Viernes, 06 Diciembre 2019 06:27

El Estado policial democrático

El Estado policial democrático

Las revueltas en curso en América Latina tienen la enorme virtud de desnudar aspectos del régimen de dominación que en la grisura de la vida cotidiana pasan desapercibidas y son normalizadas, incluso por sus víctimas. Comprendemos así que el Estado –cuando se le quitan los caireles de la rima (León Felipe)– cuando se le desnuda de todo adorno democrático, ciudadano, etcétera, queda reducido apenas a su núcleo duro: los aparatos armados.

Estos días, en Chile puede comprobarse, hasta la saciedad, que el gobierno de las personas lo ejercen los carabineros y militares, que son quienes sustituyen la tecnología de la disciplina (desde la familia nuclear hasta la escuela, la división del trabajo y todo panóptico) por el uso de la violencia, asesinando, mutilando y violando por cientos.

Finalmente, eso es el Estado. Un instrumento de dominación implacable, imposible de gestionarlo sin apelar, en última o en primera instancia –dependiendo de las coyunturas y disposición de fuerzas sociales–, a la represión.

En medio de las revueltas populares observamos cómo va cobrando forma un Estado policial, en plena democracia o, mejor, de carácter democrático, ya que se cumplen las formalidades electorales sin que por eso se ponga en cuestión el modelo de dominación. La elegibilidad de algunos cargos del Estado, contrasta con la no elegibilidad de los mandos militares y policiales, así como jueces y burócratas de diversos estamentos estatales.

Luego de 30 años de democracia electoral en Chile, nos encontramos que esos estamentos siguen siendo pinochetistas. Que luego de 13 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil, los militares siguen siendo tan golpistas como en 1964. Exactamente lo mismo sucede en Uruguay, luego de 15 años de gobiernos del Frente Amplio, y en Bolivia, después de casi 14 años del MAS en el gobierno.

En Chile, el general de Carabineros, Enrique Bassaletti, jefe de la zona este de la Región Metropolitana, salió al cruce de quienes acusaban a la fuerza de violar los derechos humanos. Luego de señalar que la sociedad sufre una enfermedad grave por el estallido, dijo: Supongamos que sea un cáncer (...), cuando el tratamiento para éste se hace con quimioterapia, en algunos casos y en otros con radioterapia, se matan células buenas y células malas (https://bit.ly/33Hke6o).

Ese es el tipo de uniformados que tenemos, luego de décadas de finalizadas las dictaduras. Por eso sostengo que son actitudes que ya no dependen de una o varias personas, tienen carácter estructural. El Estado policial democrático es el modo encontrado por los de arriba para sostener el régimen de dominación, que tiene en el extractivismo/neoliberalismo su régimen de acumulación y de regulación de las relaciones sociales.

Se puede decir, incluso, a la inversa. La acumulación por despojo necesita de un Estado represivo, de carácter policial, pero que debe estar legitimado por el ejercicio regular del acto electoral. Este acto no puede poner en cuestión ni el Estado policial ni el régimen de acumulación del capital, porque en ese caso los resultados son inmediatamente invalidados por antidemocráticos.

En suma, la llamada democracia sólo merece ese nombre cuando es funcional a la dominación, que en este periodo incluye lo que Giorgio Agamben denomina estado de excepción permanente. El filósofo italiano define esta situación como una guerra civil legal contra aquellos sectores que por diversas razones no pueden ser integrados ni, por ende, dominados.

Agamben se inspiró en el nazismo y sus campos de concentración, para llegar a esa conclusión.

En América Latina los no integrables, o descartables, son los pueblos originarios y negros, los sectores populares y trabajadores, o sea los y las de abajo. Es la experiencia fresca de las revueltas en curso, lo que estos días hemos visto en Chile, pero sobre todo en cada lugar donde los dominados se rebelan, lo que nos permite hablar de un Estado policial democrático.

En este tipo de Estado, la vida de las personas no vale nada, en particular aquellas que viven en las zonas del no-ser (Fanon), allí donde la humanidad no es respetada y la violencia es el modo de regulación de las relaciones entre la sociedad y las autoridades estatales y empresas privadas. En Santiago, los carabineros cercaron barrios enteros e ingresaron por la fuerza en las viviendas particulares, siempre en la periferia popular y combativa. La democracia funciona para el tercio de arriba.

Por último, sería penoso que las izquierdas electorales siguieran compitiendo para administrar este Estado Policial, como hizo Lula en Brasil, cuyo gobierno siguió militarizando las favelas y creó formas más sofisticadas de presencia policial en los barrios populares.

El único camino razonable es organizarnos con la mayor cautela en los campos de concentración que el Estado policial democrático ha convertido a nuestros barrios, con el objetivo de derribar las alambradas cuando los guardias se descuiden.

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Sábado, 30 Noviembre 2019 06:12

Malas noticias

Malas noticias

El Kremlin intenta contrarrestar las malas noticias sobre su gestión con una nueva ley represiva que, según reconocen los autores de la iniciativa, tendrá una aplicación selectiva.

Aprobada por las dos Cámaras del Parlamento, esta ley –que es un instrumento para entorpecer la labor y castigar a quién decidan las autoridades y cuándo quieran– aún debe ser promulgada por el presidente Vladimir Putin, mientras decenas de intelectuales y activistas de los derechos humanos le piden, en carta abierta, no hacerlo por ser un documento que, a su juicio, viola la Constitución.

Por la deliberada ambigüedad del texto, quienes ostentan el poder se arrogan el derecho de obligar a cualquier ciudadano ruso que publique o transmita una información que no sea de su agrado, a colgarse el denigrante sambenito de “agente extranjero”, con la extensa lista de limitaciones que ello implica, en caso de recibir dinero (honorarios, donaciones, becas, premios) desde otro país.

La medida establece sanciones y dificulta el trabajo de quienes critican al Kremlin, que además tienen cerradas las puertas en los medios financiados por el Estado, pero no podrá impedir que salgan a la luz informaciones que, en su opinión, afectan su imagen, como los recientes sondeos del Centro Levada, que cuando se cansó de hacer encuestas a modo de inmediato quedó marcado con el estigma de “agente extranjero”.

En este momento, según revela un estudio de opinión del Centro Levada, 72 por ciento de los encuestados considera que no coinciden los intereses del Kremlin y de la sociedad, y la mayoría de éstos (53 por ciento) está convencida de que ello se debe a que “las autoridades viven a costa de la población y poco les importa qué pasa con la gente”.

El sondeo se llevó a cabo los días en que las autoridades nada hicieron frente a devastadores incendios e inundaciones, y muchos rusos cuestionaron que Rusia haya condonado la deuda de 20 mil millones de dólares de países de África, al tiempo que el gobierno dijo no poder indexar las jubilaciones de los mayores que se ven obligados a seguir laborando, cuando para ello se requiere una suma cinco veces inferior.

En ese contexto, más de la mitad de los jóvenes entre 19 y 24 años no ven su futuro en Rusia y expresaron el deseo de emigrar. Esta sí que es una mala noticia.

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Viernes, 29 Noviembre 2019 05:59

El Senado aprobó la Ley Antiencapuchados

El Senado aprobó la Ley Antiencapuchados

Piñera le había pedido al Congreso que avance inmediatamente con proyectos de ley destinados a contener las protestas. Volvió a destacar que se enfrenta a "un enemigo muy poderoso e implacable".

El Senado de Chile aprobó la polémica Ley Antiencapuchados. La medida, que busca castigar a los manifestantes que se cubran la cara, pasará ahora por la Cámara de Diputados. Las penas irían de los 541 días a los 3 años de prisión. De esta forma, el presidente Sebastián Piñera se asegura una primera victoria luego de solicitarle el miércoles al Congreso que avance inmediatamente con distintos proyectos de ley destinados a contener las protestas. Tras participar de una ceremonia de la Policía de Investigaciones, Piñera volvió a la carga con uno de sus latiguillos más célebres: "Estamos enfrentando un enemigo muy poderoso e implacable". 

Con 22 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones, el proyecto aprobado en una sesión especial del Congreso plantea que los encapuchados "no solo actúan para destruir la propiedad privada o pública, sino que atentan contra la integridad física de las personas". Se estima que las penas pueden ir de los 541 días a los 3 años de prisión.

Ahora la iniciativa pasará a ser debatida en la Comisión de Seguridad de Diputados. La moción había sido presentada en septiembre por los senadores Víctor Pérez, Felipe Harboe, Andrés Allamand, José Miguel Insulza y Felipe Kast.

El gobierno había propuesto en las últimas horas una serie de reformas destinadas a contener y reprimir la protesta: un proyecto que sanciona el uso de capucha como agravante de delitos; otro que aumenta las sanciones contra el saqueo; uno que tipifica penalmente las barricadas; y finalmente, el proyecto que permite el uso de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica sin decretar estado de excepción. Por el momento, solo consiguió avanzar sobre el primero.

Piñera asistió en la mañana del jueves a la graduación de nuevos miembros de la Policía de Investigaciones. Allí repitió que, desde el gobierno, están "enfrentando un enemigo muy poderoso e implacable. Que no respeta a nada ni a nadie y que no respeta la vida de los seres humanos". Más adelante agregó que "aquí no hay que dar espacio ni a la tibieza ni a la ambigüedad. Ni mucho menos a la debilidad".

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Represión en Bolivia: "Como animales, como perdices nos cazan"

La CIDH investiga la masacre de Senkata en El Alto

En El Alto siguen los bloqueos porque las muertes son demasiadas. Página/12 fue testigo de los desgarradores testimonios de las víctimas de la represión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

“Como a animales, como a perros, como a perdices; así nos cazan”, dice Ixalta Aliva golpeando sus manos contra el delantal que protege el plateado de su pollera. De uno de sus bolsillos saca una fotocopia, el documento de identidad de un niño de 15, Jesús Aruhiza, hospitalizado con la mandíbula destruida por una bala. “¿Somos animales?”, insiste en preguntar como si clamara al mismo cielo desde donde, dicen innumerables testimonios, llovieron balas el 19 de noviembre en Senkata, en El Alto, ahí donde los pies se enredan en los residuos de alambre y hollín que dejan las gomas quemadas, ahí donde, contra toda propaganda que insiste en que ya no quedan bloqueos en el cordón urbano de La Paz, hay bloqueo porque las muertes son demasiadas, porque a menos de 20 metros de donde las cholas se reúnen, hay un joven que esta siendo velado en su cajón blanco. Falleció el sábado a la noche, acaba de sumarse a una lista que no termina de cerrarse.

A esa misma hora en que terminaba la vida de Milton David Centeno Geronda, 24 años; en el centro de La Paz, el pleno de la Asamblea Legislativa pasaba a un cuarto intermedio después de aprobar la ley que fija las próximas elecciones para el 22 de enero y de no llegar a ningún acuerdo en torno a la ley de garantías propuesta por la bancada mayoritaria del MAS para que cesen las persecuciones, se repare a las víctimas de la represión y se derogue el decreto firmado por la presidenta autoproclama Jeanine Áñez que otorga inmunidad a las fuerzas armadas y de seguridad para reprimir y hasta comprar armamentos. En la televisión, sobre todo en el canal oficial, no dejaba de repetirse la canción de Víctor Jara que en Chile le grita en la cara a la crueldad neoliberal “el derecho de vivir en paz” y que aquí en esta zona, a 3600 metros sobre el nivel del mar, parece una orden de silencio y obedencia. “Esa ley nunca la voy a promulgar”, amenazó por twiter Áñez para dejar clara la proscripción .

Un mar de casas sin revocar que se ven desde los teleféricos que cruzan el cielo de La Paz separan al centro del Alto. Las cumbres nevadas del Illi Mani y el Chacaltaia son centinelas de esa profusión de edificios que trepan las laderas de la olla paceña. Una vez arriba, el tránsito se encastra como si autos, camiones y minibuses fueran piezas de un juego imposible. Hay colas inmensas frente a la destilería de Senkata, van en busca de combustible para abastecer a las otras enormes filas que desde el sábado a la noche recorren cuadras y cuadras hasta las estaciones de servicio; también de garrafas domésticas. Varias vías de la avenida de seis carriles que lleva al corazón de Senkata están cubiertas de escombros y restos de barricadas. El último tramo hasta donde vecinos y vecinas están movilizándose hay que hacerlo a pie. De las pasarelas que cruzan de un lado al otro de la avenida cuelgan muñecos como espantapájaros descabezados, están ahí para denunciar la masacre que cuenta diez muertes oficiales, una cantidad indeterminada de personas desaparecidas y 540 heridas, algunas graves. En total, en todo Bolivia, desde que Jeanine Añez usurpó el poder ejecutivo, se cuentan, según la Defensoría del Pueblo, 870 personas heridas. Están ahí para que las vea la delegación de la CIDH, que por la tarde llegará a Senkata.

Una sola muerte numerosa

Milton David Centeno, sus restos, está dentro de un cajón blanco cubierto de flores. Sólo su mamá custodiaba el féretro el domingo en la mañana, se la ve pequeña en un rincón, con su pollera desplegada sobre una silla y un mantón negro cubriendo el gorro de lana que la abriga. Mira directo a los ojos cuando se le habla, no llora, al menos no va a llorar mientras la rabia la anime. “Un solo hijito tenía, otra hija; iba a la universidad, toda la vida para que él fuera”, dice Claudina Geronda Huanca. “Le sacaron una bala de bronce de la cabeza, iba a ser profesional” y en la repetición de ese futuro que no será, aparecen las lágrimas.

Desde la sala contigua, los olores de la cocina se mezclan con los crisantemos, la cebolla morada, el maíz que hierve, el cilantro, el arroz. Para quienes vengan a despedir a este muchacho que estaba en tercer año de Derecho, el primer universitario de su familia, el primero entre sus ancestros que se remontan por siglos en estas tierras, habrá comida. Así es la tradición y se va a cumplir cuando la sala se llene de sombreros negros, de prendedores floridos, de las galas que cholas y cholos le ofrecen a los muertos. Sobre aguayos abiertos, en el piso, también hay comida como ofrenda para compartir: maíz inflado en uno y Aptapi -quesillo- con tunta -esos papines que se congelan, se entierran y después se cuecen- en el otro.

Desde la calle, llegan las voces del “cabildo” donde se aprueba temprano, entre unas trescientas personas, sostener el bloqueo; sobre todo para que no se borren las huellas de las balas de las defensas de cemento que dividen la autopista, para el que el Banco de Comercio no vuelva a pintar las paredes donde quedó la sangre derramada de David Posto Cuzzi, que el 19 de noviembre había ido a renegociar dos deudas que tenía en ese banco junto a su compañera, Wendy Colqui. O la de Calixto Guanaco Aguilar, que todavía está internado pero ya se declaró su muerte cerebral producto de una bala que se le incrustó en la cabeza cuando intentó ayudar a alguien más. Los rastros de esas historias que por la tarde, una por una, iban a doler otra vez cuando fueran relatadas frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no pueden borrarse. Y por eso el camino para el presidente de la comisión, Pablo Abrao, tampoco fue fácil.

La decisión de moverse a El Alto de la CIDH fue como recoger el guante de la provocación que habían sufrido quienes habían ido a testimoniar el sábado a un hotel del sur de La Paz, un hotel 5 estrellas cercado por manifestantes de los Comités Cívicos que insultaron a los organismos de Derechos Humanos -como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Asociación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas en América Latina, entre otros- y a familiares y personas heridas en la masacre de Senkata. “Estamos tan cansadas, yo soy de las más jóvenes y tengo más de 70; nunca me imaginé que iba a ver otro golpe”, dice Ruth Llanos, de Asofam y se deja abrazar por David Inca, de la Apdh que dejará frente a Pablo Abrao los testimonios que hablan de torturas, implantación de pruebas y hasta difamación de las personas fallecidas por “ebrias o terroristas”. “Áñez se bañó con sangre de los pobres”, dice el vocero de la Apdh, y concluye: “Peor que a animales, así nos tratan”.

Ni las imágenes del sábado frente al hotel Casagrande, tampoco las del medio millar de personas que se reunieron en la capilla San Francisco de Asís para aportar testimonios y pruebas salieron en la televisión. En los carteles escritos a mano que levantaban las personas se pedía “prensa internacional”; se pedía en verdad, la urgente necesidad de dejar de ser invisibles. En la televisión boliviana, en cambio, se veía la marcha que, a la misma hora, protagonizaron seguidores y seguidoras de Waldo Albarracín, rector de la Universidad de San Andrés, que convocó a través de redes sociales a marchar para que no se vayan los militares de las calles y que no haya ley de garantías.

¿Cómo evitar que no vuelva al cuerpo la llegada de la CIDH a la Argentina cuando desde las radios se instigaba a maltratar a quienes querían denunciar las violaciones a los Derechos Humanos por parte del Terrorismo de Estado en 1979? ¿Cómo no pensar, cada vez que se habla de disparos desde helicópteros --porque el relato es desesperado y se insiste con vehemencia—en la masacre de Napalpí, cuando 200 indígenas fueron asesinados en el Chaco Argentino, acribillades desde aviones a mitad del siglo pasado? Lo que se vive en Bolivia, en algunas regiones de Bolivia que se pretende invisibilizar, no es de ahora, son heridas antiguas que siguen supurando. “Somos indígenas el 80 por ciento de la población ¿quién tiene que gobernar? Nosotros. Hay que demandar a España para que se lleve los restos que nos dejó”, gritó Henry Contreras Roca, y avivó ya no la bronca sino un odio que las balas, que todavía se ven sobre ese territorio desértico y lastimado por los escombros, no hacen más que avivar.

La muerta viva

 “La Áñez disque transitoria pero vino a matarnos: a mi marido una bala le destrozó el corazón”, dijo María Cristina Quispe, compañera de Juan José Tenorio Mamani, 23, mecánico cerrajero. “Le entró por la espalda cuando estaba arrastrando a un herido”, soltó frente a Abrao, ubicado bajo el altar de la capilla y se puso a llorar. Su cabeza cubierta de negro, sus demandas firmes: que se vaya Áñez, que se vaya el ministro de gobierno, Arturo Trujillo, que haya “Justicia Internacional porque acá no va a haber”. Pablo Quispe Mamani, 24; Antonio Rolan Quispe Ticona, tenía 25, tres minutos antes de morir por herida de bala estaba almorzando con la mamá. Cristian Condori, 23; Clemente Mamani Santander, 23; Edwin Jamachi Paniagua, 20. Cada uno tuvo sus minutos de duelo colectivo en la memoria de quienes los nombraban y relataban lo que sabían de sus muertes. Todos heridos de bala.

Y sin embargo, no alcanzó. Cuando le tocó el turno a Betina Gutierrez el silencio fue creciendo como una marea que busca la luna. “Yo soy una muerta viva, soy la testigo que sobrevivió. Yo estaba ahí en el bloqueo, no éramos ni 50. Me quedé cuando vi venir los tanques porque pensé que nos iban a hablar. Pero no, empezaron a disparar, sin una advertencia. Yo ví caer heridos a la mitad y luchamos para que no se lleven los cuerpos adentro de estación de Senkata. Ví a una niña con un disparo en la cara, no sé donde está esa niña. Ví a una señora de pollera herida y la quise arrastrar pero no pude porque era gordita. Me la sacaron de la mano y la metieron adentro. Pero me llevé un montón de cascos, para que no mientan. Y acá los tengo”, dijo y los puso sobre el aguayo que cubría las mesas de madera donde les integrantes de la CIDH tomaban notas. Betina tiene un niño autista, pidió protección para él y para ella; pero no de la policía. Pablo Abrao fue informado de la extrema debilidad que tiene esta mujer en momentos de persecución como el que se describió durante toda la sesión.

Las noticias que se relevan en la televisión hablan del levantamiento de los bloqueos en todo el territorio boliviano. En Senkata eso se desmiente. En el centro de La Paz, les seguidores de Albarracín denuncian el levantamiento de los bloqueos del MAS como una estrategia para fortalecerse. El cuarto intermedio para seguir discutiendo la ley de garantías se termina hoy lunes. Mientras, la televisión habla de paz y usurpa la voz de les cantantes que en Chile tomaron la letra de Victor Jara para defender la vida digna que reclaman.

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 "Lamentablemente no se acataron protocolos policiales: hubo uso excesivo de la fuerza, abusos, delitos y no se respetaron derechos", admitió el presidente de Chile. Desde que prendieron las protestas sociales el 18 de octubre, las cifras ofi ciales indican que hay 23 muertos, más de 6 mil 300 detenidos y 2 mil 391 heridos (41 por balazos, 964 por perdigones y 909 por golpizas y gases lacrimógenos). Ayer marcharon en Santiago más de 200 que perdieron alguno de sus ojos. Foto Ap. Aldo Anfossi, Especial para La Jornada

Santiago. El presidente Sebastian Piñera reconoció que la policía (Carabineros) pasó por encima de sus propios límites durante la represión de las manifestaciones, que suman cuatro semanas en Chile, y que se han cometido violaciones a los derechos humanos.

"Lamentablemente, a pesar del firme compromiso para proteger los derechos humanos, en algunos casos no se respetaron los protocolos (policiales), hubo uso excesivo de la fuerza, abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos", admitió Piñera la noche del domingo, después de cinco días de total ausencia pública.

En el mes transcurrido desde que prendieron las protestas (18 de octubre), las cifras oficiales indican que hay 23 muertos, cinco de ellos por disparos de uniformados; más de 6 mil 300 detenidos (759 menores de edad) y 2 mil 391 heridos (41 por balazos, 964 por perdigones, de las cuales 222 tienen heridas oculares, y 909 por golpizas u otro). El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 384 acciones judiciales.

La víctima mortal más reciente se contó el sábado 16, cuando Abel Acuña, de 29 años, aparentemente sufrió un paro cardiaco en la Plaza Italia. Hay evidencia gráfica de que cuando los paramédicos buscaban rescatarlo para llevarlo a un hospital, su esfuerzo fue abiertamente perjudicado por la policía. El Colegio Médico y el Servicio de Atención Médica de Urgencia confirmaron que las fuerzas especiales "agredieron" al equipo médico con "chorros de agua, gas lacrimógeno y disparos con armas antidisturbios, lo que retrasó la reanimación del paciente". La socorrista que atendía fue herida en una pierna y Abel falleció 15 minutos después.

La violencia policial ha sido implacable y abiertamente animada por la oficialidad superior. Apenas el miércoles 13 se filtró un audio, reconocido como auténtico, en el cual la máxima autoridad de carabineros, general Mario Rozas, hablando a la tropa, promete impunidad. "Tienen todo el apoyo, todo el respaldo, de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por un procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer", dijo, desatando los aplausos. Carabineros después aclaró que se refería a decisiones sin un previo sumario interno.

Pero la presidencia de Piñera quedará marcada por la represión con que respondió a la movilización social. La actuación policiaca y del ejército comenzó a ser escrutada en terreno por observadores del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La semana pasada, en Quito, comisionados de la CIDH reprendieron a representantes del gobierno chileno que justificaban la violencia del Estado.

El presidente, sabedor del riesgo que corre, se comprometió a que todos los casos "sigan siendo investigados para que en función del mérito de la causa puedan ser conocidos y juzgados". Además de disculparse y ofrecer condolencias, aseguró que dará asistencia "para que la Fiscalía y tribunales cumplan con su función de investigar y hacer justicia".

Prometió que "no habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia ni con aquellos que cometieron abusos".

También reconoció que el martes 12 estuvo a un tris de sacar al ejercito nuevamente a la calle.

Para mañana y el miércoles se anuncia una segunda huelga general, convocada por la Mesa del Sector Público, que agrupa a 16 gremios.

Las manifestaciones entran en su quinta semana y si bien su masividad se redujo, siguen fuertes y lejos de terminar, pese a que el viernes 15 un arco de fuerzas políticas suscribieron un pacto para abrir un camino legal hacia una convención constituyente que redacte una nueva Carta Magna.

Sectores opositores que se excluyeron del pacto y también desde la ciudadanía, temen que el requisito de que los acuerdos y normas sean aprobados por dos tercios de los delegados convencionales frustre el objetivo de terminar con los enclaves autoritarios incorporados a la Constitución pinochetista para consagrar inamovible el modelo neoliberal.

Pero quienes defienden el pacto, sostienen que la nueva Constitución se redactará desde una "hoja en blanco", lo cual significa que en aquellas materias sin sumar dos tercios de aprobación, no prevalecerá el contenido actual, sino que se legislarán después en el Parlamento y que podrán aprobarse por mayorías simples y no con quórums calificados, como ocurre actualmente.

En la sociedad civil también se expresan urgencias respecto de que la convención constitucionalista sea representativa de la diversidad social, y que no sea acaparada por la clase política, cuyas principales representaciones (Parlamento y partidos) tienen más de 90 por ciento de rechazo y desconfianza ciudadana.

Fuerzas muy poderosas conducen todo en la aventura golpista

El gobierno trucho está matando sin ningún reparo. Estas horas son decisivas. Todo puede suceder

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El pleno de la Cámara de Representantes aprobó ayer una resolución para el proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. La votación para abrir al público las investigaciones fue de 232 demócratas a favor por 196 republicanos en contra. "De lo que se trata es de saber la verdad. Lo que está en juego es nada menos que nuestra democracia", sostuvo la líder de la cámara baja, Nancy Pelosi.Foto Ap

Nueva York. Por cuarta ocasión en la historia de Estados Unidos, el pleno de la Cámara de Representantes del Congreso aprobó ayer una resolución para el proceso de impeachment, estableciendo las reglas del juego para, eventualmente, formular cargos para un juicio político al presidente Donald Trump. Todo lo cual se podrá ver por televisión en vivo.

Después de poco más de un mes de investigaciones a puerta cerrada encabezadas por tres comités de la cámara baja, la resolución aprobada ayer establece los parámetros y procedimientos para abrir por primera vez la fase pública de las indagaciones.

La decisión del liderazgo demócrata de convocar el voto para aprobar esta resolución indica que confían en que ya cuentan con suficiente evidencia para proceder hacia el impeachment de Trump por abuso de poder al presionar a un gobierno extranjero (en este caso el de Ucrania) para investigar a sus contrincantes políticos estadunidenses, y con ello invitar a la interferencia exterior en los comicios estadunidenses de 2020. También podría ser acusado de obstrucción de la justicia.

La resolución adoptada ayer, por el voto dividido de 232 demócratas (dos votaron no) contra 196 republicanos presentes, establece que el Comité de Inteligencia realizará las audiencias públicas –algunas con los mismos testigos que ya comparecieron en privado–, que arrancarán alrededor de la semana del 11 de noviembre y transmitirá sus conclusiones en un reporte público que entregará al Comité Judicial.

Será ahí donde por primera vez, abogados que representarán al presidente podrán intervenir en los interrogatorios y hasta convocar testigos en las audiencias. Según las reglas, el Comité Judicial será el encargado de formular los cargos que podrían ameritar su destitución, conocidos como “artículos de impeachment”.

Si el pleno de la cámara baja aprueba estos artículos, como por ahora se anticipa, el presidente será considerado impeached.

Pero eso sólo implica que fue formalmente acusado, no destituido. Lo segundo depende del Senado, el cual al recibir los cargos aprobados por la cámara baja sesionará como un tribunal presidido por el jefe de la Suprema Corte.

En ese juicio los senadores esencialmente cumplen el papel de un jurado y al final se requiere una mayoría de dos tercios para destituir al presidente, algo que por ahora nadie apuesta sucederá en la cámara alta, controlada por mayoría republicana.

Por ahora los pronósticos son que Trump será impeached, pero que el Senado lo absolverá y se mantendrá en el cargo, lo cual ocurrió en el caso de Bill Clinton, en 1998.

Vale subrayar que –como enfatizó la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi–, lo que se votó ayer no fue el impeachment en sí, sino las reglas del juego para la fase pública de la investigación de Trump, y con ello determinar si se procede hacia el juicio contra el mandatario.

Pelosi advirtió, al convocar el voto, que este es un paso "solemne". A la vez, ante los incesantes ataques de los aliados de Trump descalificando todo el proceso, declaró que "no sé por qué los republicanos temen la verdad". En su discurso ante el pleno sobre el voto, afirmó: “todo miembro debería apoyar que el pueblo estadunidense escuche los hechos… De eso se trata este voto. De la verdad, y lo que está en juego en todo esto es nada menos que nuestra democracia”.

No sorprendió el que Trump usara su cuenta de Twitter para declarar que todo esto “es la Cacería de Brujas Más Grande en la Historia de America” –así, todo en mayusculas– mientras su Casa Blanca y múltiples republicanos calificaran el proceso de ilegítimo. "Los demócratas están intentando destituir al presidente porque temen no poder derrotarlo en las urnas", acusó Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la cámara baja.

Pero tal vez el impacto más importante de abrir el proceso al público es que esto se transformará de inmediato en un espectáculo de televisión, con audiencias y debates transmitidos en vivo (también por radio y los portales de los principales medios) ofreciendo imágenes similares a las que persisten en la memoria colectiva en el caso de Clinton y, aún más peligroso para el actual régimen, Watergate en los años 70.

Nuevos testigos

Las investigaciones a puerta cerrada de los tres comités continuaron ayer, donde este día compareció el asesor sobre Rusia y Europa del Consejo de Seguridad Nacional, Timothy Morrison, quien corroboró versiones de otros diplomáticos, incluyendo el del embajador interino en Kiev, en torno a la existencia de un quid pro quo –de solicitar el anuncio de una investigación contra los demócratas a cambio de asistencia militar– de Trump en la relación con el gobierno ucranio. Morrison, el primer testigo que fue nombrado en su puesto por Trump, anunció ayer que estaba renunciando sin mayor explicación.

La investigación de los demócratas en la cámara baja contra el presidente ha procedido relativamente rápido, con más de una docena de testigos hasta la fecha –entre ellos diplomáticos de alto rango y asesores de la Casa Blanca–, y documentos oficiales que sugieren que Trump empleó las palancas de su puesto y operadores no oficiales (como Rudolph Giuliani, su abogado personal) para intentar que el gobierno de Ucrania le hiciera "el favor" de anunciar investigaciones contra demócratas con fines electorales personales.

Los investigadores de la cámara baja ahora han solicitado la comparencia del ex asesor de Seguridad Nacional y otros dos altos funcionarios de la Casa Blanca para la próxima semana, aunque pocos esperan que se presenten de manera voluntaria.

Próximamente se estrenará en vivo el proceso de impeachment, y Trump, el ex famoso conductor de su reality show El Aprendiz, que concluía cada noche con un concursante despedido por él, ahora será sujeto a otro tipo de programa con consecuencias reales que incluyen –aunque por ahora permanece como posibilidad muy remota– su propia despedida.

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Miles de indígenas armados con palos pasaron ayer por Machachi, provincia de Pichincha, en su caminata rumbo a Quito, para exigir al gobierno de Lenín Moreno dar marcha atrás al paquetazo económico impuesto para cumplir exigencias del FMI.Foto Afp

Quito. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció anoche el traslado de su gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil y acusó a su antecesor Rafael Correa (2007-2017) y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de "desestabilizar" a su gobierno, en momentos en que miles de campesinos comenzaron a llegar a Quito en medio de enfrentamientos con fuerzas militares, al aumentar la presión de las masivas protestas iniciadas el jueves pasado en rechazo a la eliminación del subsidio a combustibles.

En un mensaje transmitido en cadena nacional, un acorralado Moreno aseveró: “Me he trasladado a Guayaquil y he movido la sede de gobierno a esta querida ciudad, de acuerdo con las atribuciones constitucionales que me competen.

"Lo que ha sucedido estos días en Ecuador no es una manifestación social de descontento ante una decisión de gobierno. No, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar al gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático", denunció Moreno, quien en los últimos días atribuyó las movilizaciones a los "zánganos correístas", lo que ha dado pie a que en las calles y redes sociales se habla ya de la Revolución de los Zánganos.

En cadena nacional, el mandatario agregó que "en las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir y dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Creen ustedes que es coincidencia que Correa y (el ex canciller Ricardo) Patiño hayan viajado al mismo tiempo hace algunas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización".

El detonante de las protestas fue un acuerdo de Moreno con el Fondo Monterio Internacional para acceder a préstamos por 4 mil 209 millones de dólares, a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsdios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años, y que provocó aumentos hasta de 123 por ciento. El galón de 3.79 litros de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina común de 1.85 a 2.40 dólares.

Pero Moreno dijo que no dará marcha atrás con las medidas "porque lo correcto no tiene matices" y agregó que la eliminación a los subsidios del combustible es una decisión histórica que afecta a grandes intereses económicos y financieros.

El anuncio de Moreno desde la conservadora ciudad portuaria, donde al cierre de esta edición se multiplicaban las protestas, se conoció poco después de que comenzaron a llegar miles de campesinos al centro colonial de Quito, y de reportes de que el presidencial Palacio de Carondelet, fue evacuado por militares y es vigilado con el sobrevuelo de helicópteros.

Los indígenas, provenientes de provincias del sur andino, algunos armados con palos y fuetes, partieron antenoche a pie y en camionetas rumbo a la capital con la exigencia de mantener los subsidios para evitar el consecuente aumento de tarifas.

Otros grupos de indígenas también se desplazaban desde el norte para sumarse a una gran movilización de sindicatos este miércoles en la capital, donde ayer por la tarde hubo violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías.

En Machachi, a 35 kilómetros de Quito, militares y policías atacaron la marcha con bombas de gas lacrimógeno. La primera caravana conformada por miles de indígenas llegó a Quito y al ingresar a la ciudad atacaron una tanqueta del ejército, la cual fue quemada sin que los militares pudieran hacer nada, según imágenes transmitiras por televisión. Otros manifestantes ocuparon pozos y redujeron la producción petrolera.

La multitudinaria caravana llegó por la noche al centro de Quito, mientras los caminantes que vienen desde el norte ya estaban en Calderón, en las afueras de la capital.

En 19 de las 24 provincias hay bloqueos, principalmente en la Panamericana, indicó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

"Grupos indígenas están cerrando vías en diversos puntos, lo que es lamentable", señaló el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, quien advirtió que si hay "cualquier intento de llegar a Quito u otro lugar, o de seguir obstaculizando las vías, las fuerzas armadas están atentas para impedir que escale este nivel de violencia".

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que en 2000 impulsó el derrocamiento de Jamil Mahuad, cuestionado por su política económica, declaró que se espera que llegarán a Quito "más de 20 mil indígenas".

La organización declaró antier el "estado de excepción" en sus territorios, que implica que "militares y policías que se acerquen a ellos serán retenidos y sometidos a la justicia indígena (reconocida por la Constitución)".

Decenas de militares ya han sido retenidos en varias comunidades, señalaron dirigentes indígenas.

"Estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados", expresó Moreno, quien se distanció de su aliado y antecesor Rafael Correa (2007-2017) apenas asumió el poder.

Pero Vargas replicó: “El problema es que ya estamos cansados de tanto diálogo. Hemos tenido llamadas, miles y miles de llamadas, y no hemos respondido hasta este momento. Mientras mi pueblo no llegue a la ciudad de Quito están cerrados todos los canales de diálogo.

"Convocamos al paro del pueblo y la huelga nacional del 9 de octubre. Las acciones del pueblo no terminan allí si el gobierno no retrocede en las medidas", manifestó Nelson Erazo, titular del Frente Popular, que reúne a grupos de trabajadores y estudiantes.

En las calles y en las redes sociales se multiplica el hashtag #YoTambienSoyZángano y #RevoluciónDelosZánganos, en alusión a la calificación de "zánganos correístas" que hizo Moreno a los miles que salieron a las calles del país tras la aplicación del paquetazo.

Bajo ese mismo hashtag el propio Correa retuiteó una nota que destaca un llamado de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a las autoridades ecuatorianas "de garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse".

El ex presidente uruguayo José Mujica tuiteó: "Mi solidaridad al pueblo ecuatoriano víctima del FMI. Siguen peleando por el país. Lamentablemente se encontraron con un traidor que ha vendido la patria".

Las protestas han dejado hasta el domingo un civil muerto, 73 heridos (incluidos 59 uniformados) y 477 detenidos (la mayoría por vandalismo), de acuerdo con cifras de las autoridades.

Diversos sectores sociales rechazan desde el pasado jueves la eliminación de subsidios dispuesta como parte de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para acceder a préstamos por 4 mil 209 millones de dólares.

Antes de 2007, la dolarizada y petrolera nación ecuatoriana sufrió casi una década de inestabilidad política y protestas sociales que derivaron en el derrocamiento de tres mandatarios, dos de los cuales intentaron aplicar severos ajustes económicos.

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La Casa Blanca trató de encubrir la llamada de Trump con Zelensky

 En reunión con personal de EU ante la ONU, dice que le gustaría saber quién informó de la plática con el presidente de Ucrania y lanza: ¿saben qué se hacía con los espías en los viejos tiempos?

 

Nueva York. La Casa Blanca intentó encubrir una llamada de Donald Trump con su homólogo de Ucrania en la cual solicita su interferencia en la contienda presidencial estadunidense, según el informe de un denunciante confidencial que detonó la anunciada indagatoria legislativa para formular cargos para la destitución (impeachment) del presidente.

El informe entregado al Congreso el miércoles y desclasificado la mañana de ayer afirma que funcionarios y abogados de la Casa Blanca intentaron ocultar todo archivo sobre la llamada ocurrida a finales de julio entre Trump y Volodymir Zelensky, presidente de Ucrania.

El denunciante confidencial anónimo informó al inspector general de inteligencia nacional a través de una queja formal por escrito, procediendo bajo las reglas para divulgar por canales oficiales quejas de abuso de poder o actos ilegales, que "el presidente de Estados Unidos está empleando el poder de su puesto para solicitar la interferencia por un país extranjero en la elección de Estados Unidos de 2020". Así empieza el informe.

Agrega que "esta interferencia incluye, entre otras cosas, presionar a un país extranjero para investigar a uno de los mayores rivales políticos domésticos del presidente", al resumir lo que más de seis funcionarios dentro de la Casa Blanca compartieron con él.

En su informe de siete cuartillas fechado el 12 de agosto, el denunciante escribió que Rudolph Giuliani –asesor personal de Trump, pero sin puesto oficial– es "figura central" en este esfuerzo y que hay indicaciones que la mano del procurador general, William Barr, también. Detalló partes de la llamada y el denunciante acusó que Trump "buscó presionar al líder ucranio a emprender acciones para ayudar el esfuerzo de relección del presidente para 2020".

Además, el denunciante comenta que el contenido de esta llamada fue deliberadamente ocultada por funcionarios de la Casa Blanca, colocando la transcripción en un sistema secreto "con el propósito de proteger la información políticamente sensible, en lugar de sensible para seguridad nacional". Más aún, reporta que se enteró de conversaciones entre abogados de la Casa Blanca sobre la llamada porque era probable que "habían sido testigos del abuso de poder del presidente para su ventaja personal".

El denunciante confidencial fue identificado ayer como un oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) asignado a la Casa Blanca (ya está de regreso a la agencia), un analista de inteligencia capacitado en asuntos europeos y con conocimiento del mundo político ucranio, reportó el New York Times. Pero por ahora, no se sabe más.

El director interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, compareció este jueves ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, donde señaló que todo este asunto "no tiene precedente", pero defendió la manera en que su gente ha manejado el asunto hasta ahora. También consideró que el denunciante "actuó de buena fe".

Los denunciantes anónimos son conocidos como whistleblowers (literalmente, los que soplan un pitazo), y al informar a sus superiores bajo normas establecidas, supuestamente serán protegidos de represalias. El sistema no funciona si los jefes no actúan como deben, lo cual ha sido la razón por la cual tantos oficiales deciden ser filtradores de información a medios externos.

En la ahora famosa llamada del 25 de julio, según un resumen de la transcripción, Trump solicita a Zelensky que le haga un favor e investigue alegatos de que Joseph Biden, quien fue vicepresidente de Barack Obama y ahora es precandidato presidencial democrata, frenó una indagatoria en Ucrania contra su hijo, Hunter, quien era integrante de la junta directiva de una empresa de gas en ese país, entre otras cosas.

El contraataque

Trump continuó rechazando esta acusación afirmando que el anuncio del comienzo del proceso de impeachment "es una desgracia para nuestro país" y repitió que es otra "cacería de brujas".

Pero en lo que se pensaba que era una reunión privada en la Misión de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas ayer por la mañana, Trump asombró al personal reunido ahí en lo que era una ceremonia de agradecimiento a los empleados (algunos reunidos ahí con sus familias), al declarar que deseaba saber quién fue la persona que informó al denunciante sobre la llamada telefónica, ya que eso es "cercano a ser espía". Agregó de manera ominosa: "saben lo que hacíamos en los viejos tiempos, cuando éramos inteligentes con espías y traición, ¿verdad?"

A la vez, continuó atacando a Biden –en la reunión en la Misión, lo llamó "tonto como una piedra"– y los demócratas por ser los verdaderos corruptos y los que buscan usar algo tan poco sustancial para intentar descarrilar su relección.

Eso, como siempre, fue acompañado de ataques contra los periodistas por "corruptos", "animales" y "algunos de los perores seres humanos que uno jamás conocerá", e insistió en que todo es “fake news”.

También se proclamó el "hombre más inocente en el mundo".

Mientras, Giuliani estalló sobre lo que escribió el denunciante, comentando al Atlantic que “es imposible que el denunciante sea un héroe y yo no. Yo seré el héroe… cuando esto acabe, yo seré el héroe”.

La palabra más peligrosa en todo esto es "encubrimiento". Esto fue un "encubrimiento", declaró ayer la presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, y no fue accidente que ella y sus colegas, entre ellos varios de los candidatos presidenciales, hayan repetido esa palabra una y otra vez. En los escándalos políticos de Washington, muchos –incluidos presidentes– han caído del poder no por el crimen que cometieron en sí, sino por los intentos de encubrirlo. Así fue en el célebre caso Watergate, como en el impeachment de Bill Clinton, y en casos contra secretarios y directores, y no pocos legisladores.

Este proceso de impeachment apenas comienza.


El proceso de impeachment que comenzó el martes en EU, paso a paso

Lo que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y su mayoritaria bancada demócrata empezaron el martes pasado, el impeachment, es uno de dos procesos constitucionales para remover a un presidente de su puesto.

La Constitución afirma que el Poder Legislativo destituye a presidentes, si tienen los votos, por "traición, soborno u otros altos y menores delitos", los cuales incluyen varios tipos de abuso de poder y que son considerados más bien delitos políticos.

Donald Trump es el cuarto presidente en la historia contra el cual se impulsó este proceso de destitución. Sólo dos, Andrew Johnson, en 1868, y Bill Clinton, en 1998, han sido lo que se llama impeached, o sea, acusados de cargos que ameritan la destitución. Sin embargo, ambos fueron absueltos y llegaron hasta el final de sus periodos. El tercero, Richard Nixon, renunció en 1974 antes de esperar la conclusión del proceso.

La primera fase de este proceso se inicia en la cámara baja, donde en este caso –aunque las reglas no son fijas y no siempre arrancan así– el Comité Judicial, con el apoyo de otros comités, realiza una pesquisa sobre si el mandatario cometió violaciones que ameritan el impeachment.

En este caso, la presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, indicó que los seis comités que han estado investigando a Trump y a su gobierno, colaborarán ahora al enviar los elementos y casos al Comité Judicial que se encargará de formular los llamados “artículos de impeachment”, o sea los cargos formales (también podrían ser planteados por algún comité especial para el asunto). Estos primeros serán aprobados por mayoría a nivel del comité, y después presentados ante el pleno.

Si el pleno de la Cámara de Representantes aprueba sólo uno o más de los cargos, se considera que el presidente ha sido impeached, pero no destituido. O sea, es lo equivalente a ser acusado formalmente con cargos.

Vale señalar que la cámara baja es controlada por demócratas, y que por lo menos 218 diputados de esa bancada han expresado estar a favor de impulsar el proceso. Ese es el número mínimo requerido para aprobar los artículos de impeachment cuando sean presentados.

Si los cargos son aprobados, los artículos de impeachment son enviados al Senado que, según este proceso, se transforma en un tribunal para lo que es, en esencia, un juicio político que es presidido por el jefe de la Suprema Corte y un grupo de diputados participan como fiscales. El presidente tiene derecho a sus abogados. La cámara alta es el jurado, pero la reglas del procedimiento son formuladas y adoptadas por el Senado en ese momento (no hay reglas ya existentes). Al concluir el juicio, el Senado debe votar para condenar al presidente. Se requieren por lo menos dos tercios de los senadores presentes para condenarlo. Si lo logran, el presidente sería destituido y el vicepresidente tomaría su puesto.

Pero, por ahora, el Senado está bajo control republicano, y pocos apuestan por que se logrará realizar el juicio, y si es que procede, todo indica que el presidente sería absuelto. Sin embargo, no se puede pronosticar qué ocurriría si hay más revelaciones o si presidente comete errores graves al manejar esta crisis.

O sea, a fin de cuentas no es un proceso judicial, sino un proceso más bien político.

Por David Brooks

Corresponsal

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Foto panorámica Universidad Distrital, sede Macarena

El ex directivo del Institutåo de Extensión de la Universidad Distrital –IDEXUD- Wilman Muñoz, en versión libre ante la procuraduría reconoce que desvió más de 10 mil millones de pesos a través de una tarjeta de crédito, para beneficio propio y de otros, en las que señala que existe una red de corrupción al interior de la Universidad, en cabeza de Ricardo García, dineros con los que se pagaron fiestas, reuniones y hasta cuentas en casas de prostitución a las que asistieron, además del rector y ex director del IDEXUD, el secretario General de la Universidad, Camilo Bustos.

Todo lo anterior, señala Muñoz, con el fin de favorecer la designación del rector por parte del Consejo Superior Universitario -CSU- coadyuvado por el representante de los egresados, Carlos Fajardo, ante el Consejo Superior y sus oficios para ganar el voto de los otros consejeros y lograr la elección del rector, garantizando coimas para asegurar un contrato jugoso con la alcaldía de Bucaramanga, con el aval del ex rector Carlos Javier Mosquera y que Ricardo García debería garantizar la continuidad, manejado contratos de Julián Clavijos y Alejandra Lemus, quienes deberían garantizar que esos dineros llegaran a Carlos Fajardo, quien comisiona a Muñoz para conseguir el voto del Ministerio de Educación a través de Olga Lucia Velásquez, representante a la Cámara de Representantes por Bogotá, quien lleva 40 hojas de vida para promover su clientelismo político; clientelismo del que también se acusa a varios políticos del Distrito al favorecerse con contratos para cumplir con sus cuotas clientelares.

No es de ahora

Desde la década de los años 70 se inicia la conformación de grupos de poder en la Universidad Distrital, rápidamente se encuentran involucrados en temas de corrupción, durante los 80 e inicios de los 90 éstos pasan a conformar mafias que hacen de la corrupción una virtud “académica” y empresarial. Desde entonces, ha sido una constante las múltiples denuncias de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y trabajadores), los tres estamentos que conforman el constituyente primario de la Universidad, pero sus esfuerzos parecen vanos al ver que no pasa nada y, después de tantos años pareciese que se ha caído en una desesperanza aprendida que no es posible erradicarla y, cuando los estudiantes salen a protestar ante la opinión pública para denunciarla, para combatirla, como el día de ayer y hoy, la respuesta dela administración y del alcalde Peñalosa es la represión y la violencia a través de ESMAD con un estudiante detenido arbitrariamente.

Las mafias que se mueven en la Universidad Distrital, han llegado al descaro y han pasado a la sin-vergüenza,sin distinciones ideológicas y políticas, donde comparten los objetivos que las unifica, el dinero que obtienen a través de la corrupción de distintas maneras: clientelismo político de ciertos personajes de partidos políticos, convenios con alcaldías municipales y locales, contratos para infraestructura, como el escándalo en la construcción de la sede en Bosa; compra de inmuebles, como el caso sonado de las sillas….. en fin, hay muchas variables para que los grupos mafiosos saqueen la universidad para sus beneficios personales.

La corrupción en la Universidad Distrital ha sido tema de distintos medios de comunicación desde hace años, los más recientes los emitidos por noticias UNO, los escritos titulados en el año 2016 ¿Quién manda en la Universidad Distrital? Del 25 de junio de 2016, por Carlos Hernández Osorio y publicado por el Espectador. Ese mismo año, el 28 de junio el titulado “Bogotá: la lucha política por el botín de la universidad Distrital”. Al parecer a algunos directivos docentes, involucrados en casos de corrupción y que son parte o son captados por las mafias académicas, les parece atractivo el presupuesto de la Universidad que supera los 285 mil millones de pesos anuales y que saben dar buen uso a nombre de la autonomía universitaria y por eso hacen resistencia a cualquier intento de reforma que democratice nuestra Alma Mater.

En estos artículos encontramos algunos apartes que vale la pena citar:

“La Universidad Distrital de Colombia ha sido reconocida por su excelencia académica en Colombia. Sin embargo, es una de las más corruptas del país, según el último índice de transparencia que ubicó a «la Distrital» en el puesto 30 de 32. Dado que están en época de elegir rector, varias fuerzas pelean en su interior para conseguir el jugoso botín que tendrían en sus manos al llegar al máximo cargo de la universidad” Panam post Noticias y análisis de las Américas Julián Villabona Gabar, junio 28 de 2016

Da lástima, indignación e impotencia; los diferentes escándalos en los que se ha visto nuestra Universidad, como “presuntas irregularidades en la elección del constructor de la sede en Bosa” con un costo inicial de 69 mil millones y una adición de 19 mil millones para su culminación. Situación que puso freno a la construcción de la sede B de la Macarena del contrato firmado en el 2010. El Espectador.

Los medios de comunicación han señalado que las distintas rectorías se han visto envueltas en temas de corrupción, desde Antonio Caicedo, Lombardo Rodríguez, Samuel Arrieta, Marco Antonio Pinzón (actual representante de los ex-rectores en el CSU), Fabio Lozano, Roberto Vergara, Inocencio Bahamon, Carlos Javier Mosquera y Ricardo García. La corrupción es histórica y se ha convertido en un problema estructural difícil de erradicar, porque al parecer quienes gobiernan la universidad, desde el Consejo Superior Universitario –CSU- hasta cargos directivos menores están involucrados y de nada sirven los cambios, porque estas mafias tienen un acumulado en sus bases para ser remplazados en los cargos de dirección y representación.

Muchos de estos personajes se han lanzado al trampolín de la política electoral, para ampliar su poder, algunos fracasados, otros con éxito, logrando llegar al Concejo de Bogotá y al Congreso de la República con partidos y organizaciones políticas cuestionadas por su vínculo con el narco-paramilitarismo; beneficiándose con cuotas burocráticas que tienen al interior de la universidad, a través de la contratación, como pagos clientelistas en cada campaña electoral o beneficiando a otros politiqueros en acuerdos que suscriben al interior de estas corporaciones.

“Renuncié porque desde el Consejo Superior me presionaban para hacer nombramientos”, asegura otro ex rector (e), que pidió no ser citado. Él, que conoce otras universidades, explica que mientras en la Nacional los grupos de interés tienden a girar en torno a lo académico, en la UD “buscan beneficios particulares”. El Espectador, 2016.

La corrupción llega a niveles que pasamos por desapercibidos, como pasar de la docencia a un cargo docente administrativo antes de pensionarse; anualmente los pensionados reciben más de 2.542 millones de pesos y lo peor, algunos, reciben mesada también por Col pensiones, (doble pensión). La publicación de artículos intrascendentales para la academia y la investigación para puntuar y subir el salario, donde los autores se citan recíprocamente para beneficio propio o se citan varias veces a sí mismos, a lo que han llamado el cartel de los puntos.

No importa la ideología de un alcalde, no les interesa el tema, hay un denominador común que los une; el dinero a través de la corrupción. Las mafias se acomodan al color que les convenga, como el Camaleón, como sucedió con esta administración con la llegada de Duque a la presidencia y Peñalosa a la alcaldía y que hace posible, desde el Consejo Superior Universitario, la llegada de Ricardo García Duarte a la rectoría.

Ahora el chivo expiatorio es el rector Ricardo García Duarte, no pretendemos hacer una defensa del profesor, pero es un caso similar al de la época de la violencia cuando sectores de la clase en el poder nacional, pretendía achacarle todos los males de la violencia en la década de los 80 a uno de los capos del narcotráfico: Pablo Escobar y así, esconder y ocultar otros responsables.

Aunque el rector Ricardo García Duarte ha señalado que él destapó la olla podrida, gracias a las denuncias hechas por él ante la Procuraduría General de la Nación, donde solicitó abrir un juicio disciplinario con audiencia pública contra el profesor, reconocido por la administración a la planta docente, Wilman Muñoz, ex director del IDEXUD por el desfalco de más de 10 mil millones de pesos, no lo excluye de responsabilidad, pero también es cierto que él ha negado tales acusaciones, a diferencia del ex director del IDEXUD que reconoce su desfalco, así las cosas serán las investigaciones judiciales las que darán la última palabra frente al Rector, con quien pretende el profesor Wilson Muñoz y su mafia desviar la atención de la comunidad universitaria.

El Consejo Superior Universitario, no ha puesto freno a esta situación, porque sus integrantes, también tienen sus propios intereses, los constantes encargos de rectoría, durante años, han alimentado estos niveles de corrupción y solo hasta el año 2010 se convoca a una consulta a la comunidad universitaria, para que el Consejo Superior decida y nombre al rector en propiedad (Inocencio Bahamon), quien también termina involucrado en temas de corrupción.

El Consejo Superior Universitario no puede estar exento de esta coyuntura de corrupción, máximo órgano de gobierno de la Universidad y no pude decirle a la comunidad universitaria: “todo se hizo a nuestras espaldas”, al estilo Samper.

No hay dudas, que el Consejo Superior Universitario conoce de estas irregularidades; señores de la administración de la Universidad son igualmente conocedores de la irregularidad en estas prácticas de corrupción y han guardado silencio, por tal razón también son responsables.

Es triste ver a muchos trabajadores de la Universidad Distrital, más de 1.600 –de un total aproximado de 2000–, que tienen vínculo laboral mediante contrato de prestación de servicios, instrumentalizados en coyunturas electorales, como medio necesario para conservar su empleo,es reflejo de la estructura del Estado y sus distintos gobiernos nacional y municipal, incluso laboran cada año del 15 de enero al 30 sin salario, para garantizar la continuidad laboral e incluso a finales de año, sometiéndolos a laexplotación.

Y que decir de la gran mayoría de sus profesores, precarizados laboralmente mediante vínculos laborales por Resolución, llamados ocasionales o de hora cátedra, excluidos y discriminados académicamente, no se puede optar con las mismas condiciones a programas, salidas de campo, movilidad o por lo menos cursos en el ILUD, todo es por cuenta propia. Solo tienen deberes y se le violan sus derechos, los profesores de segunda o tercera, como se refieren algunos directivos de ellos, quienes han dedicado a la universidad gran parte de su vida, hasta con más de 20 años a su servicio, desconocidos por el Consejo Superior y las administraciones de turno, igualmente utilizados en las consultas para designación de rector, con la promesa que una vez haya concursos para la planta docente, serán beneficiados.

Concursos con “maniobras criticadas como las convocatorias para contratar profesores, El Espectador 2016. Con estos antecedentes y dada la coyuntura actual, los concursos actuales, carecen de transparencia, por tal razón consideramos deben ser suspendidos e invertir tales recursos en la formalización docente de la actual y existente real planta docente, contrariando el concepto de ampliación, porque desconoce a los más de 1.400 profesores de la Universidad y dar cumplimiento a lo acordado en la mesa nacional de dialogo y la mesa de dialogo local y acuerdos firmados entre la administración y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU UD.

No caer en el oportunismo en la actual coyuntura de los concursos, desde ASPU UD debemos combatir estas posturas dentro del profesorado, nos fraccionan, nos individualizan y nos dividen en la lucha. La formalización docente, no solo debe estar en las mesas de diálogo y comisiones; por cierto, la administración y el CSU nunca cumplen lo acordado (Resolución 010 del 23 de febrero de 2012 del CSU). Infortunadamente se requieren mecanismos de presión, es la constante histórica de este pueblo para ser escuchado y tenido en cuenta de sus justas reivindicaciones y aspiraciones, solo la unidad de un profesorado organizado en lucha, en lo local, regional y nacional hará posible esa realidad de la formalización.

Es triste ver que estos profesores, a la fecha de hoy no se les haya pagado el aumento salarial con retroactivo, como se hizo con los profesores, reconocidos a la planta docente en el mes de junio; argumenta la administración que no hay plata, peor aún que los acuerdos firmados en el 2.013, 2015, 2017 entre la administración y ASPU UD de vincular laboralmente a los profesores llamados TCO a 11.5 meses, no se haya cumplido, con el mismo argumento, no hay plata, pero si hay suficiente recursos, hasta de más de 10 mil millones de pesos para robar, para la corrupción, para pagar reuniones, fiestas y cuentas a algunos directivos en prostíbulos de Bogotá, como se informó en noticias UNO recientemente.

Señores, el salario de los trabajadores es sagrado, es un derecho constitucional y laboral que los directivos vienen violentando permanentemente.

Finalizando, rechazamos y condenamos los hechos de corrupción y malversación que se vienen investigando en la U.D.F.J.C,pedimos a las autoridades encargadas una sanción ejemplar para los responsables de tales irregularidades y la devolución de todos los recursos ilegalmente usurpados a nuestra Alma Mater, que son desviados de uso legítimo que es el de garantizar el derecho a la educación de nuestros jóvenes.

Colectivo Dignidad Docente

¡Organización y Lucha!

ASPU UD

 

Por: Ricardo Sánchez Fernández[i]

Bogotá, septiembre 24 de 2019

 

[i]Profesor llamado TCO desde 1997, integrante del Colectivo Dignidad Docente y actual fiscal de ASPU UD, docente adscrito al Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía –PAIEP- Facultad de Ciencias y Educación, Universidad Distrital desde el año 1997 y luchador incansable por las reivindicaciones populares y los derechos.

 

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La doctrina militar gana terreno en América latina

El catálogo de argumentos con el que Estados Unidos busca intervenir en las políticas de los países latinoamericanos se actualiza constantemente. Como si fuera uno más de los tantos guiones hollywoodenses que se estrenan año a año, ahora algunas de sus agencias gubernamentales, como el Comando Sur de las Fuerzas Armadas (FFAA) y sus lobistas en la región, elaboraron y difundieron la doctrina de las “nuevas amenazas”. Ante la ausencia de conflictos bélicos en la región, la amenaza a los Estados proviene ahora del crimen organizado transnacional, en particular actividades ligadas al tráfico de drogas y a fenómenos como “la pobreza”, “las migraciones”, y “el populismo”, sostiene un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), titulado “La guerra interna”

En los últimos años, Estados Unidos insisten en sumar al terrorismo a este grupo. De esta manera se vuelve borroso el límite entre “defensa nacional”, que concierne a las FF.AA., y “seguridad interna”, a cargo de las fuerzas de policía locales, para llegar a una militarización de la seguridad. Esto no sólo implica la intervención directa de las FFAA, sino también la formación militar de los organismos encargados de la seguridad interior, como las fuerzas de policía, mediante cursos y otras modalidades de entrenamientos, brindados por especialistas norteamericanos.

 “Ninguno de los problemas que constituyen el paradigma de las “nuevas amenazas” deben ser abordados de manera militar”, dijo en diálogo con PáginaI12, Manuel Trufó, Coordinador del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS. ¿Pero por qué? “Son muchas las razones, pero principalmente porque cuando las policías comienzan a actuar supeditadas a fuerzas militares aumentan su letalidad. Es decir, no solamente hay más muertos porque hay militares interviniendo directamente, sino que los propios policías matan más cuando están bajo la órbita del funcionamiento de los militares”, explica Trufó. La realidad de Río de Janeiro es escalofriante sobre este aspecto. En febrero de 2018 la ciudad entregó la gestión de la seguridad a los militares, que tomaron el control operativo de las policías y desplegaron tropas en las favelas. En seis meses de actuación (hasta junio del 2018) se produjeron 895 muertes por acción de las fuerzas estatales, cuando en el mismo período de 2013 (año en el que empieza a contabilizarse un ascenso de las muertes) la policía había matado a 236 personas. Esto representa un aumento de la letalidad policial del 278 por ciento en sólo cinco años.

Las autoridades comúnmente se apoyan en datos sobre altos niveles de violencia para justificar la intromisión militar. “Pero esa intervención está muy lejos de disminuir la violencia. Al revés, la retroalimenta. Lo que se presenta como la supuesta solución pasa a ser una parte central de un problema mucho más grande”, dice el especialista del CELS. Eso está ocurriendo en estos momentos en Uruguay. “Hasta ahora era un país donde se venía marcando la diferencia entre seguridad y defensa de manera bastante clara. Pero en el último año hubo una suba en al tasa homicidios que generó una especie de “pánico moral” en algunos sectores de la población. Eso llevó al absurdo de que algunos grupos de presión hayan juntado una cantidad de firmas suficientes como para que se llame a un referéndum para consultar si las FFAA tienen que participar o no en seguridad interior”, explica Trufó. La iniciativa, impulsada por el senador del opositor Partido Nacional, Jorge Larrañaga, logró reunir 407.000 firmas, y en la elección presidencial de octubre también se decidirá si 2000 militares intervienen en seguridad pública.

El uso de servicios de inteligencia es otro de los elementos que compone el cuadro. “Con la excusa de que hay “nuevas amenazas” se potencia una lógica del secreto y el funcionamiento sin control o ilegal de los servicios inteligencia”, explicó Trufó. En Chile esto quedó expuesto con lo que se llamó la Operación Huracán, una investigación iniciada por Carabineros bajo el amparo de la Ley de Inteligencia, que en septiembre de 2017 condujo a la detención de ocho comuneros mapuches. Se los acusó de estar supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile. En enero de 2018 el Ministerio Público Fiscal determinó que la unidad de carabineros encargada de investigar el caso alteró las pruebas que incriminaban a los mapuches, manipulando mensajes de sus teléfonos celulares. “También en Chile los Carabineros se están militarizando. La creación del Comando Jungla da cuenta de esto”, informó el miembro del CELS. Miembros de ese Grupo Táctico de Carabineros asesinaron en 2018 al referente mapuche Camilo Catrillanca con un tiro por la espalda.

La semana pasada, una comitiva policial que trasladaba a un líder narco fue atacada a balazos cerca de Asunción, Paraguay. Supuestos miembros del Comando Vermelho de Brasil efectuaron el golpe para rescatar a Jorge Samudio González, alias Samura, miembro del grupo. El hecho le sirvió al presidente paraguayo, Miguel Abdo Benítez, para enviar al congreso una modificación de una enmienda constitucional que permitiría a las FFAA participar en la lucha contra grupos criminales y mafias organizadas. “Esta lucha genera adversarios, que cuentan con más armamentos y mejor logística que las fuerzas policiales”, dijo Abdo Benítez y también se refirió a una “batalla desigual”. “El punitivismo como solución a los problemas de la violencia es la receta que se viene aplicando desde hace décadas y no da resultados. Sin embargo, tiene cierta eficacia en no hacerse responsable de su propio fracaso. Se sigue presentando como si no se hubiera aplicado nunca y en realidad es lo que se viene usando desde siempre. Lo que pasa es que la militarización, que es el punto extremo del punitivismo, tiene cierto rédito político también. Estados Unidos plantea esta estrategia, pero también hay actores locales que encuentran en ella un capital político para capitalizar internamente”, explica el especialista del CELS.

Eso nos pone ante un tema espinoso. ¿Cuánto hay de imposición y cuánto de iniciativa propia en los países latinoamericanos para aplicar las recetas del militarismo estadounidense? “Hay un juego de los dos lados. Estados Unidos opera sobre las FFAA y de seguridad locales a lo largo de los años. Va cultivando, digamos, gente de confianza en ellas, y esas personas son las que después promueven que algunos de sus funcionarios y efectivos vayan a entrenarse y formarse allá, y así se va realimentando ese circuito”, sostiene Trufó. “El problema es que América Latina está completamente desunida. Si había algún tipo de unidad de criterio naciente hace unos años, eso hoy ya no existe. Obviamente la negociación bilateral país por país siempre favorece Estados Unidos. No está negociando con un bloque, y así, siempre lleva las de ganar”, concluye Trufó. Lo paradójico de la política estadounidense de militarización social es que no la aplican en su propio país. Allá la demarcación entre seguridad y defensa es bien clara. “Haz lo que te digo, pero no lo que yo hago”, toda una declaración de principios.

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