Iván Márquez y Oscar Montero (El Paisa): Carta abierta a la Comisión de paz del Senado

Señores
COMISIÓN DE PAZ DEL SENADO
Congreso de la República
Bogotá

 

Pese a que el Acuerdo de Paz fue destrozado por depredadores sin alma, nuestro sueño sigue siendo la paz de Colombia.

 

Al menos tres actos de insensatez empujaron la esperanza tejida en La Habana al taciturno abismo de los procesos de paz fallidos: la inseguridad jurídica, las modificaciones al texto original de lo convenido y el incumplimiento de aspectos esenciales del Acuerdo.

 

Sin duda, la INSEGURIDAD JURÍDICA tocó techo con la detención de Jesús Santrich con fines de extradición mediante montaje judicial urdido por el Fiscal General, el embajador de los EEUU y la DEA. Esta decisión delirante concebida para sabotear la paz terminó ahuyentando la poca confianza que aún quedaba en los excombatientes. Debemos reconocer que la Fiscalía General de la Nación se ha convertido en una fábrica de mentiras para empapelar judicialmente a mucha gente, y en el caso que nos ocupa, a los principales negociadores de paz de la guerrilla, llegando hasta el asombro de elevar en el rollo de su montaje, la tentativa y el pensamiento mismo a la categoría de delito para justificar la extradición, buscando desesperadamente hundir sin remedio el anhelo colectivo de paz. Estamos frente a un descarado abuso en el ejercicio del poder, mezclado con una rendición inaceptable de nuestra soberanía jurídica a una potencia extranjera. No podemos dejar la Paz -que es el derecho más importante- en manos de personajes como Martínez y Whitaker. Carecen ellos de sentido común para trazar el destino de Colombia, que definitivamente no puede ser el de la guerra.


Pero, ¿qué gana EEUU aplastando la paz de Colombia? Muy poco ha contribuido a fortalecerla. Para reforzarla, por ejemplo, pudo haber liberado, luego de la firma del Acuerdo de La Habana, a Simón Trinidad, extraditado 14 años atrás a través de un montaje judicial del Gobierno de la época. John Kerry, ex Secretario del Departamento de Estado había abierto esta posibilidad en una reunión que sostuvimos
personalmente en la capital de la Isla. Esas buenas intenciones fueron arrastradas por el viento.

 

Por otra parte, las MODIFICACIONES AL TEXTO ORIGINAL DE LO CONVENIDO transfiguraron el Acuerdo de La Habana en un horroroso Frankenstein. Personajes que nunca fueron ungidos con el honor de ser plenipotenciarios de las partes, se dieron a la tarea de meterle mano para dañar lo construido con tanto esfuerzo y amor. Sucedió después de la entrega de las armas. Eso es perfidia, trampa y “conejo”. Mal hecho. No se puede traicionar la paz de esa manera. Los acuerdos, que fueron firmados solemnemente, son para cumplirlos.


¿En qué otra parte del mundo ha ocurrido algo semejante? El mismo Estado que firmó el Acuerdo, azuzó luego a su tronco y a sus extremidades a destruirlo aduciendo la independencia de poderes cuando tenía en sus manos el recurso constitucional de la colaboración armónica. Se produjo entonces el desconocimiento de una obligación internacional que descansa en el hecho notorio de que éste es un Acuerdo Especial del Artículo 3 de los Convenios de Ginebra y que ostenta al mismo tiempo el rango de Documento Oficial del Consejo de Seguridad de NNUU. A esto debe agregársele el fallo de la Corte Constitucional que estableció de manera clara y categórica que dicho Acuerdo no podía ser modificado por los próximos tres gobiernos. El ex Presidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, no tuvo ni el valor ni la convicción de hacer uso de las facultades que le otorgaba la Constitución para salvar el proceso. Prefirió no cruzar el Rubicón por temor a la jauría.

 

 "Finalmente, sin eufemismos y en lenguaje franco: lo esencial del Acuerdo de Paz de La Habana ha sido traicionado". 

 

Señores Senadores: la JEP no es la que aprobamos en La Habana, sino la que querían el Fiscal y los enemigos de la concordia; esta ya no es para todos los involucrados en el conflicto; sustrajeron de su jurisdicción a los terceros; rodearon de tinieblas la verdad, que es lo único que puede cerrar y sanar las profundas heridas causadas por el conflicto y generar al mismo tiempo un nuevo ambiente de convivencia. También ampliaron el universo de los aforados para asegurarle larga vida a la impunidad. Con sus propias manos el fiscal Martínez sembró en la Jurisdicción Especial para la Paz las minas de la reincidencia, el testaferrato y otras argucias para poder llevar encadenados a antiguos guerrilleros a la justicia ordinaria y saciar así su sed de odio y de venganza que comparte con ciertas élites del poder. Realmente el “fast track” legislativo fue aprovechado para destrozar a dentelladas rápidas aspectos sustanciales del Acuerdo de Paz con la bendición incoherente de la Corte. No debe olvidarse que la Ley de Procedimiento de la JEP fue aprobada unilateralmente sin tener en cuenta para nada la opinión de la CSIVI. Siempre quedamos con la impresión que la preocupación del Gobierno por las víctimas del conflicto fue una preocupación fingida adornada con palabras llenas de aire.

 

Finalmente, sin eufemismos y en lenguaje franco: lo esencial del Acuerdo de Paz de La Habana ha sido traicionado. El Congreso anterior hundió la Reforma Política y las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. No se aplicó plenamente la amnistía; todavía quedan guerrilleros presos. Cinco años después de lograr el primer Acuerdo Parcial no hay titulaciones de tierras, ni fondo de 3 millones de hectáreas para los que no la tienen, ni nada que signifique dignificación de la vida en el campo. La sustitución está empantanada porque el Fiscal no permite el tratamiento penal diferencial para los campesinos cultivadores y mujeres pobres, y porque no hay formalización de la propiedad de la tierra ni proyectos económicos alternativos. El mismo personaje ha saboteado el funcionamiento de la Unidad Especial de lucha contra el paramilitarismo imponiendo con ello que más de15 mil imputaciones de paramilitarismo y de apoyo económico a esas estructuras criminales, que según Memoria Histórica han asesinado a 100 mil colombianos, duerman engavetas en la Fiscalía el sosegado sueño de la impunidad.

 

El Acuerdo tuvo una falla estructural que pesa como pirámide egipcia que fue haber firmado, primero, la Dejación de las Armas, sin haber acordado antes los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros. Esa es la causa de los problemas que hoy afrontan los ETCR por incumplimientos del Estado. Ingenuamente creímos en la palabra y la buena fe del Gobierno, a pesar de que Manuel Marulanda Vélez siempre nos había advertido que las armas eran la única garantía segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos. Hoy a los guerrilleros los están matando uno a uno en medio de la indiferencia de las autoridades, e igual sucede con los líderes sociales cuyo sacrificio parece no tener fin. Tengan en cuenta que hasta el sol de hoy no se ha producido ningún desembolso para financiar proyectos productivos en los Espacios Territoriales. Que alguien nos diga a qué bolsillos fueron a parar los recursos del post conflicto colocados tan generosamente por los países donantes.

 

Señores y señoras congresistas: nuestra principal preocupación es cómo sacar la paz de Colombia del abismo de los acuerdos fallidos a la que fue arrojada con desprecio, y nos gustaría conocer al respecto sus valiosas apreciaciones. Vale la pena intentar lo imposible, porque de lo posible se ocupan los demás todos los días.

 

Reciban de nuestra parte un saludo cordial.

 

Iván Márquez                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Oscar Montero (El Paisa)

 

Septiembre 22 de 2018, Octavo aniversario del asesinato de comandante Jorge Briceño

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Eduardo Esparza, de la serie “Palabra y memoria” (Cortesía del autor)

Los claroscuros en materia de Derechos Humanos, del gobierno que llega hasta el 6 de agosto, son notables. Todo parece indicar que la ausencia en Juan Manuel Santos de un espíritu realmente reformista, y de paz integral, le impidieron romper con lo heredado de su predecesor, del cual fue Ministro de Defensa por varios años, los mismos en que los llamados “falsos positivos” alcanzaron su mayor pico.

En la última etapa de la vida nacional, en aquella donde la guerra ha entrado en lo que pudiera ser su etapa de negociación definitiva, existen cuatro fechas que deben recordarse: el 26 de agosto de 2016, cuando fue suscrito el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” entre el Gobierno y las Farc; el 2 de octubre de 2016, cuando el No venció al Sí en el plebiscito refrendatario del Acuerdo; el 24 de noviembre del mismo año, al firmarse un nuevo Acuerdo, conocido como el Acuerdo de El Colón aprobado por el Congreso de la República una semana después, el 1 de diciembre.


Con la primera fecha culminaba un proceso de cerca de seis años de negociaciones entre los insurgentes y el Gobierno, concretando la promesa de Santos al momento de su reelección, de hacer realidad la paz en Colombia. Con la segunda realza la incapacidad de Santos para medir el poder del uribismo en la vida cotidiana del país; con la tercera sobresale la complacencia de todo el establecimiento con la derrota política, además de la militar, propinada al campesinado alzado en armas, y con la cuarta sale a la luz la farsa santista al no actuar con sus mayorías en el legislativo para neutralizar parte o todo aquello que desdecía de lo firmado originalmente en La Habana, como gesto de ética y de palabra empeñada, de honor y fidelidad con la lucha por una paz efectiva.


Del espíritu original del Acuerdo y algo más


El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el 22 de marzo de 2018 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra su informe sobre Colombia durante el Examen Periódico Universal, EPU, dijo: “El Acuerdo de Paz cumple en términos generales con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos. Si se implementa de manera diligente, puede orientar al Estado hacia la superación de los desafíos estructurales relacionados con los derechos humanos”. Hasta ahora, el logro del Acuerdo con las Farc es formal más no real: la guerra y la desigualdad social continúa en nuestro país.


Hasta hacerlos morder el polvo. Ese parece ser el propósito de los sectores dominantes con respecto a las Farc. Veamos. Producto del Acuerdo fueron creados varios mecanismos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, entre ellos, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que a pesar de los críticos, ha sido una valiosa contribución al derecho internacional de los derechos humanos. En el mundo no se había logrado que una organización guerrillera, al pactar la paz, aceptara someterse a la justicia; tampoco que el Estado se comprometiera a crear un mecanismo y un procedimiento para el juzgamiento expedito y restaurativo de los crímenes cometidos durante el conflicto, incluidos los perpetrados por sus propios agentes.


Por desfortuna, el Acuerdo inicial de La Habana fue hecho trizas por el Acuerdo del Teatro Colón, el Congreso y la Corte Constitucional, especialmente en lo que tiene que ver con la JEP, primero, al excluir de su conocimiento a los civiles y a los agentes estatales que no fueran miembros de la Fuerza Pública, los llamados “terceros”, y segundo, convertirlo en un Tribunal contra la guerrilla, lo que es inconstitucional, al crear una Sala Especial para los militares y dejarlos en el limbo durante 6 meses. Esto a pesar que los militares activos estuvieron de acuerdo con la JEP a través del ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares.


Unos cambios que pueden tener consecuencias en el mediano plazo, pues tales enmendaduras pueden dejarles expuestos a la acción de la Corte Penal Internacional, CPI, a la vez que socavan a la verdad. De acuerdo al Ministerio de Defensa, 1.700 militares han manifestado su voluntad de ser juzgados por la JEP. Según informaciones de prensa se han acogido a esa jurisdicción los generales Rito Alejo del Río, Jaime Humberto Uzcátegui, Henry William Torres Escalante, y Mario Montoya, y otros estudian la posibilidad de hacerlo como Jesús Armando Arias Cabrales –todos acusados de la comisión de graves violaciones de derechos humanos–.


Con las modificaciones también quedan desconocidos los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, lo cual contradice un pilar fundamental del Acuerdo: la centralidad de las víctimas; aplaza y, eventualmente, deniega el derecho de ellas a la justicia. La CPI puede considerar inválida esta norma, lo que le abriría las puertas para actuar, al no existir una justicia genuina en Colombia, según lo previsto en los artículos 17 y 20 del Estatuto de Roma, cuando se considere que un Estado haya investigado o juzgado a una persona a través de procedimientos orientados a dejarla impune.


Por otro lado, se quiere convertir a la JEP en una notaria en materia de extradición, lo cual es violatorio de la Constitución, al reducir y limitar su función en el procedimiento a “determinar la fecha de la conducta”. Lo anterior, a pesar de que el Acto Legislativo 01 de 2017 dejó claro que su mandato es el de “evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado” (c.m.). Limitar su rol a “determinar” la fecha, dejaría por fuera las otras dos atribuciones de “evaluar” y “decidir”. Esta norma tiene nombre propio: el ex guerrillero Jesús Santrich y fue adoptada con el propósito de forzar su extradición. ¿Complacencia de todo el establecimiento?


Pasados casi dos años de la firma del Acuerdo es evidente que en Colombia transitaríamos hacia una mejoría evidente en lo referido a la totalidad que implican los derechos humanos, pero en la acción desplegada desde el mismo poder contra el importante logro de desmontar la parte más sustancial de la guerra lo abierto es lo contrario, como queda claro con la ola de líderes sociales asesinados, al igual que de exguerrilleros farianos, así como de familiares de estos.


Todo lleva a reclamar el cumplimiento con las obligaciones contraídas en el Acuerdo de Paz. Hay con que proceder: los organismos multilaterales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia, cuyo mandato fue reforzado por el Acuerdo para hacerle seguimiento a la paz, al igual que la Comisión de Derechos Humanos, Cidh que firmó un convenio con el gobierno colombiano para tal fin, así como la CPI, entre otros, deben vigilar para que las obligaciones contenidas en el Acuerdo se cumplan. Así que estos organismos tienen mucho trabajo por hacer, y requieren para ello el apoyo decidido de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional.


La violencia sociopolítica


A pesar del fin del conflicto armado con las Farc, al menos en lo formal, continúa la violencia sociopolítica. El paramilitarismo sigue existiendo, y con poder creciente. La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, entre 2003 y 2006 no incluyó a todos los grupos, ni garantizó una efectiva reinserción de sus combatientes; y sus mandos medios y diversas estructuras continuaron con su accionar delincuencial a lo largo de los años 2011-2018, cuando el “gobierno de la paz” decía estar actuando. A su par, sus financiadores y los políticos y empresarios beneficiados por el paramilitarismo no han sido efectivamente investigados, juzgados y sancionados, aumentando su capacidad militar y control territorial, a pesar de los mecanismos para su desmonte.


En paralelo, continúa el accionar el Ejército de Liberación Nacional, Eln, el Ejército Popular de Liberación, Epl, las disidencias de las Farc, y otros con diversas denominaciones, todos ellos expandidos territorialmente y reconfigurados. El Estado continúa sin hacer presencia en varias regiones del país y persiste la indiferencia de un sector de la sociedad en las grandes ciudades frente a la guerra.


Según el informe conjunto de organizaciones de derechos humanos para el Examen Periódico Universal, EPU 2013-2017, durante estos años, que cubren un buen segmento del gobierno Santos, aumentaron los homicidios, las desapariciones y los desplazamiento forzados, tortura, amenazas y violencia sexual. El desplazamiento forzado persiste y el número total de víctimas sigue en espiral. A pesar de toda la promesa gubernamental, nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo de víctimas de desplazamiento forzado. La Corte Constitucional mantiene vigente el “Estado de Cosas Inconstitucional” en la materia después de trece años. El Acuerdo ordena fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas, SAT de la Defensoría, como mecanismo de prevención del desplazamiento forzado y otras violaciones, desafío pendiente.


Las defensoras/es de derechos humanos


El patrón y la grave situación de ausencia de garantías para la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia son pan de cada día. La indiferencia social de una parte de la población hacia dicha labor persiste, aunque la sociedad comienza a despertar, como lo evidencia la luz desprendida por el “Velatón Nacional” que llenó de solidaridad diversas plazas del país y del exterior el pasado 6 de julio, luz en demanda de colocarle final a los asesinatos y amenazas sufridas por los liderazgos sociales existentes en el país, así como de superar la impunidad que encubre los cientos de crímenes ejecutados contra ellos.


Estamos ante cifras que no son menores. La Defensoría del Pueblo reportó que desde el 1 de enero de 2016 al 27 de febrero de 2018 fueron asesinados 282 personas que se dedicaban a la defensa de la comunidad o de los derechos humanos. En este mismo periodo la mayor cantidad de muertes violentas tuvieron lugar en Cauca (75), Antioquia (38), Norte de Santander (17), Nariño (15), Valle del Cauca (15) y Chocó (14) –departamentos donde existen importantes procesos de organización social. Pero también operan grupos paramilitares, a pesar de la presencia masiva de las Fuerzas Armadas. Existen cultivos de uso ilícito o rutas del narcotráfico y actividades extractivas legales.


Las cifras de asesinatos de defensoras/es de derechos humanos varían en montos y periodos con tendencia al alza. Para la Defensoría, desde la suscripción del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, hasta el 1 de julio de 2018, el número asciende a 311 defensoras asesinados. Según el programa “Somos Defensores”, en el primer trimestre del 2018 hubo 46 asesinatos, cifra que duplica los casos registrados en el mismo periodo en 2017. Por su parte y según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, entre enero y junio de este año se habrían producido al menos 90 casos de asesinatos.


La Cidh el 19 de julio de 2018, expresó su alarma y condenó esta secuencia de asesinatos. Reiteró su llamado al Estado de tomar medidas urgentes para proteger a las defensoras/es y llevar a cabo investigaciones diligentes que tengan en cuenta la actividad de defensa de derechos humanos de las víctimas.


Las cifras, datos y pronunciamiento parten del presupuesto de reconocer la amplia labor de defensa de los derechos humanos e incluye líderes y lideresas sociales, comunales, personas que trabajan por la paz, que ejercen actividades políticas y lideran procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y restitución de tierras. Mientras continúa la matanza, mientras se viola el derecho humano fundamental a la vida, y persisten las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (en especial las sistemáticas violaciones contra las defensoras/es que permanecen en la impunidad), no es posible hablar de paz.


La política de seguridad


Estamos ante una política de derechos humanos que demanda cambiar el rol del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, regulando la política de seguridad, en dos aspectos fundamentales: 1) En la misma relación entre la Policía Nacional y Ejército Nacional. Esta última fuerza continúa asumiendo tareas de seguridad ciudadana, desde el manejo de la protesta social –que el gobierno Duque quiere regular– hasta la lucha contra el crimen organizado, que le corresponde a la Policía. La política del Ministerio de Defensa fue determinada a finales de 2016, cuando decidió no trasladar recursos financieros de las Fuerzas Militares a la Policía Nacional. 2) Con respecto a las actividades de inteligencia estatal, activada de manera ilegal en contra de los magistrados de la Corte Suprema, los políticos de oposición, los periodistas, los sindicalistas y los defensores de derechos.


Todo esto con retos importantes para el Gobierno, el cual debe esclarecer el alcance y la regulación de la facultad para monitorear el espectro electromagnético prevista en la Ley de Inteligencia y el nuevo Código de Policía, como lo ha pedido la Oficina del Alto Comisionado en Colombia y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Con compromisos por cumplir por parte del gobierno, como la depuración de los archivos de inteligencia, compromiso vigente desde 1997 con las Ong de derechos humanos. A su vez, debe hacer públicas las recomendaciones que sobre este tema le formuló en julio del 2017 una Comisión creada por la ley de inteligencia.


La vida, la malvivencia


Aunque nuestra Carta Constitucional retoma todos los derechos humanos, incluyendo todos los convenios firmados por el país en este campo, el país no deja de ser uno de los países con mayores niveles de desigualdad en América Latina. El 29,5 por ciento de la población vive en situación de pobreza por ingresos lo que en el campo se eleva al 33 en extrema pobreza. Las comunidades afrocolombianas e indígenas de la región del Pacífico son las más afectadas.


La brecha entre lo urbano y lo rural no se cierra. Los territorios habitados mayoritariamente por población afrocolombiana e indígena tienen los peores indicadores de calidad de vida. Mientras en el 2003 el índice del Gini era de 0,554, en el 2016 es de 0,517248. La reforma tributaria de 2016 no afectó a los más ricos y si a las mayorías nacionales; el aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, disminuyó el poder adquisitivo de los más pobres.
El aspecto que le dio origen al conflicto que ahora pretende cerrarse vía negociada, la tierra, persiste la desigualdad en su tenencia. Para el Censo Nacional Agropecuario, un 40.1 por ciento del área censada está ocupada por el 0,4 por ciento de unidades productivas, mayores a las 500 hectáreas. En contraste, el 4.8 está ocupada por el 69.9 por ciento de unidades productivas con cinco hectáreas o menos.


En ciudad y campo las condiciones laborales son precarias. El desempleo es muy alto, con un 9,8 por ciento en el total nacional, pero si se detallara por regiones el campo también mostraría mayor afectación. Hay un 54.0 por ciento de desempleo juvenil rural; el 25.6 de los jóvenes del campo no estudian y no trabajan. Existen diferencias de género acentuadas en zonas rurales en cuanto a empleabilidad y salarios. Este nivel de violación de derechos básicos, es aún más notable en departamentos como el Chocó y La Guajira, donde los índices de mortalidad infantil son alarmantes, así como la precariedad en educación, salud y agua potable.


No es casual, por tanto, que la Oficina del Alto Comisionado en Colombia pida “adoptar medidas para lograr el goce de los derechos económicos, sociales y culturales en condiciones de igualdad, y desarrollar indicadores para evaluar su realización progresiva, especialmente en las zonas rurales”. Es necesario gozar de vida digna y dejar de malvivir, es un derecho humano fundamental. Para la Oficina, “el Acuerdo de Paz, en particular los puntos relacionados con la reforma rural integral y la solución al problema de las drogas ilícitas, brinda la oportunidad para enfrentar estos desafíos de manera integral”.

 

*Abogado. Integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, su más reciente libro El Pacto del silencio, ediciones desde abajo, 2017.

 

 

 

 

 

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Así se negoció la paz con las FARC en Colombia

El Gobierno desclasifica los documentos del proceso que empezó en La Habana en 2012


La paz en Colombia fue una mera “exploración” durante años. Esa palabra indica que, pasara lo que pasara, solo se trataba una tentativa en medio de la guerra. Con ese propósito de tanteo mutuo, a finales de febrero de 2012 se citaron en Cuba una delegación del Gobierno de Juan Manuel Santos y una representación de las FARC, entonces la guerrilla más antigua y poderosa de América.

"En el marco del encuentro exploratorio que se desarrolló en La Habana entre el Gobierno nacional y las FARC-EP con el ánimo de explorar la posibilidad de poner fin al conflicto armado interno en Colombia, el Gobierno identificó los siguientes puntos en la discusión, que podrían constituir una fórmula para la terminación del conflicto". Así comienza el primer documento de esa fase de las negociaciones, que de manera informal habían arrancado en 2010 y desembocaron en la firma de los acuerdos de paz en 2016. Esta semana los archivos de ese proceso quedarán desclasificados y recopilados en una colección de 10 tomos que representan la memoria de una etapa decisiva para la historia de Colombia.

Por parte del Ejecutivo de Juan Manuel Santos acudieron a La Habana, entre otros, Sergio Jaramillo, Frank Pearl y Enrique Santos. La organización insurgente envió a un grupo en el que figuraban Mauricio Jaramillo, El Médico, Marcos Calarcá, desde el pasado viernes congresista en la Cámara de Representantes, y Ricardo Téllez. El sábado 25 de febrero las dos delegaciones emitieron las primeras conclusiones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS. El Estado colombiano, que prometió mantener las condiciones de confidencialidad, propuso cinco asuntos de discusión: el desarrollo agrario y la pobreza rural; la participación política; el desarme, la desmovilización y la incorporación a la vida civil de los combatientes; la seguridad; y la verdad, justicia, reparación con garantías de no repetición. Las FARC presentaron un folio con 12 puntos de conversación, que incluían la protección de los derechos humanos, la explotación de los recursos naturales y distintas reformas.

Entre el 17 y el 19 de marzo de 2012 las dos partes volvieron a verse en la misma ciudad y pactaron una "hoja de ruta para la construcción de un acuerdo marco". En un tercer documento se fijaron los seis ejes centrales de los acuerdos, que, además de lo planteado inicialmente por el Gobierno, instaban a afrontar el problema de las drogas y el narcotráfico. Ese texto esbozaba también los mecanismos de acompañamiento, observación internacional y verificación, en las que resultaron clave Naciones Unidas y los países garantes, Cuba, Noruega, Chile y Venezuela. También quedaron negro sobre blanco algunas reglas del juego. Por ejemplo, que "en la discusión sobre el desarrollo del acuerdo marco se entenderá que nada está acordado hasta que todo esté acordado" o que "el inicio de la implementación de todos los compromisos contenidos en el acuerdo final será simultánea".

En medio quedan más de seis años de desencuentros, retrasos, obstáculos, tensiones políticas, un referéndum que rechazó los acuerdos por la mínima, la modificación de lo pactado y finalmente la firma de la paz. Las FARC son hoy un partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y tienen garantizados 10 escaños en el Congreso durante dos legislaturas. Sus 13.003 guerrilleros se han desmovilizado, entregaron las armas y se encuentran en fase de reinserción en la sociedad. La Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal encargado de juzgar los crímenes de la guerra, recibió las críticas del presidente electo, Iván Duque, y de su partido, el Centro Democrático, aunque ya ha sentado en el banquillo a la cúpula del antiguo grupo insurgente, encabezada Rodrigo Londoño, Timochenko.


El fin de una guerra de más de medio siglo, como enfatizó Santos, es "irreversible". No obstante, los próximos años serán cruciales para determinar la estabilidad de los acuerdos a largo plazo. La llamada Bilbioteca del proceso de paz, explica la oficina del Alto Comisionado, da cuenta de "los detalles y documentos más importantes" de la negociación. Algunos fueron guardados en secreto "con el fin de mantener en reserva decisiones que de ser públicas hubiesen podido enfrascar a las partes en discusiones innecesarias y entorpecer el avance de las discusiones". Aun así, ahora el Gobierno considera "de vital importancia que Colombia y el mundo conozcan la historia, descrita al pie de la letra, a través discursos, comunicados, actas, declaraciones, fotografías, datos y detalles de los dos años de conversaciones exploratorias, de los sucesos tras el plebiscito y las rondas de discusiones con los voceros del sí y del no, y de los dos años del camino recorrido para que la organización armada de las FARC hiciera su tránsito a la legalidad".

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Miércoles, 11 Julio 2018 07:35

Para el ELN Colombia no tiene paz

Para el ELN Colombia no tiene paz

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano calificó ayer de fracaso rotundo el acuerdo de 2016 entre el disuelto grupo rebelde FARC y el gobierno. El ELN es la última guerrilla activa en Colombia y, actualmente, se encuentra negociando la paz con el gobierno.


“Ningún otro momento como este puede ser más claro para ratificar la validez de la lucha armada revolucionaria (...) luego del fracaso rotundo del camino de las negociaciones y los acuerdos entre las desaparecidas FARC y la oligarquía colombiana”, dijo Nicolás Rodríguez Bautista (“Gabino”), comandante máximo de la guerrilla.


“Los que fueron FARC, ni son hoy fuerza insurgente ni un real partido legal y esa gran lección es para aprenderla en lo más profundo”, agregó el líder rebelde en una carta fechada el 4 de julio pero publicada ayer en páginas web de la organización. El ELN está negociando en Cuba un acuerdo similar con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero se hacen eco de las denuncias que han hecho las ex FARC por incumplimientos estatales, entre otros, por la falta de garantías de seguridad para sus excombatientes y de participación política, que habían sido acordados.


Santos, que dejará el poder en agosto, busca con el ELN firmar un pacto que permita llegar a la paz completa para una nación que lleva ya medio siglo de conflicto armado. Sin embargo, su sucesor, el derechista Iván Duque, prometió modificar lo suscrito con las FARC y endurecer las condiciones para continuar el diálogo con los elenos.


Las FARC firmaron un histórico pacto de paz a finales de 2016. Por lo convenido, cerca de 7.000 combatientes dejaron las armas y formaron un partido político que tendrá diez escaños en el Parlamento a partir del 20 de julio.

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Miércoles, 27 Junio 2018 06:22

Va la cumbre de Trump y Putin

Va la cumbre de Trump y Putin

Es notorio el desasosiego de la prensa británica que parece lamentar la cumbre de los hoy dos máximos mandatarios del planeta en el rubro geoestratégico/nuclear (http://bit.ly/2KjHbXV), como es el caso del rotativo globalista The Financial Times (FT) (25/06/18), controlado por los banqueros Rothschild y su conspicuo instrumento disruptivo, George Soros.

Los globalistas, representados por Gran Bretaña (GB), pueden resultar los grandes perdedores de la cumbre de Trump y el zar Vlady Putin quien no repetirá los graves errores inconcebibles de Gorbachov y Yeltsin quienes colocaron a Rusia al borde de la extinción después de haber sucumbido a todos los engaños de Daddy Bush y Clinton.

FT juzga que la cumbre de Trump y Putin va, pero que "sus expectativas son muy bajas" cuando es “improbable un acuerdo sustancial ( sic)”.

Entre sollozos, FT adelanta que “John Bolton, halcón ( sic) consejero de Seguridad Nacional de Trump, embarnece la agenda con el canciller ruso Sergei Lavrov y luego con el mismo Putin”.

Se filtra que por consideraciones logísticas, Austria ya no será el sitio conveniente de la cumbre que se celebrará después de la visita de Trump a GB el 13 de julio, lo cual conduce que sería después del cierre del Mundial de futbol el día 15 de julio en Moscú –donde Rusia obtuvo un resonante triunfo de relaciones públicas– y que podría tener lugar, a mi juicio, en Finlandia o Islandia (al estilo de Reagan y Gorbachov).

La rusofobia mezclada de "Putin-fobia" del FT no tiene remedio y considera que la cumbre "será un logro para Putin" cuando "Rusia la ha buscado por 18 meses", pero que tampoco hace que el Kremlin eche las campanas al vuelo por un triunfo elusivo.

Ningún tema es mas jerárquico que el control de las armas nucleares que hace palidecer los temas de Siria y Norcorea.

Tanto Kissinger como el influyente republicano Newton Leroy Gingich están dispuestos a digerir la supuesta "anexión" de Crimea, que siempre ha sido rusa, mientras promueven un "acomodamiento" en Ucrania, cuya desestabilización fue operada por "Vicky" Nuland (http://bit.ly/2N0Xze9), con una inversión de 5 mil millones de dólares del Departamento de Estado con el fin de golpear las entrañas de Rusia y provocar su "cambio de régimen", de acuerdo con el guion de los neoconservadores straussianos que han dominado durante una generación la agenda de republicanos y demócratas.

FT cita a Daniel Fried, anterior funcionario del Departamento de Estado que encabezó la política fallida de sanciones contra Rusia, quien sugiere que la "cooperación potencial" de Trump y Putin radicaría en "coordinar las relaciones militares y limitar la escala de ejercicios militares". ¡Con eso sobra y basta!

Está en juego la supervivencia en el planeta cuando la colisión de EU y Rusia ha llegado al borde del precipicio nuclear, por lo que el Boletín de los Científicos Atómicos ha colocado las manecillas del reloj del "Día Final" a dos minutos de medianoche (http://bit.ly/2N27qAA).

El freno a la carrera armamentista constituye la jerarquía de la agenda de las dos máximas superpotencias geoestratégicas nucleares del planeta.

Hay avisos, como la ominosa guerra nuclear susceptible de extinguir la vida en el planeta que deben ser escuchados: Casandra tuvo finalmente razón después de advertir la caída de Troya.

Mientras NYT, controlado por la secta facciosa del globalista Soros, se mofa del "romance de Trump y Putin" (https://nyti.ms/2yK532f), Matthew Rojansky, de Russia Insider, aborda con sobriedad el aspecto "crucial" de la cumbre, pese al "escepticismo imperante", cuando en Moscú "la opinión predominante" es que Trump “es un rehén del establishment unánimemente (sic) anti-ruso de Washington” y que “cualquier acuerdo puede ser anulado por el Congreso y aún ( sic) por su propia administración” (http://bit.ly/2IuQyiq).

El deterioro de la seguridad global por si sola, exacerbada por el caos planetario, vale la pena para la cumbre de Trump y Putin.

La mínima desescalada que consigan será benéfica para la salud del planeta y su riesgo de un Armagedón.

AlfredoJalife.com

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Trump busca su Premio Nobel de la Paz con Kim Jong-un en Singapur

La cumbre de Trump y Kim Jong-un en Singapur fue histórica.

No faltarán quienes aduzcan que Trump uso a Kim de plataforma teatral para obtener el Premio Nobel de la Paz.

El portal Sputnik da vuelo a los pletóricos tuits que candidatean a los dos mandatarios para el Premio Nobel (http://bit.ly/2t14on2). Ya el rotativo Metro acepta apuestas al respecto.

Hace mÁs de un mes, el rotativo The Telegraph anunció que Trump había sido "formalmente nominado para el Premio Nobel debido a su incansable tarea de llevar la paz al mundo" (http://bit.ly/2sUbavq), además que 18 legisladores del Partido Republicano nominaron a Trump para el codiciado galardón pacifista en una carta dirigida al Comité noruego (http://bit.ly/2MolSme).

Lo que para un "panel de periodistas" del rotativo trumpófobo The Guardian, vinculado a los intereses de Soros, parecía una "idiotez (sic)", hoy está al alcance de la mano (http://bit.ly/2MlBaYI).

Hoy la discusión versa sobre si los dos mandatarios serán premiados en forma simultánea. Sería lamentable que dejasen de lado al presidente de Sudcorea, Moon Jae-in, quien lubricó el acercamiento de ambos.

El premio consta de 1.4 millones de dólares que le servirán más a Kim que al multimillonario magnate inmobiliario Trump.

El locuaz Trump –a diferencia del lacónico Kim quien solamente profirió una frase clave de que "el mundo va a cambiar"– alardeó sus conocimientos inmobiliarios para vaticinar la prosperidad futura de Norcorea en cuyas "bellas playas" habrían cuantiosas inversiones (Financial Times; 12/06/18).

Sputnik menciona muchos tuits que critican la forma tan ligera en la que Obama recibió inmerecidamente la presea pacifista y no faltan quienes pidan su revocación para entregársela a Trump.

Una minoría propone otorgar el galardón al folclórico basquetbolista Dennis Rodman quien estuvo en Singapur –se ignora si vio a su amigo el mandatario norcoreano– y ayudó mucho a los servicios de espionaje de EU para penetrar en la sique y conducta enigmática de Kim.

Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, arremetió contra Trump por haber concedido demasiado al mandatario norcoreano (http://bit.ly/2JAuNmV).

La mayoría de los multimedia de EU –profundamente trumpófoba– tildó de "teatral y vaga" la transcendental cumbre de Singapur, quizá debido a sus nexos con Soros/Clinton/Obama y afirman que el juvenil Kim, de 34 años, le ganó la partida a Trump, de casi 72 años, cuando no fue alcanzada su obsesión de desnuclearizar "en el primer minuto (sic)" a Norcorea.

En mi entrevista a CNN con Patricia Ramos, abordé dos ejes nodales que forman parte del binomio "Proceso y Progreso" (http://bit.ly/2JyHVc7).

El portal chino Global Times considera en forma serena que el "fin de los juegos de guerra" será "un gran paso adelante para la península" coreana (http://bit.ly/2MfGc9j).

El portal Chino coloca una frase clave de Trump quien aseveró que Kim le aseguró la destrucción de "un sitio de pruebas misilístico" que no fue incluido en el documento firmado.

La clave es la propuesta china de "suspensión por suspensión": a cambio de que "Norcorea suspenda sus actividades nucleares (sic) y misilísiticas", EU y Sudcorea "suspenden sus ejercicios militares", ya que "con el enfriamiento de las actividades militares (¡mega-sic!), una menor participación militar de EU, y posiblemente un retiro eventual de tropas de EU, la península caminará completamente fuera de las sombras de la guerra fría".

Si además "el proceso (sic) político se mueve en la misma dirección en la península, la región entera saldrá beneficiada", en clara alusión a la inevitable reunificación coreana y a la detente (distensión) con Japón.

Sobre el "progreso", independientemente de que puedan existir acuerdos secretos, la promesa de Trump de no realizar más ejercicios militares conjuntos con Seúl, sumado al retiro de alrededor de 40 mil soldados en Sudcorea, coloca las negociaciones en el carril de la óptica china de "suspensión por suspensión", lo cual vislumbra que Norcorea y EU empaten sus mutuas concesiones en forma gradual que dejan atrás la retórica perentoria de Trump.

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Trump y Kim, preparados para la cumbre

La reunión es la primera en décadas de enemistad entre ambos países y se centrará en lograr un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea del Norte a cambio de un alivio de las sanciones que afectan a Pyongyang.

 

El presidente estadounidense, Donald Trump,y el líder norcoreano, Kim Jong-un, llegaron ayer a Singapur, donde mañana a las 9 (esta noche en Argentina) mantendrán una histórica reunión en el Hotel Capella con el objetivo encontrar una solución al conflicto con Corea del Norte por su programa nuclear.


El primero en llegar fue Kim, que aterrizó en el aeropuerto Changi en un vuelo de Air China y fue llevado al hotel St. Regis, donde se alojará su delegación. Se trata de su viaje más largo desde que llegó al poder, en 2011. Poco después de aterrizar, Kim se reunió con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, a quien agradeció que la ciudad-Estado seab la anfitriona de la cita. “El mundo entero observa esta cumbre histórica entre Kim Jong-un y los Estados Unidos de América”, dijo Kim en alusión al primer encuentro entre dos países enemistados durante siete décadas.


Horas después, el Air Force One en el que viajaba Trump aterrizó en la base militar Paya Lebar. El presidente estadounidense fue recibido por el ministro de Exteriores del país, Vivian Balakrishnan, y después se trasladó al hotel Shangri-La, donde se hospedará durante su estancia en Singapur. Está previsto que hoy se reúna también con Lee Hsien Loong.


Trump llegó a Singapur directamente desde la reunión del G7 en Canadá, haciendo una breve parada en Creta. Durante el vuelo, anunció por Twitter que retiraba su apoyo al comunicado final alcanzado por el G7, al sentirse molesto por unas declaraciones sobre aranceles del primer ministro canadiense, Justin Trudeau (ver recuadro).


La reunión entre Kim y Trump será la primera en que un máximo líder norcoreano se entrevista con un presidente estadounidense en activo. Las conversaciones se centrarán en lograr un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea del Norte, a cambio de un alivio de las sanciones económicas y diplomáticas que afectan a Pyongyang.


Al partir en su avión el sábado, Trump dijo que iba de camino a “una misión de paz”, pero alertó de que no habrá otra oportunidad. “Confío en que Kim Jong-un quiere hacer algo grande por su pueblo”, afirmó, y añadió: “No volverá a tener esta oportunidad”. También insistió en que sabrá “desde el primer minuto” si Corea del Norte va en serio con su oferta de paz en base a su “toque” y su percepción de la situación.


La cumbre estuvo en vilo durante semanas después de que Trump la cancelara el 24 de mayo alegando la “abierta hostilidad” de Corea del Norte. Tras un mensaje conciliador de Pyongyang, el presidente anunció un día más tarde que se mantenía en pie. Luego siguió una frenética actividad diplomática para resucitar el encuentro, que incluyó una visita a Washington del negociador norcoreano Kim Yong-chol, quien entregó una carta personal de Kim al republicano.

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Jueves, 08 Marzo 2018 08:58

Las comisiones de verdad, a medias

Las comisiones de verdad, a medias

Tras cada conflicto armado las comisiones de verdad han tomado forma, todas ellas arrojan como resultado que la violencia sufrida por las mayorías de cada sociedad es producto de acciones individuales, excusando al sistema político, económico y militar vigente de su responsabilidad estructural, ¿repetirá Colombia está senda?

Las comisiones de verdad ya son una parte del paisaje de las situaciones de posconflicto o posacuerdo más bien. Al fin de los conflictos se espera que organicen una comisión para explicarnos lo sucedido, como si ya no lo supiéramos. Las comisiones son necesarias para dar una versión oficial de la verdad que se impone sobre la versión de las organizaciones populares o de las antiguas insurgencias.

En el caso de Irlanda no hubo ninguna comisión, pues el gobierno británico rechazó la idea, seguramente porque el proceso como tal y el acuerdo ya contenía su versión de la verdad, que los británicos están en Irlanda para mantener a la raya dos comunidades de salvajes que no saben convivir en paz. Por supuesto, quedaron algunos hechos sin resolver y montaron un equipo policial para investigarlos, y una comisión judicial para investigar la masacre de 13 civiles delante las cámaras de televisión en Derry. Dicha comisión concluyó que algunos soldados de un regimiento de élite perdieron control durante media hora en un contexto urbano y el Estado no tenía ninguna responsabilidad más allá del accionar de sus funcionarios militares de bajo rango.

Sudáfrica, sin embargo, era otro caso y es el referente para muchos sectores que clamaron por una comisión de verdad en Colombia. Lo presentan como el mejor caso. Sin lugar a dudas existen cifras sorprendentes sobre la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica (CVR), no menos la cantidad de casos tratados por dicha comisión. Sin embargo, la verdad no es la suma de violaciones de derechos humanos ni las declaraciones de unos cuantos victimarios. La verdad es mucho más. Una comisión de verdad debe responder a varias preguntas, quién, cuándo, dónde, cómo, frente a hechos individuales, como es obvio. Pero debe hacer esas mismas preguntas respecto a esos hechos individuales como parte de un conjunto de actos cometidos en nombre del Estado, el sistema económico y político, es decir, nos debe explicar el por qué. Desde sus inicios la comisión sudáfricana descartó esa posibilidad. No juzgó al apartheid, aunque lo describe como un crimen de lesa humanidad, y tampoco a los beneficiarios, los empresarios, los políticos blancos y mucho menos el capital transnacional. Fueron excluidos explícitamente. El sistema no tiene ninguna responsabilidad, solo sus funcionarios, violadores de los derechos humanos. Pero no debemos nombrar el sistema ni a sus máximos responsables.

“Victimarios y victimas aparecen delante la CVR como individuos con sus historias ‘personales’ representados en términos de una clara dicotomía moral. Esto separa las causas del conflicto de la estructura, socavando la base colectiva de las luchas de resistencia civil, fragmentando la fuerza ideológica y moral de las luchas de la gente en un puñado de hechos y acciones llevados a cabo entre victimarios y víctimas individuales”1.

Hubo un intento de incluir una mención de F.W. de Klerk como victimario, pero éste obligó en los juzgados a la CVR a retirar la referencia de su borrador inicial antes de su publicación.

Eso tuvo consecuencias, no solo en la visión de sociedad que tienen los protagonistas, sino también en otros hechos posteriores. En 2012, la policía sudafricana asesinó a 34 mineros en Marikana. El gerente de la empresa era Cyril Ramaphosa, antiguo militante del sindicato minero, hoy día magnate del sector minero, vicepresidente de Sudáfrica y futuro presidente. La investigación exoneró a Ramaphosa, la empresa y culpó a algunos policías. Tal y como nos expliquemos el pasado así mismo procederemos con el futuro. Así la CVR nos llevó por el camino de la impunidad hasta llegar a la masacre de Marikana.

Entonces, ¿Cómo será la Comisión de la Verdad creada como parte del proceso de paz en Colombia? Esa comisión no es una copia exacta de la sudafricana, pues no tiene poderes judiciales de ninguna clase, no puede ofrecer amnistías ni compulsar copia a la Fiscalía. Su papel es investigativo, pero con fines de publicar un informe sobre la “verdad” del conflicto, pero no pretende llegar a una verdad judicial, eso le corresponde a la JEP, pero como en Sudáfrica la JEP abordará los casos como una serie de hechos individuales, donde premian a los victimarios con condenas reducidas por su colaboración, aun en casos donde no han dicho mayor cosa.

Cuando se anunció la composición de la Comisión, algunos se alegraron por la presencia del escritor Alfredo Molano y de su presidente, el cura jesuita Francisco de Roux. Ninguno de los dos personajes son causa de celebración. Molano ha documentado el conflicto, escribe bien pero no confronta al establecimiento. En su libro En medio del Magdalena Medio alaba a los empresarios palmeros, al Banco Mundial y el Banco de Japón. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? De Roux juega un papel más importante y él ya nos arrojó algunas luces sobre cómo será la Comisión. Ante todo, valga recordar, que él cree en el deber moral de las víctimas de perdonar a sus victimarios.
En declaraciones recientes ha explicado como ve el papel que jugaron los militares y los empresarios en el conflicto. En un primer momento pidió perdón a los militares y empresarios porque, según él, fue injusto con ellos pues no fueron todos, sino, unos pocos los que cometieron crímenes. Aquí nos señala que, igual que en Sudáfrica, van a mirar al conflicto como un acumulado de hechos aislados e individuales. De Roux afirmó, en declaraciones a la prensa, que la tarea de la Comisión es “esclarecer responsabilidades y promover el reconocimiento voluntario de responsabilidades”2. De nuevo estamos ante un proceso de hechos aislados y, además, reconocimientos voluntarios. Si los militares y los policías no han reconocido jamás su papel y su responsabilidad ante los juzgados, ¿quién cree que de repente van a salir a confesar ante la Comisión?

Para De Roux, “El objetivo de la comisión es la verdad humana, no la jurídica, que define culpables y da sentencia con “el debido proceso”, muchas veces lejano de la realidad y construido técnicamente por jueces y abogados”3. Aquí señala claramente que la Comisión es de opinión y no piensan definir culpables. Ya sabemos cuál es su opinión. Aquí todos hicieron todo, en todos lados muchos sufrieron, todos tenemos algún grado de responsabilidad y, por lo tanto, nadie en particular es responsable. Este tipo de condenas, generalizadas, absuelven.

Claro, De Roux no descarta identificar responsables individuales, no lo puede evitar, el asunto es –cuando llegamos a definir los responsables– si incluimos al sistema, al modelo económico, o no. Pero él ha sido muy claro sobre los propósitos de la Comisión; después de una reunión dijo que “la comisión ratificó que actuará “con rigor objetivo, reconociendo el sufrimiento de las víctimas de todos los lados del conflicto”4. Lo que obliga a precisar que los militares no son víctimas, son participantes en el conflicto, el militar muerto en combate no es víctima. El Ministro de Defensa salió contento de la reunión y dijo que “después de un diálogo franco [...] quedó claro que lo que pretende la comisión es la búsqueda de la reconciliación”5.
¿Con base en qué buscarán la reconcilia-ción? Aquí el Estado persigue al movimiento popular, encarcela a sus integrantes, desplaza a la gente, toma sus tierras, aprueba para ello leyes que legalizan el despojo, y otras leyes para seguir robando –ya desde la legalidad– y destruir cualquier propuesta alternativa. De ahí que no sea descabellado decir que entre un modelo de terratenientes, empresas mineras, latifundistas, empresas palmeras y un modelo propuesto por las organizaciones campesinas no exista reconciliación posible. Aquí De Roux quiere embobar con frases bonitas, pues la reconciliación suena bien, salvo que es una reconciliación forzada, donde las víctimas deben perdonar, como él propuso en otros momentos, pero no es reconciliación, es una fachada para continuar con lo de siempre.

En otros espacios ha hablado de la paz interior, de conflicto entre militares y civiles, pero nunca del modelo económico ni de sus máximos responsables. Colombia resume un conflicto que generó odios, no riquezas ni ganancias. Este tipo de discursos nos lleva por el mismo camino ya vivido en Sudáfrica: la estabilidad del sistema es lo más importante y debemos tratar el conflicto como una serie de dolores individuales y de odios que llevamos dentro. De esta manera, en tres años, cuando entreguen su informe, dirán: “Unos hermanos llevados por el camino del odio cometieron crímenes atroces, unos contra los otros, y deben superar su odio personal”. Y los empresarios en Bogotá, Nueva York y otras ciudades partirán la cara de risa.

 

* Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
1 Grunebaum, H. Et al. (2009) Outside the Frames: The Politics of Memory and Social Recovery after Apartheid publicado en alemán en Ambacher, J.E. & Khan, R. (Eds) Südafrika –Nach der Apartheid– die Grenzen de Befreiung: Berlin, Verlag Assoziation A, 2010, pp 2-3 (copia electrónica).
2 El Tiempo (09/11/2017) Estas son las once personas que conformarán la Comisión de la Verdad
3 El Tiempo (16/11/2017) Empieza la Comisión de la Verdad.
4 El Tiempo (19/12/2017) Comenzó el diálogo entre Comisión de la Verdad y las Fuerzas Armadas
5 Ibíd.

Publicado enColombia
Sábado, 03 Marzo 2018 18:09

Las comisiones de verdad, a medias

Las comisiones de verdad, a medias

Tras cada conflicto armado las comisiones de verdad han tomado forma, todas ellas arrojan como resultado que la violencia sufrida por las mayorías de cada sociedad es producto de acciones individuales, excusando al sistema político, económico y militar vigente de su responsabilidad estructural, ¿repetirá Colombia está senda?

Las comisiones de verdad ya son una parte del paisaje de las situaciones de posconflicto o posacuerdo más bien. Al fin de los conflictos se espera que organicen una comisión para explicarnos lo sucedido, como si ya no lo supiéramos. Las comisiones son necesarias para dar una versión oficial de la verdad que se impone sobre la versión de las organizaciones populares o de las antiguas insurgencias.

En el caso de Irlanda no hubo ninguna comisión, pues el gobierno británico rechazó la idea, seguramente porque el proceso como tal y el acuerdo ya contenía su versión de la verdad, que los británicos están en Irlanda para mantener a la raya dos comunidades de salvajes que no saben convivir en paz. Por supuesto, quedaron algunos hechos sin resolver y montaron un equipo policial para investigarlos, y una comisión judicial para investigar la masacre de 13 civiles delante las cámaras de televisión en Derry. Dicha comisión concluyó que algunos soldados de un regimiento de élite perdieron control durante media hora en un contexto urbano y el Estado no tenía ninguna responsabilidad más allá del accionar de sus funcionarios militares de bajo rango.

Sudáfrica, sin embargo, era otro caso y es el referente para muchos sectores que clamaron por una comisión de verdad en Colombia. Lo presentan como el mejor caso. Sin lugar a dudas existen cifras sorprendentes sobre la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica (CVR), no menos la cantidad de casos tratados por dicha comisión. Sin embargo, la verdad no es la suma de violaciones de derechos humanos ni las declaraciones de unos cuantos victimarios. La verdad es mucho más. Una comisión de verdad debe responder a varias preguntas, quién, cuándo, dónde, cómo, frente a hechos individuales, como es obvio. Pero debe hacer esas mismas preguntas respecto a esos hechos individuales como parte de un conjunto de actos cometidos en nombre del Estado, el sistema económico y político, es decir, nos debe explicar el por qué. Desde sus inicios la comisión sudáfricana descartó esa posibilidad. No juzgó al apartheid, aunque lo describe como un crimen de lesa humanidad, y tampoco a los beneficiarios, los empresarios, los políticos blancos y mucho menos el capital transnacional. Fueron excluidos explícitamente. El sistema no tiene ninguna responsabilidad, solo sus funcionarios, violadores de los derechos humanos. Pero no debemos nombrar el sistema ni a sus máximos responsables.

“Victimarios y victimas aparecen delante la CVR como individuos con sus historias ‘personales’ representados en términos de una clara dicotomía moral. Esto separa las causas del conflicto de la estructura, socavando la base colectiva de las luchas de resistencia civil, fragmentando la fuerza ideológica y moral de las luchas de la gente en un puñado de hechos y acciones llevados a cabo entre victimarios y víctimas individuales”1.

Hubo un intento de incluir una mención de F.W. de Klerk como victimario, pero éste obligó en los juzgados a la CVR a retirar la referencia de su borrador inicial antes de su publicación.

Eso tuvo consecuencias, no solo en la visión de sociedad que tienen los protagonistas, sino también en otros hechos posteriores. En 2012, la policía sudafricana asesinó a 34 mineros en Marikana. El gerente de la empresa era Cyril Ramaphosa, antiguo militante del sindicato minero, hoy día magnate del sector minero, vicepresidente de Sudáfrica y futuro presidente. La investigación exoneró a Ramaphosa, la empresa y culpó a algunos policías. Tal y como nos expliquemos el pasado así mismo procederemos con el futuro. Así la CVR nos llevó por el camino de la impunidad hasta llegar a la masacre de Marikana.

Entonces, ¿Cómo será la Comisión de la Verdad creada como parte del proceso de paz en Colombia? Esa comisión no es una copia exacta de la sudafricana, pues no tiene poderes judiciales de ninguna clase, no puede ofrecer amnistías ni compulsar copia a la Fiscalía. Su papel es investigativo, pero con fines de publicar un informe sobre la “verdad” del conflicto, pero no pretende llegar a una verdad judicial, eso le corresponde a la JEP, pero como en Sudáfrica la JEP abordará los casos como una serie de hechos individuales, donde premian a los victimarios con condenas reducidas por su colaboración, aun en casos donde no han dicho mayor cosa.

Cuando se anunció la composición de la Comisión, algunos se alegraron por la presencia del escritor Alfredo Molano y de su presidente, el cura jesuita Francisco de Roux. Ninguno de los dos personajes son causa de celebración. Molano ha documentado el conflicto, escribe bien pero no confronta al establecimiento. En su libro En medio del Magdalena Medio alaba a los empresarios palmeros, al Banco Mundial y el Banco de Japón. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? De Roux juega un papel más importante y él ya nos arrojó algunas luces sobre cómo será la Comisión. Ante todo, valga recordar, que él cree en el deber moral de las víctimas de perdonar a sus victimarios.
En declaraciones recientes ha explicado como ve el papel que jugaron los militares y los empresarios en el conflicto. En un primer momento pidió perdón a los militares y empresarios porque, según él, fue injusto con ellos pues no fueron todos, sino, unos pocos los que cometieron crímenes. Aquí nos señala que, igual que en Sudáfrica, van a mirar al conflicto como un acumulado de hechos aislados e individuales. De Roux afirmó, en declaraciones a la prensa, que la tarea de la Comisión es “esclarecer responsabilidades y promover el reconocimiento voluntario de responsabilidades”2. De nuevo estamos ante un proceso de hechos aislados y, además, reconocimientos voluntarios. Si los militares y los policías no han reconocido jamás su papel y su responsabilidad ante los juzgados, ¿quién cree que de repente van a salir a confesar ante la Comisión?

Para De Roux, “El objetivo de la comisión es la verdad humana, no la jurídica, que define culpables y da sentencia con “el debido proceso”, muchas veces lejano de la realidad y construido técnicamente por jueces y abogados”3. Aquí señala claramente que la Comisión es de opinión y no piensan definir culpables. Ya sabemos cuál es su opinión. Aquí todos hicieron todo, en todos lados muchos sufrieron, todos tenemos algún grado de responsabilidad y, por lo tanto, nadie en particular es responsable. Este tipo de condenas, generalizadas, absuelven.

Claro, De Roux no descarta identificar responsables individuales, no lo puede evitar, el asunto es –cuando llegamos a definir los responsables– si incluimos al sistema, al modelo económico, o no. Pero él ha sido muy claro sobre los propósitos de la Comisión; después de una reunión dijo que “la comisión ratificó que actuará “con rigor objetivo, reconociendo el sufrimiento de las víctimas de todos los lados del conflicto”4. Lo que obliga a precisar que los militares no son víctimas, son participantes en el conflicto, el militar muerto en combate no es víctima. El Ministro de Defensa salió contento de la reunión y dijo que “después de un diálogo franco [...] quedó claro que lo que pretende la comisión es la búsqueda de la reconciliación”5.
¿Con base en qué buscarán la reconcilia-ción? Aquí el Estado persigue al movimiento popular, encarcela a sus integrantes, desplaza a la gente, toma sus tierras, aprueba para ello leyes que legalizan el despojo, y otras leyes para seguir robando –ya desde la legalidad– y destruir cualquier propuesta alternativa. De ahí que no sea descabellado decir que entre un modelo de terratenientes, empresas mineras, latifundistas, empresas palmeras y un modelo propuesto por las organizaciones campesinas no exista reconciliación posible. Aquí De Roux quiere embobar con frases bonitas, pues la reconciliación suena bien, salvo que es una reconciliación forzada, donde las víctimas deben perdonar, como él propuso en otros momentos, pero no es reconciliación, es una fachada para continuar con lo de siempre.

En otros espacios ha hablado de la paz interior, de conflicto entre militares y civiles, pero nunca del modelo económico ni de sus máximos responsables. Colombia resume un conflicto que generó odios, no riquezas ni ganancias. Este tipo de discursos nos lleva por el mismo camino ya vivido en Sudáfrica: la estabilidad del sistema es lo más importante y debemos tratar el conflicto como una serie de dolores individuales y de odios que llevamos dentro. De esta manera, en tres años, cuando entreguen su informe, dirán: “Unos hermanos llevados por el camino del odio cometieron crímenes atroces, unos contra los otros, y deben superar su odio personal”. Y los empresarios en Bogotá, Nueva York y otras ciudades partirán la cara de risa.

 

* Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
1 Grunebaum, H. Et al. (2009) Outside the Frames: The Politics of Memory and Social Recovery after Apartheid publicado en alemán en Ambacher, J.E. & Khan, R. (Eds) Südafrika –Nach der Apartheid– die Grenzen de Befreiung: Berlin, Verlag Assoziation A, 2010, pp 2-3 (copia electrónica).
2 El Tiempo (09/11/2017) Estas son las once personas que conformarán la Comisión de la Verdad
3 El Tiempo (16/11/2017) Empieza la Comisión de la Verdad.
4 El Tiempo (19/12/2017) Comenzó el diálogo entre Comisión de la Verdad y las Fuerzas Armadas
5 Ibíd.

Publicado enEdición Nº243
Sábado, 20 Enero 2018 09:46

Sin tierra a la vista

Sin tierra a la vista

A continuación algunas de las preocupaciones que nos suscitan las normas y los proyectos que se pretenden implementar con ocasión del Acuerdo Final de Paz:

 

1. Decreto Ley 902 de 2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.

 

Hay que decir que, en un primer momento, el gobierno nacional pretendió impulsar un proyecto de ley que no había sido consensuado con las Farc y que excedía lo acordado en el texto final del Acuerdo de Paz; pero gracias a la presión de múltiples organizaciones, parlamentarios y sectores académicos, tuvo que limitar su alcance a la creación del fondo de tierras y el procedimiento para el acceso y formalización.

 

A pesar de las críticas sobre la redefinición de los sujetos de reforma agraria, pasando a una versión diferenciada entre sujetos de acceso a tierras y sujetos de formalización, estos últimos a título oneroso, el Gobierno mantiene la idea de formalizar la propiedad de grandes extensiones de tierra que han sido apropiadas ilegalmente y por medio del despojo y el desplazamiento forzado, por vía de adjudicación de predios baldíos a personas naturales o jurídicas, que puedan solventar los costos del proceso de regulación de los derechos de propiedad.

 

Asimismo, este decreto ley modifica el régimen de baldíos, pues permite que estas tierras cuya destinación ha sido pensada para sujetos sin tierras o con tierra insuficiente, a través de la función social de la propiedad, ahora hagan parte de la oferta de tierras disponibles para personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria, puedan tener acceso y eventual propiedad sobre tales bienes a través de figuras jurídicas como la de “derechos de uso” y la adjudicación para el desarrollo de proyectos denominados de utilidad pública e interés social (como las empresas mineras o petroleras).

 

Otro aspecto significativo, que evidencia la desigualdad material que promueve esta norma, es lo correspondiente a los pagos por gastos de formalización, pues el decreto establece que los sujetos de acceso deben cubrir los pagos por los gastos notariales, administrativos y procesales, es decir, por todo el proceso de regulación de la propiedad. Costos que tendrán que asumir los campesinos pobres, haciendo aún más gravosa la concreción de su derecho a la tierra.

 

2. Decreto Ley 883 de 2017 (ordinario) “Por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos”.

 

Este decreto permite que empresas mineras, portuarias y de hidrocarburos puedan ser exoneradas de impuestos a través de la financiación de obras de infraestructura (alcantarillado y agua potable, vías, servicios de salud y educación, entre otras). Lo más preocupante de este decreto es que hace depender la implementación de los Pdets y otros programas para la “transformación del campo” de los recursos de agentes privados denominados grandes contribuyentes que promueven el modelo de desarrollo extractivista de minería e hidrocarburos.

 

Esta nueva figura jurídica propicia que los territorios y las comunidades queden sometidas a los intereses de estos sectores empresariales a fin de que lleguen recursos que permitan mejorar sus precarias condiciones de infraestructura, las que deberían estar a cargo de Estado.

 

3. Decreto Ley 893 de 2017 “Por el cual se crean los Programas con Enfoque de Desarrollo Territorial PDET”.

 

A pesar de que carga un enfoque aparentemente participativo y diferencial, que incorpora la perspectiva étnica y cultural de los pueblos y comunidades de los territorios, el decreto no desarrolla ampliamente el funcionamiento de los Pdet, y deja la operatividad y detalles de los planes, a la reglamentación posterior sin participación de las comunidades en los territorios.

 

Aunque el acuerdo final contempla un capítulo étnico, no hay un enfoque real de priorización de estas comunidades de cara a eventuales conflictos entre las comunidades rurales. Además, desconoce a las comunidades negras.

 

4. Decreto Ley 890 de 2017 “Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural”.

 

La administración del subsidio al que se refiere este decreto pueda ser asumida, además del Estado, por particulares privados. Esto mantiene la idea de la privatización de derechos convertidos en servicios, perpetuando así la tercerización de la prestación servicios y derechos básicos, los que debería asumir el Estado en su posición de garante de derechos.

 

5. Ley “Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones”.

 

Esta ley tiene un enfoque de desarrollo rural basado en la producción agroindustrial a gran escala en detrimento de las formas de producción propias de las comunidades rurales, sustentadas en economías de base asociativa, bajo criterios de economía comunitaria y protección medioambiental.

 

Otra preocupación es la sustitución del servicio público de asistencia técnica por el de extensión agropecuaria, el cual está orientado al “desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo, con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción”.

 

Esta sustitución implica que la asistencia técnica que hasta el momento estaba dirigida a los pequeños productores agropecuarios, de manera gratuita, bajo la responsabilidad de los entes territoriales, a través de las Umatas, ahora se orientará bajo las lógicas del “mercado y las cadenas de valor” (artículo 3, numeral 8) con criterios de “gradualidad y temporalidad” (artículo 3, numeral 9) que establecen un monto tarifario “diferencial, decreciente y finito en el tiempo” lo que significa la privatización progresiva de un servicio que hasta ahora era público, gratuito y focalizado para los pequeños productores, que no cuentan con recursos para adquirir asistencias en temas de sostenibilidad y sustentabilidad de la producción agropecuaria.

 

Además, no se contempla un enfoque agroecológico en los procesos de optimización de la producción agropecuaria, como tampoco se contemplan mecanismos de participación de comunidades rurales, ni la incorporación de enfoques diferenciales étnicos, de género y territoriales.

 

6. Proyecto de Ley “Por la cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones” (versión de octubre de 2017).

 

Finalmente, persiste la preocupación ante el trámite de este proyecto de ley que retoma varios de los elementos del Proyecto “de Ordenamiento Social de la Propiedad”, conocido en abril del 2017, que pretendía derogar la Ley 160 de 1994 en su totalidad y crear un nuevo marco normativo agrario.

 

Hay que decir que respecto de la reforma a la Ley 160 de 1994 el gobierno nacional se había comprometido con la Cumbre Agraria a discutir y concertar el contenido del mismo. A la fecha, este proyecto no ha sido presentado a las organizaciones de la Cumbre Agraria, y está en trámite, de manera unilateral, por el Gobierno quien pretende ahondar la concentración de la tierra.

 

Algunos elementos de preocupación son:

 

El Proyecto de Ley, de nuevo, trae una definición de desarrollo integral del campo distinta a la pactada en el Acuerdo Final, pues incorpora al sector minero–energético, de vivienda e infraestructura dentro de las diferentes formas de producción del campo. Contemplar este sector como parte de un enfoque de desarrollo integral del campo, junto con la creación y reafirmación de figuras de “Ordenamiento Social de la Propiedad Rural”, como las Zonas Estratégicas de Interés Agropecuario, las Zonas de Desarrollo Empresarial y las Zidres, da cuenta de la orientación del enfoque reprimarizador, extractivista de desarrollo rural; desconociendo las ya difíciles condiciones en las que se encuentran las comunidades rurales, en especial, las campesinas, acorraladas por proyectos de extracción de recursos minero energético y la agroindustria. Esta orientación va en contravía de lo pactado con las Farc, que buscaba por el contrario, apoyar y proteger “la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento”.

 

Este proyecto promueve, además, efectos contrarios a la democratización de la propiedad rural que busca beneficiar a las comunidades rurales que más lo necesitan, en tanto que legalizaría predios que superen la extensión de una UAF, sin considerar las condiciones socio-económicas del ocupante. Por tanto, este proyecto puede beneficiar a terratenientes que explotan y se benefician de los baldíos de la nación.

 

Como comenta Carlos Duarte, del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, en un artículo titulado GoodBye Reforma Agraria: “[...] Ley es un despropósito en materia de política agraria, puesto que instaura una regla que restringe las tierras disponibles para adjudicación a campesinos y trabajadores agrarios, beneficiando, directa o indirectamente y sin una justificación razonable a la luz del principio de igualdad, a personas con capacidad económica que realicen actividades categorizadas bajo el amplio universo como “actividades de utilidad pública e interés general””.

 

Ofensiva política

 

De lo anterior se desprenden serías dudas sobre la “democratización del acceso y uso adecuado de la tierra”. Este andamiaje normativo que está construyendo el Gobierno desconoce las reivindicaciones y propuestas que históricamente han enarbolado las comunidades ruarles, pues su enfoque sigue acentuado sobre la idea de “modernización del campo” que privilegia un modelo de desarrollo extractivo y agroindustrial sin contemplación de los impactos sobre las condiciones socio culturales y ambientales de las comunidades rurales y el país en general.

 

De imponerse y perpetuarse este modelo, estaremos abocados a la extensión definitiva del campesinado, quien nunca ha sido reconocido como sujeto de derechos. Además supone un riesgo para la pervivencia física y cultural de las comunidades étnicas, en contravía de la “Diversidad biológica y cultural” de Colombia, uno de los supuestos “pilares”fundamentales del Estado Social de Derecho.

 

La manera como concibe el establecimiento la democratización del campo, bajo el discurso de “Un campo para todos”, no es solo el desconocimiento sino la perpetuación de la desigualdad fehaciente entre los llamados “actores del campo”, pues mantiene las condiciones desfavorables de las comunidades rurales empobrecidas, respecto a los agroindustriales y empresarios, quienes se han visto favorecidos durante décadas por las políticas estatales y también por la guerra. “Un campo para todos” significa olvidar la larga historia de desigualdad allí imperante, inequidad en el goce efectivo de derechos y despojos sistemáticos a sangre y fuego, y desconocer la desigualdad material con la que siempre se han encontrado las comunidades rurales, especialmente las campesinas, respecto a otros actores dominantes del campo, aquellos que siempre han tenido la posibilidad de acumular, de correr la cerca, de tener una vaca cada hectárea y media de tierra, de asociarse, de tener créditos, de ser empresarios del campo.

 

La seguridad jurídica para la inversión que se pregona con este modelo, no es otra cosa que el afianzamiento de las condiciones de favorabilidad gozadas desde siempre por los denominados empresarios del campo para sus proyectos agroindustriales y extractivos; es no tocar ni un poco de la tierra que se han apropiado: mientras de la oferta de tierras se reservan baldíos para ellos, las comunidades rurales siguen profundizando los conflictos cada vez con menos tierras disponibles.

 

En este contexto, debemos resistir e insistir en la lucha por una verdadera reforma agraria y rural integral que supere la desigualdad, restaure la dignidad de los despojados y garantice una verdadera “transformación estructural del campo” que afronte la crisis ambiental, energética, social y cultural a la que nos ha llevado el capitalismo reinante, en el que la vida es apenas una variable económica para sus intereses egoístas.

 

Seguiremos actuando en unidad con los pueblos, comunidades y sectores sociales populares ante instancias de negoción política como la Mesa Única Nacional, ante el Congreso de la República, ante el poder judicial, la comunidad internacional, pero sobre todo, seguiremos resistiendo en los territorios, construyendo proyectos de vida y de paz con las comunidades, pues al parecer la paz del gobierno y del Estado, no es nuestra paz.

Publicado enEdición Nº242