Viernes, 05 Febrero 2016 05:42

¿Quién pagará la crisis?

Escrito por Raúl Zibechi
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¿Quién pagará la crisis?

Se puede dudar del fin del ciclo progresista, pero no cabe la menor duda de que el ciclo de los altos precios de las commodities [simplificando, materias primas] ha llegado a su fin. Los gobiernos hicieron sus presupuestos con el barril de petróleo a 100 dólares, pero cuando se cotiza por debajo de los 30 dólares es evidente que las cuentas ya no cuadran.
Pero no todos los países se verán afectados del mismo modo. Vene¬zuela y Ecuador, por ejemplo, están enfrentando graves problemas que han provocado la derrota del gobierno de Nicolás Maduro en las elecciones del 6 de diciembre pasado y la decisión de Rafael Correa de no competir por la reelección el año próximo.


Aunque es evidente que ésa no es la única razón de la "emergencia económica" que anuncia el gobernante bolivariano, agrava las cosas hasta límites casi insostenibles. Dis¬tinto es el caso de aquellos países donde los hidrocarburos no son el centro de sus exportaciones.


En los países donde la minería es la principal fuente de divisas, como Chile y Perú, las cosas marchan por un camino similar. Pero en los del resto del Cono Sur, la mayor diversificación de sus economías les brinda mayores márgenes. Lo común, en todo caso, es el frenazo abrupto de las economías, la tendencia al estancamiento y aún el retroceso del producto interior bruto.


En relación a las políticas sociales, la crisis en curso no tendrá mayores consecuencias. El programa social estrella de Brasil, Bolsa Familia, supone apenas el 0,5% del PIB, una cifra tan pequeña que no puede desestabilizar ningún presupuesto.


En todos los países de la región las políticas sociales consumen porciones pequeñas de los presupuestos, por lo cual es difícil pensar que se produzcan recortes. Por otro lado, estas transferencias monetarias son importantes fuentes de ingresos para las familias pobres y han mostrado que contribuyen a desactivar la protesta social. Por esta razón, ningún gobierno se va a atrever a sacar la tijera para podarlas.


Los problemas se dan en otros lugares. Por un lado, en los servicios. Los sistemas sanitario y educativo no han tenido cambios importantes aunque la cantidad de usuarios ha crecido. El resultado es un notable desborde de la capacidad de atención, que perjudica a los sectores de menores ingresos, que son los que los utilizan mayormente.


El caso del Sistema Unificado de Salud brasileño, al borde del colapso, es el más significativo. Buena parte de la capacidad de inversión de los gobiernos de la región descansaba en los enormes superávits por los altos precios de las exportaciones, que ahora se han evaporado. Estamos asistiendo a la incapacidad para invertir en mejorar los servicios públicos, lo que perjudica de modo notable a los sectores populares.


El otro problema grave es que las familias están sobreendeudadas. Veamos el caso de Brasil. El gobierno del PT impulsó, desde 2003, una consistente expansión del crédito que comenzó con el crédito consignado que se descuenta de la nómina, extendido en 2004 a los jubilados y pensionistas, y luego a los beneficiarios del programa Bolsa Familia, con lo que se consiguió el acceso al mercado crediticio de las capas más pobres de la población, que hasta ese momento quedaban fuera del mismo. Esos sectores comenzaron a participar del Proyecto de Inclusión Bancaria, que lleva los servicios financieros al público receptor de los programas contra la pobreza.


La expansión fue asombrosa: en 2001 el crédito representaba el 22% del PIB, y en 2014 superaba el 58%. Entre los más pobres, casi se duplicaron los que accedieron a tarjetas de crédito y cuentas corrientes. De ese modo, mientras el salario creció un 80% entre 2001 y 2015, el crédito individual aumentó un 140%.


Cuando llega la crisis y aumentan las tasas de interés, que en el comercio superan el 5% mensual, el resultado amenaza con ser catastrófico. En 2015 el endeudamiento de las familias para con el sistema financiero comprometía el 48% de sus ingresos frente al 22% en 2006.


Por eso las fabulosas ganancias de la banca aún en plena crisis. Entre la clase media, donde se sitúa la mayoría de los brasileños gracias a las políticas sociales de los gobiernos del PT, el 65% de sus ingresos van al pago de servicios financieros.


Esto explica en gran medida el malestar de amplias capas de la población. La crisis les permite descubrir que las políticas impulsadas por los gobiernos progresistas redundaron en un fortalecimiento del sector financiero y en el endeudamiento de los trabajadores, que terminan siendo rehenes de la banca.


Porque el tipo de 'desarrollo' promovido por el progresismo en toda la región se basó en el consumismo. Entre 2003 y 2013, la tasa de acceso al saneamiento entre el 10% más pobre en Brasil pasó del 25% al 35%, un aumento más que moderado. En el mismo período el uso de móviles pasó del 10% al 80%, y el consumo de electrodomésticos importados creció un 34%.


El expresidente del Banco Nacio¬nal de Desarrollo Económico y So¬cial, Carlos Lessa, lo expresó de forma muy clara: "En lugar de mejorar las inversiones en salud, educación, infraestructura y movilidad urbana, seguridad pública, la masa de recursos que fue posible obtener a partir del boom de los emergentes y de la prosperidad en ese período (2007¬2010) llevó a Brasil al camino del creciente endeudamiento privado".


En síntesis, no se aprovechó el momento del crecimiento para desarrollar los servicios sociales ni para promover la industria, sino apenas el consumo. Cuando llega la crisis, las familias pobres se encuentran con empleos de baja calidad y remuneración, sobre todo precarios e informales, con mayores índices de desempleo y sin haber podido salir del círculo de la pobreza porque sus hijos no accedieron a empleos cualificados. Y además están endeudadas. Ante semejante panorama no puede resultar extraño que Dilma Rousseff lleve un año gobernando con apenas el 8% de aprobación.


¿Esto quiere decir que la crisis la están pagando los de abajo, como siempre? La respuesta es afirmativa pero con matices. En la medida en que no hubo cambios estructurales, ésa es la tendencia principal. Pero incluso las derechas parecen haber comprendido que hacerle pagar la crisis a los más pobres implica correr un riesgo muy elevado, como lo muestran las decenas de insurrecciones habidas entre el Caracazo de 1989 y las guerras del gas bolivianas de 2003 y 2005.


Incluso Mauricio Macri, que elimina subvenciones y eleva las tarifas eléctricas hasta un increíble 500%, se cuida de no recortar los programas sociales focalizados. Habrá que esperar para saber si este tipo de medidas afectarán a todos los sectores populares por igual, o bien a las clases medias profesionales, a los trabajadores cualificados o, como en los 90, a los jóvenes de las periferias.

Información adicional

  • Autor:Raúl Zibechi
  • Región:América latina
  • Fuente:Diagonal
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