Articulos de la semana

Articulos de la semana (161)

Martes, 25 Abril 2017 10:32

John Martínez

Escrito por

John Martínez

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Sociólogo

Universidad Nacional de Colombia

 

 

 

 

 

 

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión este derecho incluye no se molestado a causa de sus opiniones, el investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.

 

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Artículos impresos:

 

La oprobiosa venta de Isagen

Enero 20 - febrero 20 de 2016

En la puerta de los hogares

Periódico desdeabajo Nº218, Noviembre 20 - diciembre 20 de 2015

Suplemento sociedad y política Nº6, Periódico desdeabajo Nº 217, septiembre 20 - octubre 20 de 2015

El ojo vigilante del Estado en Colombia

El tinglado electoral

Periódico desdeabajo Nº 217, Septiembre 20 - octubre 20 de 2015

Los trece esperan el juicio desde la Picota y el Buen Pastor

Periódico desdeabajo Nº216, Agosto 20 - septiembre 20 de 2015

Lo que interesa al gobierno es ampliar la frontera agrícola

Periódico desdeabajo Nº215, julio 20 - agosto 20 de 2015

Un sentimiento que une a la Costa Atlántica: el rechazo a Electricaribe

Periódico desdeabajo Nº215, julio 20 - agosto 20 de 2015

Rumbo al cese bilateral de fuegos

Periódico desdeabajo Nº215, julio 20 - agosto 20 de 2015

 

Informes: Transv. 22 A Nº 53D-42, int. 102, telfs: 345 18 08

 

Martes, 21 Marzo 2017 15:54

Estimados compañeras y compañeros:

Escrito por
Estimados compañeras y compañeros:

Con el deseo que el conjunto de las actividades que todas y cada uno aborda bien como persona, bien como colectivo, estén desenvolviéndose lo mejor posible, va este saludo y proposición.

 

De nuestra parte, el equipo humano que hace posible la redacción, edición y mercadeo del periódico desdeabajo, las circunstancias no son las mejores pero nos esforzamos para enderezarlas.

 

En esa perspectiva, y con la vista proyectada en el desarrollo de un intercambio de ideas, y la construcción de acuerdos que permitan hacer de este medio de comunicación un espacio, proyecto, línea, instrumento, recurso, referente, del cual todos y cada una de las personas y proyectos colectivos inscritas en el proceso de construcción común hoy sintetizado por los cuatro llegue a sentirlo como propio, beneficiándose de su impulso, elaboración de artículos, propuesta de diseño, de estética etcétera; mientras este momento llegue, va la presente propuesta:

 

Ahora mismo está circulando la edición Nº 233 de este periódico, correspondiente al mes que va del 15 de marzo al 15 de abril. La edición trae temas como:

 

Una lectura continental del paro de las mujeres, artículo escrito por Francesca Gargallo, compañera mexicana responsable de todo lo concerniente a feminismos en el fondo editorial Desde Abajo.

 

La editorial, que interroga por ¿dónde está la izquierda?, adentrándose en una propuesta para avanzar en una construcción con mirada de presente y futuro, una apuesta anticapitalista con vocación de otra sociedad posible.

 

La denuncia que sobre el complejo mundo del espionaje que a través de redes sociales, y con todo tipo de software y similares lleva a cabo la CIA, realizado hace unos días por Wikileaks, la cual no podemos dejar pasar sin revisar con todo cuidado, pues “si no hay tiempo para la seguridad no hay tiempo para la revolución”.

 

El debate sobre la comunicación, y más allá de ésta, el imperio de la desinformación y la mentira abierta, hoy impuesta como línea de los poderes y gobiernos del mundo. ¿Qué está en juego acá?

 

Crónica sobre una niña pobladora del sur bogotano, violencia y exclusión que igual viven miles de miles de ellas, y de ellos, por todo el país.

 

Salud. Según Santos, con la expedición de la Ley 1751, o Ley Estatutaria de Salud, la historia del sector se partiría en dos, ¿será belleza tanta palabrería?

 

El nuevo gobierno de los Estados Unidos. La pregunta que nos planteamos al momento de escribir la nota fue, ¿a qué se debe el giro en el gobierno de los Estados Unidos? El artículo brinda una respuesta, esperamos que aguda y certera, sobre el particular.

 

El pulso que vive la Cumbre Agraria. La realidad de la sesión permanente que llevó a la vocería de la Cumbre al Ministerio de Agricultura y los retos que este proceso dejó abiertos.

 

La lucha contra la privatización de la ETB leída a través del cubrimiento que efectuamos del Cabildo Abierto que sobre este particular citó el sindicato de esta empresa.

 

La coyuntura por la cual atraviesa el pueblo Bary en su lucha por recuperar parte de sus territorios ancestrales.

 

Fotoreportaje realizado con trabajadores, uno de la construcción y otro en un montallantas. El mundo del trabajo que hoy tenemos y los dilemas que esto plantea.

 

La tercera entrega sobre la Revolución de Octubre, en esta ocasión dedicado al debate sobre el papel jugado por los sujetos en la Historia.

 

Además, cine, cuento...

 

Como verán, el contenido es actual, propositivo, y cuando lo lean comprobarán que, además, rompe con muchos lugares comunes. Un periódico para compartir, estudiar, distribuir, vender, invitar a leer, llevarlo allí donde consideremos vive, existe, está, actúa, una persona con deseos de otro país necesario.

 

La propuesta, compañeros y compañeras, es que mientras llega la ocasión de discutir entre todas y todos el espinoso, pero necesario y urgente tema del papel por jugar por el periódico desdeabajo en el esfuerzo que tenemos en marcha, es que todo aquel/aquella que pueda asuma su venta.

 

La propuesta, para que nos beneficie al conjunto de los 4 proyectos en caminar conjunto, es que por cada unidad que logre venderse quede $ 1.000 para un fondo común; es decir, si lograsen vender, por decir, mil unidades quedarían para el fondo común un millón de pesos ($ 1.000.000), lo cual, sin duda, nos ayudaría a cubrir gastos comunes. El referido no es difícil, es muy posible; tal vez muchas más unidades posibles de ser vendidas.

 

Esperamos no seamos inoportunos, y esta invitación-consulta sea del interés del conjunto de mujeres y hombres reunidos en este esfuerzo que soñamos avance con resultados cada vez más positivos, más satisfactorios y más convocantes, para el conjunto hermanado pero también, y sobre todo, para el país nacional.

 La disolución revolucionaria de la Asamblea Constituyente

Periódico desdeabajo Nº241, noviembre 20 - diciembre 20 de 2017

 

 

 

 

 

 

El desenlace anunciado

Periódico desdeabajo Nº240, octubre 20 - noviembre 20 de 2017

 

 

 

 

 

 

 

El intento de golpe militar

Periódico desdeabajo Nº239, septiembre 20 - octubre 20 de 2017 

 

 

 

 

 

 

  Las jornadas de julio

   Periódico desdeabajo Nº237, julio 20 de agosto 20 de 2017

 

 

 

 

 

 

 

La revolución contra la guerra; la guerra contra la revolución

Periódico desdeabajo Nº236, julio 20 - agosto 20 de 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Cien años de la Revolución de octubre: movimiento obrero en Rusia

Periódico desdeabajo Nº235, mayo 20 - junio 20 de 2017

 

 

 

 

 

 

 

La hora de las rectificaciones

Periódico desdeabajo Nº234, abril 20 - mayo 20 de 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas reflexiones sobre los sujetos en la historia

Periódico desdeabajo Nº233, marzo 20 - abril 20 de 2017

 

 

 

 

 

 

La revolución comenzó en febrero

Periódico desdeabajo Nº232, Febrero 20 - marzo 20 de 2017

 

 

 

 

 

 

 

El hundimiento catastrófico de un mundo 

Periódico desdeabajo Nº231, Enero 20 - febrero 20 de 2017

 

 

 

Sábado, 12 Noviembre 2016 09:37

En esta navidad comparta una suscripción

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Un periódico indispensable para quien desee comprender a cabalidad la coyuntura mundial.

 

El periódico Le Monde diplomatique edición Colombia, circula durante los primeros cinco días de cada mes.

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Los rostros otros de las iglesias protestantes en Bogotá

Organizaciones religiosas protestantes de corte pentecostal o neopentecostal dominan el campo religioso secundario en Bogotá, incluso en toda Colombia. Importante incidencia en un país donde el 94 por ciento de sus habitantes manifiestan ser creyentes (1). Estas organizaciones –sobre las cuales apenas existen estimaciones en el número de fieles que congregan, así como sobre los multimillonarios montos de dinero que manejan–, poseen características mucho más “terrenales” que aquellas en las que inscriben los objetivos de funcionamiento y sus misiones organizacionales. La lectura cualitativa (2) aquí expuesta puede motivar la ampliación del debate sobre las mismas, enfatizando en otros significados e influencias poco consideradas en las discusiones.

 

Las categorías de Mega iglesia, Multinacionales de la fe, Denominaciones, Empresas Religiosas Centralizadas Multisedes e Informalidad Religiosa resultan útiles para aproximarse a la comprensión del denominado “campo (3) religioso secundario” en la ciudad de Bogotá. Aunque esta interpretación pueda resultar confusa, adquiere relevancia en la medida que es útil para analizar comparativamente un tipo de organizaciones religiosas no católicas (4) que producen, administran, distribuyen bienes simbólicos de salvación, al tiempo que compiten por la apropiación de capitales religiosos.

 

Bogotá es otro de los escenarios donde tiene lugar esta lucha por feligreses y sus capitales entre estas instituciones que promueven el acceso a bienes inmateriales y/o simbólicos como la prosperidad, la redención de los pecados y la salvación, además de otros intangibles a los que suelen restringir los objetivos y el sentido ulterior de sus operaciones. Sin embargo, no son los ámbitos subjetivos o religiosos donde exclusivamente influyen estas instituciones: desbordan los espacios inmateriales introduciendo determinaciones sobre ordenamientos políticos, económicos y sociales en la capital y en el resto del país.

El debate acá propuesto sobre estas organizaciones prescinde de juicios valorativos sobre su veracidad, pertinencia o validez, mediante el uso de acepciones éticas o morales particulares. Pretende aproximarse a la interpretación secular de estas instituciones en aspectos como sus relaciones con los fieles, sus vínculos con el Estado y las incidencias en la sociedad, aspectos que contribuyen a develar una faceta mucho más terrena que la autopromulgada por estas empresas religiosas.

 

Las piezas del campo religioso secundario

 

Beltrán Cely, en su trabajo “De la informalidad religiosa a las multinacionales de la fe. La diversificación del campo religioso en Bogotá” (5) define: “Según el grado de burocratización alcanzado, el número de seguidores, la infraestructura material, y el poder económico y político el campo religioso secundario en Bogotá puede estructurarse en cuatro grandes tipologías 1) las Mega iglesias, 2) las Multinacionales de la fe, 3) las Denominaciones, 4) la Informalidad Religiosa” (6).

Las Mega iglesias pueden definirse como organizaciones religiosas de corte pentecostal o neopentecostal, conformadas por un número elevado de feligreses, propietarias de millonarios templos con capacidad para albergar miles de integrantes; iglesias organizadas de acuerdo a los principios racionales de la burocracia y provistas de sofisticadas estrategias de marketing para disputar capitales en el campo religioso. Cuentan además “[...] con una infraestructura ampliada que incluye templos, seminarios, colegios, hasta pequeñas organizaciones informales que funcionan con una precaria infraestructura material en garajes, locales o viviendas” (7). Entre algunas de estas iglesias se encuentran: Misión Carismática Internacional, Centro Misionero Bethesda, Iglesia Casa sobre la Roca, Avivamiento Centro para las Naciones, El Lugar de su Presencia.

Estas Iglesias se caracterizan por su religiosidad cálida y afectiva donde el contacto con Dios o la presencia del Espíritu Santo prevalecen sobre la posibilidad de aprender una doctrina con sistematicidad. En ellas las emociones, al igual que las palabras, se imponen sobre los textos escritos. Este tipo de instituciones se caracterizan por buscar su reconocimiento social y legitimidad a través de su crecimiento numérico, a ello se debe la plasticidad de sus estrategias de organización, liturgia, y doctrina.

Predicación y glosolalia (8) son elementos fundamentales en su liturgia, de la misma manera que la música moderna dotada de sentido religioso y producida en vivo sobre escenarios provistos de sofisticados sistemas de luces, máquinas de sonido y video, escenifican en conjunto una especie de “concierto masivo”. Amplía Beltrán: “Esta forma de adoración musicalizada que integra ritmos contemporáneos (pop, rock), folclóricos y tropicales, ha hecho que el neopentecostalismo sea especialmente atractivo para jóvenes y adolescentes, pues permite los movimientos rítmicos corporales y la manifestación de emociones” (9).

Otra característica se encuentra en sus líderes. Los pastores de las Mega iglesias en Bogotá –y en todo el país– son hombres, pero sus esposas, reconocidas como pastoras, desempeñan un papel fundamental en estas empresas religiosas. A este modelo de las “parejas pastorales” alude Beltrán Cely: “[...] constituye un cuestionamiento implícito al celibato de los católicos. [...] En tanto las Mega iglesias pentecostales constituyen el paradigma de las empresas religiosas exitosas, el modelo de las “parejas pastorales” tiende a imponerse entre los evangélicos como modelo legítimo de liderazgo religioso” (10).

Modelo de liderazgo sustentado en el carisma de los pastores que erigen su autoridad sobre el pretendido hecho de ser portadores de las revelaciones divinas, acreedores de bienes espirituales susceptibles de ser constatados. Son estos líderes los que a su vez desempeñan como fundadores, pastores y gerentes de sus Iglesias que en general cuentan con una organización eficiente, buenas estrategias de crecimiento, y una poderosa “economía del diezmo” capaz de conducirla por el sendero de la acumulación de enormes capitales destinados a ampliar su infraestructura religiosa y financiar millonarios espacios en los medios masivos de comunicación

La categoría de Multinacionales de la fe integra a un tipo de organizaciones transnacionales dotadas de un gran poder económico, productoras de bienes simbólicos de salvación y servicios religiosos en todo el mundo. Tienen una organización mundial centralizada desde donde coordinan sus estrategias de funcionamiento, de expansión, su unidad corporativa y doctrinal de forma estandarizada. Entre algunas de las Multinacionales de la fe en Bogotá, y en Colombia, se encuentran: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y los Testigos de Jehová.

Este tipo de organizaciones tienen millones de fieles en decenas de países. En términos de organización, comparten similares características a las Mega iglesias, pero en este caso son capaces de enlazar sus sedes en diferentes países a través de una red de administración centralizada y transnacional. Beltrán Cely, señala: “Teniendo en cuenta que, históricamente, la acción de las iglesias cristianas no ha estado sujeta a las fronteras nacionales y que la tendencia transnacional de las empresas religiosas se ha acentuado gracias a la globalización, podemos añadir, como uno de los indicadores de éxito de las empresas religiosas contemporáneas, su capacidad de superar su carácter de ofertas locales para constituirse en empresas religiosas transnacionales o, en el mejor de los casos, “multinacionales” (Beltrán, 2006)” (11).

El crecimiento es la prioridad. Tal como pude mostrarlo el caso paradigmático de la Misión Carismática Internacional, con más de 40 sedes en diferentes países, exhibe la tendencia de las Mega iglesias para convertirse en Multinacionales de la Fe; precisa Beltrán: “Inicialmente consolidan una sede principal en una de las ciudades más importantes del país. Paso seguido fundan nuevas sedes en otras ciudades, preferiblemente en las capitales de los departamentos; para este propósito utilizan las mismas estrategias exitosas de su sede principal. Por último abren sedes en el extranjero, con la intención de consolidarse como empresas religiosas multinacionales” (12).

Otro tipo se encuentra en las Denominaciones, estas comprenden: “[...] organizaciones religiosas doctrinalmente homogéneas que cuenta con sedes en diferentes lugares de la ciudad y el país, cada una de las sedes se conocen como "congregaciones locales" y funcionan de forma similar a las parroquias católicas", gozan de un grado relativo de autonomía a la vez que responden a una organización central”. Algunas de las denominaciones que destacan por su número de congregaciones y por la cantidad de miembros, son: las Asambleas de Dios, la Iglesia Cuadrangular, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Pentecostal Unida.

Las Denominaciones se diferencian de las Multinacionales de la Fé, y de las Mega Iglesias, por el tipo de vínculos que se mantienen cuando son abiertas nuevas sedes en regiones o nuevos países. A diferencia de las Mega Iglesias, las iglesias en las Denominaciones se independizan en términos administrativos, se vuelven autónomas al tiempo que suelen mantener afinidades doctrinales con las iglesias madres. Algunas de las grandes Denominaciones, como las Asambleas de Dios, permiten cierta diversidad de “matices y tendencias en su seno” y “[...] el grado de las congregaciones locales es tan alto que las funciones de la denominación a nivel central se limitan primordialmente a representar a las diferentes congregaciones ante el gobierno y la sociedad” (13).

Las Empresas Religiosas Centralizadas Multisede (14) son “[...] grandes organizaciones pentecostales de estructura centralizada, que funcionan bajo la autoridad de un líder carismático. En estas organizaciones, cada una de las sedes es un eslabón que replica los planes y estrategias de la autoridad central; por lo tanto, tienen una escasa autonomía local y pueden ser observadas como «sucursales» de una única empresa centralizada” (15).

No funcionan en torno a una sede principal multitudinaria, pero a su vez comparten muchas de las características de las Mega iglesias: fueron creadas por la iniciativa de un líder carismático, emplean los medios masivos de comunicación, están especializadas en segmentos del mercado religioso, tienen una poderosa infraestructura y también tienden a convertirse en Multinacionales de la fe.

Tres de estas organizaciones con presencia en Bogotá integran este tipo: La Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia (Cepc), la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y la Iglesia Universal del Reino de Dios. Sobre ellas precisa Beltrán Cely. “Ninguna de estas organizaciones hace parte del Consejo Evangélico de Colombia (Cedecol) y ninguna se identifica como protestante o evangélica; no obstante, cada una de ellas constituye una versión específica del pentecostalismo” (16).

Por último, encontramos la categoría de Informalidad Religiosa donde se encuentran “iglesias de garaje” que han nacido por la iniciativa de un líder carismático, o por la fragmentación de una iglesia ya instituida. Son congregaciones que nacen a partir de inversiones económicas bajas, en locales alquilados, en pequeños espacios dispuestos para tal fin. Pueden ser descritas dos tipos de organizaciones informales: pequeñas congregaciones con una clara curva de crecimiento en busca de convertirse en Mega iglesias o Denominaciones, por otro lado se encuentran pequeñas congregaciones que no crecen, pero tampoco dejan de existir manteniéndose en los límites de la informalidad religiosa.

La mayoría de estas iglesias están ubicadas en barrios de estrato bajo y en sectores periféricos de la ciudad, según Beltrán: “[...] puede considerase como una forma de resistencia social dada la precariedad de espacios de participación social y política para los sectores marginales de la ciudad. Estos movimientos religiosos propician espacios de organización comunitaria para todo tipo de población pero especialmente para los pobres, desplazados y marginados que encuentran en el seno de la comunidad la posibilidad de reestructurar el sentido de su existencia y su identidad” (17). Al mismo tiempo, estás iglesias se constituyen en alternativas para el ascenso social para quienes no disponen de los recursos o capitales culturales para hacerlo a través del empleo formal. En la actualidad el pentecostalismo representa, incluso estas pequeñas organizaciones religiosas, una alternativa para que individuos en comunidades vulnerables transformen su carisma social en valores como el dinero y el reconocimiento social.

Las aristas terrenales de las organizaciones religiosas protestantes

 

Un capital que se homologa

 

Entre los determinantes comunes a este tipo de organizaciones se encuentran el hecho que compiten por capitales en el mercado religioso. A estos capitales se refiere William Mauricio Beltrán: “Como cualquier capital simbólico, el capital religioso se puede convertir en privilegios, autoridad, prestigio y riquezas; esto motiva a los agentes en competencia a implementar diversas estrategias para su apropiación, monopolización o desmonopolización” (18). La lucha por estos capitales a través de estrategias debe entenderse a partir de la consideración que también es una lucha por autoridad, prestigio y riqueza en situación de pluralismo religioso (19).

El capital religioso no se mantiene en su versión intangible, también se objetiva, se vuelve concreto en la capacidad de movilización social que puede engendrar, la misma que otorga soporte material, legitimidad y capacidad de reproducción. Pero esta capacidad necesita para hacerse efectiva la configuración de un aparato burocrático y racional, es decir, que se instituyan iglesias eficientes, capaces de volver cotidiano el carisma de sus líderes fundadores para asegurar su conversión en bienes tangibles que determinen la expansión de la organización. Tal determinación parece haber sido entendida muy bien por empresarios religiosos del talante de Cesar Castellanos, Jorge Enrique Gómez o María Luisa Piraquive.

 

El sostenimiento del orden

 

Otro de los aspectos más importantes de estas organizaciones, en semejanza a la Iglesia católica, tiene que ver con el hecho que contribuyen al sostenimiento del orden político de diferentes maneras: inculcando matrices de percepción, pensamiento y acción orientadas hacia la legitimación y perpetuación de las estructuras políticas, o empleando su autoridad para contrarrestar la subversión al orden dominante desde iniciativas proféticas y sectarias que puedan presentarse (20). A pesar de la secularización, en la sociedad colombiana la religión se resiste a circunscribirse a los límites de la esfera privada, y sigue actuando en la esfera pública como un factor de presión política y social (21). Con pocas excepciones, la aceptación del orden político dominante es tacita en las organizaciones religiosas pentecostales o neo pentecostales en Colombia, a menos que las disposiciones provenientes de ámbitos de gobierno controviertan su doctrina o la imagen de sus líderes (22).

Decisión estratégica. No es rentable generar controversias políticas con el Estado en ámbitos que van más allá de lo religioso cuando es el mismo que instaura normas para garantizar su viabilidad, funcionamiento, reproducción e igualdad. Un ejemplo de ello se encuentra en el “concordato evangélico” (23), donde fueron concedidos algunos derechos como el reconocimiento de los derechos civiles de los matrimonios, la posibilidad de impartir su doctrina en instituciones educativas del Estado y su participación como capellanes en cárceles, hospitales y establecimientos asistenciales. Es de manera precisa esta capacidad de convivir con el Estado lo que ha potenciado la victimización de algunos de sus líderes en escenarios del Conflicto Armado en Colombia.

 

El mercado y los bienes religiosos

 

El mercado religioso sigue siendo el espacio de mayor interés para todas las doctrinas religiosas en Bogotá y en Colombia, pues en una situación pluralismo se enfrentan a los desafíos de retener o aumentar sus membresías y, tal como lo precisa Beltrán: “Para este propósito, recurren a los mismos métodos que utilizan las demás empresas que enfrentan problemas similares, es decir, a las estrategias de marketing (Berger, 1971, pp. 169 – 174) (24)”. A esto se debe el hecho que la mayoría de las iglesias protestantes hayan adaptado su liturgia para poder reclutar y satisfacer a feligreses de segmentos juveniles y profesionales de la población, adaptándose a la demanda de sus consumidores.

El tema de la regulación estatal del mercado religioso también es imprescindible para comprender el funcionamiento de estas organizaciones. En Colombia este mercado se encuentra virtualmente desregulado, pero en términos prácticos el Estado continúa proporcionando privilegios superiores a la Iglesia católica. Sin embargo, como lo muestra el concordato mencionado, no ha sido poco lo avanzado en la instauración de una situación de pluralismo religioso. Esto ha estimulado la competitividad por los fieles, la baja regulación interna de estas ofertas religiosas, así como una mayor incidencia (empoderamiento) de los individuos en el mercado de la religión.

A este, u otros mercados, no puede accederse si se adolece de mercancías para efectuar intercambios. Aquí la mercancía encarna en los denominados bienes religiosos (25) que pueden ser: a) promesas de compensación futuras o trascendentales (curaciones, disfrutar del cielo); b) beneficios que se desprenden de la membresía del grupo religioso (privilegios, contraprestaciones, acceso a capitales sociales y beneficios de sus dinámicas solidarias); c) servicios (bautismos, matrimonios, funerales, visitas a enfermos consejerías); d) actividades colectivas o bienes comunitarios (cultos, coros religiosos, oraciones comunitarias, fiestas religiosas); e) bienes públicos o servicios caritativos (servicios a los sectores vulnerables); e) estatus (beneficios económicos y simbólicos a sus fieles relacionados con las posibilidades que otorgan a sus miembros para alcanzar puestos de prestigio, influencia o autoridad dentro del grupo religioso).

Tales son los bienes que encarnan el objeto de los intercambios con los feligreses, quienes aportan en contraprestación sus capitales humanos, energías vitales, trabajo, voluntades y valiosos recursos económicos, que constituyen uno de los pilares materiales más fuertes de estas organizaciones ofrendados en el contexto de las doctrinas de la “teología de la prosperidad” y “súper fe” donde, según Beltrán: “El dar actúa de forma análoga a la siembra: "el que abundantemente siembra, abundantemente cosecha", suelen decir los predicadores de la prosperidad citando el texto bíblico. En la medida en que el creyente done (ofrendas y diezmos) a su congregación garantiza la bendición divina (26).

Este es precisamente una de las determinaciones que sesga muchos análisis hacía la hiper significación de los mecanismos de apropiación de recursos latentes en estas organizaciones religiosas, así como las posibilidades de enriquecimiento individual proporcionada por sus economías del diezmo ,pobremente reguladas en términos tributarios por parte del Estado. Al igual que con la Iglesia católica, los gobiernos las hicieron declarantes pero “no contribuyentes”, es decir, las exoneraron de pagar impuestos sobre la renta, el patrimonio o ganancias, incluso, hicieron extremadamente permisiva a su principal agencia de tributación (Dian) ante el incumplimiento del compromiso de declarar renta y patrimonio, su única obligación.

Aunque pueda ser objeto de encarnizadas discusiones, los bienes religiosos ofrecidos tienen pleno valor para miles de feligreses que han encontrado en estos la fuente de sentido, familia sustituta o comunidad terapéutica, el Estado –a quien nunca han conocido–, espacios de construcción de nuevas solidaridades (así como los beneficios derivados), instituciones mediante las cuales han mejorado objetivamente las condiciones de su existencia.

Es necesario tomar en cuenta estos matices en el debate, pues el desenvolvimiento de estas organizaciones religiosas no puede reducirse a su naturaleza económica, política, financiera, pero tampoco, como pretenden algunos de sus líderes, reducir su operación a las subjetividades y la espiritualidad sobre los feligreses que las integran, recibiendo un trato gubernamental pletórico en consideraciones y laxitudes. Hay una compleja interrelación entre estos ámbitos, una transferencia de bienes y contraprestaciones capaces de otorgar esta compleja corporalidad a instituciones religiosas que proliferan hasta en los más recónditos lugares del país.

 

La voz del sociólogo de la religión

 

William Mauricio Beltrán Cely habló con el periódico desdeabajo. Es un destacado investigador del Centro de Estudios Sociales (CES) y profesor del departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, artífice de las obras retomadas para este artículo, las mismas que han llamado la atención en la comunidad académica latinoamericana. A continuación el diálogo sostenido:

Allan Bolivar. (AB): Existe mucha resistencia entre los líderes protestantes a ser definidos y tratados conceptualmente como empresas religiosas, ¿cuál es el motivo de esta oposición?

William Beltrán (WM): Esta resistencia tiene que ver con que ellos tratan justamente de negar que sus proyectos religiosos tienen algún interés de lucro (los pastores especialmente). Es decir, hay un vínculo muy fuerte entre lógicas empresariales y proyectos religiosos porque las iglesias, sobre todo las grandes, las que llamamos Mega Iglesias, movilizan cantidades inmensas de dinero, no se sabe cuánto porque ellos tienen mucha reserva con esos datos [...]; que nadie sepa puede ser preocupante. La Dian ha tratado de indagar al respecto, pero es difícil, habría que ver hasta dónde llegó la Dian. Obviamente, en mi papel de investigador, no les puedo preguntar a los pastores cuánto dinero ingresa a sus iglesias, eso no es información que ellos suministren, o la dan con mucha desconfianza. Todo tipo de información que puede implicar para ellos alguna posibilidad de ser gravados con impuestos, pues la manejan con mucha prudencia [...].

 

AB. Enormes cantidades de dinero que no son objeto de tributación, ¿por qué no ha sido posible gravar a este tipo de organizaciones religiosas ni aún ahora, cuando son requeridos tantos recursos para financiar la paz?

WM. Cualquier intento de gravar las nuevas organizaciones religiosas implicaría, por la Ley de Libertad Religiosa, aplicar los mismos gravámenes financieros a la Iglesia católica. Eso no va a ocurrir, la Iglesia católica no aceptará que la graven. Las grandes iglesias, sobre todo la Católica, tienen –todavía– un gran poder de movilización social, de protesta [...]. Esto implica que cualquiera de estas propuestas tiene un costo político muy alto. Es decir, que un senador, un congresista, no quiere medírsele a eso por el costo político que le implica [...] además porque las organizaciones religiosas manifiestan que son entidades sin ánimo de lucro y que sus servicios son para la comunidad. [...]. Puedo equivocarme, pero veo muy difícil cualquier intento de gravar con un impuesto para la paz, a las organizaciones religiosas. Siempre será una cuestión voluntaria, les pueden proponer que contribuyan voluntariamente, pero como una obligación no me parece realista.

 

AB. Una de las críticas a estas iglesias tiene que ver con la contribución de la mayorías de las organizaciones religiosas (ubicadas entre las categorías de Informalidad Religiosa y Multinacionales de la fe) al sostenimiento de los ordenamientos establecidos, ¿qué puede decirnos usted al respecto?

WM. Algo propio del cristianismo en general (incluso del catolicismo). El protestantismo ha considerado un valor someterse a las autoridades legalmente instituidas, es un valor cristiano que está presente en el evangelio y que se expresa un poco en el mandato que le da Jesús a los discípulos cuando les dice, “dad a Dios lo que es Dios y dad al César lo que es del César”. Las iglesias mantienen ese principio, hay argumentos bíblicos que usan para decir que una institución religiosa debe obedecer al gobierno, incluso cuando éste es un infiel o un impío. A menos de que ese gobernante los obligue a hacer algo que vaya en contra de sus demás convicciones religiosas. Pero si ese orden no los obliga a negar su fe o actuar en contra de su fe, ellos creen que deben someterse.

En general, esta ha sido la actitud tomada por las iglesias cristianas, con muy pocas excepciones; de hecho, una excepción se observa en lo sucedido hoy con la Misión Carismática Internacional (MCI) que ha hecho parte del bloque constituido por el Centro Democrático para oponerse al proceso de paz. En ese sentido la MCI se ubica más en la oposición al Gobierno. Digamos que han existido otros casos en América Latina –como la Teología de la Liberación–, donde sectores de la Iglesia católica se pusieron del lado de la protesta, de la revolución, del movimiento social. Pero [...] las iglesias cristianas, en general, han tratado de mantenerse dentro del orden establecido, y de verse en muchos aspectos como aliadas del Estado, lo cual le ha generado muchos conflictos en zonas donde hay presencia guerrillera, porque allí su afinidad con el Estado se lee como contrarrevolucionaria. Hay episodios recientes de nuestra historia –finales de los años 90 e inicios de la década del 2000– donde se multiplicó el asesinato y secuestro de pastores evangélicos, vistos por la guerrilla como “objetivo militar” [...] en buena medida porque se oponían a que la guerrilla reclutara a sus jóvenes o que estos portaran armas, y porque no se identificaban con la propuesta política de la insurgencia.

 

AB. Considerando que también han sido víctimas en el conflicto armado, ¿cuál es la posición de estas organizaciones religiosas frente al postacuerdo?

WM. Dentro del protestantismo evangélico hay un sector que está muy a favor del acuerdo, y ya se está movilizando para buscar la reconciliación. Ese sector está liderado por figuras muy reconocidas, entre ellas Viviane Morales, Jimmy Chamorro y Darío Silva Silva, tal vez ellos son los más destacados [...]. Un abanderado de la reconciliación que es muy influyente en el mundo protestante es Darío Silva Silva, él tiene programas de televisión donde promueve todas las ventaja de la reconciliación. De hecho, él estuvo presente en momentos simbólicos importantes, como la campaña de Santos por la reelección, o la sanción presidencial de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

De hecho, usted puede consultar en la página Web de la “Casa Sobre la Roca”, donde aparecen registros de escenarios donde esta organización religiosa ha propiciado encuentros con guerrilleros, con paramilitares, con excombatientes, en zonas de conflictos, haciendo pedagogía por la paz. En otras palabras, ya hay iglesias muy comprometidas con el proceso de reconciliación. Por ejemplo, ésta ha sido durante muchos años la bandera de la Iglesia menonita y de su ONG Justapaz [...]. Allí hay procesos muy interesantes, hace poco celebraron jornadas de oración por la paz, muy de estas minorías, de iglesias muy pequeñas, que muestran mucho compromiso con las víctimas, movilizan recursos, difunden a nivel internacional lo que está sucediendo en Colombia cuando las amenazas a las víctimas se multiplican.

 


 

Una importante afluencia de protestantes llega al país

 

Entre 1930-1946, durante el periodo de dominio liberal, arribó al país una ola importante de misiones protestantes procedentes de Estados Unidos y Canadá. Tal como detalla Beltrán Cely en su libro, “Del monopolio católico a la explosión pentecostal”, durante este periodo la Iglesia luterana inició labores en Boyacá, también las primeras misiones pentecostales se instalaron en el país: las Asambleas de Dios en Boyacá (1932) y la Iglesia del Evangelio Cuadrangular en Santander.

Vinieron estimuladas por las políticas de diversidad y modernización de los gobiernos para desarrollar ambiciones proyectos de evangelización con los que pretendieron “civilizar” áreas apartadas y marginales en Colombia. Sin embargo trajeron consigo un estilo de adoctrinamiento fundamentalista que poco contribuyó con la difusión de ideas modernas, estilo que proliferó pues los misioneros usaron las potencialidades de la radio como medio masivo de comunicación para expandir sus ideas. Fue así como inauguraron emisoras protestantes en Barranquilla y en Bogotá, de la misma manera que lo hizo el evangelista Paul Epler en los años 40 en Sogamoso.

Beltrán Cely destaca de las misiones, respecto a los programas de desarrollo impulsados desde los Estados Unidos que: “Las misiones protestantes norteamericanas se autoproclamaron defensoras de la democracia, del libre comercio y de los derechos individuales. Al mismo tiempo, se opusieron al catolicismo, al que acusaban de ser responsable del atraso y del autoritarismo político en América Latina. Las políticas del «buen vecino» promovidas por el gobierno Roosevelt (1933-1945) observaron las iniciativas misioneras como funcionales al mejoramiento de las relaciones comerciales y políticas entre las dos Américas (Damboriena, 1962, vol. 1: 26-27; Bastian, 1989: 14; Piedra, 2002, vol. 2: 9-10, 129-130)”*.

 

* BELTRÁN CELY, William (b), op. cit., p. 60

 


 


El estigma y persecución del protestantismo

 

A finales de la década de los 40, y durante los 50, los protestantes tuvieron que afrontar la persecución de la Iglesia católica, del Estado y de la sociedad. El clero lo asoció al comunismo diciendo que juntos pretendían desestabilizar la Nación; el mismo Gustavo Rojas Pinilla, en su discurso de posesión, pretendió granjearse la simpatía de los jerarcas católicos denunciando al movimiento protestante, y sectores de izquierda empezaron a asociarlos desde aquella época con una estrategia de expansión del imperialismo norteamericano.

Uno de los más importantes focos de combate al protestantismo fue la Revista Javeriana, usada por los jesuitas como medio para denunciar su avance. Todo desencadenó en una persecución religiosa abierta entre los años 1948 – 1958, que los protestantes recuerdan bastante bien. Durante este periodo fueron destruidos sus templos e iglesias, cerradas sus escuelas por orden del Gobierno, asesinados protestantes por motivo de su credo y sufridas considerables pérdidas materiales.

 


 

Algunas Megas iglesias en Colombia

 

 Tomada de  BELTRÁN CELY, William (b), op. cit., pp.233-235.

 

1 En una encuesta realizada en el 2010 (consultar obra “Del monopolio católico a la explosión pentecostal”) sobre 3.853 persona en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Maicao, Bucaramanga, Barrancabermeja y varios municipios del Urabá, el 94 por ciento de los encuestados de declararon creyentes, el 73 por ciento asisten a una iglesia o grupo religioso. El 70, 9 por ciento de los encuestados se identificó como católicos, el 16.7 por ciento como protestante, el 4.7 por ciento como ateos y agnósticos, el 1.8 por ciento como Testigos de Jehová. El 68.3 por ciento de las mujeres encuestadas pertenecían a una membresía religiosa y el 78.8 por ciento de los hombres también.

2 Se aclara que el manejo teórico propuesto de las temáticas no es estrictamente cualitativo, pero se enfoca en él para efectos de los propósitos expositivos en el presente artículo.

3 El campo, se refiere al espacio teórico donde se lleva a cabo la competencia por apropiarse de capitales religiosos entre las empresas que producen, administran y distribuyen bienes simbólicos de salvación.

4 No se incluyen en estas las propias de la denominada “nebulosa místico – esotérica” que incluye movimientos de raíces diversas como los inspirados en las religiones orientales, sincretismos esotéricos, religiosos y los pertenecientes a las artes de la adivinación como la astrología y el tarot. Este artículo no aborda a la Iglesia católica por motivos metodológicos, pero el tema no puede considerarse como fruto de un sesgo analítico pues lo concerniente a esta empresa multinacional religiosa está siendo trabajado y será publicado en próximas ediciones del periódico desde abajo.

5 BELTRÁN CELY, William (a). “De la informalidad religiosa a las Multinacionales de la fe”. Revista Colombiana de Sociología, No. 21. Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2003. pp. 141-173

6 Ibíd., p. 143.

7 BELTRÁN CELY, William (b). “Del monopolio católico a la explosión pentecostal. Pluralización religiosa, secularización y cambio social en Colombia”. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Centro de Estudios Sociales (CES). Maestría en Sociología, 2013. p. 148

8 Capacidad o acto de hablar en lenguas que desde el pentecostalismo se percibe como un don, una señal de poseer bienes espirituales otorgados por Dios. “Estas señales acompañaran a los que crean: en mi Nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas;” (Marcos 16:17). “a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversidad de lenguas; a otro, don de interpretarlas” (1era Corintios 12:10).

9 BELTRÁN CELY, William (a), op. cit., p. 145.

10 BELTRÁN CELY, William (b), op. cit., p. 187

11 BELTRÁN CELY, William (c). “La teoría del mercado en la pluralización religiosa”. Revista Colombiana de Sociología, No. 33. No 2. Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Julio - Diciembre 2010. p. 60.

12 BELTRÁN CELY, William (b), op. cit., p. 252.

13 BELTRÁN CELY, William (a), op. cit. P. 163.

14 Esta categoría se agrega de manera complementaria debido a su inclusión en la obra “Del monopolio católico a la explosión pentecostal” publicada con posterioridad a las demás referidas. 

15 BELTRÁN CELY, William (b), op. cit., p. 260

16 Ibíd., p. 261.

17 BELTRAN CELY, William (a), op. cit., p. 166

18 BELTRÁN CELY, William (c), op. cit., p. 42

19 Situación en la que un Estado tolera, sin hacer suyo, diferentes grupos religiosos en competencia. En términos teóricos no existe ningún el monopolio religioso y ninguna organización de este tipo hace uso de la fuerza legítima para excluir a sus rivales.

20 BELTRÁN CELY, William (c), op. cit., p. 45

21 BELTRÁN CELY, William (b), op. cit., p. 369

22 Movimiento Mira y su  iglesia protestan en apoyo a María Luisa Piraquive http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/movimiento-mira-y-su-iglesia-protestan-en-apoyo-a-maria-luisa-piraquive/20140126/nota/2063329.aspx. 26 de enero del 2014.

23 Decreto 354 de 1998. “por el cual se aprueba el Convenio de Derecho Público Interno número 1 de 1997, entre el Estado colombiano y algunas Entidades Religiosas no Católicas”.

24 BELTRÁN CELY, William (c), op. cit., p. 48

25 Ibíd., p. 55

26 BELTRÁN CELY, William (a), Óp. Cit., p. 145

Martes, 12 Julio 2016 09:18

La implosión de la Venezuela rentista*

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La implosión de la Venezuela rentista*

Crisis en todos los ámbitos de la vida colectiva

 

El detonante principal de la crisis por la cual atraviesa hoy Venezuela, más obviamente no la única causa, ha sido el colapso de los precios del petróleo de los últimos tres años. Mientras en el año 2013 el precio promedio de los crudos venezolanos fue de $100, bajó a $88,42 en el año 2014 y a $44.65 en el 2015. Llegó a su nivel más bajo en el mes de febrero del año 2016, con un precio de $24,25 (1). El gobierno del Presidente Chávez, lejos de asumir que una alternativa al capitalismo tenía necesariamente que ser una alternativa al modelo depredador del desarrollo, del crecimiento sin fin, lejos de cuestionar el modelo petrolero rentista, lo que hizo fue radicalizarlo a niveles históricamente desconocidos en el país. En los 17 años del proceso bolivariano la economía se fue haciendo sistemáticamente más dependiente del ingreso petrolero, ingresos sin los cuales no es posible importar los bienes requeridos para satisfacer las necesidades básicas de la población, incluyendo una amplia gama de rubros que antes se producían en el país. Se priorizó durante estos años la política asistencialista sobre la transformación del modelo económico, se redujo la pobreza de ingreso, sin alterar las condiciones estructurales de la exclusión.


Identificando socialismo con estatismo, mediante sucesivas nacionalizaciones, el gobierno bolivariano expandió la esfera estatal mucho más allá de su capacidad de gestión. En consecuencia el Estado es hoy más grande, pero a la vez más débil y más ineficaz, menos transparente, más corrupto. La extendida presencia militar en la gestión de organismos estatales ha contribuido en forma importante a estos resultados. La mayor parte de las empresas que fueron estatizadas, en los casos en que siguieran operando, lo hicieron gracias al subsidio de la renta petrolera. Tanto las políticas sociales, que mejoraron significativamente las condiciones de vida de la población, como las múltiples iniciativas solidarias e integracionistas en el ámbito latinoamericano, fueron posibles gracias a los elevados precios del petróleo. Ignorando la experiencia histórica con relación al carácter cíclico de los precios de los commodities, el gobierno operó como si los precios del petróleo se fuesen a mantener indefinidamente sobre los cien dólares por barril.


Dado que el petróleo pasó a constituir el 96% del valor total de las exportaciones, prácticamente la totalidad de las divisas que han ingresado al país en estos años lo han hecho por la vía del Estado. A través de una política de control de cambios, se acentuó una paridad de la moneda insostenible, lo que significó un subsidio al conjunto de la economía. Los diferenciales cambiarios que caracterizaron esta política, llegaron a ser de más de cien a uno. Esto, unido a la discrecionalidad con la cual los funcionarios responsables pueden otorgar o no las divisas solicitadas, hizo que el manejo de las divisas se convirtiera en el principal eje de la corrupción en el país (2).


En la época de las vacas gordas todo el ingreso fiscal extraordinario se gastó, incurriendose incluso en elevados niveles de endeudamiento. No se crearon fondos de reserva para cuando bajasen los precios del petróleo. Cuando estos colapsaron, sucedió lo inevitable, la economía entró en una profunda y sostenida recesión y el proyecto político del chavismo comenzó a hacer aguas.


El PIB tuvo un descenso de 3,9% en el año 2014, y de 5.7% en el 2015 (3). Para el año 2016, la Cepal pronostica una caída del 7% (4). Hay un importante y creciente déficit fiscal. De acuerdo a la Cepal, la deuda externa se duplicó entre los años 2008 y 2013 (5). Si bien como porcentaje del PIB todavía no es alarmante, la drástica reducción del ingreso de divisas dificulta su pago (6). Se ha producido una caída fuerte de las reservas internacionales. Las reservas del mes de junio del año 2016 representaban 41% del monto correspondiente a las de finales del año 2012 (7). El acceso a nuevos financiamientos externos está limitado por la incertidumbre en torno al futuro del mercado petrolero, la falta de acceso a los mercados financieros occidentales, y las muy elevadas tasas de interés que se le exigen al país en la actualidad.


A esto se suma la tasa de inflación más elevada del planeta. De acuerdo a las cifras oficiales, en el año 2015 la inflación fue de 180,9%, y la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 315% (8). Con seguridad se trata de una subestimación. No hay cifras oficiales disponibles, pero la tasa de inflación en el primer semestre del año, particularmente en el renglón de alimentos, ha sido muy superior a la del año anterior.


Esta severa recesión económica podría conducir a una crisis humanitaria. Hay un desabastecimiento generalizado de alimentos, medicinas y productos del hogar. Las familias venezolanas tienen que pasar cada vez más tiempo recorriendo establecimientos y haciendo colas en la búsqueda de alimentos que no estén más allá de su capacidad adquisitiva. Se está produciendo una reducción significativa en el consumo de alimentos por parte de la población. De la situación en la que la FAO hizo un “Reconocimiento de progresos notables y excepcionales en la lucha contra el hambre” basado en datos hasta el año 2013, señalando que había una proporción de menos de 6,7% de personas desnutridas (9), se ha pasado a una situación de crecientes dificultades para obtener alimentos y donde el hambre se ha convertido en un tema de conversación cotidiano. De acuerdo a las últimas estadísticas oficiales, a partir del año 2013 se ha venido produciendo un descenso sostenido en el consumo de prácticamente todos los renglones de alimentos. En algunos casos en forma muy pronunciada. Entre el segundo semestre del año 2012 y el primer semestre del año 2014, el consumo de leche líquida completa se redujo a menos de la mitad (10). Estas son cifras anteriores a la profundización del desabastecimiento y la inflación ocurrida en el último año. Las encuestas registran que es cada vez mayor el número de familias que ha dejado de comer tres veces al día, incrementándose incluso el porcentaje de familias que afirma comer una sola vez al día. De acuerdo a la encuestadora Venebarómetro, una gran mayoría de la población (86.3%) afirma que compra menos o mucho menos comida que anteriormente (11).


En el ámbito del acceso a medicamentos y servicios de salud la situación es igualmente crítica. Los hospitales y demás centros de salud presentan elevados niveles de desabastecimiento de insumos básicos, así como la ausencia de equipos e instrumental médico debido a limitaciones en el acceso a repuestos y otros insumos, sean nacionales o importados. En hospitales y centros de salud es común que solo se pueda atender y alimentar a los enfermos si los familiares pueden aportar los insumos y alimentos requeridos. Son frecuentes las suspensiones de operaciones por falta de equipos, insumos o personal médico. Pacientes que requieren diálisis no reciben tratamiento. Medicamentos indispensables para el tratamiento de enfermedades tales como diabetes, hipertensión y cáncer escasean severamente.


El gobierno no reconoce la posibilidad de que el país esté entrando en una emergencia que requiera asistencia desde el exterior. Por una parte, porque esto sería visto como la admisión del fracaso de su gestión. Pero igualmente, para evitar que ese reconocimiento pueda servir como puerta de entrada para la operación de dispositivos de intervencionismo humanitario, armado de considerarse necesario, cuyas consecuencias son bien conocidas.


En estos últimos años el gobierno ha puesto en marcha diversos operativos y mecanismos de distribución de alimentos, los cuales han sido de corta duración y, en general, han fracasado por la ineficiencia y los muy elevados niveles de corrupción. No han logrado desmantelar la redes mafiosas, gubernamentales y privadas, que operan en cada uno de los eslabones de las cadenas de comercialización, desde los puertos hasta la venta al por menor. Por otra parte, todos estos mecanismos han estado concentrados en la distribución, sin abordar en forma sistemática la profunda crisis existente en la producción nacional.


La última iniciativa son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), orientados principalmente a la venta de bolsas con algunos alimentos subsidiados directamente en las viviendas. Ha sido este mecanismo muy polémico, entre otras cosas porque no hay suficientes alimentos disponibles para llegar a todos, y por operar a través de estructuras partidistas (el PSUV). Con muy poco tiempo de funcionamiento ya se han formulado múltiples denuncias tanto por su carácter político excluyente de quienes no se identifiquen como partidarios del gobierno, como, una vez más, por la corrupción.


Con excepción de Caracas, durante meses en el año 2016 hubo racionamiento eléctrico, con suspensión del servicio por cuatro horas diarias (12). Para ahorrar electricidad, las oficinas públicas en todo el país solo trabajaron dos días a la semana durante meses y luego con un horario diario reducido, debilitando aún más la menguada capacidad de gestión del Estado venezolano. La distribución del agua ha estado racionada, afectando desproporcionalmente a los sectores populares. Hay igualmente una severa crisis en el transporte público por falta de repuestos, hasta los más comunes como baterías y cauchos.


Todo esto se traduce en un severo deterioro de las condiciones de vida de la población, conduciendo a la acelerada pérdida de las mejorías sociales que se habían logrado en los años anteriores. El gobierno ha dejado de publicar, o solo publica con mucho atraso, la mayor parte de las principales estadísticas económicas y sociales. Por ello, las únicas fuentes actualizadas con las cuales se cuentan son algunos estudios universitarios y de encuestadoras privadas (13). En el último estudio difundido por un proyecto interuniversitario (14), en términos de ingreso y de la capacidad para adquirir lo que definen como la canasta normativa de alimentos, se caracteriza al 75,6% de la población como pobre y la mitad del total de la población como pobres extremos (15). Esto, más que un deterioro, constituye un colapso del poder adquisitivo de la mayor parte de la población.


La reducción de la capacidad adquisitiva es generalizada, pero no afecta por igual a todos los sectores de la población, con lo cual se ha producido un incremento de las desigualdades sociales. La reducción de las desigualdades de ingreso había sido uno los logros más importantes del proceso bolivariano. El actual deterioro de la capacidad adquisitiva afecta en primer lugar a quienes viven de un ingreso fijo como salarios, jubilaciones y pensiones. Por el contrario, quienes cuentan con acceso a divisas que compran cada vez más bolívares, y quienes participan en los múltiples mecanismos especulativos del llamado bachaqueo, con frecuencia terminan favorecidos por la escasez/inflación.


En las condiciones actuales, el gobierno ya no cuenta con los recursos que serían necesarios para abastecer a la población mediante programas masivos de importación de alimentos. Por las mismas razones, la incidencia de las políticas sociales, las Misiones, está marcada por un sostenido deterioro.


Por la vía de los hechos, la política económica del gobierno opera como una política de ajuste que contribuye al deterioro de las condiciones de vida de la población. Se le ha otorgado prioridad al pago de la deuda externa sobre las necesidades alimentarias y de salud de la población venezolana. De acuerdo al Vicepresidente para el Área Económica, Miguel Pérez Abad, Venezuela recortará sustancialmente sus importaciones este año con el fin de cumplir con sus compromisos de deuda (16). Se ha anunciado que el monto total de divisas disponibles para importaciones no petroleras en el año 2016 será de solo 15 mil millones de dólares (17), lo que representa la cuarta parte del volumen de las importaciones del año 2012. Y sin embargo, el Presidente Maduro ha informado que “...el Estado venezolano ha pagado en los últimos 20 meses 35 mil millones de dólares a los acreedores internacionales...” (18) Esto es extraordinariamente grave, dados los elevados niveles de dependencia de las importaciones que tiene la alimentación básica de la población.


Son variadas las propuestas que se han venido formulando desde organizaciones políticas y académicas, así como movimientos populares, sobre posibles vías para la obtención de los recursos necesarios para responder a las necesidades urgentes de la población. Entre estas destaca la Plataforma de Auditoría Pública y Ciudadana (19), que exige la realización de una investigación a fondo de los extraordinarios niveles de corrupción con los cuales han operado los procesos de entrega, por parte de organismos del Estado, de divisas subsidiadas para las importaciones (20). Esta auditoría permitiría comenzar los procesos de recuperación de los recursos sustraídos a la nación. Esta posibilidad ha sido rechazada por el gobierno. Sería abrir una caja de Pandora que, con seguridad, implicaría tanto a altos funcionarios públicos, civiles y militares, como a empresarios privados.


Igualmente importante sería la realización de una auditoría de la deuda externa, con el fin de identificar que parte de ésta es legítima y que parte no lo es. A partir de ésta, se plantearía una renegociación de las condiciones de pago de la deuda, partiendo de que es prioritario responder a las necesidades inmediatas de alimentación y salud de la población sobre el pago a los acreedores. Se ha propuesto igualmente la conveniencia de un impuesto extraordinario a los bienes de venezolanos en el exterior, así como una reforma impositiva que aumente el aporte de las grandes fortunas, en especial del sector financiero, que pagan tasa muy bajas.


Nada de esto, por supuesto, tendría mayor impacto si no se crean mecanismos de contraloría social efectivos que garanticen que, en este contexto de corrupción generalizada, estos bienes lleguen a quienes los necesitan.

 

Una nueva economía: las múltiples caras del denominado “bachaqueo”

 

En los últimos tres años se han producido reacomodos importantes en la estructura económica del país, muy especialmente en los sectores de comercialización. Una elevada proporción del acceso a bienes básicos en el país ocurre hoy por la vía de los mecanismos informales del llamado bachaqueo. Algunos de los casos más escandalosos de corrupción conocidos en el país en estos años tienen que ver precisamente con el acaparamiento y la especulación en la importación y en las cadenas públicas y privadas de distribución de alimentos.


Este complejo nuevo sector de la economía, que ha adquirido en estos años un enorme peso, incluye una amplia gama de modalidades y mecanismos tanto públicos como privados. Dada la presencia simultánea de un generalizado desabastecimiento y la desbordada inflación, la diferencia entre el precio de venta de los productos regulados y el precio al cual estos mismos productos son vendidos en los mercados informales puede ser de diez a uno, de veinte a uno, e incluso más. Esta actividad, que mueve a mucha gente y moviliza mucho dinero, opera en diversas escalas. Incluye, entre otras, el contrabando de extracción de diferentes dimensiones, principalmente hacia Colombia, el desvío masivo de bienes de las cadenas públicas de distribución mayorista, el acaparamiento por parte de agentes comerciales privados, y la compra y reventa en pequeña o mediana escala de productos regulados por parte de los llamados bachaqueros.


Por su novedad, heterogeneidad y fluidez no se cuenta con una caracterización confiable sobre la dimensión de este sector de la economía y sus relaciones con los otros sectores de ésta. En esta actividad se pueden obtener ingresos muy superiores a una elevada proporción de los empleos asalariados existentes en el país. Lo que es indudable es que hoy, si dejase de operar de un día para otro este sector de la economía, el país se paralizaría. De acuerdo a una de las principales encuestadoras del país, el 67 % de la población venezolana reconoce que compra los productos total o parcialmente a través de los llamados “bachaqueros” (21). El hecho de que este sector de la economía opere con mecanismos extremadamente diversos no solo hace difícil su caracterización, sino igualmente su evaluación desde puntos de vista políticos o éticos. Sobre el impacto perverso que para la sociedad tiene la corrupción en las cadenas oficiales de distribución, el acaparamiento y la especulación por parte de agentes privados y las mafias violentas, con frecuencia armadas, que controlan determinados eslabones de las cadenas de comercialización, no queda duda. No es lo mismo el bachaqueo en pequeña escala llevado a cabo por ese amplio sector de la población que, en ausencia de toda otra alternativa para alimentar a su familia, convierten la actividad de compra, trueque y venta especulativa de productos escasos en una modalidad de sobrevivencia.


Lo que si puede afirmarse es que en un proceso político orientado durante años por los valores de la solidaridad y la promoción de múltiples forma de organización popular de base en las cuales participaron millones de personas, la respuesta ante esta profunda crisis no ha sido mayoritariamente solidaria, ni colectiva, sino individualista y competitiva. Las significativas transformaciones en la cultura política popular de años anteriores, los sentidos de dignidad, las subjetividades caracterizadas por la auto confianza y el entusiasmo en a relación sentirse parte de la construcción de un mundo mejor, entran en dinámicas regresivas. Buena parte de las organizaciones sociales de base creadas durante estos años (mesas técnicas de agua, consejos comunitarios de agua, consejos comunales, comunas, etc.), se encuentran hoy debilitadas, tanto por la carencia de los recursos estatales de las cuales se habían hecho dependientes, como por el creciente deterioro de la confianza en el gobierno y en el futuro del país. Otras, con mayor capacidad de autonomía, hoy debaten cómo continuar operando en este nuevo contexto.


Es este el paisaje cultural que hace posible, por ejemplo, que miles de niños de hasta 12 años estén abandonando la escuela para incorporarse a bandas criminales, iniciándose generalmente en el micro tráfico de drogas que constituye, gracias a las políticas prohibicionistas con relación a las drogas que siguen vigentes en el país, un lucrativo negocio y una fuente permanente de violencia.


Además de las consecuencias de la desnutrición infantil, lo que posiblemente tenga un impacto negativo de más larga duración para el futuro del país es el hecho de que la confluencia de estas dinámicas ha ido produciendo procesos de desintegración del tejido de la sociedad, un estado de desconfianza generalizada y una profunda crisis ética en buena parte de la conciencia colectiva.

 

La coyuntura política

 

El fallecimiento de Hugo Chávez en marzo del 2013 abre paso a una nueva coyuntura política en el país. En las elecciones presidenciales de abril del 2013, el candidato escogido por Chávez, Nicolás Maduro, gana a Henrique Capriles, candidato de la oposición, por una diferencia de solo 1.49% de los votos, mientras que cinco meses antes, Chávez, en su última elección, había ganado con una diferencia de 10.76%.


En las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015, la oposición organizada en torno a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) gana las elecciones por una amplia mayoría, obteniendo 56,26% de los votos contra 40,67% de los partidarios del gobierno (22). Como resultado de una ley electoral anticonstitucional diseñada para sobre representar a la mayoría cuando ésa era la situación del chavismo, la oposición obtuvo un total de 112 parlamentarios con lo cual logró una mayoría de dos terceras partes en la Asamblea (23).


La previa identificación de la mayoría de los sectores populares con el chavismo se va resquebrajando, la oposición gana en muchos centros electorales que hasta ese momento habían votado contundentemente por el gobierno.


De una situación de control de todas las instituciones públicas (Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Poder Ciudadano y 20 de un total de 23 gobernaciones), se pasa a una nueva situación de dualidad de poderes y a una potencial crisis constitucional.


Sin embargo, la mayoría de oposición en la Asamblea Nacional no ha alterado, en los hechos, la correlación de fuerzas en el Estado. Sistemáticamente cada vez que el Ejecutivo está en desacuerdo con una decisión de la Asamblea, le ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia que la declare inconstitucional, lo cual el Tribunal hace rápidamente. A esto se añade que, en los asuntos de mayor transcendencia, el gobierno, con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, ha venido gobernando por decretos presidenciales. Entre éstos destaca el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica (24) mediante el cual el Presidente se auto otorga poderes extraordinarios en el ámbito económico y en áreas de seguridad pública. En consecuencia, durante los primeros seis meses de su gestión, la Asamblea Nacional ha operado más como un espacio de debate político y de catarsis, que como un poder del Estado con capacidad para tomar decisiones efectivas sobre el rumbo del país.


El gobierno una y otra vez ha anunciado medidas especiales, comisiones presidenciales, nuevos “motores de la economía” reestructuraciones del Estado, nuevas vice-presidencias, nuevo ministerios. Sin embargo, se trata en lo fundamental, de un gobierno a la defensiva, sin rumbo, cuyo principal objetivo parece ser la preservación del poder. Para ello se reafirma en un discurso incoherente que carece de sintonía con la cotidianidad y las exigencias inmediatas de la población. Sigue apelando a “la Revolución” y al enfrentamiento al imperialismo, al intervencionismo externo, a la derecha nacional e internacional fascista, a los golpistas y a la “guerra económica” como las causas de todos los males que afectan al país. Se acentúa la utilización arbitraria de su control sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para tomar medidas destinadas a bloquear toda posibilidad de cambio (25). Por esta vía se va, paso a paso, socavando la legitimidad de la Constitución del año 1999. Mientras tanto, el deterioro económico y social del país se profundiza.


Es bien sabido que, desde el inicio del gobierno bolivariano, el gobierno de los Estados Unidos le ha brindado respaldo político y financiero a la oposición venezolana, incluso apoyando el golpe de Estado del año 2002. La ofensiva no cesa. En marzo del año 2016 el gobierno de Obama renovó la decisión del año anterior de declarar que Venezuela constituye una "inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos” (26). En mayo del mismo año, "por décimo año consecutivo, el Departamento de Estado de EE.UU. determinó [...] que Venezuela no estaba cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos” (27). En el contexto de la prominencia de los gobiernos progresistas y los procesos integracionistas latinoamericanos (Unasur, Mercosur, Celac), estas ofensivas tuvieron en el pasado poco éxito. Sin embargo, estamos en presencia de un contexto geopolítico regional profundamente alterado que se caracteriza por un debilitamiento tanto de los movimientos sociales como de los gobiernos progresistas en toda América del Sur. Son en este sentido significativas las implicaciones de los bruscos virajes a la derecha que vienen operándose en Argentina y Brasil y los consecuentes debilitamientos de los mecanismos de integración continental en cuya creación y fortalecimiento el Presidente Chávez había jugado un papel protagónico. Un expresión de estos cambios son los sistemáticos ataques de Luis Almagro, Secretario General de la OEA, contra el gobierno venezolano, presionando a los países miembros de la organización a que se le aplique al país la Carta Democrática, y las resistencias que ha enfrentado Venezuela para asumir, como le corresponde, la Presidencia pro-tempore de Mercosur.

 

Descontento generalizado, protestas, saqueos, represión e inseguridad

 

Confirmando el estado de ánimo que se percibe diariamente en cualquier aglomeración de gente, como en las colas de compra de alimentos y el transporte público, todas las encuestas de opinión destacan el profundo descontento existente en el país. De acuerdo a Venebarómetro, 84,1% de la población evalúa en términos negativos la situación del país, el 68,4% considera como mala la gestión del Presidente Maduro, el 68% de los encuestados opina que Maduro debería salir del poder lo más pronto posible y haya elecciones presidenciales (28). De acuerdo a la encuestadora Hercon, 81,4% de los encuestados consideran que “es necesario cambiar de gobierno este mismo año para que se solucione la crisis que vive Venezuela” (29). Según Óscar Schemel, director de la encuestadora Hinterlaces, encuestadora en general favorable al gobierno, en el mes de febrero el 58% de la población estaba de acuerdo con una salida constitucional del presidente Maduro (30). De acuerdo a un informe del Proyecto Integridad Electoral Venezuela de la Universidad Católica Andrés Bello, el 74% de la población ve la situación del país como “mala” o “muy mala”, y más de la mitad cree que los principales responsables de los problemas son el Gobierno y el Presidente (31). De acuerdo a la encuestadora Datincorp, el 72% de los encuestados quiere que el Presidente Maduro concluya su mandato antes del 2019 (32).


En la mayor parte de las encuestas se destaca igualmente que el apoyo a la oposición y a la Asamblea Nacional ha tenido una tendencia al descenso como resultado de la frustración frente a las expectativas que habían sido creadas por la MUD previas a las elecciones parlamentarias. De acuerdo a una encuesta nacional realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, institución fuertemente inclinada hacia la oposición, solo un 50,58% de los encuestados confía en la Asamblea Nacional y un poco menos de la mitad confía en los diputados de la oposición y en los partidos de oposición (33).


Las dificultades que enfrenta la gran mayoría de la población en su vida cotidiana, especialmente los obstáculos o incluso la imposibilidad de obtención de alimentos y medicinas, la carencia de agua, el racionamiento eléctrico, han generado, en todo el país, niveles crecientes de protesta, cierres de calles y carreteras, saqueos de establecimientos de comercialización de alimentos, y de camiones que transportan estos bienes. Algunos de estos saqueos y protestas violentas pueden estar organizados como una forma de enfrentamiento político al gobierno (34). No hay duda de que en el país operan paramilitares, pero es evidente, por su escala, que se trata en lo fundamental de un fenómeno social de amplia base. A diferencia de la situación de febrero del año 1989, en que el Caracazo consistió en una explosión popular generalizada y prácticamente simultánea a escala nacional, en las actuales condiciones, mucho más graves que las del 1989, se está produciendo un Caracazo por cuotas. En algunos casos participan grupos armados que actúan con violencia.


Esto se suma a la inseguridad que durante muchos años ha sido caracterizada por la población venezolana como el principal problema del país. De acuerdo a las Naciones Unidas, Venezuela no solo tiene la tasa de homicidios más elevada de América del Sur, sino que es el único país de esa región cuya tasa de homicidios se ha incrementado en forma consistente desde el año 1995 (35). Algunos de los denominados “colectivos” de origen chavista han devenido en mafias armadas. Un contexto de generalizada impunidad en que, ni los asesinatos ni la corrupción son investigados, y menos aún castigados, ha conducido a una profunda y generalizada desconfianza en la policía, el sistema judicial, y la justicia. Se han hecho más frecuentes los casos en que grupos de personas deciden asumir la justicia por su propia mano, por la vía de linchamientos. Es dramático lo que esto nos dice sobre el estado actual de la sociedad venezolana. De acuerdo a una encuesta nacional realizada por el Observatorio Venezolano de Violencia, dos terceras partes de la población justifica los linchamientos cuando se ha cometido un "crimen horrible", o cuando el criminal "no tiene remedio". Sin embargo, de acuerdo a este observatorio, “en la mayoría de los linchamientos observados recientemente las víctimas no han cometido delitos ‘horribles”; más bien se trata de inexpertos ladrones.” En un barrio popular apareció una pancarta con el siguiente texto: Vecinos organizados. Ratero si te agarramos no vas a ir a la comisaría. ¡¡Te vamos a linchar!!” (36) Son tan grotescas estas imágenes que la Sala Constitucional del TSJ ha prohibido su divulgación por las redes sociales.


El gobierno, ante esta descomposición generalizada, ante una sociedad que ya no puede controlar, en vista de que su discurso se hace cada menos eficaz, responde crecientemente con represión. Con frecuencia las movilizaciones callejeras son bloqueadas o reprimidas con gases lacrimógenos. Todas las semanas los medios divulgan casos de muertes por balas policiales. A pesar de que el uso de armas de fuego está expresamente prohibido en la Constitución (37), el Ministro del Poder Popular para la Defensa, mediante una resolución sobre las "Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones" decidió que ante una situación de "riesgo mortal", el funcionario o funcionaria militar "aplicará el método del uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con arma de fuego o con otra potencialmente mortal.” (38).


En ausencia de una política pública de seguridad integral y consistente en materia de seguridad, frente el desborde de la violencia hamponil y ante las demandas de la sociedad por una respuesta, en julio del 2015 se creó un nuevo dispositivo policial, la Operación para la Defensa y Liberación del Pueblo (OLP) cuya principal actuación ha sido la de realizar agresivos allanamientos en barrios populares. Estos operativos han sido denunciados por organizaciones de derechos humanos por acentuar las desigualdades al reprimir solo las actividades ilícitas en los sectores populares y por el uso desproporcionado de la fuerza. A partir de la creación de este dispositivo, comenzaron a aparecer en los periódicos noticias sobre la muerte de numerosos “hampones” y “delincuentes”. El número de “abatidos” es presentado por los funcionarios como medida del éxito de los operativos. Desaparece la presunción de inocencia y, con apoyo de la opinión pública, se va naturalizando el asesinato extrajudicial, en un país cuya Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte (39).

 

El referendo revocatorio

 

La Constitución Venezolana contempla la posibilidad de la realización de referendos revocatorios de cada uno de los cargos de elección popular una vez pasada la mitad de su período de gestión. Este instrumento, que posibilita la evaluación por parte de los electores de la gestión de los funcionarios y funcionarias electas, ha sido reivindicado por el chavismo como uno de los importantes avances democráticos de la Constitución de 1999, como una de las principales expresiones de la democracia participativa (40) Se establecen para ello un conjunto de requisitos. En el caso del Presidente o Presidenta de la República, si el referendo se realiza en el cuarto año de la gestión de seis años del Presidente, y la mayoría opta por revocar su mandato, éste queda destituido y se convocan nuevas elecciones presidenciales en un lapso de 30 días. Si el referendo se realiza cuando quedan menos de dos años del período presidencial, y la mayoría vota por la revocatoria del mandato, el Presidente queda destituido y es remplazado por el Vicepresidente (cargo de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente). Es por ello que el gobierno, a sabiendas de que perdería el referendo revocatorio, a través de su pleno control sobre el CNE, se ha dedicado sistemáticamente a poner obstáculos y a retardar lo más posible la realización del referendo (41). Las diversas movilizaciones de la oposición con el fin de presionar al CNE para que de los pasos necesarios en función de la realización del referendo revocatorio son impedidas o reprimidas. Altos funcionarios gubernamentales han anunciado que se despediría a los empleados públicos que aparezcan apoyando el referendo y que los empresarios que lo hagan no podrán tener contratos con el Estado (42). Estudiantes han denunciado que les han quitado sus becas por haber firmado por la realización del referendo. La oposición presentó aproximadamente diez veces más firmas que las requeridas para iniciar el proceso. De estas se anularon centenares de millares de firmas, muchas por errores de forma. Se han ido imponiendo nuevas exigencias que no habían sido informadas anteriormente y se han alargado sistemáticamente los plazos más allá de lo contemplado en las normas vigentes.


El CNE durante años fue una institución que contó con un alto grado de legitimidad. El carácter totalmente automatizado de los procesos electorales y sus mecanismos de auditoría hacían que fuese extraordinariamente difícil desvirtuar la voluntad de los electores. Las observaciones internacionales que estuvieron presentes en los múltiples procesos electorales realizados durante el gobierno bolivariano, una y otra vez, afirmaron que se trataba de elecciones cuyos resultados eran altamente confiables. Jimmy Carter llegó a afirmar que se trataba del mejor sistema electoral del mundo. Durante años este organismo jugó un papel central en la defensa de la legitimidad del gobierno ante los ataques del gobierno de los Estados Unidos y la derecha internacional. Sin embargo, en los últimos años ha ido perdiendo la confianza de los electores (43). En la medida en que con sus decisiones el CNE está impidiendo la realización del referendo revocatorio en el año 2016, y va transparentando su papel actual de ejecutor de las decisiones del Poder Ejecutivo, está sacrificando el prestigio y reconocimiento que había logrado con mucho esfuerzo. Desde un punto de vista constitucional, sería tan grave que el gobierno impidiese la realización de un referendo revocatorio que haya cumplido con todos los requisitos legalmente establecidos, como lo sería impedir la realización de una elección para mantenerse en el poder. Por ello, si el gobierno, en forma ilegítima, bloquease la realización del referendo revocatorio en el año 2016, estaría rompiendo el hilo constitucional. A partir de ese momento pasaría a ser un gobierno de facto. Esto es particularmente grave en las actuales condiciones en que, como consecuencia de la crisis, hay un elevado grado de tensión acumulada en el país. Si se bloquea la posibilidad de que la población venezolana pueda decidir en forma democrática y constitucional sobre el futuro político inmediato del país, se corre el riesgo de que se pase de la actual situación de múltiples, pero fragmentados, focos de violencia, a una violencia generalizada lo que es en extremo peligrosa, dada la amplia disponibilidad de armas de fuego en manos de la población.


Mientras más se postergue una transición, que parece inevitable dados los amplios niveles de rechazo que tiene el gobierno, mayor será el deterioro del chavismo popular y el imaginario de otro mundo posible. El reto está en cómo evitar que el fin del gobierno de Maduro sea experimentado como una derrota de las expectativas de transformación social en la población venezolana. El pueblo chavista no tiene por qué cargar sobre sus hombros el fracaso de la gestión gubernamental.

 

Del rentismo extractivista petrolero al rentismo extractivista minero

 

La profunda crisis que hoy se vive en Venezuela representa un momento de inflexión fundamental en la historia contemporánea del país. Pero, ¿en qué dirección? Después de un siglo de rentismo petrolero, de hegemonía de una lógica rentista, Estado-céntrica, clientelar y devastadora tanto del ambiente como de la diversidad cultural, éste debería ser el momento en que, como sociedad -más allá de la urgencia de medidas extraordinarias requeridas para responder a la crisis alimentaria y de medicamentos que vive en país- se asuma que se trata de la crisis terminal de este modelo. Es el momento de dar comienzo a un amplio debate y procesos de experimentación colectivos que enfrenten los retos de la urgencia de una transición hacia otro modelo de sociedad. Sin embargo, en lo fundamental, ésta no ha sido la respuesta a la crisis. El consenso petrolero nacional no ha sido cuestionado sino en un terreno retórico. Los programas de gobierno del PSUV y de la MUD en las últimas elecciones presidenciales, a pesar de las profundas diferencias en todos los demás temas, ofrecieron duplicar la producción petrolera para llevarla a 6 millones de barriles diarios para el año 2019. En otras palabras, lo que ambos vislumbraban como futuro para Venezuela era la profundización del rentismo.


Más allá de la poco probable recuperación significativa de los precios del petróleo en el mercado internacional, ¿de que le sirve al país contar con las mayores reservas de hidrocarburos del planeta si por lo menos 80% de estas reservas tienen que permanecer bajo tierra si queremos tener alguna probabilidad de evitar transformaciones climáticas catastróficas que pondrían en peligro la vida humana?


En la actual coyuntura, el énfasis casi exclusivo de la oposición ha estado en la necesidad de salir del gobierno del Presidente Maduro como condición para regresar a la normalidad del orden ¿neoliberal? interrumpida por el proceso bolivariano. Por parte del gobierno, aparte de múltiples medidas inconexas que reflejan más improvisación que capacidad de reconocer la situación actual del país, la respuesta más importante ha sido la proclamación de un nuevo motor de la economía, la minería, con lo cual se pretende reemplazar al rentismo extractivista petrolero, por un rentismo extractivista minero.


El 24 de febrero del año 2016, mediante decreto presidencial, Nicolás Maduro decidió la creación de una Nueva Zona de Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del Orinoco” (44), abriendo casi 112 mil kilómetros cuadrados, 12% del territorio nacional, a la gran minería para la explotación de oro, diamantes, coltán, hierro y otros minerales. De acuerdo al Presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, el gobierno ya ha suscrito alianzas y acuerdos con 150 empresas nacionales y transnacionales, "quienes, a partir de entonces, podrán ejecutar labores de exploración, para certificar las reservas minerales, para luego pasar a la fase de explotación de oro, diamante, hierro y coltán” (45). Se desconoce cuáles son estas empresas y el contenido de estos acuerdos.


La explotación minera, sobre todo en la extraordinaria escala que se contempla en el Arco Minero del Orinoco, significa obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio nacional y el etnocidio de los pueblos indígenas habitantes de la zona. Esta área cubre selvas tropicales húmedas de la Amazonía venezolana, grandes extensiones de sabanas de frágiles suelos, una extraordinaria biodiversidad, críticas fuentes de agua. Todo esto por decisión presidencial, en ausencia total de debate público, en un país cuya Constitución define a la sociedad como "democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural", y en carencia total de los estudios de impacto ambiental exigidos por el orden jurídico vigente.


Lejos de representar una mirada alternativa a la lógica rentista que ha predominado en el país durante un siglo, expresa este decreto una decisión estratégica de profundizar el extractivismo y acentuar la lógica rentista. El mineral a explotar en el cual el gobierno ha hecho más énfasis ha sido el oro. De acuerdo al Ministro de Petróleo y Minería y Presidente de Pdvsa, Eulogio Del Pino, se estima que las reservas auríferas de la zona serían de 7.000 toneladas, lo que a los precios actuales representaría unos 280.000 millones de dólares (46).


No hay tecnología de minería en gran escala que sea compatible con la preservación ambiental. Las experiencias internacionales en este sentido son contundentes. En regiones boscosas, como buena parte del territorio del Arco Minero, la minería en gran escala, a cielo abierto, produciría necesariamente procesos masivos e irreversibles de deforestación. La rica biodiversidad de la zona sería severamente impactada, generándose la pérdida de numerosas especies. Los bosques amazónicos constituyen una defensa vital en contra del calentamiento global que afecta al planeta. La deforestación de estos bosques implica simultáneamente un incremento de la emanación de gases de efecto invernadero y una reducción de la capacidad de dichos bosques de absorber/retener dichos gases, acelerando así el calentamiento global. Por ello, las consecuencias de estas acciones transcienden en mucho al territorio nacional. En lugar de otorgarle prioridad a la necesidad urgente de frenar los actuales procesos de destrucción de bosques y cuencas generados por la explotación ilegal del oro, con la presencia de grupos paramilitares que controlan importantes extensiones de territorio, con la legalización y promoción de las actividades mineras en gran escala contempladas en el territorio del Arco Minero del Orinoco, se produciría una fuerte aceleración de esta dinámica devastadora.


Este proyecto constituye una flagrante y generalizada violación de los derechos de los pueblos indígenas, tal como estos están garantizados en el Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se violan igualmente los derechos establecidos en los principales instrumentos legales referidos a éstos que han sido aprobados por la Asamblea Nacional en estos años: Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas (enero 2001) y La Ley Orgánica de pueblos y comunidades indígenas (LOPCI, diciembre 2005). Entre estas violaciones destacan todas las normas de consulta previa e informada que están firmemente establecidas tanto en la legislación venezolana como internacional (Convenio 169 de la OIT) en los casos en que se programen actividades que podrían impactar negativamente los hábitats de estos pueblos. Dándole un nuevo zarpazo a la constitución nacional, se continúa desconociendo la existencia misma de los Pueblos Indígenas, amenazándolos con su desaparición como pueblos, ahora a nombre del Socialismo del Siglo XXI.


En el pasado, tanto en Venezuela como en el resto del planeta, se le dio prioridad a la explotación de minerales e hidrocarburos sobre el agua, asumiendo que se trataba de un bien infinitamente disponible. Fueron muchas y de catastróficas consecuencias las decisiones que basadas en este supuesto de disponibilidad sin límites al agua se tomaron en diferentes países del mundo. El ejemplo más dramático en Venezuela es el del Lago de Maracaibo, el lago de agua dulce de mayor extensión de América Latina. Como consecuencia del canal de navegación abierto para la entrada de buques petroleros, la contaminación agroquímica y la descarga de aguas cloacales sin tratamiento, lenta pero seguramente, durante décadas se ha venido matando este vital reservorio de agua. ¿Está la sociedad venezolana dispuesta a repetir esta catástrofe ambiental, está vez en las cuencas de los ríos Caura, Caroní y Orinoco, en la Amazonía venezolana? La zona del territorio venezolano al sur del Orinoco constituye la mayor fuente de agua dulce del país. Los procesos de deforestación previsibles con la actividad minera en gran escala inevitablemente conducirán a una reducción de estos caudales.


Uno de los fenómenos de mayor impacto sobre la vida de los habitantes del territorio venezolano en los últimos años ha sido el de las sucesivas crisis eléctricas, debidas en parte a la reducción del caudal del Caroní, río cuyas represas hidroeléctricas generan hasta 70% de la electricidad que se consume en el país. A las alteraciones generadas por el cambio climático, la minería en gran escala en el territorio del Arco Minero del Orinoco contribuiría directamente a la reducción de la capacidad de generación de electricidad de estas represas. En primer lugar, por la reducción del caudal de los ríos de la zona impactada por estas actividades. Igualmente, la minera río arriba, al reducir la capa vegetal de las zonas circundantes, inevitablemente incrementaría los procesos de sedimentación de éstas. Con ello se reduciría progresivamente su capacidad de almacenamiento y su vida útil. Todas las represas hidroeléctricas de este sistema del bajo Caroní se encuentran dentro de los límites que han sido demarcados como parte del Arco Minero del Orinoco.


En la explotación del Arco Minero está prevista la participación de "empresas privadas, estatales y mixtas". El decreto contempla una variada gama de incentivos públicos a estas corporaciones mineras, entre otras la flexibilización de normativas legales, simplificación y celeridad de trámites administrativos, la no exigencia de determinados requisitos previstos en la legislación venezolana, la generación de "mecanismos de financiamiento preferenciales", y un régimen especial aduanero con preferencias arancelarias y para-arancelarias a sus importaciones. Contarán igualmente con un régimen tributario especial que contempla la exoneración total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto de valor agregado.


Las posibilidades de oponerse a los impactos de la gran minería en la zona del Arco Minero están negadas por las normativas del decreto. Con el fin de impedir que las actividades de las empresas encuentren resistencia, se crea una Zona de Desarrollo Estratégico bajo la responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El decreto en cuestión establece en forma expresa la suspensión de los derechos civiles y políticos en todo el territorio del Arco Minero.

 

Artículo 25. Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto.

Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

Los organismos de seguridad del estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas en los Planes de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la ejecución de lo dispuesto en este artículo.

 

Son extraordinariamente graves las consecuencias de esta "Prevalencia del interés general sobre Intereses particulares". Se entiende por "interés general", la explotación minera tal como ésta está concebida en este decreto presidencial. Toda otra visión, todo otro interés, incluso la apelación a la Constitución, pasa a ser definido como un "interés particular", y por lo tanto sujeto a que los "organismos de seguridad del Estado" lleven a cabo "las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas" en el decreto. Pero, ¿cuáles son o pueden ser los intereses denominados aquí como "particulares"? El decreto está redactado en forma tal que permite una amplia interpretación. Por un lado, señala expresamente como "particulares" los intereses sindicales y gremiales. Esto puede, sin duda, conducir a la suspensión, en toda la zona, de los derechos de los trabajadores contemplados en la Constitución, y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Implica esto igualmente que los derechos "gremiales", y por lo tanto "particulares" de los periodistas de informar sobre el desarrollo de las actividades mineras quedan suspendidos?


¿Qué implicaciones tiene esto para quien, sin duda, sería el sector de la población más afectado por estas actividades, los pueblos indígenas? ¿Serían las actividades en defensa de los derechos constitucionales de dichos pueblos llevadas a cabo por sus organizaciones, de acuerdo a "sus normativas" entendidos igualmente como "intereses particulares" que tendrían que ser reprimidos si entrasen en contradicción con el "interés general" de la explotación minera en sus territorios ancestrales?


Todo esto es aún más preocupante si se considera que solo dos semanas antes del decreto de creación de la Zona de desarrollo del Arco Minero, el Presidente Nicolás Maduro decretó la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa (47). Esta empresa tiene atribuciones de amplio espectro para dedicarse "sin limitación alguna" a cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas. Con la previsible participación de esta empresa en las actividades del Arco Minero, la Fuerza Armada lejos de representar la defensa de un hipotético "interés general" en la zona, tendrán un interés económico directo en que las actividades mineras no confronten ningún tipo de obstáculo. Estarían, de acuerdo a este decreto, legalmente autorizadas para actuar en consecuencia.


De hecho, por la vía de un decreto presidencial, nos encontramos ante la suspensión de la vigencia de la Constitución del año 1999 en 12% del territorio nacional. Esto no puede sino interpretarse como la búsqueda de un doble objetivo. En primer lugar, otorgarle garantía a las empresas transnacionales, cuyas inversiones se busca atraer, de que podrán operar libremente sin riesgo de enfrentarse a ninguna resistencia a sus actividades. En segundo lugar, conceder a los militares un poder aún mayor dentro de la estructura del Estado Venezolano, y con ello su lealtad al gobierno bolivariano. Esto pasa por la criminalización de las resistencias y luchas anti mineras.


En síntesis, un gobierno que se auto denomina como socialista, revolucionario y anticapitalista, ha decretado la subordinación del país a los intereses de grandes corporaciones transnacionales mineras, un proyecto extractivista depredador que compromete el futuro del país con previsibles consecuencias etnocidas para los pueblos indígenas.


La reacción de diversos sectores de la sociedad venezolana no se ha hecho esperar. Entre múltiples foros, asambleas, movilizaciones y comunicados, destaca el "Recurso de nulidad por ilegalidad e inconstitucionalidad con solicitud de medida cautelar del acto administrativo general contenido en el Decreto [Del Arco Minero]”, introducido ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 31 de mayo del 2016, por parte de un grupo de ciudadanos y ciudadanas.


La lucha por la anulación del decreto del Arco Minero es una expresión tanto de las luchas por un futuro democrático, no-rentista capaz de vivir en armonía con la naturaleza, como por abrir una brecha que permita ir más allá de la polarización infructuosa entre el gobierno y la MUD en que la reflexión colectiva y el debate público siguen atrapados.

 

Caracas, julio 2016

 

* Este texto fue escrito como un insumo para los debates del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, impulsado por la Oficina Regional Andina de la Fundación Rosa Luxemburg en Quito.

  1. En los meses de mayo y junio del 2016 se ha dado una lenta recuperación de los precios del petróleo, acercándose el crudo venezolano a los $40, muy por debajo del precio requerido para lograr un equilibrio presupuestario.
  2. De acuerdo al ex-Ministro del gobierno del Presidente Chávez, Héctor Navarro, “unos 300 millardos de dólares del billón de dólares ingresado entre 2003 y 2012 han desaparecido de las arcas de la nación, sin haberse castigado a los responsables.” Mayela Armas, “Héctor Navarro: ‘Esto no es socialismo... es vagabundería. Fracasó el capitalismo de estado y la corrupción’” Aporrea, Caracas 12 de diciembre 2015. www.aporrea.org/contraloria/n282650.html
  3. Banco Central de Venezuela, Resultados del índice nacional de precios al consumidor, producto interno bruto y balanza de pagos, Caracas, 18 de febrero 2016. http://www.ine.gov.ve/documentos/NotasdePrensa/pdf/aviso180216.pdf
  4. “CEPAL pronostica que economía venezolana se contraerá 7% este año”, El Nacional, Caracas, 8 de julio 2016.
  5. CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2015. Santiago de Chile 2016.
  6. En realidad no hay acceso público transparente al las cifras sobre la deuda. Esta tiene  diversos componentes, entre otros la deuda de PDVSA y la deuda que se define como interna pero que tiene que ser pagada en dólares.
  7. Banco Central de Venezuela, Información estadística, http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp
  8. Instituto Nacional de Estadísticas, Cuadro 1. Índice Nacional de Precios al Consumidor. Variaciones porcentuales, 2008 - Diciembre 2015. http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=108&Itemid=62
  9. Reconocimiento de la FAO a Venezuela, Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Roma, 26 de junio 2013. http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/230150/
  10. Instituto Nacional de Estadísticas, Encuesta de seguimiento al consumo de alimentos (esca) Informe Semestral Segundo semestre 2012 al Primer semestre 2014. 
  11. Venebarómetro abril 2016, Croes, Gutiérrez y Asociados abril 2016.
  12. Una elevada proporción de la energía eléctrica del país es hidroeléctrica. El gobierno le atribuye la crisis eléctrica exclusivamente al fenómeno del El Niño. La sequía, sin dudas, tiene un alto impacto pero no basta para explicar la profundidad de la crisis. Son igualmente importantes la devastación de las cuencas de los ríos de la Amazonía venezolana como consecuencia de la explotación del oro por parte de miles de mineros informales, y la ausencia de las previsiones, e inversiones necesarias para contar con modalidades alternativas de generación eléctrica cuando este fenómeno de carácter cíclico volviese a repetirse. Han sido prácticamente inexistentes las inversiones en energías renovables.
  13. Es tal la velocidad con la cual están ocurriendo las cosas en Venezuela hoy que todas las estadísticas citadas en el texto están necesariamente atrasadas en relación a la cambiante realidad.
  14. Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela. ENCOVI, Pobreza y Misiones Sociales Noviembre 2015, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar y otras instituciones. Caracas 2016.
  15. Este estudio, como todos los que se realizan en Venezuela en la actualidad, presenta severos problemas metodológicos. Una significativa proporción de los ingresos, así como de los consumos de la población venezolana ocurren hoy por la vía de mecanismos informales, ilegales e incluso mafiosos, mecanismos que están lejos de la transparencia. Es por lo tanto extraordinariamente difícil tener acceso a información medianamente confiable. 
  16. “Pérez Abad anuncia restricción de divisas para cumplir deudas de PDVSA”, Versión Final.com.ve, Caracas 16 de mayo 2016.
  17. Pérez Abad estimó importaciones no petroleras 2016 en apenas $15 millardos, El CamburCaracas 12 de mayo, 2016. http://www.elcambur.com.ve/poder/perez-abad-estimo-importaciones-no-petroleras-2016-en-apenas-15-millardos
  18. Correo del Orinoco, 17 de mayo, 2016.
  19. Ver: Plataforma de Auditoría Pública y Ciudadana. www.Plataforma de Auditoría Pública y Ciudadana
  20. De acuerdo a Edmeé Betancourt, quien en ese momento presidía el Banco Central de Venezuela, del total de $59.000 millones en divisas subsidiadas entregados solo en un año, en 2012, unos $20.000 millones fueron entregados a "empresas de maletín", una "demanda artificial" "no asociada a actividades de producción". "Presidenta del BCV: Parte de los $59.000 millones entregados en 2012 fueron a 'empresas de maletín'", Aporrea/AVN, www.aporrea.org, Caracas 25 de mayo 2013.
  21. Informe 21.com, “Datanálisis: Escasez en Caracas es de 82%”, Caracas 27 de mayo 2016, http://informe21.com/economia/datanalisis-escasez-en-caracas-es-de-82
  22. Muchos analistas coinciden en indicar que más que expresión de respaldo a la MUD, muchos de cuyos candidatos no eran conocidos por los electores, esta votación es la expresión plebiscitaria de un rechazo creciente al gobierno de Nicolás Maduro.
  23. Para evitar el ejercicio de esta mayoría calificada que le permitiría a la oposición tomar la mayor parte de las decisiones en la Asamblea sin tener que negociar con los representantes del gobierno, el Ejecutivo, a través del Consejo Nacional Electoral y con el apoyo complaciente del Tribunal Supremo de Justicia, decide desconocer los resultados del Estado Amazonas, reduciendo así el número de representantes de la oposición de 112 a 109.
  24. Decreto N° 2.323, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, dadas las circunstancias extraordinarias de orden Social, Económico, Político, Natural y Ecológicas que afectan gravemente la Economía Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 6.227 Extraordinario, Caracas 13 de mayo 2016.
  25. Entre estas está la suspensión de elecciones sindicales (Sidor) cuando no puede garantizar resultados favorables, la negativa a reconocer el carácter de partido de la organización política Marea Socialista, identificada con el chavismo crítico, y con ello el bloqueo a su participación electoral. Igualmente, como ya se señaló, el desconocimiento de los resultados de las elecciones parlamentarias en el Estado Amazonas, y como veremos más adelante, el bloqueo al referendo revocatorio. 
  26. The White House, Office of the Press Secretary. Executive Order – Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela, Washington, 9 de marzo 2015. 
  27. U.S State Department, Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism, Country Reports on Terrorism 2015. Washington 2016.
  28. Venebarómero abril 2016, Croes, Gutiérrez y Asociados, Caracas, 2016.
  29. Hercon Consultores, Estudio Flash, Contexto Venezuela, 27 al 30 abril 2016. 
  30. Hinterlaces: “58 % quiere salida constitucional del Presidente Maduro”, El Universal, Caracas, Caracas, 20 de marzo 2016.
  31. Proyecto Integridad Electoral Venezuela, UCAB,  Percepciones ciudadanas sobre el sistema electoral venezolano y situación país, Caracas, abril 2016.
  32. Datincorp, Tracking de coyuntura política. Análisis prospectivo, Caracas, febrero 2016.
  33. Universidad Católica Andrés Bello, Proyecto Integridad Electoral Venezuela, Percepciones ciudadanas sobre el sistema electoral venezolano y situación país, Caracas, abril, 2016.
  34. Esta es, en todos los casos, la interpretación que formula el gobierno. Ejemplo de esto son las declaraciones dadas por el Gobernador del Estado Sucre, Luis Acuña. De acuerdo con él, los saqueos son parte de "un plan bien diseñado (por la oposición venezolana) para generar zozobra". “Venezuela: la resaca después de dos días de saqueos generalizados en Cumaná”, El Nacional, Caracas, 17 de junio 2016.
  35. United Nations Office on Drugs and Crime, Global Study on Homicide 2013, Viena 2014.
  36. Roberto Briceño-León, “Acuerdo Social. Justicia por mano propia”, Ultimas Noticias, Caracas, 13 de junio 2016.
  37. Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público. 
  38. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 40.589, Caracas 27 de enero de 2015.
  39. “Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. [...]”, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
  40. “Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.”
  41. Un paso más esta dirección la dio el PSUV al introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de amparo para solicitar la suspensión de los procesos del referendo argumentado que se habría cometido fraude en el proceso de recolección de firmas. “PSUV introdujo recurso ante el TSJ contra el referéndum revocatorio”, Contrapunto, 17 de junio 2016. http://contrapunto.com/noticia/psuv-introdujo-recurso-ante-el-tsj-contra-el-referendum-revocatorio-82043/
  42. “Diosdado Cabello: Funcionarios públicos que firmaron no deberían seguir en sus cargos”, Correo del Orinoco, 4 de mayo 2016; “Cabello: Empresarios que firmaron no pueden trabajar con el Estado”, El Universal, Caracas 11 de mayo 2016.
  43. De acuerdo a una encuesta de marzo del año 2016 realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, “6 de cada diez venezolanos tiene poca o ninguna confianza en el CNE. Sin embargo, 80% de los entrevistados consideran que los resultados dados a conocer por el CNE después de las elecciones parlamentarias reflejan la voluntad del pueblo y más de 95% considera que las elecciones son el mecanismo mediante el cual deben resolverse los problemas del país. Universidad Católica Andrés Bello, Proyecto Integridad Electoral Venezuela, “Percepciones ciudadanas sobre el sistema electoral venezolano y situación país”, Caracas, abril, 2016.
  44. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 426.514, 24 de febrero 2016.
  45. Agencia Venezolana de Noticias, "Plan del Arco del Orinoco contempla industrializar potencial minero nacional", Caracas, 27 de febrero de 2016.
  46. Agencia Venezolana de Noticias, "Gobierno nacional prevé certificar en año y medio reservas del Arco Minero Orinoco", Caracas 25 de febrero, 2016.
  47. Gaceta Oficial Nº 40.845 correspondiente al 10 de febrero de 2016. Decreto Nº 2.231, mediante el cual se autoriza la creación de una Empresa del Estado, bajo la forma de Compañía Anónima, que se denominará Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

 

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Pliego Cumbre Agraria. Campesina, étnica y popular

Bogotá, 31 de mayo de 2016

Doctor
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
ESD

Señor Presidente, reciba un atento saludo.

Desde el 25 de junio de 2015, fecha en que nos reunimos con usted para presentarle un balance del estado de la negociación del Pliego MANDATOS PARA EL BUEN-VIVIR, POR LA REFORMA AGRARIA ESTRUCTURAL TERRITORIAL, LA SOBERANÍA, LA DEMOCRACIA Y LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL, así como del cumplimiento de los acuerdos suscritos en el acta del 13 de mayo de 2014, no ha sido posible avanzar en el cumplimiento de los compromisos hechos por usted, señor Presidente, para avanzar en los dos sentidos: el pronto cumplimiento de los acuerdos y la definición e implementación de una ruta para destrabar la negociación de los puntos del pliego priorizados: Economía Propia, Minería- Energía y Ruralidad y Cultivos de Uso Ilícito.

No obstante, que la Cumbre Agraria ha presentado propuestas concretas para avanzar en los dos sentidos mencionados, la precariedad en materia de resultados no dista, en lo sustancial, del balance que le presentamos en la mencionada reunión.

Para el día 14 de abril estaba acordada una sesión de la Mesa Única Nacional, precedida de tres mesas técnicas que adelantaríamos el 13 de abril sobre los temas: Economía Propia, Minería-Energía y Ruralidad, y Cultivos de Uso Ilícito. A través del Ministerio del Interior, el 12 de abril, nos informaron que la Agenda se reducía al tema de Cultivos, incumpliendo el acuerdo sobre la misma suscrito el 10 de marzo que incluía los tres puntos aludidos. También se había acordado que el Ministerio de Minas y Energía daría respuesta, por escrito, a las cinco propuestas presentadas por la Cumbre Agraria sobre el punto de Minería- Energía y Ruralidad, compromiso que tampoco fue honrado por parte de la Ministra Encargada. En conclusión, la sesión fue desmontada, de manera unilateral, por parte de la representación del gobierno en la Mesa. Por tal razón, consideramos que no era útil participar en sesiones de la Mesa Única Nacional que no conducen a resultados satisfactorios y en las que se incumple, por parte del gobierno, hasta lo más mínimo: dar curso a una Agenda previamente pactada.

Estos hechos evidencian, una vez más, la sistemática estrategia de dilación y desgaste a que ha sido sometida la negociación, por parte de la delegación gubernamental. Cumplidos dos años de haberse iniciado la negociación, no hay resultados efectivos que den cuenta de la supuesta voluntad política de paz de su gobierno. Políticas como la ley de las ZIDRES, el Plan de Desarrollo, la ley de Seguridad Ciudadana, el proyecto de ley de reforma tributaria, la venta de ISAGEN, entre otras, van en contravía de una paz con justicia social.

Los pocos avances en materia de proyectos productivos, que debieron aprobarse en la vigencia fiscal 2014, bajo el principio de anualidad acordado, ha sido a costa de haber sido obligados a transitar un camino lleno de obstáculos solapados bajo argumentos técnicos y jurídicos que están en contravía de los acuerdos sobre un Manual Especial para la Cumbre Agraria. La estructuración de los proyectos de infraestructura es extremadamente lenta.

En el tema de derechos humanos el avance es nulo no obstante los compromisos de su gobierno para brindar garantías. Asistimos a un contexto de incremento de la violación sistemática de los mismos que se traduce en nuestras comunidades en persecución política, desplazamientos, criminalización de la protesta social, amenazas y asesinatos de defensores de DDHH y líderes sociales.

No obstante que se han generado algunos escenarios de participación en el proceso de paz adelantado entre el gobierno nacional y las FARC en los que los movimientos populares y la sociedad en general hemos presentado importantes propuestas cuya viabilidad está sujeta a la discrecionalidad de la Mesa de La Habana. Por tal razón, consideramos que el gobierno nacional debe habilitar una participación autónoma, vinculante y decisoria de la sociedad en el proceso de paz, prioritariamente de esa parte marginada de las decisiones políticas y económicas excluyentes que constituyen las causas estructurales del conflicto que padecemos en Colombia. Nuestros pliegos deben ser considerados como parte de una Agenda social para la paz y la mesa nacional, las regionales, sectoriales y temáticas como escenarios de participación de la sociedad y de negociación del conflicto social.

En síntesis, el gobierno ha profundizado la crisis de la Mesa Única Nacional. Las mesas regionales no corren mejor suerte, están estancadas y la mayoría de acuerdos también han sido incumplidos.

Tal como está acordado en la metodología de la negociación lo convocamos a usted, señor Presidente, desde el pasado 13 de abril a una reunión para presentarle, nuevamente, un balance de la negociación. La respuesta del Ministro del Interior fue que esta no será posible hasta finales del mes de junio.

En consecuencia, la Cumbre Agraria está adelantando una Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular como ejercicio legítimo de los derechos a la movilización y la protesta social y ciudadana en medio de la cual aspiramos a que con el gobierno nacional encabezado por usted, señor Presidente, discutamos las propuestas que presentamos a continuación en el marco del Pliego que se discute en la Mesa Única Nacional.

Por último, exigimos plenas garantías por parte del gobierno para continuar adelantando pacíficamente la Minga, que cesen a la estigmatización y el tratamiento militar que se le ha venido con el lamentable saldo de la muerte del hermano Willintong y decenas de heridos y contusos.

Atentamente,

CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA ETNICA Y POPULAR

 


MINGA NACIONAL AGRARIA CAMPESINA ÉTNICA Y POPULAR
PROPUESTA POLÍTICA DE NEGOCIACIÓN

 

 

1. TIERRAS, TERRITORIOS COLECTIVOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
SUB TEMAS:

El país necesita un proceso de Reordenamiento Territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la producción, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo, y se protegen el aire, el agua, los ecosistemas estratégicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. Ese reordenamiento apuntará a armonizar la conservación del medio natural para la pervivencia de las comunidades agrarias.

1. REFORMA AGRARIA INTEGRAL

  • Una política de reforma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, que desmonte el latifundio como expresión histórica de la desigualdad y genere acceso seguro a la tierra para quienes carezcan de ella, así como la garantía de la autonomía territorial para campesinos, indígenas y afros. Esa política de reforma agraria deberá construirse de la mano con las organizaciones rurales y urbano-populares.

2. RECONOCIMIENTO DE LAS FIGURAS DE REORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ÉTNICAS Y EL CAMPESINADO.

  • Reglamentación e implementación del decreto 2333/ 2014 para la protección efectiva de los territorios ancestrales. Desarrollo de 30 Experiencias Pilotos para la delimitación y demarcación conforme a lo establecido en el decreto, concertadas con la ONIC y en un plazo máximo de 24 meses.
  • Reconocimiento de la territorialidad campesina a través de las figuras de territorios campesinos no reconocidas (Territorios Campesinos Agroalimentarios, Zonas Agroalimentarias, Zonas de biodiversidad, playones, sabanas y otras) en la ley 160/94 y reglamentación de las Zonas de Reserva Campesina (Sistema y programa nacional de ZRC construido por las comunidades), mediante un decreto reglamentario.
  • Financiación por valor de 9400 millones para la formulación de 47 planes de vida y para la capacitación y los trámites legales de 47 Territorios Campesinos Agroalimentarios.
  • Reglamentación de la ley 70 para comunidades afrocolombianas: Concreción de procesos de titulación de territorios colectivos de casos pendientes.
  • Reconocimiento de los Territorios Colectivos en el Atlántico y Valles Interandinos.
  • Reconocimiento de los territorios colectivos como Entidades Territoriales Afrocolombianas, mediante la reforma del decreto 1745 de 1995 que incluya el saneamiento de los territorios y las ETA.
  • Reconocimiento político de los Territorios interétnicos e interculturales desde la cosmovisión de ordenamiento territorial autónomo de los pueblos y comunidades. Compromiso institucional de no implementar políticas administrativas, económicas y jurisdiccionales inconsultas en estos territorios.

3. RECONOCIMIENTO AL CAMPESINADO COMO SUJETO DE DERECHOS.

  • Expedición de un decreto presidencial por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de derechos, el derecho a la tierra y la territorialidad campesina y se adoptan medidas para la consulta popular, mientras surte el trámite en el Congreso de la República del Acto Legislativo presentado por el Senador Alberto Castilla.

4. PARTICIPACION.

  • Reforma a la ley de ordenamiento territorial con participación efectiva y vinculante de los pueblos y las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.
  • Garantizar la participación efectiva y vinculante de los pueblos y las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas y urbanas en la formulación de los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial.
  • Participación directa y efectiva de las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas en la Agencia Nacional de Tierras.
  • Participación vinculante de los pueblos indígenas y las comunidades afros y campesinas en el Consejo Nacional de Planeación.
  • Participación vinculante del campesinado en los consejos directivos de las CAR.
  • Reconocimiento de las autoridades indígenas y afro como autoridades ambientales, en el marco de sus competencias territoriales.
  • Reconocimiento legal de las autoridades campesinas como autoridades protectoras ambientales.
  • Participación en el diseño e implementación de los planes de uso y manejo de los territorios colectivos y ancestrales afros. Destinación de recursos para que los Consejos Comunitarios los puedan adelantar.
  • Participación vinculante de los pueblos indígenas y las comunidades afros y campesinas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

5. TIERRAS

  • Saneamiento y titulación de la tenencia de la tierra colectiva, comunitaria e individual: Ruta jurídica, política y productiva expedita para garantizar el acceso y uso de tierras por parte del campesinado, indígenas y afros.
  • Constitución, ampliación, saneamiento y adquisición de predios de los territorios indígenas y reafirmación de resguardos con títulos coloniales priorizados por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas - CNTI. Para el cumplimiento de esta obligación el Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios para la vigencia de los años 2016, 2017 y 2018, para lo cual se exige: i) Expedición del decreto para viabilización de los procesos de clarificación de la vigencia legal de los Títulos de los Resguardos de Origen Colonial e implementación del mismo. (Apropiación presupuestal para gastos de funcionamiento del equipo encargado); ii) Diseño, implementación y puesta en funcionamiento de un sistema de información geográfica de territorios indígenas donde se gestione, diseñe y valide la información geográfica sobre los procesos de formalización y adquisición de tierras para pueblos indígenas.
  • Inventario y caracterización de tierras productivas para compra y redistribución dirigida a los pueblos indígenas y comunidades afro y campesinas que no amplíe la frontera agrícola a partir de un diagnóstico participativo.
  • Adjudicación de un millón de nuevas hectáreas de tierras para campesinado sin tierra y minifundista con menos de una UAF. El 50% de estas tierras serán destinadas para mujeres campesinas en el marco de la Ley 731 de 2002.
  • Adquisición y adjudicación de un millón de nuevas hectáreas para campesinos, afros e indígenas, mediante la creación de fondos regionales y nacional de tierras con predios incultos, tierras de extinción de dominio y baldíos.
  • Inventario y restitución de tierras despojadas a pueblos indígenas y comunidades campesinas y afro por la guerra y el modelo económico.
  • Censo de campesinado, indígenas y afros sin tierra.
  • Adjudicación y legalización de las ocupaciones pacíficas de tierras adelantadas por familias campesinas en el sur de Bolívar y sur del Cesar.

6. TERRITORIOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

 

  • Cumplimiento de la Sentencia C-035-2016 y creación de una Comisión de Seguimiento y Verificación con la participación de la Cumbre Agraria y otros procesos sociales.
  • Delimitación y protección de todos los páramos y nacimientos de agua que se encuentran en territorios indígenas, afros y campesinos mediante el establecimiento de una figura de especial protección para la pervivencia ambiental y cultural de los pueblos y comunidades.
    Concertar con las comunidades y autoridades indígenas y afros la ruta étnica de protección de los territorios, en cumplimiento de los Autos 004 y 005 del 2009.
  • Expedición de resoluciones de delimitación y demarcación de páramos y diseño de estrategias de reforestación.
    Reconocer el agua como derecho fundamental para el consumo humano, la producción de alimentos para la soberanía alimentaria, la recuperación tradicional de semillas y la diversidad cultural, por encima de la economía extractivista. El gobierno nacional declarará el derecho fundamental al agua.
  • Cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de la Hacienda Bella Cruz (La Gloria) y adjudicación de los baldíos recuperados para el campesinado reclamante.

7. RECONOCIMIENTO Y GARANTÍAS AL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA.

 

  • Garantías y protección al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado para los pueblos indígenas y afros (convenio 169 0IT).
    Reconocimiento jurídico del derecho a la consulta y consentimiento previo libre e informado para el campesinado.

8. DEROGACIÓN LEY DE ZIDRES

  • Derogación de la ley 1776 de 2016 por la cual se crean las Zonas de Interés y Desarrollo Rural Económico y Social. ZIDRES.

9. ADECUACIÓN INSTITUCIONAL

  • El gobierno Nacional concertará con los pueblos indígenas, e implementará la adecuación de la institucionalidad que responda a criterios de integralidad, reconocimiento, respeto, pertinencia cultural, coordinación, efectividad, que disponga de autonomía política y financiera, con capacidad técnica y administrativa, en el término de seis (6) meses.

2. MINERO- ENERGÉTICO- RURALIDAD Y AGUA.
SUB TEMAS

La mala gestión y el saqueo de los recursos naturales minero–energéticos afecta gravemente a la madre tierra y a las comunidades rurales, genera impactos ambientales que ponen en riesgo la vida de los pueblos y la biodiversidad, persigue y criminaliza a los pequeños mineros, y solo beneficia a las empresas transnacionales que se enriquecen gracias al modelo económico impulsado por el gobierno colombiano. En ese marco, reivindicamos la necesidad de construir un nuevo modelo minero–energético basado en la soberanía nacional, el aprovechamiento planificado, el desarrollo tecnológico propio, la protección ambiental y cultural, y la redistribución de los rendimientos generados por las actividades mineras y energéticas.

 

1. HACIA UNA NUEVA POLÍTICA MINERO – ENERGÉTICA.

 

  • Eliminación de la declaratoria de la minería como de utilidad pública e interés nacional.
  • Prohibición de concesiones minero- energéticas en territorios de especial protección y en territorios colectivos indígenas, campesinos y afros.
  • Desarrollo de una industria nacional de procesamiento de minerales metálicos para superar nuestra dependencia como productores de materias primas.
  • Implementar mecanismos de participación de las comunidades para la definición de uso y administración del subsuelo.
  • Establecer mecanismos de control y vigilancia estatal y de las comunidades sobre las concesiones minero-energéticas.
  • Reconocimiento y protección jurídica de la minería ancestral, la pequeña minería y la minería tradicional.
  • Para las comunidades negras movilizadas el establecimiento de zonas especiales mineras afrocolombianas, en el marco de la ley 70 de 1994.
  • Suspensión de la sísmica como instrumento técnico de estudio.
  • Concertación de una norma que clasifique la actividad minera metálica y no metálica dependiendo de su tamaño y técnica utilizada.
  • Exigencia de licencias sociales para la exploración minero- energética.
  • Exigimos la consulta de la política minero energética del país con los pueblos indígenas y afro descendientes, y cumplir con el Convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia, mediante la Ley 21 de 1991.
  • Cambio inmediato del trámite de asignación de áreas para actividades de exploración y producción de hidrocarburos de la ANH: Excluir del potencial hidrocarburífero del país a los territorios indígenas, afros y campesinos.
  • No serán consideradas áreas disponibles o reservadas los territorios indígenas, afros y campesinos, estos serán patrimonio inalienable de estos pueblos y comunidades. No a la minería en los páramos y en los sistemas estratégicos.
  • Prohibición del Fracking y otros sistemas.
  • Formulación de una Ley orgánica de Hidrocarburos con participación social, tomando en cuenta la propuesta de la USO.
  • Definir una ruta y una metodología, con participación social, para la caracterización y el diagnóstico socioeconómico y ambiental de las Áreas Estratégica Mineras y los Bloques Mineros.
  • Definir una política de resarcimiento de daños ambientales y sociales por efecto de la explotación minero- energética.
  • Derogatoria del Decreto 480 por el cual se reglamentan las condiciones y requisitos para la celebración y ejecución de los subcontratos de formalización minera.
  • Disminución del 50% en los precios de los combustibles.
  • Creación de una Comisión Ambiental de la Verdad para la reconstrucción de la memoria histórica sobre las afectaciones ambientales y los crímenes ecológicos, en la perspectiva de una reconciliación con la naturaleza y la reparación de los daños causados a las comunidades.
    Creación de una Comisión Nacional de Represas para la vigilancia y control en la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos (represas, microcentrales, centrales a filo de agua) y de las existentes.
  • Diagnóstico diferencial de los impactos de la minería en Colombia para establecer los pasivos ambientales. Creación de un Fondo de previsión y compensación de los pasivos ambientales, con recursos estatales y de las empresas.
    En el código minero se debe establecer la exclusión de los territorios indígenas, afros y campesinos y otras áreas protegidas, como parques nacionales, páramos, fuentes hídricas, zonas de importancia de agricultura tradicional y terrenos donde se desarrollen procesos recuperación de semillas nativas como objeto de exploración y explotación minera.

 

2. DECLARAR UNA MORATORIA MINERO-ENERGÉTICA.

 

  • Revisar la declaratoria de distritos mineros y bloque petroleros por no haber sido consultados con las comunidades.
  • Revisión de títulos vigentes y no adjudicación de nuevos títulos.
  • Expedición de un decreto con fuerza de ley que establezca una moratoria minero- energética y cree una Comisión independiente para la revisión de títulos.
  • A partir del estudio realizado por la Controlaría General de la República plantear una ruta para la revisión de las explotaciones existentes: i) Revisar los impactos ambientales, sociales y patrimoniales; ii) investigar la existencia de delitos; iii) revisar si existe detrimento patrimonial; iv) iniciar un proceso de investigación administrativa, disciplinaria y judicial contra entidades, funcionarios y empresas.
  • Realización de evaluaciones ambientales estratégicas sobre minería, mediante estudios independientes, para examinar los impactos de las concesiones mineras en territorios de los pueblos indígenas, y comunidades afros y campesinas.

 

3. SUSPENSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y TÍTULOS MINEROS, CONCESIONES MINERAS Y DE HIDROCARBUROS.

 

  • Cumplimiento de la Sentencia de Unificación 686/15 de la Corte Constitucional sobre la hidroeléctrica de Anchicayá.
  • No a la represas de Patía 1, 2 y 3, Gulumito, Arrieros de Micay, Brazo Seco, Andaquies, Florida 1 y 2, ocho microcentrales entre Icononzo hasta san Bernardo. Suspensión del embalse para llevar agua a Anapoima y Tocaima. Suspensión de once proyectos hidroeléctricos en Santander. Suspensión de las siete microcentrales en el Alto Magdalena.
  • Revocatoria de la licencia ambiental del título minero del arroyo Bruno y del acto administrativo que emitió la autoridad ambiental donde permite su desvío.
  • Suspensión inmediata de la entrega de las 419 áreas denominadas “disponibles” para la exploración y explotación de hidrocarburos que están en los resguardos indígenas, mediante la expedición de un acto administrativo de la ANH.
  • Suspensión inmediata de las 82 áreas denominadas de “reserva” que se encuentran en resguardos indígenas.
  • Suspensión inmediata de los estudios de reservas de hidrocarburos en territorios indígenas
  • Suspensión inmediata del trámite de las 669 solicitudes de títulos mineros solicitados en resguardos indígenas que no cuentan con consulta previa.
  • Revisión de 421 títulos mineros vigentes en resguardos indígenas, y revocatoria de aquellos que no cuenten con el procedimiento de consulta previa.
  • Cancelación de los contratos vigentes de hidrocarburos en territorios indígenas.
  • Revisión y revocatoria de licencias ambientales de proyectos mineros y de hidrocarburos que se hayan expedido sin la garantía de la consulta y el consentimiento previo libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afros. Para lo cual se creará un grupo de trabajo interdisciplinario conformado por equipos técnicos de las organizaciones nacionales indígenas y afros, el Gobierno Nacional representado en el Ministerio del Interior,
  • Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación con el fin de revisar e iniciar el trámite de revocatoria de las licencias ambientales de proyectos mineros y de hidrocarburos que han sido expedidos sin la garantía de la CPLI.
  • Realización de evaluaciones ambientales estratégicas sobre minería, mediante estudios independientes, para examinar los impactos de las concesiones mineras en territorios de los pueblos indígenas, y comunidades afros y campesinas.
  • Exigimos la suspensión definitiva de las Áreas Estratégicas Mineras así como el otorgamiento de más títulos mineros en cumplimiento de las ordenes emitidas el 15 de mayo de 2015 por la Sección Tercera del Consejo de Estado que ordenó la suspensión de los efectos jurídicos de las Resoluciones 180241 de 2012 emitida por el Ministerio de Minas y Energía. Las Resoluciones 0045 de 20 de junio de 2012 y 429 de 27 de junio de 2013 emitidas por la Agencia Nacional de Minería, por medio de las cuales estas entidades crearon y delimitaron 516 zonas específicas denominadas Áreas Estratégicas Mineras o Bloques Mineros en territorios que se superponen sobre territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes sin que se contara con el consentimiento previo.
  • Derogatoria de los títulos mineros en el norte del Cauca en especial el de los siguientes códigos de inscripción HJ3-08211 expedido 28/10/2009 con el registro en el código minero HJ3-08211 entregado a ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. con una extensión de 332,6 hectáreas bajo el contrato de concesión (L 685) y HJ3-08212X 14/10/2009 HJ3-08212X con una extensión de 17,2 hectáreas contrato de concesión (L 685). Para el caso del Departamento del Choco EGF-112ª, titular Mónica Uribe, ubicada en el municipio de Murindó y Riosucio, con fecha de inscripción de 4/06/2007, con una extensión de 363,97995 hectáreas.

 

4. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERRITORIOS FRENTE A LA MINERÍA.

 

  • Derogatoria inmediata de la Resolución No 0391 del 20 de abril de 2016, por la cual se adopta la Política Minera Nacional
  • Cumplimiento de la Sentencia C-035-2016 y creación de una Comisión de Seguimiento y Verificación con la participación de la Cumbre Agraria y otros procesos sociales.
  • Cumplimiento de la Sentencia C- 366 de 2011, que establece la obligatoriedad de la realización de la consulta con los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes sobre el Código de Minas.
  • Cumplimiento de la Sentencia 123 del 2014 y creación de una Comisión de Seguimiento y Verificación con la participación de la Cumbre Agraria y otros procesos sociales.
  • Cumplimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional que tumbó el artículo 37 del Código de Minas.

 

5. SOBRE RENTA MINERA.

 

  • Aumentar la participación del Estado en la producción minero- energética de las concesiones.
  • Establecer las regalías con base en los ingresos de las empresas y que se destinen para las regiones afectadas por la explotación minero-energética.
  • Establecer mecanismos de administración de las regalías por parte de las comunidades.
  • Eliminación de beneficios tributarios para las multinacionales y aumento en los impuestos a las empresas mineras. Pago del IVA por importación de maquinaria y otros conceptos.
  • Eliminar los beneficios tributarios y laborales en las Zonas Francas y las Zonas Económicas Especiales. 

 

3. ECONOMÍA PROPIA.
SUBTEMAS

 

El avance y profundización del modelo neoliberal ha generado graves perjuicios a la economía nacional, en especial a las formas de producción, comercialización y consumo propias de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Lo anterior ha impactado negativamente la soberanía alimentaria de los pueblos y de la nación. El libre mercado ha generado un modelo de despojo que afecta el buen vivir de las y los pequeños productores, favoreciendo los intereses de latifundistas y multinacionales del agro. Como resultado se han afectado los intereses económicos de las comunidades rurales, las prácticas culturales y de vida asociadas a estos.

 

1. PROTECCIÓN DE SEMILLAS.

 

  • Cumplimiento de la Sentencia C-1051 que derogó la ley 1518 mediante la cual se aprobó el Convenio Internacional UPOV 91 (Unión para la Protección de Obtentores Vegetales) que otorga los derechos de obtentores vegetales sobre las semillas.
  • Derogatoria del artículo 306 del Código Penal que penaliza la usurpación de derechos de obtentores de variedades vegetales.
  • Derogatoria de la resolución 3168 de 2015.
  • Reconocimiento y valoración de los conocimientos y formas tradicionales, culturales y ancestrales de producción, almacenamiento y manejo de semillas.
  • Garantizar la recuperación, reproducción y distribución de semillas nativas y garantizar legalmente su prevalencia frente a otro tipo de semillas.
  • Eliminación de todas las formas de propiedad intelectual y derogatoria de todas las normas que controlan la producción, uso y libre circulación de semillas en el territorio nacional, como la ley 243 de 1995.

 

2. PROTECCIÓN AL CONOCIMIENTO PROPIO.

 

  • La expedición de un instrumento que permita garantizar la protección jurídica de los conocimientos de las cualidades botánicas y medicinales de plantas en territorios indígenas, afros y campesinos y aplicaciones productivas, debidamente consultado y concertado.
  • Consulta, concertación, formulación, expedición e implementación de una estrategia nacional para la salvaguarda del conocimiento ancestral y tradicional aplicado a la medicina tradicional de los pueblos indígenas y comunidades afros y campesinas.

 

3. POLÍTICA PÚBLICA DE ECONOMÍA PROPIA.- INSTITUCIONALIDAD PARA LA ECONOMÍA PROPIA.

 

  • Creación del sistema nacional de reconversión productiva hacia la agroecología, reconociendo, incluyendo y reproduciendo las experiencias adelantadas por las comunidades.
  • Formulación de un Plan de Adaptación al Cambio Climático para comunidades que incluya el diseño e implementación de Estaciones de agro climatología para pueblos indígenas y comunidades afro y campesinas y aprovechamiento de alternativas de generación de energía.
  • Reconocimiento y protección legal de las economías propias de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y afrocolombianas.
    Garantizar la producción, distribución y acceso a los abonos orgánicos que faciliten la producción agroecológica.
  • Condonación de las deudas por créditos agropecuarios de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y afrocolombianas y retiro de embargos sobre las tierras hipotecadas.
  • Fomento a la producción ancestral, artesanal y tradicional de alimentos
  • Apoyo en transporte de productos indígenas, campesinos y afro.
  • Creación un fondo para la producción, a los sectores más vulnerables, fomentando los emprendimientos solidarios para ir reduciendo los niveles de pobreza.
  • Compra de cosechas, con precios de sustentación, bajo un sistema piloto de conexión entre producción campesina y mercados urbanos para abastecimiento de instituciones y programas de gobierno, con precios justos.
  • Establecer un plan para disminuir la importación de los alimentos que tienen un significado estratégico para la soberanía alimentaria del país, a la vez que se establece un plan de fomento para la siembra de los mismos.

 

4. CULTIVOS

 

  • Cumplimiento de los acuerdos sobre sustitución voluntaria, gradual, concertada y con garantías.
  • Reformulación de la política antinarcóticos.
  • Despenalización de los pequeños cultivadores y recolectores de hoja de coca.
  • Diversificación productiva en las zonas afectadas por cultivos.
  • Suspensión de las erradicaciones forzadas manuales y no reinicio de las fumigaciones aéreas o terrestres.

 

5. FOMENTO A LAS ECONOMÍAS PROPIAS INDÍGENA, AFRO Y CAMPESINA

 

  • Expedición de un decreto para el reconocimiento e implementación del Sistema de Economía Integral Propia e Intercultural.
  • Asignación del 70% del presupuesto del MADR para el fortalecimiento de las economías campesinas, indígenas y afros. De este total, el 50% para las comunidades representadas en la Cumbre Agraria.
  • Creación de un Fondo Especial para el fortalecimiento de las economías propias, entre tanto reglamentación especial y asignación presupuestal específica del Fondo de Fomento Agropecuario del MADR.
  • Destinación de una partida presupuestal para garantizar el tránsito de la pesca artesanal a la pesca industrial.
  • Fondo especial crediticio conforme al artículo 52 de la ley 70, para comunidades negras movilizadas.
  • Ampliación del cupo de captura y disminución de costos de combustible para los barcos de cabotaje en comunidades negras del pacífico.
  • Creación de un fondo de fomento de la economía propia indígena en las siguientes líneas: fortalecimiento de la autonomía y soberanía alimentaria, fomento del emprendimiento propio intercultural, formación- investigación y protección.

 

4. DDHH Y PAZ : SUB TEMAS

Debido a la falta de reconocimiento político de los derechos de los campesinos, la insuficiente garantía de los derechos de afrocolombianos e indígenas, el alto número de violaciones a los derechos humanos, la falta de garantías para las organizaciones sociales y populares, la constante estigmatización, persecución y criminalización de quienes se movilizan para buscar una sociedad más justa y en paz, persistimos en reivindicar el respeto a nuestros derechos y en demandar las garantías mínimas para vivir en una sociedad democrática.

 

1. PAZ.

 

  • Reconocimiento público por parte del Gobierno nacional de la existencia y garantizar el desmonte de la estructura política económica, militar del paramilitarismo en Colombia a través de una política multidimensional: i) campaña de denuncia en los medios de comunicación masivos sobre el tema del accionar paramilitar; ii) audiencias públicas para la denuncia del accionar paramilitar; iii) aplicación de la justicia ordinaria para paramilitares reincidentes, no sometidos, y culpables de violaciones de delitos de Lesa Humanidad.
  • Garantizar la participación autónoma, vinculante y decisoria del movimiento popular en el proceso de paz a través escenarios y mecanismos pactados. Los pliegos presentados y otros concertados por los movimientos sociales harán parte de una agenda social para la paz que junto a los mecanismos de negociación, actualmente existentes, entre el movimiento popular y el gobierno y otros que se generen, serán considerados como parte de la dinámica de participación de la sociedad.
  • La implementación de los acuerdos entre la insurgencia y el gobierno debe estar precedida de la consulta, el consentimiento y la aprobación de pueblos y comunidades, especialmente cuando puedan generar impacto en sus culturas, territorios, gobiernos y visiones propias de desarrollo.
  • Reconocer y garantizar la participación directa de la Comisión Étnica para la Paz y la defensa de los derechos territoriales, en los diálogos entre el Gobierno nacional con las guerrillas de la FARC y ELN, para incidir en los acuerdos para la terminación del conflicto armado, con las salvaguardas de los derechos étnicos territoriales y consensuar principios, mecanismos, metodología e institucionalidad, para la implementación de los mismos en los territorios colectivos. Este reconocimiento se hará mediante la expedición de un decreto a cargo de las entidades competentes en un plazo de máximo de 15 días.
  • El desarrollo de experiencias piloto de restablecimiento de la armonía y equilibrio en territorios indígenas y afros como contribución a la apuesta de paz territorial nacional.
  • Formular de manera concertada una política diferencial para pueblos indígenas y afros frente al tema reintegración niñas, niños, jóvenes víctimas del conflicto armado y adultos desvinculados mismo.
  • Garantizar los medios necesarios para continuar el proceso iniciado en las Cumbres de Paz para consolidar la construcción de la agenda social de la paz.
  • Condiciones y recursos necesarios para que las comunidades indígenas, afros y campesinas realicen de manera autónoma procesos de formación en el marco de una pedagogía propia y popular para la Paz.
  • Garantizar la participación política por parte del gobierno nacional y la mesa de diálogo de la Habana a nuestras comunidades para un programa nacional para conceptualización, implementación y seguimiento de una pedagogía popular para la paz que tenga espacios de difusión en escenarios de comunicación pública nacional.

 

2. DESC.

 

  • Asignación del 35% del presupuesto nacional para inversión social en infraestructura y dotación para educación, vivienda, salud, vías, producción, redes eléctricas, saneamiento básico, agua y alcantarillado en las zonas rurales.
  • Asignación de viviendas gratuitas rurales dignas y con enfoque diferencial, por el sistema de autoconstrucción comunitaria.
  • Un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica, media, superior y técnica que atienda y preserve la identidad de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida.
  • Reglamentación e implementación del decreto 1953/14 para el cumplimiento y garantía del desarrollo de los sistemas propios para pueblos indígenas.
  • Una política educativa que garantice un proyecto de educación pública propia campesina que le permita a los estudiantes tener una formación acorde a sus realidades y sus necesidades. Lo anterior implica la construcción de un currículo y una pedagogía diferenciada acorde con las territorialidades y con la participación decisoria de las comunidades campesinas y sus organizaciones. También exigimos mayor formación y fortalecimiento de la planta docente en el sector rural.
  • Ampliación del fondo de becas para comunidades negras con incremento de un 50% respecto del presupuesto actualmente asignado, que garantice que se abra convocatoria semestral.
    Fortalecimiento de la Universidad del Pacífico y ampliación de programas específicos para comunidades negras en todo el territorio nacional.
    Abrir en las diferentes universidades públicas del país cupos para profesionalización y estudios superiores para los líderes sociales de la Cumbre Agraria en diversos campos de la ciencia y el conocimiento.
    Contraprestaciones por otorgamiento del derecho de uso del espectro electromagnético para los pueblos indígenas.
    El nombramiento inmediato de la planta docente calificada, idónea y pertinente a las visiones propias para la educación que requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos y condiciones laborales. Todos los procesos administrativos y de contratación en educación y salud que implique a pueblos indígenas, afros y campesinos se hará con sus autoridades y organizaciones representativas.
    Implementación del Plan de Emergencia “NO MÁS MUERTES, NO MÁS DESNUTRICION POR EL DERECHO A LA VIDA Y LA DIGNIDAD DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS PARA LA PERVIVENCIA DE NUESTROS PUEBLOS, TODOS Y TODAS A ACTUAR DE INMEDIATO” con asignación presupuestal para su efectiva implementación. Este Plan deberá implementarse en un plazo no mayor a 3 meses.
    Que la salud deje de concebirse como negocio o mercancía para que se garantice como derecho humano y fundamental. Exigimos la derogatoria de todas las normas que mercantilizan la salud y niegan la garantía de este derecho, entre ellos los artículos 48 y 49 de la Constitución, la ley 100 de 1993 y el proyecto de ley estatutaria sobre la salud y la seguridad social.
    Implementación de planes de medicina preventiva, tanto en zonas rurales como urbanas, de acuerdo a las prácticas culturales de cada comunidad o región. Reconocimiento y plenas garantías al ejercicio, prestación y promoción de la medicina ancestral como parte de un nuevo sistema de salud.
    Eliminación de la política del subsidio a la demanda y que se instauren políticas de subsidio a la oferta en salud y educación. Una nueva política presupuestal que fortalezca las instituciones educativas de todos los niveles y que saque de la crisis a la red hospitalaria que ha sido sistemáticamente debilitada por los gobiernos nacionales desde 1993.
    Derogatoria de la resolución 16432 del 2 de octubre de 2015 expedida por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda que recorta el presupuesto del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
    Hábitat y vivienda digna garantizada por el Estado, que contenga el mínimo vital de servicios públicos con tarifas al alcance del consumidor, en armonía con el medio ambiente.
    La reforma tributaria debe dirigirse a grabar a las grandes empresas y propietarios y no puede ser de carácter regresivo, por consiguiente, que se eliminen las exenciones tributarias a las multinacionales y no se aumente el IVA ni se amplié su base gravable, ni se impongan cargas tributarias al pueblo, la clase trabajadora y pensionados y se elimine el 4x1000.

 

3. GARANTIAS

 

  • Conformación inmediata de la Comisión de Alto Nivel de Garantías de no Repetición, impulsada desde sectores de víctimas y del movimiento social y de derechos humanos, que tendrá como objetivo fundamental “formular recomendaciones y hacer seguimiento a las reformas estructurales y ajustes institucionales que debe hacer el Estado para adecuar su aparato estatal, su legislación y sus prácticas para garantizar el pleno y efectivo goce de los derechos humanos, el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y contribuir a la superación de las causas estructurales de la violencia socio-política, la no repetición de crímenes internacionales en Colombia y a las reformas institucionales, económicas y sociales indispensables en este propósito”.
  • Garantías para el derecho a la protesta social y la movilización, que no tengan un tratamiento militar ni intimidatorio. Elaboración del Protocolo de Atención de la Protesta, garantizando espacios y condiciones para la revisión conjunta al interior de la subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de los procesos de judicialización y criminalización contra líderes y defensores de derechos humanos en el marco de la protesta Social, dirigido a buscar alternativas penales y la libertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos políticos, como los casos de los dirigentes Huber Ballesteros y Alexander Tibacuy, entre otros.
  • Derogación de la ley de seguridad ciudadana y libertad inmediata de las personas procesadas y condenadas bajo su vigencia.
  • Reducción y depuración de la fuerza Pública y desmonte del ESMAD.
  • Reconocimiento, no estigmatización y persecución a las y los Defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales y populares.
  • Reforma al régimen de servicio militar, que incluya el fin del servicio militar obligatorio, la prohibición del reclutamiento forzado y la garantía en la aplicación de la sentencia T 728 de 2009 sobre objeción de conciencia. Se deben llevar a cabo investigaciones disciplinarias y penales, por parte de autoridades civiles, para miembros de la fuerza pública que realicen prácticas de reclutamiento forzado, tanto en el campo como en la ciudad. Además, exigimos acceso universal a la libreta militar para jóvenes y personas que no tengan resuelta su situación militar y se elimine su carácter de requisito para trámites con el Estado.

 

4. VICTIMAS.

 

  • Adelantar un proceso democrático e incluyente de reforma a las leyes 387 y 418 de 1997 y 1448 de 2011 que genere garantías para la implementación de manera integral de los decretos reglamentarios 4633 y 4335 de 2011 atendiendo a condiciones étnicas e interculturales, entre otros aspectos. Algunas de las garantías a incluir deben ser las siguientes: a) Definición de un CONPES especial para los decretos reglamentarios; b) Ampliación del tiempo de cobertura del universo de víctimas; c) ampliación de la noción de víctima y de hechos victimizantes; d) mecanismos para la búsqueda de la verdad histórica y judicial; e) ampliación de los términos para realizar la solicitud del registro de víctimas; f) sistema de solicitudes, estudio, respuesta y medidas de reparación integral claro, preciso y verificable; g) sistema de reparación integral y precisa de acuerdo a estándares internacionales; h) concertación con los pueblos étnicos e interculturales de los protocolos creados de: participación, ayuda humanitaria, reparación colectiva, retorno y reubicación; i) definición de un plan de acción para implementación con indicadores de seguimiento; j) adecuación institucional del SNARIV (sistema nacional de atención y reparación integral a las victimas).
  • Creación de un Fondo de Reparación para las Víctimas pertenecientes a los Pueblos indígenas y las Comunidades afros y campesinas. La creación de este fondo se hará con recursos tanto del presupuesto nacional como con recursos de otras fuentes, similar a lo establecido en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (donaciones, cooperación internacional, otros). Este fondo tendrá como objetivo fundamental financiar el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y los Pueblos indígenas y Comunidades afros relativos a la efectiva implementación de los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011, el cumplimiento de los autos de la Corte Constitucional de seguimiento a la sentencia T025 de 2004, especialmente Auto 004 y Auto 005 de 2009, Auto 092 de 2008 y Auto 251 de 2008.
  • Se exige que el Gobierno Nacional se abstenga con el grupo AMEI (Asuntos Ambientales, Minero Energéticos e Infraestructura) de supervisar y restringir las demandas que presenta la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras en favor de los procesos de restitución de tierras de los pueblos indígenas.
  • CONPES especial para el Plan de salvaguardas de los Autos 004, 005, 073 y 092.

 

5. JUSTICIA

 

  • Reconocimiento del pluralismo jurídico nacional y garantías plenas para el ejercicio de la jurisdicción especial indígena. En consecuencia, se debe realizar la Liberación inmediata de Feliciano Valencia. Igualmente se debe adelantar el reconocimiento de procesos de aplicación de justicia intercultural y el fortalecimiento del sistema de conciliadores en equidad.
  • Investigación, judicialización y castigo de los autores, así como el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, de los 20 homicidios y cerca del millar de heridos ocurridos en el marco de las movilizaciones del paro Nacional agrario de 2013 y 2014 y la minga del 2013. hechos que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación por parte de la Cumbre Agraria, se solicita de manera urgente un informe sobre el estado actual de las investigaciones. En el mismo sentido, la Procuraduría General de la Nación debe presentar un informe detallado en el que conste cuantas investigaciones disciplinarias fueron iniciadas y cuantas sanciones ha impuesto por el uso abusivo y/o excesivo de la fuerza, tratos crueles inhumanos y degradantes, torturas y/o demás violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública durante las jornadas de movilización. Reivindicando así su memoria y garantizando los derechos de verdad, justicia, y reparación que le asisten a los familiares de las víctimas.
  • Celeridad y efectividad en las investigaciones y procesos judiciales que recaen sobre responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y amplia difusión de sus resultados. Garantizando acceso a información, espacios y condiciones para el análisis al interior de la subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de las investigaciones sobre los homicidios y amenazas cometidos contra líderes y defensores de derechos humanos.
  • Depuración de los archivos de inteligencia con vigilancia de la Procuraduría general de la Nación, Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos internacionales.
  • Cese de los procesos judiciales y libertad de los líderes y lideresas judicializados por el ejercicio de los derechos a la movilización y la protesta.
  • Respuesta a las demandas administrativas de víctimas de mutilaciones, lesiones físicas, daños de bienes muebles e inmuebles de los paros de 2013 y 2014 y ampliación de los términos procesales para presentar demandas pendientes.
  • Traslado de los anteriores procesos a la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos.
    Solución inmediata y estructural a la crisis carcelaria donde predomine una concepción protectora de los derechos humanos de la población privada de la libertad. Impulso a la ley de deshacinamiento.
  • No a la extradición de los cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola.

 

6. GUARDIA INDIGENA, CIMARRONA Y CAMPESINA

 

  • El Gobierno Nacional reconoce y financiara un proyecto encaminado a fortalecer la guardia indígena y las estructuras propias de protección, control social y territorial de cada pueblo indígena en el marco de las competencias de los territorios indígenas y la jurisdicción especial.
  • Reconocimiento de la guardia campesina y cimarrona para la salvaguarda de la protección de los territorios colectivos y campesinos para promoción y protección de derechos humanos.

 

7. PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA.

 

  • El gobierno nacional debe garantizar la formulación e implementación de un decreto y un Programa especial de protección de prevención y protección individual y colectiva de derechos humanos , acorde con la diversidad étnica, cultural y geográfica y las formas ancestrales de control social y territorial de protección física y espiritual , políticas e inmateriales de los pueblos indígenas, afros y campesinos. Y debe construir de forma democrática, incluyente y diferenciada protocolos de estudios de nivel de riesgo e implementación de medidas. Se debe garantizar la implementación efectiva de medidas de protección. El decreto debe reglamentar, entre otros los siguientes asuntos:
    a. Construcción concertada de forma democrática, incluyente y diferenciada de protocolos de estudios de nivel de riesgo colectivo e implementación de medidas.
    b. La adecuación institucional, que promueva la inclusión de indígenas, afros y campesinado para garantizar la efectividad de las medidas, el estudio de análisis de riesgo hasta la implementación de las mismas.
    c. Concertar con los pueblos indígenas y comunidades afro y campesinas, las medidas de protección con enfoque diferencial para su efectiva implementación.
    d. Garantizar un efectivo estudio de nivel de riesgo que cuente con el enfoque diferencial y el contexto general de los territorios, en aras de adecuar el nivel de riesgo a la situación real de los pueblos indígenas y comunidades afro y campesinas.
    e. Garantizar la participación de los pueblos indígenas y comunidades afro y campesinas en el Grupo de valoración preliminar de estudios de riesgos, con voz y voto, de la UNP, para la adecuada recomendación de medidas de acuerdo con el enfoque diferencial.
    f. Derogatoria del decreto 567/16 sobre medidas de protección.

 

5. INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS

 

  • BALANCE DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CUMBRE AGRARIA. (infraestructura: luz perly, teo, Vladimir.....) Espacio.
    ONIC. Implementación del Parágrafo 3 artículo 5 ley 1753 -2014 Plan nacional de Desarrollo. (presupuesto).
  • Cumplimiento de los compromisos de adjudicación de tierras en el marco de los acuerdos entre Cumbre Agraria, INCODER y la Agencia Nacional de Tierras. No se han viabilizado.
  • No son 250.000 millones si no 750 millones.
  • Propuestas de aclimatación y confianza no se han cumplido.
  • El pliego es de 8 puntos. Se ha entregados 3 propuestas Mineria, cultivos de uso ilícito y economía propio y no han se ha avanzado en ello.

 

PROYECTOS PRODUCTIVOS.

 

  • Cumplimiento al Principio de Anualidad para la financiación estatal de proyectos productivos.
    Manual especial para los proyectos de fortalecimiento de economías propias que lo diferencie de las cadenas productivas.
  • ONIC. Implementación del Parágrafo 3 artículo 5 ley 1753 -2014 Plan nacional de Desarrollo. (presupuesto)
  • Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
    Concertación de un plan de redistribución de los recursos del Presupuesto General de la Nación para que sean ejecutados durante la vigencia 2016. Este Plan se realizará según lo acordado con el Gobierno Nacional, en cabeza del DNP para el cumplimiento de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, es decir, $1 billón en 2015 y $1.5 billones en 2016. Este Plan de redistribución se realizará con base en la propuesta presentada por los Pueblos Indígenas.
  • Los pueblos y comunidades indígenas exigen que las entidades del Gobierno Nacional diseñen, estructuren y concerten proyectos de inversión específicos para el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el marco del PND 2014-2018. Estos proyectos apropiaran los recursos específicos para la vigencia fiscal 2017, y harán parte del proyecto de Ley de Presupuesto que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicará ante el Congreso de la República en el mes de julio de 2016. En el marco de la minga se priorizaran los temas, sectores y número de proyectos de inversión a incluir.
  • El Gobierno Nacional se compromete a incluir en la Ley del Presupuesto General de la Nación y dar continuidad a dichos proyectos en la vigencia 2018. Asimismo, se incluirán los que se concierten en el marco de la MPC en cumplimiento de la Ley 1753 de 2015, en su artículo 115.
  • Veracidad sobre asignación y ejecución de los recursos destinados para los pueblos indígenas en el marco del PND 2014-2018. Se exige la entrega anual de una base de datos debidamente diligenciada con toda la información sobre los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) cuyo destino único sea el cumplimiento de los 191 acuerdos suscritos en el marco del PND 2014-2018, con el propósito de tener claridad sobre la asignación y ejecución efectiva, concreta y específica de dichos recursos. Esta información será entregada a las organizaciones indígenas a través de la secretaria técnica indígena de la MPC cada año.

 

PROYECTOS PRODUCTIVOS.

  • Cumplimiento al Principio de Anualidad para la financiación estatal de proyectos productivos.
  • Manual especial para los proyectos de fortalecimiento de economías propias que lo diferencie de las cadenas productivas.

 

6. COMUNICACIÓN Y DERECHOS A LA INFORMACIÓN PARA LA PAZ

 

  • Garantías para la participación vinculante de los pueblos indígenas y comunidades afro y campesinas en la construcción de una política pública de comunicación y tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia pluriétnica y multicultural.
  • Garantías para la ruta de retroalimentación e implementación de los lineamientos de la Política Pública de Comunicación de los Pueblos Indígenas entre las organizaciones indígenas.
  • Garantizar integralmente los espacios, escenarios, rutas de trabajo, mecanismos que puedan contemplarse alrededor de la construcción y puesta en marcha de un sistema nacional de comunicación para la reforma agraria integral y el buen vivir.
  • Se conserve, amplíe y garantice los medios de comunicación alternativa como las radios comunitarias y tv comunitarias que se encuentran en zonas rurales del país, un inventario en detalle que dé cuenta del estado y las necesidades existentes.
  • La constitución de un Observatorio Nacional sobre Información Rural con participación de universidades y sociedad civil.
  • Fortalecimiento de una red nacional rural y urbana de medios alternativos de comunicación
  • El acceso a la producción, realización y difusión de contenidos propios de la Cumbre Agraria en canales de radio, tv, prensa y medios digitales del orden público nacional que garanticen a nuestras comunidades libertad de expresión e información de manera permanente y autónoma.
  • No privatización del espectro electromagnético y acceso gratuito para medios alternativos y comunitarios.
  • Exoneración de los impuestos de SAYCO y ACINPRO para medios alternativos y comunitarios.
  • Garantía para la ruta de retroalimentación de los lineamientos de la Política Pública de Comunicación entre las organizaciones Indígenas.
  • Apropiación del 4% de FonTIC, para ser invertido en programas y proyectos comunicativos de los Pueblos Indígenas, los cuales deben ser concertados con los Pueblos.
  • Creación de un fondo específico, del FONTV, para garantizar acceso y participación en canales regionales y otros canales propios.

 

7. RELACIÓN CAMPO-CIUDAD

 

La configuración actual de la relación ciudad-campo exige una respuesta inmediata y contundente por parte del movimiento social. La tradicional distinción entre la ciudad y el campo ha generado grandes problemáticas sociales y económicas donde se puede evidenciar la relación de subordinación del campo a la ciudad. En ese orden, es urgente eliminar las falsas barreras prescindibles entre ciudad y campo, para avanzar en el afianzamiento de la alianza popular a través de nuevos modelos alternativos de construcción territorial.

 

Por lo anterior, exigimos:

 

  • La protección de todas las fuentes de agua del país, en especial de aquellas que abastecen del líquido a las grandes ciudades y a las zonas de producción agrícola. Exigimos el manejo público estatal y comunitario del agua y el desmonte de los megaproyectos que amenazan las fuentes hídricas, su pureza y distribución. Exigimos que el estado garantice la financiación y administración de los acueductos comunitarios.
  • La cobertura universal de los servicios públicos domiciliarios a los habitantes del territorio colombiano y la condonación de las deudas contraídas por los ciudadanos y ciudadanas en esta materia. . Exigimos el acceso al mínimo vital de agua potable, como un derecho al acceso universal que está reconocido en las normas nacionales e internacionales.
  • Una nueva tabla de tarifas de servicios públicos, que correspondan a los costos reales, con subsidios ampliados de parte del Estado y sin los costos de especulación de la intermediación financiera ni tampoco el costo o tarifa fija.
  • Frenar la privatización de las empresas prestadoras de servicios públicos y reversión responsable y progresiva del componente accionario privado de las empresas en manos de propietarios privados y multinacionales de los servicios públicos. Y avanzar hacia el manejo público estatal de la distribución, comercialización, generación y transmisión de los servicios públicos a través del fortalecimiento público de la Empresa de servicios públicos.
  • Exigimos la derogación del Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto 2246 de 2012 Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones, y se consolida la privatización de los acueductos municipales, distritos y departamentos. Y construir de manera conjunta y concertada una ley que promueva El AGUA y el servicio público de Acueducto y Alcantarillado como un bien público que debe ser manejado directamente por el estado
  • En las ciudades, en especial en las grandes capitales, se deben realizar pactos con las áreas rurales y municipios que las abastecen de alimentos que garanticen, a los pequeños cultivadores de las zonas rurales, facilidades para sacar los productos del campo y su comercialización en las zonas urbanas.
  • Tales pactos o alianzas deben priorizar la articulación de las zonas agroalimentarias, las de reserva campesina, los territorios afrocolombianos, los resguardos indígenas y territorios ancestrales, como despensas alimentarias y apoyo a las economías campesinas, en el marco de acuerdos regionales de soberanía alimentaria y, si se requiere, mediante asociación de municipios (como está previsto en la Constitución Nacional). Tales pactos deben estar guiados por principios de solidaridad y economía propia; en ese sentido, es necesario el reconocimiento de las plazas de mercado populares y mercados campesinos por parte del Estado.
  • Exigimos el mejoramiento de vías terrestres de comunicación secundaria y terciaria para el pleno ejercicio del abastecimiento campo-ciudad. La cual debe ser concertada directamente con las comunidades rurales impactadas y que habiten alrededor de estas obras civiles.
  • Redefinición de criterios para las tarifas de impuesto predial, tarifas más altas para grandes propietarios y más bajas para pequeños propietarios, pero en todo caso se permita a las comunidades conocer con anticipación la destinación de los dineros recolectados con esos impuestos.
  • El Impulso, difusión y no persecución del arte gráfico como el grafiti, el mural, el diseño, entre otras.
  • Demandamos garantías de regreso a los campos de las personas que viven en las ciudades a causa de los desplazamientos, ya sea por motivos de la violencia o de la construcción de megaproyectos. De igual forma, exigimos que se brinden todas las garantías para aquellas personas que decidan no retornar al campo. Exigimos al Estado el reconocimiento de las problemáticas urbanas que surge de modelos de despojo del sector rural.
  • Exigimos el control inmediato a la expansión descontrolada y a la densificación en favor de la especulación financiera en las ciudades, especialmente cuando dichos procesos ponen en riesgo nuestra estructura ecológica principal en los bordes de las ciudades. Y la legalización de asentamientos informales que detenga el despojo arbitrario por parte del Estado.
  • Transformación del modelo de movilidad urbana que frene la privatización del transporte público y se base en la multimodalidad que dé garantías de calidad, accesibilidad y financiación adecuada por parte del Estado, con reducción de tarifas del servicio, incluyendo la implementación de planes para la movilidad alternativa.
  • Exigimos la construcción de una política articulada de defensa de los humedales en las ciudades que vincule e iguale por lo alto la protección de las fuentes hídricas y los micro-ecosistemas atendiendo a los múltiples mandatos judiciales al respecto, en donde se reconozcan como estratégicos los espejos de agua así como las zonas de manejo y preservación ambiental (ZMPA) de estos espacios, que fortalezca los controles en contra de las construcciones en las zonas de influencia de los humedales y cuerpos de agua, que recupere como espacios públicos las rondas y ZMPAs de las quebradas y los ríos, los renaturalice y atienda en la delimitación de rondas y ZMPAs las realidades orográficas e hidrográficas de cada cuerpo para evitar desplazamientos innecesarios.
  • Generar y desarrollar mecanismos eficaces de participación ciudadana en el diagnóstico, formulación, ejecución, vigilancia y control de las políticas, los planes, programas y proyectos que conforman el ordenamiento territorial de la ciudad, los planes de desarrollo locales y distrital y en general todas las actuaciones públicas, fomentadas, garantizadas y financiadas adecuadamente por el Estado respetando la independencia de los procesos comunitarios.
  • Realización, con compromiso del gobierno, de un Congreso Nacional de Vivienda amplio e incluyente, que tenga en cuenta las exigencias e iniciativas de quienes no tienen vivienda digna, con el objetivo de construir una nueva ley de vivienda que permita solucionar el gran déficit de todos los estratos del país, bajo el modelo de autoconstrucción dirigida.
  • El desmonte de la especulación financiera y uso de suelo controlado por el mercado.
  • La legalización de asentamientos informales que detenga el despojo arbitrario por parte del Estado.

 

Participación:

 

  • Instalación de una mesa distrital de negociación del pliego presentado por la coordinadora distrital social y sindical radicado el 25 de febrero de 2016 (1-2016-8227)
Miércoles, 01 Junio 2016 10:23

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por Allan Bolívar Lobato
Jueves 2 de junio de 2016 

 

Pliego Cumbre Agraria. Campesina, étnica y popular
por Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular
Jueves 2 de junio de 2016 

 

Rostros y repertorio de la resistencia agraria
por Horacio Duque
Jueves 2 de junio de 2016

 

Minga Nacional Agraria exige trato político y no militar y represivo
por Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular
Miércoles 1 de junio de 2016

Minga de resistencia indígena, campesina y popular*
por Horacio Duque
Martes 31 de mayo de 2016

Campesinos realizan hoy paro agrario en Colombia
por Telesur
Lunes 30 de mayo de 2016

Mayo 30: La Minga Nacional llama ¡a la calle!
por Andrea Álvarez Ome
Jueves 26 de mayo de 2016

Periódico desdeabajo Nº224, Mayo 20 - junio 20 de 2016

Hacia una minga nacional, agraria, campesina, étnica, popular y urbana
por Héctor-León Moncayo S.
Martes 17 de mayo de 2016