Estados Unidos sigue ejerciendo presión sobre Venezuela con nuevas sanciones políticas

Entre este lunes y martes el Gobierno de Trump ha anunciado nuevas sanciones. La del lunes se trata de Irán y Venezuela por violar “embargo de armas”, y la de este martes, es sobre cinco representantes políticos vinculados a la oposición por actuar supuestamente como parte de un plan para manipular las elecciones parlamentarias que se celebrarán en diciembre.

 

Los nuevos anuncios de Estados Unidos se dan en el marco de una gira de Mike Pompeo realizada la semana pasada por cuatro países de Sudamérica, entre ellos Brasil, Colombia y Guyana, para presionar sobre el Gobierno de Maduro.

Pompeo, declaró el lunes que la imposición de nuevas sanciones contra el Ministerio de Defensa de Irán y contra Nicolás Maduro, es por contribuir a violar el embargo de armas impuesto sobre Teherán, alertando de que cualquiera que "viole el embargo de Naciones Unidas sobre Irán se arriesga a ser sancionado".

“Durante casi dos años los funcionarios corruptos de Teherán han trabajado con el régimen ilegítimo de Venezuela para burlar el embargo de armas de la ONU”, añadió el jefe de la diplomacia estadounidense. “Nuestras acciones de hoy son una advertencia que debería ser escuchada en todo el mundo”. Aunque es de considerar que Maduro hace tiempo que está sancionado por Estados Unidos, siendo que la sanción se enfoca con más fuerza sobre Irán.

El sábado, Estados Unidos anunció la imposición de sanciones acogiéndose al mecanismo conocido como ’snapback’, incluido en el acuerdo nuclear de 2015 que Washington abandonó hace unos años. Dicha acción tuvo lugar a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara extender el embargo impuesto contra Teherán.

Además, como reseñaron algunos medios de prensa como EFE, “la medida va a la par del esfuerzo del presidente estadounidense Donald Trump para limitar la influencia regional iraní y llegan una semana después de acuerdos negociados por Washington para que Emiratos Árabes Unidos y Bahréin normalicen lazos con Israel.”

Tras conocer la decisión de Washington, Alemania, Francia y Reino Unido han advertido de que el anuncio de Estados Unidos sobre volver a imponer las sanciones carece de "efecto legal", habida cuenta de que el país se retiró en 2018 del acuerdo nuclear. Rusia, otro de los países firmantes del acuerdo y el principal aliado de Irán en la escena internacional, también ha rechazado el paso dado por Washington. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, indicó que el organismo no va a tomar medidas contra Irán en la línea que ha solicitado Estados Unidos porque no hay consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Por su parte, la sanción a individuos venezolanos anunciada este martes, tiene que ver con la política de EE. UU. de continuar metiendo presión contra el Gobierno de Maduro, en un momento en que hay toda una negociación en curso con sectores de la oposición como Capriles Radonsky y Stalin González con el Gobierno que envolvería también a la Unión Europea.

Los nuevos sancionados no son del Gobierno ni pertenecen al alto escalón del chavismo. Se trata de integrantes de la oposición que buscaron hacerse cargo del control de partidos de la derecha mediante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Así se declara que las sanciones son por “poner el control de los partidos de oposición de Venezuela en manos de políticos afiliados al régimen de Nicolás Maduro, socavando cualquier oposición creíble de desafío a ese régimen". En la lista están Miguel Ponente, Guillermo Luces, Bernabé Gutiérrez y Chaim Bucaran. También impuso sanciones a Williams Benavides, el líder del movimiento Tupamaro que apoya a Maduro.

La medida del martes congela los activos estadounidenses de los incluidos en la lista negra y, en general, prohíbe a los estadounidenses negociar con ellos. Se trata de sanciones más simbólicas, pues no tienen incidencia más allá de meter mayor presión y apuntalar al sector de la oposición encabezada por Guaidó y otros dirigentes que llaman a desconocer las elecciones de diciembre.

Hace poco más de veinte días, el escenario político venezolano se vio movido tras el anuncio de un indulto a 110 dirigentes de la oposición, tras una negociación entre el Gobierno con Capriles Radonski (Primero Justicia) y Stalin González (Un Nuevo Tiempo) con la mediación del gobierno de Turquía y que, según medios, son acuerdos que contarían con el visto bueno de la Unión Europea.

El tablero político también se movió en las filas de la oposición, en una verdadera división abierta, cuyos agrios enfrentamientos y duras acusaciones en las redes sociales son casi cotidianos. La principal división está entre los que llaman a desconocer y boicotear las próximas elecciones (Guaidó y un arco de partidos opositores) y los que miden aún poder participar en las parlamentarias (Capriles, Stalin González) si cuentan con los observadores de la Unión Europea. Entre el sector que llama a boicotear también hay divisiones, como es el caso entre Guaidó y María Corina Machado, quien cuestiona abiertamente el papel desempeñado por éste durante todo el 2019 al fracasar su hoja de ruta: la salida de Maduro.

Son muchas las variables aún abiertas y habrá que esperar y ver el desarrollo de los distintos movimientos políticos tanto internos como externos. Adelante están las elecciones en Estados Unidos, que a depender de su resultado marcará la política de Washington. Mientras tanto desde la Casa Blanca se sigue con la presión como se muestra en estas recientes sanciones a personajes de la política nacional, al compás que las negociaciones y pactos siguen su marcha acelerada, acuerdos que, como se sabe, nada bueno son para los

Por La Izquierda Diario Venezuela

@LaIzqDiario_VE

Martes 22 de septiembre | 15:31

trabajadores y el pueblo.

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Imagen de archivo delpetrolero Bering, proporcionada por el Departamento deJusticia de EU, que confirmó el decomiso del cargamento de combustible enviado por Irán a Venezuela.Foto Afp

Trump deja a Caracas sin mil 116 millones de barriles de petróleo

 

Estados Unidos anunció ayer que confiscó cuatro cargamentos de combustible iraníes con destino a Venezuela, interrumpiendo una línea de suministro clave tanto para Teherán como para Caracas, con el argumento de que se violaron las sanciones impuestas por Washington contra ambas naciones.

El presidente, Donald Trump, dijo que Irán no debía enviar cargamentos a Venezuela y agregó que los envíos incautados ahora se dirigían a Houston, Texas, un importante centro de comercialización de crudo de Estados Unidos, y sugirió que es posible que ya hayan llegado.

Van a Houston. Y están allí, afirmó Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, y agregó: Los estamos trasladando y los moveremos a Houston.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que ejecutó una orden de incautación emitida por un tribunal local y destacó que con la ayuda de socios extranjeros la propiedad confiscada, un total de mil 116 millones de barriles de petróleo, ahora está bajo custodia estadunidense.

Nuestra diplomacia, dirigida por el Representante Especial para Irán, Brian Hook, pudo detener estos envíos y ayudar a los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a ejecutar una orden de incautación de Estados Unidos, explicó un comunicado del Departamento de Estado.

Ninguna autoridad estadunidense ofreció detalles de cuándo, dónde o cómo ocurrió la incautación. El Departamento de Estado tampoco reveló qué medidas tomó Hook, cuya renuncia se anunció a principios de esta semana, para asegurar la confiscación.

En julio de 2019, Hook envió correos electrónicos al capitán de un tanquero de bandera británica, que fue brevemente confiscado por Irán en el Golfo, que decían que la administración de Trump ofrecía varios millones de dólares por llevar uno de los buques que se confiscarían a Estados Unidos.

Hook dejará oficialmente su cargo en las próximas semanas, dijo una fuente familiarizada con el asunto y, después de su salida, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, asumirá el caso de Irán.

Washington impuso sanciones a ambos países en un intento de detener las exportaciones de petróleo y privarlos de su principal fuente de ingresos, a fin de crear presión para lograr un cambio de gobierno tanto en Venezuela como en Irán.

Los fiscales estadunidenses presentaron una demanda en julio para incautar el cargamento de gasolina en los cuatro buquetanques, y posteriormente un juez emitió una orden de decomiso. Fuentes legales dijeron previamente a Reuters que los cargamentos no podían ser incautados hasta que estuvieran en aguas territoriales de Estados Unidos.

Los propietarios de las cuatro embarcaciones acordaron que se transfiera el combustible para enviarlo a Estados Unidos, dijo el jueves una fuente de Washington. La orden sólo cubría los cargamentos, no los buques.

Los cuatro tanqueros que llevaban el combustible son Bella, Bering, Pandi y Luna, con bandera de Liberia, que son propiedad, gestionados y controlados por las empresas griegas Vienna LTD y Palermo SA, las cuales no respondieron a solicitudes de comentarios.

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Fuente: ‘Territorios vigilados’ de Telma Luzzani. Diseño: Alejandro Acosta Hechavarría / Granma.

En los últimos años hemos visto cómo se integra cada vez más el ejército estadounidense en las estructuras militares de América Latina y el Caribe. Las operaciones multinacionales en la región son apenas la punta del iceberg, que raya en el espectáculo, de una organización transnacional cuyo epicentro se encuentra en las oficinas del Pentágono, en Virginia, Estados Unidos.

Uno de los 10 comandos del ejército estadounidense, el llamado Comando Sur, está encargado de preservar militarmente los intereses de la Unión y de las diferentes industrias y grupos de poder que controlan el aparato político-económico-cultural del angloimperio en lo que en Washington consideran el “patio trasero” de Norteamérica.

Sudamérica, bajo el dominio de la dependencia estadounidense, ha sido un territorio para el reposicionamiento de Estados Unidos en su despliegue militar unilateral, con más de 70 bases en los países de la región, siendo Panamá (con 12) y Colombia (con 9) los que mayor cantidad tienen. Sin bases no hay imperio.

La integración del ejército estadounidense a las estructurales militares de algunos estados en Sudamérica a través del Comando Sur se profundiza, al punto de que algunos ejércitos nacionales parecen prestos a abandonar cualquier resquicio de soberanía e independencia de sus bases fundamentales.

Lo confirma la visita del magnate presidente Donald Trump a los cuarteles generales del Comando Sur en Doral, estado de Florida, acompañado por el secretario de Defensa, Mark Esper, en donde se le dio un balance oficial de la supuesta “lucha contra las drogas” en la región.

En su participación ante Trump, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, decidió presentar a dos altos oficiales sudamericanos, uno colombiano y otro brasileño, señalándolos de empleados directos de su oficina castrense: “Trabajan para mí”.

Colombia, lo sabemos, se ha sumergido en la dependencia militar estadounidense, prestando y adjudicando territorios y bases locales a los altos oficiales de Estados Unidos para su despliegue y apresto operacional. Además, es socio global de la OTAN, la principal alianza mundial militar liderada por el Pentágono, lo que el Comando Sur en su postura de este año felicita ya que la nación latinocaribeña, junto con Brasil y Chile, “continúan aumentando sus contribuciones a la seguridad global”.

Aparte de asistir de primera mano al Comando Sur en su “lucha contra el narcotráfico”, el ejército colombiano también aporta asistencia a seis países de Centroamérica en el marco de un plan de educación militar y policial redactado por el Pentágono.

Por otro lado está Brasil, cuyo ejército, desde que llegó la derecha y extrema derecha al poder con Michel Temer vía golpe y luego Jair Bolsonaro a través de las urnas, ha decidido trabajar de cerca con los estadounidenses, al punto de unirse, junto a Colombia y Perú, el Grupo de Trabajo Aéreo-Terrestre Marino del Cuerpo de Infantería de la Marina liderada por oficiales del Pentágono, que operan en todo el hemisferio.

Esos mismos países sudamericanos forman parte de las misiones del USS Comfort, el buque hospital militar insignia de Estados Unidos en la región.

“Recientemente designado como un importante aliado no perteneciente a la OTAN y el socio más nuevo en el Programa de Asociación Estatal (SPP), trabajamos en estrecha colaboración con Brasil en una gama de misiones prioritarias”, dice el Comando Sur en la declaración de postura 2020.

En ese mismo documento destaca que el Comando Sur junto con Brasil están en la vanguardia regional “para exponer actividades maliciosas por parte de partidarios de grupos terroristas como el Hezbollah libanés”, al lado de Chile, Argentina y Paraguay.

El mismo Jair Bolsonaro ofreció una base militar a Trump el año pasado. La Base de Alcántara podría pasar a manos estadounidenses. De esta manera Brasil pasaría a formar parte de la confirmación de hegemonía en la región y en un país con alcances geopolíticos, aunque malogrados por Bolsonaro, en los BRICS.

Estados Unidos autoriza a Brasil y a Colombia usar cohetes y aeronaves nacionales o extranjeras que tengan partes tecnológicas desarrolladas por su complejo industrial-militar. En sus contratos existen cláusulas que protegen la tecnología estadounidense y establecen normas para los técnicos brasileños y colombianos respectivamente en cuanto al uso de las bases y a la circulación en su perímetro. Colombia y Brasil ya han sido invadidos y conquistados por esa parte del capital monopolista que encuentra su negocio en la guerra y carrera armamentística.

Por esa misma condición es que son descritos como subalternos que trabajan personalmente para uno de los representantes clave del complejo industrial-militar bajo el uniforme de jefe del Comando Sur.

Aquello no se entiende sin la dimensión geopolítica que significa el ascenso global de China y su Iniciativa del Cinturón y la Ruta en América Latina más la alianza estratégica de Rusia con Venezuela y otros países anti-imperialistas y bloqueados por Washington, una dimensión que funge de alternativa a la unilateralidad militarista de Estados Unidos.

El cerco del Comando Sur sobre nuestros países es la otra cara de la moneda que domina la doctrina militar estadounidense, como amenaza sobre los estados aún soberanos que quedan en la región y como muestra de fuerza ante el bloque emergente anti-hegemónico. En ese marco, Brasil y Colombia son dos factores que el Pentágono prefiere de lacayos que asumidos soberanos.

22 julio 2020

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“Venezuela tiene en el horizonte un momento de colapso inevitable”

El periodista e historiador venezolano José Roberto Duque publicó recientemente su libro “Venezuela crónica”. En esta entrevista desarrolla algunos de los conceptos vertidos en esta obra pensada para quienes observan desde afuera un proceso apasionante y complejo.

 

Semanas atrás salió a la luz el libro Venezuela crónica. Cómo fue la historia que nos trajo hasta aquí. Este texto, editado por Tinta Limón y disponible para su descarga gratuita, es obra de José Roberto Duque, historiador venezolano que ha ejercido como jefe de redacción y periodista en varios medios de comunicación de su país.

La publicación, que sintetiza la historia del siglo XX y los comienzos del XXI en Venezuela, está pensada para lectores y lectoras que ven la realidad del país caribeño desde afuera. Una mirada que está mediada y oscurecida por intereses geopolíticos y empresariales que tienen su voz en los grandes medios de comunicación de América Latina y el mundo.

“Hay un discurso estandarizado y propagado desde hace décadas en todos nuestros países, que traen una especie de aviso luminoso que mucha gente decidió adorar sin cuestionarlo”, sentencia Duque. No obstante asegura que quien crea que a Venezuela “le va a ir muy bien con solo quitar a unos malos administradores del capital y poner a unos buenos, es un chiste que se explica solo”.

– Tu libro, escrito desde Venezuela y por un venezolano, busca hablarle a un público no familiarizado con ese país y su historia ¿por qué? ¿qué fue lo que te llevó a desarrollar un proyecto con ese enfoque?

– Yo no tenía pensado hacerlo, pero llegaron los chicos de Tinta Limón y me animaron a escribirlo. Ahora pienso que ese ejercicio deberíamos hacerlo varias veces en la vida los militantes, investigadores o ciudadanos comunes: el resumen, el recuento de lo que nos hicieron y lo que hicimos al respecto. Cada generación debería producir periódicamente ese tipo de material: el informe de gestión de nuestra historia.

– La primera parte del libro hace un repaso histórico del siglo XX venezolano “para principiantes”, que va marcando algunas transformaciones fundamentales ¿Cuáles son para vos los principales aspectos positivos y cuáles los negativos de este proceso?

– Bueno, yo me he negado rotundamente a valorar de esa manera nuestra historia. Mientras escribía el libro y también después, no he querido hacer valoraciones, porque cualquiera que haga va a resultar amarga. Me contento entonces con decir “esta ha sido nuestra historia y así nos hemos desenvuelto”. Tal vez no esté preparado para ese ejercicio que me propones.

– Discutiendo con otros relatos, vos destacás que el chavismo no surgió de la nada, si no que existía un acumulado histórico del pueblo venezolano ¿cuáles son esas raíces o antecedentes sobre los que se apoyó la Revolución Bolivariana?

– Hay un detalle, un acontecimiento poco explorado o poco admitido como antecedente del chavismo. Está el legado bolivariano, que es la raíz más obvia y conocida. Pero al mismo tiempo que Bolívar, o justo cuando Bolívar entra en guerra por la independencia, estalla en el llano venezolano un movimiento de masas, una rebelión popular al mando de José Tomás Boves, un pulpero asturiano. 

Este movimiento buscaba liquidar a todos los propietarios del momento, hacia 1813-1814, sin importar si eran españoles realistas o criollos independentistas. Era un ejército popular de liberación que salió a exterminar a los españoles y a los criollos. Los esclavos y la servidumbre encolerizada arrasó con buena parte de los blancos en el país. Los pobres detestaban a Bolívar y a los españoles por igual y contra ellos se fue el pueblo a hacer la guerra. Bolívar debió huir de Venezuela espantado por la furia de los pobres. Bueno, la circunstancia de Boves es una raíz del chavismo que sigue siendo un tema tabú. Y por supuesto: en un proceso Bolivariano nadie quiere invocar al anti-Bolívar por antonomasia.

– En contraposición al discurso que habla de que Venezuela vive una dictadura, la Revolución Bolivariana ha vivido una gran cantidad de procesos electorales y además se ha caracterizado por fomentar una enorme participación popular que incluso, en algunos casos, ha entrado en contradicción con el aparato estatal chavista ¿cómo se gestó y en qué experiencias concretas se expresa ese “chavismo salvaje”?

– Lo que Reinaldo Iturriza [NdR: intelectual y ex ministro de Comunas de Venezuela] ha llamado chavismo salvaje tiene de salvaje precisamente su activación o expresión en forma de corriente, conducta o actitud, no necesariamente en forma de estructura u organización. Esa faceta del chavismo no institucionalizado es fascinante, porque consiste en la propagación de un espíritu rebelde y no domesticable. 

El riesgo es que en esos territorios que no reconocen jefaturas a veces se cuelan agitadores o intrusos que han convencido a muchos de que apoyar al gobierno de Nicolás Maduro es ser “de derecha”. Es una perversión ridícula de cierto chavismo citadino y de academia, que anda intentando permear un segmento fundamental del chavismo.

– Durante los últimos años “ser como Venezuela” se convirtió en una expresión negativa en casi toda América Latina. Acuñada por sectores conservadores, caló también en cierto progresismo que se puso a la defensiva buscando diferenciarse del proceso chavista ¿por qué creés que se pudo construir ese imaginario?

– Hay un discurso estandarizado y propagado desde hace décadas en todos nuestros países, que traen una especie de aviso luminoso que mucha gente decidió adorar sin cuestionarlo. Ese aviso fluorescente dice: «El capitalismo es buenísimo, lo malo es que hay corruptos que se roban la plata del pueblo y por eso la economía de los países se destruye». 

Que un idiota formado en Harvard y en cualquier otra fábrica de burgueses y neoliberales crea en eso o lo difunda, así no se lo crea, se entiende. Pero que una izquierda idiotizada, esa plaga “progre” que pulula en las izquierdas, de verdad crea que a Venezuela le va a ir muy bien con solo quitar a unos malos administradores del capital y poner a unos buenos, ya es un chiste que se explica solo.

– ¿Qué rol juega el imperialismo estadounidense en este sentido?

– Estados Unidos diseñó nuestras debilidades y nuestros modos de funcionar, las reglas de juego de nuestro funcionamiento, nuestro sistema de valores. El chavismo ha logrado sobrevivir como Gobierno gracias a una jugada que al imperialismo le salió mal: nos obligaron a legitimar nuestras instituciones por medio de elecciones, y ya hemos ganado 23 de 25 en lo que va de siglo. 

Ahora quieren romper con ese canon e imponer un gobierno por la fuerza. Y es lógico: el que tiene las armas busca usarlas para imponerse.

– Actualmente los distintos modelos políticos que predominaron en América Latina a comienzos del siglo XXI -sean neoliberales, desarrollistas o revolucionarios- están en un período de crisis que viene desde antes de la pandemia de coronavirus ¿qué perspectiva hay hacia adelante en este sentido y qué rol puede tener la Revolución Bolivariana en ese futuro?

– Venezuela tiene en el horizonte un momento de colapso inevitable. Algo veremos colapsar violentamente: la ciudad capitalista industrial, el Gobierno bolivariano, el equilibrio de convivencia con Colombia o con Brasil. Después de la pandemia los venezolanos seguiremos al margen de eso que han llamado «el retorno a la normalidad». Probablemente mientras otros países los procesos regresen precariamente a su cauce (porque portarse bien con Estados Unidos deja algunas recompensas) nosotros todavía viviremos varios episodios más de sabotaje y destrucción de nuestros procesos. 

El papel de la Revolución Bolivariana, sobreviva o no como institucionalidad, será el de servir de ejemplo y modelo para algo que después ocurrirá en todas partes: ¿Quieren los neoyorkinos, bogotanos, parisinos y mexicanos asomarse a lo que será de esas ciudades en el futuro? Vengan a Venezuela y fíjense en la destrucción sostenida de ciudades como Maracaibo, San Cristóbal, Barquisimeto. Ese es el futuro de la ciudad capitalista. Los venezolanos solo estamos adelantándonos un poco, ayudados por la soberbia imperial.

Por: Notas Periodismo Popular / Aporrea | Martes, 14/07/2020 09:46 AM |

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Fachada del Banco de Inglaterra, en Londres. Wikimedia Commons

El Banco de Inglaterra decide no devolver al Gobierno de Maduro 930 millones de euros en lingotes de oro depositados hace años en custodia, sosteniendo que es Juan Guaidó el “legítimo presidente interino” de Venezuela.

 

La decisión de la Justicia británica de legitimar la decisión del Banco de Inglaterra pareciera más propia de las arbitrariedades del llamado 'primer imperio británico' de los siglos XVII y XVIII, centrado especialmente en las Américas, que de una democracia moderna del siglo XXI.

“El Gobierno de Su Majestad ha reconocido al Sr. Guaidó en su capacidad de presidente constitucional interno de Venezuela, y por consiguiente, no reconoce al Sr. Maduro como presidente constitucional de Venezuela”, ha dicho en su escrito Nigel Teare, el juez portavoz del Tribunal Superior de Justicia británico, la 'High Court'.

El litigio se remonta a dos años atrás, cuando el Gobierno venezolano anunció al Banco de Inglaterra su intención de retirar las 31 toneladas de lingotes de oro —unos 930 millones de euros— depositados en sus cámaras desde años atrás, para poder hacer frente a la crisis económica de Venezuela.

El Banco de Inglaterra dilató inicialmente su respuesta pero en 2019, ya con Juan Guaidó autoproclamado 'presidente encargado interino', y presionado por el Departamento del Tesoro de EE UU, argumentó que la irregular situación institucional de Venezuela requería un análisis jurídico exhaustivo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el entonces asesor principal de Seguridad Nacional, John Bolton —que ahora revela paradójicamente en su flamante libro la desconfianza de Trump sobre la capacidad de Guaidó— requirieron la complicidad del Gobierno británico para estrechar el cerco al Gobierno de Maduro.

Oficialmente, el Gobierno británico siempre se ha desentendido del litigio.

“Es competencia del el Banco de Inglaterra, no del Gobierno”, afirmó en la Cámara de los Comunes Alan Duncan, el titular de Exteriores británico. Pero, al pasar, acotó: “Seguramente el alto tribunal tendrá en consideración que el Sr. Guaidó es reconocido como el presidente interino legítimo por más de cincuenta países”. Un mensaje claro.

Con soberbia imperial el Banco de Inglaterra llegó a pedir 'garantías' a Venezuela de que el oro dejado temporalmente en su custodia —como hacen muchos países— no fuera a ser utilizado para beneficio personal de Nicolás Maduro o de los numerosos altos cargos civiles y militares venezolanos contra los cuales EE UU y/o la UE aplican sanciones.

A pesar de la humillación que esto suponía el Gobierno de Caracas aclaró que ese capital sería destinado íntegramente a atender las necesidades provocadas en Venezuela por la pandemia del covid-19.

Para evitar cualquier otra excusa del Banco de Inglaterra y como muestra de transparencia y buena voluntad, Venezuela propuso que la transferencia no se hiciera directamente al Gobierno de Maduro sino al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para que este organismo de la ONU lo gestionara.

Pero la decisión política por parte del Reino Unido ya estaba evidentemente tomada, y la 'High Court' se limitó a proporcionar argumentario legal y solemnidad.

Para dar más visos de legalidad a ese descarado robo multimillonario a un Estado soberano, paralelamente el 'presidente encargado' Guaidó hizo que 'su' Asamblea Nacional —no reconocida por el Tribunal Supremo de Venezuela—, nombrara a una pseudo 'Junta Directiva' del Banco Central de Venezuela paralela a la real, a la que diariamente toma decisiones sobre la economía venezolana.

Con esa parodia la tal 'Junta Directiva' pidió al Banco de Inglaterra 'en nombre' del Banco Central de Venezuela, que no entregara el oro venezolano al Gobierno de Maduro.

El Tribunal Superior británico dictaminó que esa fake 'Junta Directiva' del Banco Central Venezolano encabezada por Ricardo Villasmil es la única que podrá a partir de ahora acceder legalmente a las reservas de oro venezolano depositado en las cámaras del Banco de Inglaterra, y no la Junta Directiva real, la gubernamental presidida por Calixto Ortega.

Paradójicamente, Reino Unido sigue manteniendo relaciones diplomáticas y comerciales con el único gobierno con poderes reales en Venezuela, el de Nicolás Maduro, y es la embajadora de este, Rocío Maneiro, la titular de la embajada venezolana en Londres. Reino Unido mantiene a su vez a su embajador Andrew Soper acreditado ante el Gobierno de Maduro.

La esquizofrenia diplomática que esto supone se extiende a la mayoría de los países que han reconocido —presionados por Trump— hace un año y medio a Juan Guaidó como 'presidente encargado', en momentos en que Washington les aseguraba que el Gobierno de Maduro se derrumbaría en cuestión de días.

Todos querían posicionarse bien ante Washington y ante quien ya daban por seguro nuevo presidente de Venezuela.

Pedro Sánchez fue uno de lo jefes de gobierno que reconoció a Guaidó como presidente interino a inicios de febrero de 2019, y a fines de abril incluso acogió en la embajada española en Caracas al también líder opositor Leopoldo López, mentor de Guaidó. Y sin embargo, sigue manteniendo relaciones diplomáticas políticas, comerciales y culturales con el Gobierno de Maduro.

Pese al inmenso apoyo económico, político y diplomático de EE UU, la UE y numerosos otros países, Guaidó se mostró incapaz en este tiempo de mantener unida a la oposición y de presentar una alternativa creíble de gobierno, y por ello fue perdiendo apoyos políticos y apoyo social.

Un mes atrás las encuestas ya lo situaban en el 25% de popularidad, el nivel más bajo de su fulgurante vida como 'presidente encargado interino'.

Guaidó recorrió capitales europeas, fue recibido con aplausos en la Cámara de Representantes de EE UU y en varios países latinoamericanos. Denunció una y otra vez la 'dictadura' de Maduro a pesar de que daba ruedas de prensa y mítines a lo ancho de Venezuela, mantenía oficinas públicas y entraba y salía por el aeropuerto de Caracas.

Se autorreivindicó como gran demócrata y salvapatrias pero se negó en todo momento a establecer un diálogo con Maduro como hicieron otras fuerzas de la oposición.

Dirigente de Voluntad Popular, al igual que su maestro Leopoldo López siempre estuvo en la corriente más intransigente y violenta de la oposición.

La impaciencia por llegar al poder rápidamente le hizo desde el primer momento apostar por las vías directas, su autoproclamación como 'presidente encargado' en una manifestación callejera a fines de enero de 2019, su intentona de golpe cívico-militar en abril, sus negociaciones con hasta seis compañías militares privadas para intentar un golpe militar cruento. Lo ha intentado todo.

El Wall Street Journal revelaba días atrás que Leopoldo López, desde su asilo en la embajada española en Caracas y vía videoconferencias, participó también en negociaciones con empresas de mercenarios para valorar los mejores planes para el golpe.

Después de descartar varios planes, finalmente López y Guaidó terminaron firmando un contrato formal con la empresa Silvercorp USA para lanzar un golpe con el objetivo de 'detener/secuestrar/matar' a Maduro y a sus principales colaboradores ,y para garantizar la seguridad del nuevo gobierno de facto presidido por Guaidó quee asumiría al poder por al menos su primer año y medio de vida.

Fue el propio director de Silvercorp, Jordan Goudreau, el que reconoció ante las cámaras el contrato firmado —que reprodujimos íntegro en El Salto— y denunció a Guaidó por haberle traicionado, por haberse echado atrás a último momento. Uno de los más estrechos colaboradores de Guaidó, Juan Joé Rendón, miembro de su Comité de Estrategia y firmante también del extenso contrato, reconoció los hechos y dimitió de sus cargos para intentar salvar al líder opositor.

Tras conocerse con lujo de detalles el contrato que llegó a firmar Guaidó de su puño y letra y su gente con los mercenarios estadounidenses, se le cayó su... ¿penúltima? careta de hombre de paz y demócrata.

La oposición se dividió aún más y muchos de su seguidores se distanciaron de él.

Mientras tanto, el sector disidente de la oposición que en enero pasado en unos episodios turbulentos se hizo con el control de la Asamblea Constituyente —con el apoyo interesado del chavismo— avanzó en las negociaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Guaidó y 'su' Asamblea Constituyente mantuvieron su postura de rechazo a participar en esas negociaciones, que permitieron el nombramiento de un nuevo Consejo Electoral Nacional y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas para diciembre próximo.

Guaidó parecía cada vez más un cadáver político. El propio Donald Trump hizo el 21 de junio pasado unas declaraciones sobre él en una entrevista al digital Axios, que llevaba un titular sorpresivo: “Trump frío con Guaidó, consideraría reunirse con Maduro”.

Trump reconocía allí que no tenía mucha confianza en Guaidó ya que no había logrado arrebatarle el control del Gobierno a Nicolás Maduro a pesar de todo el apoyo que le había dado Estados Unidos y decenas de otros países.

Parecía ser el primer guiño de Trump tres años después de que el Gobierno de Maduro comenzara a intentar negociaciones directas con la Casa Blanca. Ninguno de esos intentos prosperó.

Y entonces llegó el fallo del Tribunal Supremo británico regalándole a Guaidó el acceso directo a las 31 toneladas de oro venezolano y se trastocó todo. Guaidó pareció resucitar.

Paralelamente, en lo que demuestra una operación coordinada, el pasado lunes 20 de junio la Unión Europea anunciaba la inclusión de once altos cargos del Estado venezolano a la lista de otros veinticinco previamente sancionados por la UE. A todos ellos se les prohíbe entrada en suelo comunitario y se congelarán sus activos si los tuviesen en algunos de los países miembros.

En esa lista, en la que figuran fiscales, jueces y otros altos cargos de las instituciones del Estado venezolano figura también Luis Parra, líder disidente del opositor partido Primero Justicia, quien se distanció de Guaidó y terminó elegido como presidente de la 'otra' Asamblea Nacional en enero pasado.

Todo hecho a la medida de Guaidó. La UE, España incluida, no emitió ningún comunicado ni ninguno de sus portavoces hizo declaración alguna sobre las revelaciones en mayo pasado después del fracaso de la esperpéntica Operación Gedeón, del plan de golpe de Estado acordado por Guaidó y López con mercenarios estadounidenses.

La tan democrática Europa de los Veintisiete ha vuelto a mirar para otro lado ante la última y más documentada intentona golpista de Guaidó, y dos meses después vuelve a prestar su ayuda para aumentar junto con Reino Unido el bloqueo, el hostigamiento y la asfixia no del Gobierno venezolano sino del pueblo venezolano.

Por Roberto Montoya

3 jul 2020 12:17

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Ciudadanos con cubrebocas en Caracas frente a un mural del fallecido presidente Hugo Chávez. El gobierno venezolano busca desesperadamente recursos para enfrentar la pandemia de Covid-19.Foto Ap

Caracas. Once colaboradores del líder opositor Juan Guaidó fueron imputados en Venezuela por "traición a la patria", acusados de "despojar" a Venezuela de las reservas de oro almacenadas en el Banco de Inglaterra, informó este viernes la Fiscalía. "A todos estos criminales que han actuado para favorecer los intereses de potencias extranjeras (...) se les imputan los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir", anunció el fiscal general, Tarek William Saab, en declaraciones a la televisión estatal.

El gobierno de Maduro requiere los fondos para atender la pandemia de Covid-19 en Venezuela.

Figuran en la lista Vanessa Neumann y Carlos Vecchio, delegados de Guaidó en Reino Unido y Estados Unidos; así como el diputado Julio Borges, exiliado en Colombia, encargado de las relaciones exteriores del dirigente parlamentario, quien reclamó la presidencia encargada de Venezuela en enero de 2019 con reconocimiento de medio centenar de países. También están entre los acusados los cinco miembros de la directiva ad-hoc del Banco Central de Venezuela, Ricardo Villasmil, Guaicoima Cuius, Manuel Rodríguez, Nelson Lugo y Carlos Suárez; el ex procurador especial José Hernández y dos miembros de su equipo, Irene Loreto y Geraldine Afiuni.

El jueves, el gobierno de Nicolás Maduro pidió una investigación penal para determinar "responsabilidades por el robo" de más de mil millones de dólares en oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, tras un fallo de la justicia británica que se derivó de que el gobierno británico es uno de los que reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

El Ministerio Público solicitó "órdenes de aprehensión y congelamiento de bienes" contra los acusados, afirmó Saab. No habló, sin embargo, de procesos de solicitud de extradición.

El fiscal, quien se refirió a Guaidó como "payaso", calificó a los acusados de "falsos representantes de Venezuela que han intervenido en la apropiación del oro de la República".

Contra Guaidó cursan varias investigaciones penales en la justicia venezolana, sin que haya sido ordenada su detención.

El gobierno de Maduro lleva año y medio intentando sin éxito recuperar más de 30 toneladas de oro que Venezuela tiene guardadas en las cámaras del Banco de Inglaterra.

La oficina de prensa de Guaidó dijo en un comunicado que mientras el "proceso judicial continúa", los recursos se mantendrán en el Reino Unido y no serán usados a corto plazo.

El Banco Central de Venezuela, controlado por Maduro, anunció el jueves que apelará de la sentencia del juez británico.

En tanto, el presidente estadunidense, Donald Trump, utilizó el dinero robado a Venezuela para construir parte del muro en la frontera con México, según un informe del sitio digital thegrayzone.com.

Se estima que 24 mil millones de dólares del dinero público venezolano fueron saqueados y la administración Trump uso al menos 601 millones de dólares para construir un muro militarizado en la frontera entre Estados Unidos y México, precisa el sitio.

La denuncia suscrita por Ben Norton, periodista, escritor y cineasta, señala que desde que la Casa Blanca comenzó con un intento de golpe de estado contra el gobierno electo de Venezuela en enero de 2019, hasta 24 mil millones de dólares de bienes públicos venezolanos fueron confiscados por países extranjeros, principalmente por Washington y los estados miembros de la Unión Europea.

Durante su campaña presidencial de 2016, Trump insistió en innumerables ocasiones en que "haría pagar a México" para construir un gigantesco muro que cubriera los aproximadamente 3 mil 145 kilómetros de su frontera común.

Al calificar de cuestionables las fuentes de financiación usadas por el mandatario estadunidense, Norton señala que Trump recurrió a ellas incapaz de obligar al país vecino a financiar su proyecto favorito de 18 mil millones de dólares, que ya costó unos 30 millones de dólares por milla en el sur de Texas.

Norton cita como fuente de la información a la cadena Univisión, la cual revisó los registros del Congreso estadunidense y documentos judiciales, en los cuales encontró que la administración Trump aprovechó 601 millones de dólares del "fondo de confiscación" del Departamento del Tesoro para la construcción del muro.

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La justicia británica se queda con las reservas de oro de Venezuela

Un juez sentenció que el gobierno de Maduro no podrá usar las 31 toneladas de oro que se encuentran en el Banco de Inglaterra 

El Banco Central del país bolivariano anunció que “apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión de un tribunal inglés".

 

El juez británico Nigel Teare del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, sentenció que las 31 toneladas de oro venezolano que se encuentran en el Banco de Inglaterra no pueden ser manejadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) ya que el “el gobierno de su Majestad reconoce a Guaidó en calidad de presidente constitucional interino de Venezuela”.

La justicia británica dictaminó entonces que quien tendrá acceso al oro en reclamación, valorado en cerca de 1.6 mil millones de dólares, será el “gobierno de Guaidó” a través de la “junta ad hoc del BCV” que designó en julio del 2019, pocos meses después de su autoproclamación.

El BCV anunció que “apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión de un tribunal inglés que pretende privar al pueblo venezolano del oro tan urgentemente necesario para hacer frente a la pandemia de covid-19”.

La demanda por el oro por parte del BCV había iniciado a finales del 2018. El reconocimiento en enero del 2019 de Guaidó como “presidente encargado” por parte de Gran Bretaña, congeló la respuesta del gobierno británico a la demanda venezolana, algo que el gobierno de Nicolás Maduro denunció diplomáticamente en reiteradas oportunidades.

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, se refirió en su libro La habitación donde sucedió, una memoria de la Casa Blanca a esa decisión británica. Allí afirmó que el entonces ministro de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, estaba “encantado de cooperar” con Estados Unidos, “por ejemplo congelando los depósitos de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra”.

Bolton se refiere a esa decisión de inicio del 2019 como parte de los “pasos que ya estaban aplicando para presionar financieramente a Maduro”. En ese mismo párrafo, el ex asesor de Seguridad Nacional destaca como, en esos días, trabajaban para recrudecer las sanciones sobre la industria petrolera venezolana.

El BCV prosiguió durante el 2019 y 2020 en el intento de acceder a las reservas de oro. En mayo pasado realizó una demanda ante el Tribunal Comercial de Londres para que el Banco de Inglaterra entregue el oro venezolano. Allí no solamente fue expuesto el argumento legal, sino también humanitario: el monto del oro sería destinado para ir directamente al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para hacer frente a la pandemia en el país.

La falta de respuesta del Banco de Inglaterra durante meses se debió a la zona gris diplomática construida hacia Venezuela. Mientras el gobierno inglés reconoció a Guaidó, su “embajadora”, Vanessa Neumann, fue recibida, pero sin las credenciales formales, una situación similar a la ocurrida en varios países de Europa y América Latina.

Así, mientras por un lado la política exterior apoyaba la política de gobierno paralelo en Venezuela, la situación legal no era clara, algo diferente al caso estadounidense donde fueron alineados en la misma política -con tensiones- la Casa Blanca, el Departamento de Estado, del Tesoro, y de Justicia. Esa situación de falta de claridad, sobre la cual el Banco de Inglaterra se amparaba para su falta de respuesta, fue despejada con la sentencia del día jueves.

Este fallo representa no solamente una pérdida para el BCV, sino que sienta a su vez un precedente para otros expedientes en una situación similar, como los 120 millones de dólares pertenecientes al BCV que se encuentran en el Deutsche Bank, o las numerosas cuentas congeladas en diferentes bancos.

Se abre entonces una nueva puerta para que se profundicen los mecanismos de robo de activos y bienes de Venezuela en el exterior, algo que ha venido sucediendo desde el inicio del reconocimiento estadounidense a Guaidó. El caso paradigmático es el de CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos (EEUU) -valorada en 8 mil millones de dólares-, que fue embargada por el gobierno estadounidense en el 2019, y se encuentra actualmente bajo amenaza judicial de remate y desmembramiento para ser apropiada por una minera canadiense, Crystallex, o una petrolera estadounidense, ConocoPhillips.

Este proceso de despojo ha sido uno de los objetivos centrales contra Venezuela. El gobierno venezolano convocó, por ejemplo, en el mes de mayo al encargado de Negocios del Reino Unido en Venezuela para “presentarle protesta formal y exigir explicaciones ante la creación en su Cancillería de una Unidad para la Reconstrucción de Venezuela”.

De esta manera, mientras Guaidó perdió toda gravitación dentro del país, su mantenimiento artificial permite que avancen procesos de robo a la Nación. Esa política de piratería y bloqueo es parte de las divisiones de la oposición en el país. El sector que aún se mantiene alrededor de la estrategia del gobierno paralelo sostiene la necesidad de las sanciones y congelamiento de activos. Afirman, contra toda evidencia, que no afectan al conjunto de la población, sino únicamente al núcleo de poder del chavismo.

Otro sector en cambio, tanto político como de sectores económicos, se opone a la estrategia de asfixia y despojo progresivo. Ese sector es quien participará de las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, para las cuales ya se han anotado 89 partidos políticos.

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La tripulación del buque iraní "Fortune" durante su llegada a la refinería El Palito, en Venezuela. 25 de mayo de 2020.Palacio de Miraflores / Reuters

El dictamen apunta al decomiso de cuatro buques con una carga aproximada de 1,1 millones de barriles de combustible, que van rumbo al país suramericano.

La Justicia Federal de EE.UU. emitió una orden para decomisar cuatro buques iraníes que trasladan combustible hacia Venezuela, por considerar que la transacción beneficia a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que han sido catalogados por la Casa Blanca como una supuesta "organización terrorista".

El dictamen del juez James Boasberg responde al pedido de cuatro fiscales, y pretende el decomiso de aproximadamente 1,1 millones de barriles de gasolina, que son trasladados actualmente por los buques Bella, Bering, Pandi y Luna, hacia Venezuela.

De acuerdo con Boasberg, esta gasolina quedará bajo jurisdicción exclusiva de la corte federal para el Distrito de Columbia. Sin embargo, no indica qué métodos aplicará el gobierno de EE.UU. para confiscar las cargas.

El Departamento de Justicia estadounidense mostró su apoyo a la medida, al considerar que las ganancias por la venta de este combustible supuestamente "respaldan toda la gama de actividades nefastas de la Guardia Revolucionaria", incluyendo "terrorismo y abusos contra los derechos humanos".

Entre el 23 de mayo y el 1 de junio, los buques iraníes Clavel, Petunia, Fortune, Forest y Faxon, ignoraron las amenazas del gobierno de EE.UU. y se trasladaron a Venezuela, con un total de 1,53 millones de barriles de gasolina y alquilato. Sin embargo, los barcos Bella y Bering desistieron de la transacción para evitar las sanciones de Washington. 

Dos semanas después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó en su lista de sancionados a los capitanes de estos cinco barcos, por "apoyar a grupos terroristas y dictadores".

En esa oportunidad, el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, dijo que ese organismo perseguirá "a cualquiera que apoye los intentos iraníes de evadir las sanciones de los EE.UU. y que además permita un comportamiento desestabilizador en todo el mundo".

Venezuela ha registrado problemas con el abastecimiento de gasolina debido a las medidas unilaterales y coercitivas aplicadas por EE.UU., que no solo implican sanciones a altos funcionarios del Gobierno y el bloqueo de sus activos, sino que también contemplan amenazas a cualquier país que intente establecer relaciones comerciales con Caracas.

Publicado: 2 jul 2020 23:41 GMT

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A pesar de su fracaso, Guaidó es la pieza clave en el despojo del oro, las empresas y el territorio venezolano

La figura de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela ha resultado un fracaso político. Sin embargo, visto como mecanismo para justificar robos de bienes de la Nación, el saldo es diferente. En ese plan de despojo se articulan gobiernos, transnacionales, jueces y abogados.

Juan Guaidó está en un punto político muerto. No logra recuperar iniciativa, convencer, deshacerse de los expedientes de mal manejo de fondos que lo rodean. El paso de las semanas y meses lo reduce, y ya queda poco o nada del recuerdo de su paso por el Congreso estadounidense y la Casa Blanca a principios de este 2020.

Visto en esos términos, el ensayo del "presidente encargado" es un fracaso. La institucionalidad paralela y virtual no logra sus cometidos políticos. Así pasó también con el "Tribunal Supremo de Justicia en el exilio", del cual no ya casi no se tiene memoria, o la "fiscal general en el exilio", sin trascendencia.

Resulta entonces plausible la afirmación de John Bolton, exconsejero de Seguridad, que en su libro La habitación donde ocurrió escribió que el presidente Donald Trump presentó dudas sobre las capacidades y aptitudes de Guaidó.

También resulta lógico que el mismo Trump haya dejado ver en una entrevista reciente, publicada en el portal Axios, sus dudas sobre Guaidó. ¿Por qué no las tendría acerca de quien no ha logrado una sola victoria interna desde que fue reconocido/nombrado por su administración el 23 de enero del 2019?

Visto así resulta claro que Guaidó es en ocasiones un problema antes que otra cosa. A esto deben agregarse sus apariciones y fracasos golpistas, como el 30 de abril del 2019, o su vinculación con los mercenarios de la Operación Gedeón que llegaron a Venezuela el pasado mes de mayo.

Pero Guaidó puede ser analizado de otra manera: no por su resultado político inmediato e interno, sino como engranaje de un mecanismo de despojo. Guaidó, al ser nombrado presidente encargado de Venezuela por EEUU ha permitido que, en su nombre, sean puestos en marcha robos a los bienes de la Nación. Y ahí no se trata de un fracaso para EEUU.

El despojo

"En lo interno Guaidó está disminuido, creo que Trump nunca creyó en él, lo que sí ha servido es para la estrategia de despojo, en lo internacional siguen avanzando y nos siguen cercando", explica a Sputnik María Alejandra Díaz, abogada, diputada de la Asamblea Nacional Constituyente.

Ese robo se hizo evidente desde el inicio del reconocimiento de Guaidó como "presidente encargado". El 25 de enero, dos días después de su autoproclamación, el secretario de Estado, Mike Pompeo, le dio la autoridad a Guaidó "para recibir y controlar ciertas propiedades en cuentas del Gobierno de Venezuela o del Banco Central de Venezuela (BCV) en poder del Banco de la Reserva de Federal de Nueva York o cualquier otro banco asegurado en EEUU".

El 28 de enero de 2019 la Casa Blanca emitió la orden ejecutiva 13.850, centrada sobre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el BCV, que bloqueó "todos los bienes e intereses en propiedad de PDVSA sujetos a la jurisdicción de los EEUU". El 5 de agosto del 2019, emitió la orden ejecutiva 13.884 que embargó todos los activos venezolanos en su territorio.

Estas cuentas y activos quedaron bajo manejo estadounidense, lo cual quedó de manifiesto con el escándalo suscitado pocas semanas atrás cuando fue difundida la noticia de que Donald Trump utilizó 601 millones de dólares de esos fondos para construir el muro en la frontera con México.

El plan del despojo se planteó varios objetivos centrales con el fin de robarse y repartirse riquezas del Estado venezolano. Uno de esos objetivos es la empresa refinadora CITGO, filial de PDVSA en EEUU, el oro perteneciente al BCV que se encuentra en el Banco de Inglaterra, y, aprovechando este momento de asedio, el territorio de la Guayana Esequiba, en reclamación.

CITGO

La empresa filial de PDVSA en EEUU está bajo embargo del Departamento del Tesoro desde agosto del 2019, y la posibilidad de que sea despedazada y entregada a empresas extranjeras estuvo presente desde el inicio de su apropiación por parte del Gobierno estadounidense.

Se trata de uno de los mayores activos venezolanos en el extranjero, valorado en alrededor de 8.000 millones de dólares, con una estructura de tres refinerías con capacidad cercana a los 749.000 barriles diarios, y unas 6.000 estaciones de servicio distribuidas en franquicias en el país.

Dos empresas buscan apropiarse de CITGO para cobrar, lo que afirman, les debe el Estado venezolano: la minera canadiense Crystallex, y la petrolera estadounidense, ConocoPhillips.

Guaidó puso al frente de la "Procuraduría General" de su "Gobierno", es decir a quien debe representar y defender judicialmente los intereses de la Republica sobre cuestiones internacionales, a José Ignacio Hernández, quien había sido abogado de Cristallex.

Así, mientras por un lado Guaidó afirmaba defender CITGO, por el otro, fue parte de una estrategia de fallo a favor de las empresas extranjeras. María Alejandra Díaz señala que se trata de la estrategia de "bufetes que están aliados con Guaidó, EEUU y las corporaciones, para despojar a Venezuela".

Eso mismo fue denunciado por el Gobierno de Venezuela, quien señaló cómo Hernández —que renunció a su cargo días después— trabajó junto con el director del Banco Mundial (BM), David Malpass, para que el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dependiente del Banco, reconociera al "Gobierno de Guaidó" para tramitar los arbitrajes.

Ese proceso de robo de CITGO y entrega a empresas extranjeras se encuentra en etapa avanzada: el 22 de mayo un juez de la Corte Federal de EEUU avanzó en autorizar la liquidación de CITGO para que Crystallex cobre lo que afirma que se le debe.

Sin embargo, existe una resolución del Departamento del Tesoro que prohíbe la venta de CITGO. La posibilidad de que la filial de PDVSA sea rematada y perdida depende entonces centralmente de la decisión del gobierno estadounidense.

El oro

El BCV tiene, como varios bancos centrales, oro resguardado en el Banco de Inglaterra. A finales del 2018 efectuó el reclamo para recuperar 30 toneladas de ese oro. El Gobierno británico, en vista de su reconocimiento al "Gobierno interino de Guaidó" negó la solicitud y se quedó, de manera ilegal, con el oro.

La posición diplomática del Reino Unido fue sin embargo ambigua: reconocieron a Guaidó, pero recibieron a su "embajadora", Vanessa Neumann, sin las credenciales formales. Es decir que se construyó una zona gris, de reconocimiento incompleto —como en numerosos países, a diferencia de EEUU—, que, en caso de un conflicto como el de la tenencia del oro, no permite avanzar en una resolución.

Ante esa situación, y en vista de que el BCV hizo el reclamo legal ante un tribunal de Londres en mayo de este año, la justicia británica inició el lunes 22 de junio un debate para determinar si se reconocerá al BCV del Gobierno venezolano o a una junta ad hoc nombrada por Guaidó. La tenencia del oro dependerá de ese resultado.

El Gobierno venezolano propuso que el monto del oro reclamado —cerca de 1.000 millones de dólares— sea directamente transferido al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para atender la situación de pandemia y la emergencia humanitaria dentro el país.

La resolución de la Justicia británica afectará no solamente al oro en el Banco de Inglaterra, sino que será un punto de referencia para demás casos en disputa, como los 120 millones de dólares pertenecientes al BCV que mantiene el Deutsche Bank, o numerosas cuentas congeladas en diferentes bancos.

"El oro en Inglaterra se lo van a robar abiertamente, se quedaron con las cuentas, como hicieron con Libia, lo que no han podido quebrar internamente lo están haciendo internacionalmente, nos quieren secar de todos los bienes propiedad de la República para repartírselo entre las trasnacionales, que es el verdadero poder detrás del poder en EEUU y en Inglaterra", explica María Alejandra Díaz.

Guayana Esequiba

La constituyente señala otro frente de intento de despojo: la Guayana Esequiba, territorio en reclamación por Venezuela. "El próximo 30 de junio a petición de Guyana y Gran Bretaña, la Corte Internacional de Justicia(CIJ) decidirá si procede o no la reclamación venezolana de 159.542 km2 despojados por la Corona Británica en 1899".

El canciller, Jorge Arreaza, informó que Venezuela "conforme a su posición histórica y en estricto apego al Acuerdo de Ginebra de 1966, no asistirá a la insólita e irregular audiencia convocada por la CIJ sobre la demanda unilateral de Guyana".

"Quieren despojarnos definitivamente de la Guayana Esequiba, ese es el plan, cercenarnos la salida al mar por allí", explica María Alejandra Díaz. Detrás del intento de quedarse con el territorio en disputa se encuentran las transnacionales: "detrás de Guayana hay más de 12 transnacionales visibles, y ya han entregado concesiones de manera ilegítima".

Una de esas trasnacionales es la petrolera Exxon Mobile, con la cual se desató un incidente en diciembre del 2018 cuando la Marina Bolivariana interceptó dos de sus buques, enviados por el gobierno de Guayana, que se encontraban de manera ilegal en aguas venezolanas.

Los tiempos

¿Cómo se miden entonces los logros de la estrategia estadounidense? El saldo es negativo puesto en la figura política de Guaidó y la permanencia de Nicolás Maduro en el gobierno. Pero Guaidó es una pieza temporal, un accidente político: su designación como "presidente encargado" fue por una serie de coincidencias, no por sus cualidades ni su proyección a futuro.

En cambio, los intentos de despojo de oro, activos y territorios no son diseñados para ser temporales. Y es allí donde la estrategia avanza en su plan de intentar usurpar bienes del Estado.

Se trata de una articulación de actores visibles e invisibles: gobiernos, jueces, abogados, transnacionales, operadores políticos, que, de conjunto, se mueven entre las aguas del bloqueo económico y el asalto al poder, para repartir los bienes del país, rediseñarlo hoy y para el plan futuro.

Guaidó cumple aún un rol en ese esquema como engranaje para justificar legalmente, por ejemplo, el posible secuestro definitivo del oro en el Banco de Inglaterra. El Gobierno fantasma que dice encabezar es en realidad una legitimación de robo que tiene piezas por concretar.

¿Trump piensa en cambiar de estrategia hacia Venezuela como se especuló? Resulta difícil asegurarlo, en particular porque sus declaraciones están hoy, más que nunca, marcadas por la campaña electoral. Lo que es seguro es el mecanismo de despoje está dando frutos y que, a menos de cinco de meses de la contienda presidencial no hará un cambio público de política que le ponga votos en riesgo.

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Detenido en Cabo Verde el empresario colombiano Álex Saab, considerado por EEUU como uno de los testaferros de Maduro

El detenido es un agente financiero colombiano al que Estados Unidos acusa de ser uno de los hombres más poderosos del líder venezolano.

 

El empresario colombiano Alex Nain Saab Moran, señalado por la justicia de Estados Unidos de ser uno de los testaferros del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido detenido en el archipiélago africano de Cabo Verde, según fuentes conocedoras de la operación al diario 'El Tiempo'.

La detención, cuya fecha exacta no se ha concretado, ocurrió después de que su avión, de carácter privado pero con identificación venezolana, fuera aprehendido nada más aterrizar para repostar combustible mientras cubría una ruta de Rusia a Irán, según la información que baraja El Tiempo, corroborada según el medio por el entorno del empresario.

El detenido es un agente financiero colombiano al que Estados Unidos acusa de ser uno de los hombres más poderosos de Maduro. El pasado mes de mayo se dio a conocer que Saab había sido designado por el presidente venezolano para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán.

Saab ayudó a negociar el acuerdo de Irán con el ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, según informaron en su momento a Bloomberg fuentes próximas a otros encargos previos del empresario, como el refuerzo de la relación de Venezuela con Turquía, a través del envío de 900 millones de dólares en oro en 2018.

En aquella época, las autoridades estadounidenses temieron que parte del oro acabara llegando a Irán, incumpliendo así el régimen de sanciones.

Hace apenas tres días la Fiscalía colombiana confiscó a Saab bienes por valor de 10 millones de dólares, tras acusarle de realizar exportaciones e importaciones ficticias a través de varias compañías, entre ellas la textilera Shatex, para lavar millones de dólares en activos.

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