Venezuela: un sector de la oposición no participará de las elecciones

De cara a los comicios legislativos del 6 de diciembre 

 

Faltan cuatro meses para las elecciones legislativas en Venezuela. Finalmente, como se anticipaba, un sector de la oposición no participará. La decisión fue anunciada el domingo a través de un comunicado suscrito por 27 organizaciones opositoras, donde afirman que lo que sucederá el 6 de diciembre no será una contienda electoral sino un fraude.

En el comunicado aparecen las firmas del denominado G4, es decir Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, junto con otras organizaciones articuladas alrededor de la estrategia abstencionista. Esa opción de boicot electoral no es nueva en la historia reciente venezolana, ocurrió en época de Hugo Chávez y volvió a repetirse en el 2017 y 2018.

Sin embargo, no se trata de una estrategia compartida por el conjunto de la oposición. Si eso ya había quedado de manifiesto en las contiendas anteriores, ahora lo es con mucha más fuerza ya que un sector mayoritario de fuerzas de oposición participará de las elecciones del 6 de diciembre. El Consejo Nacional Electoral ya indicó que para estas elecciones se han inscrito 105 partidos.

La apuesta por la abstención tampoco es compartida dentro de muchos de los partidos del G4, divididos en su interior. Un caso paradigmático es el de Primero Justicia, públicamente fracturado en tres posturas. Por un lado, quienes son parte de la apuesta alrededor de la figura del “gobierno interino”, como, por ejemplo, Julio Borges. Por otro lado, quienes se oponen a esa línea y ahora, tarjeta del partido en mano, anuncian que serán parte el 6 de diciembre. 

Y, por otra parte, Capriles Radonski, que sostiene una tercera posición. “¿Vamos a seguir haciendo política con los pies a dónde? Los pies hay que tenerlos en la tierra, usted tenía un plan y el plan fracasó, ¿va a seguir pegándose con el fracaso?, se acabó. (…) Tenemos que salir de la gran contradicción gobierno vs fantasía. ¿Gobernar en internet? ¡Por favor!”, afirmó el excandidato presidencial pocos días atrás, desmarcándose tanto de Guaidó -“el fracaso”- como del gobierno.

Esto mismo se repite dentro de Acción Democrática donde por un lado un sector, encabezado por Henry Ramos Allup, firmó el comunicado denunciando anticipadamente el fraude, mientras que otro, dirigido por Bernabé Gutiérrez, ya se encuentra en campaña desde hace varias semanas. Ambos se dicen representantes del partido, pero el segundo es parte de la junta directiva que reconoce el Tribunal Supremo de Justicia. A la opción de participar se sumó además la gobernadora del estado Táchira, miembro del partido, Laidy Gómez.

Si el mapa de fuerzas es complejo, la división política, en cambio no lo es. El comunicado de abstención ocurre pocos días después de que Washington vuelva a sentar posición respecto a las elecciones. Elliot Abrams, denunciado por sus implicaciones en masacres en América Central en la década del 80 y encargado del asunto Venezuela por el Departamento de Estado, volvió a ratificar la posición estadounidense.

“Las condiciones para unas elecciones libres y justas son de hecho mucho peores de cómo estaban en el 2018 (…) las elecciones parlamentarias en diciembre ya están manipuladas”, declaró ante la prensa.

Así, detrás de la decisión de participar o no participar el 6 de diciembre, se encuentra el parteaguas principal: mantenerse detrás de la estrategia diseñada y conducida desde Estados Unidos, que cuenta con apoyo bipartidista interno, o tener una política propia desacoplada de Washington. Es entonces mucho más que un debate sobre abstención.

El alineamiento a Estados Unidos significa tres aspectos centrales. Por un lado, sostener la ficción del gobierno paralelo, inexistente dentro del país, pero reconocido por el arco de gobiernos que siguen la política exterior estadounidense hacia Venezuela. Por otro lado, y vinculado con lo primero, apoyar la política cada vez más exacerbada de bloqueo económico y robo de activos venezolanos en el extranjero. Por último, y como central, mantener la apuesta a una salida vía derrocamiento de Nicolás Maduro.

LEER MÁSPolítica o Nopolítica

Ese alineamiento significa para los partidos opositores apoyar un bloqueo que golpea sobre el conjunto de la economía, la sociedad y cuenta con poca legitimidad. Implica también una renuncia al ejercicio político, a la participación electoral. La pregunta, ante la cual no tienen respuesta es: ¿cuál es el plan? Bajo ese silencio se esconden las tramas de operaciones encubiertas, intentos de fractura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el colapso económico nacional como estrategia de acceso al poder.

Este escenario se desarrolla mientras el país enfrenta el aumento de la pandemia de covid-19. Existen actualmente 20.206 casos de contagio y 174 fallecidos, un número menor en comparación con el cuadro de los países vecinos. Sin embargo, el número preocupa debido a la velocidad con la cual se multiplican los contagios, y por las dificultades económicas que enfrenta el país, que, además, venía presentando retrocesos en el ámbito sanitario, en particular en los hospitales públicos.

Ante la aparición de la pandemia el gobierno reforzó tanto la dotación de insumos médicos a través de convenios con gobiernos aliados, como China, Rusia y Cuba, así como la red desarrollada durante años en los barrios populares, a través, por ejemplo, de los Centros de Diagnóstico Integral. El viernes, por ejemplo, fue inaugurado un centro especial de lucha contra la covid-19 en el conocido Poliedro de Caracas, con 1.200 camas hospitalarias, unidad de cuidado intensivo, quirófano y laboratorio móvil. El acceso, cuidado y tratamiento será gratuito para los pacientes.

Con el mapa ya definido ante el 6 de diciembre, la pandemia en pleno desarrollo, queda ahora por ver si Washington, en medio de tormentas internas, dará luz verde a una acción para, nuevamente, intentar un derrocamiento. 

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Miles se manifestaron ayer en Berlín en protesta contra las medidas de prevención del nuevo coronavirus, con el argumento de que limitan las libertades individuales, mientras el país reportó 955 contagios en 24 horas. Foto Ap

Más de 15 mil personas salieron a las calles sin tapabocas

La jornada denominada el "Día de la Libertad" reunió a manifestantes anticuarentena, antivacuna y ultraderechistas. Fue justo en el día que Alemania registró su mayor incremento de casos en tres mese

 

Más de 15 mil manifestantes anticuarentena, antivacuna y ultraderechistas marcharon por las calles Berlín en el denominado "Día de la Libertad". Sin llevar barbijos ni respetar el distanciamiento social, proclamaron el fin de la pandemia de coronavirus. La movilización fue desarmada antes de llegar a su punto de encuentro en medio de forcejos entre la policía y los convocantes. Alemania se encuentra en pleno repunte de contagios por la covid-19. El sábado se registró el mayor incremento de casos en tres meses.

La marcha circuló por las cercanías de la Puerta de Brandeburgo. La mayoría de los participantes denunciaron la "tiranía" de la canciller alemana, Angela Merkel y sus supuestos aliados: la industria farmacéutica y el multimillonario estadounidense Bill Gates. Casi nadie respetó el distanciamiento físico ni utilizó barbijo pese a que fue una de las condiciones impuestas por las autoridades para autorizar la marcha. La policía vedó el paso en algunos puntos de la ciudad. Hubo varios grupos disgregados dispuestos a concentrarse de todos modos en el monumento conocido como Columna de la Victoria, mientras otros se dirigían a objetivos alternativos, como la sede de la Cancillería. 

Llegaron a reunirse unas 17 mil personas según la televisión pública regional RBB, entre los que también había comerciantes descontentos con las restricciones en la vida pública. El hecho de adoptar como consigna común la referencia al "Día de la Libertad" mostraba un interés ultraderechista en la convocatoria. Ese es el título de la película de Leni Riefensthal sobre el congreso del partido nazi de 1935. La cineasta fue una pieza clave del aparato de propaganda de Adolf Hitler.

Las autoridades berlinesas desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad, dado que la movilización coincidió con una veintena de otras manifestaciones. Entre ellas tres de signo izquierdista contra la marcha de los negacionistas. Las fuerzas de seguridad alemanas no dieron a basto esta semana. También tuvieron que regular el creciente número de fiestas "espontáneas" que desde hace semanas se suceden en la capital alemana. Se trata de fiestas o picnics al aire libre, que llegan a juntar a miles de participantes. Las autoridades muestran cierta tolerancia por entenderlas como una forma de dar entretenimiento de adolescentes y jóvenes. En la capital del país aún siguen cerrados pubs y discotecas.


Mientras, en las últimas 24 horas hubo 955 nuevos contagios, un número que no alcanzaban Alemania desde el 9 de mayo, informó la agencia de noticias local DPA. El cómputo total de infecciones verificadas está en 209.653, de los cuales 192.700 son pacientes recuperados y 9148 víctimas mortales.  La pandemia había sido controlada en gran medida en el país, pero el Gobierno viene advirtiendo sobre los nuevos brotes que se detectaron en las últimas semanas.

El Insituto Robert Koch dijo que la aplicación más laxa de las reglas de distanciamiento e higiene, así como los viajeros que regresan del extranjero, son los culpables del aumento de los casos. Como medida para evitar casos importados, desde el sábado Alemania ofrece test gratuitos de coronavirus a los viajeros que regresan del extranjero. Las pruebas que serán obligatorias a partir del lunes para quienes proceden de regiones de riesgo, a fin de evitar la cuarentena.

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Sábado, 01 Agosto 2020 05:49

El modelo que no fue

Un vendedor frente a su comercio en el barrio antiguo del centro de Estocolmo, que se encuentra vacío por falta de turistas. AFP, ALI LORESTANI

LAS CONSECUENCIAS DE LA ESTRATEGIA SUECA CONTRA EL CORONAVIRUS

 

La singular gestión de la pandemia en Suecia (sin cuarentenas, con escuelas y negocios abiertos desde el comienzo) arroja resultados ambiguos. Aunque los hospitales no colapsaron y el gobierno pide paciencia, la mortalidad se disparó entre los grupos más vulnerables. Lo sucedido también es revelador de cómo funciona la gestión pública en ese país y de los efectos del retroceso del Estado de bienestar.

Cuando se desató la pandemia de covid-19, comenzaron a sonar las alarmas en el mundo entero. Pero, mientras se establecían confinamientos obligatorios, se cerraban escuelas, se decretaban toques de queda y por doquier policías y militares patrullaban las calles, en un pequeño país del norte se seguía escuchando el familiar y simpático sonido de la llegada del camión de helados a los barrios. Suecia había elegido otro camino.

Desde el extranjero no se ha dejado de observar con consternación, aunque inicialmente también con cierta curiosidad, lo que ocurre en este reino de 10 millones de habitantes, donde nunca se declaró la cuarentena obligatoria, ni el cierre general de escuelas, ni el de restaurantes, bares ni cafés, y donde la caja de herramientas para contener la propagación del virus incluyó, sobre todo, recomendaciones y exhortaciones a la población para que modificara sus hábitos. Los impulsores de esta estrategia sueca de «mano suave» la han defendido de manera inamovible desde su implementación.

Pero más de cuatro meses después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, Suecia se enfrenta a duras estadísticas: hoy es el sexto país del mundo (sin contar a los diminutos Andorra y San Marino) con más muertes por coronavirus per cápita, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. La comparación de la situación en Suecia con la de sus pares nórdicos –que gozan de sistemas de protección social y de servicios de salud y cuidados similares– revela diferencias abismales en cuanto a la extensión y la mortalidad del virus. En Suecia, la mortalidad per cápita por coronavirus es más de cinco veces más alta que en Dinamarca, nueve veces más alta que en Finlandia y 11 veces más alta que en Noruega. Y, según datos de la propia Agencia de Salud Pública sueca, a mediados de abril la mortalidad registró un incremento de más del 50 por ciento en comparación con el mismo período en años previos.

EL EXPERIMENTO

A pesar de estos datos, la cara más visible de la estrategia sueca, el epidemiólogo de Estado Anders Tegnell, quien trabaja en la Agencia de Salud Pública –un organismo independiente del gobierno–, no ha dejado de afirmar que «la estrategia general no ha fallado» y que sus críticos no deberían apresurarse a hacer evaluaciones de las tasas de mortalidad, sino esperar a tener datos sobre un período más largo para sacar conclusiones. Pero ¿en qué consiste la tan debatida estrategia sueca?

Una vez que constataron que la propagación del virus estaba fuera de control en el país, las autoridades sanitarias suecas abandonaron la ambición de testear a todas las personas con síntomas del virus y de intentar rastrear todas las posibles vías de contagio. En lugar de testear los casos sospechosos, se recomendaba a las personas que tuvieran cualquier mínimo síntoma de resfrío que se quedaran en sus casas. Lo cierto es que hasta comienzos de junio Suecia aún no había desarrollado una capacidad de testeo de covid-19 para hacer pruebas a gran escala, por lo que muchos enfermos sospechosos de tener coronavirus, incluso en hogares de ancianos, nunca fueron testeados.

Por otro lado, Tegnell siempre descartó imponer una cuarentena obligatoria generalizada, con el argumento de que era necesario poder sostener cualquier medida en el tiempo, lo que, según él, no sería posible con medidas prohibitivas, como los toques de queda, ya que tarde o temprano tendrían que ser levantadas. A la larga, argumentaba, perderían su legitimidad popular.

El único grupo al que se le recomendó sistemáticamente limitar sus contactos físicos fue el de las personas mayores de 70 años, ya que pertenecen al grupo de riesgo más vulnerable al virus. Al resto de la población se la exhortó a lavarse las manos frecuentemente, mantener el distanciamiento social, recurrir al teletrabajo en los casos que fuera posible y evitar todos los viajes no necesarios dentro del país; los viajes al exterior ya habían sido desaconsejados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las escuelas y guarderías se mantuvieron abiertas, aunque los colegios secundarios y las universidades pasaron a un régimen de clases a distancia. También los restaurantes, bares y cafés podían permanecer abiertos siempre y cuando mantuviesen cierta distancia entre las mesas y no sirvieran comida o bebida en las barras. Al principio el gobierno prohibió las reuniones de más de quinientas personas, luego las de más de cincuenta y más tarde aún las visitas a los residenciales para mayores. Pero las leyes o los decretos fueron escasamente utilizados en comparación con otros países. La herramienta priorizada fue la de las recomendaciones.

Las dos principales metas de la estrategia, explicó Tegnell innumerables veces en las ruedas de prensa diarias de la Agencia de Salud Pública, eran, por un lado, asegurarse de que la necesidad de atención médica de la población no superara la capacidad del sistema («lo importante es aplanar la curva» fue el mantra de la Agencia) y, por otro, proteger de contagio a la población más vulnerable.

MORIR EN LA RESIDENCIA

La primera meta se alcanzó. Desde el inicio de la pandemia siempre hubo lugares vacantes en las salas de cuidados intensivos. La segunda no tanto… Nueve de cada diez personas que murieron por covid-19 en Suecia pertenecían precisamente al grupo vulnerable. Y de las ya más de 5.700 personas que murieron de coronavirus, un 47 por ciento residía en hogares de ancianos. El 30 de marzo, mientras desde Francia, Italia y España llegaban noticias sobre hogares de ancianos donde los residentes muertos por coronavirus se contaban por centenas, le pregunté a Tegnell si la Agencia de Salud Pública creía que la misma situación podría producirse en Suecia. «De momento pienso que en Suecia nos hemos arreglado bastante bien», respondió en una conferencia de prensa. Dos días más tarde, la radio estatal sueca, Sveriges Radio, reportaba que en un tercio de las 290 municipalidades del país ya se había constatado casos positivos en hogares de ancianos. Al día siguiente, la televisión estatal informaba que las residencias afectadas en la región de Estocolmo llegaban a 25 por ciento, y el porcentaje subió a 75 por ciento tres semanas después.

A mediados de abril, luego de que Suecia registrara un pico en el exceso de muertos (lo que en inglés se llama excess mortality: una cantidad de muertes por encima de lo que normalmente se espera en ese período del año) y luego de que 22 científicos suecos publicaran una columna de opinión en el diario Dagens Nyheter que criticaba duramente la estrategia de los expertos de la Agencia de Salud Pública, Tegnell admitió que la cantidad de muertes registradas en hogares de ancianos era «un fracaso para nuestra manera de proteger a nuestros mayores». Pero, insistió, «no es un fracaso de la estrategia general».

La gran cantidad de muertes por covid-19 en las residencias de ancianos produjo revuelo en el país y un debate público sobre el deterioro del sistema de cuidados, que durante mucho tiempo se presentó como un ejemplo para el resto del mundo por su alta cobertura y por su calidad y formalización. Mientras que este trabajo en muchos otros países es llevado a cabo por familiares o bien por trabajadoras domésticas, en Suecia se emplea a personal de salud con formación y especialización, y los servicios son regulados por las autoridades sanitarias públicas.

El primer escándalo que revelaron los medios fue que en muchos de estos hogares el personal no tenía acceso a equipos de protección, y se sospechaba que ese era el principal vehículo de contagio de los residentes. Según datos oficiales, solamente el 40 por ciento de ellos cumplía con las normas de higiene establecidas para evitar el contagio del virus y tenía acceso a material de protección.

Las noticias sobre los miles de muertos en las residencias de adultos mayores también sacaron a la luz las condiciones de trabajo cada vez más precarias de su personal. Comenzó a cuestionarse la alta rotación en estos hogares, que se debe a la contratación creciente de personal eventual o por hora en este sector, lo que elevó el riesgo de que el virus entrara por la puerta del personal y afectara a los residentes. Además, estos trabajadores no tienen derecho a licencia por enfermedad, por lo que a menudo siguen yendo a trabajar incluso en los casos en que presentan síntomas de resfrío y otras enfermedades leves, pero que podrían encubrir covid-19.

Los medios también revelaron que, en la región de Estocolmo –la que registró casi la mitad de todas las muertes por coronavirus del país–, la atención médica de los residentes de estos hogares también estaba en cuestión. En una investigación que llevé a cabo para el diario suecoDagens ETC, distintas fuentes me confirmaron que en varios hogares llegó a morir la mitad de los residentes de una misma sección sin haber sido atendidos por un médico. Hace décadas cada residencia especializada para mayores contaba con la presencia diaria y permanente de un mismo médico. Hoy, en la región de Estocolmo, el servicio médico de las residencias ha sido tercerizado a empresas privadas, y los médicos responsables de los residentes suelen visitar cada hogar una vez por semana. Un solo médico puede estar a cargo de entre doscientos y trescientos pacientes en diferentes hogares, la enorme mayoría con enfermedades múltiples.

Al compilar los datos sobre las muertes de residentes de los hogares de ancianos,Dagens Nyheter constató que en la mayoría de ellos habían fallecido en la residencia, no en el hospital. En la región de Estocolmo ese fenómeno es aún más extremo. Sólo el 10 por ciento de los enfermos graves de las residencias fallecieron en el hospital. Para evitar que se saturaran los servicios de salud, los funcionarios de la región de Estocolmo introdujeron muy temprano (el 30 de marzo) un nuevo sistema de prioridades que desviara a los enfermos de las residencias de los hospitales, para que el sistema sanitario no se saturara. La regla era que estos pacientes fueran tratados en los hogares de ancianos, aunque no hubiera médicos suficientes para hacerlo. En principio, el documento instruye a los médicos a no enviar ancianos con cierto grado de «fragilidad clínica» al hospital, salvo en el caso de que precisen una intervención quirúrgica de urgencia. Pero el nivel de fragilidad exigido era tan bajo que prácticamente excluía de atención hospitalaria a los ancianos con algún grado de demencia, así fuera muy leve. Cabe señalar que la mayoría de los residentes de hogares de este tipo en Suecia tienen algún grado de demencia senil. Las camas libres durante la pandemia muestran que, en efecto, se alcanzó el objetivo de no saturar el sistema.

UN GOBIERNO FRÁGIL

Sobre la estrategia sueca para combatir el coronavirus se han dicho muchas cosas en la prensa internacional. Una de ellas es que el país habría optado por darle prioridad a la economía frente a la salud pública y habría decidido no cerrar las escuelas o imponer una cuarentena que hubiese paralizado la actividad económica y precipitado la quiebra de empresas y el aumento del desempleo. Pero lo cierto es que esto ha sido desmentido, desde los inicios de la pandemia, por la Agencia de Salud Pública. A diferencia de muchos otros países europeos, donde los cargos políticos dentro de la administración son la regla y donde los ministros son los jefes máximos y últimos responsables de la administración pública, la Constitución sueca establece una separación entre la administración pública y la política. El aparato administrativo debe limitarse a aplicar las leyes de manera independiente. Por eso, salvo su director, los funcionarios de la Agencia de Salud Pública (al igual que en cualquier otra institución de la administración pública sueca) son designados por mérito profesional y permanecen en sus puestos cuando cambian los gobiernos. De hecho, no han faltado voces, dentro de Suecia, que le han reprochado al gobierno minoritario del socialdemócrata Stefan Löfven falta de liderazgo propio en materia de salud pública. «¿Cómo vamos a poder ganar esta batalla si los políticos electos se esconden detrás de funcionarios, que son quienes llevan las riendas? Funcionarios que hasta ahora no han demostrado ningún talento ni para predecir ni para limitar la deriva que estamos viviendo», escribían los 22 científicos críticos en una columna de opinión enDagens Nyheter.

La gestión de la pandemia del coronavirus en Suecia se ha caracterizado por ser altamente tecnocrática. De hecho, el gobierno de Löfven se ha alineado por completo con las recomendaciones de los expertos de la Agencia de Salud Pública y sólo ha aprobado medidas una vez que esas autoridades expertas se han expresado en la materia. Por varios motivos, no es de extrañar que haya sido así. Por un lado, existe en Suecia cierta tradición de consenso en el ámbito político, producto del sistema parlamentarista y del sistema electoral proporcional. Por otro lado, el actual gobierno nació débil, luego de meses de parálisis parlamentaria en un contexto de muy alta fragmentación política, causada por el espectacular avance electoral de la extrema derecha. El gobierno del socialdemócrata Löfven sigue siendo frágil. No sólo es un gobierno de coalición (con el Partido Verde), sino que el oficialismo sólo pudo conseguir la mayoría tras firmar un acuerdo con dos colaboradores muy improbables, los partidos más neoliberales del país: Liberales y el Partido del Centro, que durante décadas le hicieron la guerra a la socialdemocracia.

Frente a la incertidumbre que provocó la pandemia de un virus totalmente desconocido, el gobierno optó por no arriesgarse en un campo que no era el suyo y en el que fácilmente podría equivocarse. Vale la pena recordar que nadie sabía de antemano a ciencia cierta cuáles serían las políticas más eficaces y adecuadas para combatir el virus. Suecia es un país que no ha vivido ninguna guerra en su territorio en más de un siglo y medio, y su población no está acostumbrada a las medidas prohibitivas o autoritarias. Suponiendo que se hubiese opuesto a la línea de Tegnell, para proponer una estrategia diferente y salir vivo de esa confrontación, el primer ministro socialdemócrata habría precisado un apoyo político que los votantes no le dieron.

También en la prensa extranjera se dijo que la meta de la estrategia sueca era generar «inmunidad de rebaño» contra el covid-19. Ello consistiría en no impedir que la población se contagie, de modo que la población que no pertenece a ningún grupo de riesgo contraiga el virus para desarrollar anticuerpos que la protejan contra futuras infecciones, y así generar una masa crítica de personas inmunizadas para frenar la propagación del virus entre la población. Pero lo cierto es que Tegnell ha desmentido que la inmunidad de rebaño haya sido parte de la estrategia sueca, que se basaba en las dos metas ya señaladas: proteger a los adultos mayores y asegurar que la cantidad de enfermos con necesidad de atención médica siempre se mantuviera por debajo de la capacidad de los servicios de salud. Esta estrategia sí asume que es imposible frenar por completo la propagación del virus y por eso propone, según explicó Tegnell, una manera de vivir con el virus.

Sobre la hipótesis de generar una inmunidad de rebaño se ha hablado mucho en Suecia. Uno de sus principales promotores ha sido el antecesor de Tegnell en el puesto de epidemiólogo de Estado, el ahora retirado Johan Giesecke, quien en reiteradas ocasiones afirmó que pronto se alcanzará.

En los comentarios de Tegnell es posible interpretar cierta ambivalencia con respecto a la importancia que le ha dado a la idea de la inmunidad de rebaño. En la Agencia de Salud Pública, el equipo de Tegnell hacía simulaciones para predecir cuándo se alcanzaría tal inmunidad. Y el 16 de abril, en una entrevista con la televisión noruega NRK, Tegnell afirmó que esos cálculos indicaban que la inmunidad de rebaño se alcanzaría en Estocolmo en mayo, aunque precisó que después habría que ver si eso se confirmaba o no. Luego de que un primer estudio indicara que tan sólo el 7 por ciento de la población de Estocolmo tenía anticuerpos contra el coronavirus, comenzó a hablarse menos de la inmunidad de rebaño.

FIN DEL CONSENSO

Las miradas desde afuera no parecían afectar en lo más mínimo la percepción de los propios suecos de que las cosas no iban mal. Las encuestas de opinión que se han hecho de manera regular han mostrado que la Agencia de Salud Pública ha gozado de un alto grado de confianza. El 22 de abril, el 60 por ciento de los encuestados (encuesta Kantar/Sifo) expresaba que las medidas que se habían tomado representaban un buen balance entre la salud pública y la economía, y una mayoría indicaba haber modificado sus hábitos (por ejemplo, el 86 por ciento afirmaba lavarse las manos más a menudo y el 69 por ciento decía haber disminuido sus actividades sociales), según las recomendaciones. Pero en las últimas encuestas ha aumentado la proporción de personas que estiman que en las medidas no se ha tomado en cuenta suficientemente la salud pública.

Desde hace un tiempo, en Suecia están bajando las muertes diarias y las internaciones en las salas de cuidados intensivos de personas con covid-19. Pero la experiencia del coronavirus ha dejado sus marcas. Por un lado, el consenso y el silencio político sobre las medidas para manejar la pandemia se han roto. Jimmie Åkesson, el líder del partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, quien se mantuvo bastante callado durante todo el período en que se discutieron las medidas contra la pandemia, salió a pedir la renuncia de Tegnell y ya está hablando de que se ha perpetrado una masacre. La líder ultraconservadora de Demócratas Cristianos, Ebba Busch Thor, cuya batalla consiste en no quedar fuera del Parlamento nacional en las próximas elecciones, también consideró que el tiempo era propicio para tensar la cuerda y afirmó, en un debate televisivo en junio, que el gobierno había dejado que el virus se propagara de manera intencional.

En la cobertura mediática sobre el coronavirus en el país se ven algunos leves cambios y una tendencia hacia el cuestionamiento de la estrategia. En vista de los más de 5.700 muertos, ya hay muchas voces que consideran que es hora de hacer un balance. Una de ellas fue la periodista Nike Nylander, del programa televisivo Agenda. El 14 de junio, le preguntó al primer ministro Löfven si no dudaba del éxito de la estrategia sueca y subrayó que mientras que varios países europeos han vuelto a abrir sus fronteras, varias fronteras vecinas siguen cerradas para los suecos. Pero Löfven no paraba de repetir el caballito de batalla de Tegnell: es muy temprano para hacer evaluaciones.

Por Florencia Rovira Torres

desde Estocolmo 
31 julio, 2020

(Una versión anterior de este artículo fue publicada por Nueva Sociedad bajo el título «Suecia, el modelo que no fue».)

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Miércoles, 29 Julio 2020 06:18

Proyecciones preocupantes de la CEPAL

Proyecciones preocupantes de la CEPAL

Con información hasta el 30 de junio del 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, actualizó el impacto regional de la situación económica, afectada por el receso derivado del COVID19. [1] Señala el informe, con base en el Banco Mundial, que “La economía mundial experimentará su mayor caída desde la […]

Con información hasta el 30 de junio del 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, actualizó el impacto regional de la situación económica, afectada por el receso derivado del COVID19. [1]

Señala el informe, con base en el Banco Mundial, que “La economía mundial experimentará su mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial y el producto interno bruto (PIB) per cápita disminuirá en el 90% de los países, en un proceso sincrónico sin precedentes”.

El dato es en sí mismo muy grave porque afecta al orden mundial emergente en la segunda posguerra, con preminencia del dólar y el poderío ideológico y militar de EEUU.

No se trata de un problema circunstancial, sino y más allá de la disputa con China, como hemos sostenido en varias ocasiones, se constituye en un problema civilizatorio, que trasciende a la economía. No es solo la dominación lo que se discute, sino que la propia supervivencia del planeta y la humanidad está en cuestión por la afectación de la Naturaleza.

Queda claro que, si el tema es global, entonces, la región nuestramericana se ve también afectada, más aún cuando el COVID19 toma a la región como epicentro.

No solo es Brasil o México los que preocupan, con casi 87.000 y 43.000 fallecidos respectivamente, sino que tomando muertes por millón de habitantes encabeza la lista Perú, seguidos por Chile y recién Brasil y México.

Enfatizo este dato, porque ambos países andinos, Perú y Chile, han sido destacados en el último tiempo como los “modelos económicos” a seguir, tomando sus procesos de liberalización económica como paradigmas a imitar.

Las consecuencias de la mercantilización se hacen notar ahora en la pauperización de la población y el deterioro de la salud pública, que recae sobre la población más desprotegida.

Proyecta el informe de CEPAL:

“para el conjunto de la región, una caída promedio del PIB del 9,1% en 2020, con disminuciones del 9,4% en América del Sur, el 8,4% en Centroamérica y México, y el 7,9% en el Caribe, sin incluir Guyana, cuyo fuerte crecimiento lleva el total subregional a una caída del 5,4%”.

En ese marco, es Sudamérica la zona más afectada, con datos por encima del promedio para Brasil con una baja del -9,2%, la Argentina con una caída del -10,5%, Perú del -13% y Venezuela en las peores condiciones del -26%.

Hay que destacar para el caso venezolano, que más allá de los problemas locales, las sanciones y el bloqueo estadounidense perjudican seriamente el funcionamiento económico.

Sobresalen algunos datos sobre la recesión en curso, en especial se menciona que:

“La producción industrial en México cayó un 29,3% interanual en abril, mientras que la actividad total de la economía en el mismo período disminuyó un 26,4% en la Argentina, un 15,1% en el Brasil, un 14,1% en Chile, un 20,1% en Colombia y un 40,5% en el Perú.”

No se trata de la especificidad de una economía, sino que a los problemas locales se suma una situación agravada mundialmente por el coronavirus.

Dimensión social del problema

El impacto es fenomenal para buena parte de la población en Nuestramérica.

“La fuerte contracción en 2020 se traducirá en una caída del PIB per cápita regional del 9,9%. Después de que hubiera prácticamente un estancamiento entre 2014 y 2019 (cuando el crecimiento promedio anual fue de solo un 0,1%), esta caída del PIB per cápita implica un retroceso de diez años: su nivel en 2020 será similar al registrado en 2010.”

Recordemos que, para la década del 80 del siglo pasado, la CEPAL popularizó la frase de la “década perdida”, a propósito de la crisis de la deuda mexicana de 1982 y las secuelas derivadas de la generalización de la hegemonía neoliberal.

Es la década, bajo el liderazgo de Fidel, en la que se intenta crear el Club de los países deudores, para enfrentar al de los acreedores, que estaba bajo la gerencia del FMI.

Se trataba del estancamiento económico en un decenio caracterizado por políticas de ajuste y reforma estructural, las que se generalizaron y popularizaron bajo el designio del Consenso de Washington en los 90.

Así se impusieron las privatizaciones, la desregulación, la liberalización y el aliento a la iniciativa privada con normas orientadas al ajuste fiscal.

Ese saldo se proyectó en el último decenio del Siglo XX como una “media década perdida”, que se sumaba a la anterior.

Los primeros 10 años del Siglo XXI aparecen como de repunte, con crecimiento y distribución del ingreso, producto de la combinación de precios internacionales de exportación en alza y una voluntad política para la mejora en la distribución del ingreso.

El clima de cambio político en toda la región indujo la extensión de las políticas asistenciales, más allá de la orientación a izquierda o derecha de los diferentes gobiernos.

Por eso, resalta el hecho que la CEPAL nos recuerde ahora que el 2020 lleva a la región al nivel registrado en 2010, por lo que consolida otra década perdida, que supone un impacto social regresivo en materia de empleo y pobreza, agravando y consolidando la desigualdad.

El mercado laboral será fuertemente impactado, al comentar la CEPAL que:

“…la tasa de desocupación regional se ubique en alrededor del 13,5% al cierre de 2020, lo que representa una revisión al alza (2 puntos porcentuales) de la estimación presentada en abril de 2020 y un incremento de 5,4 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019 (8,1%).”

Afirma que:

“Con la nueva estimación, el número de desocupados llegaría a 44,1 millones de personas, lo que representa un aumento cercano a 18 millones con respecto al nivel de 2019 (26,1 millones de desocupados).”

Agrega que:

“Estas cifras son significativamente mayores que las observadas durante la crisis financiera mundial, cuando la tasa de desocupación se incrementó del 6,7% en 2008 al 7,3% en 2009 (0,6 puntos porcentuales).”

En rigor, no es novedad, ya que la OIT contempla una escalada del desempleo y la informalidad en el ámbito global, con mayor perjuicio hacia las mujeres y los jóvenes.

Así, en un marco de ofensiva del capital contra el trabajo, las condiciones de la recesión mundial y regional consolida la iniciativa capitalista que en la coyuntura aceleró una demanda demorada por el trabajo a distancia, remoto o teletrabajo.

Es parte de la búsqueda por disminuir el costo de producción laboral, transfiriendo a las trabajadoras y trabajadores parte del gasto en mantenimiento de los instrumentos y medios de trabajo.

Por eso no hay que sorprenderse que el mercado laboral haga evidente el costo en términos de ingreso y empleo que demuestran los datos de la CEPAL.

Más grave aún resulta el tema en términos de pobreza e indigencia.

“La CEPAL proyecta que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45,4 millones en 2020, con lo que el total de personas en situación de pobreza pasaría de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, cifra que representa el 37,3% de la población latinoamericana. Dentro de este grupo, el número de personas en situación de pobreza extrema se incrementaría en 28,5 millones, pasando de 67,7 millones de personas en 2019 a 96,2 millones de personas en 2020, cifra que equivale al 15,5% del total de la población.”

Señala el informe que:

“Los mayores incrementos de la tasa de pobreza (de al menos 7 puntos porcentuales) se producirían en la Argentina, el Brasil, el Ecuador, México y el Perú.”.

Para el caso de la Argentina, la pobreza extrema pasa de 3,8% al 6,9%, con una variación de 3,1 puntos porcentuales de crecimiento; y la pobreza pasa del 26,7% al 37,5%, con 10,8 puntos porcentuales de incremento.

Hace tiempo que la región nuestramericana llama la atención por los niveles de desigualdad, que son crecientes y este informe corrobora.

En esta ocasión no se difunden los datos de la concentración del ingreso y de la riqueza, que agravan la situación de inequidad que configura a Latinoamérica y al Caribe como el territorio de mayor desigualdad en el sistema mundial.

Propuestas de la CEPAL

Sostiene en el informe cuatro líneas de acción:

  1. a) un ingreso básico de emergencia como instrumento de protección social;
  2. b) un bono contra el hambre;
  3. c) el apoyo a las empresas y los empleos en riesgo;
  4. d) el fortalecimiento del rol de las instituciones financieras internacionales.

Parece poco, y discutible, para un diagnóstico tan crudo, aun cuando sustenta medidas urgentes que promueven buena parte de los perjudicados social y económicamente.

Son demandas, las tres primeras, que se sostienen desde las organizaciones sociales y políticas que agrupan en el territorio a los sectores más desprotegidos.

Las dos primeras son sugerencias para la emergencia social y la tercera apunta a contener el entramado de pequeñas y medianas empresas, incluso las “micro”, que son en conjunto, el principal sustento del empleo en todos los países.

Más difícil resulta la última, que remite a un fortalecimiento de organismos que debieran incluirse más como parte del problema que, como solución, más aún cuando detrás del diagnóstico aparece la dependencia financiera y el sobreendeudamiento de varias de las economías con problemas.

Sin ir más lejos, el caso argentino es paradigmático en la coyuntura, cuando se encuentra discutiendo el refinanciamiento de su deuda con grandes Fondos Financieros y con un FMI que hundió al país con un préstamo impagable que condiciona el presente y futuro de la economía y su pueblo.

Es tiempo de pensar en una perspectiva civilizatoria en contra y más allá del capitalismo.

Nota:

[1] CEPAL. Informe especial COVID19, 15/07/2020, en:  https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45782/1/S2000471_es.pdf

 

Por Julio C. Gambina | 29/07/2020 

Julio C. Gambina es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

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Estos cinco movimientos rebeldes quieren cambiar cómo funciona el dinero

Siempre ha habido movimientos que discrepan con el sistema monetario, cómo funciona y a quién beneficia. Sin embargo, después de la crisis financiera de 2008 ha surgido una nueva oleada de agitadores pecuniarios, cada uno con ideas muy diferenciadas sobre lo que significa el dinero. Desde los predicadores del bitcoin hasta los abanderados de la teoría monetaria moderna, estos rebeldes del dinero se han repartido en bandos enfrentados.

 

Siempre ha habido movimientos que discrepan con el sistema monetario, cómo funciona y a quién beneficia. Sin embargo, después de la crisis financiera de 2008 ha surgido una nueva oleada de agitadores pecuniarios, cada uno con ideas muy diferenciadas sobre lo que significa el dinero. Desde los predicadores del bitcoin hasta los abanderados de la teoría monetaria moderna, estos rebeldes del dinero se han repartido en bandos enfrentados.

Para comprender a estos grupos y por qué luchan es importante que entendamos el sistema que cuestionan. Nuestro sistema monetario se caracteriza por los bancos centrales nacionales y las tesorerías, que emiten la base monetaria. Dicha base engloba el dinero físico en efectivo que tenemos en la cartera y también reservas, es decir, dinero digital en un formato especial que los bancos comerciales guardan en sus cuentas centrales, fuera de nuestro alcance.

Estas entidades se dedican entonces a aumentar la masa monetaria emitiendo una segunda capa de dinero sobre el dinero del banco central, mediante un proceso llamado multiplicador monetario (a veces, reserva fraccionaria). De esta forma se crea el dinero de la banca comercial, que aparece en nuestras cuentas en forma de depósitos.

Los pormenores son sutiles y complejos (sobre todo a nivel internacional), pero la interacción de estos agentes que emiten el dinero y lo sacan de la circulación hace que la masa monetaria se expanda y se contraiga, como un pulmón al respirar. Los grupos que abogan por una reforma monetaria apuntan a diferentes elementos de esta dinámica. Aquí tenemos cinco ejemplos:

Los guerreros del dinero público

Cuando amanece decimos que sale el sol, pero en realidad el sol está siempre en el mismo sitio y el amanecer es una ilusión creada por la rotación de la Tierra. La teoría monetaria moderna plantea que la noción que tenemos del dinero público trae un espejismo parecido: a menudo decimos que un gobierno central “recauda dinero” mediante los impuestos y después lo gasta, pero la realidad es que son las instituciones gubernamentales las que crean el dinero al gastarlo por primera vez y lo retiran de la circulación al exigir el pago de impuestos. Si el gobierno emite el dinero, ¿por qué tiene que pedir que se lo devuelvan?

Los partidarios de la teoría monetaria moderna esgrimen que la idea de que a un gobierno se le puede acabar el dinero como a cualquier hogar o empresa es una mera ilusión. Un gobierno solo puede quedarse sin dinero si no acuña su propia moneda soberana (como ocurre con los países de la Unión Europea que han optado por el Euro), o bien si se ha fijado un límite político sobre la emisión de moneda. En el segundo caso, los gobiernos primero deben recuperar el dinero mediante la recaudación fiscal (y otros medios) antes de volver a emitirlo en otro lugar.

Por esto, los partidarios de la teoría monetaria moderna no les compran a los conservadores el argumento de que “no hay dinero” cuando estos quieren recortar en sanidad y educación. “Los gobiernos que tienen el monopolio de su moneda siempre pueden sufragar las políticas prioritarias”, declara Pavlina Tcherneva, catedrática de Economía en el Levy Economics Institute del Bard College de Nueva York.

Según la teoría monetaria moderna, si hay personas en desempleo que quieren trabajar y recursos materiales para que lo hagan, el gobierno federal puede emitir dinero nuevo sin generar inflación, porque el incremento de la masa monetaria vendrá acompañado de un aumento de la producción. “El objetivo es poner las arcas públicas al servicio del interés general sin acelerar la inflación”, apuntó Stephanie Kelton, catedrática de Políticas Públicas y Economía en la Universidad de Stony Brook y antigua asesora jefe del senador independiente de Vermont Bernie Sanders.

Los reformistas del dinero bancario

Los reformistas del dinero bancario quieren cambiar el poder que ostenta la banca comercial para crear dinero. Otros grupos critican el sistema basado en el dinero bancario de entidades comerciales, aduciendo que genera inestabilidad económica, sobrendeudamiento y concentración de poder en manos de los bancos: esos mismos bancos que nos llevaron a la crisis financiera de 2008.

Algunos grupos que abogan por una reforma del dinero bancario son el American Monetary Institute, Dinero Positivo[1] y el Movimiento Internacional para la Reforma Monetaria (IMMR por sus siglas en inglés).

Los bancos comerciales crean dinero nuevo al conceder préstamos. El ala moderada del movimiento reformista de la banca arguye que, ya que el gobierno les otorga ese privilegio, las entidades y sus préstamos deberían estar sometidas a un mayor escrutinio democrático. Las posturas más duras, por otra parte, defienden que debería prohibirse directamente la creación de dinero por parte de los bancos.

El movimiento que aspira a poner coto al dinero bancario es más diverso políticamente que el de la teoría monetaria moderna. Esta idea se ha granjeado el apoyo de algunos liberales, como el economista ya fallecido Murray Rothbard, economistas neoclásicos como Irving Fisher y también grupos de izquierda, como el Partido Verde británico, que plantea que la creación de dinero por parte de la banca conlleva crisis medioambientales y dominación empresarial.

Sus recetas son diversas: Dinero Positivo (movimiento hermano del británico Positive Money, que elabora estudios y campañas sobre política monetaria en Reino Unido) aboga por que la creación de dinero sea competencia exclusivamente de un órgano público democrático, transparente y que rinda cuentas, dando lugar a un sistema de “dinero soberano” donde todos podamos tener una cuenta en el banco central. Esta propuesta es distinta de una banca de reserva 100 %, en cuyo caso tu banco debería disponer de reservas que respalden la totalidad de los depósitos de tu cuenta.

Los cruzados de las criptomonedas

Los cruzados de las criptomonedas no solo rechazan el sistema monetario nacional y el papel de la banca comercial, sino que rechazan de plano el concepto del dinero basado en el crédito (donde el dinero se “crea de la nada” gracias a las leyes o a un pacto social) y piden que se sustituya con “dinero mercancía” (que se “crea a partir de algo” mediante un proceso de producción). Estos grupos han recogido el testigo de los goldbugs (literalmente, “escarabajos del oro”), que aspiraban a restablecer el patrón oro.

Este movimiento comenzó con el Bitcoin y argumenta que el mejor sistema monetario es uno que no dependa de la política humana. Dicha idea se encuadra en una tradición filosófica según la cual los sistemas deberían regirse por los límites que marque Dios, la física o las matemáticas, en lugar de las leyes que elaboran los políticos. Por ejemplo, en el caso del oro existen límites geológicos a la cantidad de oro que se puede hallar y extraer. En el caso del Bitcoin, el sistema fija un máximo de dinero que puede emitirse y obliga a los participantes a “minarlo” como si fuera un recurso natural.

Los partidarios más ortodoxos del Bitcoin creen que el verdadero dinero es un bien de oferta limitada que debe extraerse mediante un proceso de producción, por lo que sostienen que el dinero fiduciario (que crean los bancos o los países) es un dinero artificial o engañoso, controlado por unos poderes corruptos. Hay un cierto puritanismo en estos cruzados de las criptomonedas que desconfían de las instituciones humanas y se encomiendan al orden “divino” abstracto de las matemáticas y los mercados.

Mientras otras corrientes como la teoría monetaria moderna se apoyan en las instituciones humanas, los criptocruzados consideran que la política es un quehacer absurdo. Esa desconfianza es sintomática: muchas veces el movimiento está tan enfrentado con el sistema crediticio como consigo mismo, como demuestran las encarnizadas luchas intestinas entre los partidarios de las diferentes criptodivisas.

No obstante, son los reformistas monetarios más acaudalados ya que, irónicamente, muchos usuarios de las criptomonedas se han hecho millonarios en la moneda fiduciaria que tanto dicen detestar.

Los localistas

Las monedas alternativas no gubernamentales ya estaban ahí mucho antes de que surgieran las criptomonedas. Estas originales alternativas al dinero corriente engloban sistemas de crédito mutuo, bancos de tiempo (donde se emplea el tiempo para medir cuántos créditos se ganan) y monedas sociales y locales, como la libra de Brixton y sistemas como el Wir suizo, una moneda que se usa entre empresas.

Esta tradición también recela de los grandes sistemas monetarios donde interactúan el gobierno y la banca privada, pero, en lugar de exigir que dichos sistemas se sustituyan por un algoritmo robótico, proponen que las comunidades más pequeñas dispongan de competencias para acuñar una moneda local.

Al contrario que los promotores de las criptomonedas, para estos grupos no hay problema con “crear dinero de la nada”, sino más bien con quién lo hace y en qué magnitud. Creen que los sistemas a gran escala alienan a las personas y disuelven las comunidades que están íntimamente unidas.

Un sistema de crédito mutuo como el Sardex de Cerdeña, por ejemplo, no rechaza la idea de la expansión y la contracción de la masa monetaria, pero integra a la comunidad de la isla a la hora de decidir en qué términos ocurre.

Mientras los demás movimientos hablan alto y claro, los entusiastas de las monedas sociales complementarias a nivel local suelen mantener un perfil bajo, son más humildes y, aunque mal remunerados, trabajan para construir estructuras resilientes en sus comunidades.

“Las monedas locales cambian cómo se emite el dinero, cómo circula y en qué se puede gastar para relocalizar economías, fomentar conductas más ecológicas y apoyar a la pequeña empresa”, declara Duncan McCann de la New Economics Foundation.

La alianza de los criptocréditos: el crédito mutuo y la tecnología blockchain se dan la mano

Este es el movimiento menos conocido o con menos desarrollo, pero quizás sea el más emocionante. Hay iniciativas incipientes, como Trustlines, Holochain, Sikoba, Waba y //medium.com/@cemilturun/we-had-paper-blockchains-for-decades-13ac29c4efd0">Defterhane, que buscan crear un híbrido entre alternativas más antiguas, como los sistemas de crédito mutuo, y las arquitecturas de cadenas de bloques sobre las que se construyen las criptomonedas. Tienen cosas en común tanto con los partidarios de la teoría monetaria moderna, que considera que el dinero entendido como mercancía es un atraso, como con los promotores de las criptomonedas, que quieren sacar al gobierno de la ecuación.

Las criptomonedas suscitaron una oleada de creatividad, aunque en gran medida esta se echó a perder en una corriente tóxica de especulación. Por otra parte, los movimientos localistas que promueven el crédito mutuo tienen ideas potentes, pero a menudo no logran darles difusión ni diseminarse. Los grupos más innovadores están explorando las posibilidades creativas que ofrecería la unión de ambos sistemas para solucionar las carencias que tienen por separado.

Por Brett Scott, es un autor y activista crítico proveniente del sistema financiero. Su trabajo examina el funcionaniento interno de las instituciones financieras, incluyendo sus dimensiones culturales.

29 jul 2020 08:32

[1] Puedes leer más sobre Positive Money aquí.

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La Central Obrera Bolviana dio 72 horas para que las elecciones vuelvan al 6 de septiembre

Movilización y ultimátum al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia

La principal entidad obrera de Bolivia dijo que si el TSE no vuelve para atrás con su decisión de postergar las elecciones, irán a una huelga indefinida. La medida entraría en vigor a partir del 3 de agosto.

La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a una cabildo abierto en La Paz para debatir la postergación de las elecciones decidida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Del encuentro participaron organizaciones sindicales y sociales de todo el país. El cabildo resolvió dar 72 horas al TSE para que de marcha atrás con la medida y vuelva a la fecha del 6 septiembre. De no hacerlo a partir del 3 de agosto habrá una huelga indefinida en todo el país, informó el Secretario Ejecutivo de la COB Juan Carlos Huarachi. La movilización continuó hasta el centro de La Paz. Además se replicó en varias regiones del país como Cochabamba y Potosí. Desde el gobierno de facto pidieron que la justicia actúe contra el candidato a presidente por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, por organizar una marcha en medio de la pandemia.

"¡Elecciones ya!"

La semana pasada el TSE había prorrogado por tercera vez los comicios presidenciales y fijó como nueva fecha el 18 de octubre. En respuesta a esta medida el movimiento obrero boliviano convocó a una movilización que tuvo como destino el centro de La Paz. Las jornada comenzó en la ciudad de Senkata, un lugar de alto valor simbólico . Allí el 19 de noviembre del año pasado el gobierno de facto llevó a cabo una feroz represión que dejó como saldo diez muertos, 65 heridos y decenas de detenidos. Al salir de Senkata la columna se movilizó hasta La Ceja. En ese lugar organizaron un cabildo abierto donde se discutió la postergación de las elecciones. El Secretario Ejecutivo de la COB manifestó su disconformidad con la medida. “Viendo las necesidades del pueblo como el problema de salud, la educación, la democracia, estabilidad laboral, la caída de la economía, estamos indignados y sorprendidos por las decisiones del TSE”, dijo el sindicalista al diario La Razón.

Luego de casi una hora de debates el Cabildo resolvió dar 72 horas al TSE para que de marcha atrás con el cambio en la fecha de las elecciones. De caso contrario indicaron que realizarán una huelga indefinida con bloqueo de caminos a partir del 3 de agosto. “Que el TSE se retracte y cumpla las elecciones del 6 de septiembre. (…). Es el pedido del pueblo, es el pedido de las bases para recuperar nuestra soberanía, nuestra dignidad. Basta de falta de respeto a la democracia. ¡Hasta la victoria siempre!”, arengó el secretario ejecutivo de la COB. El mitín se cerró al grito de “elecciones ya” para seguir rumbo a La Paz.

En defensa de la democracia

Luego de dos horas de caminata las columnas llegaron al corazón de la capital boliviana. La gran mayoría de las personas llevó barbijos. El Secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, recalcó la importancia de mantener la unidad del movimiento obrero. “Este gobierno se ha constituido en el peor error de la historia de Bolivia. Por lo tanto el pueblo merece reclamar sus derechos como lo estamos haciendo”, sostuvo el dirigente minero a el portal Periodistas por El Cambio. Además criticó la decisión unilateral del TSE de prorrogar las elecciones sin pasar por el Congreso. “Deben respetar el camino legal de pasar por la Asamblea Legislativa. Allí se tiene que promulgar una ley para modificar otra ley”, enfatizó Guitiérrez.

La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas también dijeron presente en la marcha. La dirigente de la organización “Bartolina Sisa”, Segundina Flores, remarcó que la marcha era en defensa de la democracia. “Hoy en día el pueblo está de pie para decir basta de humillación, de corrupción, de discriminación”, sostuvo la dirigente social. En Cochabamba, la tierra de Morales, se organizó otra marcha convocada por miembros de las Seis Federaciones del Trópico. También hubo movilizaciones en Potosí, Chuquisaca, y varias zonas del país.

Por su parte, el gobierno de facto buscó criminalizar la jornada de protesta. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, acusó al candidato presidencial del MAS y a los dirigentes sindicales por organizar la movilización en medio de la pandemia. "Luis Arce admitió que está detrás de esta movilización y, por tanto, a confesión de parte relevo de pruebas y tendrá que rendir cuentas sobre su decisión que tomó”, sostuvo el ministro. Por ese motivo pidió a la Fiscalía que actúe de oficio para procesar a los ciudadanos que planificaron el acto.

A su vez Morales denunció que durante la movilización miembros de las Fuerzas Armadas fueron trasladados a La Paz y el Trópico de Cochabamba. “Las FF.AA. no están para atacar al pueblo que defiende los recursos naturales, sino para defender la soberanía y la independencia”, escribió ex presidente en Twitter. En tanto que Arce sostuvo que el gobierno era el único culpable de la crisis sanitaria que vive el país. “La incapacidad del gobierno de facto pone en riesgo la vida de las y los bolivianos”, expresó el candidato a presidente. En tanto que su compañero de fórmula, David Choquehuanca, resaltó la organización de los sectores populares. “Solo con la unidad del pueblo boliviano recuperaremos el Estado de derecho, nuestra democracia, nuestra salud, nuestra educación, la esperanza y la estabilidad. ¡Jallalla los pueblos del mundo!”, resaltó el líder sindical aimara.


Ya son más de 70 mil los contagiados de coronavirus

Áñez decretó el estado de "calamidad pública" en Bolivia

Con esta medida pretende que el Banco Central de Bolivia (BCB) le apruebe un préstamo sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa. Sin embargo la norma no establece el monto que requerirá a la arcas del Estado

El gobierno de facto de Jeanine Áñez decretó el estado de “calamidad pública”. Con esta medida pretende que el Banco Central de Bolivia (BCB) le apruebe un préstamo sin tener que contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa. Sin embargo la norma no establece el monto específico que requerirá a la arcas del Estado. En paralelo la pandemia del coronavirus sigue golpeando a Bolivia que superó los 70.000 casos confirmados. En las últimas 24 horas registró 1.752 nuevos contagios. Según el último registro del Ministerio de Salud local, Bolivia tiene 71.181 personas infectadas y 2.647 fallecidos.

En este contexto de contagios en alza, Áñez oficializó anoche el estado de “calamidad pública”. El gobierno de facto justificó la medida bajo la obligación de hacer frente a las necesidades ocasionadas por la pandemia. "Se declara calamidad pública en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, para la atención de necesidades impostergables de carácter económico ocasionadas por los efectos negativos del coronavirus", establece el Decreto Supremo 4301. La norma permite al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tramitar ante el BCB la concesión de un crédito en favor del Tesoro General de la Nación.

El decreto había sido promulgado el viernes 24 pero se divulgó el lunes. La medida se concretó luego de que Áñez intentara que la Asamblea Legislativa, en su mayoría integrada por el partido Movimiento al Socialismo (MAS), aprobara créditos previamente acordados con organismos internacionales. En especial uno de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI). El MAS rechazó el crédito ante la falta de información sobre el plan de pagos y el destino que se le dará a los fondos.

Respecto al avance del coronavirus, del total de casos registrados el martes la mayoría se detectó en La Paz: 623 positivos. Después de la capital le sigue Cochabamba, con 560 infectados, y Santa Cruz, con 281, todos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la pandemia, las regiones más afectadas son Santa Cruz con 32.653 casos acumulados, mientras que La Paz suma 14.403 y Cochabamba, 8.104. Las previsiones del Ministerio de Salud establecen que el pico de contagios en los departamentos La Paz, Cochabamba y Chuquisaca llegue en octubre. En estas regiones la curva ascendente se demoró más que en Beni y Santa Cruz. Recientemente se sumó a la lista de positivos el alcalde del municipio de La Paz, Luis Revilla. "Mi esposa Maricruz y yo hemos dado positivo de la covid-19. Gracias a Dios estamos bien y casi sin ningún síntoma. Vamos a cumplir el protocolo y estaré aislado y trabajando desde casa hasta tener el alta médica. A cuidarse y por favor cumplan las medidas de distanciamiento social", publicó Revilla en su cuenta de Twitter.

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Jueves, 23 Julio 2020 06:30

Carta de 94 congresistas de EE.UU

Carta de 94 congresistas de EE.UU

Se deben respetar los mecanismos de autoprotección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras zonas humanitarias similares, incluido el apoyo brindado por los acompañantes internacionales, incluso durante la pandemia.

 

Muchas son las voces en el mundo que se han estado pronunciando en contra del Gobierno Colombiano por su incapacidad de proteger y velar por los derechos de los ciudadanos, pues la multiplicación de asesinatos de líderes sociales, de desmovilizados de las FARC y violaciones a menores de edad por la fuerza pública y el paramilitarismo ha llegado a lo más alto del cinismo. El pasado 6 de julio de 2020, 94 congresistas de los Estados Unidos, en una carta al Presidente Trump a través de su Secretario de Estado Mike Pompeo, le pidieron que presione al Presidente de Colombia, Iván Duque, para que proteja a los líderes sociales y a comunidades vulnerables como nuestra Comunidad de Paz, para la cual exigen respeto a sus mecanismos de autoprotección y que se nos permita el acompañamiento internacional incluso durante la pandemia. El texto de la Carta es el siguiente:

En la medida en que la pandemia del coronavirus expone y acentúa los problemas que existen en cada uno de los países que arrasa, nos preocupa especialmente su impacto sobre la seguridad de los valientes defensores de los derechos humanos y los líderes sociales en Colombia, quienes están arriesgando sus vidas para construir una paz duradera.

Nos dirigimos a usted para pedirle que inste a la Administración Duque a que renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016 y proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos de Colombia, cuya vulnerabilidad se ha agudizado durante la cuarentena de la COVID-19.

Actualmente, Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos. Más de 400 defensores de los derechos humanos han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz, siendo esta una pérdida de líderes cívicos comprometidos y valientes que Colombia no puede permitirse.

La lentitud del Gobierno colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz, el fracaso en llevar las instituciones civiles del estado a las zonas de conflicto y su persistente incapacidad para prevenir y judicializar los ataques contra los defensores han permitido que esta tragedia se desate sin control. Esto parece haberse agudizado, ya que los grupos armados ilegales aprovechan la pandemia al tiempo que el Gobierno no responde, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos y los líderes locales que son objeto de persecución.

Por ejemplo, el 19 de marzo, tres hombres armados se presentaron en una reunión en la que campesinos discutían acuerdos voluntarios de erradicación de coca, y asesinaron al líder comunitario Marco Rivadeneira.

 Él promovía la paz e iniciativas de sustitución de coca en su comunidad, representaba a su región en la mesa de garantías para la protección de los defensores de derechos humanos y era miembro de la plataforma de derechos humanos nacional Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Las comunidades afrocolombianas, indígenas y de campesinos pobres, como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, siguen sufriendo y se tornan aún más vulnerables por la presencia descontrolada de actores armados ilegales en sus territorios.

Marco Rivadeneira fue uno de los 23 líderes sociales asesinados entre el 15 de marzo y el 24 de abril, durante las primeras semanas de la cuarentena por la pandemia en Colombia. Según la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), durante los primeros seis meses de 2020, fueron asesinados en Colombia 153 líderes y defensores sociales.

 Para poner fin a esta tragedia, le pedimos que inste a la Administración Duque a que:

  • • Mejore la protección de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales, comenzando por la investigación eficaz de los ataques y amenazas en su contra, la identificación de quienes ordenaron estos delitos y la presentación pública de los resultados de estas investigaciones.
  • • Desarrolle una hoja de ruta de protección en consulta con los defensores del grupo de trabajo de garantías que incorpore los retos derivados de la pandemia, como la necesidad de equipos de bioseguridad.
  • • Financie y aplique medidas de protección colectiva con enfoques diferenciales de género y étnico en consulta con las comunidades y por medio de la Unidad de Protección Nacional. Se deben garantizar las medidas colectivas acordadas con las autoridades de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Se deben respetar los mecanismos de autoprotección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras zonas humanitarias similares, incluido el apoyo brindado por los acompañantes internacionales, incluso durante la pandemia.
  • • Desmantele las redes de los sucesores de los paramilitares involucrados en el tráfico de drogas, ya que alimentan gran parte de la violencia ejercida contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales. El Gobierno debe cumplir su compromiso de convocar periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue creada por el Acuerdo con el objeto de desarrollar e implementar planes para desmantelar los grupos ilegales y proteger a las comunidades, los líderes sociales y los excombatientes.
  • • De manera eficaz, investigue, judicialice y presente los resultados relacionados con estas redes paramilitares y delictivas a través de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Acogemos con agrado el nuevo acuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que tiene por objeto capacitar a los fiscales y los investigadores para que aborden enérgicamente estos delitos contra los derechos humanos. Es fundamental que el Estado ponga fin a la impunidad de los asesinatos, las desapariciones, los ataques y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales, los activistas por el derecho a la tierra y el medio ambiente, los periodistas, los sindicalistas y otros defensores.
  • • Responsabilice prontamente a los miembros de la inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, incluidos los más altos rangos, que dieron la orden y llevaron a cabo el perfilamiento e inteligencia masiva de 130 periodistas (incluidos periodistas estadounidenses), defensores de los derechos humanos, líderes políticos, y militares quienes han denunciado abusos. Estados Unidos también debe procurar que la cooperación de seguridad e inteligencia estadounidense no contribuya, apoye ni incite actos de inteligencia ilegal, ni ahora ni en el futuro.
  • • Implemente decididamente el Acuerdo de Paz, lo que incluye financiar adecuadamente el sistema de justicia transicional, implementar plenamente el Capítulo Étnico, cumplir los compromisos relativos a la protección de los excombatientes y los proyectos productivos para que se reintegren a la vida civil, y honrar los compromisos de verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición para las víctimas del conflicto.

Sr. Secretario, le instamos a que vele para que todas las agencias de los Estados Unidos se expresen con una voz única y clara para condenar los cada vez más frecuentes asesinatos y para presionar a la Administración Duque a que emprenda las acciones necesarias para identificar y judicializar a los autores intelectuales de estos delitos y desmantelar las estructuras delictivas que los protegen.

Por último, le instamos a que continúe brindando la valiosa cooperación de los Estados Unidos a Colombia, para implementar el Acuerdo de Paz, prestar asistencia humanitaria a los refugiados venezolanos y a las comunidades que los reciben y abordar la crisis de salud y seguridad alimentaria causada por la pandemia de la COVID-19. Estados Unidos también debería aprovechar las oportunidades que ofrecen el Acuerdo de Paz para llevar a cabo la erradicación sostenible y duradera de los cultivos ilícitos actuando en colaboración con las comunidades a fin de sustituir la coca con medios de vida legales y desmantelar las redes de tráfico”.

[La Carta es firmada por 94 miembros del Parlamento de los Estados Unidos y encabezada por los Congresistas James Mc Govern y Mark Pocan]

Como Comunidad de Paz agradecemos de todo corazón a todas las personas y comunidades del país y del mundo que nos han acompañado en este duro camino que lleva más de 23 años de resistencia civil, los invitamos a seguir presionando con este tipo de peticiones a este Gobierno ciego y sordo que poco le ha importado la vida de quienes pensamos diferente en este país.

                                             Comunidad de Paz San José de Apartadó

                                                                  Julio 20 de 2020  

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El gobierno del Reino Unido dispuso que desde el próximo viernes la venta de barbijos se ofrezca en la vereda de los locales comerciales, como en este caso  en Oxford Street, Londres.   ________________________________________ Imagen: Andy Rain/EFE/EPA

Porqué afirman que se trata de una "infección endémica humana"

 

El coronavirus perdurará durante décadas, incluso si se encuentra una vacuna, advirtieron hoy los asesores sanitarios del Reino Unido. Jeremy Farrar, miembro del Grupo de Asesoramiento Científico del gobierno británico (SAGE ), aseguró que "esta infección no va a desaparecer".

"Ahora es una infección endémica humana. Incluso, si tenemos una vacuna o tratamientos muy buenos, la humanidad seguirá viviendo con este virus durante muchos, muchos años", alertó el científico, quien también dirige Wellcome Trust , una organización benéfica de investigación biomédica con sede en Londres.

El mensaje contradice al pronóstico hecho por el propio primer ministro británico, Boris Johnson, quien había adelantado que a fin de año se podría volver a la normalidad anterior a la pandemia.

"Si tenemos alguna idea de que esto ha quedado atrás, entonces sin duda tendremos una segunda ola y podríamos fácilmente estar en la misma situación de nuevo", advirtió el científico, quien opina que en el Reino Unido se implementó "demasiado tarde" la cuarentena.

El profesor de la Universidad de Oxford, John Bell, coincidió con Farrar y aseguró que el virus "estará aquí para siempre, no se va a ninguna parte y habrá inviernos en los que el coronavirus estará de vuelta".

"Miren cuántos problemas han tenido para eliminar, por ejemplo, la poliomielitis. El programa de erradicación estuvo funcionando durante quince años y todavía no lo han conseguido”, agregó durante una exposición.

El Reino Unido registra 296.277 infectados y 45.501 muertes por coronavirus, tras sumar 560 contagios y 79 fallecidos en las últimas 24 horas. Con esta cifra de muertes, Londres se posiciona como el país más afectado de Europa y el tercero a nivel global.

En el mundo, los casos positivos de coronavirus confirmados superaron hoy los 15 millones de contagios desde el inicio de la pandemia, según el registro de la Universidad Johns Hopkins .

La entidad, que carga datos de todo el planeta en forma permanente, registró este mediodía un total de 15.000.424 contagiados de Covid-19 y 617.832 muertos.

Los países que más contagios presentan son Estados Unidos (3.919.550), Brasil (2.159.654), India (1.193.078), Rusia (787.846) y Sudáfrica (787.846). EEUU y Brasil también se mantienen al tope de países con más pérdidas de vidas, con 142.312 y 81.487, respectivamente.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), que suele ir a la saga de la Universidad Johns Hopkins, confirmó 14.731.563 casos, y 611.284 muertos.

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El jefe del programa de emergencias de la OMS, Mike Ryan. Foto: Denis Balibouse / Reuters.

El jefe del programa de emergencias de la OMS, Mike Ryan. Foto: Denis Balibouse / Reuters.

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que las primeras vacunas contra la COVID-19 no se esperan hasta principios de 2021. Las declaraciones fueron emitidas este miércoles por el jefe del programa de emergencias del organismo, Mike Ryan.

El experto considera que hay un “buen progreso” en el desarrollo de vacunas contra el nuevo coronavirus, pues varias ya se encuentran en la tercera fase de los ensayos clínicos y ninguna ha fallado hasta el momento en términos de seguridad o capacidad para generar una respuesta inmune.

Sin embargo, los especialistas estiman que las inoculaciones no estarían disponibles este año. “Hay que ser realistas en cuanto a los tiempos. No importa cuánto intentemos acelerar el proceso, tenemos que estar seguros de que una vacuna es segura y efectiva, y esto toma su propio tiempo”, señaló Ryan.

El funcionario agregó que si bien la OMS está “acelerando las cosas”, eso no significa “bajo ninguna circunstancia tomar atajos en lo que se refiere a seguridad”. Además, explicó que ninguna vacuna es 100% fiable, incluso la del sarampión, que se considera una de las mejores, alcanza solo el 95% de efectividad.

Por su parte, la epidemióloga de enfermedades infecciosas y responsable técnica del área de gestión de la pandemia de la OMS, Maria Von Kerkhove, mencionó que la vacuna no será la solución definitiva para terminar con la pandemia y, por lo tanto, no se debe tener expectativas desmesuradas al respecto.

Finalmente, Ryan se refirió al retorno de los estudiantes a las escuelas, advirtiendo que los centros educativos deben tener cuidado con la reapertura hasta que la transmisión comunitaria de la COVID-19 esté bajo control.

22 julio 2020

(Con información de RT)

Participantes en el paro en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter, ayer afuera del Congreso de Ohio. Foto Afp

Las demandas van desde el repudio al racismo sistémico hasta la exigencia de salarios dignos y seguros médicos

 

Nueva York., Decenas de miles de trabajadores y sus aliados participaron en un paro nacional y acciones de solidaridad como parte del movimiento Black Lives Matter en decenas de ciudades del país al vincular el racismo sistémico y la injusticia económica, mientras el presidente de Estados Unidos amenazó con desplegar fuerzas federales militarizadas en varias de las principales ciudades para enfrentar el "desorden".

El "Paro por las vidas negras" se realizó en más de 25 ciudades con decenas de miles de participantes en acciones para suspender labores, manifestarse, y a las 12 del día hincarse sobre una rodilla por ocho minutos y 46 segundos, el símbolo del nuevo movimiento al marcar el tiempo que un policía blanco colocó su rodilla sobre el cuello del afroestadunidense George Floyd hasta su muerte, según informaron los organizadores.

Varios sindicatos nacionales, desde el de servicios (SEIU), TEamsters, del magisterio (AFT), de Comunicación (CWA), el gremio de actores (Actors’ Equity) y músicos, enfermeras y trabajadores hospitalarios, así como los del sector de comida rápida, jornaleros, trabajadores aeroportuarios, de la construcción, empleadas domésticas y más participaron en el paro.

Las demandas van más allá de obligar a empresas e instituciones a declarar que "las vidas negras valen", al vincular el racismo sistémico con las injusticias económicas por la falta de salarios dignos, la explotación de mano de obra, la falta de seguros médicos como derechos laborales incluido el de formar sindicatos (https://j20strikeforblacklives.org/ es/demands/).

De Los Ángeles a Nueva York (frente al hotel Internacional Trump, entre otros lugares), Wa-shington, DC, San Francisco, San Luis, Minneapolis, Boston y Durham se realizaron marchas, mítines y actos simbólicos. Algunos exigieron beneficios y apoyo para trabajadores esenciales inmigrantes, otros para elevar el salario mínimo en cadenas como McDonald’s y empresas como ATT y UPS condiciones más seguras ante la pandemia en los centros de trabajo.

“Hoy estoy con los trabajadores a lo largo del país que están participando en #StrikeforBlackLives”, declaró vía Twitter el senador Bernie Sanders. "Trabajadores se están levantando en el país para decir que la justicia económica es justicia racial", declaró el senador Ed Markey, quien también participó.

El reverendo William Barber, de la Campaña de los Pobres, comentó: "la lucha para las vidas negras también es una lucha para obtener justicia económica y una voz".

En la Casa Blanca, Trump dijo que estaría enviando fuerzas de seguridad federales a más ciudades gobernadas por demócratas para reprimir protestas vinculadas con ell movimiento Black Lives Matter que considera inaceptables.

A pesar de furiosas críticas de autoridades locales y estatales de Oregon, legisladores federales y organizaciones de defensa de libertades civiles contra el despliegue de fuerzas militarizadas del Departamento de Seguridad Interna en Portland, que han confrontado a manifestantes con balas de goma y gas lacrimógeno, así como secuestrado a varios inconformes en vehículos no identificados durante horas sin presentar cargos para supuestamente proteger propiedades del gobierno federal, Trump insistió ayer en que esto es necesario y que están haciendo "una labor fantástica".

Explicó que los agentes federales "agarran a mucha gente y encarcelan a los líderes". Agregó que "éstos son anarquistas, no manifestantes. Ésta es gente que odia a nuestro país".

En ese contexto amenazó con enviar fuerzas similares a varias ciudades y mencionó Oakland, Filadelfia, Chicago (se reporta que pronto se desplegarán 150 agentes federales a esta ciudad), Detroit, Baltimore y Nueva York; todas con alcaldes a quienes llamó "demócratas liberales", y subrayó que “estamos enviando fuerzas de seguridad pública… no podemos permitir que esto ocurra en las ciudades”.

Las fuerzas federales son parte de una nueva entidad paramilitar del Departamento de Seguridad Interna formada después de que Trump emitió una orden supuestamente para proteger monumentos y estatuas, empleando como justificación legal cláusulas de una ley creada después de los atentados del 11-S en 2001.

Pero las imágenes de fuerzas federales en camuflaje y equipo militar en una ciudad provocaron denuncias de diversos políticos y defensores de derechos y libertades civiles. Más aún, sólo han multiplicado el número de manifestantes, acompañados en días recientes por agrupaciones de madres, algunas con cascos, que corean "dejen en paz a nuestros hijos" y "que quede claro, las madres han llegado".

Ted Wheeler, alcalde de Portland, ha calificado la maniobra federal de "ataque contra nuestra democracia", y reiteró su exigencia para que las fuerzas sean retiradas. La gobernadora de Oregon, Kate Brown, acusó al secretario de Seguridad Interna de buscar "provocar confrontación con propósitos políticos".

En el Congreso, líderes demócratas están impulsando una investigación federal sobre posibles violaciones a la Primera Enmienda de la Constitución (libertad de expresión).

Laurence Tribe, reconocido profesor de ley constitucional de Harvard, indicó acerca de las órdenes de Trump en Portland y otras ciudades: "esto es como comienza. El hambre dictatorial del poder es insaciable. Si hubiera un momento para la desobediencia civil pacífica, ese momento está sobre nosotros".

Por David Brooks

Corresponsal

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