sirven los genes, se conocen algunas funciones, y no las interacciones entre sí ni las interacciones de los genes por razones externas, como ambientales. El genoma no es un mapa estático. El grado de incertidumbre es muy alto y claro que tampoco se sabe su impacto en la salud y el ambiente.


–¿Cuáles son estas nuevas tecnologías transgénicas?


–Son varias. La estrella es una que descubren en 2012, Crispr (“Repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas”). Una manera muy burda de explicar es que se trata de un GPS con un par de tijeras. Crispr es un GPS que te lleva a una parte específica del genoma, y Cas9 son las tijeras. Es una modificación genética con impactos impredecibles.


–¿Implica más transgénicos?


–Con estas nuevas tecnologías pueden producir cualquier tipo de transgénico. Resistencia a herbicidas, silenciar genes, agregar genes distintos. Lo quieren usar tanto en alimentos como en salud. Ellos dicen que es previsible, pero es todo lo contrario. Incluso con estas tecnologías pueden eliminar especias que ellos consideran molestas, como el amaranto, que no pueden controlar con los agrotóxicos. Monsanto y Dupont son los que más están impulsando.


–¿Cuál es el rol de la ciencia en este modelo?


–Con los científicos críticos ha habido una caza de brujas brutal. Dos ejemplos son (Gilles-Eric) Seralini en Francia y Andrés Carrasco en Argentina. El ataque mediático, económico y político es feroz con las voces críticas.
–¿Y sobre la ciencia dominante?


–En términos de política científica dominante es una ciencia mercenaria, vendida a los intereses de las corporaciones. Es una tecnociencia que busca resultados para las empresas.
–¿La opción?
–La parte esperanzadora que tiene que ver con este congreso, donde hay cada vez más personas, de muchas partes del mundo, críticas. Y también hay esperanza porque los campesinos están decididos a quedarse en la tierra que siempre vivieron.

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El presidente Lenín Moreno denuncia el hallazgo y se declara “extremadamente molesto” por no haber sido informado


Lenín Moreno ha comparecido este viernes ante los medios visiblemente enojado. Su rostro y su voz, inusualmente contrariados, acompañaban una denuncia contra Rafael Correa por haber dejado en el despacho presidencial una cámara oculta, que monitoreaba desde su teléfono móvil, sin haberle informado. "Sucede que el día de ayer estaba funcionando y no sabemos cuántas veces ha estado funcionando, porque fue por casualidad que el Servicio de Protección Presidencial se acercó, sintió algo caliente la pared y se dio cuenta de que la cámara estaba encendida", ha explicado Moreno.


La cámara oculta, según la denuncia presidencial, fue instalada hace siete u ocho años por orden del entonces presidente Rafael Correa y "todo el Servicio de Protección Presidencial (anterior) sabía de su existencia". Por eso, Moreno reclamó explícitamente a los miembros del cuerpo de seguridad de Correa y al exmandatario por no haber tenido "la delicadeza" de informarle de que había cámaras instaladas en su despacho en el Palacio de Carondelet, en Quito.


El hallazgo, denunciado públicamente, no solo evidenció una vez más el distanciamiento entre Lenín Moreno y su predecesor en el Gobierno de Ecuador, sino que levantó las suspicacias del mandatario. "Lo gracioso es que todo el mundo sabe que todos los días a las 8.00 se hace un barrido a las cámaras", ha explicado dando a entender que de forma intencionada se evitaba el control rutinario de los equipos, manteniendo en ese momento la cámara apagada para después poder "encenderla cuando quieran", según la sospecha del presidente que lleva en el cargo desde el 24 de mayo.


Ya en redes sociales, Moreno ha etiquetado de "delito de violación a la intimidad" lo descubierto y, según aseguró en la comparecencia, iniciará una investigación "bastante fuerte" para saber por qué "el general que dirigía el Servicio de Protección Presidencial en tiempo del señor Correa —que además viajó a dejar en Bélgica al señor Correa— no informó al Servicio de Protección Presidencial que empezó a dirigir el general Mosquera".


El expresidente Correa no ha dejado espacio para el silencio y pasado un par de horas desde la acusación pública de Moreno ha repetido con ironía, a través de su cuenta de Twitter, la denuncia de Moreno: "¡Cámara oculta manejada desde mi celular!". Y después le ha pedido que presente pruebas. "Si el presidente Moreno prueba aquello, que me vaya a la cárcel. Si no, que renuncie a la Presidencia, ni siquiera por malo, sino por ridículo. ¡Qué vergüenza!", publicó el líder de la autodenominada Revolución Ciudadana.


No es la primera vez que los dos dirigentes del movimiento Alianza PAIS evidencian su distanciamiento públicamente. En los 100 primeros días de su Gobierno, Lenín Moreno ha querido enterrar la crispación heredada de Correa con el sector privado y con la oposición a cambio de ofrecer diálogo. Además, ha señalado explícitamente los errores de gestión, la deuda acumulada y las irregularidades cometidas durante la Administración de Correa. El expresidente, además de explotar las redes sociales como vociferador de críticas, ha liderado a control remoto una espontánea oposición a Lenín Moreno dentro de su partido. En el último gran gesto de ruptura, tres asesores presidenciales —siendo del ala dura del correísmo— renunciaron a sus cargos para poder centrarse en la recuperación ideológica del movimiento Alianza PAIS

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Desde su primer discurso en el palacio bogotano de Nariño, hasta su despedida en el realismo mágico de Cartagena de Indias, el papa Francisco hizo de la paz, la esperanza, la reconciliación y el perdón los ejes centrales de un discurso, difícil de ser digerido por una derecha colombiana, alimentada y soportada por la jerarquía católica desde los tiempos de la Conquista, contraria a la paz y la reconciliación, consciente de que la guerra le ha dado poder, riqueza e impunidad.


Quizá no esperaban los poderosos sectores ultraconservadores –defensores de la guerra- escuchar un mensaje de inclusión política democrática del Papa, quien señaló que “todos somos necesarios para crear y formar la sociedad, esta no se hace sólo con algunos de pura sangre, sino con todos, y aquí radica la grandeza de un país en el que todos tienen cabida y todos son importantes”,


El Papa llamó a desoír “la cizaña” que les impide llegar a la paz, y dentro de esa categorización incluía la del ex presidente Uribe, quien en su misiva le señalaba que “nunca nos hemos opuesto a la paz, sin embargo, la impunidad total a los responsables de delitos atroces, su elegibilidad política, la autorización legal que han recibido para gastar dineros ilícitos en sus actividades políticas, y otros puntos, se constituyen en estímulos al delito”.


En Villavicencio, donde se reunió con víctimas de la guerra, alertó sobre el terrorismo mediático: “no se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, sigan así”.


Renovarse y salir del confort


Ante más de un millón de fieles en Medellín, ciudad de profundas raíces católicas y otrora capital mundial del narcotráfico, el papa Francisco lanzó un fuerte llamado a la Iglesia católica a renovarse –con un discurso más progresista, por la lucha contra la desigualdad social y la pobreza, que llegue a las nuevas generaciones de campesinos, trabajadores, estudiantes- , dejar el confort e involucrarse en la reconciliación en países como Colombia, castigados por la violencia.


Francisco es consciente de que es importantísima la renovación en un escenario en el que las iglesias evangélicas vienen ganando en la captación de feligreses, y erigiéndose como administradoras de la fe religiosa, con mensajes y prácticas afines a los planteamientos de extrema derecha en toda la región.


Los mensajes de Francisco parecen sumar a las políticas del presidente Santos. Pero el debate en Colombia, donde el poder fáctico que maneja el país desde hace más de dos siglos y del que forma parte la jerarquía católica, seguirá en el marco de la campaña electoral.


Francisco, que desde 2013 ha promovido un clero más cercano a los pobres, frecordó que hace casi medio siglo, en esta ciudad la jerarquía católica de América Latina se comprometió en 1968 con la llamada "opción preferencial por los pobres". Y también que fue una de las que se opiso al acuerdo de paz con la guerrilla, alentada por el expresidente Álvaro Uribe, quien enfrenta acusaciones de paramilitarismo y genocidio.


Señaló que los sacerdotes y jerarcas eclesiásticos son "interpelados" por un "clamor de hambre y justicia", y que en Colombia además se espera que se comprometan en la reconciliación de una nación lacerada por medio siglo de enfrentamiento armado con millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.


Desde la ciudad con más templos en Colombia, el Papa pidió a la Iglesia a que se involucre más con los más desfavorecidos aunque para "algunos eso parezca ensuciarse, mancharse (...) son muchos los que tienen hambre, hambre de Dios, hambre de dignidad, porque han sido despojados", expresó. Antes les había recordado a los obispos que no eran "políticos" sino pastores, en una alusión a las voces que desde la jerarquía de la Iglesia han criticado el pacto con la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).


Francisco ha respaldado sin ambages los esfuerzos de paz del lpresidente Juan Manuel Santos, quien fuera ministro de Defensa de Uribe, pero también ha exigido "verdad y justicia" para las víctimas del conflicto, con cuyos representantes se reunió en Villavicencio.


La opción por los ricos


El documento presentado ante la Comisión de la Verdad se deja en claro que en el desarrollo de la violencia en Colombia algunos sectores y miembros de la iglesia católica la han promovido y justificado. La activa participación en ciclos de violencia de la Iglesia proviene desde la conquista y la colonización legitimando, bendiciendo o santificando la violencia.


Desde mediados del 19 los clérigos hicieron política en contra del partido liberal. El asunto religioso pareció definir las diferencias entre los liberales y conservadores. Desde 1930, luego de la pérdida de la hegemonía conservadora, la Iglesia se opuso a las reformas generando un clima de polarización política y social, aportando a la generación de un ambiente que desencadenó en un conflicto interpartidista que dio origen a la violencia, que se prolongó hasta finales de los 50, arrojó un saldo de más de 200.000 víctimas de muerte violenta.


Para la resolución de éste conflicto, en 1958 se firmó un pacto, el del Frente Nacional, una repartición del poder entre los dos partidos durante 16 años con la bendición de la iglesia Católica, que se benefició al consagrarse a Dios como fuente suprema de toda autoridad con reconocimiento de los dos partidos.


Toda esa verdad del pasado sobre el papel de la iglesia no ha significado una actitud de reconocimiento o de perdón explícito y claro, hasta ahora.


En desarrollo de la violencia desde 1960 hasta hoy, se ha conocido la intervención de personas, sectores, y de una interpretación de la doctrina católica que han instigado la violencia, poniéndose del lado de la doctrina conservadora, militar y paramilitar, que alentó la persecución genocida de liberales, comunistas, hasta de sectores progresistas de la misma iglesia católica y de otras iglesias. Otros, pocos sacerdotes, religiosas y religiosos, optaron, también, por la violencia, como vía para el cambio de la sociedad, haciendo parte de organizaciones rebeldes.


Llama la atención, sobre las graves consecuencias para la moral y la ética de la sociedad que agentes o documentos de la iglesia hayan sido promotores de violencia, impulsando cruzadas para exterminar a hijos e hijas de Dios por pensar distinto, por aspirar a un orden social que respete las libertades de las democracias modernas.
“La Comisión de la Verdad, al asumir un relato sobre el rol o el papel de sectores de la iglesia católica en la violencia sociopolítica, podrá, además de identificar esas responsabilidades, alentar a la imperiosa necesidad de alentar un mea culpa, un pedido de perdón, en un proceso de reconciliación y de transición democrática en Colombia, siendo un aporte a la búsqueda de la paz estable y duradera”, señala el documento.


Obispos y paramilitarismo


Más de dos decenas de obispos y sacerdotes católicos están acusados de tener vínculos con el paramilitarismo y habrían apoyado o justificado sus crímenes en varias regiones del país. Pacific School of Religion en Berkeley, California, y su programa de Changemaker Fellowship, realizaron un informe como insumo para la Comisión de la verdad, agrupando más de 40 casos en los que se demuestran la participación activa de la iglesia católica en la guerra.


Las pruebas van desde testimonios acerca de acciones realizadas por obispos y sacerdotes como documentos obispales en los que se invita a “combatir la amenaza comunista” y abarcan casi todos los departamentos de Colombia, especialmente Santander y Antioquia donde los obispos y sacerdotes participaron de manera importante en el actuar de las organizaciones paramilitares.


En 1984 se destacó el caso del cardenal López Trujillo, quien nunca desmintió los escándalos mediáticos frente a las relaciones existentes entre Pablo Escobar y sacerdotes de la diócesis de Medellín. No condenó a los sacerdotes vinculados con el narco paramilitarismo y defendió ante medios de comunicación extranjera a Pablo Escobar Gaviria.
En junio de 1986, el cardenal López Trujillo allanó junto con un sacerdote, un sicario y civiles armados, la parroquia de padre Eliseo Tobón de Medellín, con el fin de encontrar una carta firmada por 80 sacerdotes que denunciaban varios conflictos que sostenía el cardenal con otros sacerdotes y laicos y sus vínculos con el narcotráfico.


Generó con ayuda del sector conservador y católico de Alemania, la persecución a cristianos liberales, sobre todo a sacerdotes que basaban sus prácticas desde una perspectiva de la teología de la liberación, hostigando a varios miembros de esta institución eclesiástica y llegando al punto de expulsarlos de sus parroquias.


En 1971 y 1992 el monseñor Darío Castrillón, Obispo de Pereira, estableció nexos financieros con el narcotraficante Carlos Ledher Rivas, parte del Cartel de Medellín dirigido por Pablo Escobar Gaviria, llegando a bendecir el dinero del narcoparamilitar Lehder y sus posesiones terrenales.


En 1989 trascendió el enfrentamiento del obispo Castrillón con las misioneras de la Madre Laura, en razón de su trabajo con los indígenas en la diócesis de Pereira. El 15 de mayo de 1985, las misioneras denunciaron el crimen atroz del que fueron víctimas tres indígenas, entre ellos un niño, oriundos La Pradera, municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda. En la Conferencia Episcopal, Castrillón las acusó de distribuir propaganda marxista y las relacionó con la guerrilla del M-19.


En 1982, el paramilitar Ivan Roberto Duque, afirmó que el padre Carlos Enrique Ciro Parra, en el púlpito, en el confesionario, en las calles y en las reuniones de la comunidad, propagaba un discurso anticomunista, que señalaba a los partidarios de esta ideología como ateos y cercanos del diablo, discurso que se integró para el fortalecimiento y entrenamiento de las fuerzas paramilitares.


En 1993 y 1994 el padre Oscar Javier Palacio se vio involucrado con varios acciones del grupo paramilitar Los 12 apóstoles, que asesinó a 30 personas, supuestos insurgentes. En sus declaraciones ante la fiscalía reconoció sus actos, defendió a comerciantes y terratenientes y ocultó la identidad de quienes hacían parte de este grupo paramilitar.
El Capitán Meneses de la Policía de Yarumal, quien proporcionó armas a los 12 Apóstoles, afirmó que Palacios ocultó en su parroquia las municiones proporcionadas al grupo paramilitar y creó el fondo de seguridad, que tenía como fin sostener al grupo paramilitar.


Entre la fe, la política y el lucro


El resultado negativo del plebiscito para refrendar el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc dejó en evidencia que hay un sector determinante en las elecciones: las iglesias cristianas (no católicas). Su voto fue decisivo en el triunfo del No, y aunque Colombia es un país laico, las iglesias participan de forma abierta en las decisiones políticas. Pese a eso, no tienen la obligación de pagar ni un solo peso de impuestos.


Lo sucedido con el plebiscito generó que de forma masiva ciudadanos solicitaran que estas iglesias paguen impuestos. El diario El Espectador preguntó en el Ministerio de Hacienda, la Dian y la Red de Justicia Tributaria, ¿Cuánto dinero deja de recibir el Estado en impuestos por todas las iglesias que están exentas de pagar tributos? Nadie tiene la respuesta.


En los últimos tres años, se constituyeron 1.258 iglesias no católicas, más de una en promedio diario y se calcula que alcanzan un patrimonio bruto que se aproxima a los cinco mil millones de dólares.


Es claro que el Estado no tiene ni idea de cuánto deja de recibir por concepto de impuestos que no pagan las iglesias, asunto que ya genera debate ante la inminente radicación de la reforma tributaria que busca reorganizar y unificar los impuestos, y aunque no lo plantean con claridad, aumentar el recaudo para la paz y el posconflicto. Precisamente las iglesias, fueron determinante en el triunfo del No al plebiscito para la paz ¿Es hora de que tributen?, se pregunta El Espectador.


¿Fe o negocio?


En Colombia existen 5.552 parroquias, 76 jurisdicciones eclesiásticas, que incluyen 13 arquidiócesis, 56 diócesis (incluso el Obispado Castrense) y 10 vicariatos apostólicos. Funcionan 43 seminarios mayores y 46 menores, según la Conferencia Episcopal. Trabajan allí 8.600 sacerdotes, entre diocesanos y religiosos, para atender a millones de fieles. En Bogotá, por ejemplo, hay 876 sacerdotes por diócesis para un total de 7 millones 530 mil habitantes.
A eso se suma una población de religiosas estimada en 14.860 personas, 5.552 seminaristas, entre diocesanos y religiosos y 161 prelados, entre cardenales, arzobispos, obispos, vicarios apostólicos y el ordinario castrense.


Los colombianos entregan a la Iglesia Católica, por lo menos 4 mil millones de pesos (más de millón y medio de dólares) solo en limosnas . Una investigación de Caracol Radio estableció que en Colombia hay por lo menos 3 mil 779 parroquias católicas, a través de las cuales se recauda la millonaria cifra.


Ese ha sido uno de los eternos debates que han rodeado a las iglesias y confesiones que desde la décadas de los 90 han empezado a brotar por todo el país. Iglesias, libres de impuestos, pero activas en política


Según la legislación vigente, en Colombia las organizaciones sin ánimo de lucro, como por ejemplo las Organizaciones No Gubernamentales, gozan del beneficio tributario de estar exentos de declarar el impuesto sobre la renta. Este beneficio se extiende a las iglesias y confesiones religiosas del país, que a la luz de la ley, también son consideradas entidades sin ánimo de lucro.


Sin embargo, las diferentes Iglesias y confesiones religiosas reportaron durante el año 2013 un patrimonio cercano a los 9,7 billones de pesos (unos 5,2 millones de dólares en esa época) y más de cuatro billones de pesos (2.140 millones de dólares) por concepto de ingresos, según la administración fiscal.


El Ministerio del Interior certificó que a la fecha, en el país, están registradas 5.209 iglesias y en promedio, al mes, se reciben entre 30 y 50 solicitudes para registrar nuevas iglesias. Estas congregaciones, tan pronto reciben el certificado del gobierno, pueden ejercer sus actividades confesionales e inmediatamente recibir la mencionada exención tributaria, beneficio que era exclusivo de la Iglesia Católica hasta la Constitución de 1991, que declaró a Colombia como un Estado laico.


El ministerio del Interior tiene registradas cerca de 5.000 iglesias, pero la dirección impositiva habla de 7.000. La diferencia, según explica el director de la división de impuestos, Santiago Rojas, obedece en muchos casos a que se crean fundaciones (que no pagan impuestos), vinculadas a las iglesias, para evadir impuestos y trasladar un beneficio a una persona natural o una empresa constituida.


Pero la realidad es que la ultraderecha colombiana está acostumbrada a hacer oídos sordos a todo aquello que pueda ir contra sus intereses. Como antecedente (que no precisamente deba repetirse), en la anterior visita papal (Juan Pablo II en 1986), también se bendijo la paz recién firmada entre el gobierno y las FARC, pero meses después se desató el genocidio en contra del partido izquierdista Unión Patriótica.

Camilo Rengifo Marín
CLAE

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Viernes, 15 Septiembre 2017 06:02

Lo que debemos defender en Venezuela

Desde el golpe de estado de abril de 2002, la injerencia de Estados Unidos (EU) en Venezuela debería estar fuera de discusión. Probablemente haya comenzado antes de esa fecha, pero podemos tomarla como punto de inflexión y de no retorno. De ahí en más, la política de la Casa Blanca ha sido la de poner fin a los gobiernos chavistas, ya sea por la vía de los golpes o por caminos indirectos, pero con los mismos fines.

La defensa de la soberanía de las naciones y de la autodeterminación de los pueblos, es un principio irrenunciable de los movimientos antisistémicos en todo el mundo. De cualquier nación, independientemente del color de los gobiernos y del tipo de regímenes que tengan. Se trata de un principio de similar importancia que el respeto a los derechos humanos, que debe tener un carácter universal.

El tema cobra relevancia porque la política internacional de EU deja de lado la soberanía de las naciones, cada vez con mayor contundencia, tomando como excusa el respeto a los derechos humanos que, en realidad, encubre la ambición geopolítica de extender la dominación sobre todos los países del mundo. La implosión del socialismo real aceleró esta deriva, ya que desapareció el argumento del comunismo como excusa para intervenir en los asuntos internos de las naciones.

En el caso de Venezuela, la defensa del principio de soberanía tiene una doble trascendencia. Por un lado, porque la política imperialista buscó siempre controlar aquellos países que tienen grandes reservas de hidrocarburos, por lo menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Por otro, porque EU definió hace más de un siglo a la cuenca del Caribe como un mare nostrum, donde su dominio geopolítico debe ser exclusivo y excluyente. La reacción militarista al terremoto en Haití en 2011, con la movilización masiva de la Cuarta Flota, el envío de un portaviones y la toma del aeropuerto de Puerto Príncipe, puso de relieve ese dominio exclusivo sobre la región.

De forma lamentable este principio de la soberanía nacional ha sido abandonado por una parte de las izquierdas bajo la globalización. No importa quién sea el que realiza la injerencia, ni el carácter del país que la padezca. Por oprobioso que nos parezca un régimen (pienso en Arabia Saudita, por ejemplo), no es defendible la intervención de potencias para "liberar" a su pueblo del yugo de la monarquía.

Las luchas antimperialistas y anticoloniales se han guiado por el principio de la soberanía nacional, desde la solidaridad con el pueblo de Vietnam hasta el apoyo al pueblo argelino en sus respectivas luchas por la independencia. Hoy pasa por el rechazo a la injerencia de la OEA, de la mano del señor Almagro, para tumbar al gobierno de Nicolás Maduro, así como la actitud de varios gobiernos latinoamericanos.

En paralelo, quienes rechazamos la invasión de la OTAN a Libia o la intervención de Estados Unidos en Colombia, no podemos apoyar, por ejemplo, la injerencia de China en la guerra civil en Sri Lanka o la de Rusia en Siria. En este punto, parece evidente que los análisis se alejan de la unanimidad.

Las guerras entre estados son bien diferentes de las luchas de clases. Un siglo atrás Lenin llamaba a convertir la guerra interimperialista en guerra de clases, porque se negaba a apoyar a ninguno de los bandos. El triunfo de la revolución rusa y la posterior creación de un "campo socialista", debilitó el principio de la soberanía de las naciones, al punto que buena parte de las izquierdas apoyaron la invasión a Checoslovaquia por la Unión Soviética, en 1968, con la excusa de la lucha contra el imperialismo.

En América Latina la inmensa mayoría de los movimientos populares no dudan sobre la necesidad de defender la soberanía de Venezuela. Sin embargo, existe una profunda división sobre si en ese país hay o hubo una revolución, acerca de si la defensa de la independencia del país es sinónimo de la defensa de un supuesto proceso revolucionario.

A mi modo de ver, en Cuba hubo una revolución. Pero en Venezuela no la hubo. El núcleo de una revolución gira en torno a la creación de un nuevo poder, que implica la supresión de las burocracias civil y militar por el pueblo en armas y la elección y revocación de los funcionarios. Algo que no puede hacerse de forma gradual, sino mediante la "crítica de las armas" (Marx). En Venezuela, el poder lo tienen los altos mandos militares y los altos funcionarios del Estado, que a menudo son las mismas personas.

Es cierto que el llamado proceso bolivariano ha hecho cosas importantes, como la creación de múltiples organizaciones de base: Mesas Técnicas de Agua, Comités de Tierras Urbanas, Consejos Comunales y Comunas, en las que participan cientos de miles de personas. Esas organizaciones han sido impulsadas y apoyadas por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para abordar cuestiones de vivienda, agua, vialidad y hasta actividades productivas.

No son, empero, organismos de poder popular sino "parte de la estructura del Estado", como señala un reciente trabajo de Edgardo Lander. Los soviets en Rusia fueron en su momento organismos de poder popular, tenían poder real o sea armas, por lo que tomaban decisiones y las hacían cumplir.

Pese a estas consideraciones, me parece evidente que en Venezuela hubo y hay procesos populares bien interesantes. Tal vez el mayor logro del chavismo, fue el haber contribuido a generar un crecimiento exponencial de la autoestima de los sectores populares, algo que no tuvo parangón en ningún otro país de la región.

Esa enorme autoestima ha llevado a que, mediante muchas organizaciones locales, los de abajo se hayan adueñado de parcelas significativas de sus vidas, aunque no tengan en sus manos el poder. Lo que ha frenado las ambiciones de la derecha y el imperio.

En todo caso, ni la pésima gestión de Maduro, ni la corrupción imperante, pueden justificar la agresión externa, ni la injerencia en el proceso. Eso deben resolverlo sólo los venezolanos.

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Dieciséis años después de los atentados del 11 de septiembre que justificaron el negocio de la guerra infinita contra el terrorismo yihadista, la amenaza terrorista se va extendiendo cada vez con más fuerza. Sólo en Afganistán, país ubicado en el corazón de Asia Central que, por tener frontera común con China, Irán, y los ‘espacios soviéticos’ e India, se ha convertido en el territorio más estratégico del mundo para EEUU, ya que Washington ha utilizado a esta turba polpotiana en cuatro ocasiones concretas:

Entre 1978 y 1991, cuando patrocinó la extrema derecha islámica y cristiana en las fronteras de la Unión Soviética, como una herramienta más en su lucha contra las fuerzas de izquierda a nivel mundial. En nombre del Islam, la pandilla de delincuentes yihadistas fue enviada desde Pakistán para llevar el terror: atentaron contra unos 2.000 colegios (mataron a la totalidad de las estudiantes del liceo de Kabul) y destruyen las infraestructuras del país socialista (centrales eléctricas, fábricas, clínicas, unas mil cooperativas campesinas, etc). La CIA creó a terroristas profesionales en sus centros de entrenamiento en Pakistán, gracias al dinero de Arabia Saudi. Ronald Reagan y Margaret Thatcher les apodaban “luchadores por la libertad”.

 

Entre 1991 y 1996, una vez lograda la desintegración de la URSS, el objetivo de EEUU será el dominio económico y militar del espacio que los soviéticos dejan libre. En 1992, la CIA y los yihadistas derrocan al gobierno socialista del doctor Najibulá, y le asesinan junto a su familia. Son años en los que EEUU busca:

Impedir la reconstrucción del espacio pos-soviético bajo el paraguas de Moscú.

La creación de bases militares en la vecindad de China, Rusia, Irán e India.

Hacerse con el control de la ruta energética de Asia Central y el Océano Índico.

Apoderarse de las riquezas de las repúblicas exsoviéticas: el uranio de Kazajstán, la tercera reserva mundial; el oro de Kirguizistán; la gran industria algodonera de Uzbekistán; las inmensas reservas acuáticas de Asia Central-Caspio; y sobre todo, del gas de Turkmenistán, la cuarta reserva mundial. Ocupar Afganistán sería la única manera de acceder a este recurso. Se puso en marcha el proyecto del gasoducto transafgano ‘TAPI’ (Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, India), que lo llevaría desde el Caspio hasta el mar Arábigo. Así, no sólo arrebataba a Rusia el control económico-político sobre aquellas repúblicas, sino que le permitiría a EEUU incrementar su poder sobre la India, gran consumidor de energía.

Apoderarse del gas y petróleo afgano valorado en mil millones de dólares por el Pentágono. Exxon Mobil, la mayor petrolera privada del mundo (cuyo presidente es el actual secretario de Estado Rex Tillerson), y la canadiense Terraseis, anuncian haber encontrado petróleo en la provincia de Faryab. Desde la ocupación en 2001, los países de la OTAN han perforado sólo en la cuenca del Amo Darya 322 pozos, donde se estima que hay entre 500 y 2.000 millones de barriles de crudo. En 2011, la compañía financiera JPMorgan Chase firmó con Kabul un acuerdo por el valor de 40 millones de dólares para hacerse con una de las minas de oro afgano. A Horst Köhler, el presidente de Alemania le costó el puesto en 2010 al sugerir que las tropas de su país están en Afganistán para proteger la economía alemana.

Sin embargo, los muyahidines, divididos en una docena de grupos con sus señores de guerra en continuas peleas, fueron incapaces de establecer la seguridad necesaria para que EEUU pudiese empezar a llevar a cabo sus proyectos.

 

1996- 2001, la CIA reconduce la situación en Afganistán, creando otro grupo yihadista llamado Talibán-Al Qaeda, con los siguientes objetivos:

.Poner fin al caos en el país e instalar un régimen al estilo de la monarquía saudí: disciplinado y aliado, capaz de establecer la paz de cementerio, mantener la unidad del país y acabar con los indomables e indisciplinados señores de guerra. Así podría construir el TAPI.

.Neutralizar la influencia tradicional irano-rusa-india. La faceta wahabita del régimen talibán contendrá a los chiitas iraníes, a la Rusia ortodoxa y a la China comunista.

Es así como el saudí Bin Laden recluta a cientos de los antiguos militantes del la ‘internacional yihadista’. A ellos se suman los talibanes – los ‘seminaristas’ de las escuelas religiosas-, los chavales de los orfanatos de Pakistán, delincuentes, indigentes y miles de mercenarios a sueldo, con el fin de crear un régimen parecido al de Arabia Saudí en Afganistán.

Con el gran soporte logístico de sus padrinos y unos diez mil millones de dólares, los talibanes toman Kabul en 1996: desmantelan el gobierno, inician una masiva limpieza étnica contra los no pastunes, torturan, apedrean, violan y matan a miles de afganos, mientras que saquean museos, destruyen televisores, radios, salas de cines, queman bibliotecas, prohíben todo tipo de ocio, los deportes, los colores, y otras políticas que después serán aplicadas en Irak y Siria. Crímenes entonces silenciados por los medios occidentales.

El 4 de diciembre de 1997, una delegación de los Taliban viaja a Sugarland (Texas) para negociar con Unocal sobre el gaseoducto de TAPI. La empresa que rechaza su petición de aumentar los 100 millones de dólares por año como paje de la tubería les recuerda que no habían cumplido con su parte: la zona norte del país, por donde pasaría el TAPI, estaba bajo el control del comandante Ahmad Massoud Shah, ‘El León de Panjshir’, un veterano antisoviético, próximo a Irán y a Francia. Además, EEUU ya se había dado cuenta de su error: aquellos hombres pertenecían al sector más lumpen del proletariado, que no podían actuar como los príncipes saudíes de hoy. Éstos pasaron su periodo talibaniano hace dos siglos, y llevan guante blanco en sus acciones, guardando las formas.

Para colmo, los Taliban habían prohibido el cultivo de la adormidera (opio) con cuya renta EEUU financia la guerra. En 2006, Afganistán producía 6.100 toneladas de opio, 33 veces de lo que produjo en 2000.

Así llega el fin de Taliban. A partir del 1998, EEUU lanza una tremenda campaña mediática anti-taliban-Al Qaeda, presentando a sus “viejos amigos” como los “enemigos de la civilización humana”.

En agosto de 1998, Bill Clinton ordena bombardear Sudán y Afganistán, acusando a Al Qaeda y los talibanes de atentar contra las embajadas de EEUU en África, mientras corría una cortina de humo sobre el escándalo Lewinsky.

En 2001, Washington tiene que darse prisa: China y Rusia habían creado en el mes de agosto la Organización de Cooperación de Shangái (OCS) con una clara intención de impedir la entrada de los occidentales en su zona de influencia.

El 9 de septiembre, el comandante Masud, el único hombre que podía organizar una resistencia nacional contra los futuros ocupantes occidentales, es asesinado.

 

2001 hasta hoy: El 7 de octubre del 2001, casi un mes después del 11-S, EEUU y Gran Bretaña lanzan un ataque sobre Afganistán para obligar –dicen- a los talibanes a entregar a Bin Laden, el supuesto autor del atentado (entonces, Hillary Clinton no había confesado que fue EEUU quien creó el Yihadismo). En los primeros días, la coalición de 34 países liderada por EEUU y equipada con las armas más mortíferas de la humanidad, lanza 21.000 ataques aéreos sobre los desarrapados afganos como un criminal e ilegal castigo colectivo: sus 20.000 bombas sepultan a decenas de miles de civiles bajo los escombros de sus casas de adobe y provocan la huida de dos millones en aquel duro invierno. Bombardearon depósitos de agua, las pocas centrales eléctricas que había, los cultivos y el ganado. UNICEF llegó a denunciar que el frío invierno, el hambre, la desnutrición y las enfermedades causadas por la agresión militar podrían provocar la muerte de hasta 100.000 niños. Así, EEUU se dio el derecho exclusivo de secuestrar y torturar a cualquier persona en cualquier país del mundo, anulando a la ONU.

Acto seguido, y mientras Bush oculta la información sobre la implicación de su aliado, el gobierno de Arabia Saudí, en los atentados que mataron a cerca de 3.000 compatriotas, envía a Afganistán a 300.000 soldados de la OTAN, equipados con la tecnología punta, para encontrar a Bin Laden (a pesar de tantas experiencias en los “asesinatos selectivos”), al que curiosamente le “encuentran” 10 años después, mientras que a Gadafi le localizaron y le mataron sólo un día después de la visita de Hillary Clinton a Libia. A Laden no le encontraron en una cueva de Afganistán, sino en una mansión en Pakistán -país cuyo servicio de inteligencia es una sucursal de la CIA-. Más tarde, en vez de detenerle, matan a su fantasma, y como era invisible para los mortales, ocultan su cuerpo en el fondo marino. Era otra mentira, como las “armas de destrucción masiva” de Saddam Husein, que ocultaba los verdaderos motivos del ataque a Irak. Un mes después de que Benazir Bhutto revelara la farsa sobre Laden es asesinada.

Sin embargo, una cosa es desmantelar un régimen y otra es ocupar un país. Las tropas de EEUU, al ver que sus aliados regionales son incapaces de servir a sus intereses estratégicos, son instaladas en Afganistán para un largo periodo de tiempo con estos objetivos:

.Construir el gaseoducto transafgano.

.Impedir la reunificación de las repúblicas exsoviéticas bajo el paraguas de Moscú.

.Sabotear la construcción de la OCS.

.Instalar bases militares en las fronteras de China, Irán, India y el espacio soviético.

.Convertir la República Democrática de Afganistán en una República islámica, para acabar con el laicismo (lo mismo que ha hecho en Irak) y conseguir la involución política, económica y social de los países de la zona. Luego hará de bombero pirómano para ‘salvar la humanidad del islamismo’.

.Acceder a los recursos energéticos de Asia Central y del Mar Caspio le daba la posibilidad a Washington de disminuir su dependencia con respecto a los hidrocarburos de la región de Medio Oriente, romper el monopolio ruso sobre los yacimientos de petróleo y gas, y frenar el desarrollo de la economía China.

.Convertir el mundo en “una granja vigilada por millones de cámaras”, arrebatando las libertades conquistados por los ciudadanos.

.Rescatar la economía de su país de la recesión con una guerra: el enemigo islámico sustituye al enemigo rojo para justificar la permanencia de la OTAN tras el fin del Pacto de Varsovia, y salvar a la compleja industria armamentística. El fabricante de armas Lockheed Martin multiplica por 15 el precio de sus acciones en la Bolsa, recibe el mayor contrato militar de la historia: 200.000 millones de dólares y el presupuesto de defensa de EEUU alcanza los 450 mil millones de dólares. Las guerras, además sirven para deshacerse de las armas viejas de la Guerra Fría y probar las nuevas sobre el terreno real.

A pesar de perder a unos 3000 soldados y gastar 6.000 millones de dólares al mes desde entonces, la OTAN, salvo sembrar 11 bases militares en este patio trasero de Rusia y China, no ha conseguido en Afganistán ninguno de los objetivos. China se lleva el gas turcomano desde el gaseoducto más largo del mundo, de 7.000 kilómetros que inauguró en 2009. También explota el petróleo afgano en Amo Darya y está construyendo la primera refinería del país.

El anuncio de Donald Trump en enviar 40.000 más soldados a Afganistán tiene como objetivo vigilar el regreso de Rusia a Afganistán, y cercar aún más a Irán.

Desde 2015, EEUU y los yihadistas están extendiendo el ‘Arco de Crisis’ al espacio exsoviético de Asia Central.

 

 

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Cerca del 90% de los crímenes contra líderes comunitarios y dirigentes campesinos e índigenas quedan sin resolver.



Durante los primeros seis meses de este año se produjeron 52 asesinatos de líderes comunitarios, dirigentes de asociaciones campesinas e indígenas en Colombia. El último sucedió hace pocos días en el municipio de El Carmen, en la región de Norte de Santander y la víctima fue Ezequiel Rangel, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo. Unos días antes fue asesinado en Piamonte (Cauca) el líder comunal de Marcha Patriótica, Fernando Asprilla.


Según datos difundidos por la Defensoría del Pueblo y el programa gubernamental Somos Defensores, desde enero de 2016 han sido asesinados 190 líderes sociales en Colombia. Las mismas fuentes denuncian que entre enero y junio de este año, 335 defensores de Derechos Humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida y se produjeron 225 amenazas.


Algunas de estas amenazas, realizadas casi siempre por "bandas criminales" (como se llama ahora en Colombia a los nuevos paramilitares) para imponer su ley sobre los territorios abandonados por la desmovilizada guerrilla de las FARC, incluyen "toques de queda" y la prohibición de sustituir los cultivos de coca y adoptan formas despiadadas. Como la que el sociólogo Alfredo Molano conoció hace pocos días en Bocas de Satinga cuando, en la calle principal, apareció el cadáver de una niña de cuatro años violada y destripada. En el pueblo corrió la voz de que los paras darán el mismo destino a todo el que incumpla sus órdenes.


La violencia contra líderes sociales se ha incrementado en Colombia desde la desmovilización de la guerrilla de las FARC en los 242 municipios en los que tenía presencia. Aunque el Ministerio de Defensa y la Fiscalía general señalan que no hay "sistematicidad" en los crímenes contra líderes sociales (el Gobierno pretende eludir así la responsabilidad del Estado ante instancias internacionales), la propia Defensoría del Pueblo y prestigiosas organizaciones como Dejusticia sostienen lo contrario. Los "blancos" de estas acciones criminales están claros: Juntas de Acción Comunal, organizaciones de Víctimas que reclaman la restitución de sus tierras, pueblos indígenas y movimientos contrarios a la minería, la izquierda política, Marcha Patriótica y Congreso de los pueblos.


Según el investigador de esta organización de juristas, Mauricio García Villegas, "el 60% del territorio colombiano, donde viven seis millones de personas, no tiene Estado consolidado". Coincide con este análisis el propio Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret: "Los paramilitares copan los espacios del territorio de los que se han ido retirando las FARC, para controlar las economías ilegales. Allí se encuentran expuestos a graves riesgos los líderes sociales, debido en gran medida al estigma que sufren por su defensa de la paz, el territorio y el medio ambiente, entre otras causas".


Precisamente en el campo del medio ambiente, Colombia es, según la ONG inglesa Global Witners, el segundo país más peligroso para los ecologistas, después de Brasil. El pasado año, según esta fuente, fueron asesinados 37 líderes ecologistas colombianos.


La situación de vulnerabilidad de los defensores de Derechos Humanos es tan grave que, al tiempo que el ministro del Interior reconoce que aumentaron los índices de violencia en las zonas abandonadas por las FARC, y admite que "falta acción [del Estado] y que hay que hacer presencia efectiva", el presidente Juan Manuel Santos acaba de anunciar la creación de un cuerpo de élite de la Policía Nacional formado por 1.000 hombres destinado a proteger a los líderes sociales, con sistemas especiales de "alertas tempranas" coordinados con el Ejército y la defensoría del Pueblo en las zonas más críticas del país.


El diario El Espectador editorializaba en fecha reciente sobre el exterminio de defensores de Derechos en Colombia: "La actitud de las autoridades, a veces partícipes de las agresiones e incapaces de combatir la impunidad, es lamentable".


Según un estudio que acaba de dar a conocer el programa Somos Defensores (Crímenes contra Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, la impunidad

contraataca), de los asesinatos de líderes sociales documentados entre 2009 y 2016, en el 87% de los casos la justicia no ha hecho nada, ni siquiera identificar a los homicidas

 

08/09/2017 19:16 Actualizado: 09/09/2017 08:00

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, renovó este viernes por un año más la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, un estatuto de 1917 que sustenta el bloqueo económico impuesto a Cuba.


Esta decisión “corresponde a los intereses nacionales” de Washington, explica el mandatario en el memorando que informa la medida.


Sobre ese texto se erige el bloqueo económico hacia la Isla, que en última instancia solo puede levantar el Congreso, la prórroga implica que en manos de Trump están la autoridad y flexibilidad para relajar o levantar las sanciones a la Isla mediante decretos ejecutivos.


Trump tenía que decidir antes del 14 de septiembre, si prolongaba las restricciones contra Cuba bajo la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, un estatuto de 1917, al que el entonces presidente John Kennedy recurrió en 1962 para imponer el bloqueo sobre La Habana y que desde entonces han renovado, año tras año, los diez presidentes siguientes.

 

8 septiembre 2017 | 7 |

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John Thornhill del Financial Times (controlado por los Rothschild mediante el Grupo Pearson), expone que con la "ciberguerra" el "campo de batalla se encuentra por doquier en la era digital" cuyo "nuevo orden significa que China y Rusia pueden subvertir la fuerza militar de Occidente" (https://goo.gl/ApQiUZ).

Expone el "aterrador equipo militar" B-2 Spirit, bombardero furtivo de Northrop Grumman, que "puede volar varios miles de kilómetros sin ser detectado para lanzar una bomba termonuclear (sic) prácticamente sobre cualquier sitio del planeta".

Northtrop Grumman es la quinta vendedora de armas del mundo con 20 mil 60 millones de dólares.

Según la Oficina de Contabilidad General de EU, el costo de un B-2, desde su desarrollo hasta su despliegue, es de 2 mil 100 millones de dólares y que muy pocos países, de los hoy 193 miembros de la ONU, podrían financiar, sin contar que la aplastante mayoría carece el conocimiento tecnológico para "inventar tales sistemas de armas".

John Thornhill alega que son pocas las ocasiones que ese tipo de armas letales pueden ser usadas cuando EU sigue siendo el "poder dominante" en lo que se conoce como la “primera y segunda estrategia de compensación (offset)” : la "clara (sic) supremacía en armas nucleares y misiles guiados con precisión" que sirven para "compensar los desafíos de las potencias rivales", pero que ya "no son suficientes en el veloz mundo cambiante".

En el mundo digital, la "capacidad militar gira velozmente de lo visible a lo invisible, del hardware al software, de los átomos a los bits", lo que trastoca drásticamente la ecuación de los costos, posibilidades y vulnerabilidades para el despliegue de una fuerza”.

Los gastos de la cada vez más obsoleta OTAN son muy caros y han quedado rezagados por la "era digital".

La realidad cambiante de la "era digital" llevó a que EU en 2014 lanzara su "tercera estrategia de compensación" con el fin de conservar su supremacía en las tecnologías de la próxima generación: la robótica y la Inteligencia Artificial (IA), donde China se ha convertido en su principal competidor.

Hoy los hackers , terroristas per se o apadrinados por un Estado, pueden infligir "estragos periódicos" en el sistema bancario o en la infraestructura del transporte del país atacado a un "costo insignificante" frente al colosal gasto de un bombardero furtivo B-2.

Pero la "tercera estrategia de compensación" de EU "sólo contrarresta parte de la amenaza en la era del conflicto asimétrico (sic)" ya que en el "mundo virtual (sic) existen pocas reglas de juego, poca manera de evaluar las intenciones y capacidades del oponente, y sin pruebas reales (sic) de sí se está ganando o perdiendo". ¡Uf!

"Tal turbiedad (sic) es perfecta para quienes sean entusiastas (sic) en subvertir la fuerza militar de Occidente", a juicio de John Thornhill, quien alega que "China y Rusia parecen entender este nuevo desorden mundial mejor que otros y se adaptan en revirar las propias vulnerabilidades de Occidente en su contra".

Del lado chino, dos estrategas militares del Ejército de Liberación del Pueblo, los coroneles Qiao Liang y Wang Xiangsui, plantearon en 1999 el mapa del "nuevo terreno" en su ensayo Guerra Sin Restricciones, donde "han superado el nivel de reconocimiento, los tres elementos hardware indispensables en cualquier guerra: soldados, armas y campo de batalla". Sus "soldados" incluyen hoy a hackers, financieros (sic) y terroristas; sus "armas" van desde las aeronaves civiles (sic), pasando por navegadores de Internet, hasta virus de computadoras; y el "campo de batalla" se encuentra en "todos lados" (https://goo.gl/usG9xU).

Los dos coroneles chinos proponen tácticas para compensar la inferioridad militar de China frente a EU durante una “guerra high-tec” donde resalta la adopción de una "multitud de medios, militares y, particularmente, no-militares, para golpear a EU durante tiempos de conflicto": el “hackeo y terrorismo (sic) de los portales de Internet con objetivo en las instituciones financieras (sic) usando los multimedia, y conduciendo una guerra urbana”.

Según los coroneles chinos, la "primera regla de la guerra sin restricciones es que no existen reglas, con nada prohibido" ya que los países poderosos que "hacen las reglas" no usarán el mismo abordaje contra los países más débiles que las rompen y explotan las rendijas legales: EU rompe las reglas de la ONU y elabora nuevas cuando las vigentes no les conviene.

Los coroneles chinos concluyen que en las "futuras guerras habrá más hostilidades del tipo de las guerras financieras (sic) donde un país es subyugado sin derramar una gota de sangre".

¿Será el caso flagrante de México?

Del lado ruso, sus estrategas "también han ampliado sus concepto de la fuerza".

John Thornhill asevera que Rusia ha intensificado sus operaciones de "desinformación" creadas por la añeja KGB y que forma parte del “armamentismo (weaponisation) de la información”, y cita a Dmitry Kiselyov, comentarista de la TV rusa y presunto "propagandista del Kremlin", que las "guerras de información" hoy son el "principal tipo de guerras", en lo que concuerda con la visión del Pentágono.

John Thornhill aduce que "Moscú usó un hardware militar tradicional en los recientes conflictos de Georgia y Ucrania". ¿Acaso necesita(ba) más que eso en esas dos "guerras híbridas"?

Thornhill acusa que Rusia lanzó ciberataques contra Georgia, Ucrania y Estonia. Lo más grave: afirma, sin pruebas, que Rusia hackeó la elección presidencial en EU en favor de Trump.

John Thornhill cita a Rosa Brooks, anterior funcionaria del Pentágono, quien alega que el Ejército de EU se encuentra todavía lejos de la organización ideal para responder a la multiplicidad de desafíos de la "ciberguerra", por lo que propone que la “defensa de las sociedades civiles y la proyección del poder blando (soft power) necesitan ser repensadas como un propósito nacional colectivo” con un "servicio universal de uno a dos años en un trabajo que promueva la seguridad nacional y global".

Según John Thornhill en el reino de la “guerra de memes” (memetic war), el "Kremlin parece haber ganado", y da pie, sin prueba alguna, a la intervención electoral rusa en EU donde Trump sigue instalado en un hardware militar pasado de moda.

Antes de que "se jacte" Rusia de su triunfo en la “guerra de los memes”, su desventaja subyace en un poder autoritario y/o individual frente a la "democracia" plural de las instituciones de EU, según John Thornhill, quien sentencia, de nuevo sin pruebas, que los "estados autoritarios están perdiendo velozmente su propio monopolio sobre el armamentismo de la información", pese a "ser versados en su práctica".

Una grave horadación en el "juicio" de John Thornhill es que no toma en cuenta la "guerra de la desinformación" con herramientas cibernéticas en EU con sus atroces fake news en la fase de post-verdad en la que se encuentra inmerso "Occidente" (whatever that means).

El problema de "Occidente" es que fustiga la ciberguerra de China y Rusia a partir de su propio arsenal de "propaganda negra" que tantos dividendos bélicos le ha redituado.

Hoy es el mundo de las "guerras híbridas" y las "zonas grises" de la geopolítica donde se despliega la ciberguerra furtiva de la era digital.

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Las supuestas denuncias de un exagente de inteligencia, destinadas a enlodar al Gobierno de Maduro, no generaron tanta polémica y rechazo cómo los métodos utilizados para 'crear' sus declaraciones.

El audio de una conversación 'fuera de cámara' entre una periodista colombiana y un entrevistado venezolano ha dejado al descubierto lo que parece ser un método -inusual en el periodismo- para obtener, sin escatimar en gastos ni cuidar veracidad, una información en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.


La grabación pone en entredicho un trabajo audiovisual transmitido el pasado 2 de septiembre por el 'Canal 1' de Colombia, en el que un supuesto exagente de inteligencia venezolano, con risa nerviosa y sin mirar a la cámara, acusaba al Gobierno de su país de torturas y narcotráfico.


Vestido con una chaqueta con los colores de la bandera venezolana, el joven Edgar Jesús Villanueva, quien formó parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), le hablaba a una periodista -cuyo rostro no apareció en la pantalla- sobre presuntas irregularidades de las que fue testigo.


Sin especificar su rango ni mostrar documento alguno que respaldara sus acusaciones, el joven -de menos de 30 años- aseguró que "el primer corrupto" es el director del Sebin, con referencia a Gustavo González López, quien fuera sancionado por el Gobierno de EE.UU. en 2015 por supuesta "violación de los Derechos Humanos".


Villanueva, según el relato de Claudia Cano, la reportera de 'Canal 1' que lo entrevistó, "tiene cómo demostrar que son ciertos los señalamientos contra el denominado 'Cartel de los Soles', organización narcotraficante conformada por militares venezolanos, en cabeza del diputado Diosdado Cabello"

.
Sostiene allí igualmente la periodista que el joven venezolano, que se propone llegar a EE.UU., "logró acumular información secreta que está dispuesto a revelar ante las agencias de seguridad y justicia" estadounidenses.


El lado B


Poco antes de esa entrevista, se producía entre Cano y Villanueva una suerte de 'conversación de negocios' que, al ser ahora conocida, ha suscitado mucho mayor interés que las supuestas denuncias del exagente.


El canal informativo Telesur publicó en su página web extractos del audio de la charla telefónica que presuntamente sostuvieron ambos.
"Cuéntame, ¿pensaste lo que te dije por teléfono ayer?", le pregunta la periodista.


El futuro entrevistado responde que le preocupa "decir mentiras", a lo que la reportera rápidamente ataja: "No es decir mentiras", sino que "para que la noticia tenga énfasis" hay que "ponerle picante".


"No lo veas como mentiras, velo como una forma de ayudar a tus hermanos venezolanos", agrega la voz de la mujer.


No deja de ser de interés el hecho de que 'Canal 1' es parte de un consorcio propiedad del expresidente colombiano César Gaviria, el empresario Yamit Amad y el periodista Daniel Coronell, los tres públicamente adversarios del gobierno de Maduro, a los que se suman Patricio Wills y HMTV, según el portal 'Kien y ke'.
Mentiras por dinero


Con respuestas confusas y titubeantes, el supuesto exagente venezolano cede y dice que va a presentar las informaciones por el pago acordado de ocho millones de pesos (2.700 dólares).


"Lo voy a hacer por la necesidad que tengo del billete, pero no me gusta mentir así en cámara", afirma.


La reportera insiste para convencerlo y le explica que "es un oportunidad inmensa que no se le da a todo el mundo y tú tienes que aprovecharla".


Ante la negativa de Villanueva a decir en cámara que está "vendiendo arepas" -alimento a base de maíz, típico de algunos países andinos y caribeños-, Cano le replica que debe hacerlo para presentar esa realidad, pues otros venezolanos sí lo están haciendo.


"Queremos reunir en ti toda la problemática del venezolano", apunta.


La periodista de 'Canal 1' le propone entonces la agenda de informaciones falsas y le dice que hable del director de Sebin, del presidente Nicolás Maduro y del Cartel de los Soles, una supuesta organización de narcotráfico, nunca develada, cuya conducción han atribuido al Alto Mando Militar algunos exmiembros del Gobierno devenidos en adversarios, en lo que Caracas ha calificado como parte de la campaña mediática en su contra.


Cano le indica, además, que tendrán que tocar "el tema de los presos políticos", a lo que el joven le responde que en su país "hay políticos presos, que es distinto".
Un poco fuera de sí, la mujer corta diciendo: "Esto es lo que me tienes que contestar tú, no es lo que tú pienses"
Reacciones


Tras conocerse el audio con el supuesto acuerdo de venta de información falsa, los usuarios de las redes rechazaron la campaña mediática contra Venezuela y posicionaron la etiqueta #Canal1NoticiaComprada.


El ministro venezolano de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, publicó en su cuenta de Twitter que habían pagado al exfuncionario para "mentir sobre Venezuela".

 

Publicado: 5 sep 2017 23:44 GMT | Última actualización: 6 sep 2017 10:20 GMT

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Miércoles, 06 Septiembre 2017 06:39

El valijero, uno de los hombres de Temer

El presunto dueño de los bolsos repletos de dinero descubiertos ayer se encuentra en prisión domiciliaria gracias a la actitud complaciente de un juez de Brasilia que lo procesó en una causa por obstrucción de justicia.


Los valijeros de Temer. Uno de los hombres de confianza del presidente, Guedel Vieira Lima, fue acusado de ser el dueño de los bolsos repletos de billetes descubiertos ayer en Salvador de Bahía, en el nordeste del país. La foto tomada por la policía en una supuesta “cueva” de Vieira Lima retrata la desmesura de la gavilla que tomó el poder tras derrocar a Dilma Rousseff. La imagen muestra nueve bolsos y siete cajas de cartón llenas de dinero. Los investigadores de la policía federal descubrieron el escondite en el marco del Operativo Tesoro Perdido después de meses de seguirle los pasos a Vieria Lima conocido como uno de los operadores todo terreno del mandatario pese a que renunció a su cargo de ministro de gobierno en noviembre del año pasado envuelto en otro escándalo.


El presunto dueño de las bolsos se encuentra en prisión domiciliaria gracias a la actitud complaciente de un juez de Brasilia que lo procesó en una causa por obstrucción de Justicia. En junio ese mismo magistrado de Brasilia había ordenado la breve prisión de Vieira Lima al ser pillado cuando presionaba a uno de los miembros de la gavilla que se aprestaba a contar todo al Ministerio Público Federal. El arrepentido en cuestión, que sigue dispuesto a revelar como funciona la banda, es Lucio Funaro. Ayer el Supremo Tribunal Federal aceptó su confesión, que ahora puede alimentar una acusación contra Temer.


Recopilemos esta historia policial: el jefe de Estado tiene un hombre de confianza, Vieira Lima, que además de esconder plata, posiblemente para sobornos, se ocupa de intimidar a los “traidores” que quieren romper con el grupo.


El método Temer viene de antes de su llegada al Palacio del Planalto, ya que trabajó junto a Guedel Vieira y el ahora arrepentido Funaro durante años. Fue cuando ese mismo grupo comandaba el bloque de diputados del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). En los años 90 el PMDB de Temer había sido el brazo auxiliar del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, neoliberal. Luego el PMDB se alió al Partido de los Trabajadores durante los gobiernos de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Pero a partir del segundo mandato de Dilma, iniciado en 2015, esa organización “pemedebista” fue la responsable de organizar el golpe parlamentario. Las investigaciones inconclusas sobre la destitución de Rousseff indican que hubo valijas, distribuidas por el PMDB, para persuadir legisladores de otros partidos a que se sumen al impeachment.
El plan y el financiamiento de la caída de la presidenta fue conducido por otro “pemedebista”, Eduardo Cunha, el ex jefe de la Cámara Baja que fue condenado y preso por cobrar coimas millonarias a las que ocultó en bancos suizos.


Luego de la detención de su compañero Eduardo Cunha, un dirigente importante en las articulaciones político-delictivas, Temer procuró mantenerlo como aliado y evitar que se acoja a la delación premiada. Y para eso al parecer recurrió a al empresario Joesley Batista, quien habría pagado altas sumas de dinero al ex diputado Cunha confinado en una cárcel de la sureña Curitiba.


Durante una reunión nocturna de Temer con Batista, en la residencia oficial, también se acordó que el cobro de coimas quedaría a cargo del diputado pemedebista Rodrigo Rocha Loures.


El asesor presidencial Rocha Loures fue filmado hace cinco meses, cuando cargaba un maletín con el equivalente a unos 160 mil dólares recibidos de manos de un ejecutivo del frigorífico JBS. Era la concreción del pacto establecido por Temer y Batista dos semanas antes.


Rocha Loures, al igual que su correligionario Vieira Lima, goza de prisión domiciliaria, una prebenda que probablemente hayan recibido por ser lugartenientes del jefe, Temer.


El video de Rocha Loures caminando a paso rápido por el centro de San Pablo con una valija cargada de dinero causó conmoción en la opinión pública en mayo. En esos días también se divulgó la grabación del diálogo entre Temer y Batista que selló el pago de coimas con una frecuencia presuntamente semanal. Siempre en valijas. Las revelaciones causaron un sismo político y especulaciones sobre la renuncia del presidente, que se aferró al cargo.


Ayer las imágenes del departamento bahiano con los bolsos rebozantes de billetes fueron noticia pero no suscitaron un estremecimiento nacional.


Tal vez el público, saturado de valijas y otras noticias sobre la índole mafiosa de este gobierno, haya perdido capacidad de asombro. O esté resignado a vivir en un régimen de baja intensidad democrática dirigido por grupos ocupados en delinquir y aplicar un programa neoliberal agresivo.


Todo indica que la administración temerista se ha consolidado.


El lunes los ocupantes del Palacio del Planalto recibieron con beneplácito el anuncio de la Procuraduría General de la República sobre la aparición de nuevas grabaciones del arrepentido Joesley Batista en las que se habría documentado que su delación fue ilegal. En una charla de cuatro horas el hombre que denunció a Temer por corrupción contó que su confesión fue urdida con un importante miembro del Ministerio Público, en violación de lo que establece la ley de la Delación Premiada.


La noticia dada por el procurador Rodrigo Janot sobre maniobras “graves, gravísimas” en el Ministerio Público significó un vuelco en el proceso contra Temer.


De inmediato sus abogados demandaron que sean anuladas todas las pruebas en que se sostuvo el proceso que se sustancia en el marco de la megacausa Lava Jato. Y en el Congreso la coalición oficialista, donde están los mismos diputados que apoyaron el impeachment en 2016, recuperó su cohesión detrás del presidente que parece haber quedado a salvo de nuevos procesos. Al menos por ahora.

Publicado en Ciencia y tecnología
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