https://diario-octubre.com/2019/08/29/colombia-ivan-marquez-que-fuera-numero-2-de-las-farc-anuncia-la-vuelta-a-la-lucha-armada/

De cómo errar con razones

La decisión de volver al monte, por parte de Márquez, Santrich y sus acompañantes, corrobora una vez más que no es suficiente tener razón para acertar. En efecto, como han resaltado un sinnúmero de analistas en los días posteriores a la declaración, la mayoría de las razones esgrimidas en el comunicado son ciertas. Claramente, ha habido un incumplimiento sistemático del Acuerdo de Paz tanto por parte del Estado colombiano –lo que es evidente por ejemplo en la implementación de “operaciones de entrampamiento” y montajes judiciales o en el fracaso de las circunscripciones para la paz en el Congreso– como por el actual gobierno -que ha atacado a la JEP, objetando la ley estatutaria y reduciendo sus recursos, por no hablar de puntos sustanciales como el congelamiento de la reforma rural integral o la negligencia a la hora de garantizar la seguridad tanto a desmovilizados como a líderes sociales. No obstante, y esto también hace parte del consenso entre analistas, el retorno a las armas es una torpeza política enorme.

Desde que el uribismo se propuso “hacer trizas” el Acuerdo de Paz, estaba anhelando que algo así sucediera. Como fácilmente se puede corroborar, el gobierno Duque ha tratado de ejecutar el mismo libreto que tanto éxito le reportó a Uribe en sus dos gobiernos (2002-2010) y que implica aglutinar los actores de su coalición y las élites sociales y políticas que lo apoyan en torno al combate de un supuesto enemigo fundamental. La pieza faltante en todo este tiempo era el enemigo absoluto que permite disculpar e invisibilizar todos los crímenes y aglutinar su coalición: las Farc.

Los rumores que circularon cada cierto tiempo sobre misteriosas “cumbres” de disidencias pretendían revivir ese enemigo e incluso el afán de antagonizar con el actual gobierno de Venezuela muestra la necesidad que tiene el uribismo de un discurso bélico para subsistir. Máxime de cara a un panorama económico gris, muy alejado de la “bonanza” minero energética que, gracias al precio favorable de los minerales, experimentó el gobierno Uribe, y bajo un presidente sin liderazgo efectivo ni legitimidad, con las más altas cifras de desaprobación de los últimos años.

Aunque los informes del seguimiento a la implementación de lo acordado entre las partes indican que más del 90 por ciento de los excombatientes de las antiguas Farc están comprometidos con el proceso de paz, el uribismo y es de esperar que también el gobierno echarán mano del acontecimiento agenciado por Márquez para continuar erosionando los distintos componentes del proceso de paz e incluso tendrán una excusa para la desidia que han demostrado frente al genocidio político en ciernes, en forma análoga a la actitud del Estado frente al que mermó a la Unión Patriótica. La reacción del expresidente Uribe pocos minutos después de publicarse el comunicado deja ver claramente su afán de articular el hecho en su discurso con el fin de legitimar la supuesta entrega del país a la guerrilla y al mismo tiempo deslegitimar la JEP.

Pero más allá de la utilización conciente que se pueda hacer de tal evento, la existencia de este “enemigo” fortalece la mentalidad contrainsurgente, construida y enraizada en el imaginario colectivo y no solo en la doctrina de las FF. AA. durante medio siglo, que ni siquiera empezó a cuestionarse tras el Acuerdo, y que ahora tendrá nuevamente cómo ubicar el “enemigo interno” que amenaza al orden social y a todo lo que, con su sesgo característico, se le parezca en una entidad “real”: las “nuevas” Farc.

La selva de la historia

 Al margen de las acusaciones por el incumplimiento del Acuerdo, el discurso de Márquez muestra una lectura, si es que la hubo, superficial y distorsionada de la realidad política y de la correlación de fuerzas en el presente, que recuerda la falta de horizonte político demostrada por las Farc en las negociaciones con el gobierno de Pastrana (1998-2002).

En aquel momento se popularizó una explicación para ese fenómeno según la cual las Farc vivían en un tiempo lento, de larga duración, producto de su vinculación con las entrañas olvidadas y abandonadas del país, en contraste con los tiempos “líquidos” del mundo global. Mientras esa organización se desenvolvía en un mundo anterior a la caída del Muro de Berlín, en donde la política estaba necesariamente vinculada a hechos indiscutibles, o al menos con un margen reducido de interpretación, como la misma revolución, el país que veía a sus comandantes por la televisión empezaba a sumergirse en una política del espectáculo en donde, más que los hechos en sí mismos, lo fundamental es el “enmarcado”, esto es, la significación hegemónica con que son investidos.

Tal vez nada corrobora mejor ese tránsito que la fabricación simultánea de una gran amenaza y de su solución. Nadie usufructuó mejor la amenaza de las Farc de ir a las ciudades –según las palabras del “Mono Jojoy” en un famoso video– que el uribismo, incluso admitiendo que golpes como el secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca en abril de 2002 o el atentado al Club El Nogal en febrero de 2003 parecían la realización de tal designio.

Como muestra Fabio López de la Roche en su libro Las ficciones del poder (Debate, 2014), el temor de la ciudadanía más que en los horrendas masacres del paramilitarismo, se enfocó en el secuestro, en particular en las llamadas “pescas milagrosas” en las carreteras, por cuenta del despliegue mediático dado a las víctimas y los sufrimientos que conllevó. De ahí el énfasis puesto por la política de seguridad democrática en la seguridad de las vías principales. La alta percepción de inseguridad muy probablemente llevó a que personas que no tenían finca, vacaciones ni recursos para salir de las ciudades en plan de paseo se sintieran interpeladas por el discurso de la seguridad democrática. Así se empezó a cimentar una hegemonía cuya base fundamental, el antagonismo que permitía articular intereses, demandas e identidades diversas, fue la construcción de ese enemigo absoluto del orden social que hoy siguen siendo las Farc.

En este marco nacional, Márquez y sus compañeros no parecen ser conscientes de las transformaciones experimentadas en el terreno de la política en las últimas décadas ni de la persistencia, incluso aunque se acepte un cierto retroceso, de la hegemonía uribista en la cultura política del país. Es algo que puede inferirse incluso de la puesta en escena de su comunicado, calcado en lo fundamental de los demás comunicados que el grupo hizo públicos en las últimas décadas mediante video. La apelación a una “nueva Marquetalia”, si bien puede tener sentido para tratar de interpelar a los excombatientes comprometidos con el proceso de paz, es una muestra de solipsismo que no le dice nada al “otro”, a ese pueblo que explícitamente se afirma representar, sino que erige un discurso únicamente para sí mismos. Esa huida al pasado ubica al grupo, además, en un lugar asincrónico respecto del tiempo que maneja el resto del país, al que primero se le vendió la idea de que el conflicto armado se reducía a la existencia de la guerrilla y luego de que se estaba transitando hacia un “posconflicto”, desde el que será imposible sintonizar políticamente.

Fallas estructurales

 El “enmarcado” del acontecimiento, el significado dado por distintos actores políticamente relevantes, negó de entrada cualquier pretensión de reconocimiento político al grupo de Márquez. El común rechazo osciló sin embargo entre los discursos guerreristas que inmediatamente pidieron “mano dura”, la impasibilidad de los expertos para quienes es un hecho más en el tortuoso camino de construcción de la paz y el pesimismo de quienes estaban esperando el suceso. Pero la visión general que se tuvo fue la del surgimiento de una nueva “disidencia” que se suma a las ya existentes, las cuales se conciben como grupos dedicados a actividades criminales.

La apuesta de esta disidencia se concentra en tratar de articular a los excombatientes comprometidos con el proceso de paz, a las demás disidencias y al Eln o sectores de esa guerrilla. Aunque en el comunicado mencionan cambios en las formas de hacer la guerra, el aspecto fundamental es que su relevancia política y militar dependerá, en últimas, del fracaso del Acuerdo de Paz, un interés común con el uribismo y los sectores sociales que se enriquecieron con la guerra. Mientras persistan la oposición y la desidia con la implementación, no será difícil que este grupo se constituya en una “amenaza” relevante. Las experiencias de Centroamérica luego de las negociaciones de paz, el aumento en las tasas de homicidio y delincuencia común y organizada entre otras cosas, muestran que si no se atacan los factores sociales que originan y alimentan el recurso a la violencia organizada, la mano de obra disponible para la guerra no va a faltar. Así, el retorno al monte muestra varias de las fallas estructurales del proceso de paz, más allá de los incumplimientos y la lentitud de la implementación, que se retrotraen a la concepción misma del conflicto armado en que se fundamentó y la imposibilidad de articular una mayoría de respaldo.

En efecto, no es posible desligar las negociaciones de paz bajo el gobierno Santos de la implementación de la Política de Seguridad Democrática de Uribe, pues esta se trazó explícitamente el objetivo de debilitar a la guerrilla para llevarla a negociar. De hecho, ese objetivo se realizó, incluso sobre los más ambiciosos postulados de promover la presencia de la fuerza pública como base para garantizar la operación de las demás entidades del Estado en todo el territorio nacional, pues hoy sabemos que en este empeño se ha retrocedido hasta el punto de convertirse en uno de los principales problemas para la implementación del Acuerdo. Sin embargo, la consecuencia de esa enfoque fue limitar la agenda de negociaciones a la desmovilización, incluso aceptando que el Acuerdo final contiene puntos esenciales como la Reforma Rural Integral. La narrativa del actual gobierno de Duque intensifica este marco de comprensión al concebir el proceso como una política de reintegración exclusivamente, olvidando el resto de compromisos necesarios para construir paz.

Podría decirse entonces que Santos dio continuidad a la política del gobierno Uribe, que incluso intentó acercamientos con las Farc al final de su segundo período, a pesar de la oposición del expresidente. Esa oposición, aunada a la tibieza de Santos, imposibilitaron crear una fuerte coalición de respaldo al proceso de paz, que no solamente incluyera actores políticos sino parte sustancial de las élites nacionales e incluso el Estado estadounidense, y no solo al gobierno Obama. Si bien hubo una división en las élites, que se manifestó con fuerza en las elecciones presidenciales de 2014, en donde Santos resultó vencedor con el apoyo de quienes habían sido sus anteriores adversarios para salvar el proceso de paz, también es cierto que Santos fue complaciente con los sectores de las élites que naturalmente privilegian sus intereses particulares sobre la construcción de la paz. Quizás el ejemplo más notorio fue la promoción de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía, un hombre de Sarmiento, vinculado directamente a la cadena de acontecimientos que resulta en el retorno de ese grupo de las Farc a la guerra.

¿Hacia la vieja polarización?

El Acuerdo de paz reestructuró el escenario político colombiano de una manera inédita. La agenda pública fue invadida por las demandas sobre los problemas estructurales del país que están en la raíz de la violencia política, la exclusión social y política, la desigualdad socioeconómica, la concentración en la propiedad de la tierra, las reivindicaciones ambientalistas, feministas, urbanas, etcétera. En ese contexto, la representación política de esas demandas necesariamente implica una “polarización” de nuevo cuño, ya no definida únicamente en función de la posición que adoptan los distintos actores frente a la guerra, sino por la representación de las demandas represadas durante medio siglo. Ambas formas de polarización se traslapan aunque no se confunden. Así, mientras las elecciones de 2014 y el plebiscito de octubre de 2016 evidencian un escenario político estructurado por la opción guerra/paz, las elecciones presidenciales de 2018 insertaron en el campo político la necesidad de transformaciones de fondo para responder a las demandas mencionadas.

El otro elemento característico del escenario posterior al Acuerdo es el intento de construir una identidad política de “centro”, que empieza por denunciar el carácter ficticio de la polarización, cuando no por rechazar lo que considera una manera de alentar la “lucha de clases”, para designar los intentos de representar las demandas irresueltas que han alimentado la violencia política. El “centro”, cuyo análisis desborda estas líneas, está constituido por sectores de la política tradicional que no comparten los medios del uribismo o que acompañaron al gobierno Santos en las negociaciones, así como por actores emergentes que por distintas razones no apuestan a una confrontación abierta con quienes detentan el poder y los privilegios en el país.

Aunque por el momento el anuncio de retorno a la guerra por la facción de las Farc no parece modificar de fondo ese escenario, sí incrementa las probabilidades de que la polarización guerra/paz termine por sobreponerse o desplazar a la polarización que originan las demandas aplazadas por medio siglo que alimentan periódicamente la guerra. De hecho, el llamado del ex candidato presidencial, Sergio Fajardo, a rodear al presidente Duque para enfrentar la nueva amenaza, es una muestra de lo que podría significar una escalada violenta, en la medida en que el “centro”, reacio a representar las demandas emergentes tras la firma del Acuerdo, se fragmentaría nuevamente en torno a la bifurcación guerra/paz, entre quienes acompañarían al gobierno uribista y quienes apostarían por una expresión autónoma de la sociedad civil en función de la implementación del Acuerdo.

En fin, si bien en este momento la apuesta política de Márquez y sus camaradas nació muerta, tanto por las carencias del propio grupo como por el rechazo generalizado, siendo finalmente asimilado a una disidencia más sin reconocimiento político, la apuesta militar va a tener oportunidad mientras no se traten de fondo los históricos problemas estructurales que suscitan la guerra o, cuando menos, aquellos que fueron abordados en el Acuerdo de Paz, como la Reforma Rural Integral. Mientras la situación en los campos y ciudades siga igual o empeore, el problema no va a ser el posible retorno a la guerra de los desmovilizados de las Farc hoy comprometidos en el proceso, pues “mano de obra” para la guerra se conseguirá con relativa facilidad en función de objetivos políticos o meramente criminales.

 


 Cuando el río suena, piedras lleva

 

Wilmar Harley Castillo A

 

 

 

Más de un seguidor de la teoría de la no-violencia, la muerte de los meta-relatos y posmodernos deben estar rascándose la cabeza y tomando mucho café, a partir del video de los comandantes de las Farc con el fúsil al hombro, así uno de ellos tenga problemas de visión. Aguaceros de reflexiones, contra-argumentos contra la lucha armada, acuerdos de La Habana hojeados con lupa y libros sobre la guerrilla desempolvados pueden estar ocupando el primer lugar en escritorios y salones de clase.

Ojo. Que los uniformes verde olivo (nuevos y viejos) no nos distraigan de la almendra de este asunto. Sacude fibras que en pleno siglo XXI reaparezca una guerrilla, pero no es la única en el mundo que vive actualmente; veamos al pueblo kurdo y sus cuerpos armados de hombres y mujeres, veamos la India donde está la guerrilla Naxtalita; o la guerrilla del Eln que sigue operando en Colombia. Ahí no puede limitarse la reflexión.

Los acuerdos de La Habana fueron pactados con el fin de cambiar algunas condiciones de vida de los miembros de las Farc y de las comunidades de los territorios donde ellas operaban. Con naturaleza reformista, sus 6 puntos estipulaban leyes económicas, judiciales, sociales, comunicacionales, de reintegración y beneficios tanto para la guerrillerada y comunidades, como para sus detenidos/as políticas, que pusiera fin al conflicto armado con este grupo subversivo. Pero se vio truncado por un plebiscito donde ganó el NO convalidar lo firmado en La Habana; Acuerdo pocas semanas después firmado una vez más –con un proceder lo más parecido al del pupitrazo– en un teatro en Bogotá. La ultra derecha había hecho bien su tarea de movilizar sus seguidores para frenar la aprobación de esos acuerdos.

A partir de ahí, se empezaron a revelar una serie de inconsistencias en la parte del trato que el Estado debía cumplir. Las zonas de integración donde se ubicó la guerrillerada fueron blanco de la corrupción desde el inicio. Mercados vencidos, incumplimientos en los tiempos de entrega de los enseres, casas hechas en medio del barro, incluso se presentaron zonas donde no había agua. Para rematar, los paramilitares estaban cercando estos lugares. La misma guerrilla empezó a denunciar estas condiciones inhumanas de vida.

Seguidamente, los asesinatos selectivos de los excombatientes empezaron a subir como espuma. Más de 100 se cuentan a la fecha. Junto a los casos de desplazamiento y amenazas contra estos excombatientes a manos de paramilitares que entraron en el plan de retomar los territorios donde no mandaban las armas de las Farc, para imponer la ley de las suyas. Siguiendo con el listado de traiciones al proceso de negociación, se presenta la captura de Santrich –bajo acusaciones de narcotráfico– con un espectacular cubrimiento mediático que lo inculpaba antes de iniciar el juicio, alegato y demás. La emboscada estaba cantada.

Escarbando más hondo, encontramos la raíz de todo esto. El modelo económico neoliberal no se tocó. La estructura económica que rige a Colombia sigue intacta, donde banqueros, industriales privados, agroindustriales, grandes comerciantes, multinacionales de sectores servicios, petróleo, minero-energético y ricos locales engordan sus cuentas bancarias a costa de la miseria del pueblo y destrucción de la naturaleza. En ese marco global ¿usted cree que unos acuerdos de paz pueden echar frutos? Claro, están aquellas microempresas de excombatientes donde producen cerveza artesanal, sacha ichi, zapatos, morrales, para su sustento colectivo y familiar, pero no lograron transformar la lógica del mercado, la competencia y dependencia del sector privado en todos los niveles de la economía, para que esas iniciativas económicas puedan garantizar, primero, un modelo económico que ponga al ser humano y naturaleza por encima del capital y, segundo, que promueva unas relaciones sociales solidarias y dignas.

El gobierno nacional hizo lo que llamamos en dominó, tapicui. Jugó sus fichas para que por punta y punta perdieran las Farc. En este contexto, ¿quién en sus cinco sentidos no cosecha la idea de seguir echando plomo? Si la correlación de fuerzas para el 2012, año donde inició la mesa en La Habana, hubiera sido distinta ¿no creen que las otras insurgencias –Eln y Epl– también se hubieran pegado a un proceso de diálogo, junto a las comunidades/movimiento social para realizar las transformaciones de raíz que exigimos hace más de 50 años? ¡Claro que sí!

¿Cuáles reflexiones se cocinan?

 Para que haya un proceso de paz real, se debe meter mano al modelo económico y social que causó el conflicto armado, para construir otro modelo que esté acorde a los intereses de las comunidades, de las mayorías. Pues son los intereses de los ricos y multinacionales los que no permiten tener paz. De eso, nos pueden hablar muy bien los hermanos/as de El Salvador y Guatemala. Así mismo, también podemos ver que el agua, los árboles, los animales, la tierra, los minerales y todo el extenso cuadro del territorio continúa siendo un escenario de disputa entre el capital y las comunidades; y cada uno buscará las formas de ganar esa disputa.

Por otro lado, la bandera de la paz se ha revelado como un escenario de disputa ideológica y política. Porque diferentes concepciones se chocan como un par de trenes sin frenos. Está la concepción de la paz de los ricos (desarme de las insurgencias, debilitamiento del movimiento social-político, continuación de los negocios con multinacionales y entrega irrestricta de la naturaleza a la explotación minero-energética) versus la visión de paz de las comunidades (defensa y permanencia en el territorio, participación directa en la construcción del Estado-nación, deslinde de megaproyectos e implementación de alternativas económicas que frenen el cambio climático).

El reflejo

El video de las Farc 2.0 expone la vigencia del carácter integral de la lucha social y política de las comunidades de Nuestra América y el mundo. A partir del contexto, historia, cultura de cada comunidad, estas deciden cómo organizarse y cómo movilizarse. En algunos casos la principal herramienta es la toma de tierras baldía, en manos de terratenientes, en otros la toma de instituciones públicas/privadas, cierre de carreteras para frenar el movimiento del capital, junto al despliegue del relacionamiento internacional para denunciar y consolidar fuerzas entre organizaciones sociales-políticas.

Lo que está pasando en Colombia no es un caso de terquedad de unos pocos en seguir disparando y poniendo bombas. Por el contrario, es el reflejo de que los ricos tienen el pie en el acelerador en sus planes de seguir robando y regalando los bienes de la naturaleza, los recursos públicos a costa de la miseria de las comunidades; dando como resultado más gente con ganas de subvertir ese orden de cosas.

*Comunicador social. Coordinador Nacional Agrario.

 


 

La guerra de los tal Ivanes

 

Enrique Santos Molano

 

 

 

Pocos acontecimientos han suscitado un rechazo nacional casi unánime, acompañado de la preocupación internacional, como la reaparición de los excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc (hoy extinta), rearmados y agrupados en un nuevo movimiento, cuyo vocero, Iván Márquez, en el discurso promocional difundido vía YouTube y otras redes, calificó de “la Segunda Marquetalia”. ¿Otros sesenta años de guerra? Segundas partes nunca fueron buenas, ni lo serán jamás.

Si desbrozamos el discurso de Iván Márquez de su basura guerrerista, podemos encontrarle sin dificultad un tono conciliador, de memorial de agravios que expone los motivos por los cuales un grupo de excomandantes de la primera Marquetalia, desilusionado por el comportamiento pérfido de un gobierno dispuesto desde sus entrañas a hacer trizas la Paz, ha resuelto reanudar el camino escabroso de la lucha armada, pero aclara que sus acciones no serán ofensivas sino defensivas y abre rendijas para volver en el futuro a la mesa de negociaciones, cuando un gobierno, o un gobernante, tengan la voluntad de dialogar. La pregunta es ¿después de cuántos muertos, heridos, desplazados, familias destruidas, persecución, represión y desplazamientos forzados tendremos ese gobierno dialógico?

En el discurso de Iván Márquez sólo hay un párrafo para aplaudir sin reservas y al que mirar con simpatía y esperanza. Es el anuncio de que la nueva guerrilla reanudará las tareas de protección del Medio Ambiente, en las que fue muy efectiva la antigua. Aunque ningún medio de comunicación destacó ese anuncio, no por eso es menos importante en un país cuyos recursos naturales y su medio ambiente están a punto de ser arrasados por la codicia desbordada de los terratenientes, los ganaderos, los mineros, los apóstoles del fracking y otras especies depredadoras, que cuentan con la complicidad del gobierno naranja.

Sin embargo, la guerra no es el camino, ni la lucha armada contribuirá hoy a la protección del medio ambiente, ni ayudará a extender la calidad de vida a los colombianos del común que hoy carecen de ella.

¿Quiénes están felices por el escalamiento de la guerra? La respuesta es obvia. Los que anunciaron, varios meses antes de mutar en gobierno, que de alcanzar el poder harían “trizas los malditos acuerdos de La Habana”. ¿Y acaso no era eso a lo que se habían dedicado las huestes uribistas desde el inicio mismo de las conversaciones entre el gobierno del presidente Santos y la comandancia guerrillera? El paso en falso que han dado los excomandantes de la antigua Farc es el resultado exitoso de las jugadas y las maquinaciones del grupo guerrerista que hoy gobierna en Colombia.

Lo expresó con claridad en el discurso que pronunció, el otro Iván, el presidente Iván Duque Márquez, para responder a la declaración de Iván Márquez (rodeado este Iván por Santrich, Romaña y varios guerrilleros y guerrilleras en traje de fatiga y portando armas de grueso calibre) al proclamar que combatiría sin cuartel a “la banda criminal” que encabezan su tocayo Iván Márquez y el clarividente Jesús Santrich, por quienes ofreció recompensas jugosas, aparte de bombardeos y acoso a sangre y fuego. Bravatas o no, no es el lenguaje prudente y conciliador que esperamos de un jefe de Estado cuya prioridad es la paz de la República. No parece que esa sea la prioridad del presidente Iván Duque.

A los disidentes de las Farc, y a los Iván que se han embarcado en esa aventura sin sentido que llaman “la segunda marquetalia” no se les puede exigir que respeten el compromiso adquirido en las Acuerdos de Paz de La Habana, sino pedirles que reflexionen y que no incendien mucho más el país, porque esas llamas infernales le darán en la vena del gusto a la extrema derecha neonazi. No se les puede exigir a los insurgentes que se han puesto por fuera de la ley una actitud legal, y es lógico que no se sientan en la obligación de acatarla; a los Iván que ejercen el gobierno legítimo, sí están los ciudadanos en el derecho de exigirles que respeten esa legitimidad y que cumplan con los Acuerdos de Paz de La Habana, que son legítimos, reconocidos por la Constitución y la sociedad civil, y apoyados sin ambages por la comunidad internacional, como lo acaban de expresar el Nuncio Apostólico en Colombia, y otras personalidades del ámbito mundial. El Presidente de la República es un servidor público, no un mandamás, y como servidor público su obligación es estar al servicio de la educación, la tranquilidad, el bienestar y la felicidad de todos y cada uno de los colombianos, que lo han elegido para servirles (a los que votaron por él y a los que no votaron por él) con eficiencia, inteligencia y humildad autocrítica.

Luego, los discursos del Presidente no pueden ser belicosos. Su deber como jefe del Estado lo obliga a esforzarse por entender las razones que han llevado a un grupo de compatriotas a pensar que no tienen otro camino que el de la lucha armada; a tenderles la mano y regresar con ellos, y con cuantos estén en plan de guerra, a la mesa de negociaciones de paz. Paciencia, serenidad y persistencia son las virtudes que deben caracterizar a un buen servidor público, y con mayor pábulo al que ocupa el cargo más conspicuo en esa tarea de servicio que los ciudadanos le han encomendado.

La lucha armada no es el camino. La respuesta armada tampoco es la respuesta correcta. Nada, más que el diálogo, ayuda tanto a conjurar los peligros de una guerra y sus consecuencias tremendas. Si no lo entienden así los dos Ivanes, Iván Duque Márquez e Iván Márquez, si ambos quieren ganarse el título de Iván el Terrible, pues hay que decirles a los tal Ivanes que están terriblemente equivocados.

O no hay que decírselo. Ya se lo están diciendo millones de voces sensatas en Colombia y en el mundo. No prendan una guerra cuyo fuego arderá peor que el de la Amazonia.

 

Publicado enColombia
Jueves, 26 Septiembre 2019 19:01

La guerra de los tal Ivanes

La guerra de los tal Ivanes

Pocos acontecimientos han suscitado un rechazo nacional casi unánime, acompañado de la preocupación internacional, como la reaparición de los excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc (hoy extinta), rearmados y agrupados en un nuevo movimiento, cuyo vocero, Iván Márquez, en el discurso promocional difundido vía YouTube y otras redes, calificó de “la Segunda Marquetalia”. ¿Otros sesenta años de guerra? Segundas partes nunca fueron buenas, ni lo serán jamás.

Si desbrozamos el discurso de Iván Márquez de su basura guerrerista, podemos encontrarle sin dificultad un tono conciliador, de memorial de agravios que expone los motivos por los cuales un grupo de excomandantes de la primera Marquetalia, desilusionado por el comportamiento pérfido de un gobierno dispuesto desde sus entrañas a hacer trizas la Paz, ha resuelto reanudar el camino escabroso de la lucha armada, pero aclara que sus acciones no serán ofensivas sino defensivas y abre rendijas para volver en el futuro a la mesa de negociaciones, cuando un gobierno, o un gobernante, tengan la voluntad de dialogar. La pregunta es ¿después de cuántos muertos, heridos, desplazados, familias destruidas, persecución, represión y desplazamientos forzados tendremos ese gobierno dialógico?

En el discurso de Iván Márquez sólo hay un párrafo para aplaudir sin reservas y al que mirar con simpatía y esperanza. Es el anuncio de que la nueva guerrilla reanudará las tareas de protección del Medio Ambiente, en las que fue muy efectiva la antigua. Aunque ningún medio de comunicación destacó ese anuncio, no por eso es menos importante en un país cuyos recursos naturales y su medio ambiente están a punto de ser arrasados por la codicia desbordada de los terratenientes, los ganaderos, los mineros, los apóstoles del fracking y otras especies depredadoras, que cuentan con la complicidad del gobierno naranja.

Sin embargo, la guerra no es el camino, ni la lucha armada contribuirá hoy a la protección del medio ambiente, ni ayudará a extender la calidad de vida a los colombianos del común que hoy carecen de ella.

¿Quiénes están felices por el escalamiento de la guerra? La respuesta es obvia. Los que anunciaron, varios meses antes de mutar en gobierno, que de alcanzar el poder harían “trizas los malditos acuerdos de La Habana”. ¿Y acaso no era eso a lo que se habían dedicado las huestes uribistas desde el inicio mismo de las conversaciones entre el gobierno del presidente Santos y la comandancia guerrillera? El paso en falso que han dado los excomandantes de la antigua Farc es el resultado exitoso de las jugadas y las maquinaciones del grupo guerrerista que hoy gobierna en Colombia.

Lo expresó con claridad en el discurso que pronunció, el otro Iván, el presidente Iván Duque Márquez, para responder a la declaración de Iván Márquez (rodeado este Iván por Santrich, Romaña y varios guerrilleros y guerrilleras en traje de fatiga y portando armas de grueso calibre) al proclamar que combatiría sin cuartel a “la banda criminal” que encabezan su tocayo Iván Márquez y el clarividente Jesús Santrich, por quienes ofreció recompensas jugosas, aparte de bombardeos y acoso a sangre y fuego. Bravatas o no, no es el lenguaje prudente y conciliador que esperamos de un jefe de Estado cuya prioridad es la paz de la República. No parece que esa sea la prioridad del presidente Iván Duque.

A los disidentes de las Farc, y a los Iván que se han embarcado en esa aventura sin sentido que llaman “la segunda marquetalia” no se les puede exigir que respeten el compromiso adquirido en las Acuerdos de Paz de La Habana, sino pedirles que reflexionen y que no incendien mucho más el país, porque esas llamas infernales le darán en la vena del gusto a la extrema derecha neonazi. No se les puede exigir a los insurgentes que se han puesto por fuera de la ley una actitud legal, y es lógico que no se sientan en la obligación de acatarla; a los Iván que ejercen el gobierno legítimo, sí están los ciudadanos en el derecho de exigirles que respeten esa legitimidad y que cumplan con los Acuerdos de Paz de La Habana, que son legítimos, reconocidos por la Constitución y la sociedad civil, y apoyados sin ambages por la comunidad internacional, como lo acaban de expresar el Nuncio Apostólico en Colombia, y otras personalidades del ámbito mundial. El Presidente de la República es un servidor público, no un mandamás, y como servidor público su obligación es estar al servicio de la educación, la tranquilidad, el bienestar y la felicidad de todos y cada uno de los colombianos, que lo han elegido para servirles (a los que votaron por él y a los que no votaron por él) con eficiencia, inteligencia y humildad autocrítica.

Luego, los discursos del Presidente no pueden ser belicosos. Su deber como jefe del Estado lo obliga a esforzarse por entender las razones que han llevado a un grupo de compatriotas a pensar que no tienen otro camino que el de la lucha armada; a tenderles la mano y regresar con ellos, y con cuantos estén en plan de guerra, a la mesa de negociaciones de paz. Paciencia, serenidad y persistencia son las virtudes que deben caracterizar a un buen servidor público, y con mayor pábulo al que ocupa el cargo más conspicuo en esa tarea de servicio que los ciudadanos le han encomendado.

La lucha armada no es el camino. La respuesta armada tampoco es la respuesta correcta. Nada, más que el diálogo, ayuda tanto a conjurar los peligros de una guerra y sus consecuencias tremendas. Si no lo entienden así los dos Ivanes, Iván Duque Márquez e Iván Márquez, si ambos quieren ganarse el título de Iván el Terrible, pues hay que decirles a los tal Ivanes que están terriblemente equivocados.

O no hay que decírselo. Ya se lo están diciendo millones de voces sensatas en Colombia y en el mundo. No prendan una guerra cuyo fuego arderá peor que el de la Amazonia.

Publicado enEdición Nº261
https://diario-octubre.com/2019/08/29/colombia-ivan-marquez-que-fuera-numero-2-de-las-farc-anuncia-la-vuelta-a-la-lucha-armada/

De cómo errar con razones

 La decisión de volver al monte, por parte de Márquez, Santrich y sus acompañantes, corrobora una vez más que no es suficiente tener razón para acertar. En efecto, como han resaltado un sinnúmero de analistas en los días posteriores a la declaración, la mayoría de las razones esgrimidas en el comunicado son ciertas. Claramente, ha habido un incumplimiento sistemático del Acuerdo de Paz tanto por parte del Estado colombiano –lo que es evidente por ejemplo en la implementación de “operaciones de entrampamiento” y montajes judiciales o en el fracaso de las circunscripciones para la paz en el Congreso– como por el actual gobierno -que ha atacado a la JEP, objetando la ley estatutaria y reduciendo sus recursos, por no hablar de puntos sustanciales como el congelamiento de la reforma rural integral o la negligencia a la hora de garantizar la seguridad tanto a desmovilizados como a líderes sociales. No obstante, y esto también hace parte del consenso entre analistas, el retorno a las armas es una torpeza política enorme.

Desde que el uribismo se propuso “hacer trizas” el Acuerdo de Paz, estaba anhelando que algo así sucediera. Como fácilmente se puede corroborar, el gobierno Duque ha tratado de ejecutar el mismo libreto que tanto éxito le reportó a Uribe en sus dos gobiernos (2002-2010) y que implica aglutinar los actores de su coalición y las élites sociales y políticas que lo apoyan en torno al combate de un supuesto enemigo fundamental. La pieza faltante en todo este tiempo era el enemigo absoluto que permite disculpar e invisibilizar todos los crímenes y aglutinar su coalición: las Farc.

Los rumores que circularon cada cierto tiempo sobre misteriosas “cumbres” de disidencias pretendían revivir ese enemigo e incluso el afán de antagonizar con el actual gobierno de Venezuela muestra la necesidad que tiene el uribismo de un discurso bélico para subsistir. Máxime de cara a un panorama económico gris, muy alejado de la “bonanza” minero energética que, gracias al precio favorable de los minerales, experimentó el gobierno Uribe, y bajo un presidente sin liderazgo efectivo ni legitimidad, con las más altas cifras de desaprobación de los últimos años.

Aunque los informes del seguimiento a la implementación de lo acordado entre las partes indican que más del 90 por ciento de los excombatientes de las antiguas Farc están comprometidos con el proceso de paz, el uribismo y es de esperar que también el gobierno echarán mano del acontecimiento agenciado por Márquez para continuar erosionando los distintos componentes del proceso de paz e incluso tendrán una excusa para la desidia que han demostrado frente al genocidio político en ciernes, en forma análoga a la actitud del Estado frente al que mermó a la Unión Patriótica. La reacción del expresidente Uribe pocos minutos después de publicarse el comunicado deja ver claramente su afán de articular el hecho en su discurso con el fin de legitimar la supuesta entrega del país a la guerrilla y al mismo tiempo deslegitimar la JEP.

Pero más allá de la utilización conciente que se pueda hacer de tal evento, la existencia de este “enemigo” fortalece la mentalidad contrainsurgente, construida y enraizada en el imaginario colectivo y no solo en la doctrina de las FF. AA. durante medio siglo, que ni siquiera empezó a cuestionarse tras el Acuerdo, y que ahora tendrá nuevamente cómo ubicar el “enemigo interno” que amenaza al orden social y a todo lo que, con su sesgo característico, se le parezca en una entidad “real”: las “nuevas” Farc.

La selva de la historia

 Al margen de las acusaciones por el incumplimiento del Acuerdo, el discurso de Márquez muestra una lectura, si es que la hubo, superficial y distorsionada de la realidad política y de la correlación de fuerzas en el presente, que recuerda la falta de horizonte político demostrada por las Farc en las negociaciones con el gobierno de Pastrana (1998-2002).

En aquel momento se popularizó una explicación para ese fenómeno según la cual las Farc vivían en un tiempo lento, de larga duración, producto de su vinculación con las entrañas olvidadas y abandonadas del país, en contraste con los tiempos “líquidos” del mundo global. Mientras esa organización se desenvolvía en un mundo anterior a la caída del Muro de Berlín, en donde la política estaba necesariamente vinculada a hechos indiscutibles, o al menos con un margen reducido de interpretación, como la misma revolución, el país que veía a sus comandantes por la televisión empezaba a sumergirse en una política del espectáculo en donde, más que los hechos en sí mismos, lo fundamental es el “enmarcado”, esto es, la significación hegemónica con que son investidos.

Tal vez nada corrobora mejor ese tránsito que la fabricación simultánea de una gran amenaza y de su solución. Nadie usufructuó mejor la amenaza de las Farc de ir a las ciudades –según las palabras del “Mono Jojoy” en un famoso video– que el uribismo, incluso admitiendo que golpes como el secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca en abril de 2002 o el atentado al Club El Nogal en febrero de 2003 parecían la realización de tal designio.

Como muestra Fabio López de la Roche en su libro Las ficciones del poder (Debate, 2014), el temor de la ciudadanía más que en los horrendas masacres del paramilitarismo, se enfocó en el secuestro, en particular en las llamadas “pescas milagrosas” en las carreteras, por cuenta del despliegue mediático dado a las víctimas y los sufrimientos que conllevó. De ahí el énfasis puesto por la política de seguridad democrática en la seguridad de las vías principales. La alta percepción de inseguridad muy probablemente llevó a que personas que no tenían finca, vacaciones ni recursos para salir de las ciudades en plan de paseo se sintieran interpeladas por el discurso de la seguridad democrática. Así se empezó a cimentar una hegemonía cuya base fundamental, el antagonismo que permitía articular intereses, demandas e identidades diversas, fue la construcción de ese enemigo absoluto del orden social que hoy siguen siendo las Farc.

En este marco nacional, Márquez y sus compañeros no parecen ser conscientes de las transformaciones experimentadas en el terreno de la política en las últimas décadas ni de la persistencia, incluso aunque se acepte un cierto retroceso, de la hegemonía uribista en la cultura política del país. Es algo que puede inferirse incluso de la puesta en escena de su comunicado, calcado en lo fundamental de los demás comunicados que el grupo hizo públicos en las últimas décadas mediante video. La apelación a una “nueva Marquetalia”, si bien puede tener sentido para tratar de interpelar a los excombatientes comprometidos con el proceso de paz, es una muestra de solipsismo que no le dice nada al “otro”, a ese pueblo que explícitamente se afirma representar, sino que erige un discurso únicamente para sí mismos. Esa huida al pasado ubica al grupo, además, en un lugar asincrónico respecto del tiempo que maneja el resto del país, al que primero se le vendió la idea de que el conflicto armado se reducía a la existencia de la guerrilla y luego de que se estaba transitando hacia un “posconflicto”, desde el que será imposible sintonizar políticamente.

Fallas estructurales

 El “enmarcado” del acontecimiento, el significado dado por distintos actores políticamente relevantes, negó de entrada cualquier pretensión de reconocimiento político al grupo de Márquez. El común rechazo osciló sin embargo entre los discursos guerreristas que inmediatamente pidieron “mano dura”, la impasibilidad de los expertos para quienes es un hecho más en el tortuoso camino de construcción de la paz y el pesimismo de quienes estaban esperando el suceso. Pero la visión general que se tuvo fue la del surgimiento de una nueva “disidencia” que se suma a las ya existentes, las cuales se conciben como grupos dedicados a actividades criminales.

La apuesta de esta disidencia se concentra en tratar de articular a los excombatientes comprometidos con el proceso de paz, a las demás disidencias y al Eln o sectores de esa guerrilla. Aunque en el comunicado mencionan cambios en las formas de hacer la guerra, el aspecto fundamental es que su relevancia política y militar dependerá, en últimas, del fracaso del Acuerdo de Paz, un interés común con el uribismo y los sectores sociales que se enriquecieron con la guerra. Mientras persistan la oposición y la desidia con la implementación, no será difícil que este grupo se constituya en una “amenaza” relevante. Las experiencias de Centroamérica luego de las negociaciones de paz, el aumento en las tasas de homicidio y delincuencia común y organizada entre otras cosas, muestran que si no se atacan los factores sociales que originan y alimentan el recurso a la violencia organizada, la mano de obra disponible para la guerra no va a faltar. Así, el retorno al monte muestra varias de las fallas estructurales del proceso de paz, más allá de los incumplimientos y la lentitud de la implementación, que se retrotraen a la concepción misma del conflicto armado en que se fundamentó y la imposibilidad de articular una mayoría de respaldo.

En efecto, no es posible desligar las negociaciones de paz bajo el gobierno Santos de la implementación de la Política de Seguridad Democrática de Uribe, pues esta se trazó explícitamente el objetivo de debilitar a la guerrilla para llevarla a negociar. De hecho, ese objetivo se realizó, incluso sobre los más ambiciosos postulados de promover la presencia de la fuerza pública como base para garantizar la operación de las demás entidades del Estado en todo el territorio nacional, pues hoy sabemos que en este empeño se ha retrocedido hasta el punto de convertirse en uno de los principales problemas para la implementación del Acuerdo. Sin embargo, la consecuencia de esa enfoque fue limitar la agenda de negociaciones a la desmovilización, incluso aceptando que el Acuerdo final contiene puntos esenciales como la Reforma Rural Integral. La narrativa del actual gobierno de Duque intensifica este marco de comprensión al concebir el proceso como una política de reintegración exclusivamente, olvidando el resto de compromisos necesarios para construir paz.

Podría decirse entonces que Santos dio continuidad a la política del gobierno Uribe, que incluso intentó acercamientos con las Farc al final de su segundo período, a pesar de la oposición del expresidente. Esa oposición, aunada a la tibieza de Santos, imposibilitaron crear una fuerte coalición de respaldo al proceso de paz, que no solamente incluyera actores políticos sino parte sustancial de las élites nacionales e incluso el Estado estadounidense, y no solo al gobierno Obama. Si bien hubo una división en las élites, que se manifestó con fuerza en las elecciones presidenciales de 2014, en donde Santos resultó vencedor con el apoyo de quienes habían sido sus anteriores adversarios para salvar el proceso de paz, también es cierto que Santos fue complaciente con los sectores de las élites que naturalmente privilegian sus intereses particulares sobre la construcción de la paz. Quizás el ejemplo más notorio fue la promoción de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía, un hombre de Sarmiento, vinculado directamente a la cadena de acontecimientos que resulta en el retorno de ese grupo de las Farc a la guerra.

¿Hacia la vieja polarización?

El Acuerdo de paz reestructuró el escenario político colombiano de una manera inédita. La agenda pública fue invadida por las demandas sobre los problemas estructurales del país que están en la raíz de la violencia política, la exclusión social y política, la desigualdad socioeconómica, la concentración en la propiedad de la tierra, las reivindicaciones ambientalistas, feministas, urbanas, etcétera. En ese contexto, la representación política de esas demandas necesariamente implica una “polarización” de nuevo cuño, ya no definida únicamente en función de la posición que adoptan los distintos actores frente a la guerra, sino por la representación de las demandas represadas durante medio siglo. Ambas formas de polarización se traslapan aunque no se confunden. Así, mientras las elecciones de 2014 y el plebiscito de octubre de 2016 evidencian un escenario político estructurado por la opción guerra/paz, las elecciones presidenciales de 2018 insertaron en el campo político la necesidad de transformaciones de fondo para responder a las demandas mencionadas.

El otro elemento característico del escenario posterior al Acuerdo es el intento de construir una identidad política de “centro”, que empieza por denunciar el carácter ficticio de la polarización, cuando no por rechazar lo que considera una manera de alentar la “lucha de clases”, para designar los intentos de representar las demandas irresueltas que han alimentado la violencia política. El “centro”, cuyo análisis desborda estas líneas, está constituido por sectores de la política tradicional que no comparten los medios del uribismo o que acompañaron al gobierno Santos en las negociaciones, así como por actores emergentes que por distintas razones no apuestan a una confrontación abierta con quienes detentan el poder y los privilegios en el país.

Aunque por el momento el anuncio de retorno a la guerra por la facción de las Farc no parece modificar de fondo ese escenario, sí incrementa las probabilidades de que la polarización guerra/paz termine por sobreponerse o desplazar a la polarización que originan las demandas aplazadas por medio siglo que alimentan periódicamente la guerra. De hecho, el llamado del ex candidato presidencial, Sergio Fajardo, a rodear al presidente Duque para enfrentar la nueva amenaza, es una muestra de lo que podría significar una escalada violenta, en la medida en que el “centro”, reacio a representar las demandas emergentes tras la firma del Acuerdo, se fragmentaría nuevamente en torno a la bifurcación guerra/paz, entre quienes acompañarían al gobierno uribista y quienes apostarían por una expresión autónoma de la sociedad civil en función de la implementación del Acuerdo.

En fin, si bien en este momento la apuesta política de Márquez y sus camaradas nació muerta, tanto por las carencias del propio grupo como por el rechazo generalizado, siendo finalmente asimilado a una disidencia más sin reconocimiento político, la apuesta militar va a tener oportunidad mientras no se traten de fondo los históricos problemas estructurales que suscitan la guerra o, cuando menos, aquellos que fueron abordados en el Acuerdo de Paz, como la Reforma Rural Integral. Mientras la situación en los campos y ciudades siga igual o empeore, el problema no va a ser el posible retorno a la guerra de los desmovilizados de las Farc hoy comprometidos en el proceso, pues “mano de obra” para la guerra se conseguirá con relativa facilidad en función de objetivos políticos o meramente criminales.

Publicado enEdición Nº261
Jueves, 26 Septiembre 2019 16:50

Cuando el río suena, piedras lleva

https://oiganoticias.com/2018/09/21/las-farc-se-rearman-y-vuelven-al-monte/

Más de un seguidor de la teoría de la no-violencia, la muerte de los meta-relatos y posmodernos deben estar rascándose la cabeza y tomando mucho café, a partir del video de los comandantes de las Farc con el fúsil al hombro, así uno de ellos tenga problemas de visión. Aguaceros de reflexiones, contra-argumentos contra la lucha armada, acuerdos de La Habana hojeados con lupa y libros sobre la guerrilla desempolvados pueden estar ocupando el primer lugar en escritorios y salones de clase.

Ojo. Que los uniformes verde olivo (nuevos y viejos) no nos distraigan de la almendra de este asunto. Sacude fibras que en pleno siglo XXI reaparezca una guerrilla, pero no es la única en el mundo que vive actualmente; veamos al pueblo kurdo y sus cuerpos armados de hombres y mujeres, veamos la India donde está la guerrilla Naxtalita; o la guerrilla del Eln que sigue operando en Colombia. Ahí no puede limitarse la reflexión.

Los acuerdos de La Habana fueron pactados con el fin de cambiar algunas condiciones de vida de los miembros de las Farc y de las comunidades de los territorios donde ellas operaban. Con naturaleza reformista, sus 6 puntos estipulaban leyes económicas, judiciales, sociales, comunicacionales, de reintegración y beneficios tanto para la guerrillerada y comunidades, como para sus detenidos/as políticas, que pusiera fin al conflicto armado con este grupo subversivo. Pero se vio truncado por un plebiscito donde ganó el NO convalidar lo firmado en La Habana; Acuerdo pocas semanas después firmado una vez más –con un proceder lo más parecido al del pupitrazo– en un teatro en Bogotá. La ultra derecha había hecho bien su tarea de movilizar sus seguidores para frenar la aprobación de esos acuerdos.

A partir de ahí, se empezaron a revelar una serie de inconsistencias en la parte del trato que el Estado debía cumplir. Las zonas de integración donde se ubicó la guerrillerada fueron blanco de la corrupción desde el inicio. Mercados vencidos, incumplimientos en los tiempos de entrega de los enseres, casas hechas en medio del barro, incluso se presentaron zonas donde no había agua. Para rematar, los paramilitares estaban cercando estos lugares. La misma guerrilla empezó a denunciar estas condiciones inhumanas de vida.

Seguidamente, los asesinatos selectivos de los excombatientes empezaron a subir como espuma. Más de 100 se cuentan a la fecha. Junto a los casos de desplazamiento y amenazas contra estos excombatientes a manos de paramilitares que entraron en el plan de retomar los territorios donde no mandaban las armas de las Farc, para imponer la ley de las suyas. Siguiendo con el listado de traiciones al proceso de negociación, se presenta la captura de Santrich –bajo acusaciones de narcotráfico– con un espectacular cubrimiento mediático que lo inculpaba antes de iniciar el juicio, alegato y demás. La emboscada estaba cantada.

Escarbando más hondo, encontramos la raíz de todo esto. El modelo económico neoliberal no se tocó. La estructura económica que rige a Colombia sigue intacta, donde banqueros, industriales privados, agroindustriales, grandes comerciantes, multinacionales de sectores servicios, petróleo, minero-energético y ricos locales engordan sus cuentas bancarias a costa de la miseria del pueblo y destrucción de la naturaleza. En ese marco global ¿usted cree que unos acuerdos de paz pueden echar frutos? Claro, están aquellas microempresas de excombatientes donde producen cerveza artesanal, sacha ichi, zapatos, morrales, para su sustento colectivo y familiar, pero no lograron transformar la lógica del mercado, la competencia y dependencia del sector privado en todos los niveles de la economía, para que esas iniciativas económicas puedan garantizar, primero, un modelo económico que ponga al ser humano y naturaleza por encima del capital y, segundo, que promueva unas relaciones sociales solidarias y dignas.

El gobierno nacional hizo lo que llamamos en dominó, tapicui. Jugó sus fichas para que por punta y punta perdieran las Farc. En este contexto, ¿quién en sus cinco sentidos no cosecha la idea de seguir echando plomo? Si la correlación de fuerzas para el 2012, año donde inició la mesa en La Habana, hubiera sido distinta ¿no creen que las otras insurgencias –Eln y Epl– también se hubieran pegado a un proceso de diálogo, junto a las comunidades/movimiento social para realizar las transformaciones de raíz que exigimos hace más de 50 años? ¡Claro que sí!

¿Cuáles reflexiones se cocinan?

 Para que haya un proceso de paz real, se debe meter mano al modelo económico y social que causó el conflicto armado, para construir otro modelo que esté acorde a los intereses de las comunidades, de las mayorías. Pues son los intereses de los ricos y multinacionales los que no permiten tener paz. De eso, nos pueden hablar muy bien los hermanos/as de El Salvador y Guatemala. Así mismo, también podemos ver que el agua, los árboles, los animales, la tierra, los minerales y todo el extenso cuadro del territorio continúa siendo un escenario de disputa entre el capital y las comunidades; y cada uno buscará las formas de ganar esa disputa.

Por otro lado, la bandera de la paz se ha revelado como un escenario de disputa ideológica y política. Porque diferentes concepciones se chocan como un par de trenes sin frenos. Está la concepción de la paz de los ricos (desarme de las insurgencias, debilitamiento del movimiento social-político, continuación de los negocios con multinacionales y entrega irrestricta de la naturaleza a la explotación minero-energética) versus la visión de paz de las comunidades (defensa y permanencia en el territorio, participación directa en la construcción del Estado-nación, deslinde de megaproyectos e implementación de alternativas económicas que frenen el cambio climático).

El reflejo

El video de las Farc 2.0 expone la vigencia del carácter integral de la lucha social y política de las comunidades de Nuestra América y el mundo. A partir del contexto, historia, cultura de cada comunidad, estas deciden cómo organizarse y cómo movilizarse. En algunos casos la principal herramienta es la toma de tierras baldía, en manos de terratenientes, en otros la toma de instituciones públicas/privadas, cierre de carreteras para frenar el movimiento del capital, junto al despliegue del relacionamiento internacional para denunciar y consolidar fuerzas entre organizaciones sociales-políticas.

Lo que está pasando en Colombia no es un caso de terquedad de unos pocos en seguir disparando y poniendo bombas. Por el contrario, es el reflejo de que los ricos tienen el pie en el acelerador en sus planes de seguir robando y regalando los bienes de la naturaleza, los recursos públicos a costa de la miseria de las comunidades; dando como resultado más gente con ganas de subvertir ese orden de cosas.

*Comunicador social. Coordinador Nacional Agrario.

Publicado enEdición Nº261
Oscar Pinto, Máscara, 40 x 60 cm. (Cortesía del autor)

–Toma un poco más de té –ofreció solícita 

la Liebre de Marzo.

–Hasta ahora no he tomado nada –protestó Alicia en tono ofendido–, de modo que no puedo tomar más.

–Quieres decir que no puedes tomar menos –puntualizó el Sombrerero–. Es mucho más fácil tomar más que nada.

–Nadie le pedía su opinión –dijo Alicia.

–¿Quién está haciendo ahora observaciones personales? –preguntó el Sombrero en tono triunfal.

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas

 

¿A quién, más que a nadie, le interesa la paz en Colombia? ¿Quién debe asumir las banderas de la paz en el país cuando se es testigo de un regreso del péndulo hacia épocas que se intentaron dejar atrás –bajo la premisa de “no repetición– con los Acuerdos de Paz”? Al cumplirse el primer año del gobierno Duque, son múltiples las evaluaciones, por distintos actores, de cuánto se ha avanzado en la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP), en especial, en lo relacionado con el punto dos sobre participación política. Más allá de las reiteradas afirmaciones del gobierno (las más recientes en el acto de instalación de la nueva legislatura del Congreso, el pasado 20 de julio (1)) en las que reitera su compromiso para respetar y honrar el Acuerdo, se precisa contrastar lo afirmado públicamente, tanto a nivel del país como en las giras internacionales frente a interlocutores que lo han cuestionado, con los análisis realizados por diferentes organismos nacionales e internacionales que se encargan de monitorear la implementación del AFP.

El resultado del análisis es preocupante. El AFP no avanza en el sentido que su espíritu indica, los resultados a la fecha son precarios y el conflicto, lejos de haber cesado se recrudece con una ostensible falta de protección a la vida de los líderes sociales, en especial, aquellos que viven en regiones donde los poderes territoriales copan la debilidad o ausencia del Estado.

Es importante tener como punto de referencia, y a él nos vamos a referir en este artículo, el informe Profundizar la democracia para consolidar la paz, realizado por el Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd) (2).

 

El AFP, entre dos fuerzas opuestas

 

Hay que reconocer que el AFP, firmado el 24 de noviembre del 2016 por el gobierno anterior, se vio afectado en su implementación desde antes de entrar en vigencia, con la derrota en el plebiscito y hasta la entrega del mando el 7 de agosto del 2018; es decir, los últimos veinte meses del gobierno Santos no vieron un avance significativo por cuatro razones: 1) la ruptura de la bancada gobiernista que se dio con la derrota del plebiscito; el gobierno, al quedar sin mayorías en el Congreso, no logró sacar adelante las iniciativas tempranas necesarias para la implementación del AFP; 2) la insuficiente asignación presupuestal a dichas iniciativas dada la precaria situación presupuestal del gobierno en su último año de gestión; 3) el traslapo de la implementación del AFP con el proceso electoral, tanto presidencial como parlamentario, que se dio durante el 2018, lo cual generó trabajo a media marcha del andamiaje institucional responsable de echar a andar el Acuerdo y, 4) la propia decisión del Ejecutivo de darle prioridad a algunos “pilares” de la paz, como lo son la JEP, los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– y la transición de las Farc de guerrilla partido político (3).

A lo anterior, hay que sumar la correlación directa entre la inesperada derrota del Sí en el plebiscito y el triunfo de Duque, candidato presidencial del partido que lideró la oposición al AFP en el plebiscito. Por todo lo anterior, es evidente que el AFP llegó debilitado al presente cuatrienio (2018-2022) al encontrar un ambiente frío, cuando no hostil, generado principalmente por la vieja disputa política entre Santos y Uribe, y la consecuente polarización de la opinión pública entre dos visiones sobre el conflicto: una de apoyo irrestricto a la paz y otra de escepticismo disfrazado de “paz sí, pero no de ese modo”. En ese sentido, lo poco sucedido en torno a la puesta en marcha del AFP desde la llegada de Duque no ha sorprendido a nadie, aunque sí hay una característica reiterativa: en el aparente afán del Presidente de desmarcarse ubicándose algo menos a la derecha de su mentor –abiertamente enemigo del AFP– y procurar aparecer como un líder más mesurado y conciliador, su estrategia retórica, cada vez que tiene que referirse a la implementación del AFP es positiva y de vehementemente apoyo, en especial cuando se dirige a organismos internacionales, multilaterales o a líderes y mandatarios de países europeos. En esos escenarios no parecería haber duda de su compromiso con la paz y con el AFP. Por ejemplo, en la 73ª Aamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 26 de septiembre de 2018, afirmó: “Pero quiero reiterar ante esta Asamblea que nuestro propósito, el propósito de Colombia, es cumplirles a quienes han tomado el camino genuino de dejar la violencia”(4).

 

Avances aparentes en el actual gobierno

 

Otra cosa es la que se ha visto en el país. En una gimnasia aparentemente contradictoria, el Ejecutivo, al contrario de las amenazas del Centro Democrático, no “hizo trizas” el Acuerdo, sino que echó a andar muchas de las acciones que el gobierno Santos no había tocado. De esta manera estableció el Plan de Acción Oportuna para la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas (PAO) que trabaja en tres ejes: (i) articulación y reingeniería institucional para garantizar el trabajo coordinado y armonizado entre las distintas instituciones estatales responsables de la seguridad de estos actores; (ii) actuación estratégica en el territorio para atender las necesidades focalizadas y diferenciadas de cada entorno y región; (iii) estrategia de comunicaciones y capacitación, para contrarrestar la estigmatización de la condición de líder y de la actuación del Estado, así como para dar a conocer la oferta existente de programas de protección y autoprotección. Lo paradójico es que el gobierno Duque, en todo lo relacionado con el PAO, como acertadamente anota Nimd(5), no hace referencia alguna al AFP, como si quisiera invisibilizarlo y hacer casi que borrón y cuenta nueva para deslindarse de su antecesor y de sus logros con la paz. 

En cuanto al impulso establecido por el AFP a la participación de las Juntas Administradoras Locales en la elaboración de planes de desarrollo el gobierno actual realizó entre agosto y diciembre del 2018, cuarenta y ocho mesas departamentales y ocho talleres regionales a las que asistieron más de diez mil personas pertenecientes a Juntas de Acción Comunal, al Consejo Nacional de Planeación, población vulnerable, organizaciones juveniles, autoridades departamentales y municipales, representantes gremiales, veedurías ciudadanas, partidos políticos que dejaron cerca de diez mil propuestas y recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (6).

De igual modo, el AFP exigió al Gobierno garantizar el intercambio de experiencias exitosas de participación ciudadana entre las organizaciones sociales y las autoridades locales y regionales, de acuerdo con las particularidades de los diversos territorios. Para ello, se creó recientemente la Red nacional de secretarios de paz, aunque, una vez más, como anota Nimd, explícitamente no lo reconoce como un acatamiento al mandato del AFP. Esta Red opera como un espacio presencial y virtual para el intercambio de experiencias, buenas prácticas, inquietudes y desafíos que tienen los gobiernos locales y las comunidades en busca de la construcción de una paz integral y sostenible. 

En cuanto al estatuto de la oposición, este fue aprobado como resultado del AFP, un “marco general para el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones políticas y de algunos derechos de las organizaciones independientes”. Si bien entró a regir en julio de 2018, un mes antes de llegar el nuevo gobierno, el Consejo Nacional Electoral lo fortaleció y viabilizó en diciembre al reglamentar parte de su articulado, específicamente las pautas de financiamiento y el acceso a medios de comunicación. De esa manera, la resolución estableció que las agrupaciones que se declaren en oposición al Gobierno tendrán acceso de manera equitativa a los medios de comunicación para controvertir las alocuciones que hagan funcionarios de alto gobierno (7); que la distribución de estos espacios serán sorteadas públicamente por el CNE y corresponderán a 30 minutos mensuales en las franjas de mayor sintonía en medios con cobertura nacional; que en caso de información tergiversada los partidos en oposición contarán con el derecho de réplica en los mismos medios de comunicación, horario, espacio y lugar en donde se haya publicado el dato original; que el CNE creará una comisión de monitoreo para comprobar que se están cumpliendo estos derechos; que estas agrupaciones tendrán derecho al acceso a la información y documentación oficial dentro de los cinco días siguientes a la solicitud que hagan; que los recursos para la financiación se distribuirán entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica declarados en oposición conforme a la normatividad vigentes; que estas agrupaciones deberán desagregar estos dineros del total de ingresos y gastos en sus informes anuales, entre otras cosas.

Otra de las tareas establecidas en el AFP cumplidas por Duque es la creación de un sistema de alertas tempranas sobre riesgos de seguridad en contra de líderes, organizaciones y defensores de derechos humanos y las que mejoran el monitoreo de las nuevas expresiones de violencia y ayudan a prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, las amenazas y las intimidaciones a sectores sociales que promueven la reivindicación de derechos y la implementación del Acuerdo.

Esto se consiguió a través del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida frente a organizaciones y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los Acuerdos de Paz, firmado por la Defensoría del Pueblo con la Organización de las Naciones Unidas. Si bien fue una iniciativa gestada durante la administración Santos, como dice Nimd (8), el haber sido oficializada durante la primera Asamblea General de las Naciones Unidas en la que intervino Duque, y el haber recibido su apoyo y ratificación, le da cierto hálito de política de Estado que podría invitar al optimismo. 

Otro caso es la continuidad que se le ha dado al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), creado en 2017 en cumplimiento de varias de las tareas establecidas en el AFP. El gobierno Duque, en un decreto que sorprende por hacer abierta referencia a la implementación del Acuerdo “nombró como delegado presidencial ante esta instancia a su Alto Consejero para el Posconflicto (ahora mudó su nombre a Consejería para la Estabilización y la Consolidación, omitiendo, explícitamente, la palabra posconflicto) a Emilio Archila, a quien se le otorga, además, la secretaría técnica del Sisep y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Cngs), así como participación en la Mesa técnica de seguridad y protección del Programa de Protección Especializada (Art. 2); nombramientos que, en principio, “podrían ser vistos como un espaldarazo al Sistema y la prolongación de los esfuerzos en la materia” (9).

Por último, es necesario mencionar la firma por parte del Gobierno del Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos, en el marco de una de las Mesas por la protección de la vida convocadas por la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior es importante por cuanto el Gobierno se comprometió a iniciar de manera inmediata la elaboración de una Política pública de prevención y protección integral con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial.

En resumen, el Gobierno actual se ha concentrado en dos tipos de tareas: aquellas relacionadas con garantizar la seguridad de quienes participan en políticas y las que tienen el objetivo de facilitar la participación política ciudadana y el control social. Esto habla más de la capacidad del Presidente como un administrador de Estado que como un jefe de Estado, como comienza a afirmar un sector de los intelectuales que lo ha apoyado desde la campaña: “Duque no ofrece ningún proyecto, salvo administrar bien lo que hay” (10).

 

La otra cara de la moneda: Retrocesos cualitativos

 

Los anteriores avances, si bien no son desdeñables, no son, ni mucho menos, para salir a celebrar. Nimd en su informe puntualiza de qué manera el gobierno Duque, si bien superficialmente ha hecho progresos cuantitativos en la implementación el Acuerdo, se ha desviado del espíritu que anima al mismo: “se percibe un estancamiento e incluso un retroceso con respecto a lo que se alcanzó a hacer en el cuatrienio anterior, y especialmente, con relación al ‘espíritu’ del Acuerdo”.

Es doblemente preocupante que los atentados y asesinatos de líderes sociales no hayan parado desde el inicio del actual gobierno. En primer lugar, si bien es difícil contar con cifras actualizadas, el defensor del pueblo, Carlos Negret, aseguró que en Colombia se registraron 196 asesinatos de líderes sociales entre marzo del 2018 y mayo del 2019, siendo junio y julio del año pasado los meses más críticos. El funcionario reveló que durante este periodo de tiempo se registraron 1.608 conductas vulneradoras “de las cuales fueron 1.351 amenazas, 44 atentados, 196 homicidios y 17 de otra clase de amenazas”, siendo Magdalena, Cauca, Atlántico y Bogotá, las regiones con mayor número de amenazas. En cuanto a atentados, el Defensor aseguró que “el que se lleva el deshonroso primer lugar es Norte de Santander”, y reveló que hasta el momento se han registrado “134 líderes asesinados de excombatientes” que pertenecieron a las Farc (11).

Sin embargo, más allá de los números que hablan por sí solos; y bien podría argumentarse que se trata de un problema estructural el cual toma tiempo torcer la tendencia, es aún más preocupante, como señala Nimd que las políticas implantadas por el gobierno Duque están “priorizando un modelo de seguridad que va en contravía con lo pactado en el Acuerdo, que no parecen estar teniendo en cuenta los intereses y reclamos de los actores que precisamente están buscando beneficiar y que, en ocasiones, parecieran estar pensadas para un país que está entrando en un conflicto armado” (12)  y no precisamente, en uno que está intentando salir de él.

El ejemplo irrefutable es el PAO, calificado por distintas organizaciones y plataformas de derechos humanos como “totalmente militarista”, encaminado a que prevalezca “la intervención militar y policial por encima del accionar integral del Estado para la superación de la violencia en las regiones”(13). El PAO apela a viejas estrategias de épocas de guerra como mayor inteligencia, mayor presencia de la Fuerza Pública, mayor coordinación entre Fuerzas Militares y de Policía y le da demasiada preponderancia al sector defensa, mientras que en los municipios donde se están asesinando a los líderes sociales hace falta una intervención integral del Estado. En otras palabras, el PAO recuerda las épocas de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe 2002-2010.

En el mismo orden de ideas, hay que resaltar que uno de los fines del PAO es construir una nueva política pública integral para la garantía de la defensa de los derechos humanos, con ello se soslaya la arquitectura institucional diseñada con el Sisep (Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política) y la Cngs (Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tiene como tarea diseñar y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo aquellas que afectan a líderes y defensores de derechos humanos y movimientos sociales). Estas, aunque el Gobierno Duque se comprometió públicamente a darles continuidad y a fortalecerlas, en la práctica, ha hecho todo lo contrario. La Cngs, por ejemplo, entre agosto y diciembre de 2018 fue convocada una sola vez, a pesar de que la norma obliga al Ejecutivo a hacerlo mensualmente. Por el contrario, en este periodo el Gobierno no solo creó la Comisión intersectorial para el PAO sino que le otorgó varias de las funciones propias de la Cngs con el agravante de que la primera no tiene representación de la sociedad civil. Es decir, la principal estrategia gubernamental para proteger a los líderes y organizaciones sociales y políticas se está diseñando sin tenerlos en cuenta directamente (14).

Otros ejemplos son la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización, diseñada entre 2017 y 2018 a través de un proceso participativo subregional con la participación de la Cngs; esta política sigue sin ser aprobada por el gobierno Duque; lo mismo ocurre con los Planes piloto de seguridad a líderes, una serie de estrategias identificadas y priorizadas con líderes y organizaciones sociales en el Cauca, Nariño, Norte de Santander y Córdoba, departamentos que muestran el mayor índice de violencia contra líderes sociales (15).

De nuevo aparece la tendencia del actual gobierno del doble discurso: afirmar públicamente una cosa y actuar de manera contraria, como dice Nimd “como una marcada intención por desmontar el enfoque concertado y civil presente en las políticas sobre el tema de los últimos ocho años, para reemplazarlo por uno que privilegia lo policial y lo militar”.

El sistema de justicia transicional del Acuerdo, cristalizado con la JEP, ha sido víctima de continuos ataques por parte del Gobierno: primero con una serie de objeciones que se intentaron hacer previo a la sanción presidencial –y que fueron derrotadas por el Congreso y la Corte Constitucional–, luego con una de las formas más eficientes de asfixiar un proyecto político y social: cortándole los recursos necesarios para operar, maniobra conocida de manera informal como “el hachazo presupuestal” a la JEP (16). A comienzos de julio el Gobierno anunció que el presupuesto asignado a la JEP y a las demás entidades encargadas de desarrollar los programas del AFP, tendrá para el 2020 un recorte del treinta por ciento con relación al del 2019 y por último, con el referendo para acabar con la JEP que tratan de gestar desde los toldos del Centro Democrático, con la recolección de firmas entre los ciudadanos. De nuevo el doble discurso…

 

Estrategias de la sociedad civil para la construcción de la paz

 

Ante semejante panorama –y con el agravante de que apenas se cumple el primer año del cuatrienio Duque– se torna evidente e imperativo que le corresponde a la sociedad civil –apoyada por la siempre presente comunidad internacional– asumir la defensa del AFP para promover múltiples estrategias para la construcción de la paz. Y así ya está sucediendo. La paz no es huérfana: un conjunto de sectores políticos y sociales lidera actualmente la plataforma Defendamos la Paz, expresión de una verdadera movilización en respaldo a los acuerdos firmados en noviembre de 2016. Las transformaciones estructurales que plantea el AFP le imprimen a la movilización que lo respalda un sello político que se suma a los cambios culturales buscados por la misma movilización. Este doble proyecto, político y cultural, enmarca los retos de la sociedad colombiana: una sociedad en la que se pueda convivir y resolver los desacuerdos sin la mediación de la violencia, a pesar de las diferencias existentes a su interior (17).

“La construcción de paz –afirma, por su parte, Galindo Español, investigador del Cinep/PPP– no es solamente una tarea del Estado, sino para que sea exitosa es necesaria la participación activa de la sociedad civil en acciones enfocadas a promover una cultura de paz en Colombia. En este sentido, en el interior del país, la movilización social por la paz acompañó el proceso creando un ambiente favorable para la implementación, a través de una serie de expresiones sociales denominadas Acciones Colectivas por la Paz (ACP) (18).

La paz, como proyecto público, sostiene Velásquez (2019) –también del Cinep/PPP– “tiene como núcleo la construcción de una sociedad en la que intereses diferentes puedan convivir sobre la base de reglas de juego acogidas por todos y todas, sin que sea necesario recurrir a la violencia y a la eliminación del adversario como camino para la solución de los desacuerdos. Pero también es un proyecto cultural, que debe inspirarse en nuevas concepciones del mundo y de la vida, en imaginarios y prácticas que promuevan una convivencia democrática, incluyente, sin violencias ni autoritarismos. Como proyecto político y cultural, la paz es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto” (19).

Es allí donde cobra sentido la movilización de la sociedad por la paz. Dicho de manera resumida, se recoge aquí lo dicho por Velásquez: “Las diferentes estrategias de acción colectiva […] muestran no solo la dinámica de grupos sociales de distinta procedencia, sino la diversidad de formas, territorios, escenarios y modalidades de actuación desplegadas a lo largo de la negociación. Es esa masa crítica de víctimas del conflicto, de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, de intelectuales y demócratas, en el campo y en las ciudades, la que tendrá la gran responsabilidad de defender la paz ante las minorías que reditúan económica y/o políticamente de la guerra y que quieren mantener los privilegios que les otorga el manejo de los hilos del poder. La paz es un proyecto político de largo aliento y deberá contar con una fuerte base social de apoyo y sostenibilidad que haga contrapeso a esas élites excluyentes” (20).

 

A modo de conclusión

 

Al AFP no se le puede dejar solo y confiar en que el Gobierno ponga en operación las múltiples estrategias, iniciativas y tareas que están establecidas allí. Se ha visto, como está demostrado en estas líneas, de que manera el Gobierno desdice con sus acciones lo que afirma públicamente dentro y fuera del país. Para ello, corresponde a la sociedad civil hacer el contrapeso necesario para que el Acuerdo perviva y se convierta, pese a todos los obstáculos y dificultades que atraviesa, en los cimientos de la construcción de lo que hemos llamado, en otro escrito (21), la fundación de una Segunda República en Colombia.

 

1. El presidente, en su alocución al Congreso, dijo: “Todos queremos la paz, todos vamos a trabajar por ella, pero tiene que ser una paz que brinde Legalidad a todo el territorio. Por eso, reiteramos nuestra convicción en la reincorporación de los excombatientes, y nuestra voluntad para apoyar y respaldar a quienes genuinamente renuncien a la violencia y opten por el camino de la Legalidad.” En https://www.elheraldo.co/colombia/lea-aqui-el-discurso-completo-del-presidente-duque-en-instalacion-de-las-sesiones.

2.  Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd), (2019)  Profundizar la democracia para consolidar la paz, avances en la implementación del punto dos del Acuerdo Final de Paz, relativo a  la participación política,  Bogotá.

3. Nimd, pp. 21-22.

4. Nimd, p. 23.

5. Nimd, p. 25.

6. Nimd, p. 25.

7. El anterior presidente del Congreso, en el día que entregaba su cargo, el 20 de julio pasado, le hizo una jiugada a la oposición para sabotear su derecho a contradecir al Presidente en su alocución

8.  Nimd, p. 28.

9. Nimd, p. 29.

10.  Duncan, G., “Jugadita”, en El Tiempo, Bogotá, 25 julio, 2019.

11. RCN, recuperado el 22 de julio 2019: https://www.rcnradio.com/colombia/en-un-ano-196-lideres-fueron-asesinados-en-colombia-defensoria-del-pueblo

12.  Nimd, p. 33.

13. El Espectador, 2019, citado por Nimd, p. 33. 

14. Nimd, p. 34.

15.  Nimd, p. 35.

16.  Restrepo, J.C., (2019) “El hachazo presupuestal en la JEP,” en Razón pública, en https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/12126-el-hachazo-presupuestal-a-la-jep.html

17.  Cinep/PPP en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf

18.  Galindo, A.M. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

19. Velásquez, F.E. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

20.  Ibid., p. 3.

21.  Potdevin, P., “Nuevas culturas para la fundación de una Segunda República” en Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº 190, julio 2019, pp. 7-9.

* Escritor, integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.

Publicado enColombia
Oscar Pinto, Máscara, 40 x 60 cm. (Cortesía del autor)

–Toma un poco más de té –ofreció solícita 

la Liebre de Marzo.

–Hasta ahora no he tomado nada –protestó Alicia en tono ofendido–, de modo que no puedo tomar más.

–Quieres decir que no puedes tomar menos –puntualizó el Sombrerero–. Es mucho más fácil tomar más que nada.

–Nadie le pedía su opinión –dijo Alicia.

–¿Quién está haciendo ahora observaciones personales? –preguntó el Sombrero en tono triunfal.

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas

 

¿A quién, más que a nadie, le interesa la paz en Colombia? ¿Quién debe asumir las banderas de la paz en el país cuando se es testigo de un regreso del péndulo hacia épocas que se intentaron dejar atrás –bajo la premisa de “no repetición– con los Acuerdos de Paz”? Al cumplirse el primer año del gobierno Duque, son múltiples las evaluaciones, por distintos actores, de cuánto se ha avanzado en la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP), en especial, en lo relacionado con el punto dos sobre participación política. Más allá de las reiteradas afirmaciones del gobierno (las más recientes en el acto de instalación de la nueva legislatura del Congreso, el pasado 20 de julio (1)) en las que reitera su compromiso para respetar y honrar el Acuerdo, se precisa contrastar lo afirmado públicamente, tanto a nivel del país como en las giras internacionales frente a interlocutores que lo han cuestionado, con los análisis realizados por diferentes organismos nacionales e internacionales que se encargan de monitorear la implementación del AFP.

El resultado del análisis es preocupante. El AFP no avanza en el sentido que su espíritu indica, los resultados a la fecha son precarios y el conflicto, lejos de haber cesado se recrudece con una ostensible falta de protección a la vida de los líderes sociales, en especial, aquellos que viven en regiones donde los poderes territoriales copan la debilidad o ausencia del Estado.

Es importante tener como punto de referencia, y a él nos vamos a referir en este artículo, el informe Profundizar la democracia para consolidar la paz, realizado por el Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd) (2).

 

El AFP, entre dos fuerzas opuestas

 

Hay que reconocer que el AFP, firmado el 24 de noviembre del 2016 por el gobierno anterior, se vio afectado en su implementación desde antes de entrar en vigencia, con la derrota en el plebiscito y hasta la entrega del mando el 7 de agosto del 2018; es decir, los últimos veinte meses del gobierno Santos no vieron un avance significativo por cuatro razones: 1) la ruptura de la bancada gobiernista que se dio con la derrota del plebiscito; el gobierno, al quedar sin mayorías en el Congreso, no logró sacar adelante las iniciativas tempranas necesarias para la implementación del AFP; 2) la insuficiente asignación presupuestal a dichas iniciativas dada la precaria situación presupuestal del gobierno en su último año de gestión; 3) el traslapo de la implementación del AFP con el proceso electoral, tanto presidencial como parlamentario, que se dio durante el 2018, lo cual generó trabajo a media marcha del andamiaje institucional responsable de echar a andar el Acuerdo y, 4) la propia decisión del Ejecutivo de darle prioridad a algunos “pilares” de la paz, como lo son la JEP, los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– y la transición de las Farc de guerrilla partido político (3).

A lo anterior, hay que sumar la correlación directa entre la inesperada derrota del Sí en el plebiscito y el triunfo de Duque, candidato presidencial del partido que lideró la oposición al AFP en el plebiscito. Por todo lo anterior, es evidente que el AFP llegó debilitado al presente cuatrienio (2018-2022) al encontrar un ambiente frío, cuando no hostil, generado principalmente por la vieja disputa política entre Santos y Uribe, y la consecuente polarización de la opinión pública entre dos visiones sobre el conflicto: una de apoyo irrestricto a la paz y otra de escepticismo disfrazado de “paz sí, pero no de ese modo”. En ese sentido, lo poco sucedido en torno a la puesta en marcha del AFP desde la llegada de Duque no ha sorprendido a nadie, aunque sí hay una característica reiterativa: en el aparente afán del Presidente de desmarcarse ubicándose algo menos a la derecha de su mentor –abiertamente enemigo del AFP– y procurar aparecer como un líder más mesurado y conciliador, su estrategia retórica, cada vez que tiene que referirse a la implementación del AFP es positiva y de vehementemente apoyo, en especial cuando se dirige a organismos internacionales, multilaterales o a líderes y mandatarios de países europeos. En esos escenarios no parecería haber duda de su compromiso con la paz y con el AFP. Por ejemplo, en la 73ª Aamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 26 de septiembre de 2018, afirmó: “Pero quiero reiterar ante esta Asamblea que nuestro propósito, el propósito de Colombia, es cumplirles a quienes han tomado el camino genuino de dejar la violencia”(4).

 

Avances aparentes en el actual gobierno

 

Otra cosa es la que se ha visto en el país. En una gimnasia aparentemente contradictoria, el Ejecutivo, al contrario de las amenazas del Centro Democrático, no “hizo trizas” el Acuerdo, sino que echó a andar muchas de las acciones que el gobierno Santos no había tocado. De esta manera estableció el Plan de Acción Oportuna para la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas (PAO) que trabaja en tres ejes: (i) articulación y reingeniería institucional para garantizar el trabajo coordinado y armonizado entre las distintas instituciones estatales responsables de la seguridad de estos actores; (ii) actuación estratégica en el territorio para atender las necesidades focalizadas y diferenciadas de cada entorno y región; (iii) estrategia de comunicaciones y capacitación, para contrarrestar la estigmatización de la condición de líder y de la actuación del Estado, así como para dar a conocer la oferta existente de programas de protección y autoprotección. Lo paradójico es que el gobierno Duque, en todo lo relacionado con el PAO, como acertadamente anota Nimd(5), no hace referencia alguna al AFP, como si quisiera invisibilizarlo y hacer casi que borrón y cuenta nueva para deslindarse de su antecesor y de sus logros con la paz. 

En cuanto al impulso establecido por el AFP a la participación de las Juntas Administradoras Locales en la elaboración de planes de desarrollo el gobierno actual realizó entre agosto y diciembre del 2018, cuarenta y ocho mesas departamentales y ocho talleres regionales a las que asistieron más de diez mil personas pertenecientes a Juntas de Acción Comunal, al Consejo Nacional de Planeación, población vulnerable, organizaciones juveniles, autoridades departamentales y municipales, representantes gremiales, veedurías ciudadanas, partidos políticos que dejaron cerca de diez mil propuestas y recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (6).

De igual modo, el AFP exigió al Gobierno garantizar el intercambio de experiencias exitosas de participación ciudadana entre las organizaciones sociales y las autoridades locales y regionales, de acuerdo con las particularidades de los diversos territorios. Para ello, se creó recientemente la Red nacional de secretarios de paz, aunque, una vez más, como anota Nimd, explícitamente no lo reconoce como un acatamiento al mandato del AFP. Esta Red opera como un espacio presencial y virtual para el intercambio de experiencias, buenas prácticas, inquietudes y desafíos que tienen los gobiernos locales y las comunidades en busca de la construcción de una paz integral y sostenible. 

En cuanto al estatuto de la oposición, este fue aprobado como resultado del AFP, un “marco general para el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones políticas y de algunos derechos de las organizaciones independientes”. Si bien entró a regir en julio de 2018, un mes antes de llegar el nuevo gobierno, el Consejo Nacional Electoral lo fortaleció y viabilizó en diciembre al reglamentar parte de su articulado, específicamente las pautas de financiamiento y el acceso a medios de comunicación. De esa manera, la resolución estableció que las agrupaciones que se declaren en oposición al Gobierno tendrán acceso de manera equitativa a los medios de comunicación para controvertir las alocuciones que hagan funcionarios de alto gobierno (7); que la distribución de estos espacios serán sorteadas públicamente por el CNE y corresponderán a 30 minutos mensuales en las franjas de mayor sintonía en medios con cobertura nacional; que en caso de información tergiversada los partidos en oposición contarán con el derecho de réplica en los mismos medios de comunicación, horario, espacio y lugar en donde se haya publicado el dato original; que el CNE creará una comisión de monitoreo para comprobar que se están cumpliendo estos derechos; que estas agrupaciones tendrán derecho al acceso a la información y documentación oficial dentro de los cinco días siguientes a la solicitud que hagan; que los recursos para la financiación se distribuirán entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica declarados en oposición conforme a la normatividad vigentes; que estas agrupaciones deberán desagregar estos dineros del total de ingresos y gastos en sus informes anuales, entre otras cosas.

Otra de las tareas establecidas en el AFP cumplidas por Duque es la creación de un sistema de alertas tempranas sobre riesgos de seguridad en contra de líderes, organizaciones y defensores de derechos humanos y las que mejoran el monitoreo de las nuevas expresiones de violencia y ayudan a prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, las amenazas y las intimidaciones a sectores sociales que promueven la reivindicación de derechos y la implementación del Acuerdo.

Esto se consiguió a través del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida frente a organizaciones y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los Acuerdos de Paz, firmado por la Defensoría del Pueblo con la Organización de las Naciones Unidas. Si bien fue una iniciativa gestada durante la administración Santos, como dice Nimd (8), el haber sido oficializada durante la primera Asamblea General de las Naciones Unidas en la que intervino Duque, y el haber recibido su apoyo y ratificación, le da cierto hálito de política de Estado que podría invitar al optimismo. 

Otro caso es la continuidad que se le ha dado al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), creado en 2017 en cumplimiento de varias de las tareas establecidas en el AFP. El gobierno Duque, en un decreto que sorprende por hacer abierta referencia a la implementación del Acuerdo “nombró como delegado presidencial ante esta instancia a su Alto Consejero para el Posconflicto (ahora mudó su nombre a Consejería para la Estabilización y la Consolidación, omitiendo, explícitamente, la palabra posconflicto) a Emilio Archila, a quien se le otorga, además, la secretaría técnica del Sisep y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Cngs), así como participación en la Mesa técnica de seguridad y protección del Programa de Protección Especializada (Art. 2); nombramientos que, en principio, “podrían ser vistos como un espaldarazo al Sistema y la prolongación de los esfuerzos en la materia” (9).

Por último, es necesario mencionar la firma por parte del Gobierno del Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos, en el marco de una de las Mesas por la protección de la vida convocadas por la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior es importante por cuanto el Gobierno se comprometió a iniciar de manera inmediata la elaboración de una Política pública de prevención y protección integral con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial.

En resumen, el Gobierno actual se ha concentrado en dos tipos de tareas: aquellas relacionadas con garantizar la seguridad de quienes participan en políticas y las que tienen el objetivo de facilitar la participación política ciudadana y el control social. Esto habla más de la capacidad del Presidente como un administrador de Estado que como un jefe de Estado, como comienza a afirmar un sector de los intelectuales que lo ha apoyado desde la campaña: “Duque no ofrece ningún proyecto, salvo administrar bien lo que hay” (10).

 

La otra cara de la moneda: Retrocesos cualitativos

 

Los anteriores avances, si bien no son desdeñables, no son, ni mucho menos, para salir a celebrar. Nimd en su informe puntualiza de qué manera el gobierno Duque, si bien superficialmente ha hecho progresos cuantitativos en la implementación el Acuerdo, se ha desviado del espíritu que anima al mismo: “se percibe un estancamiento e incluso un retroceso con respecto a lo que se alcanzó a hacer en el cuatrienio anterior, y especialmente, con relación al ‘espíritu’ del Acuerdo”.

Es doblemente preocupante que los atentados y asesinatos de líderes sociales no hayan parado desde el inicio del actual gobierno. En primer lugar, si bien es difícil contar con cifras actualizadas, el defensor del pueblo, Carlos Negret, aseguró que en Colombia se registraron 196 asesinatos de líderes sociales entre marzo del 2018 y mayo del 2019, siendo junio y julio del año pasado los meses más críticos. El funcionario reveló que durante este periodo de tiempo se registraron 1.608 conductas vulneradoras “de las cuales fueron 1.351 amenazas, 44 atentados, 196 homicidios y 17 de otra clase de amenazas”, siendo Magdalena, Cauca, Atlántico y Bogotá, las regiones con mayor número de amenazas. En cuanto a atentados, el Defensor aseguró que “el que se lleva el deshonroso primer lugar es Norte de Santander”, y reveló que hasta el momento se han registrado “134 líderes asesinados de excombatientes” que pertenecieron a las Farc (11).

Sin embargo, más allá de los números que hablan por sí solos; y bien podría argumentarse que se trata de un problema estructural el cual toma tiempo torcer la tendencia, es aún más preocupante, como señala Nimd que las políticas implantadas por el gobierno Duque están “priorizando un modelo de seguridad que va en contravía con lo pactado en el Acuerdo, que no parecen estar teniendo en cuenta los intereses y reclamos de los actores que precisamente están buscando beneficiar y que, en ocasiones, parecieran estar pensadas para un país que está entrando en un conflicto armado” (12)  y no precisamente, en uno que está intentando salir de él.

El ejemplo irrefutable es el PAO, calificado por distintas organizaciones y plataformas de derechos humanos como “totalmente militarista”, encaminado a que prevalezca “la intervención militar y policial por encima del accionar integral del Estado para la superación de la violencia en las regiones”(13). El PAO apela a viejas estrategias de épocas de guerra como mayor inteligencia, mayor presencia de la Fuerza Pública, mayor coordinación entre Fuerzas Militares y de Policía y le da demasiada preponderancia al sector defensa, mientras que en los municipios donde se están asesinando a los líderes sociales hace falta una intervención integral del Estado. En otras palabras, el PAO recuerda las épocas de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe 2002-2010.

En el mismo orden de ideas, hay que resaltar que uno de los fines del PAO es construir una nueva política pública integral para la garantía de la defensa de los derechos humanos, con ello se soslaya la arquitectura institucional diseñada con el Sisep (Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política) y la Cngs (Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tiene como tarea diseñar y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo aquellas que afectan a líderes y defensores de derechos humanos y movimientos sociales). Estas, aunque el Gobierno Duque se comprometió públicamente a darles continuidad y a fortalecerlas, en la práctica, ha hecho todo lo contrario. La Cngs, por ejemplo, entre agosto y diciembre de 2018 fue convocada una sola vez, a pesar de que la norma obliga al Ejecutivo a hacerlo mensualmente. Por el contrario, en este periodo el Gobierno no solo creó la Comisión intersectorial para el PAO sino que le otorgó varias de las funciones propias de la Cngs con el agravante de que la primera no tiene representación de la sociedad civil. Es decir, la principal estrategia gubernamental para proteger a los líderes y organizaciones sociales y políticas se está diseñando sin tenerlos en cuenta directamente (14).

Otros ejemplos son la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización, diseñada entre 2017 y 2018 a través de un proceso participativo subregional con la participación de la Cngs; esta política sigue sin ser aprobada por el gobierno Duque; lo mismo ocurre con los Planes piloto de seguridad a líderes, una serie de estrategias identificadas y priorizadas con líderes y organizaciones sociales en el Cauca, Nariño, Norte de Santander y Córdoba, departamentos que muestran el mayor índice de violencia contra líderes sociales (15).

De nuevo aparece la tendencia del actual gobierno del doble discurso: afirmar públicamente una cosa y actuar de manera contraria, como dice Nimd “como una marcada intención por desmontar el enfoque concertado y civil presente en las políticas sobre el tema de los últimos ocho años, para reemplazarlo por uno que privilegia lo policial y lo militar”.

El sistema de justicia transicional del Acuerdo, cristalizado con la JEP, ha sido víctima de continuos ataques por parte del Gobierno: primero con una serie de objeciones que se intentaron hacer previo a la sanción presidencial –y que fueron derrotadas por el Congreso y la Corte Constitucional–, luego con una de las formas más eficientes de asfixiar un proyecto político y social: cortándole los recursos necesarios para operar, maniobra conocida de manera informal como “el hachazo presupuestal” a la JEP (16). A comienzos de julio el Gobierno anunció que el presupuesto asignado a la JEP y a las demás entidades encargadas de desarrollar los programas del AFP, tendrá para el 2020 un recorte del treinta por ciento con relación al del 2019 y por último, con el referendo para acabar con la JEP que tratan de gestar desde los toldos del Centro Democrático, con la recolección de firmas entre los ciudadanos. De nuevo el doble discurso…

 

Estrategias de la sociedad civil para la construcción de la paz

 

Ante semejante panorama –y con el agravante de que apenas se cumple el primer año del cuatrienio Duque– se torna evidente e imperativo que le corresponde a la sociedad civil –apoyada por la siempre presente comunidad internacional– asumir la defensa del AFP para promover múltiples estrategias para la construcción de la paz. Y así ya está sucediendo. La paz no es huérfana: un conjunto de sectores políticos y sociales lidera actualmente la plataforma Defendamos la Paz, expresión de una verdadera movilización en respaldo a los acuerdos firmados en noviembre de 2016. Las transformaciones estructurales que plantea el AFP le imprimen a la movilización que lo respalda un sello político que se suma a los cambios culturales buscados por la misma movilización. Este doble proyecto, político y cultural, enmarca los retos de la sociedad colombiana: una sociedad en la que se pueda convivir y resolver los desacuerdos sin la mediación de la violencia, a pesar de las diferencias existentes a su interior (17).

“La construcción de paz –afirma, por su parte, Galindo Español, investigador del Cinep/PPP– no es solamente una tarea del Estado, sino para que sea exitosa es necesaria la participación activa de la sociedad civil en acciones enfocadas a promover una cultura de paz en Colombia. En este sentido, en el interior del país, la movilización social por la paz acompañó el proceso creando un ambiente favorable para la implementación, a través de una serie de expresiones sociales denominadas Acciones Colectivas por la Paz (ACP) (18).

La paz, como proyecto público, sostiene Velásquez (2019) –también del Cinep/PPP– “tiene como núcleo la construcción de una sociedad en la que intereses diferentes puedan convivir sobre la base de reglas de juego acogidas por todos y todas, sin que sea necesario recurrir a la violencia y a la eliminación del adversario como camino para la solución de los desacuerdos. Pero también es un proyecto cultural, que debe inspirarse en nuevas concepciones del mundo y de la vida, en imaginarios y prácticas que promuevan una convivencia democrática, incluyente, sin violencias ni autoritarismos. Como proyecto político y cultural, la paz es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto” (19).

Es allí donde cobra sentido la movilización de la sociedad por la paz. Dicho de manera resumida, se recoge aquí lo dicho por Velásquez: “Las diferentes estrategias de acción colectiva […] muestran no solo la dinámica de grupos sociales de distinta procedencia, sino la diversidad de formas, territorios, escenarios y modalidades de actuación desplegadas a lo largo de la negociación. Es esa masa crítica de víctimas del conflicto, de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, de intelectuales y demócratas, en el campo y en las ciudades, la que tendrá la gran responsabilidad de defender la paz ante las minorías que reditúan económica y/o políticamente de la guerra y que quieren mantener los privilegios que les otorga el manejo de los hilos del poder. La paz es un proyecto político de largo aliento y deberá contar con una fuerte base social de apoyo y sostenibilidad que haga contrapeso a esas élites excluyentes” (20).

 

A modo de conclusión

 

Al AFP no se le puede dejar solo y confiar en que el Gobierno ponga en operación las múltiples estrategias, iniciativas y tareas que están establecidas allí. Se ha visto, como está demostrado en estas líneas, de que manera el Gobierno desdice con sus acciones lo que afirma públicamente dentro y fuera del país. Para ello, corresponde a la sociedad civil hacer el contrapeso necesario para que el Acuerdo perviva y se convierta, pese a todos los obstáculos y dificultades que atraviesa, en los cimientos de la construcción de lo que hemos llamado, en otro escrito (21), la fundación de una Segunda República en Colombia.

 

1. El presidente, en su alocución al Congreso, dijo: “Todos queremos la paz, todos vamos a trabajar por ella, pero tiene que ser una paz que brinde Legalidad a todo el territorio. Por eso, reiteramos nuestra convicción en la reincorporación de los excombatientes, y nuestra voluntad para apoyar y respaldar a quienes genuinamente renuncien a la violencia y opten por el camino de la Legalidad.” En https://www.elheraldo.co/colombia/lea-aqui-el-discurso-completo-del-presidente-duque-en-instalacion-de-las-sesiones.

2.  Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd), (2019)  Profundizar la democracia para consolidar la paz, avances en la implementación del punto dos del Acuerdo Final de Paz, relativo a  la participación política,  Bogotá.

3. Nimd, pp. 21-22.

4. Nimd, p. 23.

5. Nimd, p. 25.

6. Nimd, p. 25.

7. El anterior presidente del Congreso, en el día que entregaba su cargo, el 20 de julio pasado, le hizo una jiugada a la oposición para sabotear su derecho a contradecir al Presidente en su alocución

8.  Nimd, p. 28.

9. Nimd, p. 29.

10.  Duncan, G., “Jugadita”, en El Tiempo, Bogotá, 25 julio, 2019.

11. RCN, recuperado el 22 de julio 2019: https://www.rcnradio.com/colombia/en-un-ano-196-lideres-fueron-asesinados-en-colombia-defensoria-del-pueblo

12.  Nimd, p. 33.

13. El Espectador, 2019, citado por Nimd, p. 33. 

14. Nimd, p. 34.

15.  Nimd, p. 35.

16.  Restrepo, J.C., (2019) “El hachazo presupuestal en la JEP,” en Razón pública, en https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/12126-el-hachazo-presupuestal-a-la-jep.html

17.  Cinep/PPP en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf

18.  Galindo, A.M. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

19. Velásquez, F.E. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

20.  Ibid., p. 3.

21.  Potdevin, P., “Nuevas culturas para la fundación de una Segunda República” en Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº 190, julio 2019, pp. 7-9.

* Escritor, integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.

Delcy Rodríguez conversa con Enrique Iglesias, enviado de la UE.  Imagen: EFE

Las conversaciones se realizan en Barbados

El opositor venezolano Juan Guaidó anunció el mismo día que retoma el diálogo con el gobierno de Maduro pero a la vez que buscará avanzar por la salida intervencionista al conflicto.

 

 El gobierno venezolano y la oposición regresaron al diálogo. El anuncio del reinicio de los acercamientos llegó una semana después de que el diputado Juan Guaidó anunciara que no reanudaría ningún diálogo. La noticia, en cambio, ratificó lo que el presidente Nicolás Maduro había sostenido al afirmar que los diálogos continuaban y que habría novedades que fueron finalmente confirmadas.

La delegación del gobierno llegó hoy por la mañana a Barbados, para “continuar con el diálogo de paz, auspiciado por el gobierno del Reino de Noruega e iniciado con la oposición venezolana el pasado 14 de mayo del presente año en curso”. La mesa de diálogo en Barbados es así la tercera instancia de acercamiento pública, dentro de un trabajo de varios meses de conversaciones que se mantuvo en privado, como lo afirmó Maduro al explicar la génesis de los primeros pasos en Oslo.

El comunicado del gobierno también condenó las declaraciones de Guaidó que “promueve la violencia, el insulto, la inconstitucionalidad y una retórica bipolar que no se corresponde con las pautas presentadas por los auspiciantes del diálogo y aceptadas por las partes el 25 de mayo de 2019”.

En efecto el día domingo Guaidó anunció que la Asamblea Nacional aprobará el pedido de ingreso al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) y que luego deberán “construir el respaldo de los demás países de la región para este mecanismo cuya aprobación final pasará en la Organización de Estados Americanos (OEA)”. El Tiar, que es un pacto de defensa mutua interamericana suscrito en 1947, del cual se retiró Venezuela en el 2012 junto con Bolivia, Nicaragua y Ecuador, conlleva la posibilidad de solicitar la conformación de una coalición de fuerzas interamericanas para llevar adelante una intervención militar.

Guaidó anunció de esta manera en un mismo día que regresará al diálogo y que buscará avanzar por la salida intervencionista al conflicto. Detrás de esa aparente bipolaridad se encuentran las tensiones que existen dentro de una oposición heterogénea, en disputas internas, donde el sector de Guaidó necesita contener las diferentes posturas, tanto aquellas que acuerdan con un diálogo como con las que plantean que la única solución posible es la fuerza militar.

Además, el anuncio del pedido de reingreso al Tiar a la OEA forma parte de las cartas que la oposición busca poner sobre la mesa a la hora de un diálogo para sumar más capacidad a su correlación de fuerzas que no es mayor a la del primer acercamiento. Visto en término de negociación, los movimientos políticos realizados por ambos sectores desde el primer diálogo hasta la fecha han dado suma cero: se está en la misma asimetría de fuerzas a favor del gobierno en el plano nacional, con un empate a nivel internacional.

La cuestión Tiar tiene además varias aristas. Depende de la aprobación de la OEA que se ha visto sometida a fuertes tensiones -llegando al punto del retiro de la delegación de Uruguay en la 49 asamblea general realizada en Medellín a finales de junio- a partir del hecho de forzar el reconocimiento del enviado por Guaidó, mientras que el gobierno venezolano ya ha concretado su retiro del organismo.

Junto con eso aparece el segundo punto: ¿existe la posibilidad real de que se forme una coalición de fuerzas interamericanas para una salida militar? La respuesta, hasta el momento, a partir de un análisis de los principales países que deberían encabezar la acción, en particular Estados Unidos, Colombia y Brasil, indica que no. El anuncio del Tiar se parece más a un bluff para una negociación, es decir una amenaza sin respaldo real -como un truco de cartas- que a una posibilidad real de acción.

La agenda en Barbados no es pública. El comunicado oficial ha indicado que existe una “agenda de seis puntos aprobados desde marzo de este año”. El presidente Maduro ha anunciado por su parte, en varias oportunidades, que existe la posibilidad de que se den elecciones legislativas anticipadas, es decir este año en vez del 2020.

La oposición, por su parte, mantiene una unidad retórica con la fórmula: cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. El primer paso, es decir la salida de Maduro, no parece por el momento estar sobre la mesa posible de negociaciones para los posibles pasos más cercanos. ¿La oposición podría llegar a un acuerdo que no implique la salida del presidente sin en ese acto fragmentarse aún más y perder su credibilidad ante su base social? Es una de las muchas preguntas que existen y explican la crisis siempre abierta del bloque opositor.

Las declaraciones por parte de los voceros norteamericanos han sido mientras tanto de reafirmación del apoyo a Guaidó, así como de mensajes de sus principales operadores, como el asesor de seguridad, John Bolton, con dirección a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), y en particular a su ministro de defensa, Vladimir Padrino López, quien ha sido reafirmado en su puesto por el presidente el pasado domingo. Los intentos de fracturar la Fanb son uno de los principales frentes de desgaste donde la estrategia golpista centra sus ataques.

Las diferentes variables ocurren en simultáneo. El gobierno, aliados y mediadores internacionales apuestan al diálogo, como lo muestra Barbados y la llegada a Caracas del representante especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias. La oposición, dirigida desde diferentes factores norteamericanos, mantiene el intento de salida por la fuerza al tiempo que se ve en la necesidad de sentarse a dialogar en vista de la distancia entre sus planes y los resultados obtenidos desde enero hasta la fecha.

Publicado enInternacional
Martes, 02 Julio 2019 06:16

Irán se pasa de uranio enriquecido

  Fotografía de archivo que muestra al presidente iraní, Hasán Rohaní, durante una visita a la planta nuclear de Bushehr en el sur de Irán. EFE

La República Islámica de Irán informó ayer  que ya ha superado el límite de la reserva de 300 kilogramos de uranio enriquecido establecido en el histórico acuerdo nuclear de 2015. En declaraciones difundidas por la agencia local iraní de noticias ISNA, el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, explicó que esta acción es coherente con las previsiones sobre el enriquecimiento de uranio. “Irán, según su programa, ha superado el limite de los 300 kilos y eso lo habíamos aclarado previamente. Hemos dicho de modo muy claro lo que hacemos y actuamos de acuerdo a ello, eso lo reconocemos como nuestro propio derecho en el acuerdo nuclear”, dijo Zarif. Según el acuerdo de 2015, del que Estados Unidos  salió en 2018, Irán debe limitar su programa nuclear para no poder desarrollar a corto plazo una bomba atómica, a cambio de alivios económicos y comerciales, que ahora están en entredicho por las sanciones estadounidenses.  El ministro iraní subrayó ayer que “las medidas europeas” para esquivar las sanciones de Estados Unidos “no son suficientes”, por lo que la República Islámica de Irán “llevará a cabo sus acciones de acuerdo con el plan anunciado previamente”.

Tras la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear, el Gobierno de Teherán ya anunció en mayo pasado que dejaría de cumplir algunos aspectos del acuerdo, como la cantidad máxima permitida de uranio poco enriquecido. El jefe de la diplomacia iraní explicó que el mecanismo europeo para sortear las sanciones económicas de Estados Unidos y mantener el intercambio comercial, “es una medida preliminar para que Europa cumpla con sus obligaciones”.

Publicado enInternacional
Trump y Putin hablan por teléfono hora y media

Hace un mes abordé el exhorto de Trump para un "G-3 nuclear" de Estados Unidos (EU), Rusia y China, y que ahora vuelve a empujar espectacularmente (https://bit.ly/2VgHfOo).

Se escenificó una inesperada convergencia de los líderes demócratas en el Congreso con Trump para invertir 2 billones de dólares en infraestructura que tanto requiere EU, coincidentemente en la misma semana de la visita del mandatario de Norcorea, Kim Jong Un, al zar Vlady Putin (https://bit.ly/2J27GAT) y a la segunda cumbre de la Ruta de la Seda en Pekín, donde brillaron el mandarín Xi y su homólogo ruso (https://bit.ly/2IZRwXI).

El común denominador de la Ruta de la Seda china y del diálogo entre los líderes demócratas y Trump es la infraestructura (30/4/19; https://cnb.cx/2GSUjRg).

Justamente tres días después del diálogo convergente sobre infraestructura en EU, Trump volvió a la carga –mediante una sorprendente llamada telefónica de hora y media a su homólogo ruso– para conseguir un acuerdo nuclear con Rusia y China, y así cesar tanto dispendio armamentista.

Trump comentó que la charla con Putin fue "larga y muy buena" reiterando que era conveniente "arreglarse con Rusia y China", lo cual intentó ser descarrilado con la cacería de brujas de la ridícula "trama rusa" (que tuvo su grotesca parodia en México con la conspirativa Operación Berlín; https://bit.ly/2UrdBVm).

Con la espada de Damocles de una recesión que puede afectar la relección de Trump (https://bit.ly/2WiEjND), su administración no puede sostener dos colosales dispendios al mismo tiempo: o se decide por la infraestructura, u opta por una demencial carrera armamentista contra sus rivales geoestratégicos Rusia y China (http://bit.ly/2Dd93JR).

El Washington Post asevera que quizá se caiga el proyecto bipartidista de infraestructura en EU cuando el "propio jefe de gabinete del presidente comenta adentro y afuera de la administración que el esfuerzo es muy costoso e improbable para tener éxito", lo cual exhibe también resistencias pecuniarias de algunos pesos pesados del Partido Republicano (https://wapo.st/2WpmY5I).

Cerrar la cuadratura del círculo no será sencillo y el mismo Trump lo resumió en un tuit al criticar “el dispendio bélico de 7 billones de dólares en Medio-Oriente en los pasados 19 años (https://bit.ly/2vEOjoC)”. ¡Demencial!

A sabiendas de la panoplia hipersónica militar de Rusia y el avance tecnológico de China, pareciera que Trump prefiere diluir el vino bélico de la "economía de guerra" del complejo militar-industrial.

Lo más relevante en el ámbito geoestratégico versó sobre la propuesta de Trump de extender el acuerdo existente del control de armas nucleares entre EU y Rusia –el "nuevo Start" que expira en 2021– a uno nuevo que involucre a China.

Trump deja atrás la inexistente "colusión rusa", maquinada a los dos lados del Atlántico, e intenta reparar las relaciones con Rusia, lo cual no será nada fácil. Los temas abordados fueron el comercio, Venezuela, Ucrania, Norcorea y el control de armas nucleares, además de la "trama rusa". Trump concluyó que el diálogo con Putin había sido “muy productivo (https://bit.ly/2JlEgga)”.

El muy influyente portal ruso Sputnik rememora que el mes pasado Trump "había indicado su intención de negociar un acuerdo mayor de control de armas nucleares con Rusia y China", mientras Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, confirmó que la charla había durado "casi hora y media" y que luego aportaría mayores detalles al respecto, cuando todavía en Moscú no digieren el retiro unilateral de Trump del acuerdo sobre las armas nucleares intermedias (https://bit.ly/2BCI5sH) ni aceptan el despliegue de los sistemas misilísticos de defensa de EU a lo largo de las fronteras de Rusia, lo cual revive la guerra de las galaxias y su carrera armamentista (https://bit.ly/2LoIiaj).

De tres cosas una: Trump gana tiempo, engaña o es sincero.

En caso de darse un plausible acuerdo "G-3 nuclear" de EU/Rusia/China, se asentarían las bases del nuevo orden tripolar geoestratégico en lo que queda del siglo XXI.

www.alfredojalife.com

Twitter: @AlfredoJalifeR_

Facebook: AlfredoJalife

Vk: id254048037

Publicado enInternacional
Minga indígena y popular. Retos y aprendizajes: El sur occidente colombiano intenta poner freno al gobierno de Duque, ¿Lograrán sus objetivos?

En medio de asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales –226 durante el 2018 y alrededor de 30 en lo corrido del 2019–, reactivación del conflicto armado, políticas económicas, ambientales, sociales y militares que afectan la vida de millones de colombianos, el pueblo indígena nasa, en unión con organizaciones sociales del departamento del Cauca, dan un empujón para superar la somnolencia imperante en amplios sectores de la sociedad colombiana, y confrontar el gobierno de Iván Duque, ¿Qué le espera a la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz luego de más de 10 días de movilización? ¿Cuáles son las lecciones para las organizaciones y los movimientos sociales del país?


El domingo 10 de marzo miles de indígenas Nasa, agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), acompañados por campesinos del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), y distintas organizaciones sociales, ambientales y populares de esta parte del país, decidieron darse cita en el resguardo “Las Mercedes” ubicado en la vereda “El Pital” del municipio de Caldono, Cauca, para dar inicio a la “Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz”, tras el propósito de un diálogo político alrededor de temas fundamentales para el país con el gobierno encabezado por Iván Duque.

 


La movilización fue masiva y su peso se sintió de inmediato. Con anterioridad el Cric había invitado al gobierno nacional ha llegar a este sitio para entablar el diálogo y la negociación pretendida. Tras dos días de espera, el 12 de marzo, ante más de 15 mil personas, llegó la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, el ministro de agricultura, Andrés Valencia, y otros funcionarios, con quienes se instaló una mesa de diálogo para acordar la agenda de trabajo con el presidente.


Terminada la agenda, sin el logro de acuerdos claros, que se cumplan –sin vivir los incumplimientos que hoy resaltan en infinidad de agendas firmadas en otras Mingas– en tanto comprometen a todo el gobierno, cuya cabeza se niega a dialogar en directo con las comunidades, y firmar los compromisos a que de lugar, la comunidad allí reunida insiste en la demanda de que el Presidente asuma con su presencia la negociación. Un reiterado no, es lo único que obtienen. Ante tal reiteración deciden cerrar La Panamericana (vía principal que conecta el sur del país). El peso de su decisión empieza a sentirse casi de inmediato, con la larga fila de camiones, buses y automotores que a lo largo de kilómetros, y en ambas direcciones, congestionan la autopista.

La respuesta que llega desde Bogotá es la misma de siempre: represión. El Esmad entra con toda fuerza a reprimir, pero los miles allí reunidos resisten. Los primeros choques dejan ahogados, algunos contusos menores, y la vía en igual situación.


Mientras esto sucede, delegaciones de otros pueblos indígenas y de otras organizaciones sociales llegan al sitio de concentración y potencian la Minga, entre ellas delegaciones de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), del Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu) y otros cabildos del Valle del Cauca.


¿Cuáles son los temas de diálogo que plantea la Minga?


Para las organizaciones actoras de esta Minga, la agenda de diálogo político con Iván Duque debe tocar múltiples aspectos, enmarcados ellos en cuestiones sectoriales, regionales y coyunturales de la realidad del país, entre ellos: derechos humanos (desmonte del paramilitarismo, atención y respuesta sobre los cientos de líderes y lideresas sociales asesinados y amenazados, reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, entre algunos de los ítems que integran este subpunto). Del mismo modo está la bandera ambiental (modelo de desarrollo actual y las políticas que afectan los páramos y zonas estratégicas de aguas en el país, la ley Zidres, el uso de glifosato y el modelo extractivo minero energético que da vía libre al Fracking en Colombia; respuesta al crimen ambiental del Río Cauca con Hidroituango, entre otras).


En cuanto a temas sociales, resaltan: el del Plan Nacional de Desarrollo, Código de Policía, la ley de financiamiento (reforma tributaria), incumplimiento a la implementación de los acuerdos firmados con las Farc, las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz. De igual manera está la exigencia del cumplimiento del decreto 1811 de 2017, que fija mecanismos para el cumplimiento de alrededor de 1.500 acuerdos y renegociaciones entre los pueblos indígenas del Cauca con el Estado y que han sido incumplidos, los que a la fecha suman 3,6 billones de pesos para ser implementados y que comprenden temas de salud, educación, compra de tierras y otros.

 

 


La agenda es integral, y ante la misma el establecimiento se escuda en que las propuestas de discusión de la Minga no son de su competencia, pues para ello existe el Congreso de la República como el lugar para dar y posicionar estas discusiones; sostiene, asimismo, que los indígenas confunden sus peticiones con su ideología; se escuda el Gobierno, además, en que las exigencias de los indígenas ya están saldadas en el Plan Nacional de Desarrollo donde hay comprometido un presupuesto de 10 billones de pesos para ellos y por ejecutar durante los próximos cuatro años. Tema que increpan los indígenas al indicar que el engaño a la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas es lo realmente realizado por el Gobierno, toda vez que en el presupuesto presentado por éste al Congreso los referidos 10 billones no tienen asignación presupuestal, por lo que están agregados en anexos, lo que quiere decir que son opcionales para su ejecución e implementación.


Tratamiento de guerra a la movilización social


La respuesta de Duque luego de su negativa a desplazarse hasta el Cauca para dialogar fue enviar al Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad), Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar), Policía Nacional y Ejército; helicópteros, gases lacrimógenos, papas bomba, tiros recalzados, disparos y ráfagas de fusil son los principales “negociadores” del Gobierno.

 

 


Ante tales “negociadores”, la vía Panamericana se transformó en el escenario de prolongados enfrentamientos entre el Gobierno y la Minga. Desde la madrugada de cada día comienza la pugna por el control de la vía, y cada día que pasa el escenario se pone más complicado pues ya son varios los heridos con armas no convencionales y de fuego. Aún no hay un reporte oficial de heridos, pese a que todo subió de tono con la muerte del policía Boris Alexander Benítez –adscrito al Esmad–, quien perdió la vida, según el Gobierno, producto de disparos realizados por disidencias de las Farc.


Con este antecedente, y tomando en cuenta la larga experiencia de protestas sociales y las violentas respuestas desplegadas por el establecimiento, con procedimientos paramilitares tras bastidores, no es de extrañar que esta Minga, como otras, quede estigmatizada y/o criminalizada, justificando con ello procedimientos violentos que afecten la vida de sus protagonistas.


Retos y discusiones para el conjunto del movimiento social


Aunque es claro que esta movilización se presenta en medio de la parálisis social propiciada, entre otros factores, por la persistente política autoritaria y de terror que reina en Colombia, también lo es que esta Minga prende una chispa de aliento y esperanza para superar la atomización social, pero también el miedo producido por el prolongado desangre, procesándolo, haciéndolo consciente y, por tanto, precisando canales para superarlo.


Esta Minga, por tanto, factor positivo y luz en el horizonte, invita a una reflexión al interior de las organizaciones y movimientos sociales del país, la misma que debe ser concretada sin dilaciones.

 

 


¿Elecciones o vía armada? Esta es la vieja discusión sobre el quehacer político de organizaciones, movimientos y partidos, que generalmente enmarcan todas sus fuerzas en una u otra de estas dos formas de lucha, centrando todo su quehacer alrededor de la captura del poder, en un caso, y en otro en el ascenso al gobierno. En ambos casos el Estado es el referente central, y éste es quien determina la agenda política y las acciones de quienes pretenden confrontarlo. Las consecuencias de este dilema, y la concentración de fuerzas en una y otra opción, hoy muestran su desgaste y límite.


Por un lado, quienes optaron por las armas, militarizan la política y llevan a sus activos a concentrar todas sus energías en fortalecer el aparato militar. El poder es lo real, y ese poder descansa en las armas, en el potencial de fuego que cada día debe ser mayor. Disciplina y acriticidad se imponen. Todo cuestionamiento puede terminar en un debate de fuerza y no de razones. El respeto al mando no permite el debate libre y desprevenido, por lo cual el aparato termina primando sobre la realidad, es decir, sobre el mismo entorno que pretende transformar.


En estas circunstancias, el accionar social termina condicionado o determinado por el facto fundamental –el armado–, lo que finalmente desnaturalizar la autonomía y el potencial y alcance de la protesta social.


En la lógica armada, tras el poder, por una parte (los insurgentes), y su protección, por otra (el establecimiento), se impone una lógica de acción-reacción, que no tiene límite: el Estado incrementa su aparato y accionar militar, y la contraparte no puede quedarse atrás, adquiriendo más poder de fuego y alistando más integrantes a sus filas, no importa su real consciencia de clase ni la comprensión profunda de lo que hacen y para qué lo hacen. Al final, lo que se tiene es tropa –quien haga y obedezca– pero pocos liderazgos con capacidad de Estado. No es extraño, por tanto, que ocurran desmanes, irrespeto a las decisiones de la comunidad, y que se imponga una moral y ética que no corresponden al sueño de un cambio profundo de las estructuras sociales.


Mientras esto sucede en el/los proyecto/s armado/s, quienes optan por lo electoral no recorren caminos muy diferentes, ya que todo el esfuerzo de sus organizaciones –del conjunto de su militancia– está enfocado a fortalecer la capacidad del aparato, en este caso para capturar votos. Parece una exageración, pero en este proceder político también todas las acciones de mediano plazo están predeterminadas: las elecciones, lo que termina por determinar y someter la acción social, pues más allá de sus particularidades y afanes deben garantizar el mejor resultado electoral posible.


Es una deformación de la acción política que lleva al extremo de romper las dinámicas sociales, a determinar sus ritmos, a tal punto que entre elección y elección –en época fría– con participación directa y dinámica de las comunidades las agendas de lucha social ganan tono, pero una vez llega la coyuntura electoral lo que se traía queda a un lado para poder atender la coyuntura proveniente desde el establecimiento, la misma que, supuestamente, lleva al máximo la “participación social” y, con ella, la “vida democrática”. Sin duda, todo un contrasentido.


El paso del tiempo, y las experiencias vividas en distintas partes del mundo, parecen confirmar que entre estas dos formas de lucha, al final, en su más estrictas pretensiones y procederes, no existe mucha diferencia. La captura del poder y el ascenso al gobierno, sin el debido alzamiento social, el cual debe mantenerse siempre como parte sustancial de una transformación cultural que rompa de base la razón capitalista, que rompa el Estado y el mismo gobierno, termina en lo mismo: la reconstrucción capitalista.


¿Dónde está la democracia y el poder? Con frecuencia se dice que el poder está en las calles, que es la sociedad la base fundamental de la democracia, sin embargo todo este discurso queda cuestionado cuando las acciones demuestran que la visión del poder y democracia dominantes giran en torno a las instituciones estatales, haciendo el juego a lógica de los funcionarios gubernamentales que dejan claro que “las discusiones que plantea la Minga son asuntos formales que se discuten en el Congreso de la República”.


Es una lógica no consciente pero sí producto de esa lógica de la política que pone a girar todo alrededor del Estado y el gobierno, sin preocuparse, de manera debida, por la construcción de un contrapoder que garantice autonomía a las comunidades. Desmontar esta lógica, es desestructurar la idea que el poder es el aparato –cualquiera sea– y no la misma comunidad. No hay que olvidar que el Estado es una construcción social, y así como nació así también puede –debe– morir.


Proceder dominante que no significa que a pesar de hacer contrapoder las comunidades y las organizaciones que las representen no puedan entablar periodos de negociación con el establecimiento, pero tal dinámica no es el centro de su accionar, que sí lo es la defensa y el cultivo de la vida, de lo cual no sabe el Estado ni el gobierno, artífices de la muerte –en toda la extensión de tal significado: agrotóxicos, latifundio, fracking, imposición, cárcel, etcétera.
Tal vez, de así proceder, logre romperse el círculo poco virtuoso que maniata a los movimientos sociales: movilización-negociación-incumplimiento-movilización-renegociación-incumplimiento, lo que es igual a centrar todas las fuerzas en el poder, el aparato y lo que él mismo pueda resolver, cuando la misma historia muestra que son las propias comunidades las que han construido y resuelto lo básico de todo aquello que les garantiza la vida: vivienda, sembrados, trazados de calles, protección de fuentes de agua, construcción de centros de salud, etcétera.


Estamos, por tanto, ante el reto de observar en profundidad lo realizado en el largo plazo como comunidades para resolver la vida, y las limitantes en que caemos cuando nos preguntamos por el Estado y el poder en su forma clásica. Romper esta visión invita a valorar el potencial que concentra y significa cada comunidad cuando se identifica como tal, abordando el mismo reto de la democracia, más allá de lo formal –electoral– para reivindicarla como el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

 


Un reto que implica tejer lazos de acción entre diferentes grupos humanos y comunidades, para ir más allá del entorno donde cada una se ubica, a la par de construir entre todas y todos, producto del intercambio de ideas siempre abierto, el sentido de la vida por el cual propugnamos.


Es una estructuración-desestructuración de lo que hemos entendido por política, poder, Estado, gobierno, sociedad, etcétera, que no se logra de la noche a la mañana; es un proceso que tomará un largo tiempo, más largo aún si postergamos los primeros ejercicios en tal dirección.


Toca por ahora, revisando la agenda social que por estos días ha tomado curso en el país, cuestionarnos por qué no logramos articular de manera dinámica las múltiples agendas de los actores sociales. Es el caso del paro que también tuvo como epicentro al Cauca, en esta ocasión en cabeza de la Asociación de educadores del Cauca (Asoinca) y de la “Mesa de derechos humanos en defensa de la vida y el territorio”, con participación de los campesinos de esta parte del país reunidos en la Anuc, que desde el 25 de febrero y hasta al 9 de marzo hicieron sentir su protesta con un paro, producto del cual lograron un acuerdo sobre agricultura, tierras, vivienda urbana-rural y temas centrales para la organización sindical.


Así mismo, en las ciudades se plantearon jornadas de velatón el 6 de marzo, y los días 12 y 18 de marzo se realizaron marchas para defender la JEP; los días 19 y 20 de marzo los maestros de Fecode salieron nuevamente a las calles en un paro de 48 horas y para el 25 de abril se tiene proyectada una jornada de paro nacional a la que seguramente no asistirán los que hoy o ayer se movilizaron.


Son las realidades de una acción política desarticulada, y sin una agenda común, dependiente de una visión tradicional sobre el poder, en todas sus variables, como producto, también, de disparidad de visiones sobre el qué y cómo hacer.


Estamos ante retos mayúsculos. Las exigencias y debates que plantea la Minga tocan temas profundos del país que sin el apoyo de la mayoría nacional quedan limitados y sesgados. Resalta de ello que los movimientos sociales tienen un reto ante sí: lograr construir una respuesta que convoque y aglutine al país nacional, para el aquí y el ahora, como para el mañana, de manera horizontal, honesta, sin amarres, pedagógica, con metodologías de encuentro que hagan sentir que vale la pena estar ahí, donde se discutan los problemas y se vislumbren las soluciones para la vida digna en Colombia, y de esta manera superar esta realidad caótica que ahoga cada día a millones de connacionales.


El debate y la discusión están abiertos, ¿Cómo superar esta atomización?


Fuentes consultadas
https://www.youtube.com/watch?v=Qle2CP6Xn2M
http://www.asoinca.com/circulares/504-circular-281-historica-huelga-mesa-de-derechos-humanos-en-defensa-de-la-vida-y-el-territorio
https://www.lafm.com.co/colombia/nancy-patricia-gutierrez-dice-que-indigenas-confunden-sus-peticiones-con-sus-ideologias?fbclid=IwAR1RcQpquYVDqrygcOsz2jCF_9OGw6gWXAGegdUHilScGva1MaapCgp_Npg
https://nasaacin.org/en-que-consiste-la-minga-social-que-se-realiza-en-el-suroccidente-colombiano/
https://nasaacin.org/pronunciamiento-aclaratorio-frente-a-los-medios-de-comunicacion/
https://www.semana.com/nacion/articulo/cuanto-vale-el-paro-indigena-del-cauca/605491
https://colombia2020.elespectador.com/territorio/la-minga-indigena-le-responde-al-presidente-duque
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2855-tratamiento-militar-a-la-minga-social-del-suroccidente
https://www.cric-colombia.org/portal/comunicado-a-la-opinion-publica-nacional-e-internacional-ante-ataques-indiscriminados-del-esmad-emcar-y-ejercito-nacional-contra-comuneros-as-de-la-minga-por-la-defensa-de-la-vida-el-territorio-la/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-indigena-en-el-cauca-ya-causo-un-muerto-y-seis-heridos/606103

 


 

Cuadro

 

Comunicado a la opinión pública nacional e internacional ante la masacre de la guardia indígena en Dagua Valle


21 marzo, 2019

Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, procesos populares del sur occidente colombiano concentrados en territorio ancestral de Sa’th Tama Kiwe en el Pital, Caldono, Departamento del Cauca que participan de la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz

 

DENUNCIAMOS.

 

Ante la opinión pública nacional e internacional, defensores y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y ante la comunidad en general, que hoy 21 de marzo de 2019 se ha presentado una masacre que deja ocho guardias indígenas fallecidos y cuatro gravemente heridos, los cuales estaban encargados de la adecuación logística para sumarse a la movilización que se adelanta en el sur occidente colombiano en el sector de la Delfina.

Teniendo en cuenta que el sitio de la Delfina era pequeño para atender a más de cinco mil indígenas que iban a llegar, las autoridades decidieron buscar otro espacio en el corregimiento de Juntas, resguardo indígena de Papitas municipio de Dagua.

En este lugar se realizó el trabajo logístico, una vez terminada las labores de adecuación del sitio, la guarida se encontraba descansando dentro de una casa cuando minutos después ocurrió una explosión aproximadamente a las 3:00 de la tarde. Según el consejero de Derechos Humanos de la ORIVAC manifestó que “presuntamente una persona lanzó un artefacto explosivo, causando la muerte de ocho guardias indígenas y dejando gravemente heridos a tres de los guardias pertenecientes al pueblo Waunan, Nasa y Embera”.

En estos momentos la comisión de derechos humanos de ORIVAC, Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y organismos internacionales están en el ejercicio de verificación para identificar los cuerpos y determinar la cantidad de daños causados en materiales.

Por lo anterior, se exige al Gobierno Nacional que atienda e investigue estos lamentables hechos acaecidos en medio de la movilización y acate los estándares en el marco internacional de los derechos humanos, para garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica contenido en nuestra Constitución Política y en tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y que protegen los derechos de los pueblos indígenas.

Hacemos un llamado a los organismos defensores de DD.HH. nacionales e internacionales, al Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, a la Comisión Interamericana de DD.HH., a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, a la Comisión Nacional de DD.HH. del Senado de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que, en el marco de sus funciones y competencias acompañen a las comunidades y familias afectadas por este hecho que enluta la Minga social del Sur Occidente Colombiano, enviamos un mensaje de solidaridad a nuestros hermanos indígenas, familiares y organización indígena ORIVAC en estos momentos difíciles.

 

Pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares

Minga suroccidente colombiano

 

Publicado enColombia
Página 1 de 3