Articulos de la semana

Articulos de la semana (161)

Martes, 01 Abril 2014 16:05

Llamamiento

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Medellín es una de las ciudades más inequitativas de América Latina. Es excluyente, insegura, expulsa y desaloja de sus casas a quienes estorban o se oponen a la planeación urbanística que impone un modelo de ciudad innovadora y en función de los mercados. Que lo digan las comunidades que sufren la represión de las fuerzas del estado, el control territorial de los "combos" y las bandas delincuenciales, o que son desplazadas mediante los mecanismos de la valorización y los planes de renovación urbana.

 

Es en esta ciudad, sede del VII Foro Urbano Mundial convocado por ONU-Hábitat, que múltiples organizaciones locales, nacionales e internacionales, hemos acordado reunirnos para celebrar el FORO SOCIAL URBANO Alternativo y Popular entre el 5 y el 9 de abril de 2014.

 

Los planes de modernización que se llevan a cabo en el mundo están orientados por la globalización neoliberal, que convierte a las ciudades y al territorio en preciados botines para las inversiones de grandes capitales: un verdadero festín para las empresas constructoras, promotoras inmobiliarias y los bancos.

 

Este modelo de ciudad actual, bajo la retórica de la innovación, la competitividad y el empresarismo, consolida el capital inmobiliario, el cual termina asumiendo en provecho propio las grandes decisiones de la vida urbana, expresadas en los planes de ordenamiento territorial, los planes estratégicos de desarrollo, los planes parciales urbanísticos y el grueso de las políticas públicas que están referidas a lo urbano.

 

Por esto, las organizaciones, movimientos sociales y colectivos urbanos y populares llamamos a todos y todas a participar e impulsar el Foro Alternativo de los pueblos y comunidades, para que construyamos nuestras propuestas de ciudad, ciudades incluyentes donde nuestros derechos no sean mera retórica. Trabajaremos en el espíritu del Foro Social Mundial y denunciaremos la renuncia de ONU-Hábitat al objetivo del milenio No.7-11 referido a la progresión de barrios marginales y a los desalojos de inquilinos, deudores hipotecarios y habitantes urbanos desprotegidos.

 

El FORO SOCIAL URBANO Alternativo y Popular contará con la participación de delegaciones y experiencias de movimientos urbanos de varias ciudades de Colombia, Latinoamérica y el mundo. Buscará denunciar el VII Foro Urbano Mundial, a partir de la realización de una acción nacional e internacional de debate y movilización, que muestre nuestra inconformidad y rechazo a la forma como el capitalismo global viene construyendo-destruyendo las ciudades, posicionando nuestras problemáticas en la perspectiva de articularnos como movimiento social urbano.

 

Será un escenario ciudadano, participativo y abierto para analizar nuestro presente y proyectar la construcción de ciudades para la vida digna.

 

 

CONVOCAN:


AFROUDEA, Agencia de Comunicación de los Pueblos – Colombia Informa, Alianza de Medios Alternativos –AMA–, Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios –ACEU–, Asociación de Vivienda EMECE, AWASQA Tejido Cultural, CAHUCOPANA, CEPAFRO, Círculos Socialistas de Antioquia, Club del Técnico Electrónico, Colectivo Despertar, Comité Departamental en Defensa del Agua y de la Vida, Comité Permanente de DDHH, Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, CORPADES, Corporación de Estudios Sociales, Culturales y Ambientales –CESCA–, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Social Nuevo Día, Federación de Estudiantes Universitarios –FEU–, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos –FCSPP–, Girardota Pueblo, Grupo de Estudio Socialismo en América Latina, Junta Cívica Paraje El Pinar (Fuente Clara-Medellín), Junta de Acción Comunal de La Cascada (Medellín), Mesa de Trabajo Regional de Técnicos Electrónicos y Afines (Oriente Antioqueño), Mesa Ecuménica por la Paz Medellín –MEP, Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín, Mesa intersectorial de Antioquia por el Derecho a la Salud –MIAS–, Mesa por el Derecho a la Ciudad, Movilicémonos Pueblo, Movimiento por la Constituyente Popular, Oficina Estudiantil UN, Organización de Mujeres Aventureras de Medellín, Periferia Prensa Alternativa, Praxis Audiovisual, Proceso Nacional Identidad Estudiantil, Red de Pensamiento Latinoamericano, Red Popular Caminando la Palabra, Tejido Juvenil Nacional Transformando a la Sociedad –TEJUNTAS–, Universidad Pública Resiste...
Alianza Internacional de Habitantes –AIH–, Asamblea Popular Centro – Bogotá, Asamblea Sur – Bogotá, Asociación NOMADESC, Asociación Voluntaria de Deudores del Sistema UPAC, Bloque de Asentamientos y Asociaciones Pro Defensa del Derecho a la Vivienda de Popayán, CENSAT, Ciudad en Movimiento, Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – COMOSOC–, Colectivo Democrático, Colectivo de Soberanía y Naturaleza, Colectivo Sopa y Seco, Congreso de los Pueblos, Corporación Destechados Pro Desarrollo Comunitario, Desde Abajo, Ecobarrios, Entreredes, Escuela Pedagógica Experimental, Instituto IAPES OFB, Instituto Nacional Sindical, Marcha Patriótica, Memorarte, Mesa Cerros – Bogotá, Minga Urbana Bakatá, Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo –MODEP–, Movimiento Alimentario de Bosa, Movimiento de Unidad Territorial, Movimiento Ríos Vivos, Periódico Minga Techotiba, Píllela Camará, Proceso Rio Tunjuelito, Proceso San Juan de Dios, Red de Colombianos Unidos por Nuestros Derechos Constitucionales, Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Red de Lucha contra el Hambre y la Pobreza, Sindicato Único de Mototrabajadores de Colombia, SINTRAUNICOL – Cali, Territorios por la Vida – Popayán, Tulpa Educativa, Unión Sindical Obrera, Zona Pública TV.
Martes, 01 Abril 2014 15:42

Foros urbanos, Medellín, 2014

Escrito por

Medellín, 2014

VII Foro Urbano Mundial/5-11/abril

Foro Social Urbano, Alternativo y popular/6-9/abril

 

Carta Medellín 

 

Sobre el porvenir humano

 

de las urbes del mundo

 

Declaración final 

 

 Programación   Llamamiento

Programación

Cronograma Alianza Internacional de Habitantes, 4-5 de abril

VII Encuentro de víctimas inmobiliarias

  

 

Panel Foro Social Urbano, Alternativo y popular

 

 

Videos: Foro Social Urbano, Alternativo y Popular

 

 

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México: Ciudades patriarcales y modernidades alternativas

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Bolivia: El Alto y su resistencia a la visión uniforme de ciudad moderana

Colombia: Equidad urbana en el desarrollo - Ciudades para la vida

 

 

Derecho a la Ciudad

Carta Mundial Derecho Ciudad

David Harvey – El Derecho a la ciudad

David Harvey – Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana

Henri Lefebvre – Tesis sobre la ciudad, lo urbano y el urbanismo

Henri Lefebvre – El Derecho a la ciudad

Hic-al – El derecho a la ciudad en el mundo. Compilación de documentos relevantes para el debate

Victor Manuel Delgadillo – El derecho a la ciudad en la Ciudad de México

CIUDADES:

INTERdisciplina – Revista del Centro de Investigaciones Interdsciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México. Vol. 2, número 2, enero-abril de 2014

Jordi Borja – Nota sobre ciudad y ciudadania

Jordi Borja – Revolucion urbana y derechos ciudadanos

Jordi Borja- La Ciudad Conquistada

Manuel Castells – Redes de indignación y esperanza

James Scott – Los Dominados Y El Arte De La Resistencia

Edesio Fernandes – La construccion del derecho a la ciudad en Brasil

Miguel Amoros – Luchas urbanas y lucha de clases

Saskia Sassen – El reposicionamiento de las ciudades y regiones urbanas en una economia global

Marie France y Prevot Schapira – Fragmentacion espacial y social. conceptos y realidades

Javier Auyero – La geografia de la protesta

Rodrigo Salcedo – La lucha por el espacio urbano

Sidey Tarrow – El poder en movimiento. Los movimientos sociales la accion colectiva y la politica

Teolinda Bolivar y Jaime Erazo Espinosa (Coordinadores) – Los lugares del habitat y la inclusion

Jean-Pierre Garnier – Contra los territorios del poder

Jean-Pierre Garnier – La lucha para apropiarse de la ciudad

Entrevista a Boaventura de Sousa Santos – Democratizar el territorio democratizar el espacio

Artículos publicados:

 

Periódico desdeabajo

 
Edición N°197
Edición 192
 
 
 
 

Le Monde diplomatique, edición Colombia

 

"Mi pintura cada vez se aproxima más a lo que soy, a lo que siento, a mi manera de actuar. Obedece a mi estructura mental". Me imagino a Eduardo Esparza pronunciando estas sinceras palabras frente al estallido de sus colores y ante las bocanadas de fuego que se proyectan en toda su obra, hecha de materia viva, de esencia terrígena y levedad de ave. Me lo imagino bailando ante la gran tela, lleno de sí, pleno de mundo, diciendo con su estruendo:"mi pintura forma parte de mi actitud lúdica, mis animales, peces, gallos, aves, gatos, perros. Las formas eróticas vistas, a través de las frutas, de las semillas", yde pronto lanzando una ráfaga de color como un trompo universal, movimiento etéreo y tangible, con profundidad y altura.

 

Así es la cartografía mágica, insinuante y poética de Eduardo Esparza. En ella podemos sentir las hechizantes vibraciones de su entorno, la permanente ondulación de lo real. Pintura nómada, rítmica, pulsional, que invita salir a los caminos, estar en constante conmoción y ser cómplices de esta danza cromática, devorándonos-devorándose.


Esparza teje y desteje el magnífico y trágico ir y venir de un espacio-tiempo matérico y metafísico. Sus juegos de color van hilando en la tela aquellas esferas, círculos, triángulos, aristas, puntas que nos inventan otras lógicas, otras maneras de ver, ser y actuar, desafiando la racionalidad utensiliar e instrumental, rígida y reglamentaria. De ahí sus rupturas, su poesía. Lo ha dicho el mismo artista: "todas estas formas, texturas y colores dentro de una estructura, van hilando un tejido en forma vertical y horizontal que le da un sentido a lo espiritual y terrenal. La dinámica de este tejido no es más que mi forma de jugar al trompo".


"El tiempo es un niño que juega con los dados. El reino es de un niño" escribió Heráclito, y como tal esta obra nos lanza a ser cómplices con lo lúdico estético pero también a comprometernos con lo lúcido histórico, con la realidad sonora y trágica de esta parte del mundo. Se entiende entonces la urgencia de Esparza por crear su expresiva y contundente serie Los Visibles, como síntesis del drama de un país, de una generación desaparecida bajo el miedo y el temor, la impotencia y los fracasos.


Perteneciente a una generación nacida entre las décadas del cincuenta y del sesenta, Esparza ha hecho suya la idea de ser contestatario, contracultural y de ir a contracorriente. Una generación hija de la violencia que vivió en un país construido con torturas y cadáveres, mientras muchachos y muchachas contorsionaban sus cinturas al ritmo de los Beatles, Carlos Santana, LedZeppelín, los Rolling Stones, y que rumbeaban con la salsa de RicheRay, Bobby Cruz, HectorLavoe y La Fania; que cantaban las baladas del Club del Clan con Oscar Golden, Harold, Ádamo, Leonardo Fabio, Piero, CharlesAznavour, y que con Joan Manuel Serrat y la música protesta de Joan Báez, Víctor Jara, Ana y Jaime, Soledad Bravo, Mercedes Sosa, PablusGallinazus, Violeta Parra, hicieron la revolución en las tablas. Músicas que fueron las primeras escuelas en sus corazones, primeros pupitres sentimentales donde posaron las alas de la imaginación.


Paralelo a esta necesaria provisión de amor, en aquellos años la historia rugía. Tiempos de compromisos políticos, de conflagraciones poderosas. La década del sesenta fue propicia para el desahogo de una generación hija de la violencia. Escándalo y aullido. La de los sesenta fue la década de la imaginación, pero también la que hizo conciencia de sus limitaciones. Década de jóvenes hambrientos por dejar un rastro, una huella en medio del fuego y las cenizas de una realidad sobresaltada: la revolución cubana, la rebelión de Martin Luther King, la época de los Kennedy, Johnson, Nixon y su inhumana guerra de Vietnam, la década de la protesta con paz y amor de los Hippies, de Cassius Clay; la figura de Mao TseTung en los libros rojos; la liberación sexual y la pérdida de miedo al embarazo; la época del Festival de Woodstock, la de " la imaginación al poder" y "prohibido prohibir" en aquel mayo luminoso francés; la de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en México D.F., cuando tomados de los brazos cantaban y gritaban el 2 de Octubre de 1968; la década de la invasión con tanques rusos a una Praga primaveral y la de un Santo Domingo ocupada por Marines gringos; la década del Che Guevara, estrella y boina, patria o muerte, junto a Camilo Torres Restrepo utópico y mártir; los tiempos en que rugían Marquetalia, el Guayabero, Ríochiquito cuando las universidades colombianas eran colmadas de consignas, discursos y proclamas libertarias.Es también la década en la cual surgen los primeros cines clubes y donde se fundan grupos de teatros disidentes y contestatarios: el Teatro Libre, el Teatro La Candelaria, El Teatro La Mama, el Teatro Popular de Bogotá, el Teatro Experimental de Cali (El TEC).

 

 


No es extraño entonces que Los Visibles sinteticen toda esta historia que el cínico olvido ha desterrado de nuestros ojos. Descubrir lo cubierto, volver presencia lo que por décadas ha sido condenado al silencio, a la ausencia; tocar sin temor las llamas de la crueldad, del horror y el despotismo histórico. Todo drama se vuelve en esta serie apremio, compromiso. Esparza hila el manto de la tragedia, el luto de un dolor comunitario. De allí el permanente uso cromático de blancos y negros que se difuminan en ágiles figuras y que, como en un teatro de sombras, aparecen y desaparecen. Ellas luchan por definir un cuerpo, un ser indescifrable. Esas figuras son todos los rostros de un país, de un continente, moviéndose tras el velo negro que el artista rasga, penetra con intensidad terrígena. Es la danza macabra hecha gracia, ritmo, poesía. Su pintura sintetiza una paradójica sentencia: la desgracia de esta realidad terrible es la fuente de su gracia hecha imagen.

 

 


Entre el pesado y grávido luto de las figuras y las ingrávidas formas de los cuerpos fluctúa la serie Los Visibles. Un cierto asomo de baile se observa entre los resquicios. Pero es la noche de un carnaval nada dichoso. Extraños ritos profanos y sacros se unen a este imaginario necrofílicode una sociedad donde al desaparecido se le desaparece dos veces: por los verdugos del deseo y por el olvido del Estado y de sus conciudadanos. Esparza ha desafiado dichos olvidos. Nos obliga a mirar de nuevo el abismo, el deterioro, nuestra más secreta indiferencia. Invitados a participar en este baile de imágenes con sus trajes de luto, escuchamos el milenario silencio, los desterrados pasos, gritos, llantos y amores en medio de un país en ruinas.


"¿Por qué nacen Los Visibles?" se pregunta Esparza, y responde: "Los Visibles nacen de un deseo, y este deseo ha sido que, a través de mi lenguaje como artista plástico, yo construya de una manera plástica, la imagen de las víctimas de nuestro conflicto". Esa es su apuesta y propuesta, su más alto proceso vital y estético. Para lograrlo, nos dice: "se combinaron todas las técnicas del grabado, fusionando la serigrafía con colografía, aguafuerte con colografía, colografía a varías planchas, aguafuerte con serigrafía, rompiendo con lo ortodoxo del grabado, creando nuevas posibilidades en el desarrollo de la imagen, utilizando láminas de hierro que facilitan trabajar en formatos grandes a bajo costo: cartones, polvo de carbonato de calcio con pegantes y diferentes texturas: arenas, limaduras, papeles texturados, etc...".


Así edifica una cierta simultaneidad espacial que fluctúa de lo simple a lo complejo, creando diversos contrastes, gracias a la fluidez cromática del blanco y el negro, los juegos del gris dimensionado. Sus líneassuaves y juguetonas realizan múltiples tonos,creandoespectros vibrantes de luz, expuestos en una atmósfera histórica y telúrica. Aquí el dibujo y el color establecen un magistral equilibrio, liberador, libertario.


Quizás encontremos en esta serie una figuración que dialoga con el cubismo y el muralismo, como tambiéncon algunas obras de artistas colombianosque trabajaron el tema de la violencia, la guerra y lo político, tales como Carlos Granada, Augusto Rendón, Luis Ángel Rengifo, UmbertoGiangrandi, Pedro Alcántara, Alejando Obregón. Por lo tanto, no es gratuita su pasión por la grandeza pictórica, trágica e histórica del Guernica, ni por la necesidad de magnificar, de forma casi muralista, los íconos de las desapariciones. Esa actitud lo ha vuelto cada vez más actual y universal. Esparza ha leído en el libro de la tradición del arte y de la época. No ignora la historia sobre la cual se levanta su obra, pero a la vez realiza un proceso de liberación y de ruptura, es decir, se rebela desde el fondo de su tradición contra la misma. Herencia y liberación fusionadas en una permanente actitud de creación activa. Qué ambigua es la condición del artista:estar adentro y afuera de su tradición.La tradición le llama para alimentarlo, pero permanecer demasiado en ella desnutre, despoja de armas para la escisión, la aventura; a la vez el estar demasiado afuera lo exilia, lo deja en la pobreza espiritual del sin raíz. Lejanía y cercanía, El haber trabajado desde la enseñanza picassiana del Guernica, permitió a Esparza instaurar una memoria creadora junto a una tradición libertaria. Es la tradición asimilada, asaltada, exilio y casa materna.

 

 


Así construye un escenario con figuras andróginas donde Eros y Thánatosson los antihéroes de un erotismo trágico y dichoso, cíclopes, alguna vez desaparecidos y ahora vueltos memoria; figuras antropomórficas que sintetizan el bestiario público y secreto de Esparza, cuyos rostros y cuerpos nos envían al mundo surreal de lo imaginable-imaginado; siluetas fragmentadas, multitud de brazos, troncos cercenados por las motosierras en las masacres, donde no se vislumbra ya el canto y el color de un gallo, ni la danzarina silueta de un trompo en pleno aire.


"El erotismo, la rumba, el dolor, la angustia, la vida y la muerte", tal como lo afirma Esparza, se visibilizan en toda la extensión de la tela. Es un calidoscopio subterráneo, nocturnal, fragmentado, contorsionado, eufórico y visceral, arrojado como dardo de fuego a nuestros ojos. Toda una iconografía fúnebre y lúdica a la vez, un cementerio simbólico que guarda las cruces, lunas y soles de nuestras no gratas generaciones, definitivamente desaparecidas.

 


Fuerza de imágenes en crescendo llenan con intensidad sus cuadros. "El caos debe resplandecer en el poema bajo el velo condicional del orden", decía el poeta Novalis, y no otra pulsión se observa en este caosmosque edifica Esparza entre el desgarramiento y lo plácido, la serenidad y la tormenta.


Los Visibles, obra-flujo que construye la belleza de lo terrible y lo terrible de la dolorosa belleza; obra que oscila entre la delicadeza de las líneas y la agresividad de las bestias, gran testimonio generacional, insistimos, ardiendo en la desesperación de este tiempo donde se nos imposibilita ver un nuevo horizonte.


¿Danzan o duermen su sueño total estas figuras, estos andróginos? ¿Qué nos dicen en su escandaloso silencio? ¿Son música, sensualidad, erotismo o grito? Simultaneidad y calidoscopio visual. Conmoción y subversión. Paradójica y ambigua condición, como lo es nuestra cultura, nuestro naufragio.

 

Martes, 11 Febrero 2014 18:40

Poesía. Ignorada y Olvidada I, II, III, IV

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Formato: 17 x 24 cm

90 páginas

Ilustrado

 

Formato: 17 x 24 cm

100 páginas

Ilustrado

 

Formato: 17 x 24 cm

70 páginas

Ilustrado

 

Formato: 17 x 24 cm

76 páginas

Ilustrado

 

Dos frases resuenan en las páginas de Poesía ignorada y olvidada de Jorge Zalamea Borda: "En poesía no existen pueblos subdesarrollados", y "El don de la poesía no tiene límite de espacio ni tiempo".

 

El hecho poético trasciende las fronteras materiales de las naciones a través de los mitos, los ritos y los símbolos de oralidades y escrituras ancestrales. Esta obra atestigua la nominación poética de la naturaleza, del cosmos y de las cosas, creada por los pueblos olvidados e ignorados en distintos confines de la geografía.

 

Los aborígenes norteamericanos, los polinesios, los huitotos, los africanos y los asiáticos, desfilan en un recuento pletórico a lo largo del compendio meticuloso y gozoso que emprende la aventura poética de este autor. 

Lunes, 30 Diciembre 2013 09:54

Otra democracia es posible

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creativecommons

 

Introducción

 

El título original de esta ponencia ha sido transformado en una pregunta: ¿Los movimientos sociales en América Latina están contra, afuera o con el Estado? La respuesta resulta relativamente sencilla cuando existen, entre los movimientos sociales y el Estado, marcos de sentido y prácticas políticas históricamente contrapuestos. Es decir, cuando el Estado es definido por los actores sociales y políticos que participan en el movimiento como uno de sus adversarios o como el adversario principal, frente al cual sólo pueden estar contra o afuera. Así ha sucedido en Colombia, entre la mayoría de los movimientos populares o étnicos y un Estado históricamente fundamentado sobre relaciones oligárquicas de poder. No obstante, de allí proviene el carácter relativo de la respuesta, en el siglo XX, movimientos como el obrero, a partir de la década de los años treinta, articulado alrededor de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, o el campesino, a partir de los años sesenta, articulado alrededor de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, estuvieron alternativamente con, contra y afuera del Estado. Algo similar sucedió en la mayoría de los países de América Latina. Pero, en general, cuando los movimientos sociales se han constituido sobre la base de un antagonismo definido, por ejemplo de clase, de género o étnico, sus acciones se dirigen contra el Estado que sintetiza la estructura de dominación que se combate o se ubica por fuera de él, dentro de órdenes sociales o comunitarios alternos, cuyas demandas no pueden ser procesadas por el sistema político.

 

Por el contrario, cuando los marcos de sentido y las acciones políticas de los movimientos sociales son históricamente afines a los utilizados o a las realizadas por quienes orientan el Estado, la respuesta a la pregunta inicial adquiere altos grados de complejidad. La afinidad implica convergencias políticas y de sentido parciales que han permitido o que les permiten a los partidos políticos y a los movimientos realizar luchas conjuntas contra adversarios comunes, antes de llegar a ejercer el poder del Estado. Si las convergencias fueran totales, los interrogantes se diluirían, pues la política institucional confluiría con lo político-social y, en consecuencia, no existiría ni el adentro, ni el afuera, que implica la pregunta. Éste es el caso de los movimientos sociales que actúan como simples correas de transmisión de los partidos políticos vinculados al ejercicio del poder del Estado, o de los partidos políticos que son la proyección del poder institucionalizado de uno o varios movimientos. En tal sentido, los ejemplos de la revolución sandinista en Nicaragua o del peronismo en Argentina son muy representativos.

 

La afinidad diversifica la respuesta y, en consecuencia, la abre hacia diferentes posibilidades. Las relaciones actuales entre los movimientos sociales y el Estado en países como Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador y Paraguay, constituyen campos de reflexión y acción sobre el tema, inéditos en la historia de Hispanoamérica, pero en su riqueza, imposibles de abarcar en una ponencia como la presente, más allá de los simples enunciados o de las generalizaciones abusivas. Los piqueteros y los asambleístas argentinos; los movimientos comunitarios, aymaras o urbanos, bolivianos; el MST (Movimiento sin Tierra) brasilero; el PK (Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País) ecuatoriano; los movimientos estudiantiles chilenos y venezolanos; el Espacio Radical uruguayo; y el Bloque Social y Popular paraguayo, han tejido relaciones muy heterogéneas con sus respectivos Estados, y la simple descripción sintética de las mismas haría ver minúsculo el espacio de este texto.

 

Por tal razón, resulta más pertinente tomar como núcleo de la exposición un debate representativo sobre la relación entre los movimientos sociales y el Estado, en situaciones políticas de afinidad, que por su riqueza analítica, permita realizar una reflexión que no quede limitada a un estudio de caso, y establecer comparaciones e intersecciones con lo ocurrido en otros países de América Latina. Raúl Zibechi (2006), periodista e investigador social uruguayo, en el libro Dispersar el Poder. Los movimientos como poderes antiestatales, y Álvaro García Linera (2009), matemático y sociólogo boliviano, actual Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en la recopilación de escritos titulada La Potencia Plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia, entablan un debate, unas veces implícito y otras explícito, alrededor de las relaciones entre el Estado y los movimientos sociales bolivianos. Aunque varios de los textos de García Linera son anteriores al triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS), en las elecciones presidenciales de 2005 y a la posesión de Evo Morales como presidente de Bolivia en enero de 2006, ya representan la forma como García Linera entiende la relación entre el Estado y los movimientos sociales.

 

Los movimientos sociales comunitarios: poderes antiestatales

 

Al analizar los levantamientos populares bolivianos entre 2000 y 2005, acaecidos en Cochabamba, el altiplano aymara, la ciudad de El Alto y los caminos y carreteras de Bolivia, Zibechi realiza una lectura heterodoxa de los movimientos sociales que los protagonizaron, desde una mirada que tiene como referente principal las formas de vida sociales y no el Estado. En consecuencia, propone "partir de las relaciones sociales creadas abajo para la sobrevivencia, digamos de las relaciones 'premodernas' o familiares, y tomar como punto de partida los movimientos de esta sociedad, sus flujos, sus deslizamientos" (2009: 128). En la base de las movilizaciones ubica una sociabilidad primaria, preestablecida, y no una sociabilidad orientada específicamente hacia las acciones colectivas que constituirían los movimientos. De esta forma, rechaza lo que denomina la "visión hegemónica en la sociología de los movimientos sociales" (124), la cual pondría su énfasis en la organización, la identidad colectiva y los repertorios de la movilización. Los estudios de García Linera y todas las concepciones que Zibechi considera estatistas, por priorizar lo instituido sobre lo instituyente, quedan incluidos en su crítica.

 

Como fundamento de estos movimientos sociales, Zibechi identifica a las comunidades, basadas en "fidelidades tejidas por vínculos afectivos" (37), formadas dentro de relaciones propias de la vida cotidiana: de vecindad, amistad, compañerismo, compadrazgo o familia. Es decir, articuladas alrededor de formas de sociabilidad donde las personas no constituyen medios para conseguir fines, sino que son fines en sí mismas. La comprensión de los movimientos sociales como acciones colectivas impulsadas por una organización, que permiten la autodefinición de los sujetos participantes y de sus adversarios, y el desarrollo de un conjunto de prácticas contenciosas, cede su lugar a las comunidades que se mueven mediante la afirmación, el despliegue y la proyección de su existencia. De esta forma surgiría analíticamente la "forma comunidad", que contendría una sociabilidad diferente a la de la "forma Estado".

 

En las comunidades, de acuerdo con la distinción hecha por Weber y empleada por Zibechi, tienen lugar "administraciones no autoritarias", en las cuales "la soberanía no existe separada del cuerpo social", a diferencia de las "administraciones por representantes" que niegan la solidaridad, pues las personas constituyen medios y no fines, y separan la soberanía del cuerpo social (39). En tal medida, las comunidades ejercen, en términos de Holloway (2005: 32-33), un "poder hacer", poder para realizar algo socialmente, y no un "poder sobre", poder ejercido sobre el que hace. Estructuran de esta manera poderes no estatales, "distribuidos –tendencialmente– de forma homogénea a lo largo y ancho del tejido social; es decir, poderes políticos no separados de la sociedad en la que nacen" (Zibechi, 2006: 35). Los poderes no estatales son irreductibles al Estado y prefigurarían una forma de organización horizontal de la sociedad, no separada de las comunidades que la constituyen, destinada a emanciparse de él. Pues el Estado, forma de organización política del capital y de homogeneización de la sociedad en función de él, no es, en palabras de Zibechi, "un instrumento adecuado para crear relaciones sociales emancipatorias". En conclusión, como afirma Holloway, hay que "cambiar el mundo sin tomarse el poder" (2005).

 

El Estado: Síntesis colectiva

 

En 2001, García Linera había optado por inscribirse dentro de una de las líneas de la sociología de la acción para analizar los movimientos sociales en Bolivia, la relacionada con las estructuras de oportunidad política, los repertorios de la acción y, parcialmente, la movilización de los recursos. Sin embargo, la forma como caracteriza analíticamente los movimientos sociales, implica una relectura crítica del paradigma que escoge para ubicarse. En su estudio histórico sobre los movimientos sociales bolivianos, utiliza los elementos siguientes: las condiciones materiales que posibilitan la emergencia de un movimiento social; el "tipo y la dinámica de las estructuras de agregación corpuscular y molecular", mediante los cuales analiza las formas de asociación o comunidad que determinan a los movimientos; las técnicas y los recursos de la movilización; los objetivos explícitos e implícitos de la acción social; la "narrativa del yo colectivo, esto es, el fundamento cultural y simbólico de auto legitimación del grupo constituido en el momento de su movilización"; y "las dimensiones política (estatal o anti-estatal) y democrática (reinvención de la igualdad y de lo público) puestas en juego" (García Linera [2001], 2009: 354).

 

Teniendo tales elementos como referentes analíticos, García Linera estudia las tres formas que adquieren los movimientos sociales contemporáneos en Bolivia: el sindicato, la multitud y la comunidad. En el caso de esta última, al hablar de las estructuras de agregación molecular y corpuscular o de las tecnologías sociales del movimiento comunal, resalta y explica tres características principales: la "sustitución del poder estatal por un poder político comunal suprarregional descentralizado en varios nodos" (409-410); el "sistema comunal productivo, aplicado a la guerra de movimientos (410-411); y la "ampliación de la democracia comunal al ámbito regional-nacional y la producción de una moral pública de responsabilidad civil" (411-412). En las conclusiones, García Linera le otorga al movimiento social comunal aymara una proyección que va mucho más allá del marco analítico que toma como referencia, pues considera que "tiene todas las características de una rearticulación de identidad nacional indígena, mayoritariamente aymara, cuya vitalidad o existencia efímera se medirán en los siguientes años" (418).

 

A pesar de inscribirse dentro de una de las corrientes de la sociología de los movimientos sociales, García Linera anticipa la idea del movimiento social como una comunidad en movimiento, que luego va a ser desarrollada por Zibechi. Desde luego, como pone de relieve este último, intenta examinarla con los elementos propios de una acción colectiva inspirada en los principios asociativos y no en los comunitarios, lo cual crea distorsiones en el análisis, como el de utilizar el lenguaje de las redes o de la democracia deliberativa habermasiana, para dar cuenta de procesos que son propios de las comunidades políticas e irreductibles a las lógicas asociativas y a sus formas verticales de ejercicio del poder político. En consecuencia, en palabras de Zibechi (2006, 124), García Linera tiende a valorar los movimientos a partir de la "unidad orgánica" de las asociaciones y no de la "unidad por confluencia" de las comunidades, a verlos desde la óptica de la política institucional y no de lo político-social.

 

Esta manera de comprender los movimientos sociales tiene correspondencia con la interpretación que hace García Linera del Estado como una síntesis de la colectividad o, de acuerdo con la lectura que realiza de Gramsci, "como la suma de la sociedad política y la sociedad civil", en la cual "la sociedad civil es el momento constitutivo del Estado que, a su vez, mediante el andamiaje de sus instituciones, sintetiza el ideal de eticidad de una colectividad, esto es, las costumbres, valores, creencias que los miembros de una sociedad comparten" ([2004], 2009: 424). Empero, antes había considerado con Marx que tal síntesis colectiva era enajenada, pues "transfiguraba los conflictos internos de la sociedad bajo la apariencia de la autonomía de las funciones estatales" (423). En un texto posterior, del año 2008, cuando ya hacía parte del gobierno de Evo Morales, García Linera clasificó los ejes analíticos de la relación-Estado, como denomina al Estado analíticamente, en tres grupos: correlación política de fuerzas sociales o construcción de una coalición política dominante; institución o materialización de las decisiones colectivamente vinculantes en "normas, reglas, burocracias, presupuestos jerarquías, hábitos burocráticos, papeles, trámites"; e idea o creencia colectiva generalizada ([2008] 2009: 502). Estas características coinciden con la idea de que el Estado es una "síntesis cualificada por la parte dominante de la sociedad", que había esbozado siete años antes ([2001], 2009: 423), y que abre la posibilidad de pensar en un Estado al servicio de los sectores subordinados que acceden al ejercicio de su poder.

 

Con este tipo de caracterización, desconoce lo que Holloway o Negri y Cocco, en el análisis sobre la acción o la multitud en América Latina, habían llamado la "forma Estado", que en síntesis, implica la forma de organización política connatural al capitalismo, entendido como las relaciones de dominio entre capital y trabajo asalariado y no asalariado. Esta noción le sirve de sustento a Zibechi para criticar a la tendencia hacia la estatalidad, a la organización vertical y desde arriba, presente en los movimientos sociales contemporáneos (Holloway, 2005: 17), y proclamar la imposibilidad de emanciparse desde o por medio del Estado.

 

Por tal razón, la sugerente propuesta de García Linera en 2004 (2009: 271-346) sobre la creación de un Estado Multinacional o Multicultural en Bolivia, que implica el reconocimiento de las comunidades y los pueblos dentro de los límites de un Estado nacional, enfrenta la crítica de Zibechi (2006: 165-191), pues desde su punto de vista y de la lectura que hace sobre los zapatistas en México y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la tendencia a homogeneizar, centralizar y burocratizar, propia de la forma-Estado y de la organización capitalista de la sociedad, atentaría contra las autonomías, la dispersión del poder-hacer y el "mandar obedeciendo" de las comunidades indígenas.

 

Entre la forma-comunidad y la forma-Estado

 

Dentro del debate latinoamericano sobre la relación entre los movimientos sociales y el Estado, el análisis de Zibechi refleja los cuestionamientos que desde movimientos fundamentados en la comunidad y en poderes no estatales, empezando por las comunidades urbanas y rurales aymaras y las Juntas de Buen Gobierno zapatistas (Martínez Espinoza, 2007), se le pueden hacer, al mismo tiempo, a la sociología occidental sobre la acción colectiva y a la forma organizativa propia de los partidos políticos y el Estado. La noción de una comunidad en movimiento rompe con los supuestos individualistas o colectivistas, que le sirven de soporte a la sociología sobre los movimientos sociales, pues el sujeto de la acción colectiva deja de ser un individuo o una colectividad derivada de la posición estructural de los agentes sociales, para pasar a ser la comunidad, una forma de vinculación social anterior y diferente a cualquier asociación u organización conformada, específicamente, para la acción.

 

Simultáneamente, la "forma comunidad" puede representar un tipo de organización política ajena al Estado, por fuera de la forma-Estado o la forma-partido, que se caracteriza, de acuerdo con Zibechi, por su verticalidad, de arriba hacia abajo, y por la separación del cuadro burocrático y de los representantes con respecto al cuerpo social. Las reservas frente a la forma-Estado, parecen confirmadas por experiencias como la de la CONAIE y el Movimiento Pachakutik en Ecuador (Torres, 2004: 29-62); mientras la potencia de las formas organizativas no estatales, entendida como un poder ser y hacer práctico, parece estar demostrando su vitalidad en Chiapas y en la comunidades aymaras de Bolivia. Adicionalmente, la comunidad no queda perdida en un pasado que rememora nostálgicamente la tradición, sino que se recrea y proyecta hacia un futuro, libre de las ambigüedades implícitas en la modernidad occidental, por ejemplo, en lo relacionado con la tensión entre la forma y la materialidad de la democracia política y social.

 

La fuerza comprensiva y práctica de análisis como los de Zibechi y los neocomunitaristas latinoamericanos no oculta las inconsistencias de su propuesta, las cuales saltan a la vista con las reflexiones de García Linera y de los analistas sociales, quienes recogen diferentes tradiciones dentro de la sociología de los movimientos sociales o de la crítica del Estado. El tratamiento de los movimientos urbanos, que son llamadas multitud por García Linera, como comunidades asimilables a las aymaras, deja abiertos muchos interrogantes, incluso, si se asume la perspectiva desarrollada por Pablo Mamami (2004 y 2005), la cual le sirve de base analítica a Zibechi. No sólo porque en este caso, las formas de organización están claramente mezcladas con las estatales y clientelistas, sino porque sus expresiones comunitarias están permanentemente expuestas al individualismo y a la alienación de los actores urbanos, quienes con frecuencia, precisamente debido a la enajenación subjetiva, responden más a la lógica de la acción colectiva analizada por autores como Smelser (1963) y Kornhauser (1959); en otras palabras, a la racionalidad instrumental del sujeto enajenado o a las conductas no-racionales de una masa, que a la sociabilidad potencialmente transformadora de las comunidades.

 

Las investigaciones de Maristella Svampa (2008) sobre las relaciones entre movimientos sociales y poder político en Argentina y la suerte actual de los asambleístas y los piqueteros en ese país, llevarían a pensar que la tendencia hacia una organización separada del cuerpo social, no se reduce a la estatalización o partidización de los movimientos sociales, sino que está profundamente arraigada en los procesos de alienación de los sujetos populares, incluidos los comunitarios. Algo similar sucede con las comunidades aymaras, urbanas o rurales, en Bolivia, cuando se pasa de la idealización de la forma-comunidad a su análisis social y político en el cual se evidencian las múltiples formas de poder que las caracterizan.

 

La persistencia de las clases o sectores sociales que fueron o han sido tradicionalmente dominantes, la heterogeneidad social, política y étnica de las sociedades latinoamericanas, y la responsabilidad que tiene el Estado sobre un orden regional dentro de un sistema-mundo (Torres Nafarrete, 2004: 237) dominado por el capital, obliga a que el análisis sobre el sistema político, no quede reducido a la forma-Estado. La capacidad exclusiva del Estado para adoptar decisiones colectivamente vinculantes dentro del sistema político, y la institucionalidad que ella implica en una sociedad heterogénea y contradictoria, impide que los movimientos sociales se desentiendan de él o de los retos políticos que implican su superación. En la medida en que el Estado constituye la condensación de las relaciones de poder dentro del marco de los procesos sociales dominantes, su intervención, o la de una organización alterna que responda a los desafíos de la sociedad contemporánea, es decisiva mientras persista la división en clases y sea necesaria para la producción y reproducción del capital, es decir, mientras todavía no se haya definido un nuevo o unos nuevos modos de producción dominantes, diferentes al capitalista. Sociedades como la boliviana enfrentan los mismos problemas que los autores clásicos del socialismo, el comunismo y el anarquismo se planteaban frente a la transición desde una sociedad capitalista a una regida por prácticas y principios que supongan diversos tipos de propiedad colectiva de los medios de producción social. La transición, especialmente cuando el camino recorrido ha sido el de la democracia representativa, como está sucediendo en la actualidad en América Latina, exige pensar en una organización política que aun teniendo las características de la forma-comunidad, responda a los desafíos planteados por las sociedades contemporáneas y por las múltiples prácticas de resistencia al cambio, realizadas por quienes se aferran al modo de producción capitalista y están dispuestos a defenderlo, incluso, con el uso de las armas.

 

El tránsito hacia nuevos modos de producción que propicien la expansión de la forma-comunidad, no suprime los conflictos derivados de la heterogeneidad social, étnica, política o ideológica, característica de las sociedades modernas y contemporáneas. Por tal razón, exige la existencia de una organización política basada en la diversidad y el pluralismo que permita resolver, transformar o cualificar dichos conflictos, sin que se conviertan en enfrentamientos bélicos o en dispositivos que en su anomia destruyan el tejido social. El debate interno dentro del katarismo-indianismo boliviano, demuestra que el simple recurso a la forma-comunidad no constituye una respuesta a los interrogantes planteados por sociedades que están lejos de ser homogéneas y que la comunidad puede llegar a convertirse, cuando se encierra sobre sí misma y sobre su tradición, en un mecanismo social excluyente, promotor de la segregación y la diáspora del otro, de quien no es reconocido como miembro comunitario. Algunos kataristas-indianistas, como Pedro Portugal, hacen un llamado a aceptar la existencia de una diversidad constitutiva del mundo moderno y contemporáneo, en medio de la cual se debe dar el proceso de descolonización como un paso hacia el futuro que permita reconocer la alteridad y no como una añoranza permanente de un supuesto pasado perdido, depositario de la pureza comunitaria.

 

Sin embargo, otros, como Constantino Lima y Felipe Quispe Huanca, reivindican la existencia de una comunidad excluyente, donde los blancos y los mestizos no tienen lugar, pues no pertenecen a la nación originaria. Por tal razón, es indispensable comprender la historia de las resistencias desde la diversidad, entre ellas las de las comunidades aymaras (Rivera Cusicanqui, 2003), que en contra del capital han tallado al Estado, el sistema político y la democracia en las sociedades occidentales y que son imperceptibles cuando sólo se observa la forma-Estado.

 

En el miso sentido se pronuncia Felipe Quispe: "Cuando llegaron aquí los españoles, entonces ni siquiera tenían mujeres. Han tenido que violar a las ajllas, a las mujeres escogidas que teníamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la burra se cruza con un caballo? Que sale mulo o mula y esos son los mestizos. Después de 20 años, llegan sus mujeres. Entonces ya se cruzan entre ellos, entre blancos, entre q'aras. ¿Qué sale cuando la yegua y el caballo se cruzan? Sale el caballo. Ese es Álvaro García Linera, de piel fina y blanco y que cada vez se tiñe. Los conocemos. Los conozco de cuando estaba en la Confederación Única. Yampara los conoce porque ha trabajado en la Prefectura, todos sabemos bien quienes son ellos. Vayamos a 1780 y 1781. Creo que las conferencias que ahora estamos dando las hacemos en lo que era una de las casas de un alto capo en la Colonia, Francisco Tadeo Diez de Medina. Entonces había una pirámide social, en la que arriba estaban los españoles, después ya venían los criollos y los mestizos y nosotros en el piso, ahí abajo los indios. Hemos tenido que trabajar en las minas, en los obrajes, en todas partes y eso está en nuestra mente, todos saben. Pero, ¿qué piensa Tupac Katari?, ¿qué dice en sus mensajes de esa situación? Dice, por ejemplo, "lo que es de César al César y lo que es de Dios a Dios", aunque dice eso en la categoría bíblica seguramente porque Katari era muy amaestrado por los curas españoles. Entonces, ¿qué estaba diciendo Tupak Katari? Estaba diciendo que a los españoles les correspondía la tierra de donde habían venido los coloniales, que era Europa, España y que tienen que retornar a ella. Lo que es de nosotros, es de nosotros, que tenemos que quedarnos porque somos una nación, tenemos nuestro territorio, tenemos nuestra tierra, nuestro propio idioma, nuestra religión, tenemos nuestras leyes, códigos, filosofía, cultura, los usos y costumbres: Hemos sido siempre una nación". (Ibídem: 200-201).

 

Asimismo, nociones políticas o relativas a la identidad colectiva como la de soberanía o la nación, estrechamente ligadas al desarrollo del Estado-nación, a su responsabilidad sobre un orden regional dentro de un sistema-mundo y a la espacialidad capitalista de la forma-Estado, también constituyen un escudo que protege el territorio necesario para que diferentes formas-comunidad puedan auto-determinarse, y limitar la intervención de los poderes transnacionales y globales estrechamente ligados a los procesos de acumulación capitalista. Dentro de sus límites, las comunidades pueden reivindicar hacia el exterior la pretensión a los monopolios legítimos que está en la base de la teoría y la sociología del Estado. Las organizaciones políticas contemporáneas no pueden hacer caso omiso de esta interioridad-exterioridad, que algunos autores pretenden negar desde los análisis abstractos sobre el imperio y la globalización, pero que adquieren una existencia concreta para los procesos de resistencia y emancipación y para los movimientos sociales, comunitarios o asociativos, que los animan.

 

La ambigüedad del Estado para los sectores o clases sociales que han estado tradicionalmente subordinados al capital, que se le escapa a García Linera al dejar de lado la forma-Estado y a Zibechi al idealizar la forma-comunidad, reside en que sin este tipo de organización política o una alterna que responda a los desafíos impuestos por la sociedad contemporánea, por ejemplo, al control de los monopolios que el Estado encierra, la emancipación siempre va a chocar contra el poder sistémico del capital, al tiempo que la síntesis política del proceso de producción y reproducción capitalista va a seguir perpetuándose. Pero si las clases y los sectores subordinados lo controlan con el propósito de invertir, dentro de él, la relación de poder, van a reproducir su forma de organización y las relaciones sintetizadas en ella. En tal medida, la relación con el Estado no puede dejar de ser dual y de encerrar en forma permanente la tensión entre poderes estatales y no estatales.

 

En situaciones históricas de afinidad en los marcos de sentido y las acciones políticas, los movimientos sociales deben tener una relación de interioridad- exterioridad con respecto al Estado, estar afuera y adentro, transformar las relaciones de poder, tanto en el plano específico de las relaciones sociales, dentro de cuyo campo se estructuran, como en la síntesis institucional de ellas, para evitar que la dominación se reproduzca de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Tal vez por esta razón Negri y Cocco, sostienen, relativizando la teoría del primero sobre el poder constituyente, que actualmente en América Latina "se trata de concebir una acción entre movimientos y gobierno como un proceso continuamente interlocutorio y continuamente de ruptura (...) El proceso interlocutorio que apremia a los gobiernos democráticos y a los movimientos sociales, permanece siempre inconcluso, su motor es el poder constituyente. No se trata en este punto, de oponer las reformas a la revolución, ni la revolución a las reformas, sino de hacerlas interactuar; se trata de transformar la capacidad de expresión del movimiento en forma de governance social, se trata de desarmar de ese modo al gobierno de los Estados burgueses y capitalistas". (Negri y Cocco, 2006: 242).

 

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Resumen: Este trabajo analiza las causas de la protesta durante los tres primeros años del gobierno Santos a partir del enfoque de procesos políticos para el análisis de los movimientos sociales. Durante el gobierno Santos las protestas han tenido como antagonistas principales las consecuencias perversas de los tratados de libre comercio y la denominada "locomotora minero-energética" sobre el sector rural, la educación y la salud. Sin embargo, las protestas no se explican como una reacción frente a las dinámicas económicas, sino por una compleja articulación entre un contexto favorable, generado por el cambio de estilo entre el anterior gobierno de Uribe (2002-2010) y el presente de Santos, que genera expectativas y oportunidades para la protesta, y el papel activo por parte de las personas que se movilizan, que se expresa en la formación de estructuras de movilización y la creación de novedosos marcos de acción colectiva para articular otros actores y formular sus demandas. Para desarrollar este argumento, en primer lugar, se reconstruyen las principales protestas que han tenido lugar en los tres primeros años de gobierno de Juan Manuel Santos. Seguidamente se plantean explicaciones para esta dinámica, a partir del estudio de la estructura de oportunidad política, las estructuras de movilización y los marcos de acción colectiva de las protestas.

 

Palabras clave:protesta social, Colombia, gobierno Santos, neoliberalismo.

 

Introducción

 

La protesta social se ha convertido en un protagonista principal durante el gobierno Santos, desde su comienzo mismo.Un informe de la Policía Nacional, publicado en octubre de 2011, resalta el aumento dramático de la movilización en su primer año de gobierno, cuando casi medio millón de ciudadanos habría participado en protestas. Mientras en el 2010 se habían presentado 1142 manifestaciones, en octubre de 2011 ya iban 1573 . De acuerdo con la Base de Datos de Luchas Sociales del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en los primeros once meses de gobierno se registraron en promedio 2.5 protestas por día, cifra que sólo habría sido superada en 2007, de acuerdo a sus registros de más de 36 años (Delgado, García y Restrepo, 2011: 48).


Más allá de las cifras, que varían de acuerdo a las metodologías utilizadas y las concepciones de protesta en que están fundadas, las protestas sociales han acaparado la atención del país en estos tres años como pocas veces ha sucedido en la historia reciente. Así, si a principios del siglo XXI el diagnóstico que se hacía de los movimientos sociales resaltaba las dificultades que presentaban para generar protesta social y su relativa debilidad en comparación con otros países de América Latina, debida entre otras cosas a las dinámicas del conflicto armado (Archila, 2002), en la actualidad se ha empezado a hablar de una recomposición de los movimientos sociales en el país (Bautista, 2012). ¿Por qué se produce tanta protesta en este momento?, ¿qué factores permiten explicar el hecho de que los y las colombianas acudan a la protesta como una forma de participación en los asuntos públicos?


Este trabajo pretende responder estos interrogantes a partir del enfoque de procesos políticos para el estudio de los movimientos sociales (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005, p. 45; McAdam, McCarthy y Zald, 1999; Tarrow, 1997). Durante el gobierno Santos las protestas han tenido como antagonistas principales las consecuencias perversas de los tratados de libre comercio y la denominada "locomotora minero-energética" sobre el sector rural, la educación y la salud. Sin embargo, las protestas no se explican como una reacción frente a las dinámicas económicas, sino por una compleja articulación entre un contexto favorable, generado por el cambio de estilo entre el anterior gobierno de Uribe (2002-2010) y el presente de Santos, que genera expectativas y oportunidades para la protesta, y el papel activo por parte de las personas que se movilizan, que se expresa en la formación de estructuras de movilización y la creación de novedosos marcos de acción colectiva paraarticular otros actores y formular sus demandas.


Para desarrollar este argumento, en primer lugar, se reconstruyen las principales protestas que han tenido lugar en los tres primeros años de gobierno de Juan Manuel Santos. Seguidamente se plantean explicaciones para esta dinámica, a partir del estudio de la estructura de oportunidad política, las estructuras de movilización y los marcos de acción colectiva de las protestas.

 

1. La contienda política

 

McAdam, Tarrow y Tilly (2005, p. 5) conciben la contienda política como "la interacción episódica, pública y colectiva entre los reivindicadores y sus objetos cuando: (a) al menos un gobierno es uno de los reivindicadores y (b) las reivindicaciones, en caso de ser satisfechas, afectarían a los intereses de al menos uno de los reivindicadores". Este concepto tiene la pretensión de cuestionar los límites analíticos entre la política institucionalizada (contienda contenida) y no institucionalizada (contienda transgresiva), pues los actores y formas de participación de una y otra se traslapan en coyunturas de contienda política.Si bien la protesta social es permanente, durante los tres primeros años del gobierno Santos la contienda política ha girado en torno a las manifestaciones de acción colectiva que se presentan en el Cuadro 1.


Las protestas han tenido como antagonistas principales las consecuencias perversas de los tratados de libre comercio y la denominada "locomotora minero-energética" sobre el sector rural, en términos socioeconómicos y ambientales. De fondo se cuestiona la orientación neoliberal del gobierno, que se expresa en la mercantilización de la salud y la educación, su empeño en ahondar el modelo de acumulación basado en la extracción de materias primas, principalmente minerales, y la promoción de la inversión por parte de multinacionales. Si bien cada una de las protestas tiene particularidades regionales, sus demandas responden a problemas producto de las orientaciones de la política económica del gobierno y se proyectan nacionalmente. Por otro lado, existe un proceso de organización ascendente de sectores tradicionalmente no organizados, que se expresa en las organizaciones que se crean para movilizar las personas, y la puesta en práctica de repertorios de acción colectiva novedosos en el contexto colombiano, como las atividades de protesta cultural, los abrazatones, las besatones o los cacerolazos, si bien en el último año ha predominado el bloqueo de las vías principales.

 

Cuadro 1. Protesta social bajo el gobierno Santos (agosto de 2010-agosto de 2013)

       
FechaProtestaPromotoresAlcance geográficoRepertoriosDemandasDuración
Febrero de 2011Paro de transportadores de carga Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) y Asociación Colombiana de Transportadores de Carga (ATC)Centro y suroccidente del paísBloqueo de vías principalesRegulación de precios del transporte de carga.Menos de una semana
Septiembre de 2011Paro de Trabajadores Petroleros Trabajadores no organizados y apoyados por la Unión sindical Obrera. Puerto Gaitán (Meta)Bloqueo de vías principales, cese de actividades. Mejoramiento de las condiciones de trabajo y exigencia de respeto por los derechos laborales.Varios meses.
Octubre de 2011 Paro nacional universitarioMesa Amplia Nacional Estudiantil NacionalMarchas, actividades culturales, besatones, abrazatones.Retiro del proyecto de reforma a la educación superior y construcción de una reforma concertada que responda a las necesidades del país.Más de un mes.
Febrero de 2012. Protestas contra mega proyectos hidroeléctricos y mineros.Asociaciones de pobladores urbannos y semiurbanos.Departamentos de Huila, Tolima, Quindío, Boyacá, Putumayo. Marchas, bloqueo de vías principales. No a los megaproyectos, no a las transnacionales.Varios meses.
Julio de 2012Protestas del movimiento indígena en el norte del CaucaOrganizaciones indígenas Nasa  Departamento del CaucaMarchas, expulsión de fuerza pública y grupos armados ilegales. Respeto a la autonomía territorial, contra el racismo, por la paz.Más de una semana.
Agosto de 2012 Protestas de trabajadores de multinacionales electrificadorasTrabajadores, pobladores urbanos, USO. Puerto Gaitán (Meta) Marchas, bloqueos de vías principales. Derecho a la sindicalización, derechos laborales, condiciones humanas de trabajo.Más de una semana
Octubre de 2012 "Semana de la indignación"Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, Minga Nacional Indígena, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y Coordinadora Nacional Agraria.  NacionalMarchas, mítines, actividades culturales."Paz con justicia social", contra la desigualdad, la pobreza, la opresion, las consecuencias negativas de la "locomotora minero energética".Una semana
Diciembre de 2012Paro de trabajadores de la Rama JudicialAsonal JudicialNacionalCese de actividades, mítines.Reajuste salarialUn mes
Febrero-marzo de 2013Paro Nacional Cafetero Movimiento por la Defensa la Dignidad de los Caficultores.NacionalMarchas, mitines, bloqueo de vías principales.Fijación de un precio remunerativo estable e independiente del precio internacional del café, políticas de fomento a la producción cafetera nacional, no al incremento de impuestos a los caficultores, control al precio de agroinsumos, una auditoría al Fondo Nacional del Café y un diagnóstico del funcionamiento de las instituciones del gremio, solucionar el problema de deuda de los caficultores, incentivar programas gratuitos de control de plagas y rechazo al TLC con EEUU por permitir el ingreso de cafés procesados y lesionar la soberanía nacional.Más de una semana
Mayo de 2013Paro de pequeños productores de papaComité por la Dignidad y la soberanía del sector papicultor de ColombiaDepartamentos de Boyacá y Cundinamarca.Marchas, bloqueos de vías principales.Proteger la producción nacional, mediante controles a la importación, precios de sustentación y seguros por cosecha, que impidan la pérdida de capital de los papicultores y el consiguiente remate de sus propiedades por parte de las entidades crediticiasMenos de una semana
Junio de 2013Paro Campesino en el CatatumboAsociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat)Región CatatumboBloqueos de vías principales.Contra de la herradicación forzada de cultivos ilícitos, denunciadel abandono estatal de la región y por la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC)Cerca de dos meses
Julio de 2013Paro de pequeños mineros artesanalesConfederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol)NacionalBloqueos de vías principalesProtesta por la criminalización de su trabajo, que se asocia frecuentemente a mafias y grupos armados ilegales, así como por la preferencia del gobierno hacia las multinacionales que los desplazan del negocio sin generar beneficios para las comunidades locales.Más de un mes.
Agosto de 2013Paro Nacional CampesinoMesa Nacional de Unidad Agropecuaria,Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, Coordinador Nacional Agrario.
Nacional
Bloqueos a vías principales, marchas, mítines, actividades culturales, cacerolazos.Rechazoa los acuerdos de libre comercio, demanda subsidios a los productos campesinos, quitar los aranceles para los agroinsumos importados y el cumplimiento de acuerdos anteriores por parte del gobierno, acceso a tierra y territorio para los campesinos, concertación de la política minera con las comunidades locales, inversión social y garantía de los derechos políticos,rechazo a la gran minería y proteccion de la minería tradicional, por la soberanía alimentaria y la condonación de deudas a los pequeños productores.Más de una semana.

 
Fuente: elaboración del autor con base en revisión de prensa.

 

1.1. Cronología básica de la protesta

 

En Febrero de 2011, a seis meses de iniciado el gobierno Santos, se presentó una paro de transportadores de carga, debido al levantamiento de la denominada "tabla de fletes". Este mecanismo, mediante el cual el gobierno establecía los precios de los servicios de transporte, se modificó por decreto para dejar dichos precios al libre juego de la oferta y la demanda. Ante esa medida, las principales organizaciones del gremio, la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) y la Asociación Colombiana de Transportadores de Carga (ATC), decidieron entrar en un paro que inició el 2 de febrero y se prolongó por dos semanas.


El principal repetorio de accion utilizado en esta protesta fue el bloqueo a vías principales, lo que se tradujo en enfrentamientos violentos conla fuerza pública y enormes pérdidas económicas. Aunque al principio el gobierno nacional se negó a negociar bajo la presión de las "vías de hecho" al final, el Vicepresidente, Angelino Garzón, consiguió una conciliación con la que el gobierno se comprometió a retirar la reforma y acordar con los representantes del gremio un mecanismo de regulación para que el Estado interviniera en los precios cuando hubiesen fallas del mercado.

Meses más tarde, en septiembre de 2011, estalló una protesta de cerca de 1000 habitantes de Puerto Gaitán (Meta), quienes bloquearon la carretera que conduce desde su municipio a los campos petroleros (Salcedo, 2013). Era el segundo conflicto que se producía en la zona en contra de la multinacional petrolera Pacific Rubiales y tenía como principales demandas el mejoramiento en las condicines de trabajo. En julio, los trabajadores habían paralizado la producción petrolera demandando acabar con las "camas calientes" o camas rotativas en las que los trabajadores deben esperar a que uno de sus compañeros se levante para poder descansar, contra el maltrato de los capataces, la sobre explotación, la inestabilidad laboral e incluso la falta de agua para el aseo corporal. La Unión Sindical Obrera (USO) acudió al lugar, pese a que en ese momento los trabajadores no estaban sindicalizados, y representó a los trabajadores de los contratistas de Pacific Rubiales, consiguiendo un acuerdo para que la multinacional no tomara represalias contra los trabajadores ni descontara los días de protesta de sus salarios.


Sin embargo, los acuerdos fueron incumplidos y las mesas de concertación fracasaron pues Ecopetrol y Pacific Rubiales las abandonaron, de tal manera que en septiembre las protestas se reavivaron, con bloqueos y enfrentammientos con la fuerza pública. Finalmente, el 21 de septiembre la USO consiguió un acuerdo con Pacific Rubiales, con el aval de los ministros de Proteccion Social y de Interior, que incluía mejoramiento de las condiciones materiales y jurídicas de trabajo, vinculación de mano de obra de Puerto Gaitán y estabilidad de los contratos, entre otros. No obstante, Pacific Rubiales desconoció los acuerdos a los pocos días. El Vicepresidente Garzón sirvió de intermediario nuevamente, pero las negociaciones se tradujeron en el desconocimiento de la representatividad de la USO y la organización de otro sindicato en octubre, denominado Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional y de Servicios Públicos Domiciliarios (UTEN), con 700 trabajadores de un total de 12.000. Para completar, se creó el Batallón Militar No 15, que se ubicó dentro de los campos petroleros y es financiado por Pacific Rubiales, a fin de prevenir en el futuro cualquier tipo de protesta.


El desenlace de las protestas contra la multinacional pasó a segundo plano con el auge de la protesta estudiantil enoctubre de 2011 (Cruz, 2012). La protesta se articuló en contra de la propuesta del gobierno de reformar la Ley 30 de 1992 que regula el sistema de educación superior, presentada por Santos el 10 de marzo.El proyecto se centraba en la atracción de la inversión privada en las universidades públicas y el establecimiento de Instituciones de Educación Superior (IES) con ánimo de lucro. Esto generó profundo descontento entre directivas y estudiantes de universidades públicas y privadas que veían en tales medidas una privatización de la educación, la lesión a la autonomía universitaria, el privilegio de la cobertura sobre la calidad y la concepción de la educación como negocio y no como derecho.


Desde ese momento las principales organizaciones estudiantiles nacionales se articularon en torno a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) creada en un encuentro nacional estudiantil los días 19 y 20 de marzo, que definió los derroteros de la protesta y la plataforma discursiva del movimiento sintetizada en el Programa Minimo de los Estudiantes. La situación de efervescencia estudiantil en distintas universidades regionales se empezó a articular a nivel nacional en el segundo semestre del año, de tal forma que cuando el gobiero radicó el proyecto de reforma en el Congreso, el 3 de octubre, cuarenta universidades se declararon en paro. Desde ese momento, el movimiento estudiantil desarrolló grandes movilizaciones a nivel nacional en las que sobresalieron los repertorios pacíficos, lúdicos y creativos, como las "besatones" y "abrazatones", que involucraron incluso miembros de la fuerza pública. Todo ello le granjeó un gran respaldo social al movimiento, cuyos voceros además dieron la impresión de derrotar con argumentos a los representantes del gobierno en varios eventos públicos. En fin, el gobierno se vió obligado a retirar la propuesta de reforma el 10 de octubre, lo que fue interpretado por los estudiantes como una victoria parcial en el proceso de construcción de una reforma alternativa.


Las protestas retornaron en febrero de 2012, cuando los pobladores de distintos municipios emprendieron protestas contra megaproyectos hidroeléctricos y mineros. En El Quimbo (Huila) se produjeron grandes movilizaciones, por parte de habitantes de la zona, campesinos y pescadores, contra el proyecto hidroeléctrico que pretende desviar parte Río Magdalena generando consecuencias negativas a nivel social y ambiental (Restrepo, 2012). Asoquimbo, organizó la protesta contra el proyecto Emgesa, que afecta siete municipios del Departamento del Huila y amenaza con la inundación de 6 mil hectáreas cultivables y el consiguiente despojo de las tierras.Los repertorios incluyeron mítines y enfrentamientos con la fuerza pública. Estas escenas practicamente se repitieron por los mismos días en contra de los proyectos Hidrosogamoso e Hidoituango, sin que en ninguno de los casos se llegase a un acuerdo.
Por esos días también se presentaban protestas contra los megaproyectos mineros. Habitantes de los departamentos de Quindío y Tolima, protestaron contra la explotación de oro en Cajamarca por parte de la multinacional Anglo Gold Ashanti. En Santurbán se produjeron protestas contra Eco Eco Minerals (antigua Greystar) que exigieron suspender la explotación de oro para proteger el páramo. En Puerto Asís y Villa Garzón la protesta se dirigió contra la multinacional Emerald Energy, y en el suroeste antioqueño contra Anglo Gold Ashanti y el proyecto hidroeléctrico de Pescadero-Ituango (Restrepo, 2012: 30).


El 12 de julio de 2012 otro hecho de protesta copó los titulares de los periódicos y noticieros. Esta vez, y luego de altercados entre miembros del ejército e indígenas de la comunidad Nasa, el movimiento indígena en el norte del Cauca protestó para demandar la desmilitarización de sus territorios, tanto por parte de la fuerza pública como de los actores armados ilegales. Miembros del gobierno, incluyendo al presidente Santos, acusaron a sectores de las organizaciones indígenas de ser auxiliadores o estar infiltrados por las FARC (Vásquez, Rincón y Yepes, 2012: 6). Todo ello desató un debate nacional sobre problemas como la soberanía y la extraterritorialidad, la autonomía indígena e, incluso, el racismo que persiste en el Estado y la sociedad frente a las comunidades indígenas.


En agosto de 2012 revivió el conflicto entre multinaconales, trabajadores y pobladores en Puerto Gaitán (Meta). Los trabajadores de las electrificadoras CEPSA Colombia S.A. y la contratista de Ecopetrol Termotécnica Coindustrial, presentaron un pliego de peticiones demandando el respeto a los derechos laborales, condiciones higiénicas de trabajo, mejoras en la alimentaión, horarios y remuneración justas, y respeto por el derecho de sindicalización, entre otros. Las empresas no accedieron a negociar el pliego, por lo que el 7 de septiembre los trabajadors bloquearon las carreteras hacia varios campos petroleros (Apiay, Chichimene, Castiya, Cabuyaro y Pacific Rubiales), lo que condujo a enfrentamientos con la fuerza pública. Los trabajadores se declararon en asamblea permanente y, con apoyo de la USO, desarrollaron un paro cívico en el Meta, que articuló demandas de otros actores regionales en contra del enriquecimiento de las multinacionales a costas del medio ambiente, el abandono estatal en cuanto a política social y la exigencia de la consulta previa a las comunidades campesinas y étnicas entre otros (Restrepo y García, 2013: 59).


Dos meses más tarde, entre el 4 y el 12 de octubre, distintas organizaciones sociales del país desarrollaron la "semana de la indignación" (Restrepo y García, 2013).Bajo el eslogan de "Paz con justicia social" se articularon organizaciones como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, la Minga Nacional Indígena, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Coordinadora Nacional Agraria, entre otros. En distintas ciudades se desarrollaron movilizaciones pacíficas y actos culturales para posicionar en el escenario público la necesidad de "paz con justicia social" y denunciar la creciente desigualdad del país, la pobreza, la opresión, la discriminación, la mercantilización de los servicios de salud y educación, y el alto costo de los servicios públicos, así como la extranjerización de la propiedad agraria y las consecuencias negativas de la denominada "locomotora minero energética". De esa forma se posicionó a nivel nacional el significante de la "indignación", que había caracterizado a principios de año protestas en otros países, principalmente en España.
Tres meses después, en diciembre, los funcionarios de la Rama Judicial entraron en un paro indefinido, demandando fundamentalmente un ajuste salarial que, según ellos, se había aplazado durante décadas. El paro llevó al colapso de la justiciay se prolongó por cerca de un mes. Al final, el gobierno se vió obligado a negociar y ceder frente a las demandas de los manifestantes.


En el 2013 los niveles de protesta se incrementaron, así como su capacidad de afectación nacional.Entre el 25 de febrero y el 8 de marzo de 2013, en Colombia tuvo lugar la protesta más importante en la historia del gremio cafetero, el Paro Nacional Cafetero. A él se vincularon más de 100 mil caficultores de 10 departamentos, quienes hicieron escuchar sus demandas mediante marchas, concentraciones y, sobre todo, el bloqueo de vías principales. La protesta provocó una crisis de gobernabilidad sin precedentes en la historia reciente, las afectaciones de la movilidad se tradujeron en el desabastecimiento y el incremento de los precios de bienes de primera necesidad en algunas ciudades, generando enormes pérdidas económicas.El desencadenante de la protesta fue la crisis sin precedentes del sector cafetero. Sin embargo, la magnitud que alcanzó no hubiera sido posible sin un proceso previo de organización, en el marco del Movimiento por la Defensa y Dignidad Cafetera, que permitió planear y desarrollar acciones colectivas sostenidas, implementar unas estrategias discursivas para articular distintos actores a su lucha y aprovechar de esa forma las oportunidades políticas coyunturales.


Su pliego de peticiones contenía ocho puntos referidos a la fijación de un precio remunerativo estable e independiente del precio internacional del café, políticas de fomento a la producción cafetera nacional, no al incremento de impuestos a los caficultores, control al precio de agroinsumos, una auditoría al Fondo Nacional del Café y un diagnóstico del funcionamiento de las instituciones del gremio, solucionar el problema de deuda de los caficultores, incentivar programas gratuitos de control de plagas y rechazo al TLC con EEUU por permitir el ingreso de cafés procesados y lesionar la soberanía nacional . Andando la protesta se sumó un noveno punto: el rechazo a la minería en zonas cafeteras.

 


El paro fue apoyado desde su comienzo hasta el 5 de marzo por los transportadores de carga y en forma permanente por otros sectores del agro como los productores de papa, leche, cacao y arroz en distintos departamentos. Aunque, como en anteriores oportunidades, el gobierno afirmó que no negociaría bajo la presión de los bloqueos a las vías principales, finalmente el 5 de marzo designó un equipo de alto nivel, compuesto por el Vicepresidente Garzón y los ministros de agricultura, salud, interior, defensa y otros funcionarios, algunos gobernadores, quienes discutirian con 32 delegados de los caficultores, provenientes de varios departamentos y comunidades indígenas, que exigían un precio de sustentación de $750.000 .
Finalmente, el 7 de marzo las partes llegaron a un acuerdo. Se fijó un subsidio de 145 mil pesos por carga de café, que en vez de precio de sustentación sería denominado "Protección al Ingreso de los Caficultores". Respecto al precio, se estableció un techo de $700.000 por carga y un piso de $480.000 mil . Ese apoyo sólo estaría vigente durante 2013, hasta que el sector se recuperase. Aunque se acordó que el gobierno mediaría ante la Fiscalía para evitar la judicialización de los detenidos durante las manifestaciones y los enfrentamientos con la fuerza pública, finalmente se continuaron los procesos judiciales . A fin de discutir los demás ítems del pliego de peticiones, como el control de precios de fertilizantes e insumos e importaciones de grano y la erradicación de la minería en las zonas de cultivo, se crearon comisiones de trabajo .


Aunque el paro fue un duro golpe a la Federacion Nacional de Cafeteros (FCN), su gerente no renunció. No se definió si a la constituyente cafetera que propuso el gobierno asistirán sólo los representantes de la FCN o también los nuevos líderes. Tampoco se tocó el problema que para los caficultores era de fondo: el libre comercio y el modelo de acumulación basado en la minería. No obstante, los caficultores lo vieron como una victoria.
Con demandas y expectativas muy similares, en mayo los productores de papa de Boyacá y Cundinamarca también desarrollaron un paro. La producción de papa nacional cayó vertiginosamente a consecuencia de la baja en precio, las importaciones del producto de mejor calidad y más bajo precio debido al TLC con EEUU y los altos costos de producción debido al precio de los agroinsumos, entre otros aspectos. El comité por la Dignidad y la soberanía del sector papicultor de Colombia, señaló la necesidad de proteger la producción nacional, mediante controles a la importación, precios de sustentación y seguros por cosecha, que impidan la pérdida de capital de los papicultores y el consiguiente remate de sus propiedades por parte de las entidades crediticias .El paro se caracterizó por los enfrentamientos con la fuerza pública, lo que dejó un saldo de 70 detenidos y 16 personas heridas. Días después, el gobierno y los representantes de los pequeños productores llegaron a un acuerdo que comprendía un apoyo de cuarenta mil millones de pesos al sector


Otra protesta campesina tuvo lugar en junio de 2013, esta vez en la región del Catatumbo. Allí, la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), inició una manifestacion en contra de la herradicación forzada de cultivos ilícitos que pronto dio paso a una agenda de peticiones que denunciaba el abandono estatal de la región y demandaba la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC). Más de 4000 campesinos bloquearon las vía que conduce desde Tibú hasta Cúcuta durante 56 días , en los que tuvieron que enfrentar el rigor de la represión por parte de la fuerza pública y las acusaciones del gobierno, según las cuales la protesta estaba dirigida por las FARC , aunque la propuesta de formalizar allí una ZRC venía de mucho antes de que se iniciaran los diálogos de paz de La Habana (Restrepo, 2013).
Al principio Santos se negó, como lo había hecho en anteriores protestas, a dejarse presionar porlas vías de hecho . No obstante, luego accedió a la negociación mediante personas que conocían de cerca la zona como el Alto Consejero para el Diálogo Social, Luís Eduardo Garzón, y el mismo Vicepresidente, Angelino Garzón, que no arrojaron resultados positivos. Las jornada de protesta dejaron cuatro personas muertas y más de un centenar de heridos, con lo que se constató un viraje del gobierno hacia el aumento de la represión .No obstante, a principios de agosto los negociadores del gobierno y los representantes del campesinado llegaron a un acuerdo para suspender los bloqueos y proceder a negociar. Encontes se trazó una agenda de negociación que se pacto para unmes y que recoge demandas desde subsidios a las familias que dependen de los cultivos ilícitos como condición para su erradicación hasta la zona de reserva campesina .
Para ese momento ya existía otro polo de protesta en el país, pues en julio los mineros artesanales de distintas regiones del país también emprendieron un paro en protesta por la criminalización de su trabajo, que se asocia frecuentemente a mafias y grupos armados ilegales, así como por la preferencia del gobierno hacia las multinacionales que los desplazan del negocio sin generar beneficios para las comunidades locales. Cerca de doscientas mil personas asociadas a la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) protestaron en al menos diez departamentos: Chocó, Guainía, Antioquia, Caldas, Risaralda. Sus demandas, sintetizadas en un pliego de peticiones de 15 puntos, se centraban en derogar el decreto 2235 de 2012 mediante el cual se autoriza a la fuerza pública para incautar maquinaria pesada utilizada en la minería ilegal, así como en la petición de políticas sociales y económicas para el sector y protocolos para diferenciar la pequeña minería ilegal de las bandas criminales. Su repetorio también fue el bloqueo de vías principales, el gobierno consiguió acuerdos en algunas regiones del país, pero el descontento se mantuvo en la zona norte del departamento de Antioquia .
Tanto las negociaciones en el Catatumbo como el paro minero fueron opacados por el paro nacional agrario que inició el 19 de agosto. Esta protesta fue convocada por organizaciones de alcance nacional (Mantilla, 2013), ante el incumplimiento por parte del gobierno de acuerdos con los sectores cafeteros y los productores de papa, como la Mesa Nacional de Unidad Agropecuaria, que agrupa los movimientos por la dignidad arrocera, cafetera, cacaotera, panelera y papera, y que rechaza los acuerdos de libre comercio, demanda subsidios a los productos campesinos, quitar los aranceles para los agroinsumos importados y el cumplimiento de acuerdos anteriores por parte del gobierno. Otra organización convocante fue la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, que reúne varias organizaciones, entre ellas la Marcha Patriótica, y cuyas demandas se resumen en acceso a tierra y territorio para los campesinos, concertación de la política minera con las comunidades locales, inversión social y garantía de los derechos políticos, entre otras. Finalmente, en la convocatoria al paro también participa el Coordinador Nacional Agrario, que comprende treinta organizaciones de 10 de partamentos, entre ellas el Congreso de los Pueblos, y tiene una plataforma programática basada en el rechazo a la gran minería y proteccion de la minería tradicional, el rechazo de los TLC en nombre de la soberanía alimentaria y la condonación de deudas a pequeños productores, entre otros.
En los primeros días de la protesta, el gobierno trató de reducir al máximo su alcance, al menos en los medios de comunicación y desplegó una serie de estrategias para desmovilizar la base del paro en las regiones, como la criminalización a los bloqueos por parte de los transportadores de carga, que en el Departamento del Valle llevó a 25 judicializados tan sólo en el primer día de paro.En forma simultánea, el presidente Santos instó a ejercer el derecho a la protesta de modo pacífico y afirmó que el paro no tenía el alcance que se había imaginado . Días despues afirmó tajantemente "el tal paro nacional agrario no existe", con lo cual los ánimos se caldearon y las protestas, principalmente los bloqueos de vías principales, aumentaron hasta tal punto que el mandatario tuvo que retractarse .
Al décimo día de paro, el gobierno accedió al establecimiento de mesas de diálogo en la ciudad de Tunja. Pero, ya para este momento la protesta se había generalizado a distintas regiones del país, principalmente a la Capital de la República. Así, el 26 de agosto hubo un "cacerolazo" en Bogotá, en horas de la noche, que congregó miles de personas en la Plaza de Bolívar con la consigna de apoyar el paro campesino. Este repertorio ya se había producido unos días antes en Tunja y otros municipios. Sin embargo, el descontento por la represión y por las afirmaciones de miembros del gobierno según las cuales el paro estaba nuevamente infiltrado por las FARC, llevó a un incremento de la protesta.
El 29 de agosto, la ciudad fue paralizada por marchas de distintos sectores, trabajadores de las centrales obreras -Central General de Trabajadores de Colombia y Central Unitaria de Trabajadores-, estudiantes de la MANE, así como ciudadanos de a pié, en apoyo al paro campesino. Al mismo tiempo, se presentaron actos de vandalismo en distintas localidades que arrojaron un saldo de tres muertos, miles de millones de pesos en pérdidas y la militarización de la ciudad. Al día siguiente, 30 de agosto, el presidente, quien en una alocución televisada hizo equivalentes los actos vandálicos con las protestas campesinas, decidió suspender las negociaciones. Los representantes de los campesinos en la mesa de negociaciones, por su parte, decidieron mantenerse en paro pero suspender los bloqueos a fin de impedir más actos vandálicos y la consiguiente represión de la fuerza pública, a la espera de iniciar nuevamente las conversaciones el sábado 31 de agosto .
Esta protesta consiguió un inusitado apoyo en las ciudades, tanto de pobladores urbanos como de distintos sectores sociales como los transportadores, los obreros, los estudiantes y los trabajadores del sector salud. Estos últimos están inconformes con la Ley Estatutaria que pretende reformar la Ley 100 y el proyecto de ley ordinaria que actualmente se dicute en el Legislativo. Para ellos es inconstitucional subordinar el derecho a la salud a la disponibilidad fiscal como lo ha hecho el gobierno .

1.2. El tratamiento gubernamental

En prácticamente la totalidad de las protestas, el gobierno Santos le ha apostado al desgaste de los manifestantes, a esperar que las protestas se caigan por su propio peso, argumentando que no va a ceder ante las "vías de hecho". Esa apuesta ha estado acompañada por el uso de los medios de comunicación para deslegitimar las demandas de quienes protestan, la criminalización y la represión. Ello explica en parte por qué muchas de las protestas han persistido por varios días, semanas y meses.
El paro de camioneros en febrero de 2011, a seis meses de instalado el gobierno, puso al descubierto una especie de ritual que se repetiría en distintas ocasiones: al comienzo una negativa por parte del gobierno a negociar bajo la presión de las "vías de hecho", apostando al desgaste de la protesta. Luego, cuando la situación se tornaba inmanejable, la intervención del Vicepresidente, Angelino Garzón. Esta estrategia para tratar la protesta funcionó prácticamente siempre que se implementó para conseguir el fin de las manifestaciones cuando habían alcanzado un nivel preocupante, exepto con las protestas en el Catatumbo, en julio de 2013.
Pero esa estrategia tambien ha redundado en varias derrotas. La reticencia del gobierno a escuchar los actores sociales antes de que se generen considerables niveles de movilización y la táctica de esperar a que las movilizaciones caigan por su propio peso, quizás obedecen a una lectura errada del contexto político, más que a una debilidad intrínseca, por parte del gobierno.Así lo muestran los casos del paro universitario y el paro cafetero.
Aunque desde el mismo momento en que se presentó la públicamente la propuesta de reforma, el 10 de marzo, los estudiantes y otros actores de la educación superior manifestaron su desacuerdo con esa medida y con el hecho de que no fuese construída de forma concertada, el gobierno esperó a que se declarara el paro. Frente al paro universitario, el mismo 3 de octubre de 2011, luego de la radicación del proyecto de ley para la reforma de la educación superior, el presidente afirmó que no aprobar la reforma sería "la peor noticia", que no encontraba razones para protestar y no cedería ante la presión de la protesta . El paro también trató de deslegitimarse resaltando sus altos costos y el llamado para que la discusión sobre la reforma se hiciera en el Congreso, en vez de en las calles .
Una situación similar se experimentó en el caso del paro cafetero. Aunque los caficultores plantearon demandas al gobierno un año antes de la protesta, en febrero de 2012, nunca fueron escuchados . Sin embargo, luego de que empezó el paro, el gobierno afirmó estaba dispuesto a escuchar las demandas de los caficultores y por ello las vías d hecho eran inadmisibles. En la mañana del 25 de febrero, el presidente Santos hizo una alocución televisada en la que calificó el paro como "injusto e innecesario" y ordenó no permitir bloqueos de vías. Al tiempo defendió la gestión de la FNC. El ministro de agricultura, por su parte, afirmó que dado que los líderes de la protesta no querían negociar, el gobierno lo haría con la FNC. Esta decisión pretendía deslegitimar los organizadores de la protesta, se sustentaba en que no seguía los cauces institucionales, supuestamente era expresión de una minoría y estaba infiltrada por las FARC .
En fin, el gobierno ha optado por permitir que la protesta y el descontento crezcan antes que por anticiparlos. Por otra parte, las últimas protestas del 2013 permiten inferir, como se verá más adelante, que con el correr del tiempo el gobierno ha virado desde un tratamiento conciliador de la protesta hacia el endurecimiento de la represión.

2. Explicando la acción colectiva

Desde el paro de camioneros de febrero de 2012 los medios de comunicación se encargaron de propagar una explicación, por lo demás de tinte autoritario, para la protesta social: "Santos demostró que ante la fuerza, cede" (León, 2012).El carácter autoritario de tal explicación radica en que supone que si el gobierno fuese "fuerte", no se produciría la protesta, esto es, que se requiere un gobierno que no atienda las demandas de los ciudadanos por justas o razonables que sean.El gobierno, por su parte, ha tendido a explicar las protestascomo expresiones de manipulación de las Farxc.


Ambas perspectivas resaltan un supuesto carácter no racional de la acción colectiva que recuerda las explicaciones tempranas que, a fines del siglo XIX, hiciera la psicología de las masas. De acuerdo con Le Bon (1952), uno de sus más importantes exponentes, la acción colectiva se explica por lógicas de contagio, manipulación y sugestión, dado que los individuos, cuando son parte de las "masas" pierden su capacidad de raciocinio. Hoy sabemos que la acción colectiva se explica por mecanismos sociales más complejos, que no pueden reducirse a las determinaciones estructurales (Smelser, 1995), a la racionalidad estratégica de los actores (Olson, 1992) o a los procesos de producción de identidades y sentidos sociales (Touraine, 1987; Melucci, 1999). Como se han encargado de demostrar los autores de la corriente de procesos políticos (Tarrow, 1997; McAdam, McCarthy y Zald, 1999), la acción colectiva es el resultado de un proceso donde tiene parte la dimensión estructural pero también dimensiones subjetivas. Así, una explicación integral de la acción colectiva debería tener en cuenta tres dimensiones: la estructural, con el concepto de Estructura de Oportunidad Política (EOP), que denota las características catalizadoras del contexto en que tiene lugar la acción colectiva; la organización, con el concepto de estructuras de movilización; y la dimensión subjetiva, con las categorías de marcos de acción colectiva.

2.1. El contexto y las oportunidades políticas

El concepto de EOP hace referencia a dimensiones del entorno político que fomentan o desincentivan la acción colectiva: "Los movimientos sociales se forman cuando los ciudadanos corrientes, a veces animados por líderes, responden a cambios en las oportunidades que reducen los costes de la acción colectiva, descubren aliados potenciales y muestran en qué son vulnerables las élites y las autoridades" (Tarrow, 1997: 49) . Abarca la estructura política institucional y las relaciones informales de poder de un sistema político nacional, y se usa como una variable o una serie de variables independientes para explicar el origen, la forma o incluso el impacto alcanzado por los movimientos (McAdam, McCarthy y Zald, 1999: 23).


En el caso colombiano, cada una de las protestas responde a unas demandas y un contexto regional particular que define las constricciones y oportunidades para que las personas se movilicen. Por ejemplo, no es lo mismo protestar en una ciudad como Bogotá, donde la existencia de un gobierno de izquierda impone unos límites a la represión mediante acuerdos sobre derechos humanos entre la fuerza pública y los manifestantes, que en cierta forma funcionaron como oportunidades políticas para el movimiento estudiantil de 2011, a protestar en el Huila o el Caquetá, en el caso del paro cafetero, o últimamente en el Catatumbo. En estos lugares existen mayores constricciones para la protesta, el conflicto social no tiene el mismo trato por parte de las autoridades, lo que aunado a la persistencia de ciertas lógicas del conflicto armado lleva con no poca frecuencia a más altos niveles de represión y criminalización de los ciudadanos y ciudadanas que se manifiestan.


Pero más allá del contexto particular, existen unos elementos que configuran las oportunidades políticas para la protesta en el país. La transición entre los estilos políticos del gobierno de Uribe al de Santos configura un contexto propicio para la protesta. La retórica reformista del segundo genera expectativas entre los ciudadanos, quienes perciben la oportunidad de movilizarse porque al mismo tiempo el presidente no asume una posición tan beligerante como su antecesor. Pero esa retórica también conlleva contradicciones que son aprovechadas por los manifestantes, así como divisiones entre las élites políticas donde éstos consiguen aliados estratégicos. Complementanese contexto la deslegitimación del sistema político y la apertura que implican las negociaciones de paz. Todo abre oportunidades para la protesta, pese a que se mantengan tendencias como la criminalización y la represión.


Buena parte de las oportunidades para la protesta se han generado debido al cambio de gobierno de Uribe (2002-2010) a Santos. La "seguridad democrática" articuló a los descontentos con el proceso de paz iniciado en 1999, entre quienes se encontraban elites regionales emergentes de distinta raigambre y sectores de las elites políticas tradicionales. Si bien esa política implicó un escalamiento en la confrontación bélica, el gobierno también puso en práctica una serie de mecanismos orientados a su legitimación del sistema político (Viñolo, 2012). Campañas que pretendían "recuperar" la seguridad y la confianza inversionista como "vive Colombia, viaja por ella", programas de asistencia para conseguir el consentimiento de los desposeídos como "familias en acción", o de sectores regionales pudientes como "agro ingreso seguro", además de toda suerte de gabelas clientelares, entre otros. Dentro de esas estrategias se destacó también la apelación a un discurso de "patria en peligro" que permeó cada una de las iniciativas, llevando incluso a transformar los símbolos patrios, y una permanente y agresiva campaña mediática que iba desde la exigencia de que los medios de comunicación se refirieran siempre como "presidente" a quien entonces ocupaba el cargo, hasta la destinación de grandes recursos en propaganda institucional incluyendo los "consejos comunitarios". Todo ello contribuyó a que el jefe de Estado mantuviera una popularidad en los sondeos de opinión por encima del 70%.
La legitimación sustentada en esas dinámicas se mostraba tan sólida que para las elecciones de 2010 se trataba de elegir la continuidad o el "descarrilamiento" de la seguridad democrática. Durante 2009 se generó un debate sobre la posibilidad de que Uribe se presentara para un tercer mandato. Esa posibilidad se hizo realidad con la sanción de una ley que avalaba la segunda reelección consecutiva, en septiembre de 2009. Sin embargo, en febrero de 2010 la Corte Constitucional la declaró inconstitucional al hallar vicios de proceso en su promulagación. En ese momento Juan Manuel Santos tomó las banderas del uribismo erigiéndose en candidato de la continuidad.


Para las elecciones de 2010, Santos obtuvo la mayor votación en la historia de Colombia, 9.004.221, 69.1% de los votos con el Partido Social de Unidad Nacional, mientras su contendiente Antanas Mockus, obtuvo 3.588.819 el 27.5% de la votación, en la segunda vuelta. Así pues, se eligió la continuidad, pero sólo en apariencia, pues Santos puso en práctica un estilo y una orientación distinta a su gobierno. A los pocos días de su posesión se esmeró en recomponer las relaciones con países vecinos como Venezuela y Ecuador, que se habían interrumpido desde el gobierno de Uribe por problemas aasociados al conflicto armado interno (Wills y Benito, 2012: 90). También implementó reformas institucionales, como la reactivación de los ministerios que el anterior gobierno había suprimido (Salud, Justicia Trabajo), o la liquidación de entidades donde se habían presentado casos de corrupción (Dirección Nacional de Estupefacientes, Departamento Administrativo de Seguridad). Pero quizás la mayor ruptura se produjo en torno al tema de la paz, porque Santos no sólo reconoció la existencia de un conflicto armado, no sólo una amenaza terrorista, sino que tomó varias decisiones para abrir el camino hacia la consecusión de la paz. Así, en junio de 2011 se promulgó la ley 1448, o Ley de Víctimas, para reparar y atender a las víctimas del conflicto armado interno. En la misma direccion, el 29 de agosto de 2012 firmó con las FARC el "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera" que significó el inicio de conversaciones con ese grupo guerrillero en La Habana, Cuba.


Este cambio en el estilo de gobierno estuvo acompañado de una retórica reformista que pretendió cambiar la "seguridad democrática" por la "prosperidad democrática"(Presidencia de la República, 2010), y que se trazaba como meta que el país hiciera parte de los países desarrollados. Todo ello abrió oportunidades para la protesta, si se tiene en cuenta la orientación represiva que había desarrollado el anterior gobierno. La retórica reformista generó expectativas en distintos sectores sociales que empezaron a ver la oportunidad para hacer escuchar su voz por parte de las autoridades.No existió una ruptura importante en relación con la forma como tradicionalmente el Estado colombiano ha hecho frente a la protesta social, consistente en el desconocimiento de su legitimidad afirmando que se trata de "minorías" muchas veces privilegiadas, como al principio se enfrentó la protesta estudiantil o la de los caficultores; la criminalización, pues no ha existido ninguna protesta en la que miembros del gobierno no hayan salido a decir que se trata de protestas infiltradas cuando no orquestadas por la insurgencia; y finalmente la represión, que ha estado presente con mucha fuerza en todas las protestas y se ha ido incrementando con el paso del tiempo.


Una variable imprescindible de la estructura de oportunidad política es el nivel de represión de la protesta, con gran incidencia en la forma que adoptan los repertorios de acción (della Porta, 1999: 102). McAdam (1999: 58) sugiere que cuando disminuye la capacidad de represión estatal de la protesta es más factible que emerjan movimientos poco institucionalizados y ciclos de protesta. Empero, esta hipótesis es matizada en nuestro caso, pues la represión se ha mantenido durante el gobierno Santos en sus niveles tradicionales.Para citar sólo un ejemplo, el 2 de marzo, unos días después de iniciado el paro cafetero, ya se contaban 80 personas heridas . Hasta tal punto llegó la represión que el 6 de marzo se visibilizó en las redes sociales virtuales, con videos que evidenciaban excesos de la fuerza pública. La policía justificó la represión porque debía dar cumplimiento a la nueva ley de seguridad ciudadana, que penaliza los bloqueos de vías públicas , y de esa manera prácticamente prohibe la protesta .El cambio entonces es más retórico, en la medida en que el gobierno se presenta como más conciliador y menos beligerante que el de su antecesor. Pero incluso ese pequeño cambio puede llevar a las personas a interpretar la realidad como un contexto favorable para ejercer su derecho a la protesta, si tenemos en cuenta la beligerancia y la estigmatización que recaía sobre cualquiera que osase hacer escuchar su voz ciudadana durante el gobierno anterior.


En este mismo sentido, este contexto general ha abierto oportunidades por la vía de los diálogos de paz que, pese a los niveles de represión y a que el gobierno continúe implementando políticas contrarias a cualquier esfuerzo por construir paz, hace que la gente sienta la necesidad movilizarse para hacer escuchar su voz porque percibe un contexto favorable. Así pues, otro factor que influye son las contradicciones del gobierno. Mientras por un lado se habla de paz, por el otro se ahondan las políticas que están en la raíz del conflicto armado. Muchas de las protestas durante este gobierno cuestionan radicalmente el modelo de acumulación basado en la extracción de recursos naturales. Como ha sido ampliamente demostrado, ese modelo no genera ningún beneficio para el país (Hernández, 2013): la mayor parte de la riqueza que genera la "locomotora minera" no se queda en el país, y la poca que se queda por la vía de la especulación financiera genera enfermedad holandesa, lo que termina por acabar con el agro y la industria (González, 2013). Pero, además, produce problemas sociales y ambientales muy graves, que están detrás de la protesta: se contamina o se acaba con recursos naturales, se desincentiva la producción agropecuaria ocasionando crisis económicas y desempleo en las regiones. La crisis del sector agrario había sido predicha desde mucho antes de que se firmara el TLC con EEUU, porque mientras este país no eliminó los subsidios para sus productos agrícolas, Colombia sí tuvo que hacerlo. Como consecuencia, desde un comienzo se sabía que los más perjudicados con el tratado serían los pequeños productores campesinos, la soberania y la institucionalidad democrática, pues las decisiones que atañen a la población colombiana las toman en otro lugar y el tratado condiciona la Constitución política (Umaña, 2011). Como anteriormente se mostró, la mayoría de las protestas durante el gobierno Santos se han producido en contra de ese modelo que sólo beneficia a las multinacionales. En fin, la mayoría de las protestas han cuestionado el terco empeño del gobierno de ahondar en las políticas neoliberales mediante tratados de libre comercio carentes de mínima planeación que proponen mercantilizar incluso derechos como la educación y la salud (Torres-Tovar, 2011). Pero el mismo empeño por conseguir la paz por la vía de la restitución de tierras a las víctimas se ve torpedeado porque el paramilitarismo, ahora denominado "Bandas Criminales" no se desterró en su totalidad y soporta la inequidad en la distribución de la tierra (Reyes, 2009). Ello explica la constante violación de los derechos humanos y la creciente tasa de asesinatos de los reclamantes de tierras. Según la Defensoría del pueblo, entre 2006 y 2011 la cifra asciende a 71 personas asesinadas y, en abril de 2012, sólo había una condena por tales hechos . Las cifras van en aumento, según el más reciente informe del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Programa Somos Defensores, entre enero y junio de 2013 fueron asesinados 37 defensores de derechos, mientras en el mismo período del año pasado hubo 29 casos . A todo ello habría que aunar los fraudes que se han cometido para "lavar" las tierras conseguidas por medios ilícitos con argucias jurídicas que el gobierno pretende legalizar como una forma de incentivar la inversión en el campo .

También contribuye a abrir oportunidades el antagonismo entre los sectores de la clase política que en el gobierno anterior sustentaron la hegemonía, entre los partidarios del expresidente Uribe y quienes acompañan a Santos.La "prosperidad democrática", que se pretendía reemplazo de la "seguridad democrática", no funcionó como significante articulador de los sectores dominantes, y ya ni siquiera se escucha en boca del gobierno. Si bien las campañas comunicativas no se han abandonado, muestra de ello es la reciente propaganda televisiva que llama a los ciudadanos a seguir las vías institucionales para manifestar su descontento, el nacionalismo retórico e icónico parece ceder el lugar a las dinámicas tradicionales de la maquinaria política. Así, el cambio en el estilo de gobierno no sólo generó expectativas en los ciudadanos, sino también contribuyó a una división entre las élites políticas, que igualmente ha generado oportunidades para la protesta. Ello puede verse en el hecho de que el sector uribista se ha presentado como la oposición a Santos, acusándolo de traición, y que el mismo expresidente Uribe ha apoyado protestas de la magnitud del paro cafetero, al lado de sectores de izquierda como el Senador del Polo Democrático, Jorge Robledo .


Otra consecuencia de la transición entre Uribe y Santos que contribuye a generar oportunidades para la protesta es la creciente deslegitimación del sistema político. Los sondeos de opinión informan que el presidente Santos no alcanza niveles de popularidad similares a los de su antecesor. Más allá de eso, la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones, se ha visto gravemente afectada, paradójicamente, porque no se percibe una clara ruptura con las dinámicas indeseables del anterior gobierno. No se ha hecho justicia en la totalidad de escándalos que llevaron al sistema político a estos niveles de deslegitimación, ni se han sometido los responsables a la justicia o asumido su responsabilidad política. Como sostiene Oberschall (1999: 146), "la falta de legitimidad de un régimen es una clara oportunidad para los disidentes". Lo que se constata en Colombia, donde pese a la gobernabilidad institucional que le garantiza al gobierno tener las mayorías parlamentarias en el marco de la Mesa de Unidad Nacional, que reúne los partidos de la coalición de gobierno, las protestas generan ingobernabilidad.

 

2.2. Los elementos subjetivos: procesos organizativos y marcos de acción colectiva

Una de las premisas del enfoque de los procesos políticos para explicar la acción colectiva es que las personas no responden de forma "reactiva" frente al contextos. Por el contrario, toda protesta tiene un proceso consciente de interpretación de la realidad, unos objetivos y unas formas organizativas, por mínimas que sean. Así, además de las oportunidades políticas generadas por las características del contexto, para que se produzca la acción colectiva es necesario el agenciamiento de ciertas formas de organización y de procesos de comprensión e interpretación de la realidad: las estructuras de movilización y los marcos de acción colectiva.


El concepto de estructuras de movilización designa "los canales colectivos tanto formales como informales, a través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva" (McAdam, Mc-Carthy y Zald, 1999, p. 25). Comprende las formas organizativas y los "núcleos socioestructurales cotidianos de micromovilización", grupos cuya función no es la movilización pero que pueden generarla (familias, redes de amigos, asociaciones, etc.) (McCarthy, 1999, p. 206). Una característica fundamental de las protestas en los tres años del gobierno Santos es la generación de nuevos procesos organizativos (ver cuadro 1). Dentro de estos procesos cabe destacar, a manera de ejemplo, la creación de la MANE (Cruz, 2012), que sustentó la protesta estudiantil en el segundo semestre de 2011 y la formación del Movimiento por la Defensa y la Dignidad de los Caficultores, que a su turno sostuvo el paro cafetero.


El estudiantado tiene una rica vida asociativa: grandes organizaciones de carácter nacional, regional y local, "parches", "combos" y colectivos. No todas estas estructuras tienen objetivos políticos, existen grupos culturales o académicos que se politizaron en el ciclo de protesta de 2011. La movilización masiva no hubiera sido posible sin la MANE, que aglutinó las principales organizaciones estudiantiles y se planteó como un espacio amplio donde podía participar cualquier estudiante. Un proceso en construcción resultado del aprendizaje de experiencias anteriores de unidad, como la Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios (CNEU). La CNEU se creó, por iniciativa de las organizaciones de carácter nacional del momento, en el Congreso de Estudiantes de Bucaramanga, en 2003, para hacer frente a unos decretos del gobierno sobre acreditación y presupuesto y, entre otras cosas, desarrolló el paro de abril de 2005. Tenía como objetivo una organización gremial con unidad en lo organizativo, lo programático y la movilización, y se reunió hasta dos veces por semestre. Aunque podrían participar organizaciones locales y regionales y estudiantes no organizados, no se planteó como un espacio amplio sino de interlocución entre organizaciones. Luego del paro se produjeron desacuerdos entre ellas que terminarían por acabar con el proceso. Su última reunión fue en octubre de 2006 cuando las diferencias fueron inconciliables.


Desde 2007 se realizaron Encuentros Nacionales Estudiantiles Universitarios (ENEU), para coordinar movilizaciones coyunturales, por ejemplo, contra el Plan Nacional de Desarrollo de Uribe, en 2007, que obligaba a las universidades públicas a hacerse cargo de su pasivo pensional. Allí sólo participaban las organizaciones estudiantiles y no tenían perspectivas en lo programático y lo organizativo. A fines de 2009 se empieza a discutir la necesidad de un espacio de unidad, que llevó al Encuentro de Manizales, el 14 y 15 de abril de 2010, para enfrentar la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 propuesta por el gobierno Uribe. Finalmente, el Encuentro de marzo de 2011 decide crear la MANE para enfrentar la reforma a la Ley 30. "Mesa amplia", implica articular al estudiantado, no sólo universitario, más allá de las organizaciones e idearios, mayoritariamente de izquierda, y avanzar en la unidad programática y organizativa. En la MANE hacen presencia más de 300 procesos organizativos, pero el Encuentro donde se formó fue convocado por 9 organizaciones, cinco de carácter nacional .


Un avance es el esfuerzo por superar el sectarismo entre organizaciones que, aunque comparten un ideario de izquierda, tienen diferencias ideológicas. El proceso de unidad en parte se explica por las presiones coyunturales, pues los protagonistas consideraron la propuesta de reforma a la Ley 30 como demasiado lesiva. Pero también influye la "maduración" o aprendizaje, a partir de sus experiencias durante el gobierno Uribe.Las grandes organizaciones han tenido un papel principal en la construcción de la MANE debido a la disposición de recursos materiales e información, y a ese aprendizaje, que les permite asumir tareas que no se lograrían de otro modo, desde la logística hasta análisis de largo plazo. Sin embargo, el ciclo de protesta generó un masivo crecimiento de los participantes, que desbordó las capacidades de las organizaciones para dirigir el proceso y generó problemas de coordinación y en la toma de decisiones. En menos de cuatro meses la MANE se constituyó como una estructura de coordinación para avanzar hacia la unidad del estudiantado. En este proceso tuvo que lidiar con el cuestionamiento a los mecanismos de toma de decisiones en las asambleas, la emergencia de un discurso antiorganización que reivindica los estudiantes no organizados o de organizaciones locales, la discusión sobre las vocerías nacionales y la articulación con procesos regionales, entre otras cosas.


En un sentido simimlar, el Paro Nacional Cafetero fue posible gracias al aprovechamiento de la infraestructura organizativa formal e informal del sector, así como de la formación del Movimiento por la Defensa y Dignidad Cafetera, como instancia de coordinación que supo movilizar las redes de relaciones cotidianas del campesinado cafetero para orientarlas a la protesta.El sector cafetero dispone de una importante infraestructura gremial, lo que se traduce en importantes aprendizajes y acumulados en cuanto a acción colectiva. En muchos casos los comités municipales y departamentales de la FNC jugaron un papel destacado en la articulación de las bases de la protesta. Otro elemento importante son los altos niveles de democratización tanto de la organización gremial como de la forma como se han organizado durante más de un siglo los procesos de producción en las zonas cafeteras. De acuerdo con Arango (2013), existen 538 mil productores de café de menos de cinco hectáreas, que constituyen el 96% del total de productores, asentados en 631 municipios.


El Movimiento por la Defensa y Dignidad Cafetera, por su parte, se caracterizó por su informalidad y su función de coordinador. Sin embargo, logró poner en cuestión la representatividad y legitimidad de la FNC, que tomó partido a favor de las propuestas del gobierno. El Movimiento se formó sobre la marcha para afrontar demandas muy específicas, sintetizadas en el pliego de peticiones y orientadas a responder a la crisis del sector cafetero. En ese trayecto consiguió desarrollar cuatro encuentros nacionales donde se planificaron las agendas y estrategias de movilización. La organización no tiene mayor distribución funcional, salvo la Mesa y el Comité Coordinador. El 3 de junio de 2012, en Riosucio Caldas, se realiza el Encuentro Regional Cafetero del Occidente de Colombia, con participación de más de 100 dirigentes, representantes de 700 municipios, congresistas, concejales, alcaldes y representantes del gobierno departamental de Caldas. El objetivo era analizar la crisis del sector y tomar las medidas necesarias para superarla. Una de las decisiones del Encuentro fue crear la Mesa Nacional del Movimiento por la Defensa y Dignidad Cafetera, una instancia de vocería para adelantar la lucha por el pliego de peticiones que se definió en ese mismo espacio . El Comité Coordinador de Actividades, por su parte, fue constituido en el Tercer Encuentro Nacional del Movimiento, en Ibagué el 14 de septiembre, para desarrollar tareas concretas .


Por otra parte, la carta abierta enviada al presidente Santos, luego de la movilización del 13 de agosto en Manizales, permite inferir el tipo de organizaciones que se aglutinaron en torno al Movimiento. Estaba firmada por representantes de departamentos, organizaciones y comunidades indígenas. Entre los departamentos: Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Tolima, Cauca, Caldas, Huila; entre las organizaciones: la Mesa Amplia Intersectorial Cafetera de Antioquia, Asproinca, Unidad Cafetera y Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria; y las Comunidades indígenas de Riosucio (Caldas), Guambía (Silvia-Cauca) y Cristianía (Antioquia) .


Quizás el carácter informal del Movimiento explique las diversas trayectorias de sus dirigentes. Algunos participaron en la organización independiente Unidad Cafetera o han ocupado cargos de elección popular, pero también hay líderes ajenos al mundo político. Un informe del diario El Tiempo, permite hacerse una idea de su trayectoria. En Caldas, Óscar Gutiérrez pertenece al Polo Democrático y tiene "20 años de vida política"; en Risaralda, Duberney Galvis, también pertenece al Polo; en Quindío, Dimas Alberto Arias, es presentado como "sin filiación política"; en Huila, coordinaron el excongresista del Partido Liberal Orlando Beltrán y el exconcejal conservador Armando Acuña; en Tolima, el exconcejal liberal Freddy Mosquera; en Cauca, Rubén Darío Cifuentes, que afirma no tener partido, pero fue secretario del Comité Municipal de Cafeteros de Piendamó; y en Antioquia, Guillermo Gaviria, comerciante que no ha aspirado a cargos de elección popular.


A nivel local, el paro corrió a cargo de las organizaciones de apoyo y las comunidades en general. Los lugares de protesta funcionaron con mecanismos de autogestión, los participantes debían aportar comida y determinados trabajos . Si bien la organización básica consistió en comisiones espontáneas para atender distintas labores (comida, seguridad, aseo, derechos humanos, salud), esa espontaneidad se levantaba sobre fuertes vínculos sociales, fraternales y familiares. Ello permitió un alto nivel de planificación de las acciones y una elevada cohesión. Las formas de organización reprodujeron los lazos de vecindad producidos en la vereda, fundamentales a la hora de garantizar tareas como el transporte, la cocina y la seguridad.


Quizás este es un factor de ruptura en relación con el pasado reciente de nuestro país. Hoy en día pululan los procesos organizativos populares. Ante la desconfianza y la imposibilidad de hacer oír sus demandas por parte de las autoridades públicas, las personas están buscando opciones para participar en la política, para realizarse como ciudadanos, y ello pasa por su organización. Las protestas que se han presentado han generado dinámicas de politización y enrolamiento de personas que anteriormente no contemplaban la movilización como una vía legítima para hacerse oír. Existe una clara recomposición organizativa en el campo popular palpable en las dinámicas de unidad que se han conseguido desde hace tres años en espacios como la Marcha Patriótica o el Congreso de los Pueblos.


Por otra parte, el concepto de marcos de acción colectiva denota "esquemas interpretativos" mediante los cuales los participantes en un movimiento social conciben y explican el mundo (Snow y Benford, 1992, p. 137), "significados compartidos que impulsan a las personas a la acción colectiva" (Tarrow 1997, p. 57), y funciona como un correctivo al estructuralismo de ciertos enfoques. Resalta la importancia de la cultura en los procesos de movilización, pues parte de una epistemología constructivista donde los significados son construidos socialmente y los intereses materiales no se traducen por sí mismos en guías para la acción (Tarrow, 1999, p. 209). Presta atención al papel activo de los actores pues "tanto la cultura como el proceso enmarcador de ideas se conciben estratégicamente" (Zald, 1999, p. 369).


El objetivo de los marcos es "forjar formas compartidas de considerar el mundo y a sí mismos que legitimen y muevan a la acción colectiva" (McAdam, McCarthy y Zald, 1999, p. 27). Los procesos de enmarcado implican un conflicto entre distintas visiones del mundo, formas de explicar los problemas, soluciones y cursos de acción. Esta disputa tiene lugar tanto en el interior de los movimientos como en su ámbito externo, pues los marcos son cuestionados por espectadores, funcionarios estatales o contramovimientos (Zald, 1999, p. 370; Rivas, 1998, p. 207). De su desenlace depende la efectividad del marco. Analizar un marco de acción colectiva implica identificar: (1) el diagnóstico de la realidad, porqué las cosas no son como deberían ser y quiénes son los responsables, el antagonismo; (2) la identidad, o la autodefinición de un "nosotros" a partir de articulaciones, que están de acuerdo con (3) una solución a los problemas, un deber ser en función del cual se produce la acción colectiva. Retomemos una vez más a modo de ejemplo los marcos del movimiento estudiantil y del paro cafetero.


En el discurso del movimiento estudiantil el principal antagonista es el gobierno, cuyo proyecto pretende reducir la educación a una mercancía subordinada a los criterios del mercado global, en vez de constituirla como un derecho según criterios de pertinencia para las necesidades del país. La lucha no es sectorial, se proyecta como lucha del pueblo colombiano, articula la diversidad del estudiantado y otros sectores populares. El diagnóstico permite al movimiento atribuir responsabilidades y definir sus antagonistas: las políticas del gobierno Santos profundizan el modelo neoliberal, que reduce la educación a una mercancía en lugar de concebirla como un derecho. Existe un "marco maestro" estructurado por el derecho a la educación . El principal antagonista es el gobierno y su modelo de educación que se proyecta a un modelo de país donde se profundiza la desigualdad social. Esto se expresó con consignas como: "Las universidades públicas no son empresas" y "Ni Ley 30 ni reforma".


La lucha del movimiento estudiantil no se plantea como una lucha gremial, sino se proyecta para representar los intereses de la sociedad colombiana. Así intenta articular diversos sectores, no sólo los estudiantes y universitarios. El discurso del movimiento intenta articular los demás estudiantes, de universidades públicas y privadas, técnicas y tecnológicas, de secundaria: "La embestida oficial en contra de la universidad y de los estudiantes hace indispensable la unidad del conjunto de procesos y vertientes existentes al interior del movimiento estudiantil, el cual fortalecido con dicha pluralidad, ahondará esfuerzos por derrotar el cúmulo de medidas que niegan la existencia de una educación pública y que hace muy oneroso estudiar en otro tipo de instituciones" .


En correspondencia con su diagnóstico, el deber ser que el movimiento plantea, condensado en el Programa Mínimo de los Estudiantes, es un proyecto de país donde la educación juega un papel importante en la generación de igualdad, inclusión y oportunidades. Traza una política cultural (Escobar, et.al. 2001: 25) que desafía los significados hegemónicos de educación y democracia, en una cultura política fuertemente marcada por el neoliberalismo donde el acceso a derechos se concibe como responsabilidad del individuo más que del Estado. Consignas como "Por una educación gratuita y de calidad" ubican la responsabilidad por la educación en el Estado. El proyecto recoge la intencionalidad política del Programa Mínimo de 1971. Para el estudiantado: "La universidad colombiana debe estar ligada a las necesidades más sentidas del pueblo colombiano y al desarrollo y progreso de su mercado interno, por tanto su actividad académica e investigativa estará a su servicio. Esto implica que la universidad pública debe discutir y adoptar un nuevo modelo pedagógico que afronte, discuta y genere alternativas con respecto a las problemáticas sociales, económicas y medio ambientales que afronta el país, vincule a los grupos étnicos y culturales que componen la nación colombiana. Entendemos que la extensión universitaria hace parte integral del quehacer académico de la universidad motivo por el cual este debe responder a las prioridades y necesidades del pueblo colombiano" .


El marco de acción colectiva que sustentó la protesta cafetera articulaba un diagnóstico de la crisis que responsabilizaba al gobierno y a la FNC; los caficultores se concibieron como portadores de una cultura, "una gran familia", "gente trabajadora y de bien", y articularon en su discurso al "pueblo colombiano", particularmente quienes dependen de la cadena productiva del café. En fin, si bien los cafeteros formularon demandas concretas para solucionar la crisis, su discurso plantea la necesidad de reorientar el modelo de desarrollo basado en la mega minería y generar políticas para el desarrollo agrario.


El diagnóstico que el Movimiento hizo de la crisis, si bien admitió la incidencia de factores coyunturales como la revaluación o la caída de los precios internacionales del grano, situó las causas en las políticas de libre comercio implementadas desde hace dos décadas en el país, y el reciente viraje hacia un modelo de acumulación basado en la extracción de minerales, que además de abandonar el campo y la industria ocasiona "enfermedad holandesa", revaluación y no trae ningún beneficio al agro. En consecuencia, el principal responsable y antagonista era el gobierno nacional, por no formular políticas orientadas al agro, que

permitieran enfrentar este tipo de situaciones, en parte producto de los TLC. En segunda instancia, buena parte del antagonismo se situaba en la FNC.
Luego del Encuentro regional cafetero de 3 Junio de 2012 se produjo un documento de diagnóstico donde se afirmaba que se habían tomado decisiones que para enfrentar "las políticas del gobierno nacional y las acciones de especulación que impone el capital financiero y las multinacionales de la comercialización en el mercado mundial del grano": "...En conclusión, después de veinte años de aplicación de políticas neoliberales, la realidad indica que éstas condujeron al fracaso, no sólo a los caficultores sino, al resto de la agricultura nacional. Más grave será la situación con la implementación de los Tratados de Libre Comercio" .


Los manifestantes se consideran a sí mismos portadores de una cultura ligada al café. Los lazos sociales que los unieron en la protesta se comprendieron mediante la metáfora de la "gran familia cafetera", que podía potencialmente articular todo el pueblo colombiano y aludía al carácter familiar de la economía del café. Esa metáfora se complementó con la articulación del significante "dignidad", tanto para formular sus demandas como para contrarrestar la criminalización, afirmándose como "gente trabajadora y de bien", no como delincuentes o "fuerzas oscuras", y exhortar al "pueblo colombiano", sobre todo aquellas personas que dependen de la cadena productiva del café, a unirse.


Iniciado el paro, un caficultor de Guacas decía: "Somos agricultores por vocación y tradición; el café es una cultura, algo que se lleva en la sangre, que viene de nuestros abuelos" . Con ello ponía de presente el estrecho vínculo entre la identidad de buena parte del campesinado con el café. El vocero antioqueño, Guillermo Gaviria, resumió un matiz relevante de la identidad del movimiento al asegurar que era "una gran familia cafetera", sin filiación con ningún partido , una metáfora que alude al carácter predominantemente familiar de la producción cafetera colombiana. En el mismo sentido, el 25 de febrero, en Apía, departamento de Risaralda, el paro se convocaba con una pancarta que decía. "Apianos: todos somos hijos del café. Paro nacional cafetero, 25 de febrero. Participemos" .


En la construcción del "nosotros" también fue importante la articulación del significante "dignidad", tanto en el nombre del movimiento como en las consignas y eslóganes de las protestas, por su conexión con la "indignación" de otras poblaciones alrededor del mundo y por su significado particular para los cafeteros, pues resalta su independencia económica y su laboriosidad. Según Gutiérrez, en Caldas se escuchaba permanentemente la consigna: "Nosotros somos cafeteros, no limosneros" .


Ese "nosotros" se construyó mediante una constante política de articulaciones con otros actores que, sin ser estrictamente caficultores, resultaban afectados por la crisis del sector. Así, el significante "cafeteros" por momentos podría articular a todos los colombianos como una familia. La política de articulaciones fue evidente, tanto en los eslóganes de la protesta, como en los documentos del Movimiento. Gilberto Salinas, un cafetero que protestaba el 28 de febrero en el Boquerón (Tolima) afirmó que el paro debía ser una lucha de "todo el pueblo colombiano", pues "si no trabajan los campesinos, no tienen con que comer, debe ser una lucha de todos" . Una consigna plasmada en pancartas en distintos lugares decía: "580.000 familias enfrentan la miseria, ellos producen el café que usted está tomando". Así mismo, para la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), "el paro cafetero no es la lucha de quienes se sustentan de este producto. Es una lucha del pueblo colombiano" . En el Encuentro del 3 de junio de 2012, un eslogan que se repitió por parte de la multitud para justificar la agremiación de grandes, medianos y pequeños productores fue "la lucha es de todos" .
El Movimiento se planteó unas demandas concretas, que comprendían cada uno de los problemas del sector cafetero, para solucionar la crisis y que se condensaron en el pliego de peticiones acordado en el Encuentro del 3 de junio de 2012. Sin embargo, de la forma como los manifestantes diagnosticaron el problema y asignaron responsabilidades, es posible inferir que en el deber ser que plantean como una solución definitiva a su crítica situación se encuentra un redireccionamiento del modelo de acumulación y, particularmente, una revisión del auge económico de la denominada "locomotora minera" y las consecuencias que produce.


En fin, las protestas durante el gobierno Santos también evidencian un cambio importante a nivel de los proyectos políticos y los horizontes discursivos. Mientras el gobierno y los adversarios de las protestas sólo pueden ver en ellas retozos de la insurgencia, al examinar los discursos de las personas que protestan, al menos en los casos del movimiento estudiantil y del movimiento cafetero, pueden encontrarse claras evidencias de proyectos políticos plurales que cuestionan la inequidad del modelo neoliberal sustentado en la extracción de materias primas, la injusticia, la ausencia de soberanía popular, de respeto por la diferencia y de democracia real, necesarios para la construcción de la paz en este país.

 

Corolario


Este artículo examinó la protesta social en los tres primeros años del gobierno de Juan Manuel Santos. En este período, la protesta social se ha dirigido principlamente encontra del modelo económico neoliberal, las consecuencias de los tratados de libre comercio y la "locomotora minero-energética" sobre el sector rural y servicios como la salud y la educación. Sin embargo, las protestas no se explican como una reacción, que suponga una causalidad simple entre las condiciones económicas y la acción colectiva. Por el contrario, la acción de protesta se explica por la convergencia de cuando menos tres variables: las oportunidades políticas que provee el contexto, los procesos organizativos y los marcos de acción colectiva.
Así pues, aunque cada una de las protestas está definida por particularidades regionales, comparten un contexto general caracterizado por las oportunidades políticas que abre el tránsito entre los estilos de gobierno de Uribe y de Santos. La retórica reformista y de cambio de este último alienta expectativas que al mismo tiempo empiezan a verse frustradas, como el objetivo de alcanzar el desarrollo acudiendo a un modelo de acumulación extractivista que arruina el campo, o el intento de negociar la paz al tiempo que se ahondan las reformas neoliberales en sectores como la educación y la salud. A ello cabe aunar el antagonismo entre las élites, uribistas y santistas, que anteriormente sustentaron la hegemonía políica, porque genera un juego complejo de alianzas entre actores que también abre oportunidades para la protesta, y la creciente deslegitimación del sistema político, entre otros aspectos.


Sin embargo, no sólo las oportunidades del contexto aseguran la producción de la acción colectiva. El incremento de la protesta en los tres años estudiados no habría sido posible si a esas oportunidades no se adicionan los procesos organizativos, que han enrolado personas que en otra circunstancia no se hubiesen movilizado, y los ingeniosos marcos de acción colectiva con que los manifestantes explican la realidad y articulan sus demandas y sus apoyos.

 

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En mi ponencia desarrollaré la siguiente idea central:

 

El gobierno "progresista" de la Revolución Ciudadana se caracteriza por un tipo de gobernanza articulada en torno a la figura política del Presidente. El poder y liderazgo que el sujeto político Rafael Correa ha concentrado, tanto en el Gobierno como en el Estado y en la sociedad, es de tal magnitud que es pertinente nombrar este ejercicio del poder político como "correísmo". En este sentido, se propone para el debate pensar al correísmo como modelo social y político de dominación, funcional al actual proceso de acumulación de capital en la región y, particularmente, en el Ecuador.

En la conferencia que me corresponde dictar trataré de evidenciar las rupturas conceptuales y prácticas que están en curso en los actuales momentos.

 

Partiré de reflexionar con base en el legado de lo que debemos superar en nuestras prácticas sociales cotidianas, apoyándonos, para ello, en las pistas que nos brindan en sus quehaceres diarios los movimientos antisistmémicos.

 

Tomar nota, entonces, que las tradiciones que influyen en los movimientos latinoamericanos son plurales, o sea, no se inscriben exclusivamente en la tradición emancipatoria occidental sino, de modo significativo, en las tradiciones revolucionarias indígenas y populares latinoamericanas. Las tradiciones occidentales de cuño marxista, anarquista y socialdemócrata forman parte de un paradigma racional, en sintonía con la Ilustración, centradas en el concepto de ciudadano y en los derechos humanos individuales. A diferencia de los procesos encabezados por los criollos, los indios se han inspirado en sus propias tradiciones. Las revoluciones panandinas de 1780 encabezadas por Tupac Amaru y especialmente por Tupac Katari, no se inspiraron ni en la revolución francesa, ni en la haitiana, y pertenecen a otra genealogía que los procesos que promovieron las independencias criollas. Los rebeldes de 1780 sustentaron sus demandas y acciones en sus tradiciones comunitarias y como pueblos, en las prácticas asamblearias, descentralizadas y en el tradicional sistema de cargos rotativo o por turnos.

 

Quiero decir que existe una genealogía rebelde y emancipatoria no ilustrada ni racionalista, que aunque no ha merecido mayor atención de las academias y de los partidos de izquierda, está en la raíz del pensamiento y las prácticas "otras" de una porción sustancial de los oprimidos de este continente. Esas genealogías otras, se plasman de alguna manera en los conceptos de SumakKawsay, Buen Vivir, o Suma Qamaña, Vivir Bien, que los quichuas ecuatorianos y los aymaras y quechuas bolivianos han hecho incorporar a la nuevas constituciones. "Vida límpida y armónica", o sea vivir de manera que se establezca una relación armoniosa entre los seres humanos y, por lo tanto, entre ellos y la naturaleza, ya que no puede haber diferencia entre el modo como las personas se relacionan entre sí y como lo hacen con el espacio donde viven.

 

Se trata de una ruptura radical con la cultura occidental, con las ideas de progreso y desarrollo, con las propuestas de crecimiento y consumo ilimitados que no son otra cosa que la perpetua acumulación de capital y de poder en un polo de la sociedad. Pero es también una ruptura con la modernidad, con el colonialismo y el eurocentrismo. La crisis civilizatoria que estamos viviendo nos sugiere que los instrumentos analíticos con que contamos para comprender y analizar la realidad ya no son confiables, porque son conocimientos de matriz colonial (como la relación sujeto-objeto en la que están sustentados) que se limitan a consagrar el actual patrón civilizatorio como algo natural e impiden pensar en formas de vivir diferentes.Vivir Bien o el Buen Vivir es un arte guiado por principios y una alternativa de vida frente a la civilización de la muerte, no una lista de demandas que puedan formularse como derechos de los ciudadanos y deberes de los estados. Un arte que supone armonía con la naturaleza, considerada como una madre de la cual dependemos y con la cual no podemos establecer una relación de competencia o dominio.

 

En los sectores populares urbanos anida también una cultura diferente a la hegemónica, que tiene fuerte influencia en los movimientos urbanos, que ha sido abordada desde diversos ángulos, que abarcan de los curas villeros argentinos hasta análisis más académicos de los barrios populares venezolanos. Ellos vienen advirtiendo la existencia de una cultura urbana asentada en una potente sociabilidad (anclada en el estar o "estar-siendo") donde la relacionalidad social es determinante y capaz de conformar un mundo de vida popular con características muy diferentes a la sociedad hegemónica, incluyendo relaciones económicas por fuera del mercado.

 

Las tradiciones indias junto a las urbano-populares, de las que forman parte las culturas afros, las rurales, cristianas de base y también indígenas, conforman un conjunto de referentes éticos y simbólicos, algo así como los "usos y costumbres" de las rebeldías de los de abajo, que están presentes en muchos movimientos antisistémicos. No se trata de que exista un paradigma emancipatorio similar pero diferente al occidental sino algo diferente: un sustrato de tradiciones rebeldes, múltiples y no unificadas, practicadas y no teorizados, que están alimentando los modos y formas de los insubordinados de hoy. Por cierto, los movimientos inspirados en esas tradiciones no excluyen las que los movimientos antisistémicos han heredado de la revolución francesa y de las revoluciones posteriores, sino que las enriquecen así como están, en algunas ocasiones, abiertos a recibir las propuestas occidentales. Tal es el caso de la liberación de la mujer, tensión que no está presente ni en las tradiciones latinoamericanas indias ni en las urbano-populares.

 

Por el contrario, en éstas no existe nada parecido a la tabula rasa heredada de la Ilustración, ni la separación entre teoría y acción, ni siquiera entre estrategia y táctica, toda vez que en las culturas originarias no existe una división entre medios y fines.

Viernes, 01 Noviembre 2013 15:39

Sobre la táctica y la estrategia

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Pocos conceptos estuvieron tan malversados por la izquierda setentista, como el de táctica y estrategia.

 

Por momentos se interpretaba que estrategia era el largo plazo y táctica lo inmediato. Consecuencia: estrategia era lo importante y táctica lo secundario, es decir, un error "táctico" no era importante.

 

Teniendo en cuenta que estos son conceptos esencialmente militares, el "estrategismo" que aquí se menciona, es consecuencia de la "militarización" de la política revolucionaria en América Latina influida por la revolución cubana. Esa fue, sin embargo, una insospechada influencia del estalinismo. Y, en efecto, podemos llamarlo "estrategismo" Es menester recordar que , sin embargo, Lenin habla siempre de táctica. En sus cuarenta tomos la palabra estrategia aparece un par de veces y se refiere a tema militar. Hoy debemos "regresar" al concepto de "táctica política" aplicada en tiempo y espacio. El arte de la política es el arte de la táctica, que es necesario aprender a usar con maestría.


El reformismo no es un "error" es una opción. La "alternativa" al reformismo, se mostró la más de las veces falsa. El agravante se vio claro en Nicaragua: de todos los comandantes tan radicales y "revolucionarios" , los dos de origen "reformista" (Sergio Ramirez, socialdemócrata y el sacerdote católico Ernesto Cardenal), fueron los únicos que no se corrompieron con el poder. Debemos asumir esa amarga experiencia.


Hay que erradicar lo que hoy en día creo es una falsa opción: "Reforma o Revolución". Buscamos transformar la sociedad y el siglo veinte ha enseñado que la adopción de una opción no garantiza nada. Hay revoluciones que transformaron menos que ciertas reformas.


Lo electoral debe ser asumido como un fin propuesto, es decir como un medio para lograr un algo deseado y claro, no como una "táctica" para llegar a otra cosa. Cierto es que Lenin planteaba "usar" el Parlamento como tribuna de denuncia, pero eso era en tiempos del absolutismo. Hoy en día la sociedad tiene muchas tribunas para usar para las denuncias. Sera importante examinar que puede lograrse mediante una intervención electoral. Cambiar al mundo dejo de ser una utopía para un futuro indefinido. Cambiar al mundo se empieza por el aquí y ahora. Y la historia ha demostrado que no existe una sola forma. En todo caso lo más difícil de enfrentar en el campo electoral es el maniqueísmo y la tendencia de los sujetos a asumir puestos para beneficio personal cuando no, como salida laboral.


No me cabe la menor duda que el progresismo representa el surgimiento de nuevas burguesías nacionales. Es importante asumir ese hecho y darnos una táctica al respecto teniendo en cuenta que como buenas burguesías timoratas, como un sector de la sociedad motivada por el afán de lucro, no son para nada independientes, ya que administran mejor o peor un modelo productivo impuesto de hecho por el dominio mundial de capitalismo transformado en Imperio.


Las experiencias de gobierno recientes significan el fin de las dictaduras, incluso de las amenazas militares, teniendo en cuenta que tampoco hay amenazas revolucionarias. Eso conlleva cierta ilusión de triunfo, sin percatarnos que esta situación es consecuencia de una derrota general de la revolución en toda América. No hay más militares porque no hacen falta. Es muy claro que ante la amenaza revolucionaria el poder arma rápidamente sus fuerzas represivas. No es fácil hablar de positivo y negativo, hay que hablar de esta realidad imperante, compleja, y sobre todo difícil de enfrentar en términos de viejos postulados ideológicos.


El desafío es encontrar un camino, ya nopara transformar el mundo, sino para crearlo de nuevo.