"Una nueva emisión de DEG reforzaría el "poder de fuego" del FMI", señala Alicia Bárcena,

Una asignación de derechos especiales de giro (DEG)  beneficiaría a todos los países en desarrollo

Una nueva emisión de 500.000 millones de dólares de DEG (que necesitaría la aprobación del 85 por ciento de los votos de la Junta de Gobernadores del FMI) generaría el equivalente a 56.000 millones de dólares en reservas adicionales para los países de América Latina y el Caribe. Esto beneficiaría a algunas de las economías más endeudadas de la región.

 

El reciente llamamiento de la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, respecto de una nueva emisión de derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI), que el Grupo de los Veinte (G-20) aprobó recientemente, y la reasignación de los DEG excedentes a los países de bajos ingresos, es una iniciativa muy bienvenida y necesaria. La acción internacional concertada y la solidaridad son los únicos medios para afrontar y superar la crisis de la covid-19.

Una respuesta verdaderamente multilateral y global a la pandemia debe extender los beneficios de esta iniciativa a todos los países en desarrollo, independientemente de sus niveles de ingreso, en particular los países de ingreso medio, que representan el 75 por ciento de la población mundial y aproximadamente el 30 por ciento de la demanda agregada mundial. Lo que es más importante, los países de ingreso medio representan el 96 por ciento de la deuda pública de los países en desarrollo (sin incluir China y la India). Los buenos resultados de estos países a la hora de afrontar la covid-19 son fundamentales para la recuperación y la estabilidad financiera mundiales.

Los países en desarrollo han sufrido, sin duda, el impacto social y económico más duro de la crisis actual. El aumento de las tasas de pobreza y de pobreza extrema, la pérdida de puestos de trabajo y el descenso del ingreso per cápita no tienen precedentes. Estos impactos no solo afectan a los países de bajos ingresos, sino también a los países de ingreso medio.

La región de América Latina y el Caribe ha sido la más afectada del mundo en términos de contracción del PIB real (-7,7 por ciento en 2020). A ello se suma el cierre de más de 2,7 millones de empresas y el aumento del número de desempleados, que ha llegado a 44,1 millones de personas, así como del número de personas que viven en la pobreza, que ha pasado de 185,5 millones a 209 millones, alcanzando el 33,7 por ciento de la población total. La pobreza extrema ha afectado a 8 millones más de personas y llega a 78 millones de ellas. A finales de 2020 el nivel del PIB per cápita era igual al de 2010, lo que representa, en todo sentido, otra "década perdida".

Los efectos de la pandemia y las políticas aplicadas como respuesta a ella han aumentado las necesidades de liquidez de los países en desarrollo, en particular los de América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, las medidas fiscales de emergencia para contener la caída de la producción han provocado un aumento de los niveles de deuda que, si no se controlan cuidadosamente, pueden poner en peligro la recuperación y la capacidad de los países para construir un futuro mejor.

La región de América Latina y el Caribe es la más endeudada del mundo en desarrollo. La deuda del gobierno general alcanzó en 2020 el 79,3 por ciento del PIB y el servicio de la deuda externa se situó en un 57 por ciento en relación con las exportaciones de bienes y servicios. A diferencia de lo que ocurre en las economías desarrolladas, las economías de América Latina y el Caribe, al igual que las demás economías en desarrollo, se enfrentan a un gran obstáculo para crear un espacio de política que permita aumentar sustancialmente sus niveles de deuda sin poner en peligro sus calificaciones crediticias, la estabilidad del tipo de cambio o incluso la posición de sus reservas internacionales.

El grueso de las medidas monetarias y fiscales contracíclicas mundiales para combatir la pandemia, que equivalieron, respectivamente, a 12 y 7 billones de dólares en 2020 (24 por ciento del PIB mundial), fueron puestas en práctica por países desarrollados.

Una nueva emisión y reasignación de una cantidad significativa de DEG es la manera más eficaz y expeditiva de garantizar suficiente liquidez a las economías en desarrollo y proporcionar el espacio de política necesario para enfrentar los efectos de la pandemia. Vincular la creación de nuevos recursos internacionales con las transferencias financieras a los países en desarrollo para atender sus necesidades de desarrollo es un reclamo de larga data. Ahora es más relevante que nunca: es indispensable para poner los Objetivos de Desarrollo Sostenible al alcance de los países en desarrollo.

El acceso a los DEG es un derecho inalienable de todos los miembros del FMI. Los DEG no generan deuda adicional ni suponen condicionalidades. Además, no están sujetos a trabajosas negociaciones sobre aumentos de cuota o acuerdos de préstamo. Una nueva emisión de DEG reforzaría el "poder de fuego" del FMI (que actualmente asciende a unos 800.000 millones de dólares, es decir un tercio de las necesidades de financiamiento estimadas de los países en desarrollo) y ofrecería un mayor incentivo para que todos los países participaran en esta iniciativa; el apoyo financiero del FMI para enfrentar la covid-19 representa apenas el 12 por ciento de su capacidad de préstamo.

Una nueva emisión de 500.000 millones de dólares de DEG (que necesitaría la aprobación del 85 por ciento de los votos de la Junta de Gobernadores del FMI) generaría el equivalente a 56.000 millones de dólares en reservas adicionales para los países de América Latina y el Caribe. Esto beneficiaría a algunas de las economías más endeudadas de la región.

Dado que cualquier nueva emisión de DEG se asignaría principalmente a los países desarrollados (aproximadamente el 60 por ciento del total), debe establecerse un mecanismo para la reasignación voluntaria de DEG excedentes de los países desarrollados a los países en desarrollo. Debería considerarse seriamente la implantación de un mecanismo para poner en común los DEG en el marco de los mecanismos multilaterales existentes y su reasignación para fortalecer la capacidad financiera de los acuerdos de financiación regionales y otras instituciones financieras regionales como forma de aumentar la liquidez y poner los DEG al servicio del desarrollo económico y social.

Por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Publicado enEconomía
Miércoles, 03 Febrero 2021 06:15

¿China va ganando la "guerra de las vacunas"?

¿China va ganando la "guerra de las vacunas"?

Estamos atravesando una guerra de las vacunas, en la cual las farmacéuticas occidentales atacan a sus pares china y rusa, y viceversa. Pero también hay una guerra por las vacunas, que en este momento se han convertido en un bien escaso por el cual disputan los países.

 

Luego de que varias personas fallecieran en Noruega tras recibir la vacuna de Pfizer, científicos y medios chinos dijeron que "la comunidad sanitaria china se pronunció en contra del uso de la vacuna de Pfizer en los adultos mayores".

Por su parte, The New York Timesasegura que la vacuna china, Sinovac, "no puede detener el virus tan bien como las desarrolladas por Pfizer y Moderna, las farmacéuticas estadounidenses", aunque acepta que es eficiente y segura.

La polémica está servida. Global Timesasegura, en base a datos del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, que hubo "casi 4.400 reacciones adversas después de que las personas recibieron la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19".

Más allá de datos que sólo estudios científicos podrán confirmar en el largo plazo, lo cierto es que las vacunas china Sinovac y la rusa Sputnik V están siendo desprestigiadas por los más variados motivos en Occidente, mientras las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca son también fuertemente criticadas aunque por motivos diferentes.

La Fundación kENUP publicó cifras que revelan la escala de la inversión pública en Occidente en vacunas y medicamentos contra el COVID-19. En los últimos once meses los gobiernos gastaron más de 100.000 millones de dólares en vacunas y medicamentos contra el COVID-19.

El 95% de los fondos públicos se destinaron a vacunas y sólo el 5% en medicamentos. Por su procedencia, 32% de los fondos destinados a los productores de vacunas procedían de Estados Unidos, 24% de la Unión Europea y 13% de los gobiernos de Japón y Corea del Sur.

Como puede apreciarse, cuando hay mucho dinero en juego la industria farmacéutica se empeña en buscar soluciones rápidas. Sin embargo, los gobiernos financiaron con algunas condiciones: utilizaron Compromisos de Mercado Anticipados (CMA), para tener el derecho a adquirir un número determinado de dosis de vacunas en un período de tiempo determinado.

Un informe de France 24señala que mientras "los occidentales compraron el 90% de las dosis de las dos vacunas estadounidenses", lo que "dejará huellas y rencor entre los países del Sur", China hizo lo contrario y definió sus vacunas como un "bien público mundial".

El medio destaca que en estos momentos se respira "un aroma de guerra fría" y que "la geopolítica de la vacuna vuelve a trazar las líneas de fractura que se creían pertenecientes al pasado". Este medio europeo cree que China está ganando la guerra de las vacunas por las mismas razones que encumbraron al Dragón al sitial adquirido.

"China tiene ventajas extremadamente importantes teniendo varias vacunas, capacidades de producción considerables, vacunas que a veces son más fáciles de utilizar y, sobre todo, una prioridad muy clara: distribuirla con bastante rapidez a los países en desarrollo", explica a France 24 Antoine Bondaz, investigador de la Fundación para la Investigación Estratégica.

Al tener una incidencia muy baja de COVID-19 en su población, donde los contagios no superan los 100 al día, China tiene las manos libres para exportar la casi totalidad de su producción de vacunas.

El Dragón está llevando vacunas a países de África, Asia y América Latina, pero también a países europeos como Hungría, Serbia y Turquía. Llama la atención el acuerdo con Brasil para fabricar vacunas, a través del gobierno del estado de Sao Paulo, ya que se trata del más cercano aliado de EEUU en la región.

Para el diario financiero españolEl Confidencial, China será "la ganadora de la guerra mundial de las vacunas". Del mismo modo que al comienzo de la pandemia encabezó la "diplomacia de las mascarillas", ahora puso en marcha una ofensiva geopolítica para "inundar el mundo con millones de dosis de vacunas".

Según este medio, las dos vacunas chinas "no son ni tan seguras ni tan eficaces como las equivalentes occidentales, pero son eficaces y más baratas. De momento son las más utilizadas en el mundo".

En medio de las polémicas sobre retrasos en el traslado de las vacunas, Global Timesinforma que la empresa china CanSino Biologics está lanzando "una nueva que garantiza una doble protección después de una sola inyección".

Según los datos proporcionados, la vacuna de CanSino utiliza un vector de adenovirus recombinante, una tecnología similar a las que usan la rusa Sputnik V, la farmacéutica británico-sueca AstraZeneca y Johnson & Johnson.

Sin embargo, lo más importante es que "la vacuna se puede almacenar y transportar a temperaturas que oscilan entre 2 y 8 grados, y la producción no necesita el laboratorio de nivel 3 de bioseguridad como lo requiere la fabricación de vacunas inactivadas, lo que según los expertos las hace más accesibles para los países en desarrollo con instalaciones limitadas".

El éxito de China no debe sorprender. Cuenta con la más pujante industria del mundo y con fuertes inversiones en investigación y desarrollo, con científicos y técnicos de primer nivel. Se trata de las mismas características que explican el ascenso de la potencia asiática que esta década se convertirá en el primer PIB del mundo.

Pero con eso sólo no le alcanzaría, ya que las tecnologías occidentales siguen siendo muy potentes, como lo demuestra la enorme capacidad de EEUU para liderar desde la innovación militar hasta la sanitaria.

China ha desarrollado aquellas vacunas que los países de ingresos bajos y medios del mundo están en condiciones de sufragar que, en los hechos, es donde vive la mayor parte de la población mundial. Pero a la vez, está consiguiendo ingresar en espacios como la Unión Europea, que hasta ahora eran coto exclusivo de las grandes empresas occidentales.

18:52 GMT 02.02.2021URL corto

Por Raúl Zibechi

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Informe Cómo pagar por la pandemia y una transición justa, elaborado por el TNI

Un informe del Transnational Institute detalla diez medidas para recaudar los suficiente para financiar la salida de la crisis del covid, lograr los objetivos de desarrollo sostenible, una transición climática y reparaciones para la esclavitud.

 

Recaudar 9,4 billones de dólares al año durante los próximos diez años mediante diez medidas a tomar de manera global para financiar otras diez acciones que cubrirían los costos de la pandemia, combatir el cambio climático, pagar reparaciones por la esclavitud y lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es lo que detalla el informe Cómo pagar por la pandemia y una transición justa de la organización con sede en Países Bajos Transnational Institute (TNI) publicado hoy.

Las diez propuestas de financiación progresista para recaudar dicha cantidad han sido elaboradas anteriormente por organizaciones internacionales, grupos de estudio, académicos y movimientos sociales. Impuestos nuevos a la riqueza y las ganancias de las empresas, reformando los subsidios a los combustibles fósiles, gravando el carbono, reencauzando el gasto militar, cancelando la deuda y emitiendo DEG, el planeta podría recaudar más de nueve billones de dólares al año durante los próximos 10 años. “Como colectivo”, ha dicho el investigador y autor del informe, Ben Tippet, “podemos permitirnos la construcción de un futuro mejor, siempre que los ricos y poderosos lo paguen”. Sobre el informe ha explicado que demuestra que es perfectamente posible “mediante unas pocas medidas de política abordar la pandemia y construir un futuro vivible que trate a la humanidad con equidad y dignidad”, matizando que “avanzar hacia un mundo justo depende del poder político y no de la disponibilidad de recursos financieros”.

 “El informe no deja dudas de que los Gobiernos tienen una variedad de opciones para recaudar los fondos necesarios para la una mejor reconstrucción”, ha declarado Lavinia Steinfort, otras de las investigadoras del TNI que ha participado en el informe. “Es hora de centrar nuestros esfuerzos en adoptar medidas colectivas comunitarias a nivel mundial para lograr finanzas públicas que sirvan a la sociedad”, ha matizado.

1. Un impuesto mundial a la riqueza

Basándose en la propuesta del economista francés Thomas Piketty, el informe plantea un impuesto progresivo según los niveles de riqueza. Como no existe una autoridad fiscal internacional, explica el texto, esta propuesta debería plantearse a nivel nacional y redistribuirse en todo el mundo. 

Aplicando una tasa del 1,5% a todas las fortunas que superen los mil millones de dólares, tal y como ha propuesto Oxfam, podría recaudar entre 70.000 millones y 100.000 millones de dólares por año. Aplicando una tasa impositiva del 1% a toda la riqueza neta superior a un millón de dólares, podríamos recaudar más de un billón de dólares al año. Si la tasa se elevara al 5 %, se podrían recaudar 5,795 billones.

2. Gravar la renta del capital de la riqueza privada en el extranjero

Se calcula que la riqueza que particulares mantienen en el exterior oscila entre 7,6 billones y 32 billones de dólares. Si se gravara a las tasas actuales todo ese patrimonio oculto, el informe calcula que se podría recaudar hasta 125.000 millones de dólares al año. “No es una política para aplicar un impuesto nuevo, sino para dejar de brindar oportunidades para que los ricos escondan su riqueza en el extranjero”, explican desde la organización.

Con el fin de aplicar este impuesto y el de la riqueza, los activistas abogan por un registro de activos internacional donde quede constancia de quiénes poseen activos y en qué cantidad, al que podrán acceder todos los países del mundo. El registro global de activos beneficiaría particularmente al Sur Global, al cerrar “los posibles flujos de capital financiero ilícito de los plutócratas que ocultan su patrimonio en el Norte”.

3. Un impuesto a las ganancias extraordinarias

Solo imponiendo un impuesto a las 32 empresas más rentables del mundo y a sus ganancias extraordinarias durante el covid-19 se podría recaudar 104.000 millones de dólares al año, según los cálculos de Oxfam. Las ganancias extraordinarias son aquellas que una empresa obtuvo durante la pandemia por encima del promedio de los últimos cuatro años, de 2016 a 2019. Gravando el 95% de ese beneficio extra de tan solo una treintena de empresas, se recaudaría dicha cantidad, pero la recaudación si se apliara a todas las empresas que han obtenido beneficios extras gracias a la pandemia sería muy superior. 

Los Estados Unidos impusieron un Impuesto a las Ganancias Excesivas en las dos guerras mundiales a las empresas que se enriquecían en la guerra y la posterior crisis. Gran Bretaña también lo aplicó, llegando en ambos países a tasas del 80% y el 95%.

4. Gravar las ganancias de las empresas en el extranjero

Si se eliminaran las oportunidades de traslado de ganancias a los paraísos fiscales y las empresas tuvieran que pagar impuestos en los países donde contratan a sus empleados y venden sus productos, según los cálculos del informe, se recaudaría entre 200.000 y 600.000 millones de dólares al año.

Un mecanismo para acabar con el traslado de ganancias empresariales es armonizar el impuesto de sociedades con una tasa mínima común en todos los países. La OCDE ya ha propuesto una tasa del 12,5%, que recaudaría 100.000 millones de dólares al año, pero dicho porcentaje haría bajar su impuestos de sociedades a la mayoría de los países al ser más bajo que el que cobran actualmente. En cambio, el informe recomienda un impuesto mínimo del 28%. Solo en el caso de las empresas estadounidenses, dicho impuesto recaudaría 758.000 millones de dólares entre 2021 y 2030.

5. Impuesto a las Transacciones Financieras

El Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), popularmente conocido por Tasa Tobin, recauda dinero al aplicar una pequeña tasa a la compraventa de acciones, bonos y derivados. Las tasas de este cálculo surgen de la propuesta que la sociedad civil presentara en 2011 para implementar un impuesto a las transacciones financieras en la Unión Europea, denominado “impuesto Robin Hood” (0,1 % a la compraventa de instrumentos de acciones y bonos y 0,01 % a las transacciones de derivados). Aunque las tasas que pretendían los activistas eran bajas, y aunque tuvo cierto apoyo inicial de varios gobiernos de la UE, el impuesto aún no se ha instrumentado debido a fuertes presiones del sector financiero. En el Estado español se ha aprobado recientemente dicho impuesto, pero no gravará los productos derivados, solo las acciones de empresas españolas que superen los 1.000 millones de euros de valor bursátil, lo que mengua enormemente su poder recaudatorio.

6. Impuestos a la contaminación

La eliminación de los subsidios públicos a la industria de los combustibles fósiles y la aplicación de un impuesto sobre el costo de la contaminación podrían recaudar 3,2 billones de dólares adicionales por año, según el informe. En la actualidad, gobiernos de todo el mundo subvencionan los combustibles fósiles con una suma de entre 296.000 a 478.000 millones de dólares al año. La cifra de 3,2 billones por año incluye cuánto costaría reencauzar esos subsidios directos, además de implementar un impuesto al carbono.

7. Reencauzar el 10 % del gasto militar mundial

El gasto militar mundial en 2019 ascendió a 1,917 billones de dólares. Corea del Sur, por ejemplo, anunció que recortará un 2 % (738 millones de dólares) su presupuesto de defensa del próximo año, y Tailandia lo reducirá un 8 % (557 millones). El dinero se destinaría a un fondo de ayuda en casos de desastre y a un paquete de estímulo, respectivamente. Reencauzar el 10 % del gasto militar mundial hacia la lucha contra las verdaderas crisis de seguridad podría recaudar entre 143.700 y 191.700 millones de dólares por año en todo el planeta, según los cálculos del TNI.

8. Condonación de la deuda al Sur Global

Más de 30 países se enfrentan actualmente al incumplimiento de pago de su deuda internacional. En 63 países empobrecidos, el promedio de pagos de la deuda externa pública aumentó del 5,5 % (como parte de los ingresos públicos) en 2011 al 12,4 % en 2019, y se estima que crecerá claramente en los próximos años.

En abril, el FMI anunció un alivio de la deuda de aproximadamente 214 millones de dólares para 25 de los países más pobres del mundo, y el G20 acordó una moratoria bilateral del pago de la deuda para los países de bajos ingresos hasta finales de 2020. Sin embargo, como han argumentado grupos activistas, el cese del servicio de la deuda no es lo mismo que la cancelación de la deuda. Y en total, ese alivio solo asciende a 20 000 millones de dólares, una reducción insignificante cuando se calcula que el Sur Global pagará 3,9 billones de dólares por el servicio de la deuda este año. La condonación de la deuda, de la magnitud que pide la UNCTAD, podría liberar el equivalente a 100.000 millones de dólares por año para el Sur Global durante los próximos 10 años.

9. Derechos Especiales de Giro

Los derechos especiales de giro (DEG) son la “moneda” internacional del propio FMI. Los DEG son activos seguros cuyo valor está determinado por una canasta multipolar de monedas. Los países pueden cambiar DEG por monedas, brindándoles así a los países que carecen de reservas de divisas sustento de liquidez internacional durante una crisis. La emisión se puede comparar con la financiación monetaria en el sentido de que el FMI les da a los países dinero nuevo sin ninguna expectativa de pago. De esta forma, los estados adquieren dinero y dejan de endeudarse. Los DEG, además, tampoco vienen acompañados de acuerdos de condicionalidad, como los préstamos actuales del FMI.

En el sistema de asignación actual, los DEG se distribuyen según el poder de voto en el FMI, que está injustamente dominado por los países más ricos del mundo.113 Por ejemplo, si se crearan 4 billones de dólares en DEG, solo 250 000 millones les llegarían a los países africanos. Si bien los países ricos, que ya tienen acceso a la liquidez internacional, podrían donar sus DEG restantes a los países que los necesiten, eso no estaría garantizado.

10. Un nuevo Plan Marshall

Para pagar los costes de la pandemia y una transición justa se necesitará tanto la redistribución de recursos del sector privado hacia el sector público (como lo hacen en gran medida las propuestas anteriores), como la redistribución de recursos dentro del sector público del Norte Global al Sur Global. Este plan Marshall en forma de donaciones adopta esta última estrategia. Un nuevo Plan Marshall, del monto solicitado por la UNCTAD, podría recaudar el equivalente a 50.000 millones de dólares por año para el Sur Global durante los próximos 10 años. 

¿Cómo se financiará? El informe propone que los bancos centrales y los bancos de desarrollo recauden el dinero de esas donaciones. Eso ayudaría a retener los fondos en la esfera pública, que podrían reinvertirse en proyectos sociales en el futuro.

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Facebook es una clase nueva de imperio cuya expansión parecía tan circunscrita a lo virtual que no reparamos en sus manifestaciones físicas, como que proporciona la única infraestructura de red a cientos de millones de personas en todo el mundo EFE

En la última década, el imperio de las grandes plataformas tecnológicas se ha expandido hasta ocupar todas las industrias, como una flota tentacular de cables y servidores, imponiendo su propio modelo de negocio y legislación. ¿Es más grande el poder de las plataformas digitales que el de los estados nación?

 

Hubo un momento en que parecía que Mark Zuckerberg quería ser presidente de los EE UU. A nadie le pareció un disparate porque era 2017 y acababa de ganar Donald Trump. El joven CEO anunció que su propósito para el nuevo año sería "conocer gente en cada estado de los Estados Unidos" y que, como había estado ya en veinte, le quedaban treinta por visitar. Los escándalos sobre el papel de Facebook como escenario y facilitador de las campañas de desinformación rusa, las manipulaciones de Cambridge Analytica y el genocidio de Myanmar estallaron casi simultáneamente mientras él visitaba fábricas, estrechaba manos y besaba bebés, como un nuevo Kennedy entrenando para las primarias. La compañía perdió más de cien mil millones de dólares en valores bursátiles antes de que se decidiera a volver. Era un mal momento para pensar en democracia. Tendría que seguir siendo emperador.

"Zuckerberg es una de las pocas personas del mundo para las que ser presidente sería bajar de categoría", ironizaba Nick Bilton en un artículo de Vanity Fair. En aquel momento, su plataforma tenía "solo" 1.800 millones de usuarios, un cuarto de la población del planeta. Hoy tiene más de 2.500 millones de usuarios, un tercio, y sin contar Instagram y WhatsApp. Nos faltan herramientas para comprender lo que significa eso exactamente. Si Facebook fuera un país, sería el más grande de la historia. Si fuera la herramienta de la revolución, como se declaró durante la Primavera Árabe, habría ganado la revolución. Si fuera una unión global de trabajadores, el mundo sería un lugar radicalmente distinto.

Pero Facebook es una clase nueva de imperio cuya expansión parecía tan circunscrita a lo estrictamente virtual que no reparamos en sus manifestaciones físicas. Como el hecho de que proporciona la única infraestructura de red a cientos de millones de personas en todo el mundo a través de su programa FreeBasics, o que lidera la construcción de la siguiente generación de cables submarinos de fibra óptica junto con Google, aparente némesis pero frecuente colaborador. Como los datos no se mueven solos y las antenas solo sirven para las distancias cortas, el grueso de Internet son unos 380 cables submarinos que transportan el 99.5% del tráfico transoceánico. El 0,5% restante es gestionado por lentos y caros satélites, el futuro de una industria que se prepara para perder sus infraestructuras en manos de desastres climáticos. Ese espacio también está siendo rápidamente colonizado por Facebook, Google y SpaceX, la empresa de Elon Musk, con su flota de nanosatélites StartLink.

El feudalismo digital

Hay pocas plataformas como Facebook, con el poder gravitacional de sus miles de millones de usuarios. Google, Amazon, Apple y Netflix en occidente; en oriente Alibaba, Tencent y Baidu. Pero, en la última década, su imperio se ha expandido hasta ocupar todas las industrias, como una flota tentacular de cables, servidores y líquido refrigerante, imponiendo en ellas su propio modelo de negocio y de legislación. Su lógica opaca y cambiante, que incluye protocolos, algoritmos y un ejército de moderadores, se superpone al gobierno descentralizado del Internet sobre el que transita y también a las leyes de los estados soberanos cuyas democracias asfixia sin sufrir repercusiones. Ese imperio se sienta sobre esos territorios como una impenetrable capa de látex, interponiendo entre ambos una aduana de intermediación.

Alrededor del corazón amurallado de sus centros de datos linda, por un lado, el territorio poroso de las APIs donde viven las aplicaciones que operan en el feudo a cambio de subordinar derechos y pagar impuestos. Google y Apple, con Android y iPhone, gobiernan el mercado de las aplicaciones móviles y no hay aplicación que sobreviva en su mercado sin someterse a su jurisdicción. Lo mismo para Amazon, que hospeda la mitad de la World Wide Web. Sus reinos se relacionan íntimamente entre ellos, no siempre de manera hostil. Apple tiene su nube en Amazon Web Services, Facebook tiene sus aplicaciones en las tiendas de Apple y de Google.

Con el resto la relación de poder es 100% unidireccional y revela frecuentemente sus prioridades internas, como cuando Amazon expulsó a Wikileaks de sus servidores o Apple eliminó de su tienda la aplicación de los manifestantes de Hong Kong para evitar los enfrentamientos policiales pero mantuvo las que usa el gobierno chino para saber quiénes son y dónde están. En el reino del capitalismo digital, la extracción de datos es delito solo cuando no perjudica a la empresa y los derechos humanos importan solo cuando no entren en conflicto con el mercado. No es lo mismo censurar a los ciudadanos de la primavera árabe que enfrentarse a un régimen que controla el mercado de un séptimo de la población mundial.

Por el otro, el agujero negro por el que caen los contenidos y datos de los usuarios está legislado por Términos y Condiciones cuidadosamente diseñados para repeler la lectura y sacudirse responsabilidad. Ese imperio resiste mapas y definiciones y desborda el calificativo más generalista de Feudalismo Digital, porque es digital pero también es físico y cognitivo. En su discurso en la Universidad de Georgetown en Washington, Mark Zuckerberg lo llamó "el Quinto Poder".

Paradojas productivas del "Quinto Poder"

Zuckerberg define el Quinto Poder como "la habilidad [que tienen los usuarios] de compartir sus pensamientos con las masas". Que es una interpretación dudosa pero involuntariamente provocadora. Contra lo que nos sugiere la intuición contemporánea, la prensa no se convirtió en el cuarto poder después del legislativo, ejecutivo y judicial porque Edmund Burke lo propusiera en 1787 y entonces no había democracia sino la jerarquía parlamentaria del Reino Unido. Allí los tres poderes iniciales eran los Lores Espirituales (iglesia), los Lores Temporales (nobleza) y los Comunes (políticos). Según cuenta Thomas Carlyle, Burke declaró que la prensa era el más influyente puesto que tiene el poder de crear opinión pública, además de reflejarla.

Zuckerberg quiere dar a entender que el quinto poder es el del los Comunes vulgaris (la masas), esa inteligencia colectiva que caracterizó la retórica de la web 2.0. y que iba a cambiar el mundo y hacerlo más justo y equilibrado. Solo que la Inteligencia Colectiva y la web 2.0 resultaron ser los ejes de una campaña de branding diseñada para oscurecer la verdadera operación: la extracción de cantidades masivas de datos, pensamientos y experiencias de los usuarios para entrenar algoritmos predictivos de inteligencia artificial. Algoritmos entrenados para entender, predecir y modificar los pensamientos de las masas. El quinto poder tiene la capacidad de persuadir a las masas de consumir cosas que no necesitan, votar a candidatos que no les convienen o quemar casas de vecinos que no han hecho nada. Podemos llamarlo, en honor a Zuckerberg, el Quinto Imperio. Burke diría que es el más peligroso porque tiene el poder de doblegar a los cuatro anteriores porque ha conseguido poner el proceso democrático a trabajar en su propia destrucción.

Como decía Alex Angulo en El Día de la Bestia, el diablo imita a Dios para burlarse pero también para apropiarse de sus cualidades divinas. En el caso de Facebook, la retórica democrática que empezó con su fallida campaña pre-presidencial ha ido incorporando una parodia de poder legislativo independiente. Primero llegaron los fact-checkers, periodistas externos certificados por la International Fact-Checking Network que verifican las excreciones del reino sin poder modificarlo y la novedad de este año, un "tribunal supremo" de apelaciones que dictará sentencia vinculante sobre aquellos temas que superen a los algoritmos y a los verificadores y den trabajo al departamento de Relaciones Públicas. Ambos asumen una responsabilidad sin poderes y facilitan que el reino ejerza un poder sin responsabilidad.

La gran parodia democrática

En el Quinto Imperio no existe la cárcel pero hay una pena máxima: desplataformar. Significa "impedir el acceso a una plataforma para expresar su opinión". El wikidiccionario propone los siguientes sinónimos: censurar, expurgar, suprimir, incidiendo en la expulsión como el bloqueo del ejercicio de la libertad de expresión en un lugar donde se tiene el derecho. Solo que el usuario no tiene derechos como la privacidad o la libertad de expresión porque no es ciudadano sino un súbdito que no ha elegido a sus gobernantes. Por lo tanto, la palabra apropiada es desterrar. Según la RAE, "dicho de quien tiene poder o autoridad para ello: expulsar a alguien de un territorio" y "apartar de sí algo inmaterial o hacerlo desaparecer". Aquí notamos que el imperio ejerce un monopolio del espacio público, político, cognitivo y también comercial. Para un usuario, el destierro significa censura. Para un desarrollador, un fabricante o un político, significa desaparecer.

Hay un contenido que no está sujeto al aparato legislativo independiente: la propaganda política. Incluyendo la clase de propaganda que escandalizó al mundo con Cambridge Analytica y que ahora es el lugar común del marketing político digital. "No creo que esté bien que una empresa privada censure a los políticos o las noticias en democracia", declaró Zuckerberg en Georgetown. En su reino, censurar usuarios no es censura ni está reñido con la democracia porque no entra en conflicto con su mercado y ayudar a sus grandes clientes a diseñar y distribuir noticias falsas en campañas oscuras que no puede monitorizar ni la prensa libre ni legislar las leyes democráticas es proteger la libertad de expresión.

"En tiempos de revuelta social, tendemos a retroceder en libre expresión. Queremos el progreso que viene de la libre expresión pero sin las tensiones que trae con ella –declaró Zuckerberg–. Lo vemos en la famosa carta que escribió Martin Luther King Jr. desde la cárcel de Birmingham, donde había sido ilegalmente encarcelado por manifestarse pacíficamente". Por suerte, hay momentos en que la disonancia cognitiva es denunciada con suficiente claridad. "Quisiera ayudar a Facebook a entender mejor lo que significaron para MLK las campañas de desinformación lanzadas por políticos –le respondió en Twitter la hija del Doctor King–. Esas campañas crearon la atmósfera para su asesinato". A diferencia de nuestra democracia, ese templo tenía un buen dragón.

Por Marta Peirano

@minipetite

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Martes, 28 Abril 2020 06:19

De la seguridad al coronavirus

De la seguridad al coronavirus

Desnudos ante el poder: Si aceptamos el confinamiento y la decisión unilateral del ejecutivo de restringir libertades y de imponer formas de conducta como el distanciamiento social; si las mayorías las aplauden mientras condenan a quienes las transgreden, es porque la sociedad ha sido ablandada y modelada por décadas de políticas de seguridad.

Los institutos de opinión pública uruguayos detectaron un cambio abrupto en la percepción de la población respecto a los problemas principales que enfrenta. Así, el diario La República titula en su edición del 23 abril “La salud desplazó a la inseguridad y ahora es la primera preocupación de los uruguayos” 

La directora de Equipos Consultores, Mariana Pomiés, asegura. “Nos llevamos una sorpresa porque hace años la principal preocupación era la inseguridad y ahora se desplomó”. En su evaluación, la preocupación por la seguridad cayó del 58 al 5%, siendo desplazada por la salud y la economía, por ese orden.

La serie histórica que Equipos presentó el 14 de abril de la mano de Ignacio Zuasnábar, en canal 12, no deja lugar a dudas. Desde 2008 la seguridad y la delincuencia desplazaron a la desocupación como tema excluyente de los uruguayos. El año pasado, el 72% lo consideraron el problema principal en sus vidas.

Son datos relevantes ya que la serie histórica recorre más de una década, desde 2007, atravesando casi todo el período de los gobiernos progresistas. La seguridad es el dato central que permite explicar los resultados electorales de octubre y noviembre, o sea la derrota del Frente Amplio y el triunfo de una coalición multicolor que llevó a Luis Lacalle a la presidencia, pese a no existir nada que se parezca a una crisis económica en Uruguay, a diferencia de otros países de la región.

Aunque los datos son reales e indiscutibles, el enfoque me parece desacertado. La pandemia de coronavirus no desplaza a la seguridad como tema principal, porque se trata del mismo fenómeno social. El coronavirus es la expresión, en este período, de la preocupación ciudadana por la inseguridad, excusa para la aplicación de las políticas de seguridad desplegadas en los últimos 20 años, no sólo en Uruguay sino en toda América Latina.

Estamos ante una construcción política que está íntimamente ligada a lo que el filósofo Giorgio Agamben denomina como “estado de excepción”, devenido en el “paradigma de gobierno” en el período actual*. En su estudio sobre el origen el estado de excepción se remonta al “estado de sitio” durante la revolución francesa, ligado a la guerra contra enemigos externos que enfrentaba la Asamblea Constituyente en 1791. Posteriormente, a lo largo de los siglos XIX y XX, el estado de sitio se emancipa de la situación bélica que lo generó, “para ser usado como medida extraordinaria de policía frente a desórdenes y sediciones internas, deviniendo así de efectivo o militar en ficticio o político” (p. 29).

Insiste, mal que nos pese, en que fue la tradición democrático-revolucionaria y no la absolutista, la creadora del estado de excepción. Los “plenos poderes” que asume el poder ejecutivo supone en los hechos un vacío de derecho. Lo sucedido durante las dos guerras del siglo XX, con el ascenso del nazismo en el seno de regímenes democráticos, llevó a Walter Benjamin a decir que “el estado de excepción…ha devenido la regla”.

Agamben registra que la ampliación de los poderes del ejecutivo va mucho más allá de las conflagraciones bélicas, cuando todos los países en guerra aplicaron el estado de excepción. Bajo esa tendencia inexorable, “es la totalidad de la vida político-constitucional de las sociedades occidentales lo que comienza progresivamente a asumir una nueva forma, que quizá sólo hoy ha alcanzado su pleno desarrollo” (p. 43).

¿Cuáles son los mecanismos que llevaron a que el estado de excepción se haya convertido en el paradigma de las democracias? La mutación principal, consiste en que “la declaración del estado de excepción está siendo progresivamente sustituida por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica normal de gobierno” (p. 44).

El filósofo sostiene, en una reciente entrevista, que el control a través de videocámaras y teléfonos celulares, “excede, por mucho, cualquier forma de control utilizada bajo regímenes totalitarios como el fascismo o el nazismo” y que las medidas que limitan nuestra libertad “nunca se habían aplicado en la historia de nuestro país”.

Si aceptamos el confinamiento y la decisión unilateral del ejecutivo de restringir libertades y de imponer formas de conducta como el distanciamiento social; si las mayorías las aplauden mientras condenan a quienes las transgreden, es porque la sociedad ha sido ablandada y modelada por décadas de políticas de seguridad.

Porque nos hemos acostumbrado a que el poder decida, con la sola aprobación de “técnicos” y “especialistas”, una gama cada vez más amplia de decisiones: quiénes son pobres y quiénes indigentes, quiénes pueden recibir ayudas y subvenciones, qué empresas están exentas del pago de impuestos y cuáles pueden vulnerar la soberanía nacional, y un largo etcétera. Hasta llegar a decidir en qué lugares debo usar tapabocas, cuántos pueden estar en un almacén y a qué distancia de otras personas debo sentarme.

¿Quién decidió que la pandemia es una guerra que debe ser enfrentada con métodos y modos militares? Los gobiernos, sin el menor debate público, argumentando la urgencia, la salvación de la población, el bien público, y otros similares. Todo ello sin que mediara el menor debate en la sociedad. Porque la fruta de la militarización de la sociedad fue madurando durante décadas de gestión de la seguridad con políticas de control policial.

El Estado/policía toma las decisiones y aplica las penas luego de marcar la falta, aunque en muchos casos el policía sea sustituido por un asistente social. La sociedad queda, de ese modo, desnuda ante el poder. Una desnudez, como dice Agamben, que es “una producción específica del poder y no un dato natural”.

* Giorgio Agamben, Estado de excepción, Adriana Hidalgo, 2004.

27 abril, 2020

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Qué medidas han venido aplicando frente a la crisis del coronavirus

¿Cómo responden los países al colapso económico?

El parate económico derivado de las restricciones sanitarias representan un gran desafío para los gobiernos, que lanzaron masivamente planes estímulo.

 

Los países industrializados, con Europa y Estados Unidos a la cabeza, anunciaron en las últimas semanas enormes paquetes de estímulo para evitar el colapso de sus economías. Según un proyecto de la OCDE que actualiza en tiempo real las medidas sanitarias y económicas, los 46 países más importantes en términos de riqueza (que forman parte de la OCDE y/o del G-20) adoptaron medidas de “distanciamiento social” y todos ellos comenzaron a implementar fuertes medidas económicas paliativas.

Una de las particularidades de la crisis económica que se está desatando a partir de la pandemia del coronavirus es que se trata de una situación autoinflingida, ya que es resultado de las medidas de restricción sanitaria adoptadas por los propios gobiernos. Es decir, no se trata de un shock exógeno, como puede ser un terremoto, ni del estallido de los desequilibrios internos del sistema, al estilo crisis de las hipotecas subprime, sino que es el producto de la decisión soberana de los países, de proteger antes que nada la vida de su población y evitar el colapso de los sistemas de salud.

El gobierno argentino anunció el aumento de la asignación universal por hijo y jubilaciones, transferencias directas a monotributistas, congelamiento de cuotas, alquileres y precios, reducción de cargas patronales en sectores especialmente afectados, créditos para recomponer capital de trabajo y Repro para que el Estado afronte el pago de salarios en empresas en crisis, entre otras medidas. Las políticas adoptadas por otros países tienen varios puntos en común: apoyo monetario directo a no asalariados, diferimiento en el pago de impuestos, apoyo crediticio a pymes y en el pago de sueldos para las empresas más afectadas. A continuación, algunos ejemplos:

España

El gobierno español anunció un paquete económico de 200 mil millones de euros, el mayor en la historia democrática del país, equivalente a un 20 por ciento del PIB. “El Estado va a asumir el choque económico”, dijo el presidente, Pedro Sánchez. La mayor parte de ese dinero estará disponible para que las empresas no se queden sin liquidez y puedan continuar pagando los sueldos. Se suspende por seis meses el pago de impuestos para las pymes y para empleados autónomos así como la devolución de los créditos otorgados por el gobierno. También hay prórroga automática de los seguros de desempleo y se prohibieron los despidos.

Italia

Enfrenta la situación sanitaria más dramática. Redujo en 100 euros impuestos para trabajadores que reorganizaran su actividad desde el hogar y para aquellos que no pueden trabajar, el Estado se hace cargo del salario. Se aplicó una suma de 600 euros para la mayoría de los empleados autónomos, artistas y 100 euros para trabajadores asalariados de bajos ingresos. Se suspendieron las condicionalidades para acceder a un ingreso básico estatal y se aplicaron 700 millones de euros para apoyar a las aerolíneas y flexibilidad en el cobro de impuestos para las pymes. Los despidos se suspendieron por dos meses, así como también el pago de hipotecas.

Alemania

El gobierno de la mayor economía europea aprobó un paquete de 122 mil millones de euros. El ministro de Economía alemán, Olaf Scholz, describió el plan como una “gran bazooka” para evitar el colapso de la economía. Los trabajadores autónomos y las pymes de hasta 10 empleados tendrán a disposición un fondo de 50 mil millones de euros para solventar la actividad. La ayuda será de 9 mil a 15 mil euros por tres meses. También hay flexibilización en el pago de impuestos y alquileres. Pero complementariamente hay un fondo de 600 mil millones de euros para asegurar que las grandes empresas exportadoras alemanas no debiliten su posición patrimonial. Alemania está enfrentada con España e Italia porque no quiere que el Banco Central Europeo emita “eurobonos” de salvataje para las economías de región.

Estados Unidos

Republicanos y demócratas acordaron lanzar un paquete económico de 2 billones de dólares, “el más grande en la historia de los Estados Unidos”, según el New York Times. 367 mil millones de dólares se destinarán a que las pymes puedan seguir pagando salarios, mientras que 500 mil millones de dólares serán préstamos garantizados y subvencionados para fondear a empresas grandes. Además, hay fuertes transferencias directas de dinero a los hogares. Las personas recibirán 1200 dólares junto a otros 500 dólares por hijo o hija. El beneficio opera para salarios anuales que están por debajo de los 75 mil dólares. Aumenta el seguro de desempleo en 600 dólares por semana por hasta cuatro meses. Las aerolíneas van a recibir 25 mil millones de dólares en garantías y los hospitales, 117 mil millones, entre otras medidas.

Brasil

A pesar del juego mediático del presidente, Jair Bolsonaro, para encender la chispa de su electorado, al minimizar la magnitud de la pandemia, el gobierno de Brasil anunció medidas para reducir la crisis económica. Se definió la entrega de un bono por el equivalente a 120 dólares a los trabajadores informales y desempleados que no reciban recursos de otros programas. Las empresas pueden pagar la mitad de los sueldos, aunque sin compensación para los trabajadores formales afectados. Flexibilización en el pago de impuestos para las pymes. Se abrió también una línea de crédito de emergencia de unos 8 mil millones de dólares para que las pequeñas y medianas empresas puedan pagar sueldos durante los próximos dos meses.

Colombia

Se estableció el pago de un beneficio extra para los programas sociales existentes Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, la entrega de una canasta de comida para los hogares más vulnerables y libre acceso al servicio de agua a pesar de deudas impagas. Se refinancian deudas e hipotecas y se pospone el pago del IVA y otros impuestos para el sector turístico y aviación.

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Miércoles, 18 Diciembre 2019 07:02

Cambio climático: sainete y gran fiasco en Madrid

Cambio climático: sainete y gran fiasco en Madrid

El Acuerdo de París sobre cambio climático fue presentado al mundo en 2015 como un gran logro al finalizar la vigesimoprimera Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención sobre Cambio Climático. Se dijo que por vez primera todos los países del mundo se habían unido en un esfuerzo común por mantener el cambio climático por debajo de los dos grados centígrados respecto de la era preindustrial. Además, se acordó realizar esfuerzos por limitar a 1.5 grados dicho cambio climático. Para lograr lo anterior todos y cada uno de los países miembros definirían de manera voluntaria e independiente sus compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Formalmente el Acuerdo de París (AP) entró en vigor en noviembre de 2016, al ser ratificado por el número requerido de países. Pero lo que nunca se ha dicho con toda claridad, y los medios no han sabido entender, es que ese acuerdo ya entró en vigor, pero todavía no puede aplicarse. Ya llevamos cuatro años en esta especie de limbo que convierte el AP en un tratado internacional que ya entró en vigor pero no puede aplicarse. La razón es que le falta lo que sería el equivalente a una ley reglamentaria.

Las implicaciones de lo anterior son devastadoras. En los últimos cuatro años, los 192 países miembros del Acuerdo de París han estado ocupados en negociar las reglas precisas de aplicación de ese instrumento. Leyó usted bien: tenemos cuatro años negociando el contenido del “Libro de Reglas” que define los procedimientos para uniformar los informes nacionales sobre reducción de emisiones, las reglas de cooperación financiera, la forma en que un país podrá cumplir sus metas de reducción de emisiones al ayudar a otras naciones a disminuir las suyas y las modalidades que deben regir las transacciones en los mercados de carbono y en los mecanismos de compensación de emisiones, etcétera.

Hace un año concluyó la COP24 en Katowice, Polonia, y se dijo que ya por fin habían concluido las negociaciones para definir el Libro de Reglas. Pero nuevamente el mendaz lenguaje diplomático sirvió de cortina de humo. Resulta que las reglas para la implementación de uno de los más importantes componentes del Acuerdo de París, definido en su artículo sexto, quedaron sin ser definidas y la tarea se dejó para la COP25. Y ésta tampoco pudo llegar a un acuerdo sobre ese artículo.

¿Qué dice este famoso artículo? Se trata de uno de los más importantes y contenciosos del Acuerdo de París. Es un texto breve que abre las puertas para que un país que haya rebasado sus metas o compromisos nacionales (voluntarios y definidos de manera independiente) pueda vender su excedente de emisiones a una nación que no ha podido cumplir con sus metas. Esos objetivos pueden estar relacionados con diferentes tipos de proyectos, como reducciones de emisiones, expansión de fuentes renovables o plantaciones forestales.

El artículo sexto también abre la puerta a la creación de un nuevo mercado de carbono internacional para intercambiar reducciones de emisiones en cualquier parte del mundo por los sectores públicos y privados. Al igual que el caso anterior, esas disminuciones pueden provenir de múltiples tipos de proyectos.

El principal problema es que estos mecanismos de mercado facilitan que las cosas sigan como están y no han servido para frenar las emisiones. El mercado de carbono más desarrollado es el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, y ese régimen ha estado en crisis desde hace años. Apenas este 2019 comenzó a repuntar el precio de la tonelada de carbono (equivalente), pero múltiples problemas de origen no han facilitado su funcionamiento.

Mantener el statu quo es muy mala opción en estos momentos. Ya sabemos que los compromisos nacionales no alcanzan para el objetivo inicial del acuerdo, y cuando se hacen cuentas se observa que colocan al mundo en la trayectoria de tres grados centígrados, lo cual tiene implicaciones de dimensiones catastróficas y constituye una amenaza existencial para la humanidad.

Antes y durante la COP 25 muchas organizaciones y algunos países habían esperado que los grandes emisores de GEI anunciarían que estaban redoblando esfuerzos para reducir dichas emisiones. Esas notificaciones nunca llegaron y es claro que Estados Unidos (que ha denunciado el AP, pero todavía tuvo derecho a participar en esta COP), Brasil, China, Australia y Arabia Saudita encabezaron el grupo de países que, francamente, no escatimaron recursos para sabotear los esfuerzos de la COP 25.

¿Cuál es el balance? Cuatro años después de cumplido el Acuerdo de París, las emisiones de GEI siguen aumentando. Tenemos ya un cuarto de siglo discutiendo y negociando un verdadero régimen regulatorio para enfrentar la amenaza del cambio climático. Este esfuerzo no ha fructificado y no parece que las cosas vayan a cambiar pronto. La COP 25 recuerda la época de los sainetes que frecuentemente hacían reír al público en los teatros madrileños, porque terminaban en un grandioso fiasco. Sólo que esta vez el fiasco se traducirá en tragedia.

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Sin acuerdo global para frenar la crisis climática

Ni siquiera la prórroga de casi dos días que solicitó la ministra del gobierno de Chile, Carolina Smith, que ejercía la presidencia del cónclave, permitió que se llegara a un acuerdo sobre el cierre de la cumbre.

La Cumbre del Clima COP25 finalizó con una declaración de intenciones que pretende ocultar su fracaso, y el desacuerdo profundo entre diversos países sobre cómo abordar la emergencia climática. Ni siquiera la prórroga de casi dos días que solicitó la ministra del gobierno de Chile, Carolina Smith, que ejercía la presidencia del cónclave, permitió que se llegara a un acuerdo sobre el cierre de la cumbre.

El documento final solo “anima” a los países a presentar planes más ambiciosos para frenar el calentamiento global durante el año 2020, como una forma de llegar a la próxima COP26 de Glasgow con algún avance en relación a este 2019. La principal razón de la falta de acuerdo ha sido la negativa de una serie de países para comprometerse a presentar programas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque, también, la conducción de los funcionarios chilenos, ha sido blanco de numerosas críticas.

84 países han acordado a presentar programas con políticas más agresivas para reducir el cambio climático. Sin embargo, entre ellos no figuran Estados Unidos, China, India y Rusia, que generan el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. La contracara de ese rechazo, la encabezó la Unión Europea que, además de aceptar el reto, presentó días atrás un Green New Deal para transformar al continente europeo en el primer espacio con una economía descarbonizada. En el fondo de este enfrentamiento se encuentra el argumento de determinadas naciones que rechazan aplicar ciertas regulaciones climática porque, aseguran, afectaría sus planes de desarrollo económico.

“La comunidad internacional perdió una oportunidad importante para mostrar mayor ambición”, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres sobre el final de la cumbre. El funcionario portugués no ocultó su decepción aunque desde el primer día había mostrado preocupación por las divergencias que existían con algunos países para abordar la crisis climática. 

La predisposición del gobierno español, como accidentado receptor de la COP25, y la presión social liderada por la activista Greta Thunberg, habían traído cierto optimismo sobre un posible acuerdo para reducir el calentamiento global. Sin embargo, la joven sueca regresó este sábado a su casa, mientras la ministra Smith solicitaba una prórroga ante el inminente fracaso de la reunión.

En efecto, las últimas 24 horas de negociaciones se produjeron bajo el liderazgo de la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por propia iniciativa de la funcionaria del gobierno chileno. Esta semana, la directora de Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan, había declarado que la presidencia chilena estaba “fracasando” en el trabajo de proteger la “integridad del Acuerdo de París y no permitir que la codicia y el cinismo” lo destruyeran.

Uno de los puntos más intrincados de las negociaciones ha sido el artículo 6 del Acuerdo de París sobre el mercado de emisiones de gases de efecto invernadero, que debería entrar en vigor en 2020. El acuerdo se ha encallado en la regulación de ese sistema, a través del cuçales países y empresas pueden adquirir créditos a otras naciones en el caso de que excedieran el límite de gases que se hubieran fijado.

Con este panorama, las expectativas de lograr una reducción del calentamiento global para los próximos años se han disuelto, y todo apunta a que se llegará a la COP26 de Glasgow con un nuevo récord de temperaturas, superior al 1,1 grados centígrados por encima del periodo preindustrial que registró Naciones Unidas para el año que se acaba.

El único dato positivo de la COP25 Chile-Madrid ha sido la movilización social que protagonizaron los jóvenes. Al margen de lo que pueda acordarse (o no) a nivel global, las nuevas generaciones advirtieron en Madrid que su acción en la calle seguirá adelante con el objetivo de presionar a los gobierno nacionales. A su vez, el corrimiento que se planteó Thunberg para desactivar la presión política y mediática que sufría, ha puesto en escena a un centenar de jóvenes de diversos países con conocimiento y voluntad suficiente para no dejar la emergencia climática en manos de los negacionistas y de las grandes empresas

Por Agustín Fontenla

Desde Madrid

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"Si hay una COP25 quiere decir que se han reunido 24 veces y han fracasado"

Entrevista al ecologista Antonio Elio Brailovsky

 

Por Mario Hernández

 

M.H.: El próximo 2 de diciembre se reúne la COP 25 en Madrid, han tenido que cambiar el escenario por la situación política que se vive en Chile, particularmente en Santiago de Chile. ¿Qué expectativas podemos tener de esta reunión?

E.B.: Ninguna. El sólo hecho de que haya una reunión número 25 para discutir los problemas del clima, quiere decir que se han reunido 24 veces y han fracasado en llegar a un acuerdo que funcione. Siempre prometen algo y luego no lo cumplen. De modo que tenemos 24 ejemplos de fracaso de Cumbres del clima en las que dijeron un montón de cosas y no cumplieron ninguna. Por lo tanto, no veo razones para pensar que esta vez sea diferente.

M.H.: Más de 11.000 científicos de todo el mundo han suscrito un manifiesto en el que declaran la emergencia climática y plantean 6 medidas urgentes para hacerle frente.

E.B.: El problema es que a ningún político le preocupa qué va a pasar con el mundo cuando termine su mandato. Le preocupa lo que pase durante su mandato. De modo que hablarle a alguien del 2040 o 2050 cuando están pensando en cómo terminan el 2019 y cómo comienzan el 2020, esto es ciencia ficción. Es como si les hablaran del año 25.000.

El sistema político y económico están diseñados para pensar en el muy corto plazo y no en el largo, y esto requiere hacer cambios profundos rápido, que se van a ver dentro de un tiempo mediano, en varias décadas y en realidad ni siquiera se van a ver, porque si las cosas se hacen bien lo que vamos a ver es que no empeora.

¿Qué político renuncia a juntar dólares para que dentro de 20 años la situación no empeore? Teniendo en cuenta además que las grandes empresas que contaminan y alteran el clima son las que han pagado todas las campañas electorales del mundo, las de los que yo voto y las de unos cuantos oyentes que votan distinto.

Esto es parte del mundo real. No tenemos sistemas políticos pensados para diseñar el largo plazo y somos víctimas de eso. Más allá de que uno tenga grandes simpatías por algunos líderes y grandes enojos con otros. Son nuestros sistemas políticos.

M.H.: Frente a esta situación, ¿qué debemos hacer los seres humanos?

E.B.: Reclamar y reclamar todos los días. No hay otra. No olvidarse de esto. Ocuparse del clima tiene un costo económico. Es mucho más fácil seguir quemando petróleo y seguir contaminando el clima. Darle importancia al clima tiene un costo político, gobierne el que gobierne. Gobiernen los que nos caen simpáticos o los otros, pero nos encuentran ante lo mismo. Si no hay fuerte presión de la ciudadanía van a seguir recibiendo presiones muy fuertes de las empresas que contaminan.

M.H.: En los últimos 20 años la cantidad de agrotóxicos arrojados en la parte más poblada de nuestro país aumentó en más de un 1.000 % pasando los 500 millones de litros anuales. La resistencia de las malezas aumenta, las inundaciones se hacen cíclicas y el cambio climático se hace sentir. La desforestación y la pérdida de biodiversidad son incesantes, todo inherente y consecuencia del modelo agrícola químico dependiente inventado por las corporaciones y avalado por todos los gobiernos de turno. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad?  

Necesitamos poner nuestro sistema científico en función de proyectos de agroecología  

E.B.: Yo creo que Argentina tiene un gran sistema científico, agronómico inclusive, que empezó con Manuel Belgrano hace dos siglos, para plantear tecnologías agrarias limpias. Esto de que los que estén trabajando con tecnologías agrarias limpias sean gente de buena onda, la que quiere hacer lo mejor para el país, etc.

Tenemos un sistema agronómico en el INTA y en un montón de Facultades de Agronomía, que hasta ahora tienen prácticamente prohibido trabajar en agro ecología. Necesitamos poner nuestro sistema científico en función de proyectos de agroecología. Desde la ciencia, no solamente desde la buena voluntad de nuestros amigos con huertas orgánicas, sino desde la ciencia para plantear un cambio en el sistema productivo. Estamos sosteniendo un sistema científico de excelencia que está en gran medida desperdiciado aumentando las dosis de plaguicidas de Monsanto.

M.H.: Me llamó la atención que el CONICET encontró atrazina y endosulfán, dos pesticidas sintéticos cuyo uso y comercialización está prohibido en el país desde 2011, en el aire de la Antártida. ¿Cómo es esto posible?

E.B.: La atmósfera es una sola, de modo que la circulación atmosférica lleva todo a todas partes, hacen 20 o 30 años habían encontrado plaguicidas de tipo DDT en la sangre de los esquimales, los indígenas del Polo Norte. En este momento estamos aprendiendo que no hay nada que quede lejos. El mundo, la atmosfera, la circulación de contaminantes por el aire y por el mar es uno solo, sigue los patrones de las corrientes. Vamos a encontrar plaguicidas en todas partes. Están en mi sangre y en la suya y están cada vez que vamos al inodoro en la orina de todos.

En algún momento necesitamos políticas responsables para ir eliminando los venenos que no benefician a nadie, porque durante 10.000 años se produjo y cultivó comida sin venenos y pudimos alimentar a la humanidad. Ahora que tenemos científicos de envergadura usemos ese conocimiento para alimentar a la gente sin envenenarla.

M.H.: Hemos hablado muchas veces del tema de la absorción del monte nativo, de la lluvia, un dato del INTA de Marcos Juárez: “El monte nativo absorbe por hora 300 ml de agua de lluvia y un cultivo de soja transgénica fumigado e impermeabilizado solo 30ml por hora.

E.B.: Los servicios ambientales que presta el monte nativo son de regulación hídrica, son de recibir el agua de lluvia, alimentar las napas, de evitar que los grandes torrentes lleguen a los ríos. Lo que pasa es que el que destruye un bosque tiene un beneficio económico inmediato. Tala el bosque, siembra soja, la vende y tiene la plata en el Banco. No es inmediato ni individualizado el daño a la sociedad, entonces es mucho más difícil que la gente perciba que le han hecho daño porque talaron unos árboles que estaban a muchos kilómetros y que las personas nunca vieron, es necesario un conocimiento mucho más amplio. Por algo nuestro sistema educativo es tan débil en materia de educación ambiental, para permitir que sigan ocurriendo estos abusos.

Rebelión

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El tratado internacional para controlar a las multinacionales, cada vez más lejos

Esta semana tiene lugar en Ginebra la quinta sesión del grupo de la ONU encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. Pero en el texto que se discute apenas queda nada del espíritu y la ambición con que nació este proceso hace cinco años.

El lunes 14 de octubre dio comienzo, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, la quinta sesión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. Como viene ocurriendo todos los años por estas fechas desde que en 2014 se aprobó la resolución del Consejo de Derechos Humanos que instaba a los países a avanzar en esta línea, durante toda esa semana está volviendo a ponerse en el centro de la agenda internacional la necesidad de contar con mecanismos de control para frenar la impunidad con que operan las grandes corporaciones en su expansión global. Las posibilidades de que este proceso en la ONU concluya con la creación de nuevas normas vinculantes que puedan poner mínimamente en riesgo los beneficios empresariales, sin embargo, son cada vez más remotas.

Ya el año pasado se presentó el primer borrador de lo que será el futuro tratado. En aquella versión inicial del texto había al menos seis elementos fundamentales que resultaban cuestionables y se alejaban de las demandas expresadas por las organizaciones sociales implicadas en el proceso. A saber: no se trataba de un instrumento jurídico específico para las empresas transnacionales; únicamente establecía obligaciones para los Estados; no incorporaba mecanismos efectivos para el cumplimiento de la legalidad internacional; dejaba de lado la responsabilidad solidaria de las multinacionales en las cadenas de valor globales; no tenía en cuenta la primacía de los derechos humanos sobre los acuerdos de comercio e inversión; no incluía instancias ni órganos de control y seguimiento.

En la segunda versión del texto del tratado, que ha sido presentada este año y está siendo la base de los debates en Ginebra esta semana, se profundiza aún más en esa misma línea. Así, lejos de incorporar las exigencias de una mayor regulación para evitar que se desdibujen las responsabilidades legales de las transnacionales en la esfera global, se sigue dejando en manos de los Estados las posibilidades de controlar a estas empresas. Por decirlo con un titular: el tratado está más cerca de convertirse en una versión remozada de los Principios Rectores —de los que, recordando su preámbulo, “no se deriva ninguna nueva obligación jurídica”— que de servir para avanzar en la creación de normas internacionales que sitúen los derechos humanos por encima de la lex mercatoria.

Poco queda ya del espíritu y la ambición con que nació la resolución 26/9 hace cinco años. Ni siquiera el que siempre fue el objetivo fundamental de un tratado de este tipo: que fuera útil para caracterizar los crímenes económicos y ecológicos cometidos por las empresas transnacionales y sirviera para cubrir el hueco que existe en el derecho internacional respecto a su regulación. En esta involución del proceso en Naciones Unidas han tenido mucho que ver las presiones de los lobbies empresariales y los cambios en la correlación de fuerzas a escala mundial. Los giros tanto del gobierno de Ecuador, que al principio asumió un fuerte liderazgo del proceso pero luego fue suavizando su posición, como de la Unión Europea, que de boicotear la primera sesión del grupo de trabajo en 2015 pasó a mostrar en la apertura de la sesión de ayer su buena disposición por el rumbo que está tomando el tratado, así lo atestiguan.

Frente a la arquitectura de la impunidad…

A la vez que en los organismos internacionales se va perfeccionando la retórica sobre “proteger, respetar y remediar” los derechos humanos, continúa fortaleciéndose la arquitectura jurídica de la impunidad. Los contratos y los negocios empresariales se blindan a través del complejo entramado normativo que en las últimas décadas han venido construyendo las transnacionales y los Estados que las apoyan, pasando por encima de los derechos fundamentales de las mayorías sociales y de la propia democracia. El proceso del tratado en la ONU, al fin y al cabo, no se desmarca de la realidad actual de los derechos humanos en todo el planeta.

El telón de fondo es que estamos viviendo una ofensiva mercantilizadora a escala global, en la que las dinámicas capitalistas, patriarcales, coloniales, autoritarias e insostenibles se están exacerbando. Así continúa reforzándose un modelo donde las grandes empresas continúan ampliando su poder, poniendo en cuestión la propia democracia liberal-representativa y llegando a constituirse como un gobierno de facto. El resultado es la progresiva destrucción de la soberanía popular y la captura de países y territorios como si formasen parte de la organización interna de las grandes corporaciones.

Se agudiza, de este modo, la asimetría normativa que protege los derechos de las corporaciones transnacionales y el capital financiero, que cuentan con reglas de obligado cumplimiento y con tribunales privados que las aplican con una eficacia absoluta. Mientras, los derechos humanos se mueven entre la fragilidad de las normas internacionales, las recomendaciones de los comités encargados de su aplicación y la pasividad de los gobiernos ante el incumplimiento de los pactos y tratados internacionales.

En este contexto se generan modificaciones sustanciales en la propia categoría jurídica de los derechos humanos, que sufren una triple reconfiguración. Primero, se desregulan en base a la explotación generalizada de personas y los procesos de privatización. Segundo, se expropian siguiendo la lógica de acumulación por desposesión. Y tercero, se destruyen en función de un colonialismo/racismo extremo vinculado a la necropolítica. En ese contexto, resultan prescindibles quienes no participen de la sociedad de consumo o no aporten valorización al proceso de reproducción del capital.

Las instituciones globales y la mayoría de los Estados no solo están eliminando y suspendiendo derechos. También están reconfigurando quiénes son sujetos de derecho, quiénes quedan fuera de la categoría de seres humanos, lo que provoca una sensación de descomposición generalizada del sistema internacional de los derechos humanos. La feudalización de las relaciones económicas, políticas y jurídicas está colonizando la arquitectura institucional de las democracias representativas. Por eso, si se quiere hablar en serio de derechos humanos, de Ecuador a Rojava pasando por el Mediterráneo, hay que ajustar los discursos vacíos a los contextos donde esos derechos se subordinan a los intereses del capital transnacional.

Mientras el cuerpo normativo relacionado con la mercantilización del sistema neoliberal ha ido perfeccionándose a favor de las empresas transnacionales, se ha ido abandonando la posibilidad de ejercer un control real sobre sus actividades, dejando sus obligaciones socioecológicas en manos de los acuerdos voluntarios. En estos momentos, a raíz de la nueva oleada de tratados comerciales y de inversión, resurge la idea de incluir la “responsabilidad social” —rebautizada en la agenda internacional como los “objetivos de desarrollo sostenible”— como un elemento corrector de esta asimetría normativa.

Dos décadas después de que se lanzara el paradigma de la “empresa responsable” como un supuesto salto adelante en el modelo de relaciones entre las multinacionales y el conjunto de la sociedad, queda claro que la RSC nunca tuvo la intención de ser un instrumento eficaz para controlar a las grandes corporaciones. La “responsabilidad social”, además de servir para el lavado de cara empresarial, se ha constituido como una fórmula de soft law que se ampara teóricamente en la “ética de los negocios” pero que, en la práctica, apenas remite sus obligaciones a la publicación de sus memorias anuales.

De ahí la necesidad de introducir modificaciones en las legislaciones nacionales. Pero también, y sobre todo, de avanzar en regulaciones internacionales capaces de abarcar toda la complejidad de los grandes conglomerados económicos, con criterios que trasciendan el marco estatal, rompan la aparente separación entre matriz y filiales, y amparen el “levantamiento del velo corporativo”. La cuestión es que los Estados carecen de instrumentos políticos y normativos para poder controlar de manera efectiva a las empresas transnacionales, ya que las reglas internacionales de comercio e inversión —y la fuerza con la que los Estados centrales las hacen cumplir— construyen una armadura jurídica muy difícil de romper solamente desde el ámbito estatal.

…Regulación y confrontación

En la coyuntura actual del capitalismo global, cualquier intento de regulación de los mecanismos de extracción y apropiación de riqueza que protagonizan las grandes corporaciones puede convertirse en una medida de carácter radical, al atacar directamente al núcleo del beneficio empresarial. De hecho, la mera sugerencia de que puedan introducirse modificaciones legislativas en materia laboral o fiscal suele hacer saltar las alarmas de las patronales y los lobbies empresariales, que enarbolan la bandera de la “seguridad jurídica” para defender sus contratos e intereses privados.

En caso de verse afectadas por medidas regulatorias que perjudicasen sus intereses, no hay duda de que las grandes corporaciones presionarán con todos los instrumentos jurídico-económicos a su alcance para tratar de echarlas atrás. Pero el núcleo de esta disputa no se encuentra en una cuestión de técnica jurídica, sino de voluntad política; en otras palabras, en la capacidad para poder sostener ese tipo de reformas con una fuerte movilización social y apoyo popular. Lo que parece claro es que el Derecho oficial, al ser parte de la estructura hegemónica de dominación, únicamente podrá convertirse en un vehículo contrahegemónico si se subordina a la acción política.

El proceso seguido en la ONU no es ajeno a este contexto. Poco a poco, el tratado va convirtiéndose en un documento irreconocible en relación a los debates y a las propuestas formuladas entre 2015 y 2018 por juristas, defensoras de derechos humanos y representantes de las organizaciones sociales y de las comunidades afectadas. En el texto apenas queda nada sobre la empresa transnacional como sujeto de obligaciones en derecho internacional, sobre las normas de comercio e inversión, el rol que juegan las instituciones económico-financieras internacionales, la posibilidad de crear una corte mundial sobre empresas y derechos humanos, etc. En este marco, una estrategia de incidencia política solamente sostenida en la presión a embajadas y gobiernos no va a poder arrancar un tratado internacional para controlar de manera efectiva a las multinacionales.

Formalmente, el proceso continúa. Pero con este documento como base de la negociación entre los países, en la que inevitablemente se van a ir rebajando todavía más los postulados del texto, aunque finalmente llegara a aprobarse el tratado tampoco serviría de mucho. Las reformas “sin más”, además de meramente coyunturales, pueden acabar fortaleciendo el orden establecido y generar desmovilización social.

Sirva el declive del proceso hacia una normativa internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos, en torno al cual se han articulado cientos de ONG y organizaciones sociales de todo el mundo, para reflexionar sobre las estrategias a seguir; para no perderse en procesos largos y burocráticos, no generar falsas expectativas y, a la vez, fortalecer la capacidad de denuncia, movilización e incidencia. En este tipo de negociaciones institucionales resulta cuestionable el consejo habitual del “realismo”. La concepción de “altura de miras” de los movimientos sociales y las comunidades afectadas es diferente a la que pueden tener los gobiernos de los países centrales y las empresas transnacionales. El pragmatismo del que estas últimas hacen gala se basa en una negociación asimétrica que suele terminar en resultados vacíos y poco precisos.

En un escenario que se torna cada vez más adverso, se trata de evitar que la acción social y política de los colectivos y movimientos en resistencia quede condicionada a los tiempos de los organismos nacionales e internacionales. La apuesta, más que por centrar todas las fuerzas en el terreno institucional, pasaría por seguir potenciando lógicas contrahegemónicas a nivel local, regional y global. Estas alianzas locales y globales, sin abandonar aquellas instancias de regulación en las que haya posibilidades de lograr importantes modificaciones normativas, resultan fundamentales para construir modelos alternativos capaces de desmantelar a las transnacionales y formular propuestas económicas de largo alcance.

Guiar la actividad social, política y económica con valores contrahegemónicos sustentados en el ecofeminismo, la propiedad colectiva, la democracia y la autogestión supone confrontar de raíz las prácticas promovidas por las empresas transnacionales. Y es que, además de separar el ámbito del mercado y el de las instituciones públicas, se trata de construir —más allá del sistema estatal— sistemas económicos, de cooperación y de nueva institucionalidad que sean capaces de autodinamizarse, autoconstruirse y autoorganizarse. Frente a la eliminación institucional de derechos, una articulación internacionalista que rechace a los Estados como única fuente de derecho y que reivindique el papel protagonista de organizaciones, movimientos y comunidades en la creación de las condiciones que garanticen una vida digna y en paz con el planeta a las mayorías sociales presentes y futuras.

Por Pedro Ramiro, Erika González, Juan Hernández Zubizarreta

El Salto

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