La ONU denuncia violaciones a los derechos humanos en Chile

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU constató que la policía chilena torturó a personas detenidas. Las conclusiones comprometen a la administración de Sebastián Piñera

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh) denunció graves violaciones a los derechos humanos durante la represión en Chile. El organismo presidido por Michelle Bachelet constató uso excesivo o innecesario de la fuerza. También sostuvo que la policía chilena torturó a personas detenidas. Según el informe emitido por la Acnudh las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia en forma desproporcionada: lesionaron, mataron, torturaron, ejercieron violencia sexual y detuvieron arbitrariamente. Otro duro golpe para el presidente Sebastián Piñera.

La misión de la ONU visitó Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre para verificar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. La jefa del equipo, Imma Guerras-Delgado, dijo que existen razones fundadas para sostener que desde el 18 de octubre, día en que comenzaron las protestas, se registró un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Estos hechos se cometieron en todo el país, pero en su gran mayoría en la Región Metropolitana (Santiago) y en contextos urbanos, precisó el informe publicado por el organismo luego de su visita al país.

Según lo observado por la misión de la ONU en Chile, Carabineros incumplió de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y aquellas que se movilizaron pacíficamente. "Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión", advierte el texto. También subraya el uso desproporcionado y a veces innecesario de armas no letales. “En particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia (..) tanto durante manifestaciones pacíficas como en el contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente por parte de Carabineros", informó la Acnudh. El organismo pudo observar que estos hechos lejos de ser aislados se replicaron en muchas ocasiones. "Ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas", subraya el texto.

La Oficina de la Alta Comisionada llamó la atención por la gran cantidad de personas que sufrieron lesiones oculares durante las protestas. "El número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de una grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo", señala el informe. Según el organismo la policía chilena ejerció tortura contra los detenidos. "Un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas. Algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían `desaparecidas', equivalen a tortura. Muchos de estos casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados", explicita el texto.

También denunció que pese al gran número de denuncias y acciones judiciales aún no se identificó a los que las personas llevaron a cabo las acciones indebidas. El informe señala la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que llevaron a cabo para para garantizar la rendición de cuentas. Junto a esto, la ONU también documentó cuatro casos de privaciones arbitrarias de la libertad y muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado. Además da cuenta de numerosas detenciones indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales.

La represión durante las marchas dejó 23 muertos, 352 personas con lesiones ocularespor disparos de perdigones, y miles de denuncias de heridos y detenidos. Según un informe de Carabineros, los detenidos fueron 18.359, de los cuales 9.716 fueron por desórdenes y 4.991 por saqueos.

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Lunes, 09 Diciembre 2019 06:23

Obsceno

El museo Guggenheim ofreció el año pasado al presidente Donald Trump un escusado de oro de 18 kilates, obra de Maurizio Cattelan llamada America, en préstamo para decorar la Casa Blanca. El magnate había pedido un Van Gogh.Foto del Museo Guggenheim

La semana pasada, entre la cacofonía del impeachment, el berrinche en la OTAN y las amenazas contra el país vecino (designar como terroristas a los cárteles mexicanos y el envío de inspectores para cuestiones de derechos laborales en México que, por cierto, no se respetan en Estados Unidos), brotaron varias noticias que por sí solas y/o en combinación son obscenas.

Primero, una combinación obscena: el régimen de Trump anunció la semana pasada que aprobó una medida que anula la asistencia alimentaria federal para unos 700 mil estadunidenses con el objetivo de expulsar a un total de 3 millones –entre ellos cientos de miles de niños– del programa para combatir hambre. Ese es el regalo de Navidad para los pobres.

En esa misma semana se reportó que el uno por ciento de los más ricos ahora concentran una riqueza de 35.4 billones de dólares, casi lo mismo que toda la clase media de Estados Unidos. Y el 10 por ciento más rico de los hogares ahora concentran 63.8 de la riqueza, casi el doble del total en manos de todos los demás, según estadísticas oficiales reportadas por Bloomberg.

Según algunos cálculos, las reducciones de impuestos otorgadas por el régimen actual a los más ricos supera un billón de dólares, mientras ese mismo gobierno busca ahorrar al reducir los programas para combatir el hambre entre su población.

Vale recordar que en la última elección presidencial, 40 por ciento del total de las contribuciones a las campañas presidenciales provino del .001 por ciento más rico de estadunidenses, un grupo compuesto de 24 mil 949 mega ricos.

No fue la única obscenidad.

Según un informe que se difundió casi sin atraer atención, el inspector general del Departamento de Seguridad Interna reveló que en mayo de 2018 al implementarse las medidas para separar a niños de sus familias inmigrantes, el gobierno calculaba que más de 26 mil menores de edad serían separados bajo su política de cero tolerancia. O sea, el régimen de Trump estaba preparado para imponer la máxima crueldad posible de separación, más bien secuestro, de por lo menos otros 20 mil niños antes de que tribunales federales ordenaran un alto (no se sabe la cifra exacta hasta la fecha, pero se calcula que aproximadamente entre 4 y 5 mil niños fueron separados desde 2017).

en tanto, no cesa la campaña oficial contra la verdad. Tan efectiva ha sido la táctica del régimen para poner en duda los hechos y la verdad misma, así como a los mensajeros (sobre todo los periodistas), que aunque todas estas obscenidades son reportadas todo continúa como si nada. 63 por ciento de estadunidenses confía poco o nada en políticos electos, 57 no confía en funcionarios nombrados por presidentes, y 52 confía poco o nada en los medios noticieros, según el Centro de Investigación Pew. Entonces, políticos y periodistas pueden debatir o reportar estas obscenidades, pero las mayorías no les creen.

Mientras, siguen asombrando las opiniones de los que si le creen al presidente que más ha engañado o distorsionado los hechos (según el conteo del Washington Post más de 13 mil mentiras): la mayoría (53 por ciento contra 47 de republicanos, opina que Trump es mejor presidente que Abraham Lincoln, según una encuesta de la revista Economist.

Para acabar en el baño… Trump comentó el viernes en una reunión en la Casa Blanca que impulsará una investigación sobre las normas de eficiencia del uso de agua, señalando que hay asuntos que le preocupan relacionados con elementos de baño en el país, sobre todo los inodoros. La gente los está usando 10, 15 veces, en lugar de una sola, desperdiciando mucha agua, y el líder del último superpoder mundial indicó que la agencia federal de regulación ambiental está indagando este asunto bajo mi sugerencia.

No se sabe si esta obsesión es resultado de que su Casa Blanca supuestamente rechazó el año pasado un ofrecimiento del Museo Guggenheim de un escusado de oro sólido de 18 kilates –obra de arte de Maurizio Cattelan llamada America– para instalar en la residencia presidencial.

Lo obsceno –por supuesto incluyendo las guerras y las intervenciones– es por ahora política oficial.

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Sábado, 07 Diciembre 2019 05:56

Falsificadores

Falsificadores

Durante mucho tiempo intelectuales y dirigentes occidentales han ironizado sobre la manía de los regímenes soviéticos de reescribir la historia. Pero apenas se les oye cuando el Parlamento Europeo revisa la de la Segunda Guerra Mundial. El pasado 19 de septiembre los europarlamentarios adoptaron una resolución "sobre la importancia de la memoria europea para el futuro de Europa" que sitúa en pie de igualdad "los regímenes comunista y nazi". El concepto "regímenes totalitarios", empleado en veintidós ocasiones, reúne en un mismo oprobio a la URSS invadida y a la Alemania invasora, a los veintiséis millones de muertos soviéticos y a sus asesinos, al general Gueorgui Joukov y a los responsables de los campos de exterminio. El Parlamento Europeo afirma estar "preocupado por el hecho de que los símbolos de los regímenes totalitarios se sigan utilizando en espacios públicos y con fines comerciales". Para tranquilizarlo, ¿hay que rebautizar la Plaza de la Batalla de Estaligrado de París como "Plaza del Mercado Común" o, como en Hungría, tratar de prohibir una marca de cerveza en cuya etiqueta aparece una estrella roja?  

La resolución no se limita a este rudimentario revisionismo. "La Segunda Guerra Mundial se desencadenó como consecuencia inmediata del tristemente célebre pacto de no agresión germano soviético del 23 de agosto de 1939*", leemos también en ella. Los historiadores atribuyen habitualmente la responsabilidad del conflicto al expansionismo belicoso de la Alemania nazi (1). En su afán por asociar la Unión Soviética con esta responsabilidad la resolución del Parlamento de Estrasburgo hace desaparecer a propósito otro episodio igual de embarazoso moralmente, pero que esta vez implica a irreprochables democracias europeas: los acuerdos firmados en Munich en septiembre de 1938 a consecuencia de los cuales Francia y Reino Unido autorizan a Adolf Hitler a invadir los Sudetes, una región de Checoslovaquia.

Por azar del calendario, al mismo tiempo el historiador de la Segunda Guerra Mundial Christopher Browning informaba acerca de los progresos de la investigación sobre este acontecimiento (2). Muestra hasta qué punto, en su deseo de apaciguar a Hitler, las democracias lo envalentonaron, reforzaron y provocaron la guerra. "En 1938 Alemania no tenía ni el margen de superioridad necesario para lograr una rápida victoria ni capacidad para emprender una guerra larga". Pero la bien equipada Checoslovaquia era aliada de Francia de la URSS. Su anexión sin combate supuso una doble oportunidad para los nazis. "La industria militar checa requisada produjo una tercera parte de los nuevos modelos III y IV de carros de combate, fundamentales en la victoria alemana en Polonia y después en Francia". La capitulación de Munich también supuso un golpe para los opositores alemanes del Führer. "Un grupo de conspiradores antihitlerianos planeaba derrocar al dictador en cuanto emprendiera la guerra contra Checoslovaquia. La abyecta rendición de [el primer ministro británico Arthur Neville] Chamberlain en Munich frustró sus planes y dio a Hitler la victoria sin derramamiento de sangre que consolidó su posición"

Pero, al infierno con estas investigaciones, puesto que ahora son unos parlamentarios europeos quienes escriben la historia.

Notas:

* Véase al respecto el artículo de Jacques R. Pauwels, "Mito y realidad del pacto entre Hitler y Stalin del 23 de agosto de 1939". (N. de la t.)

(1) Véase Gabriel Gorodetsky, «Les dessous du pacte germano-soviétique», Le Monde diplomatique, julio de 1997.

(2) Christopher R. Browning, «Giving in to Hitler», The New York Review of Books, 26 de septiembre de 2019. Véase también Gorodetsky, «Un autre récit des accords de Munich», Le Monde diplomatique, octubre de 2018. 

Fuente: https://www.monde-diplomatique.fr/2019/11/RIMBERT/60955 

 

Por Pierre Rimbert

Le Monde diplomatique

Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

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Chile es un campo de pruebas de las armas israelíes

Ni los gobiernos chilenos de derecha ni los de izquierda han renunciado al legado militar y judicial de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Israel contribuye a su lucha contra las poblaciones mapuche indígenas proporcionándoles armas y adiestramiento. La criminalización por parte de Chile de la resistencia mapuche se puede comparar a la represión por parte de Israel de la resistencia palestina.

Chile se ha unido en las manifestaciones que han recorrido todo el país contra el presidente de derecha Sebastián Piñera y su compromiso con el programa neoliberal que introdujo el difunto dictador Augusto Pinochet. Las personas manifestantes han pedido su dimisión y exigido que se elabore una nueva constitución que sustituya el legado del dictador. 

El estado de emergencia y los toques de queda impuestos por Piñera en todo Chile suscitaron comparaciones con la era de la dictadura en Chile puesto que el ejército emprendió una escalada de violencia contra la población civil en la que se incluyen asesinatos, golpes y tortura sexual. Esta represión en todo el territorio nacional recuerda el pasado. La militarización y criminalización de la resistencia en Chile tiene su origen en las leyes antiterroristas promulgadas por Pinochet y utilizadas por los gobiernos que se han sucedido desde la transición a la democracia contra la población mapuche indígena.

Al igual que ocurrió durante la era de la dictadura de Pinochet, Israel respalda las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno actual al vender tecnología militar y de vigilancia al gobierno chileno. Desde la época de la dictadura la Central Intelligence Agency (CIA) predijo que Chile iba a seguir comprando armas a Israel sin "mucho riesgo de irritar a los Estados árabes siempre y cuando mantenga unas relaciones discretas con Tel Aviv y evite apoyar públicamente las políticas israelíes".

En busca de nuevos socios

A Chile no le ha resultado difícil hacerlo, ni en la época de la dictadura ni después. Pinochet mantuvo relaciones con Israel y con los Estados árabes al evitar "mantener una postura clara en cuestiones controvertidas de la política de Oriente Próximo". Igualmente, los gobiernos posteriores a la dictadura mantuvieron una actitud ambigua, facilitada por el apoyo de la comunidad internacional al compromiso de los dos Estados.

A partir de 1973, tras la guerra árabo-israelí, los países africanos empezaron a romper las relaciones diplomáticas con Israel, lo que obligó al Estado de asentamiento colonial a buscar otros países con los que establecer relaciones diplomáticas, así como posibles mercados para su industria de armamento con el fin de compensar la pérdida de colaboración militar con los Estados africanos. Una vez que Estados Unidos se afianzó en América Latina debido a su apoyo a las dictaduras militares y a las operaciones por toda la región para eliminar toda influencia socialista o comunista, Chile, que en 1949 había reconocido a Israel, se convirtió en un objetivo fundamental para el gobierno israelí. Al aumentar la preocupación de la comunidad internacional por las violaciones de los derechos humanos en Chile, en 1976 Estados Unidos se vio obligado a responder imponiendo un embargo de armas, a pesar de que anteriormente había financiado a Pinochet para que cometiera esos mismos crímenes. Aunque es posible que la CIA burlara la decisión del Congreso estadounidense, Israel estaba en una posición privilegiada para intervenir y llenar el vacío, y convertir a Chile en uno de sus principales compradores de armas en la región.

Un documento desclasificado de la CIA revela importantes detalles sobre las compras militares de Chile a Israel. Desde 1975 hasta 1988 Israel vendió sistemas de radar, misiles aire-aire, equipamiento naval, aviones y sistemas antimisiles a la dictadura chilena. Una de las razones por las que Pinochet eligió a Israel, aparte de su armamento sofisticado y la admiración que sentía por el ejercito israelí, era el hecho de que "Tel Aviv no pone condiciones políticas a sus transferencias", lo cual era importante para Pinochet, lo mismo que la artera postura de Israel de mantener declaraciones públicas de apoyo a una vuelta a la democracia en Chile al tiempo que suministraba a la dictadura armas para utilizarlas en el país y la región cuando llegó a su apogeo la Operación Cóndor (un plan para toda la región implementado en 1975 por las dictaduras de derecha latinoamericanas para exterminar a las personas oponentes de izquierda). Además de vender armas a Chile, en la década de 1980 Israel también ofreció al ejército de Pinochet la oportunidad de visitar sus industrias de defensa y ofreció adiestramiento a pilotos y oficiales chilenos.

Leyes comparables

Los gobiernos de la era posterior a la dictadura mantuvieron la constitución de Pinochet. Las leyes antiterroristas de 1984 que utilizó Pinochet para prolongar la detención sin cargos se han aplicado desde entonces casi exclusivamente a la población mapuche por parte de los gobiernos de centroizquierda y de derecha de Chile. La legislación es similar a la de Israel, que aplica a las personas palestinas la detención administrativa que permite encarcelas sin cargos ni juicio y renovar periódicamente la orden de detención. La criminalización por parte de Chile de la resistencia mapuche contra la explotación neoliberal tiene paralelismos con la opresión de la resistencia palestina por parte de Israel. Ambos pueblos indígenas se enfrentan a luchas comunes y a opresores similares. La vigilancia, una táctica que tiene profundas raíces en la colonización de Palestina por parte de Israel, es una medida que los gobiernos chilenos ha aplicado sistemáticamente contra las personas mapuche. Los gobiernos chilenos utilizan tecnología de vigilancia israelí en la región de la Araucanía: la militarización de la región es el resultado directo de la aplicación de la legislación antiterrorista a la población mapuche.

Elbit, IAI y Rafael son los principales proveedores del gobierno chileno. Elbit y IAI se utilizan ampliamente contra la población palestina. En América Latina está muy solicitada la tecnología militar de Israel (desde los sistemas de vigilancia, el mantenimiento de sistemas informáticos, la munición de fósforo blanco y la tecnología de demolición hasta tecnología para aviones de combate utilizados en los bombardeos de Gaza por parte de Israel), supuestamente para luchar contra el tráfico de drogas y vigilar las fronteras. No obstante, lo que buscan los gobiernos de la región es controlar y reprimir sobre todo a las poblaciones indígenas .

En 2018 los ejércitos israelí y chileno firmaron nuevas iniciativas de cooperación en los ámbitos de educación y adiestramiento militar, mando de liderazgo y métodos de adiestramiento. El acuerdo se firmó en Chile por parte del general de división israelí Yaacov Barak y el general chileno Ricardo Martínez. Barak visitó la Brigada de Operaciones Especiales de Lautaro durante su visita. Piñera nombró Jefe de la Defensa Nacional al excomandante de la Brigada Lautaro, Javier Iturriaga, cuando el gobierno impuso el estado de emergencia para contrarrestar las protestas nacionales en Chile.

Armas "probadas sobre el terreno"

Israel comercializa sus armas y su tecnología como productos probados sobre el terreno. La población de Gaza es el experimento humano sobre el que se prueba la tecnología militar, lo que convierte a cualquier gobierno que compre armas a Israel en cómplice de la agresión colonial contra la población palestina. En Chile está agresión adopta un programa aún más siniestro. La compra por parte del gobierno chileno de tecnología militar a Israel para perseguir a la población mapuche es un reflejo de la represión israelí de la lucha anticolonial palestina.

Aunque las actuales relaciones entre Israel y Chile ya no están ocultas al control público, Israel sigue manteniendo clasificadas las relaciones entre ambos países durante la dictadura. Si bien Estados Unidos ha desclasificado muchos documentos que revelan su apoyo a la dictadura de Pinochet, Israel mantiene clasificadas más de 19.000 páginas de documentos a pesar de que pueden contener información sobre familiares judíos de ciudadanos israelíes que fueron desaparecidos por la dictadura de Pinochet.

Negativa a abrir los archivos

El ejército de Chile mantiene un pacto de silencio que dificulta la obtención de información y más aún hacer justicia a los miles de personas torturadas, asesinadas y desaparecidas durante la dictadura. En algunos casos los documentos desclasificados contribuyen a colmar lagunas de información. La negativa de Israel a abrir sus archivos referentes a la dictadura de Pinochet obstaculiza la obtención de justicia por parte de la ciudadanía chilena. Dos de sus miembros emprendieron un proceso judicial en 2016 para que se publicaran los documentos que podrían sacar a la luz la magnitud de la colaboración de Israel con Pinochet y probablemente revelar información sobre dos víctimas ejecutadas y desaparecidas , Ernesto Traubman y David Silberman. Chile mantuvo estrechas relaciones con la fuerza aérea israelí en la época de la dictadura, lo que plantea interrogantes sobre la participación israelí en la práctica de la dictadura consistente en hacer desaparecer en el océano por medio de aviones a las personas detenidas ejecutadas. Además, un grupo selecto de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile fue adiestrado por el Mossad en Israel .

Además de buscar información sobre el asesinato y desaparición de sus familiares, Lily Traubman y Daniel Silberman insisten en que su objetivo fundamental es sacar a la luz la magnitud de la implicación de Israel en la dictadura de Pinochet: "La venta de armas se debe regular por ley y deben existir unos criterios claros que prohíban la venta a países o regímenes dictatoriales que violan frecuentemente los derechos humanos".

La existencia y la violencia del colonialismo de Israel han creado una zona de prueba de armas perpetua en Gaza, lo que le supone una ventaja a la hora de vender su tecnología a los gobiernos que también pretenden reprimir a su ciudadanía. "Probado sobre el terreno" es el eufemismo que utiliza el Ministerio de Defensa israelí, una forma fundamental de deshumanizar a la población civil palestina. La situación la que se encuentra la población mapuche en Chile es similar; de hecho, se pueden establecer comparaciones respecto a la lucha por la liberación contra la explotación, apropiación y violencia colonial y neoliberal. Tanto el pueblo mapuche como el palestino sufrió una limpieza étnica en sus tierras por parte de los colonizadores y las relaciones militares entre Chile e Israel sirven para reforzar la militarización. La normalización del colonialismo y el neoliberalismo a escala internacional asegura mientras tanto que las violaciones de los derechos humanos perpetradas contra ambas poblaciones indígenas permaneczan impunes.

De hecho, posiblemente sea el compromiso de los gobiernos chilenos (sin excepciones entre el centro izquierda y la derecha) de militarizar la región de la Araucanía persiguiendo al pueblo mapuche lo que convierte a Israel en un socio permanentemente válido para Chile. Piñera se comprometió durante su campaña electoral a modificar las leyes antiterroristas para facilitar la persecución de los mapuche. Sin embargo, como las protestas en Chile no muestran indicios de disminuir hasta que se derogue la constitución de Pinochet, es posible que Israel encuentre oportunidades más lucrativas en Chile en detrimento de toda la población.

Ramona Wadi

Orient XXI

Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

Fuente: https://orientxxi.info/magazine/chile-a-testing-ground-for-israeli-weapons,3462

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Viernes, 06 Diciembre 2019 06:27

El Estado policial democrático

El Estado policial democrático

Las revueltas en curso en América Latina tienen la enorme virtud de desnudar aspectos del régimen de dominación que en la grisura de la vida cotidiana pasan desapercibidas y son normalizadas, incluso por sus víctimas. Comprendemos así que el Estado –cuando se le quitan los caireles de la rima (León Felipe)– cuando se le desnuda de todo adorno democrático, ciudadano, etcétera, queda reducido apenas a su núcleo duro: los aparatos armados.

Estos días, en Chile puede comprobarse, hasta la saciedad, que el gobierno de las personas lo ejercen los carabineros y militares, que son quienes sustituyen la tecnología de la disciplina (desde la familia nuclear hasta la escuela, la división del trabajo y todo panóptico) por el uso de la violencia, asesinando, mutilando y violando por cientos.

Finalmente, eso es el Estado. Un instrumento de dominación implacable, imposible de gestionarlo sin apelar, en última o en primera instancia –dependiendo de las coyunturas y disposición de fuerzas sociales–, a la represión.

En medio de las revueltas populares observamos cómo va cobrando forma un Estado policial, en plena democracia o, mejor, de carácter democrático, ya que se cumplen las formalidades electorales sin que por eso se ponga en cuestión el modelo de dominación. La elegibilidad de algunos cargos del Estado, contrasta con la no elegibilidad de los mandos militares y policiales, así como jueces y burócratas de diversos estamentos estatales.

Luego de 30 años de democracia electoral en Chile, nos encontramos que esos estamentos siguen siendo pinochetistas. Que luego de 13 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil, los militares siguen siendo tan golpistas como en 1964. Exactamente lo mismo sucede en Uruguay, luego de 15 años de gobiernos del Frente Amplio, y en Bolivia, después de casi 14 años del MAS en el gobierno.

En Chile, el general de Carabineros, Enrique Bassaletti, jefe de la zona este de la Región Metropolitana, salió al cruce de quienes acusaban a la fuerza de violar los derechos humanos. Luego de señalar que la sociedad sufre una enfermedad grave por el estallido, dijo: Supongamos que sea un cáncer (...), cuando el tratamiento para éste se hace con quimioterapia, en algunos casos y en otros con radioterapia, se matan células buenas y células malas (https://bit.ly/33Hke6o).

Ese es el tipo de uniformados que tenemos, luego de décadas de finalizadas las dictaduras. Por eso sostengo que son actitudes que ya no dependen de una o varias personas, tienen carácter estructural. El Estado policial democrático es el modo encontrado por los de arriba para sostener el régimen de dominación, que tiene en el extractivismo/neoliberalismo su régimen de acumulación y de regulación de las relaciones sociales.

Se puede decir, incluso, a la inversa. La acumulación por despojo necesita de un Estado represivo, de carácter policial, pero que debe estar legitimado por el ejercicio regular del acto electoral. Este acto no puede poner en cuestión ni el Estado policial ni el régimen de acumulación del capital, porque en ese caso los resultados son inmediatamente invalidados por antidemocráticos.

En suma, la llamada democracia sólo merece ese nombre cuando es funcional a la dominación, que en este periodo incluye lo que Giorgio Agamben denomina estado de excepción permanente. El filósofo italiano define esta situación como una guerra civil legal contra aquellos sectores que por diversas razones no pueden ser integrados ni, por ende, dominados.

Agamben se inspiró en el nazismo y sus campos de concentración, para llegar a esa conclusión.

En América Latina los no integrables, o descartables, son los pueblos originarios y negros, los sectores populares y trabajadores, o sea los y las de abajo. Es la experiencia fresca de las revueltas en curso, lo que estos días hemos visto en Chile, pero sobre todo en cada lugar donde los dominados se rebelan, lo que nos permite hablar de un Estado policial democrático.

En este tipo de Estado, la vida de las personas no vale nada, en particular aquellas que viven en las zonas del no-ser (Fanon), allí donde la humanidad no es respetada y la violencia es el modo de regulación de las relaciones entre la sociedad y las autoridades estatales y empresas privadas. En Santiago, los carabineros cercaron barrios enteros e ingresaron por la fuerza en las viviendas particulares, siempre en la periferia popular y combativa. La democracia funciona para el tercio de arriba.

Por último, sería penoso que las izquierdas electorales siguieran compitiendo para administrar este Estado Policial, como hizo Lula en Brasil, cuyo gobierno siguió militarizando las favelas y creó formas más sofisticadas de presencia policial en los barrios populares.

El único camino razonable es organizarnos con la mayor cautela en los campos de concentración que el Estado policial democrático ha convertido a nuestros barrios, con el objetivo de derribar las alambradas cuando los guardias se descuiden.

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Sábado, 30 Noviembre 2019 06:12

Malas noticias

Malas noticias

El Kremlin intenta contrarrestar las malas noticias sobre su gestión con una nueva ley represiva que, según reconocen los autores de la iniciativa, tendrá una aplicación selectiva.

Aprobada por las dos Cámaras del Parlamento, esta ley –que es un instrumento para entorpecer la labor y castigar a quién decidan las autoridades y cuándo quieran– aún debe ser promulgada por el presidente Vladimir Putin, mientras decenas de intelectuales y activistas de los derechos humanos le piden, en carta abierta, no hacerlo por ser un documento que, a su juicio, viola la Constitución.

Por la deliberada ambigüedad del texto, quienes ostentan el poder se arrogan el derecho de obligar a cualquier ciudadano ruso que publique o transmita una información que no sea de su agrado, a colgarse el denigrante sambenito de “agente extranjero”, con la extensa lista de limitaciones que ello implica, en caso de recibir dinero (honorarios, donaciones, becas, premios) desde otro país.

La medida establece sanciones y dificulta el trabajo de quienes critican al Kremlin, que además tienen cerradas las puertas en los medios financiados por el Estado, pero no podrá impedir que salgan a la luz informaciones que, en su opinión, afectan su imagen, como los recientes sondeos del Centro Levada, que cuando se cansó de hacer encuestas a modo de inmediato quedó marcado con el estigma de “agente extranjero”.

En este momento, según revela un estudio de opinión del Centro Levada, 72 por ciento de los encuestados considera que no coinciden los intereses del Kremlin y de la sociedad, y la mayoría de éstos (53 por ciento) está convencida de que ello se debe a que “las autoridades viven a costa de la población y poco les importa qué pasa con la gente”.

El sondeo se llevó a cabo los días en que las autoridades nada hicieron frente a devastadores incendios e inundaciones, y muchos rusos cuestionaron que Rusia haya condonado la deuda de 20 mil millones de dólares de países de África, al tiempo que el gobierno dijo no poder indexar las jubilaciones de los mayores que se ven obligados a seguir laborando, cuando para ello se requiere una suma cinco veces inferior.

En ese contexto, más de la mitad de los jóvenes entre 19 y 24 años no ven su futuro en Rusia y expresaron el deseo de emigrar. Esta sí que es una mala noticia.

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Viernes, 29 Noviembre 2019 05:59

El Senado aprobó la Ley Antiencapuchados

El Senado aprobó la Ley Antiencapuchados

Piñera le había pedido al Congreso que avance inmediatamente con proyectos de ley destinados a contener las protestas. Volvió a destacar que se enfrenta a "un enemigo muy poderoso e implacable".

El Senado de Chile aprobó la polémica Ley Antiencapuchados. La medida, que busca castigar a los manifestantes que se cubran la cara, pasará ahora por la Cámara de Diputados. Las penas irían de los 541 días a los 3 años de prisión. De esta forma, el presidente Sebastián Piñera se asegura una primera victoria luego de solicitarle el miércoles al Congreso que avance inmediatamente con distintos proyectos de ley destinados a contener las protestas. Tras participar de una ceremonia de la Policía de Investigaciones, Piñera volvió a la carga con uno de sus latiguillos más célebres: "Estamos enfrentando un enemigo muy poderoso e implacable". 

Con 22 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones, el proyecto aprobado en una sesión especial del Congreso plantea que los encapuchados "no solo actúan para destruir la propiedad privada o pública, sino que atentan contra la integridad física de las personas". Se estima que las penas pueden ir de los 541 días a los 3 años de prisión.

Ahora la iniciativa pasará a ser debatida en la Comisión de Seguridad de Diputados. La moción había sido presentada en septiembre por los senadores Víctor Pérez, Felipe Harboe, Andrés Allamand, José Miguel Insulza y Felipe Kast.

El gobierno había propuesto en las últimas horas una serie de reformas destinadas a contener y reprimir la protesta: un proyecto que sanciona el uso de capucha como agravante de delitos; otro que aumenta las sanciones contra el saqueo; uno que tipifica penalmente las barricadas; y finalmente, el proyecto que permite el uso de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica sin decretar estado de excepción. Por el momento, solo consiguió avanzar sobre el primero.

Piñera asistió en la mañana del jueves a la graduación de nuevos miembros de la Policía de Investigaciones. Allí repitió que, desde el gobierno, están "enfrentando un enemigo muy poderoso e implacable. Que no respeta a nada ni a nadie y que no respeta la vida de los seres humanos". Más adelante agregó que "aquí no hay que dar espacio ni a la tibieza ni a la ambigüedad. Ni mucho menos a la debilidad".

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Represión en Bolivia: "Como animales, como perdices nos cazan"

La CIDH investiga la masacre de Senkata en El Alto

En El Alto siguen los bloqueos porque las muertes son demasiadas. Página/12 fue testigo de los desgarradores testimonios de las víctimas de la represión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

“Como a animales, como a perros, como a perdices; así nos cazan”, dice Ixalta Aliva golpeando sus manos contra el delantal que protege el plateado de su pollera. De uno de sus bolsillos saca una fotocopia, el documento de identidad de un niño de 15, Jesús Aruhiza, hospitalizado con la mandíbula destruida por una bala. “¿Somos animales?”, insiste en preguntar como si clamara al mismo cielo desde donde, dicen innumerables testimonios, llovieron balas el 19 de noviembre en Senkata, en El Alto, ahí donde los pies se enredan en los residuos de alambre y hollín que dejan las gomas quemadas, ahí donde, contra toda propaganda que insiste en que ya no quedan bloqueos en el cordón urbano de La Paz, hay bloqueo porque las muertes son demasiadas, porque a menos de 20 metros de donde las cholas se reúnen, hay un joven que esta siendo velado en su cajón blanco. Falleció el sábado a la noche, acaba de sumarse a una lista que no termina de cerrarse.

A esa misma hora en que terminaba la vida de Milton David Centeno Geronda, 24 años; en el centro de La Paz, el pleno de la Asamblea Legislativa pasaba a un cuarto intermedio después de aprobar la ley que fija las próximas elecciones para el 22 de enero y de no llegar a ningún acuerdo en torno a la ley de garantías propuesta por la bancada mayoritaria del MAS para que cesen las persecuciones, se repare a las víctimas de la represión y se derogue el decreto firmado por la presidenta autoproclama Jeanine Áñez que otorga inmunidad a las fuerzas armadas y de seguridad para reprimir y hasta comprar armamentos. En la televisión, sobre todo en el canal oficial, no dejaba de repetirse la canción de Víctor Jara que en Chile le grita en la cara a la crueldad neoliberal “el derecho de vivir en paz” y que aquí en esta zona, a 3600 metros sobre el nivel del mar, parece una orden de silencio y obedencia. “Esa ley nunca la voy a promulgar”, amenazó por twiter Áñez para dejar clara la proscripción .

Un mar de casas sin revocar que se ven desde los teleféricos que cruzan el cielo de La Paz separan al centro del Alto. Las cumbres nevadas del Illi Mani y el Chacaltaia son centinelas de esa profusión de edificios que trepan las laderas de la olla paceña. Una vez arriba, el tránsito se encastra como si autos, camiones y minibuses fueran piezas de un juego imposible. Hay colas inmensas frente a la destilería de Senkata, van en busca de combustible para abastecer a las otras enormes filas que desde el sábado a la noche recorren cuadras y cuadras hasta las estaciones de servicio; también de garrafas domésticas. Varias vías de la avenida de seis carriles que lleva al corazón de Senkata están cubiertas de escombros y restos de barricadas. El último tramo hasta donde vecinos y vecinas están movilizándose hay que hacerlo a pie. De las pasarelas que cruzan de un lado al otro de la avenida cuelgan muñecos como espantapájaros descabezados, están ahí para denunciar la masacre que cuenta diez muertes oficiales, una cantidad indeterminada de personas desaparecidas y 540 heridas, algunas graves. En total, en todo Bolivia, desde que Jeanine Añez usurpó el poder ejecutivo, se cuentan, según la Defensoría del Pueblo, 870 personas heridas. Están ahí para que las vea la delegación de la CIDH, que por la tarde llegará a Senkata.

Una sola muerte numerosa

Milton David Centeno, sus restos, está dentro de un cajón blanco cubierto de flores. Sólo su mamá custodiaba el féretro el domingo en la mañana, se la ve pequeña en un rincón, con su pollera desplegada sobre una silla y un mantón negro cubriendo el gorro de lana que la abriga. Mira directo a los ojos cuando se le habla, no llora, al menos no va a llorar mientras la rabia la anime. “Un solo hijito tenía, otra hija; iba a la universidad, toda la vida para que él fuera”, dice Claudina Geronda Huanca. “Le sacaron una bala de bronce de la cabeza, iba a ser profesional” y en la repetición de ese futuro que no será, aparecen las lágrimas.

Desde la sala contigua, los olores de la cocina se mezclan con los crisantemos, la cebolla morada, el maíz que hierve, el cilantro, el arroz. Para quienes vengan a despedir a este muchacho que estaba en tercer año de Derecho, el primer universitario de su familia, el primero entre sus ancestros que se remontan por siglos en estas tierras, habrá comida. Así es la tradición y se va a cumplir cuando la sala se llene de sombreros negros, de prendedores floridos, de las galas que cholas y cholos le ofrecen a los muertos. Sobre aguayos abiertos, en el piso, también hay comida como ofrenda para compartir: maíz inflado en uno y Aptapi -quesillo- con tunta -esos papines que se congelan, se entierran y después se cuecen- en el otro.

Desde la calle, llegan las voces del “cabildo” donde se aprueba temprano, entre unas trescientas personas, sostener el bloqueo; sobre todo para que no se borren las huellas de las balas de las defensas de cemento que dividen la autopista, para el que el Banco de Comercio no vuelva a pintar las paredes donde quedó la sangre derramada de David Posto Cuzzi, que el 19 de noviembre había ido a renegociar dos deudas que tenía en ese banco junto a su compañera, Wendy Colqui. O la de Calixto Guanaco Aguilar, que todavía está internado pero ya se declaró su muerte cerebral producto de una bala que se le incrustó en la cabeza cuando intentó ayudar a alguien más. Los rastros de esas historias que por la tarde, una por una, iban a doler otra vez cuando fueran relatadas frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no pueden borrarse. Y por eso el camino para el presidente de la comisión, Pablo Abrao, tampoco fue fácil.

La decisión de moverse a El Alto de la CIDH fue como recoger el guante de la provocación que habían sufrido quienes habían ido a testimoniar el sábado a un hotel del sur de La Paz, un hotel 5 estrellas cercado por manifestantes de los Comités Cívicos que insultaron a los organismos de Derechos Humanos -como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Asociación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas en América Latina, entre otros- y a familiares y personas heridas en la masacre de Senkata. “Estamos tan cansadas, yo soy de las más jóvenes y tengo más de 70; nunca me imaginé que iba a ver otro golpe”, dice Ruth Llanos, de Asofam y se deja abrazar por David Inca, de la Apdh que dejará frente a Pablo Abrao los testimonios que hablan de torturas, implantación de pruebas y hasta difamación de las personas fallecidas por “ebrias o terroristas”. “Áñez se bañó con sangre de los pobres”, dice el vocero de la Apdh, y concluye: “Peor que a animales, así nos tratan”.

Ni las imágenes del sábado frente al hotel Casagrande, tampoco las del medio millar de personas que se reunieron en la capilla San Francisco de Asís para aportar testimonios y pruebas salieron en la televisión. En los carteles escritos a mano que levantaban las personas se pedía “prensa internacional”; se pedía en verdad, la urgente necesidad de dejar de ser invisibles. En la televisión boliviana, en cambio, se veía la marcha que, a la misma hora, protagonizaron seguidores y seguidoras de Waldo Albarracín, rector de la Universidad de San Andrés, que convocó a través de redes sociales a marchar para que no se vayan los militares de las calles y que no haya ley de garantías.

¿Cómo evitar que no vuelva al cuerpo la llegada de la CIDH a la Argentina cuando desde las radios se instigaba a maltratar a quienes querían denunciar las violaciones a los Derechos Humanos por parte del Terrorismo de Estado en 1979? ¿Cómo no pensar, cada vez que se habla de disparos desde helicópteros --porque el relato es desesperado y se insiste con vehemencia—en la masacre de Napalpí, cuando 200 indígenas fueron asesinados en el Chaco Argentino, acribillades desde aviones a mitad del siglo pasado? Lo que se vive en Bolivia, en algunas regiones de Bolivia que se pretende invisibilizar, no es de ahora, son heridas antiguas que siguen supurando. “Somos indígenas el 80 por ciento de la población ¿quién tiene que gobernar? Nosotros. Hay que demandar a España para que se lleve los restos que nos dejó”, gritó Henry Contreras Roca, y avivó ya no la bronca sino un odio que las balas, que todavía se ven sobre ese territorio desértico y lastimado por los escombros, no hacen más que avivar.

La muerta viva

 “La Áñez disque transitoria pero vino a matarnos: a mi marido una bala le destrozó el corazón”, dijo María Cristina Quispe, compañera de Juan José Tenorio Mamani, 23, mecánico cerrajero. “Le entró por la espalda cuando estaba arrastrando a un herido”, soltó frente a Abrao, ubicado bajo el altar de la capilla y se puso a llorar. Su cabeza cubierta de negro, sus demandas firmes: que se vaya Áñez, que se vaya el ministro de gobierno, Arturo Trujillo, que haya “Justicia Internacional porque acá no va a haber”. Pablo Quispe Mamani, 24; Antonio Rolan Quispe Ticona, tenía 25, tres minutos antes de morir por herida de bala estaba almorzando con la mamá. Cristian Condori, 23; Clemente Mamani Santander, 23; Edwin Jamachi Paniagua, 20. Cada uno tuvo sus minutos de duelo colectivo en la memoria de quienes los nombraban y relataban lo que sabían de sus muertes. Todos heridos de bala.

Y sin embargo, no alcanzó. Cuando le tocó el turno a Betina Gutierrez el silencio fue creciendo como una marea que busca la luna. “Yo soy una muerta viva, soy la testigo que sobrevivió. Yo estaba ahí en el bloqueo, no éramos ni 50. Me quedé cuando vi venir los tanques porque pensé que nos iban a hablar. Pero no, empezaron a disparar, sin una advertencia. Yo ví caer heridos a la mitad y luchamos para que no se lleven los cuerpos adentro de estación de Senkata. Ví a una niña con un disparo en la cara, no sé donde está esa niña. Ví a una señora de pollera herida y la quise arrastrar pero no pude porque era gordita. Me la sacaron de la mano y la metieron adentro. Pero me llevé un montón de cascos, para que no mientan. Y acá los tengo”, dijo y los puso sobre el aguayo que cubría las mesas de madera donde les integrantes de la CIDH tomaban notas. Betina tiene un niño autista, pidió protección para él y para ella; pero no de la policía. Pablo Abrao fue informado de la extrema debilidad que tiene esta mujer en momentos de persecución como el que se describió durante toda la sesión.

Las noticias que se relevan en la televisión hablan del levantamiento de los bloqueos en todo el territorio boliviano. En Senkata eso se desmiente. En el centro de La Paz, les seguidores de Albarracín denuncian el levantamiento de los bloqueos del MAS como una estrategia para fortalecerse. El cuarto intermedio para seguir discutiendo la ley de garantías se termina hoy lunes. Mientras, la televisión habla de paz y usurpa la voz de les cantantes que en Chile tomaron la letra de Victor Jara para defender la vida digna que reclaman.

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 "Lamentablemente no se acataron protocolos policiales: hubo uso excesivo de la fuerza, abusos, delitos y no se respetaron derechos", admitió el presidente de Chile. Desde que prendieron las protestas sociales el 18 de octubre, las cifras ofi ciales indican que hay 23 muertos, más de 6 mil 300 detenidos y 2 mil 391 heridos (41 por balazos, 964 por perdigones y 909 por golpizas y gases lacrimógenos). Ayer marcharon en Santiago más de 200 que perdieron alguno de sus ojos. Foto Ap. Aldo Anfossi, Especial para La Jornada

Santiago. El presidente Sebastian Piñera reconoció que la policía (Carabineros) pasó por encima de sus propios límites durante la represión de las manifestaciones, que suman cuatro semanas en Chile, y que se han cometido violaciones a los derechos humanos.

"Lamentablemente, a pesar del firme compromiso para proteger los derechos humanos, en algunos casos no se respetaron los protocolos (policiales), hubo uso excesivo de la fuerza, abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos", admitió Piñera la noche del domingo, después de cinco días de total ausencia pública.

En el mes transcurrido desde que prendieron las protestas (18 de octubre), las cifras oficiales indican que hay 23 muertos, cinco de ellos por disparos de uniformados; más de 6 mil 300 detenidos (759 menores de edad) y 2 mil 391 heridos (41 por balazos, 964 por perdigones, de las cuales 222 tienen heridas oculares, y 909 por golpizas u otro). El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 384 acciones judiciales.

La víctima mortal más reciente se contó el sábado 16, cuando Abel Acuña, de 29 años, aparentemente sufrió un paro cardiaco en la Plaza Italia. Hay evidencia gráfica de que cuando los paramédicos buscaban rescatarlo para llevarlo a un hospital, su esfuerzo fue abiertamente perjudicado por la policía. El Colegio Médico y el Servicio de Atención Médica de Urgencia confirmaron que las fuerzas especiales "agredieron" al equipo médico con "chorros de agua, gas lacrimógeno y disparos con armas antidisturbios, lo que retrasó la reanimación del paciente". La socorrista que atendía fue herida en una pierna y Abel falleció 15 minutos después.

La violencia policial ha sido implacable y abiertamente animada por la oficialidad superior. Apenas el miércoles 13 se filtró un audio, reconocido como auténtico, en el cual la máxima autoridad de carabineros, general Mario Rozas, hablando a la tropa, promete impunidad. "Tienen todo el apoyo, todo el respaldo, de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por un procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer", dijo, desatando los aplausos. Carabineros después aclaró que se refería a decisiones sin un previo sumario interno.

Pero la presidencia de Piñera quedará marcada por la represión con que respondió a la movilización social. La actuación policiaca y del ejército comenzó a ser escrutada en terreno por observadores del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La semana pasada, en Quito, comisionados de la CIDH reprendieron a representantes del gobierno chileno que justificaban la violencia del Estado.

El presidente, sabedor del riesgo que corre, se comprometió a que todos los casos "sigan siendo investigados para que en función del mérito de la causa puedan ser conocidos y juzgados". Además de disculparse y ofrecer condolencias, aseguró que dará asistencia "para que la Fiscalía y tribunales cumplan con su función de investigar y hacer justicia".

Prometió que "no habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia ni con aquellos que cometieron abusos".

También reconoció que el martes 12 estuvo a un tris de sacar al ejercito nuevamente a la calle.

Para mañana y el miércoles se anuncia una segunda huelga general, convocada por la Mesa del Sector Público, que agrupa a 16 gremios.

Las manifestaciones entran en su quinta semana y si bien su masividad se redujo, siguen fuertes y lejos de terminar, pese a que el viernes 15 un arco de fuerzas políticas suscribieron un pacto para abrir un camino legal hacia una convención constituyente que redacte una nueva Carta Magna.

Sectores opositores que se excluyeron del pacto y también desde la ciudadanía, temen que el requisito de que los acuerdos y normas sean aprobados por dos tercios de los delegados convencionales frustre el objetivo de terminar con los enclaves autoritarios incorporados a la Constitución pinochetista para consagrar inamovible el modelo neoliberal.

Pero quienes defienden el pacto, sostienen que la nueva Constitución se redactará desde una "hoja en blanco", lo cual significa que en aquellas materias sin sumar dos tercios de aprobación, no prevalecerá el contenido actual, sino que se legislarán después en el Parlamento y que podrán aprobarse por mayorías simples y no con quórums calificados, como ocurre actualmente.

En la sociedad civil también se expresan urgencias respecto de que la convención constitucionalista sea representativa de la diversidad social, y que no sea acaparada por la clase política, cuyas principales representaciones (Parlamento y partidos) tienen más de 90 por ciento de rechazo y desconfianza ciudadana.

Fuerzas muy poderosas conducen todo en la aventura golpista

El gobierno trucho está matando sin ningún reparo. Estas horas son decisivas. Todo puede suceder

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El pleno de la Cámara de Representantes aprobó ayer una resolución para el proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. La votación para abrir al público las investigaciones fue de 232 demócratas a favor por 196 republicanos en contra. "De lo que se trata es de saber la verdad. Lo que está en juego es nada menos que nuestra democracia", sostuvo la líder de la cámara baja, Nancy Pelosi.Foto Ap

Nueva York. Por cuarta ocasión en la historia de Estados Unidos, el pleno de la Cámara de Representantes del Congreso aprobó ayer una resolución para el proceso de impeachment, estableciendo las reglas del juego para, eventualmente, formular cargos para un juicio político al presidente Donald Trump. Todo lo cual se podrá ver por televisión en vivo.

Después de poco más de un mes de investigaciones a puerta cerrada encabezadas por tres comités de la cámara baja, la resolución aprobada ayer establece los parámetros y procedimientos para abrir por primera vez la fase pública de las indagaciones.

La decisión del liderazgo demócrata de convocar el voto para aprobar esta resolución indica que confían en que ya cuentan con suficiente evidencia para proceder hacia el impeachment de Trump por abuso de poder al presionar a un gobierno extranjero (en este caso el de Ucrania) para investigar a sus contrincantes políticos estadunidenses, y con ello invitar a la interferencia exterior en los comicios estadunidenses de 2020. También podría ser acusado de obstrucción de la justicia.

La resolución adoptada ayer, por el voto dividido de 232 demócratas (dos votaron no) contra 196 republicanos presentes, establece que el Comité de Inteligencia realizará las audiencias públicas –algunas con los mismos testigos que ya comparecieron en privado–, que arrancarán alrededor de la semana del 11 de noviembre y transmitirá sus conclusiones en un reporte público que entregará al Comité Judicial.

Será ahí donde por primera vez, abogados que representarán al presidente podrán intervenir en los interrogatorios y hasta convocar testigos en las audiencias. Según las reglas, el Comité Judicial será el encargado de formular los cargos que podrían ameritar su destitución, conocidos como “artículos de impeachment”.

Si el pleno de la cámara baja aprueba estos artículos, como por ahora se anticipa, el presidente será considerado impeached.

Pero eso sólo implica que fue formalmente acusado, no destituido. Lo segundo depende del Senado, el cual al recibir los cargos aprobados por la cámara baja sesionará como un tribunal presidido por el jefe de la Suprema Corte.

En ese juicio los senadores esencialmente cumplen el papel de un jurado y al final se requiere una mayoría de dos tercios para destituir al presidente, algo que por ahora nadie apuesta sucederá en la cámara alta, controlada por mayoría republicana.

Por ahora los pronósticos son que Trump será impeached, pero que el Senado lo absolverá y se mantendrá en el cargo, lo cual ocurrió en el caso de Bill Clinton, en 1998.

Vale subrayar que –como enfatizó la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi–, lo que se votó ayer no fue el impeachment en sí, sino las reglas del juego para la fase pública de la investigación de Trump, y con ello determinar si se procede hacia el juicio contra el mandatario.

Pelosi advirtió, al convocar el voto, que este es un paso "solemne". A la vez, ante los incesantes ataques de los aliados de Trump descalificando todo el proceso, declaró que "no sé por qué los republicanos temen la verdad". En su discurso ante el pleno sobre el voto, afirmó: “todo miembro debería apoyar que el pueblo estadunidense escuche los hechos… De eso se trata este voto. De la verdad, y lo que está en juego en todo esto es nada menos que nuestra democracia”.

No sorprendió el que Trump usara su cuenta de Twitter para declarar que todo esto “es la Cacería de Brujas Más Grande en la Historia de America” –así, todo en mayusculas– mientras su Casa Blanca y múltiples republicanos calificaran el proceso de ilegítimo. "Los demócratas están intentando destituir al presidente porque temen no poder derrotarlo en las urnas", acusó Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la cámara baja.

Pero tal vez el impacto más importante de abrir el proceso al público es que esto se transformará de inmediato en un espectáculo de televisión, con audiencias y debates transmitidos en vivo (también por radio y los portales de los principales medios) ofreciendo imágenes similares a las que persisten en la memoria colectiva en el caso de Clinton y, aún más peligroso para el actual régimen, Watergate en los años 70.

Nuevos testigos

Las investigaciones a puerta cerrada de los tres comités continuaron ayer, donde este día compareció el asesor sobre Rusia y Europa del Consejo de Seguridad Nacional, Timothy Morrison, quien corroboró versiones de otros diplomáticos, incluyendo el del embajador interino en Kiev, en torno a la existencia de un quid pro quo –de solicitar el anuncio de una investigación contra los demócratas a cambio de asistencia militar– de Trump en la relación con el gobierno ucranio. Morrison, el primer testigo que fue nombrado en su puesto por Trump, anunció ayer que estaba renunciando sin mayor explicación.

La investigación de los demócratas en la cámara baja contra el presidente ha procedido relativamente rápido, con más de una docena de testigos hasta la fecha –entre ellos diplomáticos de alto rango y asesores de la Casa Blanca–, y documentos oficiales que sugieren que Trump empleó las palancas de su puesto y operadores no oficiales (como Rudolph Giuliani, su abogado personal) para intentar que el gobierno de Ucrania le hiciera "el favor" de anunciar investigaciones contra demócratas con fines electorales personales.

Los investigadores de la cámara baja ahora han solicitado la comparencia del ex asesor de Seguridad Nacional y otros dos altos funcionarios de la Casa Blanca para la próxima semana, aunque pocos esperan que se presenten de manera voluntaria.

Próximamente se estrenará en vivo el proceso de impeachment, y Trump, el ex famoso conductor de su reality show El Aprendiz, que concluía cada noche con un concursante despedido por él, ahora será sujeto a otro tipo de programa con consecuencias reales que incluyen –aunque por ahora permanece como posibilidad muy remota– su propia despedida.

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