La geoquímica Hope Jahren Mariano García/@iloveshoot

La autora del libro 'El afán sin límite' sostiene que  "todas las necesidades y el sufrimiento del mundo surgen de nuestra incapacidad de compartir, no de la incapacidad de la Tierra para producir"; y advierte de que el consumo desbocado del 10% de la población "ha influido en la expansión de la COVID-19"

 

Hope Jahren (Austin, EEUU, 1969) publicó la primera edición en inglés de El afán sin límite: Cómo hemos llegado al cambio climático y qué hacer a partir de ahí (Paidós) el 3 de marzo de 2020, es decir, cuando gran parte del mundo empezaba a estar afectada por la pandemia de coronavirus a la que se está todavía enfrentando. Precisamente este libro, al igual que la mayoría del trabajo académico de esta científica, tiene que ver con las condiciones que han llevado a nuestro planeta a ser un lugar amenazado por peligros como el virus que tiene en jaque a gran parte de la humanidad en estos momentos.

"La COVID-19 tiene un componente que está estrechamente ligado al consumo y a los patrones de consumo de los que hablo en mi libro. Por ejemplo, hace un año, antes de la crisis, el número de aviones que despegaban a diario en todo el mundo era el doble que diez años antes. Diez años es un periodo muy corto para un crecimiento tan increíblemente rápido. La COVID-19 emergió como muchas enfermedades infecciosas en el pasado. Pero la posibilidad de viajar de Wuhan a Milán, de Milán a Nueva York, después Seúl y Tokio en un plazo de diez días, ni siquiera existía hace diez años", explica Jahren, una de las cien personas más influyentes del mundo según la revista Time, en una entrevista con elDiario.es por videoconferencia desde Noruega. Es donde reside desde que comenzó a trabajar en el Centro para la Evolución de la Tierra y la Dinámica de la Universidad de Oslo en septiembre de 2016.

La geoquímica declara que "el aumento y el cambio en el patrón de consumo en todo el mundo ha alterado drásticamente la evolución de la COVID-19" y esta modificación ha otorgado menos tiempo para poder preparar determinadas regiones del mundo antes de que la pandemia llegase a sus puertas. "Esto es un ejemplo de cómo el patrón de consumo que lleva al cambio climático tiene un efecto directo en en catástrofes naturales o sanitarias que puedan surgir", remarca. Rechaza responder si además de en la expansión, piensa que los hábitos alimentarios o sanitarios pueden haber incidido en el paso del virus de los animales a las personas: "No soy una experta en ese asunto", zanja.

Para hablar de consumo ha investigado sobre los patrones concretos que han surgido y han variado durante sus cinco décadas de existencia. Jahren ha catalogado y cruzado los datos que reflejan el aumento de la población, la intensificación de la agricultura y lo mucho que ha aumentado el consumo energético en este periodo.

Cree que "solo después de ver dónde estamos podemos preguntarnos oportunamente si es aquí donde queremos estar". Y en concreto, el lugar donde nos sitúa es tan irracional como que "el colosal consumo de alimentos y combustibles por parte de solo el 10% de la población está amenazando seriamente la capacidad de la Tierra de producir los productos básicos que el otro 90% necesita para vivir". Un problema que la autora define como el "más complejo y exclusivo de nuestra generación".

El doble de personas, el triple de producción y consumo

En cuanto al análisis de los datos que han formado parte de la investigación de la geoquímica, hay uno que considera especialmente relevante. "La población se ha duplicado en los últimos 50 años, hay el doble de personas en el planeta, pero la producción de cereales y de carne se ha triplicado, la producción de azúcar se ha triplicado, el consumo de combustibles fósiles se ha triplicado y el consumo eléctrico se ha cuadruplicado. Entonces, la gente por lo general sabe que ha habido un cambio demográfico, pero lo que no sabe es que la cantidad de servicios, bienes, alimentos, energía que consumimos, las cosas que compramos y vendemos, han crecido mucho más de lo que ha aumentado la población. Mientras yo reunía todos estos datos, lo que más me impresionó fue que se repetía constantemente este patrón de que ha aumentado la población, pero lo que consumimos, lo que gastamos, lo que necesitamos, ha aumentado muchísimo más", explica.

Los fenómenos migratorios no escapan a esta dinámica. "Las ciudades del mundo seguirán creciendo; en todos los continentes habitados, la gente está migrando de las zonas rurales a las ciudades. Incluso en lugares como Europa y Norteamérica, donde más del 80% de la población ya vive en las ciudades, la gente sigue migrando para alejarse del campo". Una de las consecuencias de la despoblación de las áreas rurales, paralela al crecimiento de la población, es que "hará falta más de todo en general, en particular en lo que se refiere al suministro de alimentos. Lo que nos obliga a preguntarnos: cuando todo el mundo se haya mudado a las ciudades ¿quién quedará para encargarse de las granjas? La respuesta es que casi nadie".

Jahren calcula que en el año 2100 podría haber 10.000 millones de personas en el planeta, pero no tiene claro hasta qué cifra puede el planeta aguantar un crecimiento exponencial como el que se está viviendo en las últimas décadas. "No sé si realmente tenemos la respuesta a esa pregunta", reconoce. "Las necesidades básicas en la vida son la vivienda, la alimentación, el agua. Creo que la verdadera pregunta es: ¿cuánta gente sobre la tierra puede vivir bien, con todas sus necesidades físicas colmadas y posibilidades de tener una buena salud?". En lo que no tiene dudas es en que el reparto de los recursos es la clave. "A día de hoy, incluso siendo más de 7.000 millones de habitantes en la Tierra, con la producción actual podríamos alimentar a todos los habitantes. E incluso más", zanja.

De hecho, Jahren sostiene que "hemos creado un tipo de agricultura que genera más comida de la que necesitamos. Producimos tres veces más que hace unas décadas, pero hay gente que consume diez veces más de lo que hacía hace 50 años. Increíblemente, tenemos que aprender a producir menos comida, no más", nos asegura. Una vez más, la clave está en la distribución: "Algunos tienen que consumir menos, pero hay otras partes del planeta en las que se necesita consumir más. Y sin duda tenemos suficiente producción", remarca.

Lo tiramos todo a la basura

Uno de los capítulos de El afán sin límite está dedicado al desperdicio de comida. "Francamente, no sé si el hecho de que la magnitud del desperdicio global equivalga en muchos sentidos a la necesidad global me deprime o me da esperanzas", admite Jahren. Por ejemplo, la cantidad total de cereales que se tira es similar al abastecimiento anual de cereales disponible en La India, y la cantidad de fruta y verdura que se pierde todos los años supera el abastecimiento anual de estos alimentos en todo el continente africano.

"Cuanto más comemos, más desperdiciamos: en 1970, cada estadounidense desperdiciaba una tercera parte de medio kilo de comida a diario, de media. Hoy, la cifra ha ascendido a dos tercios. El 20% de lo que las familias estadounidenses mandan al vertedero a diario es, o era hasta hace muy poco, comida que se podría consumir perfectamente". A estas costumbres se añaden situaciones como los vegetales que se rechazan por ser demasiado grandes o demasiado pequeños, los cereales que desbordan las cintas transportadoras, la leche que se estropea en los camiones o la fruta expuesta que se pudre.

Una realidad que define como "una gran tragedia", ya que todos los días mil millones de personas pasan hambre, mientras otros mil millones echan a perder deliberadamente suficiente comida para alimentar a los primeros. "Vivimos en un momento en el que podemos comprar unas zapatillas de un almacén que está en la otra punta del planeta y recibirlas en nuestro domicilio en menos de 24 horas; que nadie me diga que la redistribución global de alimentos es inviable", señala.

Y añade otro ejemplo para concluir que "todas las necesidades y todo el sufrimiento del mundo surgen de nuestra incapacidad de compartir, no de la incapacidad de la Tierra para producir": si todo el combustible y toda la electricidad que se emplean en la actualidad se redistribuyeran de forma equitativa entre los más de 7.000 millones de habitantes del planeta, el consumo energético de cada persona equivaldría al consumo medio de un suizo en los años setenta.

El consumo de agua es otro de los temas que la científica analiza en su investigación, que señala que a nivel global ya se están viendo consecuencias negativas del mal uso y desperdicio de agua. "No estoy muy informada sobre cuál es el caso de España, pero sí puedo decir que en California, por ejemplo, se ha extraído tanta agua subterránea que se han registrado terremotos porque la tierra se ha desplazado para cubrir lo que ahora es un hueco y que antes estaba lleno de agua. Realmente es una cuestión muy, muy importante. Se está utilizando muchísima agua para regar campos de golf o para alimentar a ganado en la industria cárnica. Hay cosas que podríamos hacer. Hay áreas concretas desde las que se podría reducir el uso antes de quedarnos sin agua potable. Va a ser una cuestión muy importante para los próximos 100 años. Lo único que tendrá un impacto diferente según la región del mundo", explica.

La esperanza de Hope

A pesar de todos estos datos, Hope Jahren dice hacer honor a su nombre ("esperanza" en inglés) y prefiere mostrarse optimista sobre el futuro, sobre todo porque le parece más útil a la hora de revertir las tendencias más perversas. "Somos fuertes y somos afortunados. Nuestro planeta es el hogar de muchas personas que luchan por sobrevivir con demasiado poco. El hecho de pertenecer al grupo que dispone de alimento, refugio y agua limpia nos obliga a no perder la confianza en el mundo al que hemos puesto en peligro. El conocimiento es responsabilidad". Hace un llamamiento al 10% del mundo que utiliza la mayoría de sus recursos (nosotros) y le pregunta qué hará con la década adicional de vida que disfrutará en comparación con sus padres: "Debemos empezar a desintoxicarnos del consumo, ya que de lo contrario las cosas no mejorarán jamás", subraya.

A este respecto, los meses de pandemia y confinamientos le suscitan una reflexión que introduce en el prólogo de la edición española: "2020 nos ha enseñado que jamás debemos confiar en quien se diga capaz de predecir el futuro, pero lo más importante que he aprendido es que de todas las veces que conducimos y consumimos y nos reunimos y compramos y volamos y viajamos, muchas han resultado ser opcionales. Hemos pasado tres meses enteros sin recurrir constantemente a los hábitos que los últimos cincuenta años de consumo instauraron en nosotros y, en general, hemos sobrevivido".

Por eso el mensaje final es de optimismo, aunque reconoce que esta es "una cuestión muy personal", un rasgo de la personalidad y de su lugar en el mundo. "Creo que soy una persona que tiene esperanza porque soy profesora. Me dedico a compartir información con otras personas y veo cómo esas personas al recibir esa información crecen, evolucionan, toman nuevas decisiones, mejores decisiones y se convierten en personas nuevas", se entusiasma. Y destaca que en su libro no solamente señala las cosas malas que han pasado en los últimos cincuenta años, sino también las cosas positivas. "Hemos ganado en salud, estamos más interconectados. Creo que cada generación tiene una lucha y la lucha que nos ha tocado a nosotros es el cambio climático. Pero no, no tengo un sentimiento de falta de esperanza. Creo que hay mucha gente muy inteligente a la que sí le importan estos problemas y que cuanto más averiguan y más saben, más les interesa. Creo que al fin y al cabo, esta lucha se trata del planeta en el que vivimos, pero también de la comida que ponemos en nuestros platos, de los parques por los que paseamos, los coches que conducimos y al fin y al cabo es una historia, es la historia de nuestras vidas. Se trata de nuestro propio planeta. Pero más aún, se trata de nuestra propia vida".

Por Marina Estévez Torreblanca

26 de septiembre de 2020 22:59h

@marinaestevezt

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Miércoles, 19 Agosto 2020 05:42

La geopolítica transgénica en Suramérica

La geopolítica transgénica en Suramérica

Un despliegue de discursos protransgénicos y contra regulaciones ambientales internacionales coinciden con la pandemia en la región. Desde el segundo trimestre operadores neoliberales pretenden expandir en Suramérica el campo, infinito y letal, de organismos genéticamente modificados (OGM) en agricultura. Que en solo 25 años, entre Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, ya se cultivan en 94 millones de hectáreas en ecosistemas atlánticos, el Gran Chaco y la Amazonía. Para las que se utilizan más de 1.500 millones de toneladas de agrotóxicos por año. Todo el subcontinente regado y alimentado con herbicidas de unos cuantos laboratorios, altamente dañinos para la salud humana y de toda forma de vida, como consta en sentencias judiciales emblemáticas y cientos de estudios [1].

En mayo, el golpista Gobierno transitorio de Bolivia autorizó al Comité Nacional de Bioseguridad (CNB), formado recién en 2019 e integrado por ningún especialista en genética, establecer procesos abreviados de evaluación del uso de cuatro semillas modificadas (maíz, caña de azúcar, algodón y trigo). En la gestión de Evo Morales se introdujo al país la soya transgénica para fabricación de biocombustible, que el Estado iría a comprar. Ahora la clase empresarial quiere diversificarse hacia los transgénicos para alimentación humana y ampliar la producción soyera para vender biodiésel, sobrevalorado, a la administración de Jeanine Áñez. Es la trama lumpen capitalista de ocasión. El sistema y su condición natural detrás de estas plantaciones y la ganadería industrial que causan la deforestación anual de 350 mil hectáreas de bosques en Bolivia, de acuerdo a estimaciones de la fundación Friedich Ebert Stiftung.

El territorio boliviano es parte de un megapoderoso corredor internacional de soya transgénica que triplica en tamaño a Alemania. Suramérica es un laboratorio para los patrones del planeta: después de Estados Unidos, Brasil y Argentina son los dos países con más sembríos de OGM.

A la vez, el Ministerio de Agricultura del Perú presentó, a un año del fin de la moratoria de una década al ingreso de transgénicos para cultivos o crianza ganadera, el proyecto de Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados para el Sector Agrario (RISBA). La propuesta, sobre el papel, consiste en“recoger las opiniones de entidades públicas y privadas”, a fin de eventuales desarrollos y pruebas de OGM en el ámbito agrícola.

Recordemos que la moratoria fue la respuesta a los intereses de multinacionales y la banda de terratenientes y turbas políticas peruanas que, a la batuta de Alan García, forcejearon el ingreso de transgénicos al Perú en 2011. Porque no había -ni habrá- estudios reales que respalden la inocuidad de los agrotóxicos. Los mismos capataces piden más cultivos transgénicos en el vecino del Altiplano, que ya cuenta 1 millón 700 mil hectáreas de estos y el 62% de tierras productivas concentrado en el 16% de propietarios [2].

En el caso peruano, ¿de dónde llegarán los “aportes” a sistematizar por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)? ¿Serán públicas las fuentes y sus intereses? ¿Opinión de qué puede emitir el Comité Sin Expertos de Bolivia? El ADN del capitalismo en la ciencia manda sobre las oficinas técnicas estatales a cargo de los marcos legales y de acción de la biotecnología. En Suramérica, al servicio de los mayores poderes mundiales: más del 80% de poroto de soya de Argentina y Brasil es vendido a China, por citar un ejemplo.

“Caso testigo es la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) de Argentina, creada en 1991. Su integración fue secreta durante 26 años, hasta 2017, cuando la nómina fue filtrada por la prensa. De 34 integrantes, 26 pertenecían a las empresas o tenían conflictos de intereses. Martín Lema, director nacional de Biotecnología desde 2011 y máxima autoridad de la Conabia, es autor de papers científicos firmados por las mismas empresas a las que debería controlar: Bayer-Monsanto, Syngenta, Basf y Dow Agroscience. El organismo responsable de liberar semillas de soja, maíz, algodón, papa y caña de azúcar no cuenta con ningún científico crítico a los transgénicos. Tampoco permite la participación de entidades de la sociedad civil. Desde 1996, la Conabia aprobó 61 transgénicos. Las empresas beneficiadas fueron las misma que dominan la Conabia y publicitan que los transgénicos son seguros”, indica el estudio Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur (Acción por la Biodiversidad, 2020), realizado por especialistas en ciencia de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

El cuento sin bandera de la soberanía

El ocultamiento de información y su sustento con estudios científicos a sueldo, financiados por los mismos creadores de semillas transgénicas y químicos para su tratamiento, son las reglas de juego de un modelo neocolonial del agro.

“Hasta el momento de su aprobación comercial, no se habían realizado estudios -aparte de los entregados por la propia Monsanto- para evaluar la toxicidad ni los efectos secundarios de los transgénicos. Los expedientes de aprobación son confidenciales en todos los países: ni organizaciones de la sociedad civil, ni especialistas en ciencia independientes, ni funcionarios pueden acceder”, resalta el informe.

Precisamente, el libre acceso de toda persona a información, participación y justicia en materia ambiental son los objetivos centrales del  Acuerdo de Escazú, firmado por el Perú en 2018 y a la espera de su ratificación en el Congreso desde hace un año. Once de los 22 países de América Latina y el Caribe que lo suscribieron deben ratificar -faltan dos- el tratado internacional para que entre en vigencia. En julio, también por azares, el sicariato político-económico de Lima lo puso en su mira.

A la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) del Perú le preocupa “la abdicación a nuestra soberanía sobre nuestro territorio nacional, la Amazonía, un tratado que genera inestabilidad jurídica en el país, afectando indudablemente a las inversiones y al propio desarrollo de las poblaciones”. Declaración de parte patronal contraria a la posición de la entonces ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Y en coro con la Cancillería y cinco cárteles políticos de centro y derecha en el Parlamento.

Como el gran capital no tiene patria, el peruano Grupo Romero, pilar de la Confiep alarmado por la soberanía en una orilla del lago Titicaca, posee una millonaria presencia en el mercado boliviano de transgénicos desde que en 2003 compró el 74% de acciones de Industrias de Aceite FINO. Y como tampoco tiene ley, es el primer terranetiente de la Amazonia peruana, monopolizando con 25 mil has. los cultivos de palma aceitera que arrasan bosques primarios.

El comunicado de estos oligarcas es literatura de caucheros. La sangría de la Amazonía y sus pueblos es la consecuencia de sus inversiones. Otro relato protransgénico, para las nuevas crónicas de las indias, es la negación de la concentración y acaparamiento de tierras por parte de las grandes inversiones extranjeras. Cuando la mayoría de territorios de América Latina ya está en manos de pocas multinacionales y transnacionales regionales, como la propietaria del Banco de Crédito del Perú. En Santa Cruz (Bolivia) el 2% de productores tiene el 70% de tierras. En Argentina el 1% de productores posee el 36% de tierras y al 55% de productores le queda el 2% de tierras. En Paraguay, el 3% de productores concentra el 85% de tierras y al 91% de productores le sobran el 6% de tierras.

Desligar la biotecnología del modelo latifundista privado de monocultivos y la amenaza a la biodiversidad es un acto reflejo de colonialismo cultural, de derecha o izquierda. El lobby científico corporativo tiene sus encomenderos en filas liberales, de centro, progresistas. En Argentina colocó de ministro de Relaciones Exteriores a Felipe Solá, quien fuera secretario de Agricultura cuando, en 1996, el país se convirtió en el primero de la región en permitir el ingreso de cultivos transgénicos a punta de informes de Monsanto ni siquiera traducidos. El estanciero firmó en pandemia millonarios contratos de producción industrial porcina.

Y están los que dudan de los efectos de agroquímicos o incluso lo niegan. Un cabildo donde brillan académicos, políticos, empresarios, periodistas; hombres blancos de ciudad. Supremacismo, aunque sea de izquierda, extrapolando una idea de la activista y escritora gitana española Pastora Filigrana. No les importa si en Argentina dos tercios de personas con cáncer viven en regiones agrícolas transgénicas bañadas en glifosato, como Entre Ríos, donde el 40% de muertes es por tumores malignos [3]. Que el Ministerio de Salud de ese país advirtió desde 2012 que en poblaciones expuestas a agroquímicos hay 30% más casos de cáncer. Son catedráticos, líderes de opinión, hasta gobiernan. Demócratas o librepensadores panzudos, limeños, santacrucinos o bonaerenses, que recurren al hambre mundial [4] y eructan un abecé de beneficios de la ciencia genética para la humanidad por todo argumento.

No da para más la inteligencia criolla colonizada, la de la gran prensa de la región concentrada y sus referentes; la de su dirigencia financiera y política. Son productos descartables de un orden mundial de factura neoliberal. Piezas del ecocida esquema de transgénicos y agrotóxicos impuesto, en masa y en inglés [5], a Suramérica sin aguardar evidencias de campo [6]. Un modelo potencialmente enriquecedor en nuevos virus y probadamente efectivo en profundizar la desigualdad. Una comunidad científica independiente, autónoma y del lado de los pueblos, aliada a la sociedad civil y canales de información libre, tiene el deber de contribuir a la reparación de la Tierra, las mujeres campesinas que alimentan al planeta, los despojos, las contaminaciones. De garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Los empresarios financistas de la Ciencia y funcionaros públicos, mientras no cambie de raíz la configuración de los Estados capitalistas modernos –o su existencia-, no lo harán. No nos quedará otro cuarto de siglo.

 

Por Javier Bedia Prado

18 agosto 2020 

Referencias

[1] En 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de Salud, calificó al glifosato de potencialmente cancerígeno para humanos. En Bolivia este año el Comité Nacional de Defensa de la Democracia presentó al Ministerio de Salud más de 1.100 estudios de evidencias científicas del impacto de glifosato en salud. Se le liga al desarrollo de diferentes tipos de cáncer. El químico ya llegó a la Antártida. En el fondo del río Paraná se encuentra por toneladas.

[2] Atlas del Agronegocio Trasnsgénico en el Cono Sur. Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos (Acción por la Biodiversidad, 2020). Las estadísticas usadas en este artículo provienen del informe, de libre acceso: www.biodiversidadla.org

[3] Agro tóxico. Argentina como laboratorio a cielo abierto para el control de la alimentación mundial (Patricio Eleisegui, Editorial Sudestada, 2019, Argentina).

[4] Falacia que derriba el megadesperdicio planetario de alimentos, no faltan, falla a conveniencia su acceso y distribución. Gran parte de soya transgénica es para engordar ganado, un lujo en cualquier canasta básica. Expropiaciones y pobreza aumentan en regiones de cultivos trans.

[5] La primera semilla transgénica, de soya, usada en Argentina se aprobó en base a un documento presentado por Monsanto sin siquiera traducirlo de su idioma original. El Perú, Ecuador y Venezuela son los países que impiden, hasta el momento, los cultivos transgénicos en Suramérica.

[6] “Los sectores que defienden la modificación genética de organismos asumen como cierto que los OGM tienen los mismos comportamientos a los observados en el laboratorio cuando son liberados en la naturaleza. Es decir que son equivalentes a los no modificados, asumiendo que la técnica experimental empleada es precisa, segura y predecible y que es equivalente al mejoramiento clásico de la agricultura. Esto es un grueso error y muestra un desconocimiento por parte del campo biotecnológico de las teorías y conocimientos de la biología moderna” (Andrés Carrasco, científico argentino que fue director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires).

Publicado originalmente en Plaza Tomada

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El derecho a las semillas como condición para la soberanía alimentaria

En los años setenta Henry Kissinger, ex Secretario de Estado de Estados Unidos decía: “Controla los alimentos y controlarás a la gente, controla el petróleo y controlarás a las naciones”. Y empezando el Siglo XXI esta definición del dominio de los alimentos como arma política volvía a aparecer con fuerza en palabras del ex presidente de los Estados Unidos, George Bush (hijo): “¿Pueden imaginar un país incapaz de producir suficiente comida para alimentar a su población? Sería una nación sujeta a las presiones internacionales. Sería una nación en riesgo”.

Quien controla las semillas, controla la cadena productiva y, por lo tanto, la disponibilidad de alimentos. Por eso son una importante fuente de poder y de disputas. Así lo entienden las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena que hace tiempo vienen resistiendo  los embates de un modelo que las despoja; frente a empresas biotecnológicas, que identificaron el enorme valor que tienen las semillas y sus paquetes tecnológicos asociados en el control de la agricultura mundial.

Actualmente el mercado de semillas comerciales es uno de los más concentrados y está controlado por un puñado de empresas transnacionales. Tan sólo tres compañías controlan el 60% del mercado mundial de semillas: Bayer-Monsanto, Corteva (fusión de Dow y Dupont) y ChemChina-Syngenta.

Históricamente, han sido mejoradas  y compartidas por las y los agricultores en todo el mundo, lo que condujo a una gran diversidad biológica productiva como resultado del trabajo humano. Esta forma de mejoramiento y conservación “in situ” (en los ambientes ecológicos y culturales donde han logrado desarrollar sus propiedades específicas) ha sido la responsable de la creación de miles de variedades adaptadas localmente a diversos ecosistemas y culturas. Esto es una parte esencial de la agricultura, un acto creativo individual, pero sobre todo, colectivo. Sin embargo, en los últimos 70 años, la diversidad ha sido drásticamente reducida como consecuencia del avance de la agricultura industrial y la concentración del mercado semillero.

De bien común a propiedad privada

A diferencia de otros productos, las semillas son organismos vivos que pueden reproducirse y es por esto que ha sido difícil la acumulación de capital basada en la apropiación privada, por lo que fueron (y en parte aún no son) consideradas “bienes comunes” de la humanidad.

Sin embargo, el capital buscó siempre estrategias diversas para sortear esa dificultad y cuando la agricultura empezó a “modernizarse” y luego cuando llegó la posibilidad de controlar los genes de las semillas con el fin de impedir que otros los usen, se transformaron en mercancías negociables, sitios de contienda política, temas de discursos antagónicos sobre los derechos, y motores de la exclusión social y el despojo.

A partir de mediados del siglo XX, acontecieron dos hitos en las transformaciones técnicas de las semillas que dieron pasos importantes en ese sentido. Por un lado, las aparición de las semillas híbridas (masificadas en el marco de la Revolución Verde) que rompieron la identidad semillas-grano y por lo tanto, significaron la separación del agricultor de su capacidad de replantar y el comienzo de la dependencia de las empresas que proveen los insumos. Por otro lado, la expansión de las biotecnologías aplicadas al agro dio lugar a las semillas transgénicas generando grandes cambios en las estrategias de privatización del conocimiento, habilitando nuevos mecanismos de acumulación de capital.

De manera articulada, se produjeron mecanismos jurídicos que acompañaron los cambios en las formas de apropiación de las mismas: leyes de semillas, que exigen el obligatorio registro y certificación; contratos que realizan las empresas de manera asimétrica con los productores; y sobre todo, legislaciones de propiedad intelectual. De esta manera, esos bienes comunes que circularon libremente durante miles de años, ahora pueden ser privatizados y controlados por una persona o empresa que se adjudica la obtención de una nueva variedad.

Hasta los años sesenta, los materiales vegetales utilizados para el mejoramiento genético eran de libre acceso. Este principio comenzó a resquebrajarse con la aparición de los derechos de obtentor (DOV), una forma particular de propiedad intelectual para las semillas, y su institucionalización en 1961 con el nacimiento de la Unión para la Protección de Variedades Vegetales (UPOV). La versión 78, aún vigente en muchos países como Argentina, contempla implícitamente el derecho de los agricultores. Significa que éstos, a excepción de su venta comercial, conservan el derecho a producir libremente sus semillas pudiendo utilizar el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo en su propia finca. Es lo que se conoce como el uso propio de las semillas.

En los años noventa la apropiación de las semillas subió varios escalones: la UPOV fue modificada en 1991, recortando los derechos de los agricultores sobre sus semillas; se creó en 1995 la Organización Mundial de Comercio (OMC) con sus “nuevos temas comerciales” que dio lugar al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); y se extendió la firma de tratados de libre comercio, en los que la propiedad intelectual adquieren gran protagonismo e impone condiciones que afectan de manera directa a las semillas.

En Argentina, las semillas transgénicas ocupan más del 67% de la superficie sembrada. Fueron introducidas en 1996, junto al paquete biotecnológico que las acompaña. Esto produjo transformaciones en el sistema agrícola nacional, con importantes aumentos de la producción, intensificación de la agricultura y especialización de las exportaciones de origen agropecuario.

La contracara fueron las tremendas consecuencias ambientales y sociales, que afectan de manera directa en la agrobiodiversidad (y por lo tanto a la disponibilidad de semillas), como la concentración de la tierra y productiva; la deforestación y los desmontes; la contaminación por el uso masivo de agrotóxicos; y los desalojos a las comunidades indígenas y campesinas.

En simultáneo, las semillas viene siendo un eje de debate y movilización popular en torno a la discusión por la modificación de la Ley de Semillas y la posibilidad de adherir a UPOV 91, que no pudo aún concretarse debido a la resistencia que surgió desde múltiples sectores de la sociedad y las posturas diversas y contradictorias ocurridas al interior del Estado.

Y al mismo tiempo, desde hace muchos años las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena; movimientos ambientales; investigadores e investigadoras; y desde diversos organismos el Estado, comenzaron a replicarse experiencias de producción agroecológicas, al tiempo que se están desarrollando campañas, construyendo prácticas cotidianas, y erigiendo instituciones dirigidas a preservar las semillas nativas y criollas; el germoplasma; y los conocimientos ancestrales.

Hoy, el debate en torno a la soberanía alimentaria que se instaló con fuerza en la escena pública en los últimos días, abre una oportunidad única para multiplicar estas experiencias, en el camino de avanzar hacia una transición hacia otro modelo agrario y alimentario. El debate es en realidad un conflicto asimétrico entre modelos -el que profundiza el monocultivo transgénico y se basa en la apropiación privada de la naturaleza, por un lado; y aquel basado en la diversidad, la agroecología y la reivindicación de las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, por el otro– y cómo se desarrolle y se dirima tendrá profundas implicaciones para el futuro de nuestro país y de la humanidad.

21 julio 2020

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La diferencia entre las proteínas animales y las vegetales en la salud

Varios estudios han descubierto que la composición y el origen de las proteínas no influyen en sus efectos para la salud

¿Cuáles son mejores, las proteínas animales o las vegetales? Habrá quien diga que las proteínas vegetales son incompletas, y de peor calidad biológica, y quien argumente que las proteínas animales causan enfermedades. Los estudios han comprobado que ambas partes en conflicto se equivocan.

La calidad de las proteínas se mide  como la cantidad efectiva de aminoácidos que pasan a a sangre y se incorporan a tus células después de comer alimentos con proteínas. Desde hace décadas se usa el valor biológico, que resulta de restar el nitrógeno total excretado del nitrógeno ingerido para saber cuánta cantidad de proteína se ha desaprovechado.

Según el valor biológico, la proteína de suero de leche se absorbe en un 96%, mientras que las proteínas del tofu solo llegan al 64%. La explicación tradicional es que a la mayoría de los alimentos de origen vegetal les falta alguno de los nueve aminoácidos esenciales (la quinoa es una excepción), mientras que todas las fuentes de proteínas animales son completas. Si falta un aminoácido, la síntesis de proteínas en las células se detiene: es como si faltara una pieza de LEGO para completar la casa.

En efecto, la falta de un aminoácido es un cuello de botella, pero nuestro organismo tiene formas de superarlo. Se ha visto que, como adaptación evolutiva, podemos reciclar y conservar los aminoácidos en espera de que lleguen los suministros que faltan. Por ejemplo, a las lentejas casi no contienen los aminoácidos cisterna y metionina. Pero si más tarde tomas arroz o avena, que sí los tienen, completarás el puzzle. 

Por este motivo, comer más cantidad de proteínas, aunque sean incompletas, mejora la absorción. Teniendo en cuenta esto, la OMS ha cambiado de sistema de medida de la calidad de las proteínas para usar el índice PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, Puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de las proteínas) que identifica qué aminoácidos son verdaderamente limitantes.

Por ejemplo, al arroz le falta el aminoácido lisina. Las personas en países en desarrollo que se alimentan únicamente de arroz sufren diarrea e inflamación de las mucosas. La deficiencia de lisina también puede afectar a algunas personas que siguen una dieta vegana, pero se corrige aumentando la ingesta de legumbres, semillas y frutos secos.

Las proteínas animales y la diabetes

Una dieta con más proteínas tiene muchas ventajas para perder peso y mantener la salud. Sin embargo, los estudios de poblaciones indican que el consumo elevado de proteína animal está asociado a una mayor incidencia de diabetes tipo 2, mientras que las proteínas vegetales no.

Una posible explicación es que las proteínas animales tienen una concentración más alta de aminoácidos ramificados (BCAA, leucina, isoleucina y valina) y sulfurosos (metionina y cisteína) que las vegetales. El consumo elevado de BCAA está asociado con la diabetes, aunque esto no quiere decir que sea la causa. Al revés el consumo de isoleucina aumenta la sensibilidad a la insulina. Un menor consumo de recudir los BCAA y la metionina puede aumentar la longevidad, pero a cambio, reducir las proteínas acorta la vida

Para deshacer este entuerto se hizo un estudio clínico aleatorio con personas diabéticas. Todas tenían una dieta con un 30% de proteínas, 30% de grasa y 40% de carbohidratos, pero un grupo obtenía las proteínas de la carne y los lácteos, y el otro de proteína refinada de guisante.

¿Por qué proteína concentrada de guisante? Para eliminar la posible influencia de los efectos beneficiosos de la fibra y los antioxidantes de las plantas en las verduras y hortalizas. Al final del experimento no había diferencias entre los dos grupos en la sensibilidad a la insulina, tensión arterial, colesterol, triglicéridos, glucosa ni marcadores de inflamación. La composición de los aminoácidos de las proteínas no tiene influencia.

En realidad, todas las proteínas se descomponen en aminoácidos durante la digestión, y tu cuerpo no es capaz de distinguir si un aminoácido viene de una lenteja o de un muslo de pollo. Como hemos visto, comer plantas nos beneficia de otros modos.

Por Darío Pescador

27/01/2020 - 21:20h

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Escanea y asómate al horror: llegan las apps que te dicen la mierda que te metes

Ya no hace falta tener un posgrado en nutrición para entender las etiquetas de los alimentos o los cosméticos. Llegan nuevas aplicaciones para móviles que descifran lo que llevan los productos que consumes, así como sus posibles peligros.

Una persona lleva varios minutos paralizada en el pasillo de las latas. Una lista interminable de ingredientes ininteligible, conservantes con nombres imposibles, un jeroglífico escrito con letras microscópicas, muchas veces con su nombre científico en latín... La tarea de saber qué contienen los productos procesados que te comes o los cosméticos que te echas encima nunca ha sido sencilla.

Para empezar, haría falta una lupa, una base de datos memorizada sobre miles de elementos químicos y nutrientes, y un algoritmo que los procese a toda velocidad para saber si un producto presenta algún tipo de peligro para la salud. Es precisamente lo que hace la aplicación para móviles Yuka, lanzada por tres desarrolladores franceses en 2017 y que, según afirman, cuenta ya con cerca de diez millones de usuarios. Desde este verano, también está disponible en España.

Con esta app gratuita en su versión básica, las personas que quieran saber qué contienen los alimentos y los cosméticos que consumen solo tienen que escanear el código de barras y asomarse al horror. En efecto, gran parte de los productos procesados que consumimos a diario contienen tóxicos, pueden ser cancerígenos, producir sobrepeso o problemas coronarios en distintos grados. Aunque también hay sorpresas: Yuka también permite descubrir productos razonablemente sanos en las góndolas de los supermercados. Y ofrece alternativas menos perjudiciales para la salud.

“Claro, ahí está el negocio”, señala el desconfiado lector. No, al menos si creemos a los creadores de Yuka. Una de las particularidades de esta app es que se proclama “100% independiente”. Según explican en su propia página, “la aplicación no hace ningún tipo de publicidad” y la financiación se realiza, sostienen, fundamentalmente a través de su versión premium y otros servicios adicionales. Además, siempre según su versión, “por razones éticas, Yuka no vende ni utiliza ningún dato personal”.

Mi desodorante es letal

Un paseo por la nevera o por el baño móvil en mano puede acabar muy mal. Un rápido escaneo al desodorante Nivea for Men arroja un “riesgo alto”, con una puntuación de 0/100, es decir, que no puede ser más malo. “La revolucionaria crema para la piel del hombre” contiene BHT (Butilhidroxitolueno), un antioxidante que “ha mostrado efectos de interrupción endocrina” y que “también podría tener efectos en las hormonas sexuales y afectar a la fertilidad y el desarrollo”. Y también tiene “Aluminium Chlorohydrate”, sales de aluminio vinculadas, según un estudio publicado por el International Journal of Cancer en 2016, con efectos cancerígenos, siempre según los resultados que ofrece esta app.

La crema con la que cuidas las irritaciones del culo de tu bebé debería ser algo 100% seguro, pero resulta, según los cálculos de Yuka, que Mitosyl de Laboratorios Sanofi Aventis solo es un 8% seguro. Contiene “Petrolatum”, un aceite mineral derivado del petróleo de “riesgo alto” clasificado como “posible cancerígeno humano”.

¿Va a pillar un cáncer tu hijo por usar Mitosyl? Pues, probablemente no. Debería “nadar en una bañera de Petrolatum para que tenga algún efecto”, diría el gabinete de prensa de Sanofi Aventis. Pero ¿qué ocurre cuando casi todos los elementos que comemos o que nos untamos tienen algún ingrediente considerado nocivo para la salud? ¿No es mejor limitar este consumo si tenemos la información y hay alternativas? 

Para calcular la idoneidad de los productos, la calidad nutricional representa el 60% de la nota final, con un método basado en Nutriscore, un semáforo de calidad nutricional que se rige por el Programa Nacional de Nutrición y Salud de Francia, de pronta aplicación en España. La presencia de aditivos representa el 30% de la puntuación y determina la peligrosidad final del producto con tres colores: sin riesgo (pastilla verde), riesgo limitado (pastilla amarilla), riesgo moderado (pastilla naranja), riesgo elevado (pastilla roja). Y el 10% final de la nota corresponde al origen orgánico o ecológico de los productos utilizados.

Desde enero de 2018, Yuka ha ido construyendo su propia base de datos. Hoy cuenta con un registro de 450.000 productos alimenticios y 150.000 cosméticos. Y si la aplicación no reconoce el producto, el usuario puede incorporarlo a la base de datos. Una foto de la mercancía, del código de barras, otra de los ingredientes y cuatro horas de espera son suficientes para conocer la peligrosidad de casi cualquier alimento o cosmético. Las bebidas alcohólicas o la leche de fórmula para bebés son algunos de los productos que no incluye Yuka en sus bases de datos.

Un mercado en disputa

De forma paralela, otras aplicaciones similares han ido saliendo al mercado. Una de ellas es myHealth Watcher, que también hace gala de ser “100% independiente” y colaborativa: “Bajo ninguna circunstancia myHealth Watcher realizará cambios en sus algoritmos de recomendación a propuesta de fabricantes o marcas”, afirman desde esta empresa. La particularidad de esta app es que permite personalizar perfiles para cada miembro de la familia incluyendo información de alergias e intolerancias, y dietas vegetarianas o veganas.

Otra aplicación es El CoCo, un “proyecto autofinanciado y 100% independiente”, según su propia definición. Esta app “calcula el grado de procesamiento de cada producto y te avisa cuando son ultraprocesados” utilizando también, entre otros, el sistema Nutriscore.

Yuka y El CoCo dan más valor a los aditivos y conservantes, y Yuka es la que más valora el hecho de que los productos sean ecológicos. Sin embargo, ninguna de las aplicaciones tiene en cuenta el efecto de estos alimentos o cosméticos en el medio ambiente o en el entorno laboral o social donde son producidos o la huella ecológica de su transporte o de su embalaje.

¿Sirve de algo conocer los efectos nocivos de un producto? ¿Ayuda a que los consumidores cambien sus hábitos o para que las empresas comiencen a buscar alternativas más sanas? El ejemplo del tabaco no invita al optimismo. Sin embargo, las personas preocupadas por los productos que consumen y su impacto en la salud nunca han tenido tan fácil identificar la mierda que se meten.

Martín Cúneo

@MartinCuneo78

2019-10-15 06:00

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Miércoles, 14 Agosto 2019 05:42

Capitalismo, agricultura y cambio climático

Capitalismo, agricultura y cambio climático

 

 

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) filtró un adelanto de un estudio sobre la relación entre suelos, agricultura y cambio climático. Es un poderoso llamado de atención sobre las fuerzas que amenazan con desfigurar la biósfera y destruir la especie humana. El análisis hace hincapié en el uso de suelo, la producción de alimentos y las emisiones de gases de efecto invernadero.

La advertencia del IPCC señala que la agricultura, la ganadería y la silvicultura generan 23 por ciento del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) cada año. Por otra parte, el IPCC recuerda que los suelos del planeta son responsables de absorber alrededor de 30 por ciento del bióxido de carbono emitido cada año por la industria y el sector energético. En la medida en que los suelos se degradan, se reduce su capacidad de absorción del bióxido de carbono (CO2) y su capacidad productiva se ve limitada. Esto aumenta la concentración de GEI en la atmósfera y agrava el cambio climático, lo que genera nuevamente mayor degradación de suelos. El riesgo de desencadenar un ciclo acumulativo vicioso es hoy día muy alto.

El informe del IPCC es importante, pero, como siempre ocurre con estas evaluaciones sobre la destrucción ambiental en el mundo, adolece de una grave omisión: no contiene ninguna referencia sustantiva a las fuerzas económicas que están promoviendo esta degradación ambiental.

El IPCC indica que cerca de 30 por ciento de la producción mundial de alimentos se pierde o desperdicia. La reducción de estos desechos haría una contribución importante para restringir las emisiones de GEI. El IPCC también reconoce que es necesario combatir la desigualdad que impera en los paisajes rurales del mundo para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, los patrones de consumo y el tipo de dieta imperante afectan la cantidad de tierra y agua que se necesitan para la producción de alimentos. El consumo de carne es uno de los factores más negativos en la contribución del sector a las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, por cada kilogramo de proteína animal producida se necesitan 10 mil litros de agua, nueve kilogramoss de granos y el equivalente a 18 kilogramos de capa orgánica de tierra.

Es cierto que la agricultura mundial está hoy profundamente distorsionada y sumergida en un círculo vicioso, en el que la degradación de suelos está asociada a mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no será fácil implementar los cambios que se necesitan para reducir las emisiones de GEI del sector agrícola. Y es que, hoy, la agricultura mundial se comporta tal como el capitalismo siempre quiso que lo hiciera. El desperdicio y la desigualdad son dos signos distintivos de este fenómeno. La desigualdad es resultado de la lucha que el capital siempre ha mantenido por controlar el proceso de producción en el campo, buscando someter al campesinado y la población rural a la relación salarial. El acaparamiento de tierras es una faceta de este proceso. Por su parte, el desperdicio es un subproducto del control de la producción agrícola por el capital. No hay que olvidar que bajo el capitalismo, el objetivo de la producción mercantil agrícola no es generar alimentos para la población, sino producir ganancias para las corporaciones. En la producción capitalista el desperdicio es parte del valor agregado que se vende como mercancía.

Un rasgo esencial del capitalismo es la tendencia a la concentración del poder de mercado en pocas empresas. En la agricultura mundial esta consolidación corporativa se manifiesta no sólo en las grandes plantaciones y fábricas de carne, sino en todos los eslabones de la cadena de valor: comercialización, procesado y empaque, transporte y producción y venta de semillas e insumos agroquímicos (muchos profundamente tóxicos). Los abusos de la concentración de poder van desde la manipulación de precios hasta las violaciones de los derechos humanos de poblaciones campesinas.

El IPCC es incapaz de examinar el verdadero motor de la destrucción ambiental provocada por las grandes plantaciones de aceite de palma en el sudeste asiático, o por la ganadería y la soya transgénica en América Latina. Y es que el IPCC critica esas plantaciones, pero considera que están relacionadas con las necesidades de una población constantemente en aumento. No puede ver que esos proyectos tienen muy poco que ver con las necesidades de la gente y en cambio, sí, mucho con la transformación de la agricultura en una fuente de ganancias. Las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura están vinculadas con la transformación de la producción de alimentos y del paisaje rural en general en un simple espacio de valorización para el capital.

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero únicamente es posible frenando los excesos del capitalismo. El mercado no podrá hacerlo. La autoridad pública (el Estado) es la única que puede orientarnos en esa dirección. Pero eso necesita un cambio de paisaje político, que hoy está lejos de presentarse.

Twitter: //twitter.com/@anadaloficial">@anadaloficial

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Los científicos de la ONU llaman a cambiar la dieta mundial con urgencia para frenar la crisis climática

El Panel Internacional de Expertos explica en su último informe que deben recortarse las emisiones de gas en la producción de alimentos que suponen el 25% del total

El documento incide en que una dieta con más vegetales y carne obtenida con sistemas que demanden menos energía tienen menor impacto climático

 

Atajar la crisis climática obliga a cambiar la manera de alimentarse. La fórmula actual de producir la comida supone casi un tercio de las emisiones gases de efecto invernadero por lo que resulta imposible contener el calentamiento global sin que el mundo –sobre todo el rico– modifique su dieta con urgencia: más vegetales y carne producida con sistemas que utilicen menos energía, según el último informe del Panel Internacional para el Cambio Climático de la ONU (IPCC) publicado este jueves.

El documento, aprobado este miércoles, viene a indicar que no basta con aplicar medidas a la producción de energía en las centrales eléctricas o los motores de los vehículos. No basta con transformarse en eólico y solar. En ocubtre de 2018, el IPCC ya avisó de que solo medidas urgentes y drásticas en la próxima década podrían evitar lo peor del cambio climático limitando el aumento de la temperatura global a 1,5ºC. Este nuevo informe añade otro paquete medidas cruciales.

Los expertos calculan que la producción de comida lanza unas 11 gigatoneladas de gases a la atmósfera. Son 11.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a base de prácticas agrícolas, el cambio en el uso del suelo, el almacenamiento, transporte, procesamiento, empaquetado y consumo de los productos. La ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha subrayado tras conocer el informe que el estudio indica "lo fundamental que es el suelo. Un bien precioso y escaso que ha pasado de ser un sumideros de gases a un emisor" por el uso intensivo que ha impuesto la humanidad.

Lo que va al plato

Los científicos piden variar hacia lo que llaman dietas más saludables. ¿Qué alimentos citan? Hablan de cereales, legumbres, verduras, frutos secos y semillas. También carne, pero con métodos de producción que permitan un uso "menos intensivo" de energía. Uno de los coordinadores del informe, Jim Skea, ha incidido en que ellos no recomiendan una dieta a la gente. "Señalamos que, según la evidencia científica, hay dietas que tienen una menor huella de carbono". Es decir, un impacto climático menor.

El Panel considera que estos cambios tienen el potencial para evitar que entre 1,8 y 3,5 gigatoneladas de CO2 terminen en la atmósfera. Y añaden otro aspecto: frenar el desperdicio de comida. Al tirar menos alimentos se reduce la necesidad de consumir más con lo que se rebaja la expansión de tierras dedicadas a la producción. Los científicos han calculado que un tercio de los alimentos que se producen terminan desperdiciados. Una buena proporción del efecto invernadero se crea para nada.

Factura climática de la comida

La mayoría de la superficie terrestre del planeta se dedica a producir alimentos o vestido. Hasta un 72% del suelo libre de hielo está destinado a mantener a la población. El informe explica qué implica esta presión: el incremento en la producción de comida ha acelerado el uso intensivo de la tierras. También ha obligado a aumentar la aplicación de fertilizantes a base de nitrógeno y el consumo de agua para el riego.

Todo esto ha multiplicado las emisiones. El cambio de uso de los suelos para sostener este crecimiento global ha contribuido a la cantidad de CO2 lanzado "sobre todo por la deforestación", explican. Es decir, la desaparición de árboles para dar paso a campos de cultivo o pastos para rebaños. También ha subido la cantidad de dióxido de nitrógeno emitido (NO2) por la agricultura y la de metano (CH4) por el ganado. Hasta la mitad de este gas, el de más potencia de invernadero, sale de las cabañas ganaderas.

Las medidas que ponen encima de la mesa abarcan desde la reducción en las emisiones de NO2 de los fertilizantes, la del metano de los arrozales, la mejora genética para que los cultivos soporten mejor las sequías y que el ganado tenga una mejor alimentación además de gestionar sus desechos. Le atribuyen un potencial de ahorro entre 1,4 y 4 gigatoneladas de gases al año.

El cambio climático degrada los campos

La influencia entre la obtención de comida y el cambio climático es de ida y vuelta. A medida que la temperatura crece se exacerban los daños: mayor desertificación, más degradación del suelo... Esto se traduce en peores rendimientos de las cosechas. En consecuencia un previsible encarecimiento del producto. Sus previsiones apuntan a que los precios de los cereales pudieran subir hasta un 29% para 2050.

Pero también afectará a la calidad de la misma comida ya que la mayor concentración de dióxido de carbono influirá en la composición de los nutrientes como, por ejemplo, las proteínas.

Freno a la fórmula de la bioenergía

El biodiésel a escala mundial desplaza a la comida, advierte el informe. Una de las soluciones adoptadas generalmente por los estados para cumplir con su compromisos de emisiones ha sido la apuesta por los biocarburantes. La bioenergía que se obtiene a base de cultivos como la palma o la colza. Los expertos avisan de los riesgos y aseguran que hay límites al cultivo de estas variedades. ¿Por qué? La proliferación de estas plantaciones puede suponer efectos "irreversibles" en la desertificación de la tierra.

Lo que describe el Panel es que la idea de recortar emisiones de CO2 a base de sustituir el combustible fósil por, por ejemplo, biodiésel, tiende a crear una competencia por el suelo entre los cultivos para energía y los destinados a producir variedades que alimenten a la población.

El documento incluye una advertencia: "Muchas de las respuestas toman tiempo para producir sus efectos". Piden paciencia. Sin ir más lejos, señalan que medidas como cambiar la manera de producir o variar la dieta precian un periodo de adaptación. Incluso la reforestación de la cubierta vegetal no se consigue rápidamente. Las plantas tienen que crecer.

Por Raúl Rejón

08/08/2019 - 10:00h

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“Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo”

En plena ofensiva neoliberal, a fines de la década de los 90, el capital financiero profundizó sus tentáculos en el campo, la mercantilización y financiarización de la agricultura provocaron despojos y desalojos, aumento de la violencia y persecución contra las comunidades campesinas, privatización de las semillas, trabajo esclavo, destrucción de mercados locales y aumento del hambre y la migración, destrucción de la naturaleza y contaminación, entre otros flagelos.


Esta arremetida neoliberal profundizó los mecanismos de la Revolución Verde, potenciando su capacidad de acaparamiento y destrucción, de la mano de la tecnología transgénica asociada al uso masivo de agrotóxicos. El único objetivo: grandes lucros para las corporaciones transnacionales, pero a costa de graves consecuencias para la humanidad.


En el campo, aumentó la concentración y privatización de la tierra, el trabajo esclavo o precarizado, la contaminación con agrotóxicos, la destrucción de millones de hectáreas de selvas y bosques nativos. A medida que el proceso avanzó, fue creciendo la resistencia en el campo, lo que trajo aparejado la persecución y criminalización de campesinas y campesinos. La violencia en el campo es un elemento sobre el que se sostiene el agronegocio: asesinatos y encarcelamiento de campesinas y campesinos, y el redireccionamiento de los recursos públicos hacia el agronegocio, dejando a los campesinos sin posibilidad de acceso a créditos y mercados.


La propaganda neoliberal incluía la idea del fin de la historia, como parte del intento de despolitización de la sociedad. En el plano agrario, se lanzó la teoría del “Fin del Campesinado”, sugiriendo que las familias campesinas iban a desaparecer y que solo el agronegocio era capaz de alimentar a la humanidad.


En el plano de la gobernanza internacional el lobby neoliberal impulsó nuevas instituciones, tratados y acuerdos que fueron construyendo un andamio de jurisprudencia que en lugar de estar anclada en los Derechos humanos y la democracia, está basada en la Libertad del capital financiero y mecanismos de blindar a las empresas frente a la resistencia y lucha de los pueblos. Un claro ejemplo es la UPOV (Unión de protección de obtentores vegetales) que se encarga de legitimar la apropiación de conocimiento genético.


Las organizaciones campesinas resistieron en todos los rincones del planeta. La conformación de La Vía Campesina se da en ese contexto, destacándose la lucha por la tierra y contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las políticas de libre mercado que abrían las puertas a las corporaciones en todos los continentes.


A medida que avanza la agricultura industrial se agudiza la crisis alimentaria global y también la crisis climática. Frente a esta situación, La Vía Campesina además de articular la resistencia sistematiza propuestas y horizontes con esperanza. No solo que no era el fin del campesinado, sino que el campesinado es parte de la solución posible a las crisis provocadas por la dinámica de acumulación del capital. Así se inicia el debate de la soberanía alimentaria, y se lanza la campaña Global por la Reforma Agraria. Esos debates irrumpen en 1996 en el Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU. Planteando que para lograr resolver la crisis alimentaria, es condición necesaria el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura campesina, local, y para eso la democratización de la tierra.


Así, la discusión sobre los derechos de los campesinos siempre estuvo ligada a propuestas sobre las políticas agrarias necesarias para poder superar la crisis alimentaria.
En 2001 se realiza un congreso internacional sobre derechos campesinos en Indonesia, coordinado por la Unión Campesina de Indonesia (SPI), donde comienza a plantearse la necesidad de construir una declaración de derechos campesinos en la ONU.


En el año 2003, en la IV Conferencia Internacional de LVC realizada en Sao Paulo, Brasil, en su declaración final se establece: “Adquirimos el nuevo compromiso de impulsar la lucha por los Derechos Humanos y Campesinos. Desarrollaremos desde las organizaciones campesinas una Carta Internacional de los Derechos Campesinos”. Y entre los años 2004 a 2006 junto a CETIM y FIAN se verificaron y documentaron casos paradigmáticos de violaciones a los derechos campesinos en todos los continentes.
Un intenso trabajo en el Consejo de DDHH


En junio de 2008 en Yakarta, se realizó la Conferencia Internacional de Derechos Campesinos, con la participación de más de un centenar de representantes de las organizaciones que conforman La Vía Campesina de todo el mundo y de un millar de miembros de la SPI, y ese mismo año pero en octubre, la V Conferencia Internacional de Vía Campesina, realizada en Mozambique, aprobó la Carta de los derechos de las campesinas y campesinos. Con el sustento de miles de luchas locales, y cientos de informes que documentaron violaciones en las comunidades rurales, se inició el desafío en Naciones Unidas.


Esta carta, que luego será el puntapié inicial para la Declaración, nace directamente de las experiencias y luchas campesinas en todo el mundo. Por eso podemos afirmar que la Declaración es la traducción de esa realidad y su reconocimiento en Naciones Unidas.


En 2012, luego de un intenso trabajo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas resuelve la creación de un grupo Intergubernamental de Trabajo que tiene la misión de proponer al mismo un texto sobre una declaración de derechos de los campesinos. Este grupo fue presidido por el Estado plurinacional de Bolivia acompañado en la coordinación por Sudáfrica y Filipinas. A partir de entonces un grupo de expertos realiza un estudio sobre la situación y propone un texto en base a la carta de Vía Campesina adaptando el lenguaje a los estándares de ONU.


Bolivia garantizó un proceso transparente y participativo en el Consejo. En 6 años, 5 borradores se fueron modificando luego de cada sesión, tomando los aportes de los Estados y de la sociedad civil que se sumó con fuerza al proceso representada por organizaciones de campesinos, pescadores artesanales, pastores, trabajadores agrícolas, pueblos indígenas y de derechos humanos (DDHH) que participaron activamente con propuestas.


Durante los años 2013 y 2014, se llevó el debate a la Comisión Interamericana de DDHH, donde la CLOC LVC, junto con FIAN y CELS presentaron informes sobre la relación entre la violación a los derechos campesinos en la región y las corporaciones transnacionales.


El 28 de setiembre de 2018, el Consejo de DDHH adoptó la Declaración con una holgada votación, y fue sin dudas un avance sustancial del sistema de DDHH con una perspectiva pluricultural y humanista. En el informe oficial de presentación del texto definitivo, se destacó el llamado urgente de la Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, a finalizar la labor sobre el proyecto de Declaración “a fin de responder a más de 1.000 millones de personas que viven en las zonas rurales, quienes suministran una elevada proporción de los alimentos”. El Informe también destacó el apoyo de la FAO a la Declaración, tomando en cuenta que la misma contribuirá en el objetivo de hambre cero y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ayudando a alcanzar el potencial que tienen y a superar los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana.


Este proceso colocó varios debates al seno de Naciones Unidas, en primer lugar el reconocimiento del campesinado como una clase mundial y significativa que sufre violaciones sistemáticas a sus derechos, en segundo lugar, si en las legislaciones deben primar los derechos humanos o los intereses corporativos de las transnacionales. En este sentido, el Consejo de DDHH fue contundente: deben primar los Derechos Humanos, y esta Declaración es un instrumento fundamental para poder establecer los estándares y las políticas en el campo de forma de garantizar los derechos de las campesinas y campesinos. También la perspectiva de los derechos colectivos como parte de la cosmovisión pluricultural del sistema.

El proceso desde un inicio contó con el apoyo del proceso de integración latinoamericana, la propia CELAC dio su respaldo así como el GRULAC (grupo de países latinoamericanos en la ONU) al que luego se sumaron el G77, abriendo camino en Asia y África donde también tuvo amplio respaldo. Como era de esperarse, los países más subordinados a los intereses de las transnacionales y de carácter imperialista y colonialista se opusieron desde el principio: así EEUU, Reino Unido, Israel, Japón y una buena parte de la Unión Europea fueron permanentes en su negativa.


Sin embargo, en diciembre de 2018, y por una amplia mayoría, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y adoptó la Declaración de los derechos de campesinos y de otras personas que trabajan en áreas rurales.


Brasil y Argentina habían apoyado todo el proceso, pero con la llegada al poder de Macri y Bolsonaro terminaron en abstención; a la inversa, México, que había puesto reparos, ya con Andres Manel López Obrador electo presidente, votó afirmativamente.


La adopción de esta Declaración termina con la idea neoliberal del “fin del campesinado” y hace un fuerte llamado a los Estados, no solo a reconocer la identidad campesina, sino su rol, y a trabajar para terminar con las violaciones a sus derechos. Eso en un contexto de grave violencia rural global, con situaciones extremas como la colombiana, donde en 2018 fueron asesinados 105 líderes campesinos y 44 líderes indígenas, o como Brasil donde en 2017 asesinaron a 71 campesinos por conflictos de tierra o ambientales.


Según el Grupo ETC, la agricultura campesina cuenta tan solo con ¼ de las tierras agrícolas, pero alimenta a más del 75% de la población mundial, mientras que la agroindustria subordinada al capital financiero, con ¾ de las tierras agrícolas, sólo llega al 25% de la población.


Garantizar la vida y modo de producción campesina es estratégico para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y el proceso coincide con el lanzamiento del Decenio de la Agricultura Familiar, ratificando la importancia del sujeto en ese contexto.


Derechos campesinos y obligaciones de los Estados


La Declaración, en su Preámbulo y sus 28 artículos, consigna los derechos de los campesinos y obligaciones de los Estados; el texto es un compendio fundamental para la planificación y renovación de la política agraria mundial en todos sus niveles.


Algunos elementos para destacar:


El Artículo 15 resalta: “Los campesinos tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria”. De esta manera, la ONU reconoce y reivindica la propuesta política que Vía Campesina introdujo en 1996 en los debates del Consejo de Seguridad Alimentaria de ONU respecto a cómo abordar la crisis alimentaria que afecta a más de 1000 millones de personas en todo el mundo.


El Artículo 16 establece: “Los Estados adoptarán medidas apropiadas para reforzar y apoyar los mercados locales, nacionales y regionales en formas que faciliten y garanticen que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales accedan a esos mercados y participen en ellos de manera plena y en igualdad de condiciones para vender sus productos a unos precios que les permitan, a ellos y a su familia, alcanzar un nivel de vida adecuado”. Se destaca la importancia de la intervención estatal para garantizar precios justos e ingresos adecuados. En la Argentina, la diferencia de precio entre lo que se paga al campesino y lo que paga el consumidor ronda entre el 500 y el 1600%, situación que sólo es posible resolver con una política pública que intervenga en defensa de quienes producen y del pueblo que consume.


El Artículo 17 señala: “Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente, (…) y en especial tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua, y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura” y recomienda a los Estados “la Reforma Agraria, para facilitar el acceso equitativo a la Tierra y su función social evitando la concentración”.


Este artículo es vital en el actual contexto de concentración y acaparamiento de la tierra. En América Latina, el 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras agrícolas, y tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad, 0 para la igualdad y 1 para la extrema desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente alcanza al 0,79, muy por encima de Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).


En Argentina, según OXFAM, el 83% de las Unidades Productivas Agropecuarias detentan solo al 13,3% del total de tierras productivas. Según otro estudio, la Agricultura Familiar representa a ⅔ de los productores, pero sólo accede al 13,5% de la superficie de tierra agraria. En 2014, el gobierno argentino, realizó un muestreo de casos de conflicto por la tierra campesina: el resultado arrojó 852 casos abarcando más de 9 millones de hectáreas en conflicto.


La concentración de la tierra es una barrera estructural al desarrollo de una nación y al disfrute pleno de los derechos de las campesinas y campesinos.


En el Artículo 19 sostiene: “Los campesinos tienen derecho a las semillas (…) El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;(…) El derecho a participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura”. Frente al permanente avance de las transnacionales en la apropiación de material genético y de fuertes presiones por leyes de semillas que las avalen en el ultraje, este artículo toma especial relevancia.


Otro dato preocupante de la actualidad refiere a los agrotóxicos. La utilización masiva de agroquímicos provoca la muerte por intoxicación de unas 200.000 personas al año en todo el mundo, según un Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación. Para la Organización Panamericana de Salud, en 12 países de América Latina y del Caribe, el envenenamiento por productos agroquímicos causa el 15% de las enfermedades registradas.


En Argentina, informes del SENASA detallan que el 63% de los controles realizados en frutas, verduras y hortalizas en el mercado, entre 2011 y 2013, detectaron la presencia de residuos de químicos. Estos datos destacan límites al derecho a la salud, al ambiente y a la alimentación saludables, planteado en la Declaración.


La adopción de la Declaración enriquece el sistema de derechos humanos, logrando poner el debate democrático de los Estados por encima del lobby y los intereses del capital, actualizando el sistema desde una perspectiva pluricultural y respetando a las miles de millones de personas que conciben los derechos colectivos como fundamentales para el disfrute de los derechos individuales.


Nuevos desafíos


Ahora iniciamos una etapa de nuevos desafíos, en la cual esperamos que la Declaración sea una herramienta para las luchas campesinas. Es por eso que debemos trabajar para que las organizaciones campesinas puedan apropiarse de la misma, articulando con académicos, sindicatos, legisladores y funcionarios para que la misma pueda ser adoptada a nivel municipal, provincial y nacional, además de convertirse en un instrumento de diálogo entre organizaciones y Estados para avanzar en nuevas legislaciones que traduzcan las obligaciones de los Estados en políticas agrarias adecuadas. También la Declaración será un importante insumo para la dimensión jurídica de los conflictos agrarios.
Al instalar la Declaración en todos los rincones del mundo, vamos a avanzar en procesos de mayor incidencia global, pues se abren ahora horizontes para nuevos mecanismos de promoción y seguimiento de ésta al interior de Naciones Unidas, así como la posibilidad futura de construir una Convención Internacional de los derechos de las campesinas y campesinos.


En el actual contexto de crisis global del capitalismo, donde el imperialismo norteamericano no se resigna a perder porciones de mercado y pretende profundizar sus lazos coloniales con América Latina, los derechos campesinos sólo serán posibles si logramos articular luchas permanentes y prolongadas. La Declaración que conquistamos en Naciones Unidas es también una herramienta para el trabajo de base, la agitación y la organización de las campesinas y campesinos en todo el mundo. Además de servir de articulación para la unidad y la formación política de los líderes y lideresas del campo.


Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo, que garanticen la Agricultura Campesina y Agroecológica para alcanzar la Soberanía Alimentaria, fundamental para la justicia y la paz mundial; por eso, podemos afirmar que esta Declaración, de fuerte contenido humanista, es un paso adelante para la gobernanza global y los pueblos del mundo. Lejos de ser el “fin del campesinado”, podemos afirmar que las campesinas y los campesinos son protagonistas de las luchas por justicia social en todo el mundo y parte indiscutible de la solución a la crisis alimentaria y de migración que provoca y agudiza el desarrollo del capital financiero y los agronegocios.

24 mayo 2019
Por Diego Montón- Colectivo Internacional de Derechos Campesinos, La Vía Campesina. Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina MNCI

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EEUU reconoce su responsabilidad en la crisis de Venezuela

El descaro y el robo llevado al rango de política de Estado

La información volaba en las redacciones. ¿Viste lo que encontró GrayZone? El Departamento de Estado reconocía -y se ufanaba de ello- su responsabilidad en la crisis que hoy vive el pueblo venezolano. Nadie podía creerlo. El descaro convertido en relaciones exteriores y el robo llevado al rango de política de Estado.

La publicación original de este fact sheet -como se denomina en inglés a un boletín- fue realizada por el State Department en su portal pero rápidamente retirado, hasta que la periodista Anya Parampil lo ubicó y lo publicó en el periódico digital Grayzone (puede leer la nota en https://thegrayzone.com/2019/05/06/us-state-department-publishes-then-deletes-sadistic-venezuela-hit-list-boasting-of-economic-ruin/ y puede descargar el documento original en https://thegrayzone.com/wp-content/uploads/2019/05/US-Department-of-State-Venezuela-actions.pdf).

“El 24 de abril, seis días antes de que el autoproclamado “presidente interino” venezolano, Juan Guaidó, intentara derrocar violentamente al gobierno electo democráticamente de Venezuela junto con un puñado de desertores militares, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un boletín que mostraba el papel central de Washington en el intento de golpe de Estado en curso. Después de darse cuenta de la naturaleza incriminatoria de su error, el Departamento de Estado actuó rápidamente para eliminar la página”, escribe Parampil.


Consultado Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre este informe, respondió el diplomático que el boletín era “una lista de confesiones”.

“Imagínese si cualquier otro país dice (que) está orgulloso de decir que estamos destruyendo la economía de nuestro vecino; estamos orgullosos de haber destruido el sistema político de nuestro vecino; estamos orgullosos de que estén sufriendo. Dicen que estamos librando una guerra contra Venezuela”, enfatizó Moncada.

El embajador acusó a Estados Unidos de participar en un “acoso” contra Venezuela en lugar de dar espacio a la diplomacia internacional, publicó Parampil.

“Ellos dicen que son nuestros logros “clave”, comentó Moncada. “Están diciendo que están causando problemas en nuestro ejército e induciendo un golpe militar, que hasta ahora no han logrado, pero están trabajando para lograrlo”.

“Si cualquier otra persona lo dice”, concluyó el embajador, “y si usted realiza esa confesión en la corte, irá a prisión”.

El boletín publicado y luego retirado dice que “la política de los Estados Unidos sobre Venezuela se enfoca en garantizar elecciones libres, justas y transparentes que traigan prosperidad y democracia al pueblo de Venezuela. Para cumplir con este objetivo, los Estados Unidos han emprendido una serie de acciones políticas firmes desde 2017 con el fin de presionar al antiguo régimen de Maduro (sic) y apoyar a los actores democráticos”.

Señala también las acciones adoptadas por el Departamento de Estado que incluirían “más de USD 213 millones en respuesta humanitaria” y “USD 43 millones en asistencia económica y para el desarrollo”. “El 24 de enero, el Secretario Pompeo anunció que Estados Unidos está listo para proporcionar $ 20 millones adicionales en asistencia humanitaria inicial a las personas dentro de Venezuela”, cierra el documento, que no destina más que unas pocas líneas a señalar lo que habrían hecho para responder a la crisis humanitaria.

Es de destacar que los 256 millones de dólares no habrían sido entregados en Venezuela, sino a gobiernos y entidades fuera del país. La “asistencia humanitaria inicial a las personas dentro de Venezuela” no supera los 20 millones. Nada en comparación con la guerra y el expolio al que ha sido sometido el pueblo venezolano a raíz de la postura injerencista de los Estados Unidos.

El capítulo más extenso del boletín son sin duda las sanciones, entre las que se destacan organismos y personas venezolanas. “Tales acciones aseguran que el régimen de Maduro no puede contar con el sistema financiero de los Estados Unidos para sus prácticas destructivas”, dice el documento.

Si eso no es un bloqueo financiero, es algo muy parecido, porque además se sanciona a entidades y personas de terceros países que hagan negocios con Venezuela. El objetivo es sin duda asediar al pueblo y Gobierno de Venezuela para someterlos por hambre y privaciones.


Mientras tanto, se ofrecen esos milloncitos como “ayuda humanitaria”.

Las sanciones tienen justificaciones como que se dirigen “a quienes participan en socavar procesos o instituciones democráticas, actos de violencia o violaciones de derechos humanos, acciones contra la libertad de expresión o reunión pacífica, corrupción pública por parte de altos funcionarios del gobierno” (actuales o antiguos), pero no hacen sino impedir las normales operaciones económicas y financieras de cualquier gobierno a lo largo y ancho del planeta entero.

“Sanciones que niegan la financiación del régimen y protegen al sistema financiero de los Estados Unidos de la complicidad en la corrupción”, que es un eufemismo para decir que bloquean los fondos que Venezuela tenga en cualquier lugar del mundo, incluyendo organismos internacionales de los que participe Estados Unidos.

“El objetivo son las personas que operan en cualquier sector de la economía venezolana en el que el régimen de Maduro saquea la riqueza de Venezuela para sus propios fines corruptos”. Según lo que ellos mismos sostienen, todo. O sea que el bloqueo es indiscriminado.


En el boletín, el Departamento de Estado se apropia de las maniobras que se realizaron en contra de Venezuela en algunos organismos internacionales, particularmente la OEA y el Grupo de Lima, que aunque es vox populi y explícito en sus resoluciones que responden a los intereses de Estados Unidos, el texto deja claro qué tanto.

Quizás lo más interesante sea la sección dedicada a lo que el Departamento de Estado considera “resultados claves” de sus propias acciones.


Entre estos “resultados claves” del accionar de la organización dirigida por Mike Pompeo están: la autoproclamación de Guaidó, el reconocimiento de 54 países (de los 198 que tiene la ONU) a la misma, la designación de representantes de ese “gobierno” en 36 países y tres organismos y la deserción de “más de 1.000 miembros del Ejército” que huyeron a Colombia.

También se ufana de que ahora “la refinería estadounidense Citgo (propiedad de la venezolana PDVSA) está ahora bajo el control del gobierno interino (sic)”, “aproximadamente 3.2 mil millones (de dólares) de los activos de Venezuela en el extranjero están congelados” y “en marzo, la producción de petróleo de Venezuela cayó a 736.000 barriles por día (bpd), menos de la mitad de la producción en marzo de 2018, y redujo sustancialmente los ingresos para el régimen de Maduro. Dos de los cuatro mejoradores se reiniciaron, luego de que los cortes de energía en todo el país dejaran a los mejoradores inoperables”. “Se estima que 25 petroleros de crudo con 12 millones de barriles permanecen varados frente a las costas de Venezuela, debido a las dificultades para encontrar compradores”.

“La presión diplomática resultó en menos mercados para el oro venezolano. Un banco de los Emiratos Árabes Unidos canceló la compra de oro de Venezuela y hay indicios de que las exportaciones de oro a Turquía han disminuido”, concluye sin más el boletín.


Lo que esto no dice es cuánta leche se hubiera podido comprar con esos fondos, o cuánto arroz, o cuánta carne.

Tampoco dice cuántos antirretrovirales, o tratamientos para el cáncer, o material quirúrgico para el sistema de salud dejaron de adquirirse.


Por supuesto que el boletín tampoco menciona los repuestos e insumos para el transporte y la industria que no se pudieron comprar.


No señala el documento cuál ha sido el costo en derechos económicos, sociales y culturales afectados para todas las venezolanas y venezolanos.

Y mucho menos indica quién se está enriqueciendo con todo esto.

Por Pablo Siris Seade
Caja de Respuestas

 

Publicado enInternacional
Sábado, 11 Mayo 2019 05:20

El veneno que nos legó Monsanto

El veneno que nos legó Monsanto

Ya son más de 13 mil juicios iniciados contra Monsanto (ahora propiedad de Bayer) por haber causado cáncer a los demandantes o a sus familiares con el uso del herbicida glifosato, a sabiendas de los peligros que implicaba y sin informar de los riesgos a las personas expuestas. Son, en su mayoría, personas que aplicaban el agrotóxico sea en su trabajo agrícola, de jardinería o parques. En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el glifosato es cancerígeno para animales y probable cancerígeno en humanos.

El primer juicio que ganó una víctima, en agosto de 2018, fue la demanda de D. Lee Johnsson, un jardinero que aplicó glifosato por dos años en una escuela, a partir de lo cual contrajo el cáncer linfoma no-Hodgkin. (https://tinyurl.com/y5umrtt3). Un juez de San Francisco condenó a Monsanto-Bayer a pagar 289 millones de dólares en primera instancia, pero luego de que Bayer apelara quedó en 78 millones. En otro juicio, en marzo 2019, se dictaminó que Monsanto-Bayer debe pagar 80 millones de dólares a Edwin Hardeman por ser responsable de su enfermedad. Está a punto de concluir en Oakland el tercer juicio similar, iniciado por el matrimonio Pilliod contra Monsanto. Tienen 70 años y ambos padecen cáncer. Se espera que nuevamente sea un dictamen multimillonario en favor de las víctimas. (https://usrtk.org/monsanto-papers/)

Paralelamente, en Europa, Monsanto perdió por tercera vez, en abril de 2019, el juicio iniciado por el agricultor francés Paul François, quien sufre daños neurológicos por el uso del herbicida Lasso, con otro componente agrotóxico.

Bayer, que finalizó la compra de Monsanto en 2018, ha perdido hasta el momento más de 30 mil millones de dólares por la disminución del valor de sus acciones, por el impacto negativo de los resultados de los juicios sobre glifosato. El 26 de abril 2019, 55 por ciento de accionistas de Bayer votó contra las estrategias del directorio, liderado por Werner Baumann, que defendió la compra de Monsanto.

El glifosato, inventado por Monsanto en 1974, es uno de los herbicidas más usados en el mundo. Se vende bajo muchas marcas, como Faena, Rival, RoundUp, Ranger y otras. Las cantidades aplicadas aumentaron exponencialmente con la liberación de cultivos transgénicos resistentes a herbicidas. El aumento de su uso produjo resistencia en más de 25 tipos de malezas, creando un círculo vicioso de aplicar cada vez más glifosato. Se han encontrado cantidades elevadas de residuos de glifosato en alimentos, fuentes de agua y test de orina, sangre y leche materna en varios países y continentes, fundamentalmente en los mayores productores de transgénicos.

En todos los casos de juicios nombrados, los jueces dictaminaron en favor de las víctimas porque hallaron que Monsanto sabía de los riesgos y no lo explicó en etiquetas ni estrategia de venta de los productos. El punto es central, ya que el argumento de Monsanto es que las agencias regulatorias, como la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) anuncian el glifosato como un herbicida de bajo riesgo.

No obstante, en el curso de los juicios Monsanto ha tenido que liberar documentos internos que prueban que tenía estudios propios muy tempranos que mostraban el potencial carcinogénico del glifosato y que pese a ello se dedicó durante décadas a escribir artículos que lucieran como si fueran científicos negando la toxicidad del glifosato, que luego acordaron con diferentes autores supuestamente científicos que los publicaran en su nombre sin mencionar a Monsanto.

Varios de esos artículos fueron listados por la EPA para determinar que el glifosato era casi inocuo a la salud. La organización US Right To Know ha publicado en su sitio dedicado a los juicios contra Monsanto documentos desclasificados hasta 2019 con pruebas y nombres de varios autores y artículos falseados (https://usrtk.org/monsanto-papers/).

En un reciente artículo de Nathan Donley y Carey Gillam en The Guardian, denuncian que Monsanto nunca realizó estudios epidemiológicos del uso de glifosato para ver su potencial cancerígeno, y en su lugar dedicó enormes sumas de dinero (hasta 17 millones de dólares en un año) para hacer campañas de propaganda, artículos de opinión de periodistas sesgados y actuar como escritor fantasma de artículos científicos que afirman que el glifosato es inocuo o no tiene grandes riesgos. Esto aumentó luego de la declaración de la OMS en 2015 (https://tinyurl.com/yxkrw4l9).

También dan a conocer correos electrónicos de Monsanto con la consultora de "estrategia e inteligencia política" Hakluyt, en julio de 2018, que revelan que la Casa Blanca afirma que "le guardará la espalda a Monsanto" en cualquier caso y que pese a los estudios que muestran toxicidad no votarán nuevas regulaciones. (https://tinyurl.com/yxcbswp5)

Son abrumadoras las evidencias de que se debe prohibir el glifosato. Varias ciudades estadunidenses y algunas latinoamericanas ya lo han establecido. El tema no es solamente este tóxico o sólo Monsanto-Bayer. Todas las trasnacionales de agronegocios tienen estrategias parecidas para vender veneno a costa de la salud y el medio ambiente. Hay que avanzar en la eliminación de todos los agrotóxicos.

 

Por Silvia Ribeiro,  investigadora del Grupo ETC

 

Publicado enMedio Ambiente
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