Miércoles, 19 Junio 2019 06:12

Teoría monetaria: la moderna controversia

Teoría monetaria: la moderna controversia
En los últimos años ha surgido una importante polémica sobre lo que se conoce como la teoría monetaria moderna (TMM). Se trata de una visión macroeconómica sobre la creación monetaria por parte del Estado y su funcionamiento en una economía desarrollada. La TMM estuvo relegada hasta hace poco a seminarios académicos en pocas universidades estadunidenses, pero desde que la recogieron Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez se ha convertido en un tema de gran popularidad en el debate político.

Uno de los más importantes méritos de la TMM es que rompe de golpe con el dogma central de la macroeconomía clásica sobre el financiamiento del Estado. Ese dogma dice que cuando el gobierno quiere financiar un programa debe hacer una de dos cosas: incrementar los impuestos o endeudarse. La TMM dice que existe una tercera opción: el Estado puede crear dinero y utilizarlo para financiar cualquier proyecto que desee, incluyendo erigir nuevos hospitales y universidades. Por supuesto, todo esto suena muy atractivo para una política de izquierda que quiere romper con los dogmas neoliberales.

Para los autores que han desarrollado la TMM, el único límite para el financiamiento por la vía de la creación monetaria es el de la inflación. Pero si uno considera la experiencia de Estados Unidos, la eurozona y Japón, se observa que este problema no se manifiesta como piensa la teoría monetaria ortodoxa. Japón entró en una recesión deflacionaria a principios de los años 1990 y el gobierno aplicó una política de flexibilización monetaria consistente en inyectar liquidez en el mercado financiero con una tasa de interés cercana a cero para reanimar la economía. Desde entonces la economía se mantuvo con un crecimiento mediocre y la inflación nunca se materializó.

Después de la crisis financiera, Estados Unidos aplicó tres programas de flexibilización cuantitativa que resultaron en una inyección de 4.4 billones (castellanos) de dólares al sistema financiero. Y a pesar de los gritos estridentes de los economistas ortodoxos sobre la hiperinflación, que según ellos iba a desatarse, hoy la Reserva Federal sigue sin poder alcanzar su meta de inflación. Y Powell, el jefe de la Fed, ya ha anunciado que no sólo no continuará el programa de alzas en la tasa de interés líder (la famosa normalización), sino probablemente se va a reducir en las semanas próximas.

En Europa ha sucedido algo similar, y Mario Draghi señaló apenas ayer que el Banco Central Europeo lanzará una nueva ola de estímulos para la economía. Su anuncio incluyó una referencia a la posibilidad de retomar la política de flexibilización monetaria si las tensiones recesivas siguen manifestándose en la eurozona.

Estos ejemplos parecen confirmar uno de los principales enunciados de la teoría monetaria moderna: un Estado que tiene control sobre su moneda puede financiar sus proyectos de desarrollo económico con sólo imprimir dinero. El nivel de endeudamiento no es importante, porque dicho país nunca caerá en insolvencia. Pero hay que aclarar varios problemas. Hay diferencias entre la forma en que se ha puesto en práctica la flexibilización cuantitativa y lo que los políticos como Bernie Sanders proponen hacer con esta nueva creación monetaria. Hasta ahora el dinero creado por la flexibilización cuantitativa no entró directamente en los canales de la economía real, sino que se quedó en los circuitos del sistema financiero. La inyección de dinero de alto poder en la economía real es un asunto más delicado y requiere mayor atención.

El tema de la inflación es otro punto clave en el debate sobre la TMM. En general, la ortodoxia ha mantenido que las presiones inflacionarias siempre vienen por el lado de la demanda. Pero la historia económica de Estados Unidos y Japón en los últimos cinco decenios demuestra que las presiones inflacionarias han provenido del lado de la oferta, por aumentos en costos, choques externos (bloqueo petrolero) o por poder oligopólico en industrias clave. Pero si el miedo a la inflación por el lado de la expansión monetaria es infundado, los autores que proponen la TMM (Stephanie Kelton y Randall Wray), si son cuidadosos y señalan que en la medida en que los recursos reales de una economía se utilizan al máximo, la inflación puede convertirse en un problema serio.

La TMM es un instrumento político importante para el discurso de la izquierda en Estados Unidos y Europa. Pero es probable que el privilegio de aplicar la teoría monetaria moderna estaría reservado a un pequeño club de países cuya moneda es al mismo tiempo medio de pagos internacionales y reserva de valor para otros bancos centrales. Para otras naciones que no están en esa categoría, como México y el resto de América Latina, habría que explorar hasta qué punto las enseñanzas de la TMM podrían ser de utilidad. De todos modos, es claro que la TMM muestra una vez más que los dogmas neoliberales sobre política macroeconómica son sólo eso, mitos creados por una teoría económica obsoleta y lógicamente desacreditada.

Twitter: @anadaloficial

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Jueves, 24 Enero 2019 06:29

El shutdown ya se siente

El shutdown ya se siente

Después de un mes del cierre del gobierno norteamericano, los impactos aumentaron. La basura en los parques nacionales se acumuló y varios servicios estatales se vieron amenazados.


Después de un mes, el cierre del gobierno de los Estados Unidos, shutdown en inglés, es por lejos el estancamiento de financiamiento más largo en la historia moderna de Estados Unidos y hay poca evidencia que sugiera que Donald Trump y los demócratas del Congreso se unirán para resolver la crisis en el corto plazo. En los últimos 31 días, los políticos de Washington se han peleado mientras los impactos del cierre han aumentado.

Al principio, se notó que la basura se estaba acumulando en los parques nacionales de Estados Unidos. Luego vinieron las amenazas a los servicios gubernamentales, tales como cupones de alimentos, subsidios de vivienda y otros. Ahora, cientos de miles de empleados federales luchan para llegar a fin de mes sin sus pagos regulares.

Hemos examinado el impacto del cierre por los números y cómo ha impactado a lo largo de Estados Unidos en general.

Alrededor de 800.000 empleados federales han sido suspendidos o se les ha dicho que trabajen a pesar de que no se les paga. Eso significa que cientos de miles de personas que viven mes a mes se han visto obligadas a encontrar formas de pagar sus hipotecas, poner alimentos en la mesa e incluso pagar por la gasolina para llegar con sus medios a los trabajos por los que no se les paga.

No se ha cerrado todo el gobierno de Estados Unidos, pero nueve departamentos y agencias federales están sintiendo la presión. Los que se han cerrado desde que se agotaron los fondos el 22 de diciembre incluyen la Administración Federal de Aviación, la Agencia de Protección Ambiental y la Comisión de Bolsa y Valores. En agencias y departamentos cerrados, solo a los empleados considerados esenciales se les ha dicho que vengan a trabajar sin paga hasta que finalice el cierre.

Los departamentos que no han sido afectados incluyen el Departamento de Defensa, que el Congreso y Trump ya habían financiado hasta el final del año fiscal 2019. Otras agencias, como la Reserva Federal de Estados Unidos Y el Servicio Postal de Estados Unidos, han podido administrarse porque dependen de fondos que vienen del Congreso por separado.
El presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, Kevin Hassett, estimó que cada semana de cierre redujo la producción económica de los Estados Unidos en aproximadamente un 0,13 por ciento. Eso incluye la pérdida de trabajo de los contratistas del gobierno, así como la pérdida de gastos e inversiones de los empleados federales que no tienen dinero para gastar sin un pago por su salario

Otros han estimado un riesgo sustancial por el cierre, y el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo que la economía de Estados Unidos podría ver un recorte en el crecimiento económico del 1 por ciento.

Las regulaciones, inspecciones y aprobaciones gubernamentales se están quedando atrás. Desde que el cierre entró en vigor en diciembre, se han recortado algunos servicios proporcionados por el gobierno. Eso incluye las inspecciones de alimentos en Estados Unidos, salvo en algunos casos en los que implicaba un alto riesgo, así como la aprobación del gobierno para cosas como la expansión de las flotas de las aerolíneas.

Además, algunos barcos de pesca en Alaska fueron atracados debido al cierre, la Comisión de Bolsa y Valores no puede aprobar las ofertas públicas iniciales para las compañías, y las inspecciones y revisiones de seguridad de nuevos medicamentos pueden quedarse sin fondos.

Estados Unidos sufrió 13 cierres desde 1981, y muchos de ellos duraron poco tiempo. El poseedor del record anterior corrió 21 días desde diciembre de 1995 hasta enero de 1996. Estos cierres son relevantes aquí porque, antes de 1981, las agencias gubernamentales continuaban operando normalmente y los gastos se cubrian retroactivamente una vez que se reabría el gobierno.

Trump ha exigido 5700 millones de dólares para financiar el muro fronterizo del que hizo una promesa central de campaña en 2016, citando un sistema de inmigración de Estados Unidos que ha permitido que las drogas y los delincuentes ingresen fácilmente al país. Sin embargo, el cierre del gobierno está imponiendo una mayor carga en el sistema que antes, y un estimado de la Universidad de Syracuse indica que 42,000 audiencias judiciales de inmigración fueron rechazadas o canceladas.

El impacto del cierre se ha sentido mucho más allá de aquellos en la fuerza laboral federal. Desde que comenzó el cierre, las aerolíneas han informado de una merma en los clientes, mientras que las principales empresas también se han visto afectadas. Otras industrias, menos obvias, también se han visto afectadas: los cerveceros, por ejemplo, no han podido obtener la aprobación del gobierno para las etiquetas de sus productos nuevos o de temporada.

Y los consumidores comienzan a tomar nota, ya que el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan cayó en enero a su nivel más bajo desde que Trump asumió la presidencia.

Después de varias reuniones entre Trump y líderes del Congreso, como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el presidente se ofreció el sábado para cerrar un acuerdo que incluiría los 5700 millones de dólares que pidió construir el muro, así como un alivio temporal para los llamados Soñadores a través de la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia que Trump tomó medidas para abolirla después de convertirse en presidente. Pero los demócratas no parecen estar interesados en alcanzar ese tipo de acuerdo, y se han mantenido en gran medida unidos en su oposición a otorgar fondos al muro fronterizo del presidente.

En particular, algunos republicanos han comenzado a indicar que están menos interesados en el muro del presidente que en poner en marcha al gobierno, y al menos tres en el Senado dicen que quieren votar sobre la financiación con o sin disposiciones del muro. Ese grupo ha incluido al senador por Colorado Cory Gardner, a la senadora por Maine Susan Collins, ya la senadora por Alaska Lisa Murkowski.

Pero Trump dijo que está dispuesto a mantener el cierre durante meses o incluso años. Veremos qué tan serio es él sobre eso.
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para PáginaI12.

Traducción: Celita Doyhambehere.

 

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Martes, 11 Septiembre 2018 07:40

Moreno, un neoliberal más

El presidente Lenín Moreno en el Palacio de Carondelet junto a su nuevo gabinete ministerial. Foto: Telemetro.com

Después de todo, no eras más que otro ladrillo en la pared…”

Pink Floyd, Another Brick in the Wall

 

El Ecuador -y en gran medida el propio mundo empobrecido- vive atrapado en el ciclo maldito de la acumulación capitalista periférica y dependiente. Similar a tiempos pasados, repetimos el camino: empezamos con el “boom” de alguna exportación -primaria- que financia a un Estado “desarrollista” (que, a veces, se autotitula “revolucionario”), para terminar en el “eterno retorno neoliberal”.


Quizá el proceso tras el movimiento de estas etapas es el siguiente: en el “boom”, el Estado intenta modernizar al capitalismo y crea “bienestar”, exacerbando al máximo las contradicciones del capital (pues salarios y ganancias no pueden crecer simultáneamente para siempre sin cambios estructurales permanentes). Luego viene la crisis, donde el Estado ya no es tan útil al capital y emergen -con creciente fuerza- las demandas de libre mercado y flexibilización (laboral, financiera, y hasta ambiental) en la desesperación de recuperar los ritmos de acumulación. Tanto esa mayor explotación, pero sobre todo algún nuevo “boom” exportador de materias primas, llevan a un punto en donde -si la tensión social no revienta- se reanima la acumulación y otra vez emerge el Estado modernizador (luego de que los sectores populares hayan pagado los costos de la crisis).


Así, mientras muchos pelean hasta el cansancio por “más Estado” o “más mercado”, pocos dicen que Estado y mercado solo son piezas funcionales del capitalismo, una gran máquina cíclica e inestable, como podemos argumentar incluso teóricamente. Es más, hay evidencia para pensar que el Ecuador está atrapado en los perversos muros de dicha dinámica cíclica, por cierto complejizada por las múltiples patologías de la abundancia…


¿Cómo derrumbar esos muros, sobre todo en tiempos de crisis? Las únicas opciones parecen ser el fortalecimiento del tejido social y una fuerte organización popular “desde abajo” y por “la izquierda”, siempre con la Pacha Mama. Sin embargo, esas opciones fueron duramente debilitadas durante la dominación burguesa correísta, especialmente con su represión y criminalización a la protesta social. Ese debilitamiento fue útil para que, cuando afloró el inicio del fin del “boom” desde 2014, el propio gobierno de Rafael Correa retorna al neoliberalismo;regreso que el gobierno de Lenín Moreno lo está consolidando.
Así, más allá de las “viscerales” diferencias entre Correa y Moreno, quien fuera su candidato presidencial en 2017 (año en que ambos pasaron del querer al odio en cuestión de meses), correístas y “morenistas” están unidos por los lazos del espíritu neoliberal.


Entendido este contexto, se devela que las acciones del gobierno de Moreno -reiteremos, continuando el proceso iniciado por el correísmo-, están acorde a la renovada “larga y triste noche neoliberal” que vive el país y gran parte de la región. Todo buscando rescatar al capital de su crisis, cargando el peso a los -debilitados- sectores populares.


Los hechos que ratifican la condición neoliberal del “morenismo” son indiscutibles:


• Conformación de un gabinete en donde hasta los ministros son representantes directos de múltiples grupos económicos, llegando a entregar el manejo económico directamente a quien era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.


• Concesión de millonarios beneficios a los grandes grupos económicos, como la remisión de deudas tributarias y patronales concedida a mediados de 2018 (similar a lo hecho por el correísmo en 2015)
• Continuidad del proceso privatizador –arrancado con Correa– usando eufemismos como las “alianzas público privadas” y la “monetización de activos”del Estado.


• Ampliación de la flexibilización laboral (reestablecida por Correa 3), incluso con el potencial despido masivo de funcionarios públicos en vez revisar integralmente los salarios de la burocracia dorada y minimizar los efectos sobre el desempleo.


• Limitación a las propias instituciones públicas cuando han incomodado al gobierno (p.ej. los datos de deterioro laboral que incomodaron al ministro del Trabajo y le costaron su puesto al director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).


• Eliminación “de golpe” del subsidio a la gasolina súper, de forma irresponsable (sin publicar estimación alguna del “efecto sustitución” entre gasolinas súper y extra ni ningún otro análisis técnico), dejando de lado cualquier propuesta integral de manejo de subsidios energéticos.


• Preparación de un agresivo ajuste fiscal que, en vez de apelar al incremento de impuestos a los grandes grupos económicos u otra medida redistributiva, contrae aún más la inversión pública. Así, se abre la puerta a un ajuste procíclico recesivo, agravado por la rigidez impuesta por la dolarización, la cual limita las posibilidades de aplicar políticas monetarias contra-cíclicas. Peor aún, semejante circunstancia se complica por el contexto de una economía regional y mundial en desaceleración, en donde emergen nubarrones de una crisis internacional de deuda y de divisas.


• Un punto a destacar es el suministro del ajuste a cuentagotas; es decir, el gobierno no se atreve a aplicar un paquetazo tradicional, sino que usa un gradualismo de telenovela, buscando que cada “capítulo” guste especialmente a los organismos multilaterales para que estos concedan nueva deuda externa (luego de todo un primer año de gobierno en donde la deuda -cual respirador artificial– creció a un ritmo de casi mil millones de dólares mensuales).


• Sumisión de la política monetaria a la banca privada del país, tanto al entregar completamente el dinero electrónico (para que la banca gane como siempre), así como con el total -y dogmático- impedimento de que el Banco Central adquiera títulos del Estado o de cualquier otra institución pública (herramienta que, si bien el correísmo la usó irresponsablemente, no debía eliminarse, menos en época de crisis y con las limitaciones que la dolarización impone a las políticas contra-cíclicas).


• Consolidación del tratado comercial con la Unión Europea, firma del tratado comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), ingreso a la Alianza del Pacífico y enorme interés en alcanzar un tratado comercial con Estados Unidos (sin llamar a esos acuerdos como lo que realmente son: tratados de libre comercio -TLC- con aderezos menores). En definitiva la puerta estaba abierta de par en par para que el “morenismo” alcance este tipo de acuerdos, en especial gracias a que el “correísmo” firmó el TLC con la Unión Europea (sin siquiera generar una transformación productiva previa que mejore las capacidades locales para competir).


• Relativo abandono de la sumisión al imperialismo chino (promovida por Correa), para retornar a la sumisión al imperialismo norteamericano (afín a Moreno), incluso con el posible regreso de la influencia militar de EEUU en el país y el debilitamiento de los procesos de integración regional.


• Apertura y entreguismo frontal al capital extranjero especialmente con la “reinstalación” de los Tratados Bilaterales de Inversión, que casi siempre terminan perjudicando la posición legal del Estado frente al capital transnacional y que están prohibidos constitucionalmente, como claramente se establece en el artículo 422.


• Ampliación de la explotación del ITT junto con la continuidad del entreguismo megaminero iniciado por el correísmo (cayendo de nuevo en la represión social).


Si en su momento afirmamos que Correa fue un neo-neoliberal, por usar al gran Estado creado en el “boom” como herramienta para modernizar el Estado y disciplinar la sociedad, todo los hechos antes señalados -y muchos que están por venir- demuestran algo evidente: Moreno es un neoliberal, un neoliberal “sensibilizado” que no busca paquetazos globales, sino ajustes gradualistas, incluso presionando al “diálogo” para legitimar sus medidas económicas. Sin embargo, es justo esa legitimación del neoliberalismo “morenista” lo que se debe evitar. Por eso, ojalá que la historia -y los sectores populares- reconozcan que Moreno, al igual que su antecesor, después de todo no es más que otro ladrillo en el gran muro del capital…

 

Por Alberto Acosta y John Cajas Guijarro*

*Profesor universitario. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-Candidato a la Presidencia de la República.
*Economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador. Estudiante de doctorado en economía en FLACSO-Ecuador.

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Sábado, 31 Marzo 2018 09:49

Aires de renovación sindical

Aires de renovación sindical

Desde el 28 de febrero, las diferentes organizaciones sindicales del sector público, a lo largo y ancho del país, presentaron sus pliegos de exigencias regionales y municipales ante la respectiva administración de sus entidades, en cumplimiento de los Decretos 1092 de 2012 y 160 de 2014, que regulan los procedimientos de la negociación colectiva al interior de las entidades del Estado. Estas negociaciones no solo tienen el fin de mejorar sus condiciones laborales, sino que también buscan posicionar temas de la agenda social, ante el reiterativo incumplimiento del Gobierno sobre los acuerdos pactados años anteriores.

 

En este marco la Federación nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la comunidad (Únete) en alianza con el periódico desdeabajo y la campaña “otra democracia es posible”, están consolidando espacios de reflexión al interior del sindicato y sus afiliados, quienes discuten en colectivo sobre las herramientas conceptuales que podrían ayudar a caracterizar mejor las estrategias, análisis y oportunidades que debe tomar la organización a la hora de plantear el trámite de sus demandas y, por tanto, la administración de sus conquistas. Aquí algunos de los ejes hasta ahora abordados:

 

Estructura de oportunidad política

 

Esta categoría hace parte, junto con la dimensión subjetiva, y la estructura organizativa, de las tres dimensiones que propone la “agenda clásica” de estudio sobre los movimientos sociales (McAdam, Tarrow, Tilly, 2005). La EOP se refiere a las características catalizadoras del contexto en que tiene lugar la acción colectiva y designa las dimensiones que la promueven o la inhiben. Comprende tanto la estructura política institucional como las relaciones informales de poder en un sistema político y puede usarse como una serie de variables independientes para explicar el origen, la forma o el impacto de actores sociales en disputa.

 

Para autores como McAdam* sería parte de la EOP: “1. El grado de apertura política del sistema político institucionalizado. 2. La estabilidad o inestabilidad de la alineación entre las élites 3. La presencia o ausencia de aliados entre las élites, 4. La capacidad de cooptación del estado y su propensión a la represión.” dichos elementos son importantes a tener en cuenta a la hora de caracterizar los actores en una negociación, pues conocer sus intenciones, su fuerza y la orientación de sus propuestas se hace crucial para poder navegar por el tablero de las relaciones de poder entre las condiciones laborales de los trabajadores y los intereses de los empleadores. Por ejemplo para el caso de los trabajadores estatales que deben negociar con gerentes y administradores puestos a titulo de cumplir con la agenda de ciertos partidos políticos.

 

El análisis de coyuntura y la identificación de alternativas

 

Partimos de la premisa de que la realidad social es todo un conjunto de fenómenos que versan entre la colaboración y el conflicto –de los cuales nuestra propia acción forma parte–. Conocer estos fenómenos es posible, y de ellos se deriva una fuerza material en la sociedad que permite actuar con mayor eficacia en momentos determinados. A estos momentos marcados por acontecimientos significativos es a lo que llamamos coyuntura.

 

El objetivo del análisis de coyuntura es el de ser un instrumento de trabajo que permita conocer de mejor manera cuál es la correlación de las fuerzas sociales y cómo se expresan. De esta manera se pueden orientar mejor visiones y planes de acción que contribuyan con el desarrollo de los intereses del movimiento popular, suponiendo al menos un manejo pormenorizado de la historia específica de nuestro país (económico-social, política y cultural) la cual ha moldeado lo que llamamos estructura, y de las instancias en que se juegan dicha historia en el presente, lo que llamamos coyuntura.

 

Las acciones a desarrollar en el análisis de coyuntura radican en hacer un estudio de la situación actual, donde se determinen los actores en escena, los protagonistas, su proyecto, sus aliados, sus opositores y los dispositivos o prácticas que ponen en juego; así se pueden mostrar las distintas alternativas que pueden ofrecer las tendencias de su desarrollo, con el animo de que se puedan definir tareas políticas específicas al interior de estas coyunturas.

 

Vale la pena aclarar lo que implica la identificación de alternativas, ya que lo alternativo es un concepto que sirve de herramienta para organizar el trabajo de proyección y delimitar un campo problemático. Las alternativas son la lupa y la brújula que hace posible el reconocimiento de hechos, problemáticas, actores que no serían visibles sin esta categoría y se definen en torno a aquellos elementos potenciales de ser activados en el marco de las luchas contra prácticas y discursos hegemónicos.

 


Por ejemplo: como expresó una compañera del taller, en el pliego de exigencias de la secretaria de planeación distrital, puede incluirse un punto que favorezca la lucha por un plan de ordenamiento territorial (POT) alternativo, formulado y organizado entre el sindicato de la entidad y organizaciones sociales o instituciones de la sociedad civil que trabajen el tema, de tal forma que se pueda trascender del pliego laboral al pliego político y aprovechar las instancias de negociación colectiva para posicionar al sindicato frente a la sociedad, así como articularse con otros actores sociales, en una visión de renovación sindical. Por esto el análisis de coyuntura y la identificación de alternativas a potenciar son herramientas complementarias a la negociación colectiva y en muchos sentidos colaboran con aumentar su eficacia.

 

Negociación colectiva y autonomía

 

La negociación colectiva, junto con la huelga y la organización sindical, son instrumentos de los trabajadores en la consecución y gestión de sus intereses. Puede ser que en determinados momentos colabore en la conquista de derechos por mejores condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, pero también puede significar pérdidas, gracias a que depende de la correlación de fuerzas en que se de la negociación. La negociación colectiva puede ser una herramienta artífice de justicia social, siempre y cuando sea asumida en el marco de una lucha más general, proyectada y en solidaridad con otros actores, hecho que implica una reflexión sobre los contenidos de la negociación, sus limites, sus potencialidades y el ámbito social al cual puede ampliar su cobertura.

 

Para esto, autores como Gianibelli, (2013) caracterizan dos sistemas generales de negociación colectiva, según el grado o las maneras de formalización que alcanzan tanto los procedimientos de la negociación, como los acuerdos producidos. Por un lado los sistemas dinámicos donde el proceso de negociación se hace de manera cotidiana y permanente, con muy poca intervención estatal, dejando el efecto y los diseños del acuerdo a las partes en conflicto, donde el rol del sujeto sindical parte en gran medida sobre la base de la propia administración de las demandas y las condiciones laborales. Algunos ejemplos de este sistema son el modelo británico de abstención legislativa o el italiano de ordenamiento intersindical.

 

Los sistemas estáticos –más comunes en América Latina– en donde la negociación colectiva está fuertemente permeada en su alcance normativo por el régimen estatal y en el que existe una fuerte separación entre el tiempo de la negociación y el de la administración de los acuerdos, por lo regular delegando la gestión al aparato legislativo y dando primacía a la fuerte normativa extensa al convenio colectivo. Este modelo intervencionista trae profundos efectos en la autonomía colectiva de la organización sindical que entrega la efectividad de lo acordado a la norma.

 

A partir de estos sistemas es preciso distinguir cuatro elementos a tener en cuenta a la hora de actuar en la negociación colectiva. 1. La estructura 2. Los sujetos 3. La vigencia y 4. Los efectos. La primera hace referencia a las reglas que ordenan la negociación y los niveles en que se distribuyen las competencias de negociación, el grado de centralización sectorial o de rama, las relaciones de poder que conllevan, así como la conexión entre ellos que determinan las condiciones favorables o desfavorables del armazón sobre el que se sostiene la negociación. La segunda que hace referencia a los sujetos que están facultados para la negociación, los cuales deben de pasar por un test de representatividad, la mayoría de las veces condicionados por la legislación estatal, o por los estatutos de la organización sindical.

 

Con respecto a la vigencia es de resaltar que una intervención heterónoma en el caso latinoamericano también es de aprovechar, pues la norma también puede garantizar ciertos derechos, habilitando ciclos de expansión para sumar conquistas y/o resguardando en momentos de retracción en una correlación de fuerzas desfavorable. Por ultimo, los efectos que pueden ser medidos a través de la eficacia que tanga la organización de tramitar y administrar las conquistas alcanzadas, de manera que se logren extender los alcances del convenio.

 

Vale decir que en Colombia existen tres tipos de acuerdos en la negociación colectiva: la convención colectiva de trabajo (art. 467 de la Constitución), el pacto colectivo (art. 481) y el contrato sindical (art. 482). A los trabajadores del estado les corresponde la primera, y en este sentido son un sujeto privilegiado dentro de las disputas económico-laborales en el país; ser conscientes de estos privilegios hace imperiosa la necesidad de la lucha y la solidaridad con otros sectores. Una lucha que puede sacar el máximo provecho de sus herramientas de disputa, la negociación colectiva y el análisis de coyuntura.

 

* 1999, citado por Edwin Cruz 2016, 1999, p. 14.

 

Publicado enEdición Nº244
Hacia un gasto público eficiente y equitativo

A finales del 2017 el Ministro de Hacienda recibió las conclusiones del estudio realizado por la Comisión del Gasto. El propósito de la Comisión era analizar la dinámica del gasto público y proponer alternativas que mejoren su eficiencia y equidad. El gasto público debe cumplir ambos propósitos de la mejor manera posible. Se trata de administrar bien los recursos del Estado (eficiencia) y de buscar que las personas menos favorecidas sean las más beneficiadas (equidad).

 

En Colombia el gasto público es relativamente bajo

 

En Colombia el gasto público es relativamente bajo. La gráfica compara algunos países de América Latina. En el 2016, Colombia y Perú tenían la menor participación del gasto público en el PIB. Los valores respectivos fueron 18,9 por ciento y 17,2. El promedio para América Latina fue de 22,5 por ciento, y en Brasil fue de 30,3. En los países desarrollados los porcentajes son más altos. En Europa el gasto público oscila alrededor del 40 por ciento del PIB. En Estados Unidos el porcentaje es similar. Frecuentemente se olvida que la modernización de los países ha ido a la par con un mayor gasto público. No es cierto, entonces, que en las economías avanzadas se haya reducido el tamaño del Estado. Todo lo contrario. Son economías donde el Estado interviene de manera significativa.

 

Desde finales del siglo XIX, el economista Wagner afirmó que el gasto público, como porcentaje del PIB, crecería de manera permanente. Para el autor es inevitable que el gasto aumente, entre otras razones, porque la sociedad requiere que los bienes y los servicios públicos tengan una mayor cobertura y sean de mejor calidad. En las economías contemporáneas es claro que bienes tan importantes como la educación, la ciencia y la tecnología, y la salud, tienen costos marginales crecientes.

 

El ejemplo de la salud es relativamente claro. A principios del siglo XX, la ampliación de la esperanza de vida se logró mediante la ampliación de la cobertura de agua potable, la construcción de alcantarillados, el mejoramiento en las políticas de salud pública. Cuando la esperanza de vida alcanza los niveles actuales, la prolongación de cada año adicional tiene costos marginalmente crecientes, que son considerablemente mayores que los observados hace un siglo.

 

El gasto en educación también tiene costos marginales crecientes. El país puede ir mejorando su participación en pruebas internacionales como Pisa, pero para que la calidad mejore de manera significativa es indispensable superar un cierto nivel de gasto. En los colegios oficiales, en primaria, Colombia gasta al año 2 millones de pesos por niño. Este valor es de 8 millones en Chile, de 20 millones en Francia, de 45 millones en Luxemburgo. Frente a estos resultados, es evidente que el gasto en educación tiene que aumentar.

 

Consideraciones similares se podrían hacer sobre otros gastos como ciencia y tecnología, medio ambiente, infraestructura, asesoría técnica, etcétera. En todas estas áreas el gasto público tendría que aumentar de manera considerable.

 

Con el paso del tiempo la intuición de Wagner se ha cumplido en todos los países, y parece que la tendencia al aumento del gasto público como porcentaje del PIB es inexorable. Por esta razón algunos teóricos hablan de la “ley de Wagner”.

 

Frente a esta realidad tan contundente, la Comisión no podía proponer una disminución del gasto. La Comisión llama la atención sobre la posible agudización del desequilibrio fiscal. Este desbalance de las finanzas públicas se presenta por dos razones. Por un lado, es evidente que la última reforma tributaria se quedó corta, y que los ingresos esperados no se van a conseguir. Entre otras razones, porque al disminuir la tarifa de los impuestos a la renta y al patrimonio, la reforma terminó favoreciendo a los ricos. Y, por otro lado, porque el gasto público no va a bajar sino que continuará subiendo. El aumento del gasto junto con una reducción de los impuestos lleva a una agudización del desequilibrio fiscal.

 

Una forma de financiar los mayores gastos es una reforma tributaria que vuelva a subir, con criterios de progresividad, los impuestos a la renta y al patrimonio. Otra manera de financiarlo es potenciando las posibilidades fiscales de los gobiernos locales, especialmente de las ciudades grandes e intermedias, que tienen un margen de maniobra muy importante, y pueden mejorar de manera sustantiva la cobertura y la calidad de los servicios y bienes públicos locales. El nivel de tributación en las ciudades es relativamente bajo y podría subir. Sobre todo, es importante aumentar los prediales, pero de tal forma que los avalúos catastrales bajos tengan una tarifa reducida, y los inmuebles caros, una tarifa elevada.

 

Desde el punto de vista de los ingresos de los gobiernos locales, la ley 388 de 1997 dio un paso fundamental hacia la descentralización porque le brindó a los municipios (sobre todo grandes y medianos) la posibilidad de obtener recursos provenientes de las dinámicas del suelo y del urbanismo. Los municipios apenas están comenzando a ser conscientes de las potencialidades que tienen estas fuentes de ingresos.

 

Tal y como lo mostró la Comisión de Expertos de la Reforma Tributaria, los prediales son una fuente de recursos subutilizada en el país. Se debe avanzar en dos direcciones. Por un lado, en la modernización y actualización de los catastros. Y, por el otro, en el desarrollo de mejores sistemas de cobro. En los municipios pequeños la instancia de cobro podría ser del orden nacional.

 

La eficiencia y la equidad

 

La Comisión recomienda que para mejorar la eficiencia del gasto, el país debe ir dando los pasos necesarios para que el presupuesto se ordene por programas. De esta manera la distribución de los recursos es más ordenada y, además, facilita el control al proceso de ejecución y a los resultados. La experiencia del presupuesto por programa ha sido bastante exitosa en Perú.

 

El presupuesto por programa tiene tres ventajas: i) Contribuye a ordenar la contabilidad. ii) Elimina la diferencia artificial hoy existente entre gastos de funcionamiento e inversión. iii) Permite articular bajo la sombrilla de cada programa a los gobiernos nacional y local (departamental y municipal). iv) No tiene las limitaciones que se derivan de las vigencias fiscales de un año.

 

Y en cuanto a la equidad, para la Comisión es claro que actualmente el gasto público está mal distribuido, y los pobres no están siendo los principales beneficiarios. Es inaceptable, como sucedió con Agro Ingreso Seguro, que los principales beneficiaros de los recursos públicos sean las personas de mayores ingresos.

 

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Publicado enColombia
Hacia un gasto público eficiente y equitativo

A finales del 2017 el Ministro de Hacienda recibió las conclusiones del estudio realizado por la Comisión del Gasto. El propósito de la Comisión era analizar la dinámica del gasto público y proponer alternativas que mejoren su eficiencia y equidad. El gasto público debe cumplir ambos propósitos de la mejor manera posible. Se trata de administrar bien los recursos del Estado (eficiencia) y de buscar que las personas menos favorecidas sean las más beneficiadas (equidad).

 

En Colombia el gasto público es relativamente bajo

 

En Colombia el gasto público es relativamente bajo. La gráfica compara algunos países de América Latina. En el 2016, Colombia y Perú tenían la menor participación del gasto público en el PIB. Los valores respectivos fueron 18,9 por ciento y 17,2. El promedio para América Latina fue de 22,5 por ciento, y en Brasil fue de 30,3. En los países desarrollados los porcentajes son más altos. En Europa el gasto público oscila alrededor del 40 por ciento del PIB. En Estados Unidos el porcentaje es similar. Frecuentemente se olvida que la modernización de los países ha ido a la par con un mayor gasto público. No es cierto, entonces, que en las economías avanzadas se haya reducido el tamaño del Estado. Todo lo contrario. Son economías donde el Estado interviene de manera significativa.

 

Desde finales del siglo XIX, el economista Wagner afirmó que el gasto público, como porcentaje del PIB, crecería de manera permanente. Para el autor es inevitable que el gasto aumente, entre otras razones, porque la sociedad requiere que los bienes y los servicios públicos tengan una mayor cobertura y sean de mejor calidad. En las economías contemporáneas es claro que bienes tan importantes como la educación, la ciencia y la tecnología, y la salud, tienen costos marginales crecientes.

 

El ejemplo de la salud es relativamente claro. A principios del siglo XX, la ampliación de la esperanza de vida se logró mediante la ampliación de la cobertura de agua potable, la construcción de alcantarillados, el mejoramiento en las políticas de salud pública. Cuando la esperanza de vida alcanza los niveles actuales, la prolongación de cada año adicional tiene costos marginalmente crecientes, que son considerablemente mayores que los observados hace un siglo.

 

El gasto en educación también tiene costos marginales crecientes. El país puede ir mejorando su participación en pruebas internacionales como Pisa, pero para que la calidad mejore de manera significativa es indispensable superar un cierto nivel de gasto. En los colegios oficiales, en primaria, Colombia gasta al año 2 millones de pesos por niño. Este valor es de 8 millones en Chile, de 20 millones en Francia, de 45 millones en Luxemburgo. Frente a estos resultados, es evidente que el gasto en educación tiene que aumentar.

 

Consideraciones similares se podrían hacer sobre otros gastos como ciencia y tecnología, medio ambiente, infraestructura, asesoría técnica, etcétera. En todas estas áreas el gasto público tendría que aumentar de manera considerable.

 

Con el paso del tiempo la intuición de Wagner se ha cumplido en todos los países, y parece que la tendencia al aumento del gasto público como porcentaje del PIB es inexorable. Por esta razón algunos teóricos hablan de la “ley de Wagner”.

 

Frente a esta realidad tan contundente, la Comisión no podía proponer una disminución del gasto. La Comisión llama la atención sobre la posible agudización del desequilibrio fiscal. Este desbalance de las finanzas públicas se presenta por dos razones. Por un lado, es evidente que la última reforma tributaria se quedó corta, y que los ingresos esperados no se van a conseguir. Entre otras razones, porque al disminuir la tarifa de los impuestos a la renta y al patrimonio, la reforma terminó favoreciendo a los ricos. Y, por otro lado, porque el gasto público no va a bajar sino que continuará subiendo. El aumento del gasto junto con una reducción de los impuestos lleva a una agudización del desequilibrio fiscal.

 

Una forma de financiar los mayores gastos es una reforma tributaria que vuelva a subir, con criterios de progresividad, los impuestos a la renta y al patrimonio. Otra manera de financiarlo es potenciando las posibilidades fiscales de los gobiernos locales, especialmente de las ciudades grandes e intermedias, que tienen un margen de maniobra muy importante, y pueden mejorar de manera sustantiva la cobertura y la calidad de los servicios y bienes públicos locales. El nivel de tributación en las ciudades es relativamente bajo y podría subir. Sobre todo, es importante aumentar los prediales, pero de tal forma que los avalúos catastrales bajos tengan una tarifa reducida, y los inmuebles caros, una tarifa elevada.

 

Desde el punto de vista de los ingresos de los gobiernos locales, la ley 388 de 1997 dio un paso fundamental hacia la descentralización porque le brindó a los municipios (sobre todo grandes y medianos) la posibilidad de obtener recursos provenientes de las dinámicas del suelo y del urbanismo. Los municipios apenas están comenzando a ser conscientes de las potencialidades que tienen estas fuentes de ingresos.

 

Tal y como lo mostró la Comisión de Expertos de la Reforma Tributaria, los prediales son una fuente de recursos subutilizada en el país. Se debe avanzar en dos direcciones. Por un lado, en la modernización y actualización de los catastros. Y, por el otro, en el desarrollo de mejores sistemas de cobro. En los municipios pequeños la instancia de cobro podría ser del orden nacional.

 

La eficiencia y la equidad

 

La Comisión recomienda que para mejorar la eficiencia del gasto, el país debe ir dando los pasos necesarios para que el presupuesto se ordene por programas. De esta manera la distribución de los recursos es más ordenada y, además, facilita el control al proceso de ejecución y a los resultados. La experiencia del presupuesto por programa ha sido bastante exitosa en Perú.

 

El presupuesto por programa tiene tres ventajas: i) Contribuye a ordenar la contabilidad. ii) Elimina la diferencia artificial hoy existente entre gastos de funcionamiento e inversión. iii) Permite articular bajo la sombrilla de cada programa a los gobiernos nacional y local (departamental y municipal). iv) No tiene las limitaciones que se derivan de las vigencias fiscales de un año.

 

Y en cuanto a la equidad, para la Comisión es claro que actualmente el gasto público está mal distribuido, y los pobres no están siendo los principales beneficiarios. Es inaceptable, como sucedió con Agro Ingreso Seguro, que los principales beneficiaros de los recursos públicos sean las personas de mayores ingresos.

 

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Publicado enEdición Nº242
Viernes, 20 Octubre 2017 07:05

Acuerdo entre Fatah y Hamas.

Acuerdo entre Fatah y Hamas.

LA SEMANA PASADA se anunció que los grupos palestinos Hamas y Fatah alcanzaron un acuerdo “de reconciliación”. Desde que entre 2006 y 2007 ambos grupos se enfrentaron militarmente en las calles de Gaza tras triunfos electorales de Hamas, con decenas de muertos, había habido un par de intentos fracasados de lograr un entendimiento duradero. Esta vez, según ambas partes, habría más posibilidades de que sea más sólido que en las dos anteriores.


Las negociaciones se desarrollaron en El Cairo, con mediación de Egipto, y podrían llevar a que próximamente se hagan otras. La Autoridad Palestina (AP), en principio el gobierno único de los palestinos, controlado por Fatah, tiene hasta ahora, de hecho, un poder limitado a Cisjordania, mientras Hamas, considerado por Estados Unidos, Israel y la Unión Europea como una organización “terrorista”, administra la Franja de Gaza. En setiembre, antes del comienzo del diálogo, Hamas había aceptado disolver sus estructuras de gobierno en Gaza. Apenas firmado el acuerdo, la AP anunció que comenzará a hacerse cargo de “los asuntos administrativos y de las responsabilidades de seguridad” en la franja. Se especula en paralelo que, a cambio, Hamas podría asumir a la brevedad cargos en la AP.


Si Egipto participó en las negociaciones como intermediario, ello quiere decir –visto su escaso margen de autonomía– que tanto Estados Unidos como Israel avalaron los contactos entre las dos facciones palestinas, considera el escritor y periodista palestino-estadounidense Ramzy Baroud (Middle East Monitor, 11-X-17, versión en español de www.rebelión.org). “Aunque el lenguaje utilizado por Tel Aviv y Washington es bastante cauteloso respecto de las negociaciones entre ambos partidos palestinos, si se observa con detenimiento su discurso político, no es enteramente desdeñoso respecto de la posibilidad de que Hamas participe en un gobierno de unidad encabezado por Maj –
mud Abbas”, el presidente de la AP, apunta Baroud. El propio Biniamin Netaniahu habría avalado los contactos a principios de este mes, a cambio de que Hamas disuelva su brazo armado, rompa relaciones con Irán y reconozca al Estado de Israel, señala Baroud, citando al diario Times of Israel. El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi lo habría conversado también con el primer ministro israelí días atrás en Nueva York, en ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el primer encuentro público entre ambos, agrega el analista.


Los dos intentos anteriores de acuerdo entre Hamas y Al Fatah, en 2011 y 2014, así como uno inmediatamente previo a los enfrentamientos de 2007, habrían fracasado por la oposición de los gobiernos de George W Bush y Barack Obama. Si Donald Trump –el más abiertamente pro israelí de los últimos presidentes estadounidenses– nada dijo de estas negociaciones intrapalestinas es porque antes lo consultó con Netaniahu y concluyeron que tienen todo para ganar de un pacto que se realice bajo sus condiciones.
“Lo que sugiere fuertemente que hay actores poderosos detrás de los intentos de reconciliación, es lo tranquilo y poco conflictivo que ha sido hasta ahora todo el proceso, algo totalmente diferente a años de intentos fallidos y acuerdos repetidos con resultados decepcionantes”, observa Baroud, apoyándose en una sucesión de hechos que habrían ido en ese sentido.


Salah Bardawil, un alto dirigente de Hamas, confirmó días atrás que esta vez las negociaciones con Fatah van en serio, aunque dijo también que su organización no tiene previsto en lo inmediato deponer las armas ni cesar la resistencia contra Israel. El periodista del canal Al Jazeera John Carlin estima que “las dos partes sólo alcanzaron un acuerdo parcial, abordando asuntos civiles y administrativos. Asuntos mucho más polémicos como las elecciones nacionales, la reforma de la Organización para la Liberación de Palestina y el estado del brazo armado de Hamas se dejaron de lado para su consideración en una próxima reunión a finales de noviembre”.


Como otros palestinos que no se sienten representados por ninguna de las dos partes, Ramzy Baroud considera que “cualquier acuerdo de unidad que preste atención a los intereses de las facciones a expensas del bien colectivo del pueblo palestino es una farsa. Aunque al principio ‘tenga éxito’, a la larga fallará, ya que Palestina es más grande que cualquier individuo, facción o potencia regional que busque el consentimiento de Israel y las limosnas de Estados Unidos”, afirma.

Publicado enInternacional
Miércoles, 04 Octubre 2017 06:51

¿Hacia dónde va el POT de Bogotá?

¿Hacia dónde va el POT de Bogotá?

Se agota el tiempo para la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Bogotá y es importante comprender cómo entiende la actual administración la planeación urbana y dentro de ella el tema ambiental, con particularidades e intereses ecológicos y de sostenibilidad urbanas, manifiestas en los elementos de la Estructura Ecológica Principal (EEP), como por ejemplo la Reserva Thomas van der Hammen ¿Quiénes ganan con urbanizarla y quienes pierden? ¿Quiénes ganan con implementar el Plan de Manejo Ambiental y quiénes pierden? Aquí un acercamiento a esta realidad, a la luz de la información oficial.

 

Bogotá tiene particularidades ambientales que la diferencian de cualquier otra ciudad del país. Para valorarlas en su real dimensión requerimos entender, dentro de estas particularidades, algunos supuestos sugeridos por la Administración que hoy rige los destinos de la ciudad, tales como: 1) La planeación es un ejercicio técnico y no político. 2) El crecimiento de la ciudad es algo inevitable (casi que un destino manifiesto), y 3) La Estructura Ecológica Principal (EEP) es equiparable a una categoría de espacio público cualquiera. Para tal fin, tomaremos como referencia principal el documento resumen del diagnóstico para el nuevo POT. Solo nos concentramos en lo que dice dicho diagnóstico, haciendo referencia al discurso de quienes lo escriben, ya que no es nuestra intención hacer un juicio a priori y generalizante hacia todos/as los/as funcionarios/as de la Administración distrital.

 

Planeación urbana: un ejercicio político

 

En el documento del diagnóstico, en concordancia con declaraciones hechas por la actual Administración distrital, se sugiere que la práctica de la planeación urbana es un ejercicio técnico, no político. Atribuir ese carácter le brinda objetividad y certeza. Lo técnico no se discute, se da por sentado, se gerencia y ejecuta, por lo que no se concerta, sino que se socializa. Lo político para este caso, es entendido como una asociación oportunista de personas con intereses similares que buscan poder. En ese sentido lo técnico y lo político se presentan como dos polos entre lo que sería “bueno y deseable” y lo que sería “corrupto y evitable”.

 

De esta forma se niega la esencia de lo político: la discusión e incluso el disenso. Estas premisas van más allá de lo meramente semántico, porque suelen enmascarar estrategias políticas con el fin de deslegitimar la participación amplia y democrática de personas y colectivos sociales en la planeación territorial. Como técnicos ellos saben qué es mejor para “todos”. Quienes no compartan la idea de lo que es mejor según ellos, entonces son descalificados bien sea como opositores del desarrollo, conservacionistas, o en el peor de los casos beligerantes.

 

Cuando se parte de un juicio de valor como el de “beligerancia ambiental”, empleado en un documento público como es el Documento Diagnóstico (p. 62), implica hacerlo desde un prejuicio, o de una determinada convicción antagonista frente algo o alguien, se trata de un argumento falaz (ad hominen). Emplear indiscriminadamente este lenguaje, evidencia de manera alarmante un estilo de gobierno de la ciudad más bien autoritario, que se escuda en narrativas ambiguas para legitimar intereses distantes de velar por los comunes urbanos y lo público.

 

Dar por sentado que existe un consenso en torno a la participación en un proceso político como el POT es algo muy peligroso, desde un Estado que se autoproclama democrático. Esto invisibiliza al sujeto que disiente, y peor aún, lo estigmatiza. Es un ataque infundado desde un desconocimiento deliberado de las fuerzas sociales en Bogotá, en este caso del ambientalismo capitalino, que pese a sus altibajos, ha mantenido vigente el debate del lugar de lo ambiental en la ciudad, y en el mejor de los casos, ha logrado políticas concretas, por ejemplo que algunas áreas protegidas urbanas sean una realidad y no una simple arenga.

 

El POT es una de las pocas cartas de navegación territorial para debatir y construir los comunes urbanos. Establece mecanismos e instancias de participación que deben ser exigidos para su total cumplimiento y legitimidad. No obstante, presenta limitaciones técnicas y normativas, quizá la más crítica es que dichos mecanismos de participación terminan siendo ambiguos y proclives a la manipulación clientelista por parte de cualquier partido político en nombre de la participación democrática a nivel local. Luego, ¿cómo y para qué participar?

 

Reconocer las limitaciones de los instrumentos de participación, no significa adherir a la “despolitización” de los temas de la ciudad o de la planeación. Estas limitaciones no pueden ser usadas como excusa para dejar de discutir ideas contrarias a una dominante que además de negarlas, termina por estigmatizarlas. La estrategia de “despolitización” no cuestiona lo que ya existe. Se supone que lo “técnico” piensa en cómo resolver problemas puntuales, como por ejemplo, el déficit de vivienda o la movilidad, pero nunca se dice el porqué, para qué, ni menos el para quién se debe planear tales soluciones. Es por eso que las concertaciones se evitan y se limitan a socializaciones, como en el caso puntual del POZ Norte, Lagos de Torca.

 

Algo similar sucede con la concepción de lo público, que no es sólo el lugar en donde se determinan de manera colectiva los principios que rigen la vida en común. Más bien, representa la arena de debate en donde caben múltiples miradas que contraponen la supremacía de poderes particulares sobre dichos principios y vida común. En un instrumento como el POT caben todas las dimensiones de la vida urbana (y regional), como la dotación de servicios urbanos, el cómo se consolidan las funciones económicas, sociales y culturales, y no menos importante, de su estructura ecológica y biofísica, de su uso y apropiación como parte del espacio público. La ciudad no solo es espacio contenedor de la vida urbana, es ésta misma y las prácticas de sus habitantes las que producen ciudad y paisaje urbano. El planear el crecimiento de la ciudad teniendo en cuenta la administración del espacio público y su relación por ende con la naturaleza urbana, es un asunto importante. En las siguientes líneas nos concentramos en elaborar mejor este vínculo.

 

Crecimiento de la ciudad: ¿un destino manifiesto?

 

El diagnóstico general para la revisión ordinaria del POT de Bogotá parte de la premisa según la cual la ciudad ha crecido en forma consistente, continuará creciendo hasta estabilizarse en 2050, por razones que no se explican en el documento:

 

“Cada año contamos con alrededor de 100.000 nuevos habitantes (1,14 millones entre 2005 y 2016), razón por la cual también hemos crecido económicamente (más de un 3,5% anual) sin dejar de generar la tercera parte de los recursos con que cuenta el país para su desarrollo” (Documento Diagnóstico, p. 8).

 

Si bien es notable el crecimiento demográfico y económico de la ciudad, es poco acertado afirmar que estos dos fenómenos tienen una relación causal o que son directamente interdependientes. No todo crecimiento demográfico implica crecimiento económico, ni todo crecimiento económico implica un aumento de la población. Abordar solo este punto merecería todo un artículo al respecto. Lo interesante aquí es que esa imprecisión sustenta la pregunta central del ejercicio de diagnóstico, y seguramente, del POT:

 

“¿Cómo sostener este crecimiento y a la vez mejorar la distribución interna de nuestra riqueza, disminuyendo los grandes desequilibrios sociales y económicos que caracterizan a nuestro territorio?” (Documento diagnóstico, p. 9).

 

Es decir, cómo continuar con las tendencias del crecimiento existentes, disminuyendo los costos de esa elección. Esta formulación implica una concepción del crecimiento como un destino manifiesto de la ciudad.

 

Otra convicción que sustenta el documento diagnóstico es que la urbanización es un proceso inevitable que, también inevitablemente destruye la naturaleza a su paso. Si no expandimos la ciudad, ella lo hará por sí misma. De esta manera, si el crecimiento y la urbanización son destinos finales e ineludibles, la única alternativa propuesta es no perder tiempo cuestionando por qué o para qué crecer, sino usar todas las posibilidades de la técnica y la tecnología para crecer de forma “racional”. Entendiendo la racionalidad como única e incuestionable, acá emergería lo que algunos llaman la interfaz ciencia-política-sociedad, relacionada a la premisa de la planeación como algo técnico y no político. Si bien este asunto merece también otro análisis en profundidad, lo que podemos decir es que la racionalidad a la que se apela tanto desde lo técnico o lo científico, precisamente termina por evitar preguntarse por qué o para qué crecer.

 

Por tanto, la directriz es “crecer sí, pero no así”. Crecer con orden para mejorar la calidad de vida de los bogotanos y hacerlos felices (término del Plan de Desarrollo 2016). La alternativa propuesta por la administración es construir ciudad con “naturaleza planeada”, corredores verdes y espacios públicos de acuerdo a los parámetros del diseño urbano. Ese es el modelo de pensamiento que fundamenta la lectura de la Administración sobre la ciudad y que sustenta los proyectos urbanos que se propone. Este es el caso concreto del Plan Zonal del Norte Lagos de Torca, y de la mencionada, pero hasta ahora no presentada formalmente, propuesta Ciudad Norte, sobre los terrenos de la Reserva Thomas van der Hammen.

 

Contrario al planteamiento del texto diagnóstico del POT, creemos que las pregunta sobre por qué y para qué crecer, son tan pertinentes como las preguntas por el cómo, y sobre todo, ¿para quién crecer? ¿Quiénes han sido y seguirán siendo los más beneficiados con los proyecto de expansión de la ciudad? El debate no puede perder de vista que estos proyectos constituyen un terreno fértil para la especulación inmobiliaria. Al respecto, nos dicen que ninguna administración hasta ahora, ha podido evitar los incrementos especulativos sobre los precios del suelo, ni siquiera las de corte “populista” (Documento Diagnóstico, p. 32). Asumen entonces que esta especulación es inevitable, otro destino manifiesto basado en la escasez del suelo urbano en la ciudad. Lo que no nos cuentan es que la escasez como concepto socialmente creado, es una realidad debatible. El punto es precisamente ¿cómo, quién y para qué se mide la escasez?

 

En la defensa unilateral de la expansión de la ciudad sobre el norte, la Administración no asume un verdadero ejercicio de planeación, de gestión y lo más difícil: de regulación, pues es más fácil fomentar las tendencias ya iniciadas y dejar que el mercado dicte los caminos. Así mismo entiende el tratamiento de la gestión de riesgos asociados al cambio climático. Si bien identifica áreas de riesgos diferenciados, sustentadas por estudios del Ideam, la postura frente a este tipo de fenómenos es la de “mitigar” con tecnología o “soluciones duras” eventos puntuales como inundaciones y deslizamientos, más asociados a la variabilidad climática que al cambio climático. Nada de adaptación o soluciones que algunos expertos llaman “basadas en naturaleza”. Se trata de un tipo de planeación que como medicina atiende los síntomas de la enfermedad, pero no previene sus causas, a pesar de conocerlas.

 

Estructura ecológica como espacio público

 

Según lo expresado en el documento diagnóstico del POT, la Estructura Ecológica Principal (EEP) es resultado de un enfoque proteccionista de la planeación en Bogotá y en Colombia, que trata a los elementos ambientales como objetos de protección pasiva que solo benefician “a los habitantes de sus entornos inmediatos y a un limitado número de especialistas y observadores de especies” (Documento Diagnóstico, p. 62). Aunque reconocen que el enfoque proteccionista “ha permitido conservar una parte de las dinámicas ecológicas originales del territorio” (Documento Diagnóstico, p. 59), consideran que no se ha acompañado de la ejecución de proyectos efectivos para la “restauración” y “renaturalización” y que estos espacios, por no hacer parte de la red de espacios públicos están subutilizados.

 

Estos planteamientos resultan problemáticos por diversas razones. En primer lugar porque otorgar a los elementos de la EEP el mismo carácter que a otros espacios públicos, como por ejemplo parques metropolitanos o zonales, es desconocer las complejidades ecológicas del territorio. Algunos de estos elementos, como por ejemplo los humedales, no pueden ser convertidos en áreas de recreación activa o soportar infraestructuras como canchas de fútbol sintéticas y ciclo rutas.

 

En segundo lugar, el concepto de EEP, no está referido a conservar las dinámicas ecológicas originales del territorio, pues como bien lo reconocen en el texto, estas son dinámicas y corresponden más bien a una unidad socio-natural, ya que no hay un estado original per se. Se trata más bien, de comprender cuáles son las relaciones entre los elementos ecológicos que han permitido la existencia de la ciudad y que favorecen su sostenibilidad, para orientar la planeación de modo que se conserven tanto la ciudad, como los elementos de la estructura ecológica, pues están íntimamente relacionadas entre sí.

 

En tercer lugar, el diseño urbano no asegura la apropiación de los espacios públicos. Las personas no sienten un espacio como propio solo por encontrarlo agradable estéticamente o porque una valla oficial les diga: ¡este espacio es tuyo! La apropiación se construye desde las comunidades y con las comunidades, en el conocimiento y la comprensión de las relaciones con el entorno. Ejemplos claros de apropiación son el humedal de La Conejera y la quebrada La Salitrosa, elementos fundamentales de la EEP que se conectan con los Cerros Orientales y el río Bogotá, a través de la Reserva van der Hammen. Las comunidades además de contar con recreación pasiva, realizan actividades de educación ambiental y mantenimiento comunitario de los elementos naturales.

 

Comentario final

 

Las discusiones alrededor de la planeación urbana y de sus implicaciones ambientales, no se reducen a quién tiene la razón absoluta, sino de identificar quién decide, quién gana y quién pierde con cada decisión. En un marco de urbanización capitalista, que no solo reproduce desigualdades sociales, sino serias afectaciones a la ecología urbana y a la sostenibilidad regional, muchos de los argumentos que esgrime la actual Administración se justifican en una supuesta inevitabilidad del crecimiento de la ciudad, que resulta bastante útil para la especulación rentista de los intereses inmobiliarios. Mover una serie de proyectos y capitales para sostener este tipo de urbanización, a través del POT, suprime un legítimo sentido público de la planeación territorial. Y este no es un asunto menor, sino que tiene que ver con el presente y futuro para millones de bogotanxs.

 

* Ecólogo, con maestría en Geografía y estudiante de doctorado en Política Ambiental en el Departamento de estudios Geográficos e Históricos de la Universidad Eastern Finland, en Joensuu, Finlandia. Ha trabajado con entidades en instituciones distritales y nacionales.
** Antropóloga, con maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional y estudiante de doctorado en Planeación Urbana y Regional en el Instituto de Investigación y Planeación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ha investigado los procesos de urbanización del municipio de Chía y trabajado en consultorías para Planes de Ordenamiento Territorial.

 


 

Recuadro


La ciudad como unidad socio natural, una aclaración necesaria

 

Partamos de que no hay nada equivalente a una naturaleza “intocada”. El concepto de naturaleza es ambivalente, ya que depende de quién y para qué se evoca. Tomemos el caso de los humedales de Bogotá. Su forma y paisaje actual son un producto socio-ecológico de cómo la ciudad y las relaciones de poder entre diferentes sectores de la sociedad bogotana se han relacionado con estos lugares, por ejemplo, a través de movilizaciones sociales para su defensa y la consecución de políticas concretas en su reconocimiento y manejo. Por tanto, es un ejercicio riesgoso esencializar a la naturaleza, ya que precisamente en las ciudades y entornos urbanizados es donde nuestra relación con ella es más explícita.

 

La ecología política urbana ha planteado que la ciudad no destruye la naturaleza, sino que más bien la transforma, es naturaleza urbanizada. Como en el caso de los humedales. Pero este planteamiento en ningún momento debe entenderse como una justificación para arrasar con los ecosistemas y soporte biofísico de la ciudad, o construir grandes proyectos urbanos sobre los mismos.

 

Lo que entiende la ecología política urbana por unidad socio natural es para qué y para quiénes es la ciudad y su naturaleza. Asimismo, la urbanización no solo se limita a la ciudad, sino que es el proceso de transformación de la naturaleza para materializar ésta última y su paisaje. Dicho proceso va más allá de límites físicos y administrativos, tal es el caso de la huella que la ciudad tiene en su área de influencia regional (e incluso más allá). Esto sin contar las desigualdades sociales que muchas veces acarrea este proceso que permiten sustentar a la ciudad, por ejemplo, a través del abastecimiento de agua, energía y alimentos.

 

Estos planteamientos han sido frecuentemente mal interpretados y usados de manera irresponsable por parte algunos expertos, entre ellos algunos biólogos y ecólogos. Para ellos, si la naturaleza es socialmente construida y es transformada por el proceso de la urbanización, entonces puede adaptarse a nuestras necesidades, aun cuando lo que concebimos como necesario tenga implicaciones que no se pueden prever con exactitud. Este tipo de discursos han justificado desviación de cursos de ríos, la tala de arbolado urbano, construcciones en áreas inundables, realinderamiento de áreas protegidas, entre muchos otros. Lo que no dicen algunos de estos expertos es que todas las transformaciones del territorio, por más planeadas y técnicamente controladas que sean, tienen impacto tanto en la vida de sus habitantes, como en el ambiente; así como todas las transformaciones ambientales tienen impactos en la ciudad y en la vida de sus habitantes, pues ciudad y naturaleza son una unidad.

Publicado enColombia
Martes, 26 Septiembre 2017 15:09

¿Hacia dónde va el POT de Bogotá?

¿Hacia dónde va el POT de Bogotá?

Se agota el tiempo para la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Bogotá y es importante comprender cómo entiende la actual administración la planeación urbana y dentro de ella el tema ambiental, con particularidades e intereses ecológicos y de sostenibilidad urbanas, manifiestas en los elementos de la Estructura Ecológica Principal (EEP), como por ejemplo la Reserva Thomas van der Hammen ¿Quiénes ganan con urbanizarla y quienes pierden? ¿Quiénes ganan con implementar el Plan de Manejo Ambiental y quiénes pierden? Aquí un acercamiento a esta realidad, a la luz de la información oficial.

 

Bogotá tiene particularidades ambientales que la diferencian de cualquier otra ciudad del país. Para valorarlas en su real dimensión requerimos entender, dentro de estas particularidades, algunos supuestos sugeridos por la Administración que hoy rige los destinos de la ciudad, tales como: 1) La planeación es un ejercicio técnico y no político. 2) El crecimiento de la ciudad es algo inevitable (casi que un destino manifiesto), y 3) La Estructura Ecológica Principal (EEP) es equiparable a una categoría de espacio público cualquiera. Para tal fin, tomaremos como referencia principal el documento resumen del diagnóstico para el nuevo POT. Solo nos concentramos en lo que dice dicho diagnóstico, haciendo referencia al discurso de quienes lo escriben, ya que no es nuestra intención hacer un juicio a priori y generalizante hacia todos/as los/as funcionarios/as de la Administración distrital.

 

Planeación urbana: un ejercicio político

 

En el documento del diagnóstico, en concordancia con declaraciones hechas por la actual Administración distrital, se sugiere que la práctica de la planeación urbana es un ejercicio técnico, no político. Atribuir ese carácter le brinda objetividad y certeza. Lo técnico no se discute, se da por sentado, se gerencia y ejecuta, por lo que no se concerta, sino que se socializa. Lo político para este caso, es entendido como una asociación oportunista de personas con intereses similares que buscan poder. En ese sentido lo técnico y lo político se presentan como dos polos entre lo que sería “bueno y deseable” y lo que sería “corrupto y evitable”.

 

De esta forma se niega la esencia de lo político: la discusión e incluso el disenso. Estas premisas van más allá de lo meramente semántico, porque suelen enmascarar estrategias políticas con el fin de deslegitimar la participación amplia y democrática de personas y colectivos sociales en la planeación territorial. Como técnicos ellos saben qué es mejor para “todos”. Quienes no compartan la idea de lo que es mejor según ellos, entonces son descalificados bien sea como opositores del desarrollo, conservacionistas, o en el peor de los casos beligerantes.

 

Cuando se parte de un juicio de valor como el de “beligerancia ambiental”, empleado en un documento público como es el Documento Diagnóstico (p. 62), implica hacerlo desde un prejuicio, o de una determinada convicción antagonista frente algo o alguien, se trata de un argumento falaz (ad hominen). Emplear indiscriminadamente este lenguaje, evidencia de manera alarmante un estilo de gobierno de la ciudad más bien autoritario, que se escuda en narrativas ambiguas para legitimar intereses distantes de velar por los comunes urbanos y lo público.

 

Dar por sentado que existe un consenso en torno a la participación en un proceso político como el POT es algo muy peligroso, desde un Estado que se autoproclama democrático. Esto invisibiliza al sujeto que disiente, y peor aún, lo estigmatiza. Es un ataque infundado desde un desconocimiento deliberado de las fuerzas sociales en Bogotá, en este caso del ambientalismo capitalino, que pese a sus altibajos, ha mantenido vigente el debate del lugar de lo ambiental en la ciudad, y en el mejor de los casos, ha logrado políticas concretas, por ejemplo que algunas áreas protegidas urbanas sean una realidad y no una simple arenga.

 

El POT es una de las pocas cartas de navegación territorial para debatir y construir los comunes urbanos. Establece mecanismos e instancias de participación que deben ser exigidos para su total cumplimiento y legitimidad. No obstante, presenta limitaciones técnicas y normativas, quizá la más crítica es que dichos mecanismos de participación terminan siendo ambiguos y proclives a la manipulación clientelista por parte de cualquier partido político en nombre de la participación democrática a nivel local. Luego, ¿cómo y para qué participar?

 

Reconocer las limitaciones de los instrumentos de participación, no significa adherir a la “despolitización” de los temas de la ciudad o de la planeación. Estas limitaciones no pueden ser usadas como excusa para dejar de discutir ideas contrarias a una dominante que además de negarlas, termina por estigmatizarlas. La estrategia de “despolitización” no cuestiona lo que ya existe. Se supone que lo “técnico” piensa en cómo resolver problemas puntuales, como por ejemplo, el déficit de vivienda o la movilidad, pero nunca se dice el porqué, para qué, ni menos el para quién se debe planear tales soluciones. Es por eso que las concertaciones se evitan y se limitan a socializaciones, como en el caso puntual del POZ Norte, Lagos de Torca.

 

Algo similar sucede con la concepción de lo público, que no es sólo el lugar en donde se determinan de manera colectiva los principios que rigen la vida en común. Más bien, representa la arena de debate en donde caben múltiples miradas que contraponen la supremacía de poderes particulares sobre dichos principios y vida común. En un instrumento como el POT caben todas las dimensiones de la vida urbana (y regional), como la dotación de servicios urbanos, el cómo se consolidan las funciones económicas, sociales y culturales, y no menos importante, de su estructura ecológica y biofísica, de su uso y apropiación como parte del espacio público. La ciudad no solo es espacio contenedor de la vida urbana, es ésta misma y las prácticas de sus habitantes las que producen ciudad y paisaje urbano. El planear el crecimiento de la ciudad teniendo en cuenta la administración del espacio público y su relación por ende con la naturaleza urbana, es un asunto importante. En las siguientes líneas nos concentramos en elaborar mejor este vínculo.

 

Crecimiento de la ciudad: ¿un destino manifiesto?

 

El diagnóstico general para la revisión ordinaria del POT de Bogotá parte de la premisa según la cual la ciudad ha crecido en forma consistente, continuará creciendo hasta estabilizarse en 2050, por razones que no se explican en el documento:

 

“Cada año contamos con alrededor de 100.000 nuevos habitantes (1,14 millones entre 2005 y 2016), razón por la cual también hemos crecido económicamente (más de un 3,5% anual) sin dejar de generar la tercera parte de los recursos con que cuenta el país para su desarrollo” (Documento Diagnóstico, p. 8).

 

Si bien es notable el crecimiento demográfico y económico de la ciudad, es poco acertado afirmar que estos dos fenómenos tienen una relación causal o que son directamente interdependientes. No todo crecimiento demográfico implica crecimiento económico, ni todo crecimiento económico implica un aumento de la población. Abordar solo este punto merecería todo un artículo al respecto. Lo interesante aquí es que esa imprecisión sustenta la pregunta central del ejercicio de diagnóstico, y seguramente, del POT:

 

“¿Cómo sostener este crecimiento y a la vez mejorar la distribución interna de nuestra riqueza, disminuyendo los grandes desequilibrios sociales y económicos que caracterizan a nuestro territorio?” (Documento diagnóstico, p. 9).

 

Es decir, cómo continuar con las tendencias del crecimiento existentes, disminuyendo los costos de esa elección. Esta formulación implica una concepción del crecimiento como un destino manifiesto de la ciudad.

 

Otra convicción que sustenta el documento diagnóstico es que la urbanización es un proceso inevitable que, también inevitablemente destruye la naturaleza a su paso. Si no expandimos la ciudad, ella lo hará por sí misma. De esta manera, si el crecimiento y la urbanización son destinos finales e ineludibles, la única alternativa propuesta es no perder tiempo cuestionando por qué o para qué crecer, sino usar todas las posibilidades de la técnica y la tecnología para crecer de forma “racional”. Entendiendo la racionalidad como única e incuestionable, acá emergería lo que algunos llaman la interfaz ciencia-política-sociedad, relacionada a la premisa de la planeación como algo técnico y no político. Si bien este asunto merece también otro análisis en profundidad, lo que podemos decir es que la racionalidad a la que se apela tanto desde lo técnico o lo científico, precisamente termina por evitar preguntarse por qué o para qué crecer.

 

Por tanto, la directriz es “crecer sí, pero no así”. Crecer con orden para mejorar la calidad de vida de los bogotanos y hacerlos felices (término del Plan de Desarrollo 2016). La alternativa propuesta por la administración es construir ciudad con “naturaleza planeada”, corredores verdes y espacios públicos de acuerdo a los parámetros del diseño urbano. Ese es el modelo de pensamiento que fundamenta la lectura de la Administración sobre la ciudad y que sustenta los proyectos urbanos que se propone. Este es el caso concreto del Plan Zonal del Norte Lagos de Torca, y de la mencionada, pero hasta ahora no presentada formalmente, propuesta Ciudad Norte, sobre los terrenos de la Reserva Thomas van der Hammen.

 

Contrario al planteamiento del texto diagnóstico del POT, creemos que las pregunta sobre por qué y para qué crecer, son tan pertinentes como las preguntas por el cómo, y sobre todo, ¿para quién crecer? ¿Quiénes han sido y seguirán siendo los más beneficiados con los proyecto de expansión de la ciudad? El debate no puede perder de vista que estos proyectos constituyen un terreno fértil para la especulación inmobiliaria. Al respecto, nos dicen que ninguna administración hasta ahora, ha podido evitar los incrementos especulativos sobre los precios del suelo, ni siquiera las de corte “populista” (Documento Diagnóstico, p. 32). Asumen entonces que esta especulación es inevitable, otro destino manifiesto basado en la escasez del suelo urbano en la ciudad. Lo que no nos cuentan es que la escasez como concepto socialmente creado, es una realidad debatible. El punto es precisamente ¿cómo, quién y para qué se mide la escasez?

 

En la defensa unilateral de la expansión de la ciudad sobre el norte, la Administración no asume un verdadero ejercicio de planeación, de gestión y lo más difícil: de regulación, pues es más fácil fomentar las tendencias ya iniciadas y dejar que el mercado dicte los caminos. Así mismo entiende el tratamiento de la gestión de riesgos asociados al cambio climático. Si bien identifica áreas de riesgos diferenciados, sustentadas por estudios del Ideam, la postura frente a este tipo de fenómenos es la de “mitigar” con tecnología o “soluciones duras” eventos puntuales como inundaciones y deslizamientos, más asociados a la variabilidad climática que al cambio climático. Nada de adaptación o soluciones que algunos expertos llaman “basadas en naturaleza”. Se trata de un tipo de planeación que como medicina atiende los síntomas de la enfermedad, pero no previene sus causas, a pesar de conocerlas.

 

Estructura ecológica como espacio público

 

Según lo expresado en el documento diagnóstico del POT, la Estructura Ecológica Principal (EEP) es resultado de un enfoque proteccionista de la planeación en Bogotá y en Colombia, que trata a los elementos ambientales como objetos de protección pasiva que solo benefician “a los habitantes de sus entornos inmediatos y a un limitado número de especialistas y observadores de especies” (Documento Diagnóstico, p. 62). Aunque reconocen que el enfoque proteccionista “ha permitido conservar una parte de las dinámicas ecológicas originales del territorio” (Documento Diagnóstico, p. 59), consideran que no se ha acompañado de la ejecución de proyectos efectivos para la “restauración” y “renaturalización” y que estos espacios, por no hacer parte de la red de espacios públicos están subutilizados.

 

Estos planteamientos resultan problemáticos por diversas razones. En primer lugar porque otorgar a los elementos de la EEP el mismo carácter que a otros espacios públicos, como por ejemplo parques metropolitanos o zonales, es desconocer las complejidades ecológicas del territorio. Algunos de estos elementos, como por ejemplo los humedales, no pueden ser convertidos en áreas de recreación activa o soportar infraestructuras como canchas de fútbol sintéticas y ciclo rutas.

 

En segundo lugar, el concepto de EEP, no está referido a conservar las dinámicas ecológicas originales del territorio, pues como bien lo reconocen en el texto, estas son dinámicas y corresponden más bien a una unidad socio-natural, ya que no hay un estado original per se. Se trata más bien, de comprender cuáles son las relaciones entre los elementos ecológicos que han permitido la existencia de la ciudad y que favorecen su sostenibilidad, para orientar la planeación de modo que se conserven tanto la ciudad, como los elementos de la estructura ecológica, pues están íntimamente relacionadas entre sí.

 

En tercer lugar, el diseño urbano no asegura la apropiación de los espacios públicos. Las personas no sienten un espacio como propio solo por encontrarlo agradable estéticamente o porque una valla oficial les diga: ¡este espacio es tuyo! La apropiación se construye desde las comunidades y con las comunidades, en el conocimiento y la comprensión de las relaciones con el entorno. Ejemplos claros de apropiación son el humedal de La Conejera y la quebrada La Salitrosa, elementos fundamentales de la EEP que se conectan con los Cerros Orientales y el río Bogotá, a través de la Reserva van der Hammen. Las comunidades además de contar con recreación pasiva, realizan actividades de educación ambiental y mantenimiento comunitario de los elementos naturales.

 

Comentario final

 

Las discusiones alrededor de la planeación urbana y de sus implicaciones ambientales, no se reducen a quién tiene la razón absoluta, sino de identificar quién decide, quién gana y quién pierde con cada decisión. En un marco de urbanización capitalista, que no solo reproduce desigualdades sociales, sino serias afectaciones a la ecología urbana y a la sostenibilidad regional, muchos de los argumentos que esgrime la actual Administración se justifican en una supuesta inevitabilidad del crecimiento de la ciudad, que resulta bastante útil para la especulación rentista de los intereses inmobiliarios. Mover una serie de proyectos y capitales para sostener este tipo de urbanización, a través del POT, suprime un legítimo sentido público de la planeación territorial. Y este no es un asunto menor, sino que tiene que ver con el presente y futuro para millones de bogotanxs.

 

* Ecólogo, con maestría en Geografía y estudiante de doctorado en Política Ambiental en el Departamento de estudios Geográficos e Históricos de la Universidad Eastern Finland, en Joensuu, Finlandia. Ha trabajado con entidades en instituciones distritales y nacionales.
** Antropóloga, con maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional y estudiante de doctorado en Planeación Urbana y Regional en el Instituto de Investigación y Planeación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ha investigado los procesos de urbanización del municipio de Chía y trabajado en consultorías para Planes de Ordenamiento Territorial.

 


 

Recuadro


La ciudad como unidad socio natural, una aclaración necesaria

 

Partamos de que no hay nada equivalente a una naturaleza “intocada”. El concepto de naturaleza es ambivalente, ya que depende de quién y para qué se evoca. Tomemos el caso de los humedales de Bogotá. Su forma y paisaje actual son un producto socio-ecológico de cómo la ciudad y las relaciones de poder entre diferentes sectores de la sociedad bogotana se han relacionado con estos lugares, por ejemplo, a través de movilizaciones sociales para su defensa y la consecución de políticas concretas en su reconocimiento y manejo. Por tanto, es un ejercicio riesgoso esencializar a la naturaleza, ya que precisamente en las ciudades y entornos urbanizados es donde nuestra relación con ella es más explícita.

 

La ecología política urbana ha planteado que la ciudad no destruye la naturaleza, sino que más bien la transforma, es naturaleza urbanizada. Como en el caso de los humedales. Pero este planteamiento en ningún momento debe entenderse como una justificación para arrasar con los ecosistemas y soporte biofísico de la ciudad, o construir grandes proyectos urbanos sobre los mismos.

 

Lo que entiende la ecología política urbana por unidad socio natural es para qué y para quiénes es la ciudad y su naturaleza. Asimismo, la urbanización no solo se limita a la ciudad, sino que es el proceso de transformación de la naturaleza para materializar ésta última y su paisaje. Dicho proceso va más allá de límites físicos y administrativos, tal es el caso de la huella que la ciudad tiene en su área de influencia regional (e incluso más allá). Esto sin contar las desigualdades sociales que muchas veces acarrea este proceso que permiten sustentar a la ciudad, por ejemplo, a través del abastecimiento de agua, energía y alimentos.

 

Estos planteamientos han sido frecuentemente mal interpretados y usados de manera irresponsable por parte algunos expertos, entre ellos algunos biólogos y ecólogos. Para ellos, si la naturaleza es socialmente construida y es transformada por el proceso de la urbanización, entonces puede adaptarse a nuestras necesidades, aun cuando lo que concebimos como necesario tenga implicaciones que no se pueden prever con exactitud. Este tipo de discursos han justificado desviación de cursos de ríos, la tala de arbolado urbano, construcciones en áreas inundables, realinderamiento de áreas protegidas, entre muchos otros. Lo que no dicen algunos de estos expertos es que todas las transformaciones del territorio, por más planeadas y técnicamente controladas que sean, tienen impacto tanto en la vida de sus habitantes, como en el ambiente; así como todas las transformaciones ambientales tienen impactos en la ciudad y en la vida de sus habitantes, pues ciudad y naturaleza son una unidad.

Publicado enEdición Nº239
Sábado, 02 Septiembre 2017 10:15

La disputa por Bogotá

La disputa por Bogotá

La posible citación en los próximos meses a quienes habitan Bogotá para que decidan sobre la continuidad o destitución de Enrique Peñalosa como alcalde, recuerda que en esta ciudad está en disputa la forma de habitarla, construirla y apropiarla. En este artículo un acercamiento a tal realidad a través de repasar algunos escenarios que resaltan la importancia de esta urbe para el país y las dinámicas que la agitan.

 

Su día a día. Lo sucedido en el Bronx, el incremento en las tarifas de Transmilenio, la persecución a los vendedores ambulantes, las intenciones sobre la reserva Van Der Hammen, el tema del metro, y la venta de la ETB, son parte de las cuestiones más relevantes que durante los últimos meses han marcado la pauta en los medios de comunicación, las calles, los cafés, los hogares y cada uno de los escenarios que constituyen la vida en la urbe capitalina.

 

Podríamos decir que todas estas controversias, más allá de su impacto mediático, expresan algo más profundo: una disputa sobre el modelo de ciudad, su rumbo y su que hacer, que asume nuevos elementos y matices, pero que vale la pena no dejar pasar por alto.

 

Dinámicas de Bogotá

 

Bogotá es una urbe que cada día se posiciona más en el concierto internacional como una ciudad cosmopolita vinculada a una economía global y unas dinámicas internacionales, muestra de ello es la presencia de fuertes capitales internacionales (financieros, inmobiliarios, entre otros), clúster de emprendimientos y negocios, aumento de la movilización de carga y pasajeros a nivel internacional, localización de hubs de servicios, aumento del turismo internacional y de la localización de multinacionales asociadas, venta de servicios de educación superior y de salud especializados, las TICs –en particular las telecomunicaciones–, entre otros negocios que ganan posicionamiento y prosperidad en la ciudad.

 

Junto a esta dinámica de posicionamiento del capital internacional se encuentra el fortalecimiento de los capitales nacionales, también presentes en ella, basados en la capacidad de consumo que presenta esta aglomeración urbana de más de 8.110.595 (SDP, 2017), a los que se suman cerca de 1.500.000 habitantes en los 19 municipios localizados en su entorno inmediato y con los cuales funcionalmente constituyen un área metropolitana.

 

En Bogotá se genera y concentra de más del 25 por ciento del PIB de Colombia. Un territorio con la población suficiente para poder encarar cualquier actividad productiva que aquí se localice, con la infraestructura y los recursos dispuestos para el desarrollo del capital en todas sus manifestaciones.

 

Esta dinámica, prioritariamente económica, se territorializa en la ciudad y se acomoda a los intereses del mercado, de ahí que esta urbe se encuentre en constante proceso de ajuste y construcción, ya que las nuevas demandas exigen nuevos escenarios en condiciones específicas; así el territorio se dispone en función de los intereses del mercado.

 

Sin embargo, este vertiginoso crecimiento no llega en sus beneficios a todos los que aquí habitan, ni en términos de mejoras de sus territorios ni en términos de recursos económicos que les permitan acceder al consumo de un mayor número de bienes y servicios, reafirmándose con ello dos dinámicas: por una parte, una ciudad en la que cada día resulta más difícil habitar, producto de los costos de localización que ello implica y, de otra, la expulsión de la población del territorio a través de las dinámicas de especulación y despojo que impone el mercado.

 

Dinámicas políticas y escenarios de participación

 

También hay que reconocer que la ciudad ha cambiado políticamente desde el proceso de elección de alcaldes a fines de los años 80, la elección de las JAL a inicios de los años 90 junto con el nombramiento de los alcaldes locales, sumado al mal llamado proceso de descentralización de la ciudad en 20 localidades. De igual manera, la puesta en marcha de la Constitución Política de 1991 mutó las dinámicas políticas así como los procesos y prácticas de la participación.

 

Por un lado, pasamos de contar con dos partidos políticos claramente caracterizados (liberal y conservador) y hegemónicos a lo largo de más de 100 años, a una diáspora de partidos derivados de estos que se plantean ambivalentes, con discursos ambiguos pero con las mismas prácticas políticas tradicionales. Por su parte, la izquierda no logra consolidar una propuesta unitaria y a semejanza de los partidos tradicionales, se encuentra fragmentada y dispersa.

 

Ciudad en disputa, donde el principal botín es la alcaldía, tanto por su cuota burocrática como por los espacios, mecanismos y caudales de que dispone para hacer negocios de todo tipo, turbios o limpios, eficientes o precarios. Solo baste mencionar el negocio del manejo de las basuras y del botadero de Doña Juana, donde nada vale hablar de programas de reciclaje, uso eficiente de energías, generación de riqueza y valor a partir de los desechos cuando todo se entierra.

 

Por otra parte, los procesos de participación en la ciudad también han mutado, quizás lo más visible es la pérdida de protagonismo por parte de las JAC ante el establecimiento de las JAL. Pero también la ciudad ha crecido, expandido y, en buena medida, consolidado. Ya las demandas y aspiraciones de la población no están relacionadas exclusivamente con el acceso a servicios públicos domiciliarios y transporte, ya el problema mayor no es de cobertura sino de calidad y de tarifas. Realidad que ha conllevado la aparición de múltiples formas de organización en torno a múltiples intereses que antes no eran tan visibles y evidentes, procesos que hoy están presentes en la ciudad en todas sus localidades. Procesos barriales, zonales, locales, territoriales, sectoriales, entre otros.

 

Todo esto muestra la capacidad de los habitantes de esta urbe por construir sus propias apuestas, por adelantar dinámicas no institucionalizadas, por exigir el reconocimiento de derechos que aunque consagrados no se materializan, por exigir la efetiva concreción de las políticas públicas, fenómeno que expresa un claro conflicto entre prácticas políticas tradicionales y procesos de participación en los que el cómo, para quién, y con quién se gobierna esta ciudad se torna en punto central de la disputa.

 

Modelo de desarrollo y modelo de ordenamiento

 

Colombia, como ya se ha señalado en múltiples ocasiones, es un país que está determinado por el modelo de desarrollo asociado al modo de producción capitalista, y con éste su etapa más desarrollada, el neoliberalismo**, modelo que se refleja en todos los ámbitos de la vida de la ciudad, tanto los públicos como los privados, generando a su vez una visión territorial que se construye a través de los Planes de Desarrollo y los Planes de Ordenamiento Territorial –POT–, especializando un modo de producción que basa todo su crecimiento y progreso en las fuerzas del mercado.

 

Este modelo ha efectuado la transferencia de la responsabilidad pública al sector privado en materia de servicios públicos (privatización de las empresas de electricidad, telefonía, gas natural, aseo y transporte), en materia de servicios sociales (imposición de un modelo de privatización de la salud y la educación), la reducción de los salarios y la pérdida del poder adquisitivo, todo lo cual ha impactado de mala manera a quienes la habitan, como al conjunto del territorio que pueblan.

 

Dentro de esa perspectiva, el problema del modelo no se centra en resolverle la problemática ni las necesidades al conjunto de la población, sino en disponer de los recursos que están en ese territorio, indistintamente de que todos puedan ser beneficiados o no. Por lo tanto, el modelo no está planteado como una alternativa para resolver las lógicas de segregación y exclusión de la ciudad, no, está pensado como un mecanismo que permita una mirada y una perspectiva desde un sector de la sociedad –el dominante– que concibe el territorio frente a unos fines específicos –de lucro–.

 

Este modelo de ciudad basa su configuración sobre cuatro elementos de análisis: el territorio, la población, la política y el mercado. El territorio, como escenario donde se expresan la segregación socio-espacial, la expulsión de población de los territorios mejorados y la especialización y usos del suelo urbano de manera rentística frente al mercado. La población, sujeta a la satisfacción de sus necesidades, la resolución de la pobreza y la miseria, el acceso a condiciones de calidad de vida y de participación en el juego de la democracia. La política, como reguladora de las relaciones entre lo público y lo privado, como determinante de la construcción social del territorio, así como la construcción y orientación del modelo de desarrollo. Y el mercado, entendido como la base fundamental del modelo de desarrollo, su materialización como modelo de ciudad y como determinante de lo público.

 

Por ello, lo que hoy está en disputa son dos formas de entender la construcción y apropiación de la ciudad. Una, al servicio del capital y del conjunto de demandas del mercado en cabeza de las clases dirigentes asociadas en los partidos políticos tradicionales y que hoy presentan como figura visible al señor Enrique Peñalosa, voz de los poderosos y sus intereses.

 

Pero, por otra parte, en Bogotá se están configurando propuestas que conciben la ciudad para sus habitantes, garantizando su acceso a bienes y servicios para el conjunto de sus pobladores, incluyendo los más necesitados. Una ciudad incluyente, no solo en el discurso sino en la práctica. Una ciudad que valore la participación y la considere incidente y decisiva. Una ciudad donde el territorio se respeta y se defiende, donde los recursos naturales se valoran y el agua se considera un bien común, una ciudad que se debe ordenar en función de las necesidades mayoritarias y no de los intereses particulares. En fin, una ciudad que se piensa colectivamente, cuestión que no se reconoce, no se valora y se descalifica.

 

Esta disputa contiene hoy un ingrediente importante, la convocatoria a un proceso de revocatoria del mandato de su alcalde, no por ser Enrique Peñalosa, sino porque lo que está en disputa son el modelo de desarrollo y el modelo de ordenamiento para todos los que vivimos en esta ciudad.

 

¿Hacia dónde avanzar?

 

En el sentido anterior, es necesario definir los puntos centrales que se espera sean incluidos en la configuración de un modelo de ciudad incluyente. Una propuesta donde el derecho a la ciudad y el territorio se constituyan en la bandera reivindicativa en la disputa por la Bogotá. Debemos profundizar el reconocimiento del derecho a la ciudad y el territorio con base en la Carta por el Derecho a la Ciudad: caso Bogotá, como un elemento articulador de las reivindicaciones colectivas, de manera que se reconozcan nuestras particularidades, que se privilegien los bienes comunes y se fortalezca el sentido de lo colectivo. Esta disputa deberá ser, a su vez, la base de la construcción de la paz territorial, en este caso no sólo para Bogotá sino para todas las ciudades colombianas.

 

Se trata, entonces, de poner en práctica el derecho a la ciudad, un derecho que garantice el ejercicio pleno de la ciudadanía y la realización de todos los derechos como lo señaló la Asamblea Mundial de Pobladores celebrada en México en 2000 (HIC-AL, 2008). Es decir, hablamos de un nuevo proyecto de ciudad en el que su base sean los derechos humanos, individuales, colectivos y de tercera generación. Derechos que permitan el pleno ejercicio de sus habitantes a ser parte de la ciudad. Una ciudad dispuesta al servicio de las mayorías.

 

Bogotá, 12 de agosto de 2017

 

* Arquitecto, Magíster y Doctor en Urbanismo. Doctor en Arquitectura y Ciudad. Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia. Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Investigador Senior (IS). Líder del Grupo de Investigación «Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad». Dirección Carrera 30 No. 45-03. Edificio Sindu. Oficina 106. Bogotá. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
** La ciudad de Bogotá es el referente del avance del modelo en el país.

Publicado enEdición Nº238
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