Oscar Pinto, Máscara, 40 x 60 cm. (Cortesía del autor)

–Toma un poco más de té –ofreció solícita 

la Liebre de Marzo.

–Hasta ahora no he tomado nada –protestó Alicia en tono ofendido–, de modo que no puedo tomar más.

–Quieres decir que no puedes tomar menos –puntualizó el Sombrerero–. Es mucho más fácil tomar más que nada.

–Nadie le pedía su opinión –dijo Alicia.

–¿Quién está haciendo ahora observaciones personales? –preguntó el Sombrero en tono triunfal.

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas

 

¿A quién, más que a nadie, le interesa la paz en Colombia? ¿Quién debe asumir las banderas de la paz en el país cuando se es testigo de un regreso del péndulo hacia épocas que se intentaron dejar atrás –bajo la premisa de “no repetición– con los Acuerdos de Paz”? Al cumplirse el primer año del gobierno Duque, son múltiples las evaluaciones, por distintos actores, de cuánto se ha avanzado en la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP), en especial, en lo relacionado con el punto dos sobre participación política. Más allá de las reiteradas afirmaciones del gobierno (las más recientes en el acto de instalación de la nueva legislatura del Congreso, el pasado 20 de julio (1)) en las que reitera su compromiso para respetar y honrar el Acuerdo, se precisa contrastar lo afirmado públicamente, tanto a nivel del país como en las giras internacionales frente a interlocutores que lo han cuestionado, con los análisis realizados por diferentes organismos nacionales e internacionales que se encargan de monitorear la implementación del AFP.

El resultado del análisis es preocupante. El AFP no avanza en el sentido que su espíritu indica, los resultados a la fecha son precarios y el conflicto, lejos de haber cesado se recrudece con una ostensible falta de protección a la vida de los líderes sociales, en especial, aquellos que viven en regiones donde los poderes territoriales copan la debilidad o ausencia del Estado.

Es importante tener como punto de referencia, y a él nos vamos a referir en este artículo, el informe Profundizar la democracia para consolidar la paz, realizado por el Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd) (2).

 

El AFP, entre dos fuerzas opuestas

 

Hay que reconocer que el AFP, firmado el 24 de noviembre del 2016 por el gobierno anterior, se vio afectado en su implementación desde antes de entrar en vigencia, con la derrota en el plebiscito y hasta la entrega del mando el 7 de agosto del 2018; es decir, los últimos veinte meses del gobierno Santos no vieron un avance significativo por cuatro razones: 1) la ruptura de la bancada gobiernista que se dio con la derrota del plebiscito; el gobierno, al quedar sin mayorías en el Congreso, no logró sacar adelante las iniciativas tempranas necesarias para la implementación del AFP; 2) la insuficiente asignación presupuestal a dichas iniciativas dada la precaria situación presupuestal del gobierno en su último año de gestión; 3) el traslapo de la implementación del AFP con el proceso electoral, tanto presidencial como parlamentario, que se dio durante el 2018, lo cual generó trabajo a media marcha del andamiaje institucional responsable de echar a andar el Acuerdo y, 4) la propia decisión del Ejecutivo de darle prioridad a algunos “pilares” de la paz, como lo son la JEP, los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– y la transición de las Farc de guerrilla partido político (3).

A lo anterior, hay que sumar la correlación directa entre la inesperada derrota del Sí en el plebiscito y el triunfo de Duque, candidato presidencial del partido que lideró la oposición al AFP en el plebiscito. Por todo lo anterior, es evidente que el AFP llegó debilitado al presente cuatrienio (2018-2022) al encontrar un ambiente frío, cuando no hostil, generado principalmente por la vieja disputa política entre Santos y Uribe, y la consecuente polarización de la opinión pública entre dos visiones sobre el conflicto: una de apoyo irrestricto a la paz y otra de escepticismo disfrazado de “paz sí, pero no de ese modo”. En ese sentido, lo poco sucedido en torno a la puesta en marcha del AFP desde la llegada de Duque no ha sorprendido a nadie, aunque sí hay una característica reiterativa: en el aparente afán del Presidente de desmarcarse ubicándose algo menos a la derecha de su mentor –abiertamente enemigo del AFP– y procurar aparecer como un líder más mesurado y conciliador, su estrategia retórica, cada vez que tiene que referirse a la implementación del AFP es positiva y de vehementemente apoyo, en especial cuando se dirige a organismos internacionales, multilaterales o a líderes y mandatarios de países europeos. En esos escenarios no parecería haber duda de su compromiso con la paz y con el AFP. Por ejemplo, en la 73ª Aamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 26 de septiembre de 2018, afirmó: “Pero quiero reiterar ante esta Asamblea que nuestro propósito, el propósito de Colombia, es cumplirles a quienes han tomado el camino genuino de dejar la violencia”(4).

 

Avances aparentes en el actual gobierno

 

Otra cosa es la que se ha visto en el país. En una gimnasia aparentemente contradictoria, el Ejecutivo, al contrario de las amenazas del Centro Democrático, no “hizo trizas” el Acuerdo, sino que echó a andar muchas de las acciones que el gobierno Santos no había tocado. De esta manera estableció el Plan de Acción Oportuna para la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas (PAO) que trabaja en tres ejes: (i) articulación y reingeniería institucional para garantizar el trabajo coordinado y armonizado entre las distintas instituciones estatales responsables de la seguridad de estos actores; (ii) actuación estratégica en el territorio para atender las necesidades focalizadas y diferenciadas de cada entorno y región; (iii) estrategia de comunicaciones y capacitación, para contrarrestar la estigmatización de la condición de líder y de la actuación del Estado, así como para dar a conocer la oferta existente de programas de protección y autoprotección. Lo paradójico es que el gobierno Duque, en todo lo relacionado con el PAO, como acertadamente anota Nimd(5), no hace referencia alguna al AFP, como si quisiera invisibilizarlo y hacer casi que borrón y cuenta nueva para deslindarse de su antecesor y de sus logros con la paz. 

En cuanto al impulso establecido por el AFP a la participación de las Juntas Administradoras Locales en la elaboración de planes de desarrollo el gobierno actual realizó entre agosto y diciembre del 2018, cuarenta y ocho mesas departamentales y ocho talleres regionales a las que asistieron más de diez mil personas pertenecientes a Juntas de Acción Comunal, al Consejo Nacional de Planeación, población vulnerable, organizaciones juveniles, autoridades departamentales y municipales, representantes gremiales, veedurías ciudadanas, partidos políticos que dejaron cerca de diez mil propuestas y recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (6).

De igual modo, el AFP exigió al Gobierno garantizar el intercambio de experiencias exitosas de participación ciudadana entre las organizaciones sociales y las autoridades locales y regionales, de acuerdo con las particularidades de los diversos territorios. Para ello, se creó recientemente la Red nacional de secretarios de paz, aunque, una vez más, como anota Nimd, explícitamente no lo reconoce como un acatamiento al mandato del AFP. Esta Red opera como un espacio presencial y virtual para el intercambio de experiencias, buenas prácticas, inquietudes y desafíos que tienen los gobiernos locales y las comunidades en busca de la construcción de una paz integral y sostenible. 

En cuanto al estatuto de la oposición, este fue aprobado como resultado del AFP, un “marco general para el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones políticas y de algunos derechos de las organizaciones independientes”. Si bien entró a regir en julio de 2018, un mes antes de llegar el nuevo gobierno, el Consejo Nacional Electoral lo fortaleció y viabilizó en diciembre al reglamentar parte de su articulado, específicamente las pautas de financiamiento y el acceso a medios de comunicación. De esa manera, la resolución estableció que las agrupaciones que se declaren en oposición al Gobierno tendrán acceso de manera equitativa a los medios de comunicación para controvertir las alocuciones que hagan funcionarios de alto gobierno (7); que la distribución de estos espacios serán sorteadas públicamente por el CNE y corresponderán a 30 minutos mensuales en las franjas de mayor sintonía en medios con cobertura nacional; que en caso de información tergiversada los partidos en oposición contarán con el derecho de réplica en los mismos medios de comunicación, horario, espacio y lugar en donde se haya publicado el dato original; que el CNE creará una comisión de monitoreo para comprobar que se están cumpliendo estos derechos; que estas agrupaciones tendrán derecho al acceso a la información y documentación oficial dentro de los cinco días siguientes a la solicitud que hagan; que los recursos para la financiación se distribuirán entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica declarados en oposición conforme a la normatividad vigentes; que estas agrupaciones deberán desagregar estos dineros del total de ingresos y gastos en sus informes anuales, entre otras cosas.

Otra de las tareas establecidas en el AFP cumplidas por Duque es la creación de un sistema de alertas tempranas sobre riesgos de seguridad en contra de líderes, organizaciones y defensores de derechos humanos y las que mejoran el monitoreo de las nuevas expresiones de violencia y ayudan a prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, las amenazas y las intimidaciones a sectores sociales que promueven la reivindicación de derechos y la implementación del Acuerdo.

Esto se consiguió a través del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida frente a organizaciones y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los Acuerdos de Paz, firmado por la Defensoría del Pueblo con la Organización de las Naciones Unidas. Si bien fue una iniciativa gestada durante la administración Santos, como dice Nimd (8), el haber sido oficializada durante la primera Asamblea General de las Naciones Unidas en la que intervino Duque, y el haber recibido su apoyo y ratificación, le da cierto hálito de política de Estado que podría invitar al optimismo. 

Otro caso es la continuidad que se le ha dado al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), creado en 2017 en cumplimiento de varias de las tareas establecidas en el AFP. El gobierno Duque, en un decreto que sorprende por hacer abierta referencia a la implementación del Acuerdo “nombró como delegado presidencial ante esta instancia a su Alto Consejero para el Posconflicto (ahora mudó su nombre a Consejería para la Estabilización y la Consolidación, omitiendo, explícitamente, la palabra posconflicto) a Emilio Archila, a quien se le otorga, además, la secretaría técnica del Sisep y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Cngs), así como participación en la Mesa técnica de seguridad y protección del Programa de Protección Especializada (Art. 2); nombramientos que, en principio, “podrían ser vistos como un espaldarazo al Sistema y la prolongación de los esfuerzos en la materia” (9).

Por último, es necesario mencionar la firma por parte del Gobierno del Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos, en el marco de una de las Mesas por la protección de la vida convocadas por la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior es importante por cuanto el Gobierno se comprometió a iniciar de manera inmediata la elaboración de una Política pública de prevención y protección integral con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial.

En resumen, el Gobierno actual se ha concentrado en dos tipos de tareas: aquellas relacionadas con garantizar la seguridad de quienes participan en políticas y las que tienen el objetivo de facilitar la participación política ciudadana y el control social. Esto habla más de la capacidad del Presidente como un administrador de Estado que como un jefe de Estado, como comienza a afirmar un sector de los intelectuales que lo ha apoyado desde la campaña: “Duque no ofrece ningún proyecto, salvo administrar bien lo que hay” (10).

 

La otra cara de la moneda: Retrocesos cualitativos

 

Los anteriores avances, si bien no son desdeñables, no son, ni mucho menos, para salir a celebrar. Nimd en su informe puntualiza de qué manera el gobierno Duque, si bien superficialmente ha hecho progresos cuantitativos en la implementación el Acuerdo, se ha desviado del espíritu que anima al mismo: “se percibe un estancamiento e incluso un retroceso con respecto a lo que se alcanzó a hacer en el cuatrienio anterior, y especialmente, con relación al ‘espíritu’ del Acuerdo”.

Es doblemente preocupante que los atentados y asesinatos de líderes sociales no hayan parado desde el inicio del actual gobierno. En primer lugar, si bien es difícil contar con cifras actualizadas, el defensor del pueblo, Carlos Negret, aseguró que en Colombia se registraron 196 asesinatos de líderes sociales entre marzo del 2018 y mayo del 2019, siendo junio y julio del año pasado los meses más críticos. El funcionario reveló que durante este periodo de tiempo se registraron 1.608 conductas vulneradoras “de las cuales fueron 1.351 amenazas, 44 atentados, 196 homicidios y 17 de otra clase de amenazas”, siendo Magdalena, Cauca, Atlántico y Bogotá, las regiones con mayor número de amenazas. En cuanto a atentados, el Defensor aseguró que “el que se lleva el deshonroso primer lugar es Norte de Santander”, y reveló que hasta el momento se han registrado “134 líderes asesinados de excombatientes” que pertenecieron a las Farc (11).

Sin embargo, más allá de los números que hablan por sí solos; y bien podría argumentarse que se trata de un problema estructural el cual toma tiempo torcer la tendencia, es aún más preocupante, como señala Nimd que las políticas implantadas por el gobierno Duque están “priorizando un modelo de seguridad que va en contravía con lo pactado en el Acuerdo, que no parecen estar teniendo en cuenta los intereses y reclamos de los actores que precisamente están buscando beneficiar y que, en ocasiones, parecieran estar pensadas para un país que está entrando en un conflicto armado” (12)  y no precisamente, en uno que está intentando salir de él.

El ejemplo irrefutable es el PAO, calificado por distintas organizaciones y plataformas de derechos humanos como “totalmente militarista”, encaminado a que prevalezca “la intervención militar y policial por encima del accionar integral del Estado para la superación de la violencia en las regiones”(13). El PAO apela a viejas estrategias de épocas de guerra como mayor inteligencia, mayor presencia de la Fuerza Pública, mayor coordinación entre Fuerzas Militares y de Policía y le da demasiada preponderancia al sector defensa, mientras que en los municipios donde se están asesinando a los líderes sociales hace falta una intervención integral del Estado. En otras palabras, el PAO recuerda las épocas de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe 2002-2010.

En el mismo orden de ideas, hay que resaltar que uno de los fines del PAO es construir una nueva política pública integral para la garantía de la defensa de los derechos humanos, con ello se soslaya la arquitectura institucional diseñada con el Sisep (Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política) y la Cngs (Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tiene como tarea diseñar y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo aquellas que afectan a líderes y defensores de derechos humanos y movimientos sociales). Estas, aunque el Gobierno Duque se comprometió públicamente a darles continuidad y a fortalecerlas, en la práctica, ha hecho todo lo contrario. La Cngs, por ejemplo, entre agosto y diciembre de 2018 fue convocada una sola vez, a pesar de que la norma obliga al Ejecutivo a hacerlo mensualmente. Por el contrario, en este periodo el Gobierno no solo creó la Comisión intersectorial para el PAO sino que le otorgó varias de las funciones propias de la Cngs con el agravante de que la primera no tiene representación de la sociedad civil. Es decir, la principal estrategia gubernamental para proteger a los líderes y organizaciones sociales y políticas se está diseñando sin tenerlos en cuenta directamente (14).

Otros ejemplos son la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización, diseñada entre 2017 y 2018 a través de un proceso participativo subregional con la participación de la Cngs; esta política sigue sin ser aprobada por el gobierno Duque; lo mismo ocurre con los Planes piloto de seguridad a líderes, una serie de estrategias identificadas y priorizadas con líderes y organizaciones sociales en el Cauca, Nariño, Norte de Santander y Córdoba, departamentos que muestran el mayor índice de violencia contra líderes sociales (15).

De nuevo aparece la tendencia del actual gobierno del doble discurso: afirmar públicamente una cosa y actuar de manera contraria, como dice Nimd “como una marcada intención por desmontar el enfoque concertado y civil presente en las políticas sobre el tema de los últimos ocho años, para reemplazarlo por uno que privilegia lo policial y lo militar”.

El sistema de justicia transicional del Acuerdo, cristalizado con la JEP, ha sido víctima de continuos ataques por parte del Gobierno: primero con una serie de objeciones que se intentaron hacer previo a la sanción presidencial –y que fueron derrotadas por el Congreso y la Corte Constitucional–, luego con una de las formas más eficientes de asfixiar un proyecto político y social: cortándole los recursos necesarios para operar, maniobra conocida de manera informal como “el hachazo presupuestal” a la JEP (16). A comienzos de julio el Gobierno anunció que el presupuesto asignado a la JEP y a las demás entidades encargadas de desarrollar los programas del AFP, tendrá para el 2020 un recorte del treinta por ciento con relación al del 2019 y por último, con el referendo para acabar con la JEP que tratan de gestar desde los toldos del Centro Democrático, con la recolección de firmas entre los ciudadanos. De nuevo el doble discurso…

 

Estrategias de la sociedad civil para la construcción de la paz

 

Ante semejante panorama –y con el agravante de que apenas se cumple el primer año del cuatrienio Duque– se torna evidente e imperativo que le corresponde a la sociedad civil –apoyada por la siempre presente comunidad internacional– asumir la defensa del AFP para promover múltiples estrategias para la construcción de la paz. Y así ya está sucediendo. La paz no es huérfana: un conjunto de sectores políticos y sociales lidera actualmente la plataforma Defendamos la Paz, expresión de una verdadera movilización en respaldo a los acuerdos firmados en noviembre de 2016. Las transformaciones estructurales que plantea el AFP le imprimen a la movilización que lo respalda un sello político que se suma a los cambios culturales buscados por la misma movilización. Este doble proyecto, político y cultural, enmarca los retos de la sociedad colombiana: una sociedad en la que se pueda convivir y resolver los desacuerdos sin la mediación de la violencia, a pesar de las diferencias existentes a su interior (17).

“La construcción de paz –afirma, por su parte, Galindo Español, investigador del Cinep/PPP– no es solamente una tarea del Estado, sino para que sea exitosa es necesaria la participación activa de la sociedad civil en acciones enfocadas a promover una cultura de paz en Colombia. En este sentido, en el interior del país, la movilización social por la paz acompañó el proceso creando un ambiente favorable para la implementación, a través de una serie de expresiones sociales denominadas Acciones Colectivas por la Paz (ACP) (18).

La paz, como proyecto público, sostiene Velásquez (2019) –también del Cinep/PPP– “tiene como núcleo la construcción de una sociedad en la que intereses diferentes puedan convivir sobre la base de reglas de juego acogidas por todos y todas, sin que sea necesario recurrir a la violencia y a la eliminación del adversario como camino para la solución de los desacuerdos. Pero también es un proyecto cultural, que debe inspirarse en nuevas concepciones del mundo y de la vida, en imaginarios y prácticas que promuevan una convivencia democrática, incluyente, sin violencias ni autoritarismos. Como proyecto político y cultural, la paz es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto” (19).

Es allí donde cobra sentido la movilización de la sociedad por la paz. Dicho de manera resumida, se recoge aquí lo dicho por Velásquez: “Las diferentes estrategias de acción colectiva […] muestran no solo la dinámica de grupos sociales de distinta procedencia, sino la diversidad de formas, territorios, escenarios y modalidades de actuación desplegadas a lo largo de la negociación. Es esa masa crítica de víctimas del conflicto, de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, de intelectuales y demócratas, en el campo y en las ciudades, la que tendrá la gran responsabilidad de defender la paz ante las minorías que reditúan económica y/o políticamente de la guerra y que quieren mantener los privilegios que les otorga el manejo de los hilos del poder. La paz es un proyecto político de largo aliento y deberá contar con una fuerte base social de apoyo y sostenibilidad que haga contrapeso a esas élites excluyentes” (20).

 

A modo de conclusión

 

Al AFP no se le puede dejar solo y confiar en que el Gobierno ponga en operación las múltiples estrategias, iniciativas y tareas que están establecidas allí. Se ha visto, como está demostrado en estas líneas, de que manera el Gobierno desdice con sus acciones lo que afirma públicamente dentro y fuera del país. Para ello, corresponde a la sociedad civil hacer el contrapeso necesario para que el Acuerdo perviva y se convierta, pese a todos los obstáculos y dificultades que atraviesa, en los cimientos de la construcción de lo que hemos llamado, en otro escrito (21), la fundación de una Segunda República en Colombia.

 

1. El presidente, en su alocución al Congreso, dijo: “Todos queremos la paz, todos vamos a trabajar por ella, pero tiene que ser una paz que brinde Legalidad a todo el territorio. Por eso, reiteramos nuestra convicción en la reincorporación de los excombatientes, y nuestra voluntad para apoyar y respaldar a quienes genuinamente renuncien a la violencia y opten por el camino de la Legalidad.” En https://www.elheraldo.co/colombia/lea-aqui-el-discurso-completo-del-presidente-duque-en-instalacion-de-las-sesiones.

2.  Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd), (2019)  Profundizar la democracia para consolidar la paz, avances en la implementación del punto dos del Acuerdo Final de Paz, relativo a  la participación política,  Bogotá.

3. Nimd, pp. 21-22.

4. Nimd, p. 23.

5. Nimd, p. 25.

6. Nimd, p. 25.

7. El anterior presidente del Congreso, en el día que entregaba su cargo, el 20 de julio pasado, le hizo una jiugada a la oposición para sabotear su derecho a contradecir al Presidente en su alocución

8.  Nimd, p. 28.

9. Nimd, p. 29.

10.  Duncan, G., “Jugadita”, en El Tiempo, Bogotá, 25 julio, 2019.

11. RCN, recuperado el 22 de julio 2019: https://www.rcnradio.com/colombia/en-un-ano-196-lideres-fueron-asesinados-en-colombia-defensoria-del-pueblo

12.  Nimd, p. 33.

13. El Espectador, 2019, citado por Nimd, p. 33. 

14. Nimd, p. 34.

15.  Nimd, p. 35.

16.  Restrepo, J.C., (2019) “El hachazo presupuestal en la JEP,” en Razón pública, en https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/12126-el-hachazo-presupuestal-a-la-jep.html

17.  Cinep/PPP en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf

18.  Galindo, A.M. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

19. Velásquez, F.E. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

20.  Ibid., p. 3.

21.  Potdevin, P., “Nuevas culturas para la fundación de una Segunda República” en Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº 190, julio 2019, pp. 7-9.

* Escritor, integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.

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Oscar Pinto, Máscara, 40 x 60 cm. (Cortesía del autor)

–Toma un poco más de té –ofreció solícita 

la Liebre de Marzo.

–Hasta ahora no he tomado nada –protestó Alicia en tono ofendido–, de modo que no puedo tomar más.

–Quieres decir que no puedes tomar menos –puntualizó el Sombrerero–. Es mucho más fácil tomar más que nada.

–Nadie le pedía su opinión –dijo Alicia.

–¿Quién está haciendo ahora observaciones personales? –preguntó el Sombrero en tono triunfal.

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas

 

¿A quién, más que a nadie, le interesa la paz en Colombia? ¿Quién debe asumir las banderas de la paz en el país cuando se es testigo de un regreso del péndulo hacia épocas que se intentaron dejar atrás –bajo la premisa de “no repetición– con los Acuerdos de Paz”? Al cumplirse el primer año del gobierno Duque, son múltiples las evaluaciones, por distintos actores, de cuánto se ha avanzado en la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP), en especial, en lo relacionado con el punto dos sobre participación política. Más allá de las reiteradas afirmaciones del gobierno (las más recientes en el acto de instalación de la nueva legislatura del Congreso, el pasado 20 de julio (1)) en las que reitera su compromiso para respetar y honrar el Acuerdo, se precisa contrastar lo afirmado públicamente, tanto a nivel del país como en las giras internacionales frente a interlocutores que lo han cuestionado, con los análisis realizados por diferentes organismos nacionales e internacionales que se encargan de monitorear la implementación del AFP.

El resultado del análisis es preocupante. El AFP no avanza en el sentido que su espíritu indica, los resultados a la fecha son precarios y el conflicto, lejos de haber cesado se recrudece con una ostensible falta de protección a la vida de los líderes sociales, en especial, aquellos que viven en regiones donde los poderes territoriales copan la debilidad o ausencia del Estado.

Es importante tener como punto de referencia, y a él nos vamos a referir en este artículo, el informe Profundizar la democracia para consolidar la paz, realizado por el Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd) (2).

 

El AFP, entre dos fuerzas opuestas

 

Hay que reconocer que el AFP, firmado el 24 de noviembre del 2016 por el gobierno anterior, se vio afectado en su implementación desde antes de entrar en vigencia, con la derrota en el plebiscito y hasta la entrega del mando el 7 de agosto del 2018; es decir, los últimos veinte meses del gobierno Santos no vieron un avance significativo por cuatro razones: 1) la ruptura de la bancada gobiernista que se dio con la derrota del plebiscito; el gobierno, al quedar sin mayorías en el Congreso, no logró sacar adelante las iniciativas tempranas necesarias para la implementación del AFP; 2) la insuficiente asignación presupuestal a dichas iniciativas dada la precaria situación presupuestal del gobierno en su último año de gestión; 3) el traslapo de la implementación del AFP con el proceso electoral, tanto presidencial como parlamentario, que se dio durante el 2018, lo cual generó trabajo a media marcha del andamiaje institucional responsable de echar a andar el Acuerdo y, 4) la propia decisión del Ejecutivo de darle prioridad a algunos “pilares” de la paz, como lo son la JEP, los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– y la transición de las Farc de guerrilla partido político (3).

A lo anterior, hay que sumar la correlación directa entre la inesperada derrota del Sí en el plebiscito y el triunfo de Duque, candidato presidencial del partido que lideró la oposición al AFP en el plebiscito. Por todo lo anterior, es evidente que el AFP llegó debilitado al presente cuatrienio (2018-2022) al encontrar un ambiente frío, cuando no hostil, generado principalmente por la vieja disputa política entre Santos y Uribe, y la consecuente polarización de la opinión pública entre dos visiones sobre el conflicto: una de apoyo irrestricto a la paz y otra de escepticismo disfrazado de “paz sí, pero no de ese modo”. En ese sentido, lo poco sucedido en torno a la puesta en marcha del AFP desde la llegada de Duque no ha sorprendido a nadie, aunque sí hay una característica reiterativa: en el aparente afán del Presidente de desmarcarse ubicándose algo menos a la derecha de su mentor –abiertamente enemigo del AFP– y procurar aparecer como un líder más mesurado y conciliador, su estrategia retórica, cada vez que tiene que referirse a la implementación del AFP es positiva y de vehementemente apoyo, en especial cuando se dirige a organismos internacionales, multilaterales o a líderes y mandatarios de países europeos. En esos escenarios no parecería haber duda de su compromiso con la paz y con el AFP. Por ejemplo, en la 73ª Aamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 26 de septiembre de 2018, afirmó: “Pero quiero reiterar ante esta Asamblea que nuestro propósito, el propósito de Colombia, es cumplirles a quienes han tomado el camino genuino de dejar la violencia”(4).

 

Avances aparentes en el actual gobierno

 

Otra cosa es la que se ha visto en el país. En una gimnasia aparentemente contradictoria, el Ejecutivo, al contrario de las amenazas del Centro Democrático, no “hizo trizas” el Acuerdo, sino que echó a andar muchas de las acciones que el gobierno Santos no había tocado. De esta manera estableció el Plan de Acción Oportuna para la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas (PAO) que trabaja en tres ejes: (i) articulación y reingeniería institucional para garantizar el trabajo coordinado y armonizado entre las distintas instituciones estatales responsables de la seguridad de estos actores; (ii) actuación estratégica en el territorio para atender las necesidades focalizadas y diferenciadas de cada entorno y región; (iii) estrategia de comunicaciones y capacitación, para contrarrestar la estigmatización de la condición de líder y de la actuación del Estado, así como para dar a conocer la oferta existente de programas de protección y autoprotección. Lo paradójico es que el gobierno Duque, en todo lo relacionado con el PAO, como acertadamente anota Nimd(5), no hace referencia alguna al AFP, como si quisiera invisibilizarlo y hacer casi que borrón y cuenta nueva para deslindarse de su antecesor y de sus logros con la paz. 

En cuanto al impulso establecido por el AFP a la participación de las Juntas Administradoras Locales en la elaboración de planes de desarrollo el gobierno actual realizó entre agosto y diciembre del 2018, cuarenta y ocho mesas departamentales y ocho talleres regionales a las que asistieron más de diez mil personas pertenecientes a Juntas de Acción Comunal, al Consejo Nacional de Planeación, población vulnerable, organizaciones juveniles, autoridades departamentales y municipales, representantes gremiales, veedurías ciudadanas, partidos políticos que dejaron cerca de diez mil propuestas y recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (6).

De igual modo, el AFP exigió al Gobierno garantizar el intercambio de experiencias exitosas de participación ciudadana entre las organizaciones sociales y las autoridades locales y regionales, de acuerdo con las particularidades de los diversos territorios. Para ello, se creó recientemente la Red nacional de secretarios de paz, aunque, una vez más, como anota Nimd, explícitamente no lo reconoce como un acatamiento al mandato del AFP. Esta Red opera como un espacio presencial y virtual para el intercambio de experiencias, buenas prácticas, inquietudes y desafíos que tienen los gobiernos locales y las comunidades en busca de la construcción de una paz integral y sostenible. 

En cuanto al estatuto de la oposición, este fue aprobado como resultado del AFP, un “marco general para el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones políticas y de algunos derechos de las organizaciones independientes”. Si bien entró a regir en julio de 2018, un mes antes de llegar el nuevo gobierno, el Consejo Nacional Electoral lo fortaleció y viabilizó en diciembre al reglamentar parte de su articulado, específicamente las pautas de financiamiento y el acceso a medios de comunicación. De esa manera, la resolución estableció que las agrupaciones que se declaren en oposición al Gobierno tendrán acceso de manera equitativa a los medios de comunicación para controvertir las alocuciones que hagan funcionarios de alto gobierno (7); que la distribución de estos espacios serán sorteadas públicamente por el CNE y corresponderán a 30 minutos mensuales en las franjas de mayor sintonía en medios con cobertura nacional; que en caso de información tergiversada los partidos en oposición contarán con el derecho de réplica en los mismos medios de comunicación, horario, espacio y lugar en donde se haya publicado el dato original; que el CNE creará una comisión de monitoreo para comprobar que se están cumpliendo estos derechos; que estas agrupaciones tendrán derecho al acceso a la información y documentación oficial dentro de los cinco días siguientes a la solicitud que hagan; que los recursos para la financiación se distribuirán entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica declarados en oposición conforme a la normatividad vigentes; que estas agrupaciones deberán desagregar estos dineros del total de ingresos y gastos en sus informes anuales, entre otras cosas.

Otra de las tareas establecidas en el AFP cumplidas por Duque es la creación de un sistema de alertas tempranas sobre riesgos de seguridad en contra de líderes, organizaciones y defensores de derechos humanos y las que mejoran el monitoreo de las nuevas expresiones de violencia y ayudan a prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, las amenazas y las intimidaciones a sectores sociales que promueven la reivindicación de derechos y la implementación del Acuerdo.

Esto se consiguió a través del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida frente a organizaciones y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los Acuerdos de Paz, firmado por la Defensoría del Pueblo con la Organización de las Naciones Unidas. Si bien fue una iniciativa gestada durante la administración Santos, como dice Nimd (8), el haber sido oficializada durante la primera Asamblea General de las Naciones Unidas en la que intervino Duque, y el haber recibido su apoyo y ratificación, le da cierto hálito de política de Estado que podría invitar al optimismo. 

Otro caso es la continuidad que se le ha dado al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), creado en 2017 en cumplimiento de varias de las tareas establecidas en el AFP. El gobierno Duque, en un decreto que sorprende por hacer abierta referencia a la implementación del Acuerdo “nombró como delegado presidencial ante esta instancia a su Alto Consejero para el Posconflicto (ahora mudó su nombre a Consejería para la Estabilización y la Consolidación, omitiendo, explícitamente, la palabra posconflicto) a Emilio Archila, a quien se le otorga, además, la secretaría técnica del Sisep y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Cngs), así como participación en la Mesa técnica de seguridad y protección del Programa de Protección Especializada (Art. 2); nombramientos que, en principio, “podrían ser vistos como un espaldarazo al Sistema y la prolongación de los esfuerzos en la materia” (9).

Por último, es necesario mencionar la firma por parte del Gobierno del Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos, en el marco de una de las Mesas por la protección de la vida convocadas por la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior es importante por cuanto el Gobierno se comprometió a iniciar de manera inmediata la elaboración de una Política pública de prevención y protección integral con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial.

En resumen, el Gobierno actual se ha concentrado en dos tipos de tareas: aquellas relacionadas con garantizar la seguridad de quienes participan en políticas y las que tienen el objetivo de facilitar la participación política ciudadana y el control social. Esto habla más de la capacidad del Presidente como un administrador de Estado que como un jefe de Estado, como comienza a afirmar un sector de los intelectuales que lo ha apoyado desde la campaña: “Duque no ofrece ningún proyecto, salvo administrar bien lo que hay” (10).

 

La otra cara de la moneda: Retrocesos cualitativos

 

Los anteriores avances, si bien no son desdeñables, no son, ni mucho menos, para salir a celebrar. Nimd en su informe puntualiza de qué manera el gobierno Duque, si bien superficialmente ha hecho progresos cuantitativos en la implementación el Acuerdo, se ha desviado del espíritu que anima al mismo: “se percibe un estancamiento e incluso un retroceso con respecto a lo que se alcanzó a hacer en el cuatrienio anterior, y especialmente, con relación al ‘espíritu’ del Acuerdo”.

Es doblemente preocupante que los atentados y asesinatos de líderes sociales no hayan parado desde el inicio del actual gobierno. En primer lugar, si bien es difícil contar con cifras actualizadas, el defensor del pueblo, Carlos Negret, aseguró que en Colombia se registraron 196 asesinatos de líderes sociales entre marzo del 2018 y mayo del 2019, siendo junio y julio del año pasado los meses más críticos. El funcionario reveló que durante este periodo de tiempo se registraron 1.608 conductas vulneradoras “de las cuales fueron 1.351 amenazas, 44 atentados, 196 homicidios y 17 de otra clase de amenazas”, siendo Magdalena, Cauca, Atlántico y Bogotá, las regiones con mayor número de amenazas. En cuanto a atentados, el Defensor aseguró que “el que se lleva el deshonroso primer lugar es Norte de Santander”, y reveló que hasta el momento se han registrado “134 líderes asesinados de excombatientes” que pertenecieron a las Farc (11).

Sin embargo, más allá de los números que hablan por sí solos; y bien podría argumentarse que se trata de un problema estructural el cual toma tiempo torcer la tendencia, es aún más preocupante, como señala Nimd que las políticas implantadas por el gobierno Duque están “priorizando un modelo de seguridad que va en contravía con lo pactado en el Acuerdo, que no parecen estar teniendo en cuenta los intereses y reclamos de los actores que precisamente están buscando beneficiar y que, en ocasiones, parecieran estar pensadas para un país que está entrando en un conflicto armado” (12)  y no precisamente, en uno que está intentando salir de él.

El ejemplo irrefutable es el PAO, calificado por distintas organizaciones y plataformas de derechos humanos como “totalmente militarista”, encaminado a que prevalezca “la intervención militar y policial por encima del accionar integral del Estado para la superación de la violencia en las regiones”(13). El PAO apela a viejas estrategias de épocas de guerra como mayor inteligencia, mayor presencia de la Fuerza Pública, mayor coordinación entre Fuerzas Militares y de Policía y le da demasiada preponderancia al sector defensa, mientras que en los municipios donde se están asesinando a los líderes sociales hace falta una intervención integral del Estado. En otras palabras, el PAO recuerda las épocas de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe 2002-2010.

En el mismo orden de ideas, hay que resaltar que uno de los fines del PAO es construir una nueva política pública integral para la garantía de la defensa de los derechos humanos, con ello se soslaya la arquitectura institucional diseñada con el Sisep (Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política) y la Cngs (Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tiene como tarea diseñar y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo aquellas que afectan a líderes y defensores de derechos humanos y movimientos sociales). Estas, aunque el Gobierno Duque se comprometió públicamente a darles continuidad y a fortalecerlas, en la práctica, ha hecho todo lo contrario. La Cngs, por ejemplo, entre agosto y diciembre de 2018 fue convocada una sola vez, a pesar de que la norma obliga al Ejecutivo a hacerlo mensualmente. Por el contrario, en este periodo el Gobierno no solo creó la Comisión intersectorial para el PAO sino que le otorgó varias de las funciones propias de la Cngs con el agravante de que la primera no tiene representación de la sociedad civil. Es decir, la principal estrategia gubernamental para proteger a los líderes y organizaciones sociales y políticas se está diseñando sin tenerlos en cuenta directamente (14).

Otros ejemplos son la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización, diseñada entre 2017 y 2018 a través de un proceso participativo subregional con la participación de la Cngs; esta política sigue sin ser aprobada por el gobierno Duque; lo mismo ocurre con los Planes piloto de seguridad a líderes, una serie de estrategias identificadas y priorizadas con líderes y organizaciones sociales en el Cauca, Nariño, Norte de Santander y Córdoba, departamentos que muestran el mayor índice de violencia contra líderes sociales (15).

De nuevo aparece la tendencia del actual gobierno del doble discurso: afirmar públicamente una cosa y actuar de manera contraria, como dice Nimd “como una marcada intención por desmontar el enfoque concertado y civil presente en las políticas sobre el tema de los últimos ocho años, para reemplazarlo por uno que privilegia lo policial y lo militar”.

El sistema de justicia transicional del Acuerdo, cristalizado con la JEP, ha sido víctima de continuos ataques por parte del Gobierno: primero con una serie de objeciones que se intentaron hacer previo a la sanción presidencial –y que fueron derrotadas por el Congreso y la Corte Constitucional–, luego con una de las formas más eficientes de asfixiar un proyecto político y social: cortándole los recursos necesarios para operar, maniobra conocida de manera informal como “el hachazo presupuestal” a la JEP (16). A comienzos de julio el Gobierno anunció que el presupuesto asignado a la JEP y a las demás entidades encargadas de desarrollar los programas del AFP, tendrá para el 2020 un recorte del treinta por ciento con relación al del 2019 y por último, con el referendo para acabar con la JEP que tratan de gestar desde los toldos del Centro Democrático, con la recolección de firmas entre los ciudadanos. De nuevo el doble discurso…

 

Estrategias de la sociedad civil para la construcción de la paz

 

Ante semejante panorama –y con el agravante de que apenas se cumple el primer año del cuatrienio Duque– se torna evidente e imperativo que le corresponde a la sociedad civil –apoyada por la siempre presente comunidad internacional– asumir la defensa del AFP para promover múltiples estrategias para la construcción de la paz. Y así ya está sucediendo. La paz no es huérfana: un conjunto de sectores políticos y sociales lidera actualmente la plataforma Defendamos la Paz, expresión de una verdadera movilización en respaldo a los acuerdos firmados en noviembre de 2016. Las transformaciones estructurales que plantea el AFP le imprimen a la movilización que lo respalda un sello político que se suma a los cambios culturales buscados por la misma movilización. Este doble proyecto, político y cultural, enmarca los retos de la sociedad colombiana: una sociedad en la que se pueda convivir y resolver los desacuerdos sin la mediación de la violencia, a pesar de las diferencias existentes a su interior (17).

“La construcción de paz –afirma, por su parte, Galindo Español, investigador del Cinep/PPP– no es solamente una tarea del Estado, sino para que sea exitosa es necesaria la participación activa de la sociedad civil en acciones enfocadas a promover una cultura de paz en Colombia. En este sentido, en el interior del país, la movilización social por la paz acompañó el proceso creando un ambiente favorable para la implementación, a través de una serie de expresiones sociales denominadas Acciones Colectivas por la Paz (ACP) (18).

La paz, como proyecto público, sostiene Velásquez (2019) –también del Cinep/PPP– “tiene como núcleo la construcción de una sociedad en la que intereses diferentes puedan convivir sobre la base de reglas de juego acogidas por todos y todas, sin que sea necesario recurrir a la violencia y a la eliminación del adversario como camino para la solución de los desacuerdos. Pero también es un proyecto cultural, que debe inspirarse en nuevas concepciones del mundo y de la vida, en imaginarios y prácticas que promuevan una convivencia democrática, incluyente, sin violencias ni autoritarismos. Como proyecto político y cultural, la paz es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto” (19).

Es allí donde cobra sentido la movilización de la sociedad por la paz. Dicho de manera resumida, se recoge aquí lo dicho por Velásquez: “Las diferentes estrategias de acción colectiva […] muestran no solo la dinámica de grupos sociales de distinta procedencia, sino la diversidad de formas, territorios, escenarios y modalidades de actuación desplegadas a lo largo de la negociación. Es esa masa crítica de víctimas del conflicto, de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, de intelectuales y demócratas, en el campo y en las ciudades, la que tendrá la gran responsabilidad de defender la paz ante las minorías que reditúan económica y/o políticamente de la guerra y que quieren mantener los privilegios que les otorga el manejo de los hilos del poder. La paz es un proyecto político de largo aliento y deberá contar con una fuerte base social de apoyo y sostenibilidad que haga contrapeso a esas élites excluyentes” (20).

 

A modo de conclusión

 

Al AFP no se le puede dejar solo y confiar en que el Gobierno ponga en operación las múltiples estrategias, iniciativas y tareas que están establecidas allí. Se ha visto, como está demostrado en estas líneas, de que manera el Gobierno desdice con sus acciones lo que afirma públicamente dentro y fuera del país. Para ello, corresponde a la sociedad civil hacer el contrapeso necesario para que el Acuerdo perviva y se convierta, pese a todos los obstáculos y dificultades que atraviesa, en los cimientos de la construcción de lo que hemos llamado, en otro escrito (21), la fundación de una Segunda República en Colombia.

 

1. El presidente, en su alocución al Congreso, dijo: “Todos queremos la paz, todos vamos a trabajar por ella, pero tiene que ser una paz que brinde Legalidad a todo el territorio. Por eso, reiteramos nuestra convicción en la reincorporación de los excombatientes, y nuestra voluntad para apoyar y respaldar a quienes genuinamente renuncien a la violencia y opten por el camino de la Legalidad.” En https://www.elheraldo.co/colombia/lea-aqui-el-discurso-completo-del-presidente-duque-en-instalacion-de-las-sesiones.

2.  Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd), (2019)  Profundizar la democracia para consolidar la paz, avances en la implementación del punto dos del Acuerdo Final de Paz, relativo a  la participación política,  Bogotá.

3. Nimd, pp. 21-22.

4. Nimd, p. 23.

5. Nimd, p. 25.

6. Nimd, p. 25.

7. El anterior presidente del Congreso, en el día que entregaba su cargo, el 20 de julio pasado, le hizo una jiugada a la oposición para sabotear su derecho a contradecir al Presidente en su alocución

8.  Nimd, p. 28.

9. Nimd, p. 29.

10.  Duncan, G., “Jugadita”, en El Tiempo, Bogotá, 25 julio, 2019.

11. RCN, recuperado el 22 de julio 2019: https://www.rcnradio.com/colombia/en-un-ano-196-lideres-fueron-asesinados-en-colombia-defensoria-del-pueblo

12.  Nimd, p. 33.

13. El Espectador, 2019, citado por Nimd, p. 33. 

14. Nimd, p. 34.

15.  Nimd, p. 35.

16.  Restrepo, J.C., (2019) “El hachazo presupuestal en la JEP,” en Razón pública, en https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/12126-el-hachazo-presupuestal-a-la-jep.html

17.  Cinep/PPP en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf

18.  Galindo, A.M. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

19. Velásquez, F.E. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

20.  Ibid., p. 3.

21.  Potdevin, P., “Nuevas culturas para la fundación de una Segunda República” en Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº 190, julio 2019, pp. 7-9.

* Escritor, integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.

Delcy Rodríguez conversa con Enrique Iglesias, enviado de la UE.  Imagen: EFE

Las conversaciones se realizan en Barbados

El opositor venezolano Juan Guaidó anunció el mismo día que retoma el diálogo con el gobierno de Maduro pero a la vez que buscará avanzar por la salida intervencionista al conflicto.

 

 El gobierno venezolano y la oposición regresaron al diálogo. El anuncio del reinicio de los acercamientos llegó una semana después de que el diputado Juan Guaidó anunciara que no reanudaría ningún diálogo. La noticia, en cambio, ratificó lo que el presidente Nicolás Maduro había sostenido al afirmar que los diálogos continuaban y que habría novedades que fueron finalmente confirmadas.

La delegación del gobierno llegó hoy por la mañana a Barbados, para “continuar con el diálogo de paz, auspiciado por el gobierno del Reino de Noruega e iniciado con la oposición venezolana el pasado 14 de mayo del presente año en curso”. La mesa de diálogo en Barbados es así la tercera instancia de acercamiento pública, dentro de un trabajo de varios meses de conversaciones que se mantuvo en privado, como lo afirmó Maduro al explicar la génesis de los primeros pasos en Oslo.

El comunicado del gobierno también condenó las declaraciones de Guaidó que “promueve la violencia, el insulto, la inconstitucionalidad y una retórica bipolar que no se corresponde con las pautas presentadas por los auspiciantes del diálogo y aceptadas por las partes el 25 de mayo de 2019”.

En efecto el día domingo Guaidó anunció que la Asamblea Nacional aprobará el pedido de ingreso al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) y que luego deberán “construir el respaldo de los demás países de la región para este mecanismo cuya aprobación final pasará en la Organización de Estados Americanos (OEA)”. El Tiar, que es un pacto de defensa mutua interamericana suscrito en 1947, del cual se retiró Venezuela en el 2012 junto con Bolivia, Nicaragua y Ecuador, conlleva la posibilidad de solicitar la conformación de una coalición de fuerzas interamericanas para llevar adelante una intervención militar.

Guaidó anunció de esta manera en un mismo día que regresará al diálogo y que buscará avanzar por la salida intervencionista al conflicto. Detrás de esa aparente bipolaridad se encuentran las tensiones que existen dentro de una oposición heterogénea, en disputas internas, donde el sector de Guaidó necesita contener las diferentes posturas, tanto aquellas que acuerdan con un diálogo como con las que plantean que la única solución posible es la fuerza militar.

Además, el anuncio del pedido de reingreso al Tiar a la OEA forma parte de las cartas que la oposición busca poner sobre la mesa a la hora de un diálogo para sumar más capacidad a su correlación de fuerzas que no es mayor a la del primer acercamiento. Visto en término de negociación, los movimientos políticos realizados por ambos sectores desde el primer diálogo hasta la fecha han dado suma cero: se está en la misma asimetría de fuerzas a favor del gobierno en el plano nacional, con un empate a nivel internacional.

La cuestión Tiar tiene además varias aristas. Depende de la aprobación de la OEA que se ha visto sometida a fuertes tensiones -llegando al punto del retiro de la delegación de Uruguay en la 49 asamblea general realizada en Medellín a finales de junio- a partir del hecho de forzar el reconocimiento del enviado por Guaidó, mientras que el gobierno venezolano ya ha concretado su retiro del organismo.

Junto con eso aparece el segundo punto: ¿existe la posibilidad real de que se forme una coalición de fuerzas interamericanas para una salida militar? La respuesta, hasta el momento, a partir de un análisis de los principales países que deberían encabezar la acción, en particular Estados Unidos, Colombia y Brasil, indica que no. El anuncio del Tiar se parece más a un bluff para una negociación, es decir una amenaza sin respaldo real -como un truco de cartas- que a una posibilidad real de acción.

La agenda en Barbados no es pública. El comunicado oficial ha indicado que existe una “agenda de seis puntos aprobados desde marzo de este año”. El presidente Maduro ha anunciado por su parte, en varias oportunidades, que existe la posibilidad de que se den elecciones legislativas anticipadas, es decir este año en vez del 2020.

La oposición, por su parte, mantiene una unidad retórica con la fórmula: cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. El primer paso, es decir la salida de Maduro, no parece por el momento estar sobre la mesa posible de negociaciones para los posibles pasos más cercanos. ¿La oposición podría llegar a un acuerdo que no implique la salida del presidente sin en ese acto fragmentarse aún más y perder su credibilidad ante su base social? Es una de las muchas preguntas que existen y explican la crisis siempre abierta del bloque opositor.

Las declaraciones por parte de los voceros norteamericanos han sido mientras tanto de reafirmación del apoyo a Guaidó, así como de mensajes de sus principales operadores, como el asesor de seguridad, John Bolton, con dirección a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), y en particular a su ministro de defensa, Vladimir Padrino López, quien ha sido reafirmado en su puesto por el presidente el pasado domingo. Los intentos de fracturar la Fanb son uno de los principales frentes de desgaste donde la estrategia golpista centra sus ataques.

Las diferentes variables ocurren en simultáneo. El gobierno, aliados y mediadores internacionales apuestan al diálogo, como lo muestra Barbados y la llegada a Caracas del representante especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias. La oposición, dirigida desde diferentes factores norteamericanos, mantiene el intento de salida por la fuerza al tiempo que se ve en la necesidad de sentarse a dialogar en vista de la distancia entre sus planes y los resultados obtenidos desde enero hasta la fecha.

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Martes, 02 Julio 2019 06:16

Irán se pasa de uranio enriquecido

  Fotografía de archivo que muestra al presidente iraní, Hasán Rohaní, durante una visita a la planta nuclear de Bushehr en el sur de Irán. EFE

La República Islámica de Irán informó ayer  que ya ha superado el límite de la reserva de 300 kilogramos de uranio enriquecido establecido en el histórico acuerdo nuclear de 2015. En declaraciones difundidas por la agencia local iraní de noticias ISNA, el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, explicó que esta acción es coherente con las previsiones sobre el enriquecimiento de uranio. “Irán, según su programa, ha superado el limite de los 300 kilos y eso lo habíamos aclarado previamente. Hemos dicho de modo muy claro lo que hacemos y actuamos de acuerdo a ello, eso lo reconocemos como nuestro propio derecho en el acuerdo nuclear”, dijo Zarif. Según el acuerdo de 2015, del que Estados Unidos  salió en 2018, Irán debe limitar su programa nuclear para no poder desarrollar a corto plazo una bomba atómica, a cambio de alivios económicos y comerciales, que ahora están en entredicho por las sanciones estadounidenses.  El ministro iraní subrayó ayer que “las medidas europeas” para esquivar las sanciones de Estados Unidos “no son suficientes”, por lo que la República Islámica de Irán “llevará a cabo sus acciones de acuerdo con el plan anunciado previamente”.

Tras la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear, el Gobierno de Teherán ya anunció en mayo pasado que dejaría de cumplir algunos aspectos del acuerdo, como la cantidad máxima permitida de uranio poco enriquecido. El jefe de la diplomacia iraní explicó que el mecanismo europeo para sortear las sanciones económicas de Estados Unidos y mantener el intercambio comercial, “es una medida preliminar para que Europa cumpla con sus obligaciones”.

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Trump y Putin hablan por teléfono hora y media

Hace un mes abordé el exhorto de Trump para un "G-3 nuclear" de Estados Unidos (EU), Rusia y China, y que ahora vuelve a empujar espectacularmente (https://bit.ly/2VgHfOo).

Se escenificó una inesperada convergencia de los líderes demócratas en el Congreso con Trump para invertir 2 billones de dólares en infraestructura que tanto requiere EU, coincidentemente en la misma semana de la visita del mandatario de Norcorea, Kim Jong Un, al zar Vlady Putin (https://bit.ly/2J27GAT) y a la segunda cumbre de la Ruta de la Seda en Pekín, donde brillaron el mandarín Xi y su homólogo ruso (https://bit.ly/2IZRwXI).

El común denominador de la Ruta de la Seda china y del diálogo entre los líderes demócratas y Trump es la infraestructura (30/4/19; https://cnb.cx/2GSUjRg).

Justamente tres días después del diálogo convergente sobre infraestructura en EU, Trump volvió a la carga –mediante una sorprendente llamada telefónica de hora y media a su homólogo ruso– para conseguir un acuerdo nuclear con Rusia y China, y así cesar tanto dispendio armamentista.

Trump comentó que la charla con Putin fue "larga y muy buena" reiterando que era conveniente "arreglarse con Rusia y China", lo cual intentó ser descarrilado con la cacería de brujas de la ridícula "trama rusa" (que tuvo su grotesca parodia en México con la conspirativa Operación Berlín; https://bit.ly/2UrdBVm).

Con la espada de Damocles de una recesión que puede afectar la relección de Trump (https://bit.ly/2WiEjND), su administración no puede sostener dos colosales dispendios al mismo tiempo: o se decide por la infraestructura, u opta por una demencial carrera armamentista contra sus rivales geoestratégicos Rusia y China (http://bit.ly/2Dd93JR).

El Washington Post asevera que quizá se caiga el proyecto bipartidista de infraestructura en EU cuando el "propio jefe de gabinete del presidente comenta adentro y afuera de la administración que el esfuerzo es muy costoso e improbable para tener éxito", lo cual exhibe también resistencias pecuniarias de algunos pesos pesados del Partido Republicano (https://wapo.st/2WpmY5I).

Cerrar la cuadratura del círculo no será sencillo y el mismo Trump lo resumió en un tuit al criticar “el dispendio bélico de 7 billones de dólares en Medio-Oriente en los pasados 19 años (https://bit.ly/2vEOjoC)”. ¡Demencial!

A sabiendas de la panoplia hipersónica militar de Rusia y el avance tecnológico de China, pareciera que Trump prefiere diluir el vino bélico de la "economía de guerra" del complejo militar-industrial.

Lo más relevante en el ámbito geoestratégico versó sobre la propuesta de Trump de extender el acuerdo existente del control de armas nucleares entre EU y Rusia –el "nuevo Start" que expira en 2021– a uno nuevo que involucre a China.

Trump deja atrás la inexistente "colusión rusa", maquinada a los dos lados del Atlántico, e intenta reparar las relaciones con Rusia, lo cual no será nada fácil. Los temas abordados fueron el comercio, Venezuela, Ucrania, Norcorea y el control de armas nucleares, además de la "trama rusa". Trump concluyó que el diálogo con Putin había sido “muy productivo (https://bit.ly/2JlEgga)”.

El muy influyente portal ruso Sputnik rememora que el mes pasado Trump "había indicado su intención de negociar un acuerdo mayor de control de armas nucleares con Rusia y China", mientras Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, confirmó que la charla había durado "casi hora y media" y que luego aportaría mayores detalles al respecto, cuando todavía en Moscú no digieren el retiro unilateral de Trump del acuerdo sobre las armas nucleares intermedias (https://bit.ly/2BCI5sH) ni aceptan el despliegue de los sistemas misilísticos de defensa de EU a lo largo de las fronteras de Rusia, lo cual revive la guerra de las galaxias y su carrera armamentista (https://bit.ly/2LoIiaj).

De tres cosas una: Trump gana tiempo, engaña o es sincero.

En caso de darse un plausible acuerdo "G-3 nuclear" de EU/Rusia/China, se asentarían las bases del nuevo orden tripolar geoestratégico en lo que queda del siglo XXI.

www.alfredojalife.com

Twitter: @AlfredoJalifeR_

Facebook: AlfredoJalife

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Minga indígena y popular. Retos y aprendizajes: El sur occidente colombiano intenta poner freno al gobierno de Duque, ¿Lograrán sus objetivos?

En medio de asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales –226 durante el 2018 y alrededor de 30 en lo corrido del 2019–, reactivación del conflicto armado, políticas económicas, ambientales, sociales y militares que afectan la vida de millones de colombianos, el pueblo indígena nasa, en unión con organizaciones sociales del departamento del Cauca, dan un empujón para superar la somnolencia imperante en amplios sectores de la sociedad colombiana, y confrontar el gobierno de Iván Duque, ¿Qué le espera a la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz luego de más de 10 días de movilización? ¿Cuáles son las lecciones para las organizaciones y los movimientos sociales del país?


El domingo 10 de marzo miles de indígenas Nasa, agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), acompañados por campesinos del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), y distintas organizaciones sociales, ambientales y populares de esta parte del país, decidieron darse cita en el resguardo “Las Mercedes” ubicado en la vereda “El Pital” del municipio de Caldono, Cauca, para dar inicio a la “Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz”, tras el propósito de un diálogo político alrededor de temas fundamentales para el país con el gobierno encabezado por Iván Duque.

 


La movilización fue masiva y su peso se sintió de inmediato. Con anterioridad el Cric había invitado al gobierno nacional ha llegar a este sitio para entablar el diálogo y la negociación pretendida. Tras dos días de espera, el 12 de marzo, ante más de 15 mil personas, llegó la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, el ministro de agricultura, Andrés Valencia, y otros funcionarios, con quienes se instaló una mesa de diálogo para acordar la agenda de trabajo con el presidente.


Terminada la agenda, sin el logro de acuerdos claros, que se cumplan –sin vivir los incumplimientos que hoy resaltan en infinidad de agendas firmadas en otras Mingas– en tanto comprometen a todo el gobierno, cuya cabeza se niega a dialogar en directo con las comunidades, y firmar los compromisos a que de lugar, la comunidad allí reunida insiste en la demanda de que el Presidente asuma con su presencia la negociación. Un reiterado no, es lo único que obtienen. Ante tal reiteración deciden cerrar La Panamericana (vía principal que conecta el sur del país). El peso de su decisión empieza a sentirse casi de inmediato, con la larga fila de camiones, buses y automotores que a lo largo de kilómetros, y en ambas direcciones, congestionan la autopista.

La respuesta que llega desde Bogotá es la misma de siempre: represión. El Esmad entra con toda fuerza a reprimir, pero los miles allí reunidos resisten. Los primeros choques dejan ahogados, algunos contusos menores, y la vía en igual situación.


Mientras esto sucede, delegaciones de otros pueblos indígenas y de otras organizaciones sociales llegan al sitio de concentración y potencian la Minga, entre ellas delegaciones de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), del Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu) y otros cabildos del Valle del Cauca.


¿Cuáles son los temas de diálogo que plantea la Minga?


Para las organizaciones actoras de esta Minga, la agenda de diálogo político con Iván Duque debe tocar múltiples aspectos, enmarcados ellos en cuestiones sectoriales, regionales y coyunturales de la realidad del país, entre ellos: derechos humanos (desmonte del paramilitarismo, atención y respuesta sobre los cientos de líderes y lideresas sociales asesinados y amenazados, reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, entre algunos de los ítems que integran este subpunto). Del mismo modo está la bandera ambiental (modelo de desarrollo actual y las políticas que afectan los páramos y zonas estratégicas de aguas en el país, la ley Zidres, el uso de glifosato y el modelo extractivo minero energético que da vía libre al Fracking en Colombia; respuesta al crimen ambiental del Río Cauca con Hidroituango, entre otras).


En cuanto a temas sociales, resaltan: el del Plan Nacional de Desarrollo, Código de Policía, la ley de financiamiento (reforma tributaria), incumplimiento a la implementación de los acuerdos firmados con las Farc, las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz. De igual manera está la exigencia del cumplimiento del decreto 1811 de 2017, que fija mecanismos para el cumplimiento de alrededor de 1.500 acuerdos y renegociaciones entre los pueblos indígenas del Cauca con el Estado y que han sido incumplidos, los que a la fecha suman 3,6 billones de pesos para ser implementados y que comprenden temas de salud, educación, compra de tierras y otros.

 

 


La agenda es integral, y ante la misma el establecimiento se escuda en que las propuestas de discusión de la Minga no son de su competencia, pues para ello existe el Congreso de la República como el lugar para dar y posicionar estas discusiones; sostiene, asimismo, que los indígenas confunden sus peticiones con su ideología; se escuda el Gobierno, además, en que las exigencias de los indígenas ya están saldadas en el Plan Nacional de Desarrollo donde hay comprometido un presupuesto de 10 billones de pesos para ellos y por ejecutar durante los próximos cuatro años. Tema que increpan los indígenas al indicar que el engaño a la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas es lo realmente realizado por el Gobierno, toda vez que en el presupuesto presentado por éste al Congreso los referidos 10 billones no tienen asignación presupuestal, por lo que están agregados en anexos, lo que quiere decir que son opcionales para su ejecución e implementación.


Tratamiento de guerra a la movilización social


La respuesta de Duque luego de su negativa a desplazarse hasta el Cauca para dialogar fue enviar al Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad), Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar), Policía Nacional y Ejército; helicópteros, gases lacrimógenos, papas bomba, tiros recalzados, disparos y ráfagas de fusil son los principales “negociadores” del Gobierno.

 

 


Ante tales “negociadores”, la vía Panamericana se transformó en el escenario de prolongados enfrentamientos entre el Gobierno y la Minga. Desde la madrugada de cada día comienza la pugna por el control de la vía, y cada día que pasa el escenario se pone más complicado pues ya son varios los heridos con armas no convencionales y de fuego. Aún no hay un reporte oficial de heridos, pese a que todo subió de tono con la muerte del policía Boris Alexander Benítez –adscrito al Esmad–, quien perdió la vida, según el Gobierno, producto de disparos realizados por disidencias de las Farc.


Con este antecedente, y tomando en cuenta la larga experiencia de protestas sociales y las violentas respuestas desplegadas por el establecimiento, con procedimientos paramilitares tras bastidores, no es de extrañar que esta Minga, como otras, quede estigmatizada y/o criminalizada, justificando con ello procedimientos violentos que afecten la vida de sus protagonistas.


Retos y discusiones para el conjunto del movimiento social


Aunque es claro que esta movilización se presenta en medio de la parálisis social propiciada, entre otros factores, por la persistente política autoritaria y de terror que reina en Colombia, también lo es que esta Minga prende una chispa de aliento y esperanza para superar la atomización social, pero también el miedo producido por el prolongado desangre, procesándolo, haciéndolo consciente y, por tanto, precisando canales para superarlo.


Esta Minga, por tanto, factor positivo y luz en el horizonte, invita a una reflexión al interior de las organizaciones y movimientos sociales del país, la misma que debe ser concretada sin dilaciones.

 

 


¿Elecciones o vía armada? Esta es la vieja discusión sobre el quehacer político de organizaciones, movimientos y partidos, que generalmente enmarcan todas sus fuerzas en una u otra de estas dos formas de lucha, centrando todo su quehacer alrededor de la captura del poder, en un caso, y en otro en el ascenso al gobierno. En ambos casos el Estado es el referente central, y éste es quien determina la agenda política y las acciones de quienes pretenden confrontarlo. Las consecuencias de este dilema, y la concentración de fuerzas en una y otra opción, hoy muestran su desgaste y límite.


Por un lado, quienes optaron por las armas, militarizan la política y llevan a sus activos a concentrar todas sus energías en fortalecer el aparato militar. El poder es lo real, y ese poder descansa en las armas, en el potencial de fuego que cada día debe ser mayor. Disciplina y acriticidad se imponen. Todo cuestionamiento puede terminar en un debate de fuerza y no de razones. El respeto al mando no permite el debate libre y desprevenido, por lo cual el aparato termina primando sobre la realidad, es decir, sobre el mismo entorno que pretende transformar.


En estas circunstancias, el accionar social termina condicionado o determinado por el facto fundamental –el armado–, lo que finalmente desnaturalizar la autonomía y el potencial y alcance de la protesta social.


En la lógica armada, tras el poder, por una parte (los insurgentes), y su protección, por otra (el establecimiento), se impone una lógica de acción-reacción, que no tiene límite: el Estado incrementa su aparato y accionar militar, y la contraparte no puede quedarse atrás, adquiriendo más poder de fuego y alistando más integrantes a sus filas, no importa su real consciencia de clase ni la comprensión profunda de lo que hacen y para qué lo hacen. Al final, lo que se tiene es tropa –quien haga y obedezca– pero pocos liderazgos con capacidad de Estado. No es extraño, por tanto, que ocurran desmanes, irrespeto a las decisiones de la comunidad, y que se imponga una moral y ética que no corresponden al sueño de un cambio profundo de las estructuras sociales.


Mientras esto sucede en el/los proyecto/s armado/s, quienes optan por lo electoral no recorren caminos muy diferentes, ya que todo el esfuerzo de sus organizaciones –del conjunto de su militancia– está enfocado a fortalecer la capacidad del aparato, en este caso para capturar votos. Parece una exageración, pero en este proceder político también todas las acciones de mediano plazo están predeterminadas: las elecciones, lo que termina por determinar y someter la acción social, pues más allá de sus particularidades y afanes deben garantizar el mejor resultado electoral posible.


Es una deformación de la acción política que lleva al extremo de romper las dinámicas sociales, a determinar sus ritmos, a tal punto que entre elección y elección –en época fría– con participación directa y dinámica de las comunidades las agendas de lucha social ganan tono, pero una vez llega la coyuntura electoral lo que se traía queda a un lado para poder atender la coyuntura proveniente desde el establecimiento, la misma que, supuestamente, lleva al máximo la “participación social” y, con ella, la “vida democrática”. Sin duda, todo un contrasentido.


El paso del tiempo, y las experiencias vividas en distintas partes del mundo, parecen confirmar que entre estas dos formas de lucha, al final, en su más estrictas pretensiones y procederes, no existe mucha diferencia. La captura del poder y el ascenso al gobierno, sin el debido alzamiento social, el cual debe mantenerse siempre como parte sustancial de una transformación cultural que rompa de base la razón capitalista, que rompa el Estado y el mismo gobierno, termina en lo mismo: la reconstrucción capitalista.


¿Dónde está la democracia y el poder? Con frecuencia se dice que el poder está en las calles, que es la sociedad la base fundamental de la democracia, sin embargo todo este discurso queda cuestionado cuando las acciones demuestran que la visión del poder y democracia dominantes giran en torno a las instituciones estatales, haciendo el juego a lógica de los funcionarios gubernamentales que dejan claro que “las discusiones que plantea la Minga son asuntos formales que se discuten en el Congreso de la República”.


Es una lógica no consciente pero sí producto de esa lógica de la política que pone a girar todo alrededor del Estado y el gobierno, sin preocuparse, de manera debida, por la construcción de un contrapoder que garantice autonomía a las comunidades. Desmontar esta lógica, es desestructurar la idea que el poder es el aparato –cualquiera sea– y no la misma comunidad. No hay que olvidar que el Estado es una construcción social, y así como nació así también puede –debe– morir.


Proceder dominante que no significa que a pesar de hacer contrapoder las comunidades y las organizaciones que las representen no puedan entablar periodos de negociación con el establecimiento, pero tal dinámica no es el centro de su accionar, que sí lo es la defensa y el cultivo de la vida, de lo cual no sabe el Estado ni el gobierno, artífices de la muerte –en toda la extensión de tal significado: agrotóxicos, latifundio, fracking, imposición, cárcel, etcétera.
Tal vez, de así proceder, logre romperse el círculo poco virtuoso que maniata a los movimientos sociales: movilización-negociación-incumplimiento-movilización-renegociación-incumplimiento, lo que es igual a centrar todas las fuerzas en el poder, el aparato y lo que él mismo pueda resolver, cuando la misma historia muestra que son las propias comunidades las que han construido y resuelto lo básico de todo aquello que les garantiza la vida: vivienda, sembrados, trazados de calles, protección de fuentes de agua, construcción de centros de salud, etcétera.


Estamos, por tanto, ante el reto de observar en profundidad lo realizado en el largo plazo como comunidades para resolver la vida, y las limitantes en que caemos cuando nos preguntamos por el Estado y el poder en su forma clásica. Romper esta visión invita a valorar el potencial que concentra y significa cada comunidad cuando se identifica como tal, abordando el mismo reto de la democracia, más allá de lo formal –electoral– para reivindicarla como el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

 


Un reto que implica tejer lazos de acción entre diferentes grupos humanos y comunidades, para ir más allá del entorno donde cada una se ubica, a la par de construir entre todas y todos, producto del intercambio de ideas siempre abierto, el sentido de la vida por el cual propugnamos.


Es una estructuración-desestructuración de lo que hemos entendido por política, poder, Estado, gobierno, sociedad, etcétera, que no se logra de la noche a la mañana; es un proceso que tomará un largo tiempo, más largo aún si postergamos los primeros ejercicios en tal dirección.


Toca por ahora, revisando la agenda social que por estos días ha tomado curso en el país, cuestionarnos por qué no logramos articular de manera dinámica las múltiples agendas de los actores sociales. Es el caso del paro que también tuvo como epicentro al Cauca, en esta ocasión en cabeza de la Asociación de educadores del Cauca (Asoinca) y de la “Mesa de derechos humanos en defensa de la vida y el territorio”, con participación de los campesinos de esta parte del país reunidos en la Anuc, que desde el 25 de febrero y hasta al 9 de marzo hicieron sentir su protesta con un paro, producto del cual lograron un acuerdo sobre agricultura, tierras, vivienda urbana-rural y temas centrales para la organización sindical.


Así mismo, en las ciudades se plantearon jornadas de velatón el 6 de marzo, y los días 12 y 18 de marzo se realizaron marchas para defender la JEP; los días 19 y 20 de marzo los maestros de Fecode salieron nuevamente a las calles en un paro de 48 horas y para el 25 de abril se tiene proyectada una jornada de paro nacional a la que seguramente no asistirán los que hoy o ayer se movilizaron.


Son las realidades de una acción política desarticulada, y sin una agenda común, dependiente de una visión tradicional sobre el poder, en todas sus variables, como producto, también, de disparidad de visiones sobre el qué y cómo hacer.


Estamos ante retos mayúsculos. Las exigencias y debates que plantea la Minga tocan temas profundos del país que sin el apoyo de la mayoría nacional quedan limitados y sesgados. Resalta de ello que los movimientos sociales tienen un reto ante sí: lograr construir una respuesta que convoque y aglutine al país nacional, para el aquí y el ahora, como para el mañana, de manera horizontal, honesta, sin amarres, pedagógica, con metodologías de encuentro que hagan sentir que vale la pena estar ahí, donde se discutan los problemas y se vislumbren las soluciones para la vida digna en Colombia, y de esta manera superar esta realidad caótica que ahoga cada día a millones de connacionales.


El debate y la discusión están abiertos, ¿Cómo superar esta atomización?


Fuentes consultadas
https://www.youtube.com/watch?v=Qle2CP6Xn2M
http://www.asoinca.com/circulares/504-circular-281-historica-huelga-mesa-de-derechos-humanos-en-defensa-de-la-vida-y-el-territorio
https://www.lafm.com.co/colombia/nancy-patricia-gutierrez-dice-que-indigenas-confunden-sus-peticiones-con-sus-ideologias?fbclid=IwAR1RcQpquYVDqrygcOsz2jCF_9OGw6gWXAGegdUHilScGva1MaapCgp_Npg
https://nasaacin.org/en-que-consiste-la-minga-social-que-se-realiza-en-el-suroccidente-colombiano/
https://nasaacin.org/pronunciamiento-aclaratorio-frente-a-los-medios-de-comunicacion/
https://www.semana.com/nacion/articulo/cuanto-vale-el-paro-indigena-del-cauca/605491
https://colombia2020.elespectador.com/territorio/la-minga-indigena-le-responde-al-presidente-duque
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2855-tratamiento-militar-a-la-minga-social-del-suroccidente
https://www.cric-colombia.org/portal/comunicado-a-la-opinion-publica-nacional-e-internacional-ante-ataques-indiscriminados-del-esmad-emcar-y-ejercito-nacional-contra-comuneros-as-de-la-minga-por-la-defensa-de-la-vida-el-territorio-la/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-indigena-en-el-cauca-ya-causo-un-muerto-y-seis-heridos/606103

 


 

Cuadro

 

Comunicado a la opinión pública nacional e internacional ante la masacre de la guardia indígena en Dagua Valle


21 marzo, 2019

Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, procesos populares del sur occidente colombiano concentrados en territorio ancestral de Sa’th Tama Kiwe en el Pital, Caldono, Departamento del Cauca que participan de la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz

 

DENUNCIAMOS.

 

Ante la opinión pública nacional e internacional, defensores y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y ante la comunidad en general, que hoy 21 de marzo de 2019 se ha presentado una masacre que deja ocho guardias indígenas fallecidos y cuatro gravemente heridos, los cuales estaban encargados de la adecuación logística para sumarse a la movilización que se adelanta en el sur occidente colombiano en el sector de la Delfina.

Teniendo en cuenta que el sitio de la Delfina era pequeño para atender a más de cinco mil indígenas que iban a llegar, las autoridades decidieron buscar otro espacio en el corregimiento de Juntas, resguardo indígena de Papitas municipio de Dagua.

En este lugar se realizó el trabajo logístico, una vez terminada las labores de adecuación del sitio, la guarida se encontraba descansando dentro de una casa cuando minutos después ocurrió una explosión aproximadamente a las 3:00 de la tarde. Según el consejero de Derechos Humanos de la ORIVAC manifestó que “presuntamente una persona lanzó un artefacto explosivo, causando la muerte de ocho guardias indígenas y dejando gravemente heridos a tres de los guardias pertenecientes al pueblo Waunan, Nasa y Embera”.

En estos momentos la comisión de derechos humanos de ORIVAC, Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y organismos internacionales están en el ejercicio de verificación para identificar los cuerpos y determinar la cantidad de daños causados en materiales.

Por lo anterior, se exige al Gobierno Nacional que atienda e investigue estos lamentables hechos acaecidos en medio de la movilización y acate los estándares en el marco internacional de los derechos humanos, para garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica contenido en nuestra Constitución Política y en tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y que protegen los derechos de los pueblos indígenas.

Hacemos un llamado a los organismos defensores de DD.HH. nacionales e internacionales, al Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, a la Comisión Interamericana de DD.HH., a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, a la Comisión Nacional de DD.HH. del Senado de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que, en el marco de sus funciones y competencias acompañen a las comunidades y familias afectadas por este hecho que enluta la Minga social del Sur Occidente Colombiano, enviamos un mensaje de solidaridad a nuestros hermanos indígenas, familiares y organización indígena ORIVAC en estos momentos difíciles.

 

Pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares

Minga suroccidente colombiano

 

Publicado enColombia
Ecuador recibirá más de $10.000 millones de crédito de organismos internacionales

Ecuador y el Fondo Monetario Internacinal (FMI) acordaron la entrega de un préstamo de 10.200 millones de dólares a este país latinoamericano, comunicó el presidente Lenín Moreno en su discurso ante la nación.

"Las más importantes organizaciones mundiales han decidido respaldar el Plan de Prosperidad de nuestro Gobierno, recibiremos más de $10.000 millones", declaró Moreno citado por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en su cuenta de Twitter.


Precisó que el crédito se da para un plazo de 30 años y a tasas que no superan el 5%.


Según Moreno, el propio FMI entregará 4.200 millones de dólares y otros 6.000 millones de dólares se asignarán por seis organizaciones financieras internacionales: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Latinoamericano de Reservas y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).


Agregó que planea utilizar estos fondos sobre todo para crear nuevos puestos de trabajo, incluido a distancia.


"Este dinero permitirá oportunidades de trabajo, como: teletrabajo para madres de niños pequeños", afirmó el presidente ecuatoriano.


Destacó también que gracias a sus decisiones firmes Ecuador alcanzó salvar la dolarización y recuperar la democracia y evitar lo que pasó con Venezuela.

06:16 21.02.2019(actualizada a las 06:18 21.02.2019)URL corto

Publicado enInternacional
“Quizá no sea el tiempo de negociar, o no ha llegado el gobierno que de verdad quiera y pueda”

La paz, ese viejo sueño de la humanidad encuentra en Colombia un amplio territorio de anhelos, así como un mar de promesas, intentos de negociarla, logros parciales y fracasos. Desde cuando en 1984 el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur abrió la fase que aún no llega a su fin de paz negociada con las guerrillas revolucionarias, múltiples diálogos y Mesas para darle curso se han llevado a cabo e instalado por los gobiernos que desde entonces ha conocido el país. De tales episodios brotaron, en una primera fase, firmas de paz entre las guerrillas con una columna vertebral urbana y el establecimiento, y en la segunda, la recién concretada firma con las Farc, de arraigada raíz campesina.


En esos años, que ya suman 34, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) ha tenido asiento en varias Mesas bilaterales, frente a frente con el gobierno nacional en Costa Rica, México, Caracas, La Habana (vez anterior) …, todas ellas truncas. En todas y cada una de estas ocasiones participó, en una u otra de sus fases, Antonio García, segundo comandante al mando de esta guerrilla, y con quien este periódico sostuvo una entrevista vía electrónica en procura de respuestas ante un conjunto de interrogantes que hoy acompañan a líderes sociales, políticos, periodistas, de Colombia y otros países de la región y del mundo.


En ese ciclo de paz lograda con diversos grupos guerrilleros e intentos de diálogo abortados con otras, el pasado 30 de marzo de 2016 un nuevo intento fue oficializado entre esta veterana agrupación guerrillera y el gobierno nacional. Transcurridos dos años largos, con una agenda de 5 puntos concertada entre las partes, y luego de cuatro ciclos en Quito –Ecuador– la Mesa que debió ser trasladada a La Habana, no solo cojea sino que está sufriendo el corte de sus patas. La razón: las reglas de juego cambiaron: Ahora, a pesar de sus avances, los aspectos acordados no tienen peso alguno. así parece desprenderse de lo dicho una y otra vez por el presidente Duque: “Si quieren hablar de paz estamos listos, pero si y solo si le ponen fin a todas las actividades criminales y liberan todos los secuestrados”.


Al respecto, Antonio García subraya que “esa declaración desconoce que hubo un acuerdo de agenda, de orden temático y un orden de discusión con el anterior gobierno y dicho acuerdo debe respetarse”. Afirmación que este mando guerrillero no deja solo ahí. Puntualiza que el actual Gobierno “[…] desconoce que el Eln es una organización alzada en armas y que en esta condición no acepta el sometimiento al Estado […]. No somos una organización sometida a su normatividad, no hemos hecho ese acuerdo, al menos no está en la agenda. El derecho a la rebelión nos confiere la potestad para romper los monopolios atribuidos al Estado, según el Tratado de Westfalia” (1).


Desde la campaña electoral estaba casi seguro que de ser ungido como presidente, Duque no le daría continuidad a la negociación con ustedes, le escribimos a nuestro entrevistado, de lo cual podría inferirse que lo expresado ahora por el Presidente es una forma ‘disimulada’ de enfriar la negociación y descargar en la contraparte el costo político de romper la mesa, ¿qué piensa de eso?

García retoma cuáles fueron los términos acordados con el gobierno Santos: “Tres condiciones fueron las que nos puso: que las conversaciones fueran en el exterior, directas y secretas en la fase exploratoria, y en medio de la confrontación militar. El Eln no compartía algunas de ellas, pero se aceptaron, pues eran condiciones de tiempo, de espacio y operacionales mas no referidas a la naturaleza de nuestra organización”.

Así las cosas, para el Eln el Gobierno no es caballero en la Mesa. García amplía su opinión, “el asunto no es la Mesa, que está siempre ahí, o en cualquier lugar. El lío es quiénes se sienten en ella. El Eln está sentado y no ha dicho que vaya a romperla, además ha cumplido siempre. La delegación de Duque no asiste a las conversaciones. Eso lo pueden adornar como quieran o pueden vociferar cuanto quieran, pero es tan evidente que no requiere de explicaciones. Como presidente, Duque renuncia a continuar una responsabilidad de Estado y honrar los acuerdos del gobierno anterior (2). Mal precedente, ¿quién se atreverá a firmar acuerdos con futuros gobiernos? Y de nuestra parte, pregunto: ¿En qué ha incumplido el Eln?”.


Esta respuesta nos lleva a insistir en un interrogante anterior: parece que Duque no quiere asumir el costo de levantarse de la Mesa, ustedes tampoco, ¿cómo van a asumir ese tiempo de espera? ¿Consideran que tal paréntesis irá en contra del gobierno?


Tratado el tema antes, encontramos que nuestro interlocutor mantiene interés en retomarlo: Sería mezquino responder que queremos que sea el Presidente quien pague un costo político. No nos interesa eso. Es la sociedad en su conjunto quien resulta afectada. Nos interesa la paz de Colombia que traiga justicia, felicidad y equidad para las actuales y futuras generaciones. Lo cierto es que el actual y el anterior gobierno no están en condiciones de negociar, de establecer acuerdos que puedan cumplir. Como dice Trump sin tantas vueltas: ‘sí ganamos los ricos, ¿para qué negociar?’”.


Y continúa en la misma letra: “Quizá no sea el tiempo de negociar, o como dice el sentido común: no ha llegado el tiempo, o como diría otro: no ha llegado el gobierno que de verdad quiera y pueda. Pues son recurrentes las negociaciones y acuerdos incumplidos por los gobiernos a todas las protestas y conflictos sociales. Los gobiernos no pueden seguir mamando gallo”.


La respuesta, con tantos bemoles, nos deja dubitativos pues podemos pensar que esta guerrilla está de verdad dispuesta a una paz negociada, pero también a un alargue del conflicto armado por el tiempo que sea. El ciclo de las negociaciones de paz en Colombia seguirá abierto por mucho más tiempo, pensamos. Una perspectiva del conflicto armado, en cuyas escaramuzas, maniobras, distracciones y golpes de opinión es determinante el aspecto militar, pero asimismo la geopolítica, la misma que, con la caída del Muro de Berlín en 1989, condujo a las insurgencias urbanas a pensar que su escenario estaba cerrado y que era la hora de buscar una paz dialogada. Por eso, es una inquietud muy repetida: ¿De qué manera influye en el estado actual de la Mesa y en sus orientaciones como Comandante con la máxima responsabilidad militar, la situación internacional y, en particular, la de América Latina, o es que la Mesa expresa simplemente el deseo de derrota militar que no oculta un sector de quienes dominan en Colombia?


En el otro lado de la red, de un lugar tal vez lejano, en el monte o en la ciudad, cercano o lejos de una frontera, llega escrito. “El tiempo lleva implícito unas circunstancias, una realidad y muy seguramente el contexto internacional tiene una incidencia, pero lo esencial está en nuestro país. Por ejemplo, hay falta de consenso en la clase dominante, pues para unos la negociación debe hacerse como remate de un triunfo militar; para otros como parte de una victoria en curso, y de otros que consideran que para superar la confrontación militar se requiere la vía política, que contemple cambios en muchos órdenes, que no se trata sólo del silenciamiento de los fusiles”.


Suponemos que en este momento, posiblemente hizo una pausa o escuchó una noticia en radio como acostumbran los guerrilleros. “Hace unos días volví a leer una entrevista con María Alejandra Villamizar en 2005, ahí encontramos las mismas exigencias que hoy nos hace Duque, pero colocadas por Uribe; no es una coincidencia. A parte de lo anterior, y lo más grave es que se asume como política de Estado, que al no haber consensos en los sectores de la clase dominante, ni en los poderes del Estado, cualquier acuerdo debe someterse a sucesivas negociaciones que terminan triturando cualquier acuerdo, eso aconteció y sigue aconteciendo con el acuerdo con las Farc, sin desconocer que ellos cometieron errores en su forma de negociar; aunque también, en los contenidos de la negociación expresan su visión, una negociación más centrada en ellos mismos”.


En lo concerniente con la paz, el presidente Duque obra apegado al relato opositor del Centro Democrático y su discurso tras el resultado del Referendo, que acusa a Santos de “burlarse y dar un golpe de Estado” a la victoria del No. Por tanto, a la Mesa le está tocando el barro y un lapso de dificultades más grandes que las normales de una negociación. En este marco, es primordial saber si con el propósito de no cerrar el diálogo, ¿el Eln estará listo a recomenzar de cero. Está dispuesto a aceptar que ante un nuevo gobierno y su ventaja, el paso sea definir una nueva agenda que guíe la negociación? Pronto, en el buzón de entrada nos llegó un mensaje electrónico. “El que no quiere negociar no es el Eln, ni hemos amenazado con cerrar nada, solo se trata de continuar en los puntos que se acordaron. Hay un problema de fondo, es la manera como los gobiernos hacen sus empalmes, en cómo le dan continuidad como Estado a los asuntos que son de orden constitucional como es el asunto de la paz. Si el problema es de este orden, es pertinente que haya una política de Estado clara, al igual que los roles para las delegaciones de los gobiernos, pues se requiere saber con quién se negocia, si es con el poder ejecutivo, con el legislativo, con el judicial o con el militar; o si es con un empleado, a quien le interesa más el salario que el futuro del país”.


Negociación versus sometimiento


El tiempo, en medio de las matrices de opinión existentes acerca de la insurgencia, corre a favor del gobierno, ¿qué van a hacer? ¿Van a esperar indefinidamente? ¿En esta circunstancia, no tendrían que replantear el diseño estratégico? En ese caso, ¿en cuáles aspectos en cuál mínimo pondrían el énfasis? Es notorio que nuestro entrevistado piensa más en el país como conjunto y no en nosotros, como sus entrevistadores. Su respuesta más que un sí o un no es una explicación: “Nosotros acordamos una Agenda, un orden temático, que se anunció con toda formalidad. Todo mundo la conoció el 30 de marzo de 2016. ¿Por qué nosotros debemos cambiar un acuerdo que hicimos con el gobierno anterior? Ese es un asunto de Estado. y la paz no es un juego. ¿Por qué nosotros tenemos que resolver un problema del establecimiento?”.


Y sigue de inmediato. “Si quieren usar el tiempo como presión, lo pueden seguir haciendo, en eso perdemos todos, pero aceptar imposiciones no va con nosotros. Corresponde que Duque envíe su delegación a la Mesa y ahí, con mucho gusto, se conversan las cosas. Ahí, lo que sea razonable y en el marco del respeto que somos una organización rebelde alzada en armas, se examinará con igual respeto y consideración. Nuestra delegación tiene la orientación de mantenerse en la Mesa”.


Retomando las consideraciones que recalcan y difunden una y otra vez los medios de comunicación, preguntamos: en una perspectiva o viraje, de recomenzar, ¿estarían dispuestos a ofrecer un cese unilateral de fuego, incluyendo lo que el gobierno llama devolución de secuestrados? Con énfasis, dando por sentado que el Eln constituye otro Estado, ya sea en formación o ejerciendo en territorios pequeños y delimitados dentro del Estado que es conocido como Colombia, el segundo al mando del Eln escribe: “Los gobiernos son caprichosos. Santos dijo que la negociación debía ser en medio de la confrontación militar. Luego, se le ocurrió que debía ser como a él se le antojara”.


En este punto, García precisa el procedimiento en una conversación para dar fin a las hostilidades. “El principio elemental de una negociación es que se habla sobre lo que las dos partes acuerdan, y no lo que una sola quiera. Es así de sencillo”. Un sencillo que en los hechos no resulta así. “Siendo francos, a costa de qué el Eln debe hacer lo que el gobierno quiere, pues si a nosotros se nos antojara exigir otro tanto, estaríamos con el mismo derecho. Si aceptáramos las imposiciones del gobierno no estaríamos en una negociación, sino en un proceso que se llama sometimiento. Nosotros no estamos para eso. Si hablamos de reciprocidad podríamos considerar el asunto”. Y quien está al otro lado de la red recuerda una vez más que, “hemos hecho gestos puntuales, la mayoría sin reciprocidad del gobierno, por eso los gobiernos se malacostumbran y creen que todo es a precio de huevo –un dicho que toca replantear, pues ahora los huevos están muy caros”.


¿Y los secuestrados? “Sobre el tema de las retenciones, en derecho se denominan acciones de privación de la libertad, es pertinente tratarlo con franqueza. Todos los gobiernos del mundo, todos, sin excepción, realizan acciones de privación de la libertad por diversas razones, motivos o justificaciones: políticos, tributarios, control social y protección, etcétera. ¿En qué se diferencian de las que hace una organización rebelde en armas? La única diferencia es que ellos dicen que pueden hacerlas, dizque porque son legales, porque están dentro de sus leyes. Conclusión: las que hacen los gobiernos son legales y las nuestras no. ¡Qué bonito!, la relatividad del derecho y la justicia. Como si la legalidad fuera ‘patente de corso’ para hacer de manera ‘legal’ cualquier delito. Es un asunto político”.

Y prosigue en su alegato: “Pregunto, ¿qué son las cárceles?, no me digan que son centros d reclusión voluntaria o espacios de retiros. Para salir de allá también hay que pagar, así los detenidos cumplan las condenas; hay mucha gente sin causa justificada o sin condena establecida, no por uno o dos años, ¿cómo puede llamarse este fenómeno? Como les decía antes, la rebelión armada es la ruptura de esos tres monopolios de los Estados, ahí radica el fondo del asunto. Si ellos lo hacen, nosotros también. La rebelión es una ruptura de la legalidad existente sobre la que se soportan dichos monopolios”.

Cabe reconocer que hay coherencia doctrinaria en esta consideración con desafío que hace García. Pero, nos interesa tocar la coyuntura y volvemos a la carga: ¿no creen que un “gesto de paz” es el paso que esperan, tanto la comunidad internacional como los más amplios sectores de la opinión pública? “Sería muy bueno un gesto de paz recíproco, no lo estoy negando, pues las dos partes debemos ser generosas, que bueno sería. Pero es como todo, aquí volvería a cumplirse la máxima de la vida, que solo es generoso el pobre, que comparte el pedazo de pan con el necesitado; mientras el rico, en medio de la opulencia, solo ofrece las migajas”.

La guerra y la política

En toda lucha militar hay cinco aspectos que son determinantes, según el pensamiento de Sun Tzu: la vía, el tiempo, el terreno, el mando y la disciplina. En lo relativo a la negociación de un conflicto no hay un modelo acerca de los pasos a dar. No hay una experiencia reconocida con aporte universal. La clave es descubrir y afrontar ante las cosas inesperadas. Todos sabemos que en el logro de una solución política está de por medio el efecto de la correlación de fuerza en la opinión. Aquí, el gobierno cuenta con factores a favor y se siente más fuerte, con pretensiones para imponer sus criterios. Entonces, ¿cómo se plantean ustedes torcerle el cuello a la correlación de fuerzas existente entre las partes en conflicto? “Tanto el gobierno como nosotros tenemos nuestras estrategias, unas son públicas y otras secretas. De las públicas estamos hablando, de las otras nos reservamos. Vamos a persistir porque consideramos justo que se respete un acuerdo. Si se violan los acuerdos ahora, apenas empezando, ¿qué será después? Estamos en una negociación, lo que ustedes plantean es hacer la guerra en la mesa. Nosotros nos apartamos de ese criterio, pues una negociación, si es con voluntad, no debe colocarse alrededor de la mesa los batallones, las brigadas o las divisiones, porque en ese instante se convertiría en un campo de batalla, y lo que se trata es de superarla”.


La respuesta nos lleva a recordar que el Eln no es un ejército, como en su caso se autodefinían las Farc, sino una organización político-militar, que ahora le está dando más peso a lo político: ¿Y no han pensado, inquerimos, que el movimiento por la paz y los 8 millones que votaron distinto también están esperando lo mismo? ¿No tienen demasiada confianza en ese movimiento? “Ojalá pudiésemos escuchar a los ocho millones directamente, que nos contaran qué es lo que quieren y a quién le hacen las exigencias” –empieza por escribir Antonio García. Y prosigue: “No nos vamos a comer el cuento que dicen que dijeron; estamos muy grandecitos para eso. No es la primera negociación en la que estamos. Preferimos la certeza a la confianza. Confianza viene de con-fio, de fiar. La confianza nace de un camino de certezas. La movilización cierta es la de los estudiantes que poco son escuchados, al igual de los demás sectores sociales que protestan y nadie los escucha, y cuando por milagro los escuchan es para mamarles gallo y seguir los incumplimientos. Por eso, poco confían en el gobierno, al que siempre le fían y casi nunca paga. En sentido contrario, al gobierno le interesa la certeza de nuestros gestos, que no actuemos militarmente, y quieren que la sociedad y nosotros les fiemos los cambios, las transformaciones. Hagámosle primero a las certezas”.


En el lugar de las certezas, la reciente firma con las Farc es un capítulo con preguntas pendientes. ¿Las Farc repitieron el modelo de otra desmovilización?, ante la desventaja en la correlación política entre las fuerzas populares y las del poder. O, ¿sin tamaño, las Farc intentaron un procedimiento diferente de dejación de armas que no empelotara el cumplimiento de los Acuerdos? Que lo dejara desvestido ante las trampas institucionales y burocráticas, y los intereses del Estado y el poder. Son preguntas que por supuesto, le quitan fondo y blanco a la Mesa Gobierno-Eln. En concreto, si ustedes llegaran a admitir que la opinión pública quiere la paz, “como sea”, ¿estarían dispuestos a “someterse a la justicia”, a ‘rendirse’? O ¿preferirían, como en su momento lo hicieron las Fuerzas armadas de liberación nacional (Faln) en Venezuela y recientemente la ETA, unilateralmente, dar por terminado el proyecto revolucionario armado? “Cada organización y cada pueblo son autónomos de escoger sus propios caminos, es una lección dejada por la historia, por la soberanía de sus actores. Por nuestra parte, hemos sostenido con claridad que someterse no le ha pasado al Eln por la cabeza, menos claudicar. Para nosotros la búsqueda de la paz debe ser un camino hacia los cambios para bien de los colombianos, sobre todo de los más empobrecidos, es el mismo camino hacia una democratización de la sociedad y un camino de revolución; pues revolución debe ser cambio, equidad, empoderamiento de la sociedad, que los de abajo gobiernen y cada día sean más como seres humanos disfrutando de una vida mejor. En esta ruta de sociedad o de ‘paz para la sociedad’ nos identificamos con muchos sectores y organizaciones sociales del país, lo que habría que mirar es si eso es posible de conseguirse en una Mesa, o de qué otra manera. Habría que preguntarle a los sectores que controlan el poder económico, político, militar y demás, si están en la misma ruta, pues todos dicen ser ‘demócratas’, pero a la hora de las verdades les duele mucho el bolsillo. Como puede ver, eso no sólo depende de nosotros, sino de cómo puede ser posible concretar un deseo de cambio de la sociedad; porque el Eln existe como expresión de esa necesidad de cambio. Si la dirección de un proceso de paz no abre las puertas para los cambios, el Eln no va”.


Leemos con atención la respuesta y continuamos desgranando el momento que vive el país y su entorno: El gobierno de Duque ha logrado que la Unión Europea avale su exigencia con respecto a ustedes, ¿rompe esta complacencia la neutralidad que debieran mantener con respecto a la mesa en curso? ¿Esto obliga a recomponer los acompañantes de la misma, ya de por sí diezmados por el rechazo del gobierno a la presencia de Venezuela en ella? “En las conversaciones que nuestra delegación ha mantenido con la comunidad internacional, personalidades nacionales e internacionales, se recibe el apoyo a la continuidad de las negociaciones. Ahora, es fastidioso meterse en los problemas de los demás. Siempre ha sido fácil querer que otros hagan lo que uno nunca hizo en el pasado. Me sucedió hace unos años, había un país europeo que se consideraba muy pacífico y nos cuestionaba el uso de explosivos en la guerra, hasta que me vi obligado a mostrarle una factura de una empresa de dicho país donde constaba un envío, a la industria militar del gobierno colombiano, de materia prima para fabricar explosivos; aún recuerdo la cara que puso; no volvió a tocar el tema. […] Para no meterme en honduras, quien esté de buena fe, con verdadera voluntad, es quien debe estar, cada cual escoge su camino, pero todo país tiene sus aliados, unos de oportunidad y otros estratégicos, en eso no nos llamemos a engaños […]. Siempre estaremos agradecidos de quienes con honestidad ayudan en la construcción de la paz. Cuando se configuró el grupo de países garantes negociamos un relativo equilibrio entre las dos partes, es eso lo que vale”.


Entorno regional, soberanía y guerra híbrida


Para la mayoría de analistas y estudiosos de la geopolítica regional es claro que con el agotamiento de los gobiernos progresistas el espacio y favorecimiento para una negociación entre iguales, con beneficio general para quienes habitan Colombia, ha quedado atrás, ahora gana espacio la derrota del contrario, así sea en la Mesa. Mirando hacia Venezuela, y la tensión de su relación con los Estados Unidos, así como el interés de este país en que caiga el gobierno de Nicolás Maduro, incluso vía magnicidio o golpe de Estado –para lo cual han logrado concretar una alianza con buena parte de los países de la región, incluida Colombia–, con el escenario de una guerra civil abierto, continuamos con la impersonal entrevista, ¿afecta este escenario la negociación de paz que ustedes intentan proseguir con el gobierno Duque?


"Todo lo que afecte el vecindario nos afectará a los colombianos. Si no hay paz en la región, muy difícilmente la habrá en nuestro país”. Este sentido de mirada global, tan ajena en Colombia, donde la mayoría de sus dirigentes y población han crecido ensimismados, contemplándose en sus fortalezas y debilidades, nos lleva a pensar que lo que ahora está sucediendo ante nuestros ojos pasa desapercibido para la mayoría, por lo cual desean que el gobierno del país vecino caiga, a como de lugar, como si ello no tuviera consecuencias inmediatas y mediatas. Mientras así compartimos, recordamos que debemos acabar de leer la respuesta para dar paso a otra posible pregunta.


"Hay un derecho o normatividad internacional que debe respetarse, la soberanía de los pueblos, gobiernos y naciones para tratar y solucionar sus diferencias, sus problemas. Los demás lo que deben hacer es cooperar. Estados Unidos y sus aliados han hecho de todo, desde cuando estaba Chávez, bloquear, impedir y golpear los procesos de cambio. Lógico, en la Venezuela de 2002, hubiesen querido que aconteciera lo del Chile de Allende en 1973, pero no fue. ¿A qué costo para la sociedad, para el pueblo? (3). Venezuela ha demostrado su compromiso por la paz de Colombia, por encima de muchos incrédulos. El escenario de negociación, o lo que nosotros llamamos espacio, se negoció que fuera en el entorno de Colombia y sobre todo en América del Sur. Al Gobierno le gusta más Estados Unidos, y los tienen de aliados, deberíamos compensar con China o Rusia, por aquello de los equilibrios”.


¿Y no temen que un escenario de ese tenor inscriba a nuestro país en un posible conflicto entre potencias, donde actuemos como simples peones, como le ocurrió a Siria? “Nosotros, precisa Antonio García, no somos los que andamos ofreciéndonos a la Otan para sus planes intervencionistas en otras latitudes, como gran potencia militar regional, o somos los que tenemos como objetivo de nuestra Doctrina Militar el ser líder militar regional, como sí lo tienen las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, es bueno que lean la Doctrina Damasco. Para hacer esto no se requiere justificaciones internas, pues el gobierno colombiano ya había decretado el fin del conflicto, y se prepara para una ‘guerra hibrida’ en el entorno regional y continental, que mucho se estudió en la Universidad Nueva Granada”.

Tomando en consideración los dardos soltados por nuestro entrevistado, vamos estructurando una nueva inquietud: Los acuerdos de paz logrados por las Farc han entrado en un escenario poco claro, tanto por su incumplimiento por parte del Gobierno como por el rearme de una parte de esa fuerza. Valorando tal realidad, y con la interrupción o ruptura de la negociación que ustedes llevaban con el gobierno ¿podríamos decir que la anhelada fase de paz duradera en Colombia ha quedado en el congelador? ¿Qué implicará esto para el país y que opciones le quedan a los movimientos sociales para no verse afectados de manera violenta por esta realidad?

“La intensidad de la confrontación militar dicen que ha bajado. Para nosotros no, pues hay una ofensiva del gobierno, y cuando nos logra golpear le dan un gran despliegue. Pero no acontece lo mismo cuando reciben nuestros golpes, se han especializado en ocultar los ataques exitosos de nuestra fuerza (4). La guerra mediática para nosotros juega, como también la paz mediática juega para la opinión. Pero la cruda realidad son los centenares de asesinatos de dirigentes sociales a lo largo de este último año, eso dice qué tan cierta es la paz, o mejor la crudeza de la realidad. Dicen los entendidos que cuando se hacen solicitudes a los gobiernos y estos las conceden en el marco de la institucionalidad, sin que nada cambie, se llama reformismo, pero la cruda realidad del capitalismo actual y de siempre, es que solo acepta las reformas cuando siente la amenaza de una revolución, le da temor y cede”.


La respuesta nos lleva a pensar en la inexistencia de una teoría global que le de base a una acción revolucionaria que rompa al capitalismo, como también a la inexistencia de apoyos por parte de país alguno para que fuerzas irregulares alternativas se mantengan en pie y avancen, de ahí que escribamos en el nuevo mensaje: pero, precisamente, esa situación de posible revolución es lo que se reconoce ampliamente como perdida o, por lo menos, envolatada, ¿consideran ustedes que aún es posible una revolución en Colombia? Y de ser así, ¿cuáles son las ideas fuerza y las acciones básicas que así lo posibilitaran? La historia jamás es en línea recta, hay muchas curvas, así como subidas y bajadas. Sería muy fácil luchar cuando uno tuviese más fuerza que el oponente –dice el segundo al mando en esta guerrilla–, de eso se trata una guerra de resistencia, los pueblos tienen más edad que un individuo, ellos van entregando a las nuevas generaciones los objetivos de su futuro; eso está suficientemente claro en el Eln”. Cuandopensamos que ya había argumentado, prosigue: “Si no hubiese razones para luchar por los cambios y transformaciones de una realidad injusta, no existiría la guerrilla y tampoco habría las movilizaciones de estas semanas, tan masivas y de carácter nacional, donde se muestra muy poca capacidad del gobierno para buscar y construir soluciones. Cuando al menos en Colombia se acepte la existencia de los presos políticos, podrá decirse que un gobierno ha empezado a pensar en la solución política como una posibilidad real, le respondo esta pregunta de manera inversa, porque de toda esta lucha actual se seguirán llenando las cárceles con dirigentes y activistas sociales, y los muertos, por la misma razón, siguen sin parar”.


Las respuestas de nuestro entrevistado dan un ángulo mayor en la mirada de la disputa por la Mesa, por su (re)instalación o quiebre, lo que estará en disputa durante los años que dure el gobierno Duque, y la paz negociada, esa ventana abierta en 1984 por primera vez tardará unos años más en ver cerrado su ciclo. El segundo al mando del Eln deja en claro la disposición de esta fuerza insurgente para negociar la paz como para afrontar la guerra. ¿Tienen fuerza los movimientos sociales para cambiar este escenario?

1. Según este Tratado, los monopolios aludidos al Estado son: el uso de la fuerza y de las armas, el monopolio para recoger tributos o impuestos y aplicar su normatividad jurídica, en la que cabe el monopolio para realizar acciones de privación de libertad.
2. En su disertación coloca un ejemplo: “Qué tal que un arrendatario de una vivienda, por el solo hecho que la empresa arrendadora cambie de dueño, al día siguiente se encuentre en la calle desconociendo que había firmado con el anterior dueño un contrato legal, con respaldo jurídico. Es un asunto elemental, de sentido común. De cortesía diría otro”.
3. Y enfatiza: “A los gringos no le interesa la democracia o la gente, pues no vengan con el cuento que en Chile se imponía a Pinochet para reposicionar la democracia. La historia no puede seguir siendo la justificación de la ignominia: yo debí ser bueno en el pasado”.
4. “Ocultan numerosos ataques contra instalaciones militares con cargas explosivas de gran envergadura, cierran calles o sus instalaciones para que los medios no lleguen ni se enteren. También cuando sus embarcaciones, como nodrizas o tanquetas son igualmente atacadas por nuestras fuerzas, por ningún lado se sabe, pero pregúntele a la gente en las regiones donde están ubicadas nuestras fuerzas”.

 


Correlación de fuerzas y fakenews

Cabe decir aquí que según la historia, las negociaciones de conflictos armados toman uno u otro sendero, uno u otro ritmo, de acuerdo a la correlación de fuerzas que se desprende del campo de batalla, de manera que en Colombia, pese al mayor peso de las Fuerzas Armadas oficiales la guerra irregular está en tablas. Entonces, cada una de las partes estará tratando de asestar un golpe que incline la Mesa a su favor. Sin embargo, algo en que concuerdan los analistas es que el Eln no cuenta con la fuerza militar para eso, ¿qué sigue, entonces? Desde el Eln los términos son de reafirmación en la Agenda que acordaron: “Si tenemos o no capacidad operativa para que el actual gobierno respete lo acordado –enfatiza Antonio García–, por ahora no ha sido discutido como un mecanismo para la implementación. La afirmación que ustedes señalan suena a eso: que para negociar algo con el Estado hay que tener capacidad militar para hacerlo cumplir. Si eso es así, habría que examinar el asunto. Aunque sobre este tema también hay enfoques caprichosos: a los gobiernos y los operadores de opinión les gusta decir que la guerrilla del Eln no tiene capacidad militar, pero cuando se hace cualquier acción militar ponen el grito en cielo, entonces uno no los entiende”.


Con su presencia en la Mesa, el Eln quedó a la vista, en el escenario de los titulares y la política de por medio, con mayor blanco de la “maniobra política” del poder y de los fake news, en ese marco que no es exclusivo de la clandestinidad, tiene el Eln cómo contrarrestar y cómo aclarar el mensaje dominante? La respuesta aporta en una definición acerca de cómo conciben una negociación. “Estamos, se trata de una negociación, no de lo que se quiera decir por un micrófono. En una negociación el instrumento es la mesa de conversaciones, la agenda que se pacta, las regulaciones que pactan las dos partes para adelantar el debate. Si se tratara de adelantar una campaña política, los instrumentos y los acuerdos serían de otra naturaleza. No hay nada que hayamos incumplido a la luz de lo acordado, quien está incumpliendo es el gobierno al no querer hacer presencia en la Mesa”.

 


Coca, narcotráfico, ética y el Catatumbo

 

Cada día es más frecuente escuchar por los medios de comunicación que ustedes son narcotraficantes, ¿cómo han pensado contrarrestar esta propaganda oficial y mediática?
“Dicen que en una guerra lo primero que se pierde es la verdad. Inglaterra mintió sobre Irak, siguen mintiendo Inglaterra y Francia sobre Siria, y las agresiones militares continúan. La propaganda no es un tipo de guerra sutil o un accesorio de ella, no, es la misma guerra, y es más brutal que la física. Por ejemplo, en una guerra una persona se muere, y ya. Pero con la guerra mediática se sigue matando la historia, la dignidad y por tanto el futuro. ¿Narcotraficantes nosotros? ¡Ave María!, como diría un paisa, primero eleno muerto, que ... Pues ¿se podrían imaginar al cura Camilo Torres o al cura Manuel Pérez con un alijo de cocaína? En el Eln primero está nuestro espíritu de servicio por encima de todo”.


Entonces, ¿tal información es desinformación?
“No hay la menor duda. Jamás han agarrado ni van a agarrar a un militante nuestro con un gramo de cocaína, menos tenemos laboratorios o rutas o ventas en el exterior. Como tampoco andamos como la DEA armando trampas para agarrar y penalizar incautos, para luego quedarse con los alijos de cocaína; ni tampoco lo que hacen otras agencias financiando operaciones de intervención a otros países con este tipo de negocios. La gente nos conoce, tenemos historia en nuestras regiones”.


¿Cuál es la relación entonces que tienen con este asunto?
“Cobramos un impuesto, como lo hacemos con cualquier actividad productiva. Ahora, si el gobierno o los gobiernos quieren pasar por rigurosos, penalizando el daño que causan actividades ilícitas, deberían empezar con la corrupción, que es el robo, de frente y con apoyo de la ley y de las instituciones de los bienes, recursos y riquezas de todas las gentes; por eso la población se queda sin salud, sin educación y pare de contar. Al Eln la gente lo puede ver sin tapujos, nuestra gente sabe como vivimos, como vestimos y comemos, muy humildemente, como todos los pobres de Colombia y del mundo”.


Cuando los medios aluden a este tema del narcotráfico, en relación con el Eln, lo relacionan con la famosa “disputa” por territorios y “corredores” con las mafias. Así explican, por ejemplo, ciertas acciones en el Chocó y, en especial, el enfrentamiento con el Epl en el Catatumbo. ¿Creen que es posible quitarse de encima ese “San Benito”? ¿Cómo?


“El enfrentamiento con el grupo del Epl, o como popularmente los llama la gente, “los pelusos” o “paramegas”, ese es otro cuento. Con el llamado Mando Nacional del Epl, la conducción estratégica del Eln realizó varias reuniones para establecer acuerdos, pero nunca se cumplieron donde ellos existen, en el Catatumbo, pues no están en otro lado; siempre los incumplieron. La razón del incumplimiento estaba en la alianza que tenían y tienen con los paramilitares en la región, para repartirse el control territorial y supuestamente el vacío dejado por las Farc, y por tanto controlar los negocios. Esa alianza se demostró, los paramegas están revueltos con los paramilitares, incluso varios de sus mandos operativos en el territorio son paramilitares; alguna gente nos dice que debemos llegar a un acuerdo con ellos, ¿cómo hacer acuerdos con los paramilitares?, ¿será que se puede? Complicado este asunto. Nosotros no somos los que estamos negando la naturaleza revolucionaria de una fuerza, si es ella la que hace las alianzas, y eso viene desde hace rato, desde cuando estaba vivo Megateo.


Si una fuerza paramilitar nos quiere cortar un corredor de movilidad, nosotros no podemos quedarnos quietos, pues es elemental mantener la libertad de movimientos y de acción, es uno de los tres principios de la guerra. No somos ingenuos, los paramilitares son una fuerza funcional al Estado, eso está documentado ahora y en el pasado.


El tema del ‘San Benito’, es un asunto mediático, y en eso el que tiene el micrófono es el que habla, pero nosotros no vamos a asustarnos por eso y dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Por fortuna toda guerra deja sus registros. Por ejemplo, luego de los ataques que nuestra unidades realizaron el 1 de noviembre, contra varios grupos paramegas, ubicados en las veredas de Mesitas, Limoncito y Castrillón, en la Provincia de Ocaña, los paramegas sacaron unos comunicados hablando falsedades sobre nuestra actuación; nuestros mandos permitieron la entrada a los sitios de los combates de unas comisiones del Cicr y de la Defensoría del Pueblo para que miraran lo que había sucedido, que hablaran con la población y ellos mismos se llevaran la información de manera directa. Seria bueno escuchar lo que esas instituciones tengan para informar, por eso de la objetividad que hay que tener con la opinión”.


La condición impersonal de la entrevista nos impide ver el rostro de quien nos responde. En todo caso, imaginamos al segundo al mando del Eln repasando las debilidades no superadas como guerrilleros, el efecto de sus operaciones y la distancia con la opinión pública, los coletazos en ciertos territorios de la “guerra contra las drogas” atizada por los Estados Unidos, el efecto de la crisis económica, política, social y humana de Venezuela sobre toda la frontera, la inanición en que cayó la Mesa de negociación, y otros muchos aspectos que cuestionan la existencia, o cuando menos la posibilidad histórica del Eln, la última de las insurgencias sobrevivientes en Colombia, dispuesta, como lo deja entrever Antonio García, para la guerra o para la paz.

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“Quizá no sea el tiempo de negociar, o no ha llegado el gobierno que de verdad quiera y pueda”

La paz, ese viejo sueño de la humanidad encuentra en Colombia un amplio territorio de anhelos, así como un mar de promesas, intentos de negociarla, logros parciales y fracasos. Desde cuando en 1984 el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur abrió la fase que aún no llega a su fin de paz negociada con las guerrillas revolucionarias, múltiples diálogos y Mesas para darle curso se han llevado a cabo e instalado por los gobiernos que desde entonces ha conocido el país. De tales episodios brotaron, en una primera fase, firmas de paz entre las guerrillas con una columna vertebral urbana y el establecimiento, y en la segunda, la recién concretada firma con las Farc, de arraigada raíz campesina.


En esos años, que ya suman 34, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) ha tenido asiento en varias Mesas bilaterales, frente a frente con el gobierno nacional en Costa Rica, México, Caracas, La Habana (vez anterior) …, todas ellas truncas. En todas y cada una de estas ocasiones participó, en una u otra de sus fases, Antonio García, segundo comandante al mando de esta guerrilla, y con quien este periódico sostuvo una entrevista vía electrónica en procura de respuestas ante un conjunto de interrogantes que hoy acompañan a líderes sociales, políticos, periodistas, de Colombia y otros países de la región y del mundo.


En ese ciclo de paz lograda con diversos grupos guerrilleros e intentos de diálogo abortados con otras, el pasado 30 de marzo de 2016 un nuevo intento fue oficializado entre esta veterana agrupación guerrillera y el gobierno nacional. Transcurridos dos años largos, con una agenda de 5 puntos concertada entre las partes, y luego de cuatro ciclos en Quito –Ecuador– la Mesa que debió ser trasladada a La Habana, no solo cojea sino que está sufriendo el corte de sus patas. La razón: las reglas de juego cambiaron: Ahora, a pesar de sus avances, los aspectos acordados no tienen peso alguno. así parece desprenderse de lo dicho una y otra vez por el presidente Duque: “Si quieren hablar de paz estamos listos, pero si y solo si le ponen fin a todas las actividades criminales y liberan todos los secuestrados”.


Al respecto, Antonio García subraya que “esa declaración desconoce que hubo un acuerdo de agenda, de orden temático y un orden de discusión con el anterior gobierno y dicho acuerdo debe respetarse”. Afirmación que este mando guerrillero no deja solo ahí. Puntualiza que el actual Gobierno “[…] desconoce que el Eln es una organización alzada en armas y que en esta condición no acepta el sometimiento al Estado […]. No somos una organización sometida a su normatividad, no hemos hecho ese acuerdo, al menos no está en la agenda. El derecho a la rebelión nos confiere la potestad para romper los monopolios atribuidos al Estado, según el Tratado de Westfalia” (1).


Desde la campaña electoral estaba casi seguro que de ser ungido como presidente, Duque no le daría continuidad a la negociación con ustedes, le escribimos a nuestro entrevistado, de lo cual podría inferirse que lo expresado ahora por el Presidente es una forma ‘disimulada’ de enfriar la negociación y descargar en la contraparte el costo político de romper la mesa, ¿qué piensa de eso?

García retoma cuáles fueron los términos acordados con el gobierno Santos: “Tres condiciones fueron las que nos puso: que las conversaciones fueran en el exterior, directas y secretas en la fase exploratoria, y en medio de la confrontación militar. El Eln no compartía algunas de ellas, pero se aceptaron, pues eran condiciones de tiempo, de espacio y operacionales mas no referidas a la naturaleza de nuestra organización”.

Así las cosas, para el Eln el Gobierno no es caballero en la Mesa. García amplía su opinión, “el asunto no es la Mesa, que está siempre ahí, o en cualquier lugar. El lío es quiénes se sienten en ella. El Eln está sentado y no ha dicho que vaya a romperla, además ha cumplido siempre. La delegación de Duque no asiste a las conversaciones. Eso lo pueden adornar como quieran o pueden vociferar cuanto quieran, pero es tan evidente que no requiere de explicaciones. Como presidente, Duque renuncia a continuar una responsabilidad de Estado y honrar los acuerdos del gobierno anterior (2). Mal precedente, ¿quién se atreverá a firmar acuerdos con futuros gobiernos? Y de nuestra parte, pregunto: ¿En qué ha incumplido el Eln?”.


Esta respuesta nos lleva a insistir en un interrogante anterior: parece que Duque no quiere asumir el costo de levantarse de la Mesa, ustedes tampoco, ¿cómo van a asumir ese tiempo de espera? ¿Consideran que tal paréntesis irá en contra del gobierno?


Tratado el tema antes, encontramos que nuestro interlocutor mantiene interés en retomarlo: Sería mezquino responder que queremos que sea el Presidente quien pague un costo político. No nos interesa eso. Es la sociedad en su conjunto quien resulta afectada. Nos interesa la paz de Colombia que traiga justicia, felicidad y equidad para las actuales y futuras generaciones. Lo cierto es que el actual y el anterior gobierno no están en condiciones de negociar, de establecer acuerdos que puedan cumplir. Como dice Trump sin tantas vueltas: ‘sí ganamos los ricos, ¿para qué negociar?’”.


Y continúa en la misma letra: “Quizá no sea el tiempo de negociar, o como dice el sentido común: no ha llegado el tiempo, o como diría otro: no ha llegado el gobierno que de verdad quiera y pueda. Pues son recurrentes las negociaciones y acuerdos incumplidos por los gobiernos a todas las protestas y conflictos sociales. Los gobiernos no pueden seguir mamando gallo”.


La respuesta, con tantos bemoles, nos deja dubitativos pues podemos pensar que esta guerrilla está de verdad dispuesta a una paz negociada, pero también a un alargue del conflicto armado por el tiempo que sea. El ciclo de las negociaciones de paz en Colombia seguirá abierto por mucho más tiempo, pensamos. Una perspectiva del conflicto armado, en cuyas escaramuzas, maniobras, distracciones y golpes de opinión es determinante el aspecto militar, pero asimismo la geopolítica, la misma que, con la caída del Muro de Berlín en 1989, condujo a las insurgencias urbanas a pensar que su escenario estaba cerrado y que era la hora de buscar una paz dialogada. Por eso, es una inquietud muy repetida: ¿De qué manera influye en el estado actual de la Mesa y en sus orientaciones como Comandante con la máxima responsabilidad militar, la situación internacional y, en particular, la de América Latina, o es que la Mesa expresa simplemente el deseo de derrota militar que no oculta un sector de quienes dominan en Colombia?


En el otro lado de la red, de un lugar tal vez lejano, en el monte o en la ciudad, cercano o lejos de una frontera, llega escrito. “El tiempo lleva implícito unas circunstancias, una realidad y muy seguramente el contexto internacional tiene una incidencia, pero lo esencial está en nuestro país. Por ejemplo, hay falta de consenso en la clase dominante, pues para unos la negociación debe hacerse como remate de un triunfo militar; para otros como parte de una victoria en curso, y de otros que consideran que para superar la confrontación militar se requiere la vía política, que contemple cambios en muchos órdenes, que no se trata sólo del silenciamiento de los fusiles”.


Suponemos que en este momento, posiblemente hizo una pausa o escuchó una noticia en radio como acostumbran los guerrilleros. “Hace unos días volví a leer una entrevista con María Alejandra Villamizar en 2005, ahí encontramos las mismas exigencias que hoy nos hace Duque, pero colocadas por Uribe; no es una coincidencia. A parte de lo anterior, y lo más grave es que se asume como política de Estado, que al no haber consensos en los sectores de la clase dominante, ni en los poderes del Estado, cualquier acuerdo debe someterse a sucesivas negociaciones que terminan triturando cualquier acuerdo, eso aconteció y sigue aconteciendo con el acuerdo con las Farc, sin desconocer que ellos cometieron errores en su forma de negociar; aunque también, en los contenidos de la negociación expresan su visión, una negociación más centrada en ellos mismos”.


En lo concerniente con la paz, el presidente Duque obra apegado al relato opositor del Centro Democrático y su discurso tras el resultado del Referendo, que acusa a Santos de “burlarse y dar un golpe de Estado” a la victoria del No. Por tanto, a la Mesa le está tocando el barro y un lapso de dificultades más grandes que las normales de una negociación. En este marco, es primordial saber si con el propósito de no cerrar el diálogo, ¿el Eln estará listo a recomenzar de cero. Está dispuesto a aceptar que ante un nuevo gobierno y su ventaja, el paso sea definir una nueva agenda que guíe la negociación? Pronto, en el buzón de entrada nos llegó un mensaje electrónico. “El que no quiere negociar no es el Eln, ni hemos amenazado con cerrar nada, solo se trata de continuar en los puntos que se acordaron. Hay un problema de fondo, es la manera como los gobiernos hacen sus empalmes, en cómo le dan continuidad como Estado a los asuntos que son de orden constitucional como es el asunto de la paz. Si el problema es de este orden, es pertinente que haya una política de Estado clara, al igual que los roles para las delegaciones de los gobiernos, pues se requiere saber con quién se negocia, si es con el poder ejecutivo, con el legislativo, con el judicial o con el militar; o si es con un empleado, a quien le interesa más el salario que el futuro del país”.


Negociación versus sometimiento


El tiempo, en medio de las matrices de opinión existentes acerca de la insurgencia, corre a favor del gobierno, ¿qué van a hacer? ¿Van a esperar indefinidamente? ¿En esta circunstancia, no tendrían que replantear el diseño estratégico? En ese caso, ¿en cuáles aspectos en cuál mínimo pondrían el énfasis? Es notorio que nuestro entrevistado piensa más en el país como conjunto y no en nosotros, como sus entrevistadores. Su respuesta más que un sí o un no es una explicación: “Nosotros acordamos una Agenda, un orden temático, que se anunció con toda formalidad. Todo mundo la conoció el 30 de marzo de 2016. ¿Por qué nosotros debemos cambiar un acuerdo que hicimos con el gobierno anterior? Ese es un asunto de Estado. y la paz no es un juego. ¿Por qué nosotros tenemos que resolver un problema del establecimiento?”.


Y sigue de inmediato. “Si quieren usar el tiempo como presión, lo pueden seguir haciendo, en eso perdemos todos, pero aceptar imposiciones no va con nosotros. Corresponde que Duque envíe su delegación a la Mesa y ahí, con mucho gusto, se conversan las cosas. Ahí, lo que sea razonable y en el marco del respeto que somos una organización rebelde alzada en armas, se examinará con igual respeto y consideración. Nuestra delegación tiene la orientación de mantenerse en la Mesa”.


Retomando las consideraciones que recalcan y difunden una y otra vez los medios de comunicación, preguntamos: en una perspectiva o viraje, de recomenzar, ¿estarían dispuestos a ofrecer un cese unilateral de fuego, incluyendo lo que el gobierno llama devolución de secuestrados? Con énfasis, dando por sentado que el Eln constituye otro Estado, ya sea en formación o ejerciendo en territorios pequeños y delimitados dentro del Estado que es conocido como Colombia, el segundo al mando del Eln escribe: “Los gobiernos son caprichosos. Santos dijo que la negociación debía ser en medio de la confrontación militar. Luego, se le ocurrió que debía ser como a él se le antojara”.


En este punto, García precisa el procedimiento en una conversación para dar fin a las hostilidades. “El principio elemental de una negociación es que se habla sobre lo que las dos partes acuerdan, y no lo que una sola quiera. Es así de sencillo”. Un sencillo que en los hechos no resulta así. “Siendo francos, a costa de qué el Eln debe hacer lo que el gobierno quiere, pues si a nosotros se nos antojara exigir otro tanto, estaríamos con el mismo derecho. Si aceptáramos las imposiciones del gobierno no estaríamos en una negociación, sino en un proceso que se llama sometimiento. Nosotros no estamos para eso. Si hablamos de reciprocidad podríamos considerar el asunto”. Y quien está al otro lado de la red recuerda una vez más que, “hemos hecho gestos puntuales, la mayoría sin reciprocidad del gobierno, por eso los gobiernos se malacostumbran y creen que todo es a precio de huevo –un dicho que toca replantear, pues ahora los huevos están muy caros”.


¿Y los secuestrados? “Sobre el tema de las retenciones, en derecho se denominan acciones de privación de la libertad, es pertinente tratarlo con franqueza. Todos los gobiernos del mundo, todos, sin excepción, realizan acciones de privación de la libertad por diversas razones, motivos o justificaciones: políticos, tributarios, control social y protección, etcétera. ¿En qué se diferencian de las que hace una organización rebelde en armas? La única diferencia es que ellos dicen que pueden hacerlas, dizque porque son legales, porque están dentro de sus leyes. Conclusión: las que hacen los gobiernos son legales y las nuestras no. ¡Qué bonito!, la relatividad del derecho y la justicia. Como si la legalidad fuera ‘patente de corso’ para hacer de manera ‘legal’ cualquier delito. Es un asunto político”.

Y prosigue en su alegato: “Pregunto, ¿qué son las cárceles?, no me digan que son centros d reclusión voluntaria o espacios de retiros. Para salir de allá también hay que pagar, así los detenidos cumplan las condenas; hay mucha gente sin causa justificada o sin condena establecida, no por uno o dos años, ¿cómo puede llamarse este fenómeno? Como les decía antes, la rebelión armada es la ruptura de esos tres monopolios de los Estados, ahí radica el fondo del asunto. Si ellos lo hacen, nosotros también. La rebelión es una ruptura de la legalidad existente sobre la que se soportan dichos monopolios”.

Cabe reconocer que hay coherencia doctrinaria en esta consideración con desafío que hace García. Pero, nos interesa tocar la coyuntura y volvemos a la carga: ¿no creen que un “gesto de paz” es el paso que esperan, tanto la comunidad internacional como los más amplios sectores de la opinión pública? “Sería muy bueno un gesto de paz recíproco, no lo estoy negando, pues las dos partes debemos ser generosas, que bueno sería. Pero es como todo, aquí volvería a cumplirse la máxima de la vida, que solo es generoso el pobre, que comparte el pedazo de pan con el necesitado; mientras el rico, en medio de la opulencia, solo ofrece las migajas”.

La guerra y la política

En toda lucha militar hay cinco aspectos que son determinantes, según el pensamiento de Sun Tzu: la vía, el tiempo, el terreno, el mando y la disciplina. En lo relativo a la negociación de un conflicto no hay un modelo acerca de los pasos a dar. No hay una experiencia reconocida con aporte universal. La clave es descubrir y afrontar ante las cosas inesperadas. Todos sabemos que en el logro de una solución política está de por medio el efecto de la correlación de fuerza en la opinión. Aquí, el gobierno cuenta con factores a favor y se siente más fuerte, con pretensiones para imponer sus criterios. Entonces, ¿cómo se plantean ustedes torcerle el cuello a la correlación de fuerzas existente entre las partes en conflicto? “Tanto el gobierno como nosotros tenemos nuestras estrategias, unas son públicas y otras secretas. De las públicas estamos hablando, de las otras nos reservamos. Vamos a persistir porque consideramos justo que se respete un acuerdo. Si se violan los acuerdos ahora, apenas empezando, ¿qué será después? Estamos en una negociación, lo que ustedes plantean es hacer la guerra en la mesa. Nosotros nos apartamos de ese criterio, pues una negociación, si es con voluntad, no debe colocarse alrededor de la mesa los batallones, las brigadas o las divisiones, porque en ese instante se convertiría en un campo de batalla, y lo que se trata es de superarla”.


La respuesta nos lleva a recordar que el Eln no es un ejército, como en su caso se autodefinían las Farc, sino una organización político-militar, que ahora le está dando más peso a lo político: ¿Y no han pensado, inquerimos, que el movimiento por la paz y los 8 millones que votaron distinto también están esperando lo mismo? ¿No tienen demasiada confianza en ese movimiento? “Ojalá pudiésemos escuchar a los ocho millones directamente, que nos contaran qué es lo que quieren y a quién le hacen las exigencias” –empieza por escribir Antonio García. Y prosigue: “No nos vamos a comer el cuento que dicen que dijeron; estamos muy grandecitos para eso. No es la primera negociación en la que estamos. Preferimos la certeza a la confianza. Confianza viene de con-fio, de fiar. La confianza nace de un camino de certezas. La movilización cierta es la de los estudiantes que poco son escuchados, al igual de los demás sectores sociales que protestan y nadie los escucha, y cuando por milagro los escuchan es para mamarles gallo y seguir los incumplimientos. Por eso, poco confían en el gobierno, al que siempre le fían y casi nunca paga. En sentido contrario, al gobierno le interesa la certeza de nuestros gestos, que no actuemos militarmente, y quieren que la sociedad y nosotros les fiemos los cambios, las transformaciones. Hagámosle primero a las certezas”.


En el lugar de las certezas, la reciente firma con las Farc es un capítulo con preguntas pendientes. ¿Las Farc repitieron el modelo de otra desmovilización?, ante la desventaja en la correlación política entre las fuerzas populares y las del poder. O, ¿sin tamaño, las Farc intentaron un procedimiento diferente de dejación de armas que no empelotara el cumplimiento de los Acuerdos? Que lo dejara desvestido ante las trampas institucionales y burocráticas, y los intereses del Estado y el poder. Son preguntas que por supuesto, le quitan fondo y blanco a la Mesa Gobierno-Eln. En concreto, si ustedes llegaran a admitir que la opinión pública quiere la paz, “como sea”, ¿estarían dispuestos a “someterse a la justicia”, a ‘rendirse’? O ¿preferirían, como en su momento lo hicieron las Fuerzas armadas de liberación nacional (Faln) en Venezuela y recientemente la ETA, unilateralmente, dar por terminado el proyecto revolucionario armado? “Cada organización y cada pueblo son autónomos de escoger sus propios caminos, es una lección dejada por la historia, por la soberanía de sus actores. Por nuestra parte, hemos sostenido con claridad que someterse no le ha pasado al Eln por la cabeza, menos claudicar. Para nosotros la búsqueda de la paz debe ser un camino hacia los cambios para bien de los colombianos, sobre todo de los más empobrecidos, es el mismo camino hacia una democratización de la sociedad y un camino de revolución; pues revolución debe ser cambio, equidad, empoderamiento de la sociedad, que los de abajo gobiernen y cada día sean más como seres humanos disfrutando de una vida mejor. En esta ruta de sociedad o de ‘paz para la sociedad’ nos identificamos con muchos sectores y organizaciones sociales del país, lo que habría que mirar es si eso es posible de conseguirse en una Mesa, o de qué otra manera. Habría que preguntarle a los sectores que controlan el poder económico, político, militar y demás, si están en la misma ruta, pues todos dicen ser ‘demócratas’, pero a la hora de las verdades les duele mucho el bolsillo. Como puede ver, eso no sólo depende de nosotros, sino de cómo puede ser posible concretar un deseo de cambio de la sociedad; porque el Eln existe como expresión de esa necesidad de cambio. Si la dirección de un proceso de paz no abre las puertas para los cambios, el Eln no va”.


Leemos con atención la respuesta y continuamos desgranando el momento que vive el país y su entorno: El gobierno de Duque ha logrado que la Unión Europea avale su exigencia con respecto a ustedes, ¿rompe esta complacencia la neutralidad que debieran mantener con respecto a la mesa en curso? ¿Esto obliga a recomponer los acompañantes de la misma, ya de por sí diezmados por el rechazo del gobierno a la presencia de Venezuela en ella? “En las conversaciones que nuestra delegación ha mantenido con la comunidad internacional, personalidades nacionales e internacionales, se recibe el apoyo a la continuidad de las negociaciones. Ahora, es fastidioso meterse en los problemas de los demás. Siempre ha sido fácil querer que otros hagan lo que uno nunca hizo en el pasado. Me sucedió hace unos años, había un país europeo que se consideraba muy pacífico y nos cuestionaba el uso de explosivos en la guerra, hasta que me vi obligado a mostrarle una factura de una empresa de dicho país donde constaba un envío, a la industria militar del gobierno colombiano, de materia prima para fabricar explosivos; aún recuerdo la cara que puso; no volvió a tocar el tema. […] Para no meterme en honduras, quien esté de buena fe, con verdadera voluntad, es quien debe estar, cada cual escoge su camino, pero todo país tiene sus aliados, unos de oportunidad y otros estratégicos, en eso no nos llamemos a engaños […]. Siempre estaremos agradecidos de quienes con honestidad ayudan en la construcción de la paz. Cuando se configuró el grupo de países garantes negociamos un relativo equilibrio entre las dos partes, es eso lo que vale”.


Entorno regional, soberanía y guerra híbrida


Para la mayoría de analistas y estudiosos de la geopolítica regional es claro que con el agotamiento de los gobiernos progresistas el espacio y favorecimiento para una negociación entre iguales, con beneficio general para quienes habitan Colombia, ha quedado atrás, ahora gana espacio la derrota del contrario, así sea en la Mesa. Mirando hacia Venezuela, y la tensión de su relación con los Estados Unidos, así como el interés de este país en que caiga el gobierno de Nicolás Maduro, incluso vía magnicidio o golpe de Estado –para lo cual han logrado concretar una alianza con buena parte de los países de la región, incluida Colombia–, con el escenario de una guerra civil abierto, continuamos con la impersonal entrevista, ¿afecta este escenario la negociación de paz que ustedes intentan proseguir con el gobierno Duque?


"Todo lo que afecte el vecindario nos afectará a los colombianos. Si no hay paz en la región, muy difícilmente la habrá en nuestro país”. Este sentido de mirada global, tan ajena en Colombia, donde la mayoría de sus dirigentes y población han crecido ensimismados, contemplándose en sus fortalezas y debilidades, nos lleva a pensar que lo que ahora está sucediendo ante nuestros ojos pasa desapercibido para la mayoría, por lo cual desean que el gobierno del país vecino caiga, a como de lugar, como si ello no tuviera consecuencias inmediatas y mediatas. Mientras así compartimos, recordamos que debemos acabar de leer la respuesta para dar paso a otra posible pregunta.


"Hay un derecho o normatividad internacional que debe respetarse, la soberanía de los pueblos, gobiernos y naciones para tratar y solucionar sus diferencias, sus problemas. Los demás lo que deben hacer es cooperar. Estados Unidos y sus aliados han hecho de todo, desde cuando estaba Chávez, bloquear, impedir y golpear los procesos de cambio. Lógico, en la Venezuela de 2002, hubiesen querido que aconteciera lo del Chile de Allende en 1973, pero no fue. ¿A qué costo para la sociedad, para el pueblo? (3). Venezuela ha demostrado su compromiso por la paz de Colombia, por encima de muchos incrédulos. El escenario de negociación, o lo que nosotros llamamos espacio, se negoció que fuera en el entorno de Colombia y sobre todo en América del Sur. Al Gobierno le gusta más Estados Unidos, y los tienen de aliados, deberíamos compensar con China o Rusia, por aquello de los equilibrios”.


¿Y no temen que un escenario de ese tenor inscriba a nuestro país en un posible conflicto entre potencias, donde actuemos como simples peones, como le ocurrió a Siria? “Nosotros, precisa Antonio García, no somos los que andamos ofreciéndonos a la Otan para sus planes intervencionistas en otras latitudes, como gran potencia militar regional, o somos los que tenemos como objetivo de nuestra Doctrina Militar el ser líder militar regional, como sí lo tienen las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, es bueno que lean la Doctrina Damasco. Para hacer esto no se requiere justificaciones internas, pues el gobierno colombiano ya había decretado el fin del conflicto, y se prepara para una ‘guerra hibrida’ en el entorno regional y continental, que mucho se estudió en la Universidad Nueva Granada”.

Tomando en consideración los dardos soltados por nuestro entrevistado, vamos estructurando una nueva inquietud: Los acuerdos de paz logrados por las Farc han entrado en un escenario poco claro, tanto por su incumplimiento por parte del Gobierno como por el rearme de una parte de esa fuerza. Valorando tal realidad, y con la interrupción o ruptura de la negociación que ustedes llevaban con el gobierno ¿podríamos decir que la anhelada fase de paz duradera en Colombia ha quedado en el congelador? ¿Qué implicará esto para el país y que opciones le quedan a los movimientos sociales para no verse afectados de manera violenta por esta realidad?

“La intensidad de la confrontación militar dicen que ha bajado. Para nosotros no, pues hay una ofensiva del gobierno, y cuando nos logra golpear le dan un gran despliegue. Pero no acontece lo mismo cuando reciben nuestros golpes, se han especializado en ocultar los ataques exitosos de nuestra fuerza (4). La guerra mediática para nosotros juega, como también la paz mediática juega para la opinión. Pero la cruda realidad son los centenares de asesinatos de dirigentes sociales a lo largo de este último año, eso dice qué tan cierta es la paz, o mejor la crudeza de la realidad. Dicen los entendidos que cuando se hacen solicitudes a los gobiernos y estos las conceden en el marco de la institucionalidad, sin que nada cambie, se llama reformismo, pero la cruda realidad del capitalismo actual y de siempre, es que solo acepta las reformas cuando siente la amenaza de una revolución, le da temor y cede”.


La respuesta nos lleva a pensar en la inexistencia de una teoría global que le de base a una acción revolucionaria que rompa al capitalismo, como también a la inexistencia de apoyos por parte de país alguno para que fuerzas irregulares alternativas se mantengan en pie y avancen, de ahí que escribamos en el nuevo mensaje: pero, precisamente, esa situación de posible revolución es lo que se reconoce ampliamente como perdida o, por lo menos, envolatada, ¿consideran ustedes que aún es posible una revolución en Colombia? Y de ser así, ¿cuáles son las ideas fuerza y las acciones básicas que así lo posibilitaran? La historia jamás es en línea recta, hay muchas curvas, así como subidas y bajadas. Sería muy fácil luchar cuando uno tuviese más fuerza que el oponente –dice el segundo al mando en esta guerrilla–, de eso se trata una guerra de resistencia, los pueblos tienen más edad que un individuo, ellos van entregando a las nuevas generaciones los objetivos de su futuro; eso está suficientemente claro en el Eln”. Cuandopensamos que ya había argumentado, prosigue: “Si no hubiese razones para luchar por los cambios y transformaciones de una realidad injusta, no existiría la guerrilla y tampoco habría las movilizaciones de estas semanas, tan masivas y de carácter nacional, donde se muestra muy poca capacidad del gobierno para buscar y construir soluciones. Cuando al menos en Colombia se acepte la existencia de los presos políticos, podrá decirse que un gobierno ha empezado a pensar en la solución política como una posibilidad real, le respondo esta pregunta de manera inversa, porque de toda esta lucha actual se seguirán llenando las cárceles con dirigentes y activistas sociales, y los muertos, por la misma razón, siguen sin parar”.


Las respuestas de nuestro entrevistado dan un ángulo mayor en la mirada de la disputa por la Mesa, por su (re)instalación o quiebre, lo que estará en disputa durante los años que dure el gobierno Duque, y la paz negociada, esa ventana abierta en 1984 por primera vez tardará unos años más en ver cerrado su ciclo. El segundo al mando del Eln deja en claro la disposición de esta fuerza insurgente para negociar la paz como para afrontar la guerra. ¿Tienen fuerza los movimientos sociales para cambiar este escenario?

1. Según este Tratado, los monopolios aludidos al Estado son: el uso de la fuerza y de las armas, el monopolio para recoger tributos o impuestos y aplicar su normatividad jurídica, en la que cabe el monopolio para realizar acciones de privación de libertad.
2. En su disertación coloca un ejemplo: “Qué tal que un arrendatario de una vivienda, por el solo hecho que la empresa arrendadora cambie de dueño, al día siguiente se encuentre en la calle desconociendo que había firmado con el anterior dueño un contrato legal, con respaldo jurídico. Es un asunto elemental, de sentido común. De cortesía diría otro”.
3. Y enfatiza: “A los gringos no le interesa la democracia o la gente, pues no vengan con el cuento que en Chile se imponía a Pinochet para reposicionar la democracia. La historia no puede seguir siendo la justificación de la ignominia: yo debí ser bueno en el pasado”.
4. “Ocultan numerosos ataques contra instalaciones militares con cargas explosivas de gran envergadura, cierran calles o sus instalaciones para que los medios no lleguen ni se enteren. También cuando sus embarcaciones, como nodrizas o tanquetas son igualmente atacadas por nuestras fuerzas, por ningún lado se sabe, pero pregúntele a la gente en las regiones donde están ubicadas nuestras fuerzas”.

 


Correlación de fuerzas y fakenews

Cabe decir aquí que según la historia, las negociaciones de conflictos armados toman uno u otro sendero, uno u otro ritmo, de acuerdo a la correlación de fuerzas que se desprende del campo de batalla, de manera que en Colombia, pese al mayor peso de las Fuerzas Armadas oficiales la guerra irregular está en tablas. Entonces, cada una de las partes estará tratando de asestar un golpe que incline la Mesa a su favor. Sin embargo, algo en que concuerdan los analistas es que el Eln no cuenta con la fuerza militar para eso, ¿qué sigue, entonces? Desde el Eln los términos son de reafirmación en la Agenda que acordaron: “Si tenemos o no capacidad operativa para que el actual gobierno respete lo acordado –enfatiza Antonio García–, por ahora no ha sido discutido como un mecanismo para la implementación. La afirmación que ustedes señalan suena a eso: que para negociar algo con el Estado hay que tener capacidad militar para hacerlo cumplir. Si eso es así, habría que examinar el asunto. Aunque sobre este tema también hay enfoques caprichosos: a los gobiernos y los operadores de opinión les gusta decir que la guerrilla del Eln no tiene capacidad militar, pero cuando se hace cualquier acción militar ponen el grito en cielo, entonces uno no los entiende”.


Con su presencia en la Mesa, el Eln quedó a la vista, en el escenario de los titulares y la política de por medio, con mayor blanco de la “maniobra política” del poder y de los fake news, en ese marco que no es exclusivo de la clandestinidad, tiene el Eln cómo contrarrestar y cómo aclarar el mensaje dominante? La respuesta aporta en una definición acerca de cómo conciben una negociación. “Estamos, se trata de una negociación, no de lo que se quiera decir por un micrófono. En una negociación el instrumento es la mesa de conversaciones, la agenda que se pacta, las regulaciones que pactan las dos partes para adelantar el debate. Si se tratara de adelantar una campaña política, los instrumentos y los acuerdos serían de otra naturaleza. No hay nada que hayamos incumplido a la luz de lo acordado, quien está incumpliendo es el gobierno al no querer hacer presencia en la Mesa”.

 


Coca, narcotráfico, ética y el Catatumbo

 

Cada día es más frecuente escuchar por los medios de comunicación que ustedes son narcotraficantes, ¿cómo han pensado contrarrestar esta propaganda oficial y mediática?
“Dicen que en una guerra lo primero que se pierde es la verdad. Inglaterra mintió sobre Irak, siguen mintiendo Inglaterra y Francia sobre Siria, y las agresiones militares continúan. La propaganda no es un tipo de guerra sutil o un accesorio de ella, no, es la misma guerra, y es más brutal que la física. Por ejemplo, en una guerra una persona se muere, y ya. Pero con la guerra mediática se sigue matando la historia, la dignidad y por tanto el futuro. ¿Narcotraficantes nosotros? ¡Ave María!, como diría un paisa, primero eleno muerto, que ... Pues ¿se podrían imaginar al cura Camilo Torres o al cura Manuel Pérez con un alijo de cocaína? En el Eln primero está nuestro espíritu de servicio por encima de todo”.


Entonces, ¿tal información es desinformación?
“No hay la menor duda. Jamás han agarrado ni van a agarrar a un militante nuestro con un gramo de cocaína, menos tenemos laboratorios o rutas o ventas en el exterior. Como tampoco andamos como la DEA armando trampas para agarrar y penalizar incautos, para luego quedarse con los alijos de cocaína; ni tampoco lo que hacen otras agencias financiando operaciones de intervención a otros países con este tipo de negocios. La gente nos conoce, tenemos historia en nuestras regiones”.


¿Cuál es la relación entonces que tienen con este asunto?
“Cobramos un impuesto, como lo hacemos con cualquier actividad productiva. Ahora, si el gobierno o los gobiernos quieren pasar por rigurosos, penalizando el daño que causan actividades ilícitas, deberían empezar con la corrupción, que es el robo, de frente y con apoyo de la ley y de las instituciones de los bienes, recursos y riquezas de todas las gentes; por eso la población se queda sin salud, sin educación y pare de contar. Al Eln la gente lo puede ver sin tapujos, nuestra gente sabe como vivimos, como vestimos y comemos, muy humildemente, como todos los pobres de Colombia y del mundo”.


Cuando los medios aluden a este tema del narcotráfico, en relación con el Eln, lo relacionan con la famosa “disputa” por territorios y “corredores” con las mafias. Así explican, por ejemplo, ciertas acciones en el Chocó y, en especial, el enfrentamiento con el Epl en el Catatumbo. ¿Creen que es posible quitarse de encima ese “San Benito”? ¿Cómo?


“El enfrentamiento con el grupo del Epl, o como popularmente los llama la gente, “los pelusos” o “paramegas”, ese es otro cuento. Con el llamado Mando Nacional del Epl, la conducción estratégica del Eln realizó varias reuniones para establecer acuerdos, pero nunca se cumplieron donde ellos existen, en el Catatumbo, pues no están en otro lado; siempre los incumplieron. La razón del incumplimiento estaba en la alianza que tenían y tienen con los paramilitares en la región, para repartirse el control territorial y supuestamente el vacío dejado por las Farc, y por tanto controlar los negocios. Esa alianza se demostró, los paramegas están revueltos con los paramilitares, incluso varios de sus mandos operativos en el territorio son paramilitares; alguna gente nos dice que debemos llegar a un acuerdo con ellos, ¿cómo hacer acuerdos con los paramilitares?, ¿será que se puede? Complicado este asunto. Nosotros no somos los que estamos negando la naturaleza revolucionaria de una fuerza, si es ella la que hace las alianzas, y eso viene desde hace rato, desde cuando estaba vivo Megateo.


Si una fuerza paramilitar nos quiere cortar un corredor de movilidad, nosotros no podemos quedarnos quietos, pues es elemental mantener la libertad de movimientos y de acción, es uno de los tres principios de la guerra. No somos ingenuos, los paramilitares son una fuerza funcional al Estado, eso está documentado ahora y en el pasado.


El tema del ‘San Benito’, es un asunto mediático, y en eso el que tiene el micrófono es el que habla, pero nosotros no vamos a asustarnos por eso y dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Por fortuna toda guerra deja sus registros. Por ejemplo, luego de los ataques que nuestra unidades realizaron el 1 de noviembre, contra varios grupos paramegas, ubicados en las veredas de Mesitas, Limoncito y Castrillón, en la Provincia de Ocaña, los paramegas sacaron unos comunicados hablando falsedades sobre nuestra actuación; nuestros mandos permitieron la entrada a los sitios de los combates de unas comisiones del Cicr y de la Defensoría del Pueblo para que miraran lo que había sucedido, que hablaran con la población y ellos mismos se llevaran la información de manera directa. Seria bueno escuchar lo que esas instituciones tengan para informar, por eso de la objetividad que hay que tener con la opinión”.


La condición impersonal de la entrevista nos impide ver el rostro de quien nos responde. En todo caso, imaginamos al segundo al mando del Eln repasando las debilidades no superadas como guerrilleros, el efecto de sus operaciones y la distancia con la opinión pública, los coletazos en ciertos territorios de la “guerra contra las drogas” atizada por los Estados Unidos, el efecto de la crisis económica, política, social y humana de Venezuela sobre toda la frontera, la inanición en que cayó la Mesa de negociación, y otros muchos aspectos que cuestionan la existencia, o cuando menos la posibilidad histórica del Eln, la última de las insurgencias sobrevivientes en Colombia, dispuesta, como lo deja entrever Antonio García, para la guerra o para la paz.

Colombia. El decorado de la paz se desmorona

Colombia ha vivido unos años en los que los decoradores de la paz –expertos en dramaturgia democrática han levantado una escenografía tan débil que ahora se desmorona ante los vientos uribistas.

 

Todos quisimos creerlo. Mejor expresado: todos necesitábamos creer que lo imperfecto era lo posible y que lo posible se haría realidad en medio de dificultades. Todos y todas pensamos que los procesos de paz que caminaban en Colombia tenían sentido, no para hacer la revolución siempre pendiente sino para sacar la violencia armada de la política, para desestigmatizar a los movimientos de base y para comenzar una larga y dura lucha en el terreno de lo político-institucional (aunque ese escenario sea un decorado vacío de contenido, una ficción consensual que permite la ficción democrática en el feudo colonial).

Apostamos, muchos, al posibilismo. Confiamos en empujar un poquito la Constitución de 1991 y sus derechos de ficción, habilitar espacios de debate y participación que no estuvieran mediados por la muerte, proponer las otras-muchas-colombias-posibles sin el temor inminente del tiro en la nuca. Los que llevaban más heridas a cuestas sabían que era casi imposible. Los fantasmas del genocidio de la Unión Patriótica, de la desmovilización del M-19, de los cientos de acuerdos incumplidos por el Estado tras las duras batallas libradas por los pueblos indígenas… Todas esas heridas recordaban que se pactaba y se daba un margen de confianza a quien nunca había hecho nada para merecerlo.

Pero aún así, quisimos creerlo e incluso algunos de los líderes y lideresas más curtidos le apostaron (y le apuestan) a la paz (sea lo que sea lo que signifique) porque la degradada guerra civil de la Colombia invisible es insoportable. Una compañera mexicana, curtida también en las negociaciones con estados genocidas, me decía que cuando el nivel de violencia contra la sociedad es tan extremo como en Colombia, las agendas políticas tendían a reducirse a un solo enunciado: “Dejen de asesinarnos, desaparecernos, torturarnos…”. Esa era, quizá, la agenda y desde ese punto de vista los procesos de paz recientes en Colombia ya han fracasado.

El gobierno saliente de Juan Manuel Santos, el Nobel de Paz cocinado desde la guerra sucia del Estado, construyó un decorado de la paz que, por un momento, podía parecer confiable: insuficiente, sí; pero posible. Primero los clásicos de todos postconflicto contemporáneo: comisión de la verdad, comisión de búsqueda de personas desaparecidas, sistema de justicia transicional. Después, la ñapa de comprometerse a lo que ya lleva escrito y aprobado hace 27 años en la Constitución Política. Era un decorado. La inmensa mayoría de los puntos consignados en el Acuerdo de Paz firmado con las FARC en noviembre de 2016 –después de un profundo peluqueado fruto de un innecesario y fallido plebiscito- no avanzan y el Estado sólo ha cumplido en lo que tiene que ver con el desarme y desmovilización de la guerrilla de las FARC. Ni siquiera está cumpliendo en lo relativo a la reintegración de los ex guerrilleros y guerrilleras en la vida civil.

Las comisiones avanzan en medio de la parálisis: o bien no tienen presupuesto, o bien no cuentan con el respaldo institucional necesario, o bien trabajan en un país ficticio porque el país real, desde que Uribe comenzara la formación de una nueva opinión pública a su medida, no está interesado en esta paz y gusta más de la victoria militar. De hecho, parece paradójico que tras cumplir las FARC con el 95% de sus compromisos en tiempo y forma, la mayoría de los colombianos (un 77% según las últimas encuestas) sigue desconfiando de lo que ahora es un movimiento político resquebrajado desde dentro.

El decorado de Santos debía completarse con la firma de algún tipo de acuerdo con la segunda guerrilla del país (el Ejército de Liberación Nacional –ELN-) y con el sometimiento a la justicia de la principal franquicia paramilitar de las muchas que operan en el país (el Clan del Golfo o también autodenominado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC-).

En el primer caso, a los decoradores se les vio el plumero: siempre despreciaron y ningunearon al ELN y no estaban dispuestos a abrir un proceso masivo y nacional de participación ciudadana, que es lo que la guerrilla de origen guevarista siempre ha reclamado para repensar el país.

En el segundo caso, las improvisaciones de última hora del Gobierno Santos y el hecho de que haya llegado al poder un Gobierno neouribista (cuando las AGC no perdonan a Uribe las traiciones acumuladas tras su desmovilización fingida en 2005) han frustrado la disposición de ese grupo paramilitar a desmovilizarse de algún modo. Esta es la realidad cuando llevamos dos meses del Gobierno de Iván Duque, un advenedizo de la política elegido cuidadosamente por Álvaro Uribe después de la traición (una más) que supuso para el ex presidente paisa la gestión de Santos, quien fuera su ministro de Defensa.

Duque ha dejado el ministerio de Defensa a un uribista peligroso, el empresario Guillermo Botero, y ha dejado en el congelador todos los procesos de paz: apuesta así por la derrota militar del ELN y por la desaparición de las FARC gracias a sus divisiones internas y a su aparente aislamiento político. Con los ‘paras’…. con los ‘paras’ es otra cosa: puede negociar bajo cuerda con ellos un reparto de las economías ilegales y las violencias en el país, puede pedir ayuda a sus aliados en Washington (que siempre han tenido el control del interruptor del paramilitarismo), o puede verse tentado a iniciar una guerra improbable y de rumbo más que incierto.

Una vez tumbado el decorado de la paz con el primer monzón uribista… ahora sólo toca ver qué tan vigorosos son los movimientos de base para resistir y construir alternativas quizá, esta vez, totalmente al margen de la arquitectura institucional. Juegan con todo el contra: una comunidad internacional timorata, una clase media urbana inmune a los avatares de la guerra, y unos territorios codiciados por una hidra de organizaciones criminales que saben que la rentabilidad del control territorial es desproporcionada. La única esperanza es que comunidades y organizaciones de base han demostrado mil veces en Colombia su capacidad de resistencia y de reinvención. Nuestro apoyo, basado en el respeto absoluto de los procesos propios (con aciertos y errores) es más necesario que nunca.

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