Un hombre camina frente a un graffitti en una de las calles de Santiago de Chile. EFE

Chile celebraba este pasado domingo un referéndum que iba a dejar atrás la constitución vigente desde Pinochet y Bolivia pretendía celebrar elecciones tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales

 

La crisis del coronavirus ha derivado en el aplazamiento de dos citas clave que iban a tener lugar esta semana en América Latina: las elecciones presidenciales tras el golpe de Estado que sacó del poder a Evo Morales en Bolivia y el referéndum constitucional convocado en Chile después de varios meses de protestas en el país.

Este pasado domingo, cerca de 15 millones de chilenos estaban llamados a votar en un referéndum para elegir si querían una nueva Constitución o continuar con la carta magna promulgada en 1980 bajo el régimen dictatorial de Pinochet. Pero el plebiscito ha sido aplazado para otoño. 

A finales de marzo las diferentes fuerzas políticas acordaron postergar el plebiscito para el próximo 25 de octubre, y que a su vez ha obligado también a cambiar la fecha de las elecciones municipales y regionales –y unas posibles elecciones constituyentes dependiendo del resultado del referéndum– previstas para ese día hasta 2021.

Esta cita era una de las principales apuestas del presidente, Sebastián Piñera, para aliviar las protestas que comenzaron en octubre contra la subida del billete de metro y que se han convertido en una lucha contra la desigualdad, por la falta de acceso a derechos básicos como la salud o la educación, o el actual sistema de pensiones, aunque ahora paralizadas por la epidemia. Pero que hasta enero habían dejado más de 2.000 heridos y una treintena de muertos por la brutalidad del ejército en su intento de reprimir el estallido social.

Los sondeos publicados antes la pandemia apuntaban a una holgada victoria de la opción 'apruebo' por la que se abriría el proceso constituyente para reformar la Constitución. Aunque según la Agencia EFE, la población estaría más dividida respecto a qué órgano debería redactar el eventual nuevo texto, la otra pregunta que planteará el plebiscito y en la que los ciudadanos elegirán entre una asamblea de ciudadanos electos o integrada también por parlamentarios.

 

El coronavirus ancla en el poder a Jeanine Áñez

 

Bolivia celebraba este domingo elecciones presidenciales para reconfigurar el poder en el país. Los comicios tenían previsto renovar los cargos de la presidencia y vicepresidencia, así como los senadores y parlamentarios en las cámaras legislativas pero la COVID-19 ha paralizado los comicios 'sine die'.

El pasado 21 de marzo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que se suspendían las elecciones después de que el gobierno interino de Jeanine Áñez decretara cuarentena nacional por la pandemia, ahora ampliada hasta el 10 de mayo. En una rueda de prensa y posteriormente en un mensaje enviado al Parlamento, el presidente del TSE pidió "consenso" a las formaciones políticas para convocar una nueva cita electoral basándose en "criterios técnicos y científicos sólidos".

En el escrito proponen también que los comicios tendrán que celebrarse entre el domingo 7 de junio y el domingo 6 de septiembre. De esta forma, era la Asamblea Legislativa la que tenía que aprobar un proyecto de ley que fije la nueva fecha, pero en la sesión que tuvo lugar este pasado miércoles, la Cámara de Diputados, con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, en un primer trámite del proyecto ha aprobado que sea el órgano electoral el que diga la fecha exacta, en un plazo de noventa días desde que se dé el visto bueno a la ley.

Ahora la ley ha pasado al Senado, que por la fiesta del 1 de mayo no está claro que pueda celebrar el pleno por lo que trastocaría todavía más la propuesta del MAS en la Cámara de Diputados para que las elecciones tengan lugar el 2 de agosto.

El MAS iba primero en las encuestas antes de que se aplazaran los comicios y antes de tratar el proyecto afloraron supuestas diferencias internas sobre la conveniencia o no de demorar más o menos la cita electoral, negadas luego por voces del partido como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque. Además de que el propio Morales ha acusado de presiones a algún parlamentario afín al Gobierno interino para aplazar lo más posible los comicios.

Desde que la epidemia llegó al país andino, varias organizaciones humanitarias han criticado la deriva autoritaria y de restricción de libertades que Áñez sigue imponiendo en el país. Human Rights Watch denunció a principios de abril que el gobierno interino "aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren 'incorrecta'". Además, según esta misma organización, altos funcionarios bolivianos han mencionado expresamente a opositores políticos como posibles blancos de procesamiento por "desinformar", y se enfrentarían a penas de hasta 10 años de prisión por una interpretación "ambigua" del decreto sobre las medidas contra la COVID-19.

Bolivia se encuentra desde el pasado mes de octubre bajo un gobierno interino presidido por la senadora Jeanine Áñez, después de que entrara en sede parlamentaria con una Biblia y se autoproclamara presidenta de Bolivia a través de un golpe de Estado. Evo Morales se vio obligado abandonar el poder entre denuncias de fraude a su favor, informes de organismos internacionales sobre presuntas irregularidades en los comicios y presionado por las fuerzas armadas.

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Sábado, 02 Mayo 2020 05:59

Total vigilancia

Total vigilancia

Nadie puede negar que las nuevas tecnologías son útiles para contener la pandemia del Covid-19 en Moscú –megápolis que concentra más de 60 mil contagiados, la mitad de todos los que a la fecha tiene Rusia–, donde la alcaldía aplica su programa de "Ciudad Inteligente-2030", concebido para mejorar los servicios urbanos y facilitar los trámites de los ciudadanos por Internet.

Ante la necesidad de restringir la movilidad de la gente para frenar la propagación de los contagios, en este momento hay más de 200 mil sospechosos de enfermar que de plano no pueden salir de su casa, igual que todos los mayores de 65 años.

Para verificar que se cumpla el confinamiento, aparte de los controles policiales tradicionales, se usan las 175 mil cámaras de video instaladas en las calles (Moscú ocupa el sitio 18 de ciudades del mundo por número de cámaras, pero va a la vanguardia en cuanto a la instrumentación de programas de reconocimiento facial); la información de las compañías de telefonía celular (sobre todos los datos de geolocalización de los clientes); y el reporte de los puntos de acceso gratuito a wifi.

Los demás habitantes, para poder salir, salvo los contados ejemplos en que se permite ir a la tienda y farmacia más cercanas, así como para sacar al perro, tienen que solicitar un permiso electrónico con código QR para ir al trabajo (quienes no puedan hacerlo desde casa), para ir a un sitio que requiera transporte (dos veces por semana) o para acudir a una cita con el médico (sin límites semanales).

En todos los casos, incluidos quienes tienen que salir a diario –funcionarios, legisladores, policías, militares o reporteros–, la solicitud del permiso debe incluir los números de pasaporte, credencial que acredita la condición laboral, tarjeta recargable para pagar el transporte público y/o placa en caso de viajar en coche propio.

Muchos se preguntan qué va a pasar con la vigilancia cuando la pandemia acabe. La alcaldía asegura que son limitaciones temporales de derechos, mientras los diputados de la Duma lo pusieron en entredicho al aprobar, hace poco, en segunda instancia, un proyecto de ley que pretende reunir la máxima información posible sobre cualquier persona desde el día que nace hasta el día que muere, más de 30 categorías de datos sacados de 500 millones de documentos.

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Miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 durante un operativo el pasado fin de semana, tras la declaración de emergencia máxima en las cárceles que decretó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.Foto Ap/Presidencia de El Salvador

Encierra a bandas rivales en la misma celda

Preocupa a ONG salvadoreñas la autorización del uso de fuerza letal contra delincuentes

 

San Salvador. Un grupo de trabajadores soldaba ayer láminas de acero en las celdas de un penal para aislar a cientos de pandilleros salvadoreños, en momentos en que una ola de homicidios y el anuncio del gobierno de emplear "fuerza letal" para combatir a los delincuentes despertó alertas entre organismos humanitarios, en medio de una cuarentena para contener la propagación del nuevo coronavirus.

Tras un inusual incremento en los homicidios perpetrados en este país centroamericano, atribuidos principalmente a las maras, el presidente Nayib Bukele ordenó endurecer las medidas en las cárceles.

"Vamos a hacer que los pandilleros que cometieron esos homicidios se arrepientan toda su vida de haber tomado esa decisión", advirtió el mandatario en una reunión con su gabinete de seguridad, según un tuit de la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial publicado ayer.

"El uso de la fuerza letal está autorizado" para los cuerpos de seguridad en defensa de sus vidas y de los ciudadanos, escribió Bukele la noche del domingo en su cuenta de Twitter.

Bukele decretó el fin de semana el estado de emergencia máxima en las cárceles tras un repunte de la violencia, en el que se atribuye a las pandillas unos 50 asesinatos en diferentes puntos del país, por lo que la policía y el ejército intensificaron la vigilancia, cuando el país permanece en una cuarentena domiciliar obligatoria para contener el Covid-19.

Las pandillas rivales Barrio 18 y Mara Salvatrucha, con unos 70 mil miembros, siembran el terror en comunidades bajo su control, y se dedican al sicariato, el narcotráfico y la extorsión de comerciantes y transportistas.

El titular de la Dirección General de Centros Penales, Osiris Luna, supervisaba ayer el proceso de instalación de "un nuevo régimen de seguridad" que se pondrá en marcha en todas las cárceles un modelo de aislamiento que adoptaron de una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, donde se recluye a los líderes de las pandillas.

"No podrá entrar ningún rayo de sol a ninguna de las celdas, vamos a bloquear toda la visión para que ellos no puedan tener ningún tipo de comunicación", sostuvo Luna en rueda de prensa celebrada en el complejo Izalco, 65 kilómetros al oeste de la capital.

Bukele se jactó ayer en Twitter: "De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país permanecerán selladas. Eso evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo. Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla".

Los miembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 eran exhibidos en ropa interior, mostrando sus tatuajes, cabelleras rapadas y sin ningún tipo de protección sanitaria en la emergencia por la pandemia del coronavirus.

En todo el sistema de cárceles están recluidos unos 12 mil 862 pandilleros, informó la Dirección General de Centros Penales.

"Estamos ante un escenario muy delicado y preocupante", declaró Miguel Montenegro, coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.

Además, las autoridades encerraron en la misma celda a integrantes de pandillas rivales, lo que no ocurría desde 2002, cuando se les separó para evitar muertes masivas en las cárceles.

La unificación carcelaria de las pandillas es "una bomba de tiempo" que puede explotar en cualquier momento, advirtió Montenegro, quien responsabilizó al gobierno de las posibles consecuencias.

La orden de uso de fuerza letal "rompe con la legalidad y puede derivar en un uso excesivo", afirmó el director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Saúl Baños.

Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó la noche de domingo su preocupación por la emergencia en las cárceles, que pone en riesgo los derechos de los presos.

Para el analista y profesor universitario Juan Ramón Medrano, el rebrote de los homicidios de las pandillas "puede tratarse de una presión para algún tipo de negociación con el gobierno" en la búsqueda de prebendas o apoyo económico.

Medrano consideró que la Mara Salvatrucha y Barrio 18 pueden estar "en crisis económica" debido a que han dejado de percibir ingresos por extorsiones debido a la cuarentena y el cierre de pequeños y medianos negocios ordenado hasta el primero de mayo.

"Sin duda ellos están sintiendo la crisis directa porque sus familias sobreviven de las extorsiones", comentó Medrano.

El Salvador, con 6.6 millones de habitantes, es uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con 35.6 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2019. La mayoría de esas muertes fueron consecuencia de la actividad pandillera.

Jannette Aguilar, investigadora de temas de prevención de la violencia para organismos internacionales, anticipa poco éxito a la decisión de Bukele, en el poder desde junio del año pasado.

Para la investigadora, la represión es una "respuesta mediática" que provocará "un baño de sangre" pero que al final potenciará a las pandillas que en los últimos años se han fortalecido como verdaderas autoridades en las comunidades.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, denunció: "vimos con preocupación esas escenas donde juntan a las personas en los patios de las cárceles de manera humillante".

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Lunes, 27 Abril 2020 06:31

Auxilio

El distrito comercial de Soho, en Manhattan, donde por lo regular las calles estaban atiborradas, se ve vacío en estos días por la pandemia del Covid-19.Foto Afp

Donald Trump nos quiere matar.No hay otra conclusión posible. Pronto será el primer mandatario en presidir sobre más muertes estadunidenses que el total que pereció en la guerra de Vietnam (58 mil), con más de 54 mil hasta ahora, la gran mayoría de las cuales eran prevenibles. De hecho, él declaró que su respuesta al "enemigo invisible" es "una guerra".

No es un huracán, o un tsunami, o un sismo; las dimensiones de esta catástrofe no se pueden atribuir a "fuerzas mayores" o"divinas", sino al manejo inepto, irresponsable y francamente criminal de los encargados de gobernar este país. Aunque el terreno para la crisis fue cultivado por políticas neoliberales bipartidistas durante décadas, el presidente es el responsable de que las dimensiones de los efectos de esta crisis sean las que estamos atestiguando.

Pero aparentemente no satisfecho con el saldo creciente del Covid-19, y el hecho de que algunos de los que vivimos en Estados Unidos seguimos vivitos y coleando, Trump nos invitó a envenenarnos. Sugirió emplear desinfectantes industriales, inyectarnos cloro, para curarnos del virus, durante su conferencia de prensa del jueves. Como comentó un médico en respuesta: "Trump tiene toda la razón: el cloro sí mata al virus. El problema es que también mata al paciente". El Centro de Control de Enfermedades, departamentos de salud estatales y municipales, junto con los fabricantes de desinfectantes como Lysol y Clorox, se vieron obligados a trasmitir alertas declarando que ingerir tales productos era peligroso. Su contrincante demócrata, Joe Biden, publicó en un tuit: "no puedo creer que sea necesario decir esto, pero por favor no beban cloro". El columnista del Washington Post David Von Drehle resumió el mensaje presidencial: "María Antonieta: que coman pastel. Donald Trump: que se inyecten Lysol". Poco después, varios centros y agencias de salud pública estatales y municipales reportaron un incremento en casos de envenenamiento o quemaduras por gente que le hizo caso al presidente, reportaron vamos medios en Maryland, Nueva York y Chicago.

Fue tan intensa la reacción que Trump se vio obligado a huir de sus declaraciones y el viernes argumentó que había sido un comentario "sarcástico" sólo para provocar a los medios. ¿En medio de una pandemia con más de 50 mil muertos el presidente decidió bromear? Poco después tuiteó que tal vez ya no haría conferencias de prensa diarias porque "no valen la pena", ya que los medios distorsionan todo lo que dice. Pero al parecer, sus estrategas temen que sus expresiones de "genio estable" no ayuden a su relección en esta coyuntura.

Por otro lado, si uno no se muere de virus, pues también está la lenta muerte por desempleo y hambre. Algunos economistas calculan que la tasa de desempleo real está entre 20 y 45 por ciento, o sea, es posible que casi la mitad de la fuerza laboral está sin trabajo, muy por arriba del peor momento de la Gran Depresión. Esto es acompañado de un incremento de millones de personas –sobre todo niños– que no tienen acceso a suficiente alimento.

No todos están en la línea de fuego de esta crisis, algunos están sufriendo la cuarentena en lugares de lujo como Los Hampton o en sus yates. De hecho, entre el 18 de marzo y el 10 de abril, mientras 22 millones de estadunidenses perdieron sus empleos, la riqueza de los multimillonarios en Estados Unidos se incrementó en 282 mil millones de dólares, una ganancia de 10 por ciento, reporta un nuevo informe del Institute of Policy Studies (https://inequality.org/ great-divide/billionaire-bonanza-2020/).

En tanto, los inmigrantes están entre los más afectados aquí por la pandemia, en gran parte por las medidas antimigrantes de este gobierno. Y para los que pensaban que estaban más seguros porque vivían fuera de este país, el más contagiado del mundo, Trump ha estado exportando el virus a varios puntos del planeta al deportar a inmigrantes que habían estado encarcelados en centros de detención contagiados sin primero administrar pruebas para diagnosticarlos. https://twitter.com/CASAforall/ status/1253442753511464960?s=20).

La gran pregunta ante todo esto es: ¿nos vamos a dejar?

https://youtu.be/LNNPNweSbp8

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Bukele autoriza a los cuerpos de seguridad a usar la "fuerza letal" para combatir a las pandillas ante el aumento de homicidios en El Salvador

La decisión del presidente llega en medio de los reportes de que al menos 53 personas fueron asesinadas entre el viernes, sábado y este domingo a lo largo

de todo el país.

Ante el incremento de los homicidios en El Salvador en los últimos días, el presidente del país, Nayib Bukele, autorizó este domingo a los cuerpos de seguridad a usar la "fuerza letal" para combatir a las pandillas, acusadas de la mayoría de los asesinatos cometidos en la nación centroamericana.

"El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños", señaló Bukele a través de su cuenta en Twitter, pidiendo a "la oposición que se ponga del lado de la gente honrada, y a las instituciones que controlan que dejen de proteger a quienes asesinan" al pueblo.

"Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia [de coronavirus]. Tendremos que mover recursos para combatirlas", dijo el presidente. 

Además, Bukele indicó que el Gobierno "se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados por defender la vida de la gente honrada" e instó a la Fiscalía General a "procesar a los aliados de las pandillas" por "asociaciones terroristas" y "apología del terrorismo".

Por su parte, el director general de centros penales, Osiris Luna, informó que han empezado a mezclar y recluir en las mismas celdas a miembros de diferentes pandillas. "En este Gobierno no habrá beneficios y privilegios para ningún miembro de estructura criminal", declaró el alto funcionario. 

Al menos 53 personas han sido asesinadas entre el viernes, sábado y este domingo en todo El Salvador, según informan medios locales. 

Estas cifras rompieron con las estadísticas de asesinatos en el país, que a lo largo de la cuarentena por el covid-19 se mantuvieron en un promedio de dos por día. Además, hubo algunos días con cero muertes violentas. 

Publicado: 27 abr 2020 03:39 GMT

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Un policía golpea con un palo a un hombre por saltarse el confinamiento obligatorio impuesto en India. Prabhat Kumar Verma/ZUMA Wire/dpa/EP

La policía en Ecuador e India golpea a la población que no cumple el confinamiento, Hungría ha dado poderes especiales casi dictatoriales a su presidente y China o Rusia vigilan a la población con cámaras en las ciudades

La epidemia de coronavirus está otorgando a las autoridades poderes excepcionales que en países con democracias frágiles están agravando tensiones sociales o problemas que ya previamente estaban bajo la crítica internacional.

Guayaquil, la capital económica de Ecuador y uno de los principales focos de la epidemia en América Latina -la zona con más casos por detrás de Brasil-, ha sido testigo durante dos días de violencia policial contra la población más pobre de la ciudad, donde la gente vive del comercio ambulante, principalmente, hacinados en casas minúsculas y en ambientes de delincuencia y marginalidad. En Guayaquil, la población local denuncia las condiciones indignas que sufren las víctimas del virus y sus familias, con ataúdes que permanecen en casas durante días sin que nadie los traslade o cuerpos envueltos en sábanas que se acumulan en calles y cunetas.

En declaraciones a eldiario.es, Adrián Tarín, profesor español de comunicación social en la Universidad Nacional del Ecuador y periodista en un medio comunitario, relata que tras el anuncio de las medidas para paliar la progresión del virus, tanto en los barrios pobres como en los ricos nadie cumplía con las recomendaciones por lo que la policía decidió intervenir.

"Eran las propias fuerzas del orden las que grababan y colgaban las escenas en redes sociales, en las que se puede ver cómo los obligan a hacer ejercicio físico pero además lo combinan con golpes con látigos, palos o cinturones", explica. "Ha habido casos de gente a la que le pintaban la cara, le cortaban el pelo, en plena calle".

Después de que las imágenes empezaran a circular hacia otras partes del país dejaron de trascender. "Puede que siga pasando pero no hay constancia de ello porque tampoco se denuncia", apunta Adrián Tarín.

Ecuador empezó a aplicar medidas de confinamiento desde mediados de marzo y de forma progresiva ha ido aumentando las restricciones. Ahora hay toque de queda entre las 2 de la tarde y las 5 de la mañana. El resto de la jornada se permite la salida de personas para acudir a los puestos de trabajo esenciales y la compra de productos de primera necesidad, según el número de identificación, para evitar aglomeraciones. Además en Guayaquil hay una fuerte militarización de las calles y un cierre de la ciudad a la que solamente tienen acceso los transportes de abastecimiento.

En India, que la pasada semana anunció el confinamiento de 1.300 millones de personas, la policía está rociando a trabajadores que volvían de las grandes ciudades a sus lugares de origen para pasar la cuarentena con productos químicos en lo que parece un intento de desinfectarlos antes de entrar en sus localidades. Según el periódico local Indian Express, se utilizó una solución de hipoclorito sodio, producto utilizado para la limpieza de piscinas y que puede causar quemaduras en piel, ojos y pulmones.  

Pero este no ha sido el único caso, la policía india también ha recurrido a la violencia para reprimir a la gente que sale a la calle. Utilizan palos de bambú para golpear a los civiles que vulneran el confinamiento.

Desde que se impuso un toque de queda en Kenia el pasado 27 de marzo, varias organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, entre ellas Amnistía Internacional, vienen denunciando la brutalidad policial y del ejército y el uso de gases lacrimógenos contra quienes intentan volver a casa desde sus trabajos.

Según reporta EFE, las autoridades kenianas están investigando la muerte de un niño de 12 años que murió, supuestamente, a causa de un balazo de la policía mientras estaba en el balcón de su casa el pasado martes. 

Represión contra los presos políticos

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció la pasada semana que liberará a 100.000 de las cerca de 300.000 personas que están entre rejas en el país para evitar así la propagación del virus en las cárceles. Aunque la propuesta es todavía un borrador que necesita ser debatido en el parlamento, no permitiría la excarcelación de personas acusadas por terrorismo, una acusación utilizada en muchas ocasiones contra opositores políticos. De esta forma, y como denuncia Human Rights Watch, la medida supondría "una herramienta para atacar a los presos políticos".

Rusia anunció la semana pasada, según informa Foreign Policy, que cancelaba la amnistía anual que se concede para celebrar el aniversario de la victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial (aunque seguirán en pie los desfiles conmemorativos). De esta forma, quedarían en prisión las 230.000 personas que estaba planeado que fueran liberadas de cárceles rusas, por un supuesto "miedo" de la población a las infecciones que hay en las prisiones y que "podrían infectar a toda la población", según ha explicado el subdirector del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, un órgano consultivo dependiente del presidente ruso, Vladimir Putin.

Putin ha anunciado que extiende la declaración de no laborables todos los días hasta el 30 de enero, lo que ha provocado la cancelación de los servicios de paquetería, una consecuencia que se agrava también para la población carcelaria, que podía comer y recibir medicinas gracias a los paquetes que envían sus familiares, puesto que según denuncian "el gobierno no da acceso a medicinas la comida es de muy baja calidad".

Naciones Unidas ha pedido en un comunicado que los gobiernos eviten la puesta en marcha de medidas excesivas de seguridad que pudieran suponer una forma de acallar la disidencia. Varios expertos de la ONU en derechos humanos han recordado que las decisiones "deben notificarse a los órganos pertinentes" y "en ningún caso como un objetivo contra grupos particulares, minorías o individuos".

Poderes especiales frente al coronavirus

Esta semana el parlamento húngaro aprobaba una enmienda para dar más poderes al primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, para gobernar por decreto por tiempo indefinido para luchar contra el coronavirus. La medida, criticada ampliamente por la oposición y organizaciones de derechos humanos, da la posibilidad al gobierno de suspender leyes y bloquear la divulgación de informaciones "que puedan obstaculizar o imposibilitar la defensa" (frente a la epidemia) y aplicar penas de hasta cinco años de cárcel para los infractores.

En Filipinas, el parlamento también le ha otorgado "poderes especiales" al presidente, Rodrigo Duterte, durante la emergencia nacional declarada en el país por la epidemia. De esta forma, Duterte puede actuar sin contar con el Legislativo, modificar los presupuestos a su antojo e intervenir empresas privadas.

Además, ha reducido el control del Departamento de Salud sobre las medidas a aplicar para colocar a las Fuerzas Armadas al frente de la gestión de la crisis. En las últimas tres semanas, según denuncia Human Rights Watch, han sido detenidas más de 17.000 personas por violar el confinamiento, además muchas de ellas han sido metidas en jaulas a pleno sol durante horas como forma de castigo.

En los últimos días, en barrios pobres de la capital, se han sucedido las protestas para pedir ayudas al Estado para sobrellevar la cuarentena, y este mismo jueves, el presidente ha ido un paso más allá y ha ordenado a las fuerzas de seguridad "disparar a matar" a todo aquel que se salte el confinamiento, informa EFE. "Muerto. A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba", dijo en un mensaje televisado.

El coronavirus como excusa para la videovigilancia

China no solamente ha cerrado varias ciudades para evitar la propagación del coronavirus, también ha implementado una serie de medidas de seguridad para controlar a la población en un nuevo episodio de intromisión gubernamental en su privacidad: controles de acceso para entrar en casa, las operadoras móviles rastrean los desplazamientos de la población y las conversaciones, e incluso sistemas de reconocimiento facial capaces de distinguir entre la multitud a los que tienen fiebre o a los que no llevan la mascarilla.

Moscú, que ha ordenado el confinamiento para toda la población, está haciendo uso de las más de 170.000 cámaras que ya existen en la ciudad para controlar que los ciudadanos cumplen con las medidas. Solamente la semana pasada, la policía reportó 200 multas a personas que habían violado la cuarentena, detalla CNN. Además, pretenden utilizar la videovigilancia, igual que en China, para encontrar posibles casos de coronavirus, notificar a las autoridades sanitarias y a otras personas que pudieran haber tenido contacto con ellos.

En Israel, según ha informado The New York Times, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dio orden a la agencia de seguridad nacional de rastrear los dispositivos de personas que dieron positivo en la enfermedad COVID-19 y de poner en cuarentena a otras que tuvieron un contacto directo con los infectados. Según este mismo medio, la medida tenía que haber pasado por la subcomisión parlamentaria de Servicios Secretos, pero finalmente no fue así. Además, ha impuesto penas de hasta seis meses de prisión por saltarse la cuarentena y ha prohibido las visitas en las cárceles, incluidos los abogados defensores.

04/04/2020 - 20:37h

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El irresistible retorno de los militares en América Latina

En América Latina sonó la hora de las Fuerzas Armadas. En todos los países han recuperado protagonismo en ancas de la pandemia de coronavirus, acelerando una tendencia que se venía perfilando en los últimos años, con seguridad desde la crisis financiera de 2008.

Una tendencia que ahora se agudiza con el anuncio de Donald Trump de lanzar una vasta "operación de gran alcance contra el narcotráfico en el hemisferio occidental con el despliegue en el mar Caribe y el Pacífico sur de refuerzos militares de la armada y la fuerza aérea"

La excusa de la Casa Blanca es que los cárteles de la droga pueden aprovechar la situación para avanzar en su negocio, por lo que dispuso la movilización del Comando Sur, con sus 22 países aliados, y de la Guardia Costera para detener cargamentos ilegales. Sin embargo, también movilizó sus enormes buques-hospitales para atender la epidemia en Nueva York y Los Ángeles.

No estamos ante una tendencia que pueda reducirse a los objetivos estratégicos del Pentágono, ya que involucra a todos los gobiernos, a la oposición de izquierda o de derecha e, inclusive, abarca a sectores amplios de la población que sienten que los uniformados pueden aportarle la seguridad que la pandemia pone en riesgo.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, militante de izquierda (Frente Amplio), reclama la presencia de las Fuerzas Armadas para asegurar la "distancia social" en supermercados y bancos, ya que se han producido algunas aglomeraciones en esos establecimientos.

En Guayaquil, Ecuador, donde la pandemia se ha cobrado cientos de víctimas, se militarizó la ciudad para intentar recomponer una situación caótica, en la que todas las mañanas aparecen cadáveres abandonados en las calles y las morgues y cementerios están colapsados.

El clima de caos crece sin cesar, aunque en ninguna ciudad llega al extremo de Guayaquil. Sin embargo, en Bogotá, Colombia, se pueden ver trapos rojos en las ventanas que representan pedidos de auxilio ya que la familia que la habita, no necesariamente pobre, no tiene recursos para enfrentar la situación.

Sucede que el coronavirus está llegando a una región donde más de la mitad de la población, o sea más de 300 millones, viven en la informalidad: venden en mercados y calles, recogen basura, escombros y cartón para revender, ofrecen servicios del más diverso tipo, desde reparto a domicilio hasta traslado de personas y mercancías. Esos millones no pueden estar ni una semana sin trabajar, ya que no tienen ahorros, viven en casas precarias y, por supuesto, no cuentan con seguridad social.

En contra de la voluntad del ministro de Economía, Paulo Guedes, el gobierno de Brasil se vio obligado a conceder un subsidio mensual de 120 dólares a 30,6 millones de trabajadores informales, durante tres meses, ya que no perciben ningún ingreso. Aunque Brasil luce como potencia emergente, hay tantos trabajadores formales como informales, algo que sucede en todos los países de la región.

 

La presencia militar llegó incluso a un país como Argentina, donde los uniformados tienen un muy bajo prestigio social luego de la derrota en la Guerra de Malvinas (1982). En las villas miseria del conurbano de Buenos Aires, se registraron días atrás escenas de aplausos masivos cuando llegan los camiones militares cargados de alimentos para los más pobres.

En Brasil se hablaba abiertamente de golpe de Estado para apartar a Bolsonaro, porque rechaza la cuarentena y mantiene una política errática y desafiante. El 30 de marzo, los comandantes de las FFAA decidieron que el general del Ejército

Braga Netto, que había sido nombrado por Bolsonaro jefe de la Casa Civil (jefe de Gabinete), se haga cargo de coordinar el Gobierno de Bolsonaro con una nueva función, la de "Jefe de Estado Mayor de Planalto", y lo denominan como un "presidente operacional", que tomará las principales decisiones y que puede, incluso, contrariar las declaraciones de Bolsonaro. En otros tiempos, se hablaría claramente de golpe de Estado.

¿Por qué los militares están ocupando un lugar tan destacado en la política latinoamericana?

Creo que hay que observarlo desde diferentes ángulos.

En primer lugar, para las élites económicas y políticas el mayor temor en una coyuntura como la actual es la posibilidad de un enorme estallido social si llegaran a desbordarse hospitales y hubiera una gran mortandad por la pandemia. Esto es posible por la acumulación de pobreza, precariedad del sistema sanitario y una tradición de luchas sociales muy importante en el continente.

Téngase en cuenta que en 2019 hubo estallidos sociales en Haití, Chile, Ecuador y Colombia, concentrados en el último trimestre, además de gigantescas protestas sociales protagonizadas por las mujeres contra los feminicidios y por el derecho al aborto, a las que deben sumarse demandas de casi todos los sectores, en particular contra la minería, las políticas neoliberales y las condiciones de vida.

En suma, un estallido en medio de una pandemia no sería nada extraño, ya que el clima social de revuelta esta muy presente en la región. Por eso, los militares cada vez juegan un papel más importante como guardianes de la estabilidad social.

En segundo lugar, un sector las clases medias de la región viven una situación de gran precariedad, con el enorme temor de caer en situación de pobreza o de perder parte de su estilo de vida. Esto ya lo vivieron las extensas clases medias argentinas en la crisis de 2001 y las brasileñas en 2013, aunque unas y otras se expresaron políticamente en sentido opuestos.

En tercer lugar, para una parte de los sectores populares los militares pueden ayudarles a paliar los problemas de sobrevivencia más aguda, o bien son referentes de orden como sucede en Brasil, Colombia y Venezuela, en todos los casos con opciones políticas divergentes.

En síntesis, las FFAA están siendo visualizadas, por las élites económicas y amplios sectores de las clases medias y de la población más pobre, como un principio de orden. En una situación compleja, eligieron la seguridad antes que la libertad, como venían haciendo en las últimas décadas de forma menos evidente.

19:44 GMT 03.04.2020

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Sábado, 04 Abril 2020 06:04

Perú legaliza la impunidad

Perú legaliza la impunidad

Policías y militares eximidos de toda responsabilidad si abren fuego contra civiles

 

En medio de la grave crisis por la pandemia del coronavirus se metió el viejo virus de la mano dura y del autoritarismo. Hace unos días, con el país militarizado para controlar la cuarentena general y las garantías suspendidas por el estado de emergencia, se promulgó una ley de gatillo fácil. La norma tiene carácter permanente, no se limita al actual estado de emergenci y, exime de responsabilidad a los miembros de las fuerzas de seguridad que utilicen sus armas contra la población “en cumplimiento de sus funciones". Los uniformados no podrán ser detenidos si matan o hieren a alguien, y no se exige que haya proporcionalidad en su respuesta. Es decir, quedan en libertad de disparar contra una persona desarmada. 

Esta ley fue promulgada por el nuevo Congreso unicameral, que entró en funciones hace unos días. Un mal, y preocupante, debut. Desde el gobierno han optado por minimizar la gravedad y los riesgos de esta ley. En cambio, han redoblado su respaldo a las fuerzas armadas y a la policía, ahora empoderadas por el discurso oficial en medio del estado de excepción y el temor por el Covid-19. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos exigen su derogatoria.

El origen de la ley de gatillo fácil viene del anterior Congreso, disuelto constitucionalmente en septiembre pasado por el presidente Martín Vizcarra. Era un cuerpo dominado por la extrema derecha fujimorista y sus aliados, que la aprobaron con el clásico discurso de la mano dura contra la delincuencia y pensando también en proteger la represión contra las protestas sociales. El Ejecutivo no promulgó la ley en ese momento, pero tampoco la había observado cuando el Congreso fue cerrado. El asunto quedó en el limbo. 

El nuevo Parlamento, donde ya no domina el fujimorismo, pero otros partidos de derecha son mayoría y el presidente Vizcarra no tiene bancada porque no tiene partido propio, decidió estrenarse promulgando esta ley. El argumento fue que al no haber sido observada por el Ejecutivo, el Congreso quedaba habilitado para ponerla en vigencia. Así lo hizo, para escándalo y preocupación de muchos.

El presidente peruano hace presentaciones televisadas diarias  junto a sus ministros en las que responde preguntas enviadas por internet. Un pregunta fue sobre esta ley y sus consecuencias de impunidad en violaciones a los derechos humanos. Vizcarra evadió el asunto y pasó la palabra a su primer ministro y a su ministro de Justicia. Ambos coincidieron en hacer algunos “cuestionamientos técnicos” a la ley en poner el énfasis en respaldar a las fuerzas de seguridad. “Existe un respeto irrestricto de las fuerzas armadas y la policía a los derechos fundamentales”, dijo el titular de Justicia, Fernando Castañeda, tratando de sonar convincente. Palabras que los hechos de la historia reciente no respaldan. Todo lo contrario.

Las fuerzas armadas han tomado las calles junto a la policía para vigilar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria, que se inició el 16 de marzo y debe concluir el 12 de abril, y del toque de queda, que ahora va de seis de la tarde a cinco de la mañana. En veinte días de cuarentena hay más de 40 mil detenidos por violar la restricción de salir. Hasta ahora no ha ocurrido ningún caso de algún herido o fallecido por disparos de las fuerzas de seguridad. Lo que sí ha habido son denuncias de abusos a detenidos.

Un caso de abuso especialmente notorio ha sido el de un capitán del ejército que golpeó repetidamente en el rostro a un muchacho que fue detenido en la calle, mientras lo insultaba y amenazaba a gritos. La agresión se conoció por la difusión de un video. El gobierno reaccionó separando del patrullaje al oficial. Pero días después, en declaraciones a un medio, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Astudillo, salió en apoyo del capitán, justificó el abuso cometido y anunció que el oficial sería repuesto para volver a las calles. En el gobierno hubo silencio. Las fuerzas armadas han difundido un amenazante video en el que recuerdan que están autorizadas a usar sus armas.

Esta ley que abre las puertas para los abusos y la impunidad se ha metido cuando toda la atención y el temor están puestos en el avance del coronavirus. Los contagios llegan a 1595 y las muertes a 61. La curva se acelera hacia arriba. En los últimos tres días los nuevos casos sumaron 530. El presidente Vizcarra ha admitido que hasta ahora la cuarentena no ha dado los resultados esperados, pero ha asegurado que sin ella la situación sería mucho peor. Los expertos coinciden con eso. Frente a esta situación, el gobierno ha reforzado las restricciones y ha anunciado que se endurecerán las acciones para hacerlas cumplir. 

Desde ayer se ha separado por género las salidas permitidas para comprar alimentos, medicinas o ir al banco: los hombres lo pueden hacer los lunes, miércoles y viernes, y las mujeres los martes, jueves y sábado. Los domingos no sale nadie. Todos los que salgan ahora están obligados a usar mascarillas para cubrirse la boca y nariz. Con estas nuevas medidas se espera bajar el crecimiento de los contagios, que si continúa al ritmo actual en unos diez días podría rebasarse la capacidad del precario sistema de salud.

Siempre ha habido sectores que apuestan por la represión como solución a todo. Pero con el miedo por el Covid-19 encima, los aplausos -y también los silencios- suicidas por esta ley de gatillo fácil se sienten con más fuerza que en otras circunstancias. El presidente Vizcarra ha dejado peligrosamente abierta la puerta a la posibilidad de que las fuerzas armadas sigan en las calles después que se levante la cuarentena por el coronavirus. 

Publicado enInternacional
Sábado, 04 Abril 2020 05:59

Pregunta incómoda

Pregunta incómoda

El presidente Vladimir Putin logró en tiempo récord la aprobación de una controvertida reforma constitucional, y cuando se hizo evidente que era indispensable posponer la votación popular del 22 de abril, con la que se pretende legitimar su intención de perpetuarse en el poder, optó por ceder a otros el riesgo de encabezar la batalla cotidiana para vencer la pandemia del nuevo coronavirus.

Dirigió, desde luego, dos mensajes a la nación para ofrecer a todos los rusos una buena noticia –hasta ahora, y mientras aguanten las reservas, 37 días de asueto con goce de sueldo– y ha celebrado algunas videoconferencias para escuchar lo que hacen o sugieren los subordinados, confinado como está en su residencia de Novo-Ogoriovo.

Al mismo tiempo, Putin no quiere que su nombre se asocie con las decisiones inevitables que hay que tomar para frenar la propagación del Covid-19 y que tendrán un alto costo económico, el cual –agravada la situación por el dramático desplome de los precios del petróleo, provocado por un error de cálculo de su primer círculo– va a golpear a amplios sectores de la población.

Los responsables, desde la óptica de los operadores políticos del Kremlin, deben ser el primer ministro de Rusia y los gobernadores de las entidades de la Federación, sobre todo el alcalde de Moscú, la megápolis más grande del país, en quienes Putin delegó parte de sus facultades como mandatario.

Se entiende que la élite gobernante debe cuidar al pilar que sostiene sus privilegios, pues cuando éste falte, el régimen que se creó en torno a su persona, cual castillo de naipes, se va a desmoronar tan rápido como cayó el Muro de Berlín en 1989.

Entretanto, el bajo perfil que se recetó Putin en esta crisis epidemiológica para no dañar su imagen plantea una pregunta incómoda que puede incidir negativamente en su futuro como mandatario que se cree incontestable: ¿acaso no es una paradoja dotarse de facultades casi ilimitadas para, al surgir el primer momento adverso, cederlas a diestra y siniestra?

La respuesta que circula aquí por teléfono y por las redes sociales –donde todavía es posible el intercambio de opiniones a distancia– no resulta favorable a quien espera que su popularidad, por no tener que dar las malas noticias, se mantenga pese a los estragos que causa el Covid-19.

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Sábado, 04 Abril 2020 06:26

El miedo, el Covid-19 y un virus peor

El miedo, el Covid-19 y un virus peor

Las emociones son de las pocas condiciones que le son comunes a todas las personas, más allá de sus determinaciones sociales e históricas. El miedo, la rabia, la tristeza y la alegría, por sólo mencionar algunas emociones básicas, no tienen distinción de raza, clase o sexo, las sienten igual el niño que el viejo, el europeo que el africano, la mujer que el hombre. Son comunes, en tanto, son sensaciones que responden a los estímulos externos que nos envuelven en la cotidianidad.

No obstante, si bien las emociones las pueden sentir todas las personas, su contenido tiene grandes variaciones de grupo a grupo y de condición social a condición social, es decir, la experiencia emocional esta condicionada por el tipo de sociedad y por la trayectoria sociohistórica del sujeto que la experimente.

El miedo, en tanto emoción es una respuesta a la percepción de peligro inmediato, pero también la anticipación a un mal posible; en ambos casos la amenaza excede la posibilidad de control de las personas implicadas. Hoy, esa incontrolable emoción llamada miedo, tiene un origen común a escala global; el Covid-19. Esta pandemia que hace pocos días era un “problema de los chinos”, sin mayor importancia para el resto del mundo, ha acelerado la crisis sistémica que traía el mundo poniendo en jaque a los sistemas sanitarios de variedad de países, pero también a los mercados financieros e incluso a los sistemas civilizatorios y formas de relacionamiento que conocemos.

Pero ¡ojo! El hecho que el miedo producido por el Covid-19 sea generalizado, no implica que la experiencia social e individual ante el fenómeno sea la misma. Como lo plantea la socióloga Margarita Olvera, sentir miedo es algo “innato”, pero la intensidad y el tipo de miedo dependen de las relaciones y condicionamientos sociales en los que el ser humano está inmerso, así como de la historia de las mismas. En esa medida, ante el peligro inmediato conocido por el mundo con el nombre de Covid-19, pero que representa mucho más que un riesgo biológico mundial, no se puede esperar, por parte de las personas, un tipo de reacción apegada a un manual universal. La experiencia del miedo no es igual en una persona con tranquilidad económica que en una que resuelve su día a día vendiendo dulces en las plazas de cualquier metrópoli del llamado “tercer mundo”, en este caso, es absolutamente diferente tanto la absorción de la emoción como la respuesta al estimulo.

El sociólogo Norbert Elias argumentó en su momento que ante la percepción de peligro el organismo humano se prepara para movimientos rápidos, la digestión disminuye y el corazón palpita más rápido, más sangre irriga los músculos y el esqueleto se prepara para que brazos y piernas estén listos para huir o para pelear, es decir, hay una respuesta instintiva y visceral al estimulo. En la coyuntura actual tal respuesta instintiva al estimulo se expresa en las personas que salen a “(re)buscar” el dinero que les permita pagar el alquiler y la comida mientras pasan las medidas de cuarentena decretadas por los gobiernos. Ellos salen y rompen la norma, violan la Ley, aunque esto les pueda costar el contagio del virus, una multa e, incluso, palizas por parte de las autoridades, y hasta la prisión según las últimas medidas adoptadas en muchos países. Esa respuesta al estimulo por parte de las personas empobrecidas, puede explicarse al considerar que el virus, en tanto fenómeno biológico y mediático, sigue siendo más lejano para ellos que el miedo al hambre, un miedo mucho más cercano, no sólo en la actual coyuntura, sino durante toda su vida.

La respuesta instintiva también se evidencia en el ciudadano con posibilidad económica para asumir la cuarentena, quien, ejerciendo una obediente ciudadanía, se queda en casa y llama a la gente a quedarse en casa, pero, con acceso informacional a todo el mundo funciona como un ciudadano hiper-conectado e hiper-informado, y a su vez un ciudadano hiper-exaltado e hiper-temeroso, lo que lo hace susceptible a responder violentamente contra las personas que salen a la calle, sin importarle las razones que los motivaron a salir. Si para evitar que salgan a la calle se deben tomar medidas totalitarias y violentas por parte de los gobiernos, bienvenidas sean, pues la consigna es “¡Quédate en tu puta casa!” No importa en que condiciones o si no tienes casa, quédate en tu puta casa –para que no me pongas en riesgo.

Así, lo que en comerciales de televisión y vídeos replicados por personalidades de la farándula en todo el mundo parece un sencillo llamado a cuidarnos, se convierte en una bomba de tiempo en países empobrecidos, en donde no existen ni se generan condiciones económicas y psicosociales para el encierro, máxime si se comprende que el miedo, como cualquier otra emoción, pocas veces se experimenta sin estar asociada a otras emociones, sentimientos y acciones, en ese sentido, se pueden presentar formulas como: miedo y xenofobia, expresadas por ejemplo en comentarios de personalidades públicas de Colombia y España, y replicado por ciudadanos del común, que indican que se debe priorizar la atención sanitaria y social a los ciudadanos nacionales y “no gastar la capacidad pública en inmigrantes”; miedo y violencia domestica, llegando a extremos como los vistos en la ciudad de Cartagena con un triple feminicidio en pleno confinamiento; miedo y clasismo, expresado en las agresiones verbales y la furia generalizada contra las personas que, empobrecidas, se aglomeran en las afueras de las sedes de gobiernos pidiendo ayudas, o salen a vender sus productos a las calles.

Así, el Covid-19 se convierte en un monstruo de muchas cabezas: con una acelera la crisis acumulada en los mercados financieros, avisando que la recesión es inminente y que la economía no será la misma luego de que pase la pandemia; con otra aterroriza a las personas que más que al contagio temen al precario sistema de salud y por eso prefieren quedarse en casa; una más, ataca a los más vulnerables entre los vulnerables, a aquellos que le temen al contagio y al sistema de salud, pero mucho más a no tener con que comer, razón por la que se arriesgan a salir a las calles para ganarse el sustento diario; pero, además, al Covid -19 le queda una cabeza para ocuparse de los “ demócratas”, pues la necesidad de controlar la propagación lleva a que quienes defendían a rajatabla las libertades civiles se refugien en el autoritarismo y pidan medidas “duras” para combatir el miedo.

Hoy, en todo el mundo, millones aplauden medidas policivas y restrictivas de la libertad para combatir la crisis del Covid-19, piden que las fuerzas militares patrullen las calles, que haya cárcel para los que no se queden en casa. En países como Perú, ya eximieron de responsabilidad a los militares que maten o hieran a personas mientras patrullan en las calles. Hasta los más libertarios, movidos por el miedo, piden “mano dura” contra las personas que violen la cuarentena.

Sin embargo, ni el miedo al virus ni el miedo al castigo de las autoridades, conseguirán que los empobrecidos se encierren a morir de hambre en sus propias casas, esto enfrenta al mundo, sobretodo a las periferias del mundo como Colombia, a una complicada realidad: los que temen al hambre saldrán a la calle a pesar de todas las medidas que tome el gobierno, mientras los que temen al virus, pedirán a toda costa que se endurezcan las medidas contra los primeros.

Así, ante un mundo que no será el mismo después de la pandemia, ante una sociedad que se encuentra en transición hacia un nuevo estadio difícil de predecir, cobra relevancia la frase de Gramsci, según la cual, “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en este claroscuro surgen los monstruos". Esos monstruos ya no serán virus biológicos devenidos en pandemia, puede ser algo peor, algo ya vivido en la historia de la humanidad y que produjo más muertos que los generados por el Covid-19; ese nuevo monstruo podría ser el viejo y conocido virus del fascismo. “Pandemia” que, a diferencia del Covid-19 o cualquier otro virus conocido, no sólo produce miedo y muerte, sino que vive y se nutre de él.

Por Juan David Muñoz Quintero, sociólogo, integrante del Centro de Estudios de Opinión –CEO- de la Universidad de Antioquia

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