Biden anunció nuevas sanciones en contra del gobierno cubano.. Imagen: AFP

La Cancillería de la isla rechazó las "calumniosas" medidas de los Estados Unidos

Aunque el demócrata dijo que analiza posibles cambios para mejorar la situación humanitaria de la isla, el primer anuncio concreto sólo incluyó castigos.

 

El presidente estadounidense Joe Biden anunció este jueves nuevas sanciones contra el gobierno de Cuba. El canciller cubano, Bruno Rodríguez rechazó las “calumniosas” medidas y dijo que Estados Unidos debería atender la represión y violencia social que sucede en su propio territorio. A su vez el diplomático exigió pruebas de las acusaciones hechas por el gobierno estadounidense.

Bloqueo y más sanciones

La administración Biden anunció que el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior cubano (MININT), fueron incluidos en una lista prohibitiva de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, lo cual no le permitiría acceder al sistema financiero estadounidense. La OFAC congeló las propiedades e intereses de López Miera, así como de la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior de Cuba, señalándolos de abusos de los derechos humanos en el marco de las manifestaciones

Las sanciones contra López Miera y la unidad especial del MININT congelan todos los activos e intereses que tengan en Estados Unidos, y también prohíben que cualquier ciudadano, residente o entidad estadounidense hagan transacciones con ellos. Sin embargo, el impacto de las sanciones de Washington es limitado porque el MININT en su conjunto ya estaba en la lista de la OFAC y López Miera probablemente no tenga activos bajo jurisdicción estadounidense. Consultado al respecto, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. , Ned Price, admitió que esto era "en gran parte para enviar un mensaje" a Cuba. Más tarde en conferencia de prensa, el canciller cubano afirmó que López Miera no tiene cuentas en Estados Unidos y tampoco interés en viajar a ese país.

Biden y la OEA

"Esto es solo el comienzo: Estados Unidos seguirá sancionando a los responsables de la opresión del pueblo cubano”, amenazó Biden en referencia a las sanciones anunciadas este jueves y que afectan específicamente al ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y a la Brigada Nacional del Ministerio del Interior. “De manera inequívoca condeno las detenciones masivas y los falsos juicios que injustamente condenan a prisión a aquellos que se atreven a hablar en un esfuerzo por intimidar y amenazar al pueblo cubano para que se mantenga en silencio. El pueblo cubano tiene el mismo derecho a la libertad de expresión y la protesta pacífica que cualquier otro pueblo”, sostuvo el mandatario norteamericano.

"Estados Unidos apoya a los valientes cubanos que han salido a las calles para oponerse a 62 años de represión bajo un régimen comunista", agregó Biden en un comunicado. Mientras que, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, defendió las nuevas sanciones contra Cuba. “El Tesoro continuará aplicando sus sanciones relacionadas con Cuba, incluyendo las impuestas hoy, para apoyar al pueblo de Cuba en su búsqueda de la democracia y el alivio del régimen cubano”, aseguró Yellen.

Biden además se comprometió a trabajar junto a la Organización de Estados Americanos (OEA) para "presionar al régimen para que libere de inmediato a los presos políticos detenidos injustamente, restablezca el acceso a internet y permita que los cubanos disfruten de sus derechos fundamentales".

La doble vara de EE.UU.

La respuesta del gobierno de Cuba no se hizo esperar. El canciller Bruno Rodríguez señaló que Estados Unidos "debería aplicarse a sí mismo la Ley Global Magnitsky por los actos de represión cotidiana y brutalidad policial que costaron 1.021 vidas en 2020", en referencia a la ley sobre la que se basa EE.UU. para imponer las nuevas sanciones contra las autoridades de la isla, que se suman a las más de 200 impuestas por el gobierno del republicano Donald Trump.

Ante las nuevas medidas contra la isla, el jefe de la diplomacia cubana le reprochó al gobierno estadounidense su doble discurso humanitario y  la falta de voluntad de la administración de Biden para eliminar el bloqueo económico así como otras medidas de presión que afectan a la sociedad de Cuba, especialmente la eliminación del tope y las limitaciones a las remesas, la reactivación de las visas de reunificación familiar y de los viajes a la isla. La Casa Blanca de Donald Trump (2017-2021) prohibió en noviembre del año pasado el envío de remesas a Cuba, una medida con la que EE.UU. aumentó rápidamente el ahogo económico a la isla y que Biden mantiene intacta tras seis meses en el poder. "Si al Gobierno de Estados Unidos le preocupara el bienestar del pueblo cubano pondría fin al bloqueo con que intenta asfixiarnos, a las acciones ilegales de injerencia en los asuntos internos de Cuba y a las campañas de desinformación para justificar con mentiras sus medidas de agresión", aseguró el canciller en un comunicado.

Más tarde Rodríguez habló en conferencia de prensa donde rechazó las acusaciones del gobierno de Joe Biden al tiempo que le exigió pruebas de los señalamientos hechos por la administración estadounidense. "Se han publicado listas de personas desaparecidas, aquí declaro que son absolutamente falsas y rechazo que haya un solo caso", afirmó el diplomático. "Emplazo a las personas que se han referido a eso que presenten nombres, lugares, evidencia", agregó.

Respecto a las acusaciones de la Casa Blanca sobre el acceso a Internet en la isla, Rodríguez aseguró que "el obstáculo principal a la conectividad de los ciudadanos cubanos a Internet es el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, es la manipulación extrema de las redes digitales".

El jefe de la diplomacia también se refirió a las acusaciones del gobierno de Biden sobre las remesas. "Miente desvergonzadamente el gobierno de los EE.UU. cuando dice que el gobierno cubano se apropia de parte de las remesas. Las remesas no se gravan, no hay impuestos, no hay aranceles. Quien fija una comisión de servicio no es el gobierno cubano, es la compañía Western Union", afirmó Rodríguez que reiteró el pedido de pruebas sobre estas acusaciones.

22/07/2021

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Viernes, 16 Julio 2021 15:53

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Venezuela: las negociaciones Gobierno-oposición y la “revisión” de las sanciones imperialistas

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Canadá emitieron este viernes un comunicado conjunto en el que se declaran dispuestos a "revisar las sanciones" impuestas contra Venezuela si se produce "un avance significativo en una negociación global". Esto pone en evidencia las negociaciones secretas que se vienen realizando entre Gobierno y oposición.

 

Las negociaciones y los acuerdos han avanzado de manera acelerada, con la particularidad que se realizan a puertas cerradas, más allá de las declaraciones altisonantes que uno y otro sector suele soltar a cada tanto. Éstas vienen desde antes de la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), pero una vez definido el ente electoral en los primeros acuerdos, se han hecho más frecuentes los gestos públicos.

Los primeros movimientos los operó el sector de derecha vinculado a Henrique Capriles, pero rápidamente Juan Guaidó dio un giro en su política proponiendo negociar con Maduro en función de las declaraciones hechas por su patrocinador Estados Unidos. Para la segunda semana de mayo Estados Unidos declaraba "una solución integral y negociada" a la crisis en Venezuela, tal como lo hiciera saber la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung. Por su parte, a Unión Europea lo había declarado unos días antes.

Otro movimiento que ya se había realizado en el marco de las negociaciones, fue el anuncio que diera a conocer la administración Biden, de otorgar una “licencia” para que Venezuela pudiera realizar transacciones y actividades vinculadas al manejo de la pandemia del coronavirus. Una medida decretada a casi un año y medio de una pandemia que azota al país y luego de tanto tiempo de muertes y contagios que amenaza con extenderse, colocando al desnudo todo su cinismo y discurso “humanitario” del imperialismo estadounidense.

Una “autorización” está en el marco de las actuales negociaciones entre el gobierno y sectores de la oposición. Como vemos, no es la salud de los venezolanos lo que lo lleva a hacer tales movimientos a Estados Unidos, sino el de favorecer al sector de la oposición que está en las discusiones como un arma de fuerza jugando con el hambre y la salud del pueblo.

En estos momentos una delegación de la oposición vinculada a Guaidó se encuentra en Estados Unidos representada por Leopoldo López, Carlos Vecchio y Nora Bracho, para recibir instrucciones del gobierno de Biden, tras reuniones con representantes en el Congreso, con la Casa Blanca y el Departamento de Estado. “Ha sido muy clara la Administración del presidente Biden en que no habrá levantamiento de sanciones si no hay avances significativos y permanentes hacia la solución de la crisis”, declaró Leopoldo López luego de reunirse con el senador estadounidense Rick Scott.

Por eso, la declaración conjunta de este 25 de junio entre la UE, EE.UU. y Canadá, solo viene a indicar que las negociaciones no solo siguen su curso, sino que desde las potencias emiten esta declaración para poner sobre la mesa las sanciones como mecanismo de presión. Hasta el momento se trata de la señal más clara por parte Joe Biden, de considerar el levantamiento de sanciones impuestas contra Venezuela si Maduro cede en las pretensiones de los sectores de la oposición.

La declaración, firmada por el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Marc Garneau, eufemísticamente señala que la solución al conflicto político en Venezuela "tiene que venir del pueblo venezolano mismo”. Pero si así fuere, las imposiciones imperialistas ni deberían existir. Las sanciones, que se mantienen desde hace años, muestran toda la falsedad de tal afirmación y revelan el nivel de la injerencia imperialista de Estados Unidos y los otros países.

El propio Guaidó lo declaraba semanas atrás diciendo que el "incentivo" para que el gobierno acceda a cumplir todos los puntos planteados por la oposición sería “el levantamiento progresivo de sanciones, condicionado al cumplimiento de los objetivos del acuerdo”. Algo impensable para este sector antes de las primeras declaraciones de Estados Unidos.

Borrell, Blinken y Garneau indican que: "Aplaudimos avances sustantivos y creíbles para restaurar los procesos democráticos e instituciones centrales de Venezuela y estamos dispuestos a revisar la política de sanciones sobre la base de un progreso significante en una negociación global". Señalando también que las condiciones electorales en el país cumplan los "estándares internacionales democráticos" empezando por las elecciones locales y regionales programadas para el 21 de noviembre.

Es por eso que este mismo viernes, el encargado de negocios de la UE en Venezuela, Duccio Bandini, informó la llegada el próximo seis de julio de la misión exploratoria que evaluará la participación europea en dichas elecciones. Siendo que el 21 de junio, el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, ya había anunciado el envío de tal misión técnica.

Desde Washington, antes de esta declaración firmada Antony Blinken ya se venían realizando movimientos por figuras estadounidenses que son consideradas de buen acceso a la Administración Biden que venían hablando con Maduro y el resto del entorno gubernamental venezolano. Entre ellas, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory Meeks, el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson y el director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley.

Todos estos movimientos ya los veníamos analizando desde La Izquierda Diario, pues las negociaciones se daban desde hace varios meses en los entretelones. Es evidente que la nueva coyuntura abierta en América Latina tanto desde el punto de vista de la lucha de clases (como hemos visto con los acontecimientos de la rebelión en Colombia), así como las oscilaciones en la superestructura de la política burguesa latinoamericana (como expresa la elección de Pedro Castillo en Perú y -por derecha- Guillermo Lazo en Ecuador), sin dejar de mencionar lo que acontece en Chile, en Brasil o El Salvador. En síntesis, toda una nueva situación política en el continente.

La Administración Trump confiscó los activos y cuentas líquidas de Venezuela en EE.UU., impuso un bloqueo en el sector petrolero con una prohibición de facto a las importaciones estadounidenses de petróleo venezolano, y sanciones a empresas que establecieran negocios con Venezuela y que al mismo tiempo lo hicieran en Estados Unidos, entre otras medidas.

Rechazar todo tipo de agresiones imperialistas está en el orden del día, así como repudiar las sanciones económicas, que no hacen más que aumentar las penurias de un pueblo que viene sufriendo desde hace muchos años las calamidades que caen sobre sus espaldas, de una de las mayores catástrofes económicas y sociales que haya tenido el país y los ataques antiobreros y antipopulares del Gobierno represivo de Maduro. Hay que ser claros en exigir el fin inmediato de las sanciones imperialistas y la devolución ya al Estado venezolano de todos los bienes confiscados.

En todos estos movimientos que se dan por arriba entre el Gobierno y la oposición con el visto bueno del imperialismo detrás, los trabajadores y el pueblo no tienen absolutamente nada que les pueda favorecer. Todo lo contrario. Si Maduro viene con toda una política de destrucción del salario, la eliminación de conquistas contractuales y un curso privatizador y entreguista, por parte de la oposición de Guaidó como de los otros sectores, así como de los grandes sectores patronales, es avanzar también en el mismo sentido, tal como lo han hecho público, incluyendo el famoso Plan País que levantaran los opositores.

Mientras esta situación sigue abierta el drama nacional de la catástrofe económica y social sigue castigando al pueblo con las grandes calamidades, una situación que ha empeorado con la pandemia. Para el pueblo trabajador se trata de recuperar la capacidad de lucha y organización para resistir a todos los ataques en curso y los que vendrán, y no caer en los cantos de sirenas de estos diálogos y pactos que se llevan a cabo por arriba. Solo un curso de acción independiente frente todas estas variantes políticas, al calor de las peleas que van librando, permitirá sentar las bases para construir organizaciones obreras y políticas con clara independencia de clase.

Milton D'LeónCaracas @MiltonDLeon

Viernes 25 de junio | 23:06

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Biden extiende decreto que considera a Venezuela una amenaza para la seguridad de EE. UU.

El presidente estadounidense, que mantiene las sanciones económicas decretadas por Donald Trump, ha ratificado este miércoles el decreto de Barack Obama de marzo del 2015 que considera a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. La saga del intervencionismo de Trump continúa de la mano de Biden.

 

Joe Biden, extendió la duración del decreto de emergencia nacional con respecto a Venezuela, al considerar que la situación en el país “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.

El 8 de marzo del 2015, el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, emitió una orden ejecutiva en la que implementaba y ampliaba las sanciones que venían siendo aprobadas por el Congreso ya a finales de diciembre del 2014, declarando al mismo tiempo una “emergencia nacional” ante lo que consideraban el “riesgo extraordinario” que supondría la situación de Venezuela para la seguridad de Estados Unidos.

En una carta al Congreso Biden manifiesta que “De acuerdo con esta disposición, he enviado al Registro Federal para su publicación el aviso adjunto en el que se declara que la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, con respecto a la situación en Venezuela, continuará en efecto más allá del 8 de marzo de 2021″.

La misiva del presidente continúa, “La situación en Venezuela continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Por lo tanto, he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en el Decreto Ejecutivo 13692 con respecto a la situación en Venezuela.”

Una declaración de “emergencia nacional” y que un país constituya una amenaza para la seguridad nacional, es un instrumento que le permite al presidente estadounidense, en determinadas circunstancias, ir más allá de lo que haya aprobado el Congreso a la hora de dictar sanciones contra un país.

Todo el mundo sabe que un país del nivel de Venezuela, hundida en una de las mayores catástrofes económica y social, no constituye ninguna amenaza a la seguridad nacional de una de las potencias más importantes del mundo y con el mayor poderío militar del planeta. Que dicho sea de paso en estos momentos se encuentra en una agresión militar directa en Siria realizando la primera intervención militar de la era Biden.

Biden sigue con la política agresiva de Trump, gobierno durante el cual se vio una de las mayores injerencias contra Venezuela llegando incluso a usar la amenaza de una intervención militar en el país. Y su objetivo, con la extensión del decreto ejecutivo de Obama, no busca más que apuntalar a una oposición de derecha en la representación de Guaidó que desde hace ya tiempo, se encuentra en total debacle política y completamente dividida.

Esta extensión del decreto se da luego que el martes el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, indicó que continúa considerando a Guaidó como “presidente interino” de Venezuela. Todo esto a través de una videoconferencia entre Blinken y Guaidó.

Sabemos del cinismo y la hipocresía del imperialismo cuando habla de derechos humanos que no pasa de utilizarlo para sus objetivos injerencistas o justificar escaladas para su intervencionismo. Vemos cómo incluso en su propio territorio, en pleno siglo XXI, Biden mantiene los centros de detención para niños migrantes en EE. UU. que son verdaderos campos de concentración, para solo mencionar un ejemplo entre miles de otros.

Jamás les ha interesado la situación del pueblo trabajador de Venezuela, quien es el que sufre en carne propia la más grande violación a sus derechos por parte del Gobierno de Maduro, un régimen autoritario y cuasidictatorial que mantiene decenas de trabajadores presos por luchar además de condenarlos a una de las mayores calamidades con salarios mínimos que no llegan a un dólar mensual.

Basta una demostración para ello. Mientras el pueblo ya sufre una de las mayores penurias y sufrimientos por las políticas antiobreras y antipopulares de Maduro, EE. UU. impone sanciones económicas imperialistas que solo llevan a agravar la situación agobiante. Y para ello no les tiembla el pulso.

Repudiar la política de injerencismo y agresión de Biden con la extensión de los decretos ejecutivos de Obama y la mantención de todas las sanciones económicas mantenidas por Donald Trump que siguen agravando los padecimientos del pueblo, es una cuestión fundamental. El enfrentamiento a Maduro y todas sus políticas autoritarias que violan los derechos democráticos más elementales del pueblo trabajador, no puede pasar por apoyarse en las políticas de la oposición de derecha, que no busca más que ataduras al imperialismo y políticas tan criminales contra los trabajadores como las de Maduro.

Redacción La Izquierda Diario Venezuela

Jueves 4 de marzo | 00:10

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El experimento de qué pasa si un país y un gigante tecnológico chocan: la confrontación entre Facebook y Australia

La red social reacciona con un apagón informativo a la intención del gobierno australiano de hacerle pagar por las noticias que comparten sus usuarios. Los algoritmos han censurado también decenas de páginas del gobierno y la sociedad civil

 

En los últimos tiempos los gobiernos han subido el tono con las multinacionales digitales. La cosa empezó con la manipulación informativa de Cambridge Analytica y los rusos pero siguió con la precarización que impone su economía a escala, con los gastos extra que suponen para los estados, con su ingeniería financiera para pagar menos impuestos, con sus prácticas monopolísticas, con sus algoritmos sesgados o con sus estrategias para mantenernos enganchados.

En ese tira y afloja con las GAFAM (Google, Apple, Amazon, Facebook y Microsoft), Australia ha sido la primera en probar hasta dónde puede estirarse la cuerda antes de romperse. Los resultados preliminares de ese experimento son: 1) a los países no va a serles fácil torcer la voluntad de estas multinacionales; y 2) hay varias y todas son monopolios en sus sectores, por lo que un conflicto con solo una de ellas puede llevar a problemas.

Una exigencia made in Australia

El problema que ha elegido Australia para lanzar el órdago es, curiosamente, una disputa aletargada desde los primeros pasos de Internet: ¿cómo deben remunerar las multinacionales tecnológicas a los medios de comunicación por el uso de sus contenidos en sus plataformas?

Tras años de tregua, parlamentos de todo el mundo han retomado el debate sobre esto. También en España. El dominio de la publicidad digital de Google y Facebook está tan consolidado que ya no hay dudas sobre la necesidad de regulaciones a medida. Las compañías por su parte han aceptado que ha llegado el momento de pagar, después de muchos años usando las noticias como vía para extraer datos sobre los intereses de sus usuarios con los que rellenar sus perfiles publicitarios.

El punto medio donde gigantes digitales y empresas editoras se están encontrando son los acuerdos individuales con cada medio para llevar a cabo esa remuneración, que ya se han firmado en varios lugares del mundo.

El Gobierno y el Parlamento australiano quieren ir un paso más allá: pretenden establecer tasas reguladas por ley a negociar entre las plataformas y los medios. Si no se ponen de acuerdo, entra en acción un organismo de mediación. El problema es que las plataformas no quieren ni oír hablar de estos entes intermediarios, ni en Australia ni en ningún otro lugar. España, por ejemplo, es el único país europeo sin Google News y el motivo es que Google se negó a negociar con un intermediario, una SGAE de la prensa, llamada Cedro. Ante el ultimátum del canon AEDE, la multinacional desactivó el servicio de agregación de noticias. Y así lleva desde 2014.

Australia también quiere que tanto Google como Facebook informen a los editores sobre los cambios que vayan a introducir en los algoritmos, con el fin de que puedan estar preparados de antemano. Estas modificaciones en la forma en la que las tecnológicas muestran la información pueden resultar dramáticas para los medios, que sufren una gran dependencia de la visibilidad que obtienen de Google y Facebook.

Si los entes intermediarios son una línea roja para las plataformas, lo de abrir sus algoritmos a los medios locales australianos y darles en exclusiva una información por la que negocios de todo el mundo –mucho más allá de la industria mediática– estarían dispuestos a pagar millones, a las multinacionales les suena ya a exigencia de otro planeta.

Apagón informativo

Google amenazó con bajar la persiana y abandonar totalmente Australia si esta insistía en sus demandas, aunque finalmente ha llegado a un acuerdo con News Corp., la multinacional editora de un buen número de cabeceras en el país, y con otros medios locales. El trato es similar al alcanzado con editores de Francia, Reino Unido o Brasil y no incluye ninguna cláusula sobre algoritmos.

Facebook, en cambio, ha decidido cortar por lo sano y vetar todos los enlaces de noticias y las páginas de Facebook que publican información para los 16 millones de australianos que usan sus servicios. Antes incluso de que Australia apruebe la ley.

La decisión ha producido un caos informativo este jueves. Un apagón informativo que recuerda a esos que los que protagonizan las dictaduras o cuando se llevan a cabo golpes de Estado como el de Birmania, donde lo primero que se hace es cortar el acceso a las redes sociales. La diferencia es que en esta ocasión ha sido una multinacional la que ha dejado a oscuras a los ciudadanos.

El debate ha trascendido rápidamente de disputa comercial a las libertades fundamentales. "Es extremadamente preocupante que una empresa privada esté dispuesta a controlar el acceso a la información de la que dependen las personas. La acción de Facebook demuestra claramente por qué permitir que una empresa ejerza un poder tan dominante sobre nuestro ecosistema de información amenaza los derechos humanos", ha denunciado Amnistía Internacional, que pide a la empresa de Zuckerberg que "revoque inmediatamente la decisión".

Uno de los aspectos más graves es que la acción de Facebook ha arrasado un gran número de páginas que no son medios de comunicación. El periodista Kevin Ngouyen ha ido recopilando en Twitter los casos en los que los algoritmos han censurado páginas meramente informativas, que se cuentan por decenas. Entre ellos hay páginas oficiales del Gobierno australiano, de sindicatos, de ONG, de asociaciones deportivas, benéficas, de víctimas de violencia de género, metereológicas, de aviso de incendios...

por Carlos del Castillo

18 de febrero de 2021 23:03h

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La ONU pide levantar las sanciones a Venezuela por sus efectos devastadores

La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió este viernes levantar las sanciones económicas que varios países han impuesto a Venezuela en los últimos años, en vista de los «efectos devastadores» que han tenido estas restricciones financieras sobre la vida de los ciudadanos.

El exhorto lo hizo la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, al término de una visita de 12 días al país, en la que se entrevistó con decenas de personas para entender, dijo, una «situación muy compleja y alarmante».

Si bien las observaciones presentadas en rueda de prensa son de carácter preliminar, aclaró la relatora, estas surgieron de un «diálogo franco y abierto» en el que hubo «exhaustivas consultas con una amplia gama de interlocutores».

EL DIAGNÓSTICO

Venezuela enfrenta una carencia en categorías como maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas, mientras que los activos del país congelados en los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal representan 6.000 millones de dólares.

El informe, que la relatora leyó en primera persona frente a decenas de periodistas, estima también que desde 2015 el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor oscila entre 1 y 5 millones, si bien la propia ONU estima que son 5,4 millones de emigrantes en este momento.

Según el escrito, los servicios públicos, que presentan desde hace años numerosos fallos, han tenido una merma del 30 al 50 % de su personal, mientras que hay más de 2,5 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria severa.

«Cuatro años de hiperinflación han traído como consecuencia la total devaluación de la moneda nacional», señaló Douhan, para luego recordar que cerca del 90 % de la población recibe menos de 10 dólares mensuales, lo que alcanza para menos del 1 por ciento de la cesta alimentaria y les condena a la pobreza extrema.

Los problemas de transporte, causados entre otros por la escasez de gasolina, así como la falta de electricidad y una reducida cobertura de telefonía móvil e internet ponen en peligro el disfrute del derecho a la educación.

LAS SANCIONES

«Las sanciones unilaterales impuestas, cada vez en mayor medida, por los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países han exacerbado las calamidades (en Venezuela)», explicó Douhan, quien mencionó que el país hoy percibe menos del 1 % del ingreso que tenía antes de que comenzaran las medidas coercitivas.

Principalmente desde Estados Unidos, pero también desde otros países americanos y europeos, se han aplicado cientos de sanciones contra funcionarios de la llamada revolución bolivariana y sobre el sistema financiero nacional.

Este embargo económico incluye la prohibición de hacer negocios con la estatal petrolera Pdvsa o la congelación de activos del Banco Central de Venezuela (BCV), pero también el hecho de que EE.UU. ha tratado de impedir que Venezuela reciba combustible de Irán y de que ha habido «amenazas» y «presiones» para que terceros no suscriban contratos con Caracas.

También en el marco de las sanciones, que en su mayoría están sustentadas en el señalamiento del Gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, Venezuela, o al menos el Ejecutivo, no ha podido acceder a dinero público depositado en el extranjero.

La relatora subrayó que sancionar sectores económicos como el petróleo, oro, minería y otros, la aerolínea estatal y la industria de la televisión estatal constituyen «una violación del derecho internacional y su ilicitud no se excluye con hacer referencia a las contramedidas».

En este sentido, recordó que los activos del BCV y los bienes utilizados para funciones públicas pertenecen al Estado venezolano y no al Gobierno y, por lo tanto, la congelación de estos recursos «viola los derechos soberanos del país e impide a su Gobierno ejercer su deber de garantizar las necesidades de la población».

LAS RECOMENDACIONES

Douhan concluye que las sanciones impuestas al país «afectan al pueblo venezolano» y «han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes», lo cual «ha tenido un efecto devastador en toda la población».

Esto, además, deja a las personas cada vez más dependientes de la ayuda social de un Gobierno que tradicionalmente ha usado las importaciones para saciar las necesidades de comida y salud, y que ahora no es capaz de sufragar estas demandas, entre otras razones, por la merma casi total de su poder adquisitivo.

La relatora subrayó la «inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente» e instó al Gobierno de los EE.UU. a «reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano», así como «revisar y levantar las sanciones secundarias impuestas a terceros países», relacionadas con la tirantez entre Caracas y Washington.

El exhorto también se dirigió a todos los Estados para que revisen y levanten las sanciones selectivas «para garantizar que los funcionarios del Gobierno de Venezuela puedan representar al Estado con base al principio de igualdad soberana».

Asimismo, se exhorta al Gobierno de Maduro para que, junto a agencias de la ONU, negocie un acuerdo para «garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales sin distingos».

Douhan se dijo preocupada por la falta de personal sanitario y de medicamentos en Venezuela, por lo que lamentó que los intentos por liberar los fondos congelados del país en el extranjero hayan sido infructuosos pues, remarcó, estos serían usados para paliar esta situación.

De igual modo, se mostró alerta ante «la vigilancia y enjuiciamiento» del personal de las ONG involucradas en el trabajo humanitario y la ausencia de normas provisionales que regulen el trabajo de estas asociaciones en el país, por lo que cree necesario que se establezca un marco legal claro y no discriminatorio al respecto.

LAS REACCIONES

La oposición venezolana acusó a la relatora de seguir la narrativa del Gobierno sobre las sanciones económicas a su país, si bien Douhan aseguró en la rueda de prensa que su trabajo se rigió por un independencia total.

«Lamentamos que una relatora de ONU se preste para la propaganda y narrativa que excusa al régimen de su responsabilidad en la Emergencia Humanitaria y la violación de DDHH en el país», dijo el exparlamentario Miguel Pizarro en Twitter.

El opositor indicó que la relatora cometió imprecisiones pues, según dijo, no mencionó «temas como corrupción, ineficiencia, violencia política y uso del hambre como herramienta de control social y político».

Maduro, por su parte, reconoció que la crisis humanitaria de Venezuela es «enorme» y reiteró su denuncia de que es causada por las sanciones, pese a que la situación crítica comenzó años antes de que el país fuera sancionado.

«Hoy la relatora ha hecho un llamado al Gobierno de Estados Unidos, al Gobierno de la Unión Europea (UE) a que revisen las sanciones y levanten las sanciones contra Venezuela porque han exacerbado una crisis humanitaria gigantesca, enorme, contra el pueblo», dijo Maduro, que hasta mediados de 2019 negaba la existencia de la urgencia humanitaria.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacional/onu-pide-levantar-sanciones-venezuela-efectos-devastadores_1_7216472.html

Por | 13/02/2021

 

A continuación, el informe completo

Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales:

La Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, concluye su visita a la República Bolivariana de Venezuela

Resultados preliminares de la visita a la República Bolivariana de Venezuela

Caracas (12 de febrero de 2021), La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, visitó la República Bolivariana de Venezuela del 1 al 12 de febrero de 2021. La Relatora agradece al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por permitir y apoyar su visita al país. El propósito de la visita fue evaluar el impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en Venezuela y cualquier otra persona afectada.

Estas observaciones son de carácter preliminar, resultado de extensas consultas con una amplia gama de interlocutores. El informe completo se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.

El Relator Especial se reunió con el Presidente y el Vicepresidente de la República; los Vicepresidentes a cargo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral; los Ministros de Relaciones Exteriores, de Salud, de Educación, de Planificación, de Economía, de Finanzas, de Petróleo, de Minería, de Alimentación, de Mujer e Igualdad de Género, de Bloqueo, de Vivienda, de Trabajo Social, de Ciencia, de Tecnología, de Transporte, de Cultura y de Pueblos Indígenas; el Coordinador de los Comités Locales de Producción y Abastecimiento (CLAP); el Secretario General del Comité de Derechos Humanos; el Presidente de PDVSA; el Presidente del Banco Central, el Director de Telecomunicaciones el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General, el Procurador General; el Presidente y los miembros de la Asamblea Nacional; el Defensor del Pueblo; el Secretario Ejecutivo del ALBA; representantes de todo el espectro de partidos políticos, de la oposición y de los sindicatos; de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales; del sector privado; de la iglesia católica; así como actores no gubernamentales venezolanos que trabajan en los ámbitos de la salud, los derechos humanos, la protección de la infancia, las mujeres y los ancianos; personal médico; profesores universitarios; maestros de escuela; investigadores independientes y, lo que es más importante, víctimas de violaciones de los derechos humanos.

La Relatora Especial también se reunió con representantes del equipo de las Naciones Unidas en el país y de la comunidad diplomática. Visitó el Hospital Infantil del Corazón; la planta farmacéutica Quimbotiec; el complejo Canaimita; la escuela primaria Hugo Chávez y el preescolar Ciudad Mariche, en las afueras de Caracas. En el Estado de Carabobo, el Gobernador facilitó una reunión con los directores de las empresas públicas (agua, electricidad, gas y telecomunicaciones), la maternidad adscrita al hospital estatal, uno de los centros provinciales de salud primaria inspirados en el modelo cubano y varias organizaciones no gubernamentales.

La Relatora Especial extiende su agradecimiento y gratitud a todos estos interlocutores que han ofrecido generosamente su tiempo, información, análisis, experiencias y pensamientos para ayudarla a comprender en poco tiempo lo que ha resultado ser una situación muy compleja y alarmante.

La Relatora Especial elogia la cálida acogida y la forma constructiva y cooperativa en que el Gobierno facilitó su visita, lo que permitió un diálogo franco y abierto. Expresa su especial agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores por su eficaz colaboración con su oficina. También agradece a la oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas su apoyo y asesoramiento durante la visita.

Contexto de la visita al país

Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela desde 2005, cuando introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente implicadas en el tráfico de drogas. Impuso un embargo de armas en 2006 por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente en los esfuerzos antiterroristas.

Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos a los que se acusa, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores políticos, recortar las libertades de prensa y la corrupción. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior de Estados Unidos.

En 2017, Estados Unidos calificó de ilegítimas las elecciones legislativas venezolanas e impuso sanciones contra el Gobierno y sus entidades, incluida PDVSA, bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, tras las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endureció sus sanciones contra el gobierno, citando la mala gestión económica, la corrupción, la represión de los opositores políticos y los esfuerzos por socavar la democracia.

En enero de 2019, tras reconocer al líder legislativo Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso más sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019. Estados Unidos también dio a Guaidó el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo. Otras sanciones de Estados Unidos en 2018 y 2019 se dirigieron a los sectores del oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca. En septiembre de 2020, se impusieron sanciones estadounidenses a cinco legisladores que dirigían partidos que cooperaban con el Gobierno. Desde 2020, Estados Unidos ha tratado de bloquear a Venezuela para que no obtenga combustible de Irán mediante la inclusión en la lista de capitanes de petroleros, la prohibición del uso de puertos aéreos y marítimos venezolanos y el bloqueo de activos de Rosneft. Al parecer, funcionarios estadounidenses han proferido amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros Estados con Venezuela.

El Relator Especial toma nota de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos, de 21 de enero de 2020, de revisar las sanciones de los Estados Unidos para minimizar el impacto humanitario de la pandemia, y de la medida del Gobierno de los Estados Unidos, de 2 de febrero de 2021, de suavizar las sanciones que afectan al funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos.

La Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, entre ellas un embargo de armas, la prohibición de exportar otros bienes que pudieran utilizarse para la represión interna, la prohibición de exportar tecnología y material hecho para la vigilancia o interceptación de las telecomunicaciones, y la prohibición de viajar y la congelación de activos de personas cuyas acciones fueron consideradas por la UE como un atentado contra la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, que han sido impugnadas por Venezuela ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se informó de que 1.200 millones de dólares en fondos del Gobierno de Venezuela han sido congelados por un banco portugués en 2019. Cerca de 2.000 millones de dólares en oro propiedad del Banco Central de Venezuela y depositados en el Banco de Inglaterra también están congelados mientras avanza un caso en los tribunales británicos.

En 2017 y 2018, Canadá congeló activos y prohibió las transacciones de bienes de funcionarios venezolanos acusados de represión, graves violaciones de los derechos humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos. En 2018, México congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a 13 altos funcionarios venezolanos. En 2018 y 2019, Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela y congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a funcionarios venezolanos. En 2019, Colombia prohibió la entrada de unos 200 venezolanos vinculados al gobierno. Panamá impuso sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas en 2018 consideradas de alto riesgo de participar en el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

En 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles el acceso a sus sistemas financieros. También en 2019, la mayoría de las partes del Tratado de Río aprobaron una resolución que permitía imponer sanciones selectivas, incluida la congelación de activos, a funcionarios venezolanos presuntamente implicados en el narcotráfico, las actividades terroristas, la delincuencia organizada y/o las violaciones de derechos humanos.

El 13 de febrero de 2020, Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas coercitivas unilaterales.

Situación económica y humanitaria en Venezuela

Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del planeta. El petróleo ha sido la principal exportación del país y la principal fuente de ingresos y divisas. Desde el año 2000, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un amplio abanico de proyectos sociales en los ámbitos de la vivienda, la educación, la alfabetización, la alimentación, el suministro de electricidad y agua, la atención sanitaria, la planificación familiar, la alfabetización informática y el desarrollo de las comunas, muchos de los cuales se han ejecutado sin coste alguno para el pueblo o han sido sustancialmente subvencionados por el Estado. La economía monoorientada ha dependido en gran medida de las ventas de petróleo; la mayoría de los productos, desde la maquinaria y las piezas de repuesto hasta los alimentos y los medicamentos, se han importado principalmente de Estados Unidos y Europa. La producción interna se ha mantenido en un nivel bastante bajo y no ha podido satisfacer las necesidades del consumo interno. El declive de la economía comenzó en 2014 con la caída de los precios del petróleo. Entre otros factores que afectan a la economía de Venezuela, se han citado la mala gestión, la corrupción y los controles estatales de precios.

Las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas mencionados. Se ha informado de que los ingresos del Gobierno se han reducido en un 99% y que el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones. Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estado y a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas. Cuatro años de hiperinflación han provocado la devaluación total de la moneda nacional (1 USD = 1,8-1,9 millones de bolívares). Esto ha provocado la disminución de los salarios del sector público de 150-500 USD en 2015 a 1-10 USD en 2020, y un creciente nivel de pobreza. En 2018-2019, el Gobierno introdujo nuevas políticas económicas: se levantó el control de precios y se permitió que el sector privado volviera a entrar en la economía.

Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones a las que se enfrenta el país desde 2015 socava el posible impacto positivo de las actuales reformas, así como la capacidad del Estado para mantener las infraestructuras y ejecutar proyectos sociales. Actualmente, Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. Se informa de que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados. El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo o la reticencia de los bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluidas las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; las dificultades para obtener visados y comprar billetes; la necesidad de actuar a través de agentes de terceros países; y la necesidad de pagar costes de seguro adicionales. El refuerzo de las sanciones económicas y el creciente exceso de cumplimiento dieron lugar a la aprobación de la Ley Constitucional Antibloqueo en octubre de 2020.

Se ha informado de que las líneas eléctricas pueden trabajar hoy en día a menos del 20% de su capacidad. Se estima que el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor desde 2015 oscila entre 1 y 5 millones, y que la población se reducirá a unos 27 millones en 2021. La mayoría de los servicios públicos se han visto mermados entre un 30% y un 50% de su personal, incluido el más cualificado (médicos, enfermeras, ingenieros, maestros, profesores, jueces, policías, etc.), lo que ha provocado una desorganización interna, un aumento de la carga de trabajo para el personal restante, una reducción de los servicios y una disminución de su calidad.

Se calcula que el 90% de los hogares están conectados al sistema nacional de distribución de agua. Sin embargo, numerosos hogares denuncian cortes frecuentes debido a los cortes de electricidad que afectan a las bombas de agua y al mantenimiento de las infraestructuras, y a la escasez de personal de mantenimiento cualificado. La distribución de agua sólo puede hacerse «por turnos» para garantizar su entrega a toda la población, y la mayoría de los hogares sólo pueden acceder al agua una o dos veces por semana durante varias horas. Debido a los impedimentos comerciales, el uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua para hacerla potable se ha reducido en un 30%.

Los impedimentos a la importación de alimentos, que constituyen más del 50% del consumo de alimentos, han provocado el crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Los mecanismos para hacer frente a esta situación incluyen la disminución del número de comidas al día (1 o 2 en lugar de 3); la reducción de la cantidad y la calidad de los alimentos; la descapitalización/venta de los bienes del hogar para comer; y la reducción de los gastos en salud, ropa y educación; con un aumento correlativo de las crisis familiares, las tensiones, la violencia y las separaciones; el trabajo infantil; la participación en la economía sumergida; la actividad delictiva, incluido el tráfico de drogas y de personas; el trabajo forzoso; y la migración. El programa de cajas de alimentos CLAP, iniciado como iniciativa gubernamental en 2017 y que abarca 6 mln. de hogares en todo el país, disminuye la diversidad de artículos.

Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, mientras que la mayoría de los servicios médicos públicos eran proporcionados por el Estado de forma gratuita antes de 2016. Los impedimentos para la atención sanitaria incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer a los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene; el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos o a la negativa a venderlos o entregarlos; la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios; y la finalización de la construcción de hospitales y centros de atención primaria.

En particular, el Hospital Cardiológico Infantil de Caracas enfrenta una disminución de 5 veces el número de cirugías (de un promedio de 1.000 intervenciones anuales en el período 2010-2014 a 162 en 2020). Las plazas de personal médico en los hospitales públicos están vacantes en un 50-70%. Solo alrededor del 20% de los equipos médicos están actualmente en funcionamiento. El país se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso, según los informes, un grave aumento de la tasa de mortalidad. El desvío de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; dichos trasplantes se habrían realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado. El Relator Especial también observa el crecimiento reportado de la mortalidad neonatal y materna desde 2013, con una leve mejoría en 2019, cuando se activó la cooperación humanitaria con UNICEF, la OPS, la iglesia y otras organizaciones humanitarias.

Otros efectos nocivos de la crisis son el creciente problema de los embarazos en adolescentes, que está alcanzando un nivel de crisis con niñas de 12-13 años que se quedan embarazadas en medio de la falta de acceso a la información y al uso de métodos anticonceptivos; y el aumento del VIH/SIDA debido a las relaciones sin protección.

La educación escolar y universitaria se ha enfrentado a una grave disminución del apoyo gubernamental desde 2016, incluyendo la terminación o la reducción del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas y material de oficina; y la reducción del número de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminución de su cantidad y diversidad de alimentos o su cancelación total. La indisponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones públicas venezolanas y, a menudo, con las privadas, ha provocado la suspensión del Programa Canaima, iniciado en 2015 para ensamblar ordenadores portátiles compactos con fines educativos, de los que se han distribuido 6,5 millones a través del sistema escolar sin coste alguno. Incidentes técnicos en 2019 incapacitaron el satélite público de Venezuela, reduciendo sustancialmente la cobertura de Internet en el país y haciendo difícilmente posible el aprendizaje a distancia en el curso de la pandemia.

Ante la crisis económica y humanitaria, el gobierno venezolano activó la cooperación con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, la OPS, otras agencias internacionales, así como con la iglesia, el sector privado y las ONG humanitarias que prestan ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos. Sin embargo, los intentos de liberar los fondos congelados en el Banco de Inglaterra para la compra de medicamentos, vacunas, kits de protección y equipos médicos a través del PNUD y la OPS en 2020 han fracasado. No se han liberado fondos para la compra de COVAX a través de la OPS en 2020 – 2021. A pesar de la intensificación del trabajo con los actores humanitarios, se han reportado algunos casos de vigilancia y persecución del personal de las ONG nacionales que participan en el trabajo humanitario.

Evaluación de la base legal para la imposición de sanciones:

El Relator Especial considera que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2015 como fundamento para introducir sanciones contra Venezuela, y repetidamente prorrogado, no se corresponde con los requisitos del art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tales como la existencia de una amenaza para la vida de la nación, la limitación de las medidas a las exigencias de la situación, una duración limitada, la ausencia de discriminación, la prohibición de derogar el derecho a la vida y la prohibición de castigar una actividad que no constituya un delito, como se menciona en la comunicación de los expertos en derechos humanos de 29 de enero de 2021.

El Relator Especial subraya que las sanciones unilaterales contra los sectores petrolero, aurífero, minero y otros sectores económicos, la compañía aérea estatal y la industria de la televisión constituyen una violación del derecho internacional, y no se excluye su ilicitud con referencia a las contramedidas. El propósito anunciado de la campaña de «máxima presión» -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta a sus relaciones regionales.

Refiriéndose a las normas consuetudinarias sobre la inmunidad de los bienes del Estado, el Relator Especial recuerda que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para las funciones públicas pertenecen al Estado de Venezuela y no a su Gobierno o a cualquier individuo. Por lo tanto, la congelación de los activos del Banco Central de Venezuela por no reconocer a su Gobierno, así como la adopción de las sanciones pertinentes, viola los derechos soberanos del país e impide que su gobierno efectivo ejerza su deber de garantizar las necesidades de la población.

La Relatora Especial subraya que la inclusión de funcionarios del Estado en la lista de oficio contradice la prohibición de castigar una actividad que no constituye un delito, impide a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en los tribunales internacionales y otras instituciones internacionales, y socava el principio de igualdad soberana de los Estados. Asimismo, señala que las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección, bajo el control de organizaciones internacionales, viola el mencionado principio e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia COVID-19.

Al Relator Especial le preocupa que las sanciones selectivas unilaterales en su forma actual violen, como mínimo, las obligaciones que se desprenden de los instrumentos universales y regionales en el ámbito de los derechos humanos, muchas de las cuales son de carácter perentorio -garantías procesales y presunción de inocencia con vistas a que los motivos de su introducción no constituyan en su mayor parte crímenes internacionales ni cumplan con los fundamentos de la jurisdicción penal universal, al tiempo que toma nota del hecho de la presentación ante la Corte Penal Internacional por parte de un grupo de Estados de una remisión contra Venezuela el 27 de septiembre de 2018.

El Relator Especial subraya que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a nacionales y empresas de terceros Estados por la cooperación con las autoridades públicas, nacionales y empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a dichos terceros Estados, no se justifica en virtud del derecho internacional y aumenta los riesgos de exceso de cumplimiento de las sanciones. El Relator Especial observa con preocupación las presuntas amenazas a empresas privadas y a donantes, socios y organizaciones humanitarias de terceros países, así como la introducción de cláusulas de confidencialidad en la Ley Constitucional Antibloqueo de Venezuela en lo que respecta a la identidad de los socios correspondientes.

Impacto en el disfrute de los derechos humanos:

El Relator Especial observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias petrolera, aurífera y minera, el bloqueo económico de Venezuela y la congelación de los activos del Banco Central han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente la que se encuentra en situación de extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas o que ponen en peligro la vida, y la población indígena.

El Relator Especial subraya que las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, están sujetas a procedimientos largos y costosos, y no cubren la entrega de repuestos, equipos y maquinaria necesarios para el mantenimiento y la restauración de la economía y los servicios públicos.

Al Relator Especial le preocupa que la aplicación de sanciones secundarias extraterritoriales, así como las presuntas amenazas de sanciones, den lugar a un exceso de cumplimiento de los regímenes de sanciones existentes, impidiendo al Gobierno de Venezuela, a su sector público y a las empresas privadas adquirir maquinaria, repuestos, medicamentos, alimentos, suministros agrícolas y otros bienes esenciales, incluso dentro de las licencias concedidas por el Gobierno de los Estados Unidos. UU., y también dan lugar a un número creciente de denegaciones de transferencias bancarias, a la ampliación de los plazos de las transferencias bancarias (de 2 a 45 días), al aumento de los costes de entrega, seguro y transferencia bancaria, así como a las subidas de precios comunicadas para todos los bienes (especialmente los importados).

El Relator Especial observa con preocupación que la ausencia de recursos y la reticencia de los socios, bancos y empresas de reparto extranjeras a tratar con los socios venezolanos se traduce en la imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos necesarios, los reactivos y las piezas de repuesto para la reparación y el mantenimiento de los sistemas de electricidad, gas, agua, transporte público, teléfono y comunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas y otras instituciones públicas, lo que menoscaba el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.

A pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en Venezuela, se estima que el salario medio del sector público es de 2 a 3 dólares de los EE.UU. al mes, lo que cubre menos del 1% de la cesta básica de alimentos y hace que la población dependa cada vez más del apoyo social del Gobierno en forma de CLAP (alimentos) y de transferencias periódicas de dinero a través de la «Carta de la Patria», de múltiples subsidios para los funcionarios públicos, así como de la ayuda humanitaria extranjera.

El Relator Especial observa que esto aumenta el nivel de migración, facilita la participación de personas en la economía gris, afectando en primer lugar a especialistas de alto nivel del sector público, incluyendo médicos, enfermeras, maestros, profesores universitarios, ingenieros, policías, jueces, técnicos y muchos otros, violando sus derechos económicos, incluyendo los derechos al trabajo, al trabajo decente, a la seguridad social, incluyendo el seguro social, y a un nivel de vida adecuado. El número de vacantes entre el personal necesario para garantizar el funcionamiento normal de los servicios públicos habría alcanzado entre 1/3 y 1/2. La migración masiva en ausencia de un transporte asequible pone en peligro la vida de los migrantes e impone cargas adicionales a los países receptores. Se ha denunciado, entre otros problemas, el acceso a los alimentos, las medicinas y la asistencia médica para los migrantes venezolanos, la falta de documentos de identidad para los niños nacidos en el extranjero, la separación de las familias y la ausencia de la debida atención a los niños que se quedan con los abuelos en Venezuela.

Al Relator Especial le preocupa que la falta de gasolina, con el consiguiente aumento de los precios del transporte, viole la libertad de circulación, impida el acceso a los hospitales, las escuelas y otros servicios públicos, agrave los problemas de entrega y distribución de alimentos y suministros médicos -especialmente en las zonas remotas del país, lo que afecta, entre otras cosas, a la población indígena- y provoque retrasos en los servicios públicos, incluida la justicia penal y civil. La reportada falta de gasoil, mayormente utilizado para fines agrícolas, industriales y de transporte, tiene un potencial efecto dramático en la producción y almacenamiento de alimentos, con el riesgo de exacerbar aún más la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano que ya enfrenta un deterioro en la cantidad y calidad de los alimentos y una mayor desnutrición, aumentando por lo tanto los riesgos de salud y las amenazas a la vida.

El Relator Especial observa con preocupación que, debido a la falta de disponibilidad de maquinaria nueva, piezas de repuesto y personal competente, el pueblo de Venezuela tiene un acceso limitado a la electricidad, lo que impide, entre otras cosas, el funcionamiento de las bombas de agua, lo que da lugar a la violación del derecho al agua, incluida el agua potable y el agua para el saneamiento, aumentando los riesgos de enfermedades pertinentes.

El Relator Especial subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de material escolar, de uniformes escolares y de comida en la escuela, que solía proporcionar el Gobierno, los problemas de transporte, la ausencia de electricidad y la reducida cobertura de Internet y de telefonía móvil ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educación. Las razones anteriores, así como la reportada imposibilidad de utilizar recursos en línea con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la información y la libertad de expresión. La supuesta reticencia de los socios extranjeros a cooperar con las instituciones venezolanas, incluidas las universidades, las sociedades deportivas y las ONG, así como los impedimentos a las transferencias de dinero, las dificultades para obtener visados y la negativa a abrir y el cierre de cuentas bancarias de ciudadanos venezolanos o de empresas públicas y privadas con sede en Venezuela por temor a sanciones secundarias, afectan al derecho a la educación, a las libertades académicas y a los derechos culturales, e impiden la prestación de ayuda humanitaria.

Al Relator Especial también le preocupa que la escasez de gas, que obliga a la gente a cocinar con fuegos de leña, pueda violar el derecho a un entorno favorable. Observa que, debido a la necesidad de garantizar las necesidades humanas esenciales para la supervivencia, el Gobierno habría suspendido todos los programas destinados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los proyectos agrícolas y sanitarios, la protección del medio ambiente, la mejora de la alfabetización y la informática, la reconstrucción y otros.

La Relatora Especial subraya que el bloqueo de bienes, activos y cuentas bancarias de ciudadanos de Venezuela por parte de bancos extranjeros y corresponsales, muchas veces por exceso de cumplimiento, resulta en la violación del derecho a la propiedad. También observa con preocupación que la aplicación de sanciones unilaterales contra Venezuela afecta a los derechos de los nacionales de terceros países, en particular, la rescisión de contratos con empresas de terceros países tiene el riesgo potencial de afectar a los derechos económicos y de propiedad de sus propietarios y empleados; y la ausencia de contribuciones de Venezuela, que solía donar a proyectos de asistencia regional (por ejemplo, el ALBA), está afectando negativamente al derecho a la ayuda humanitaria de sus beneficiarios más allá de las fronteras de Venezuela.

El Relator Especial reconoce que las sanciones selectivas y secundarias violan los derechos a un juicio justo, las garantías procesales, la libertad de circulación, los derechos de propiedad y el derecho a la reputación. Las sanciones contra representantes de grupos de la oposición por su participación en las elecciones violan su derecho a tener y expresar opiniones, y a participar en los asuntos públicos. Mientras que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 275) ofrece a las personas incluidas en la lista la posibilidad de acceder al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aunque no existan garantías procesales antes de que se adopten las decisiones sobre las sanciones, el Relator Especial señala que no se garantiza el acceso a la justicia en lo que respecta a las sanciones de los Estados Unidos, especialmente en vista de las numerosas negativas denunciadas por parte de abogados estadounidenses a presentar casos ante la OFAC debido a las supuestas amenazas del Gobierno de los Estados Unidos o al temor a hipotéticas sanciones.

El Relator Especial concluye que las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a las personas de Venezuela y de fuera de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; a los nacionales de terceros países y a los empleados de empresas de terceros países afectados por las sanciones secundarias o por el temor a las mismas; a los donantes y a las ONG humanitarias internacionales; a los beneficiarios de la asistencia de las organizaciones internacionales tradicionalmente financiadas por Venezuela; mientras que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o con enfermedades crónicas o graves son los más afectados con respecto a todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.

El Relator Especial acoge con satisfacción los informes sobre el mayor compromiso del Gobierno de Venezuela con el PNUD, el UNICEF, el ONUSIDA, la OPS, otros organismos internacionales y las ONG eclesiásticas, del sector privado y humanitarias, en la prestación de ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos, ayudando así a unos 4 millones de personas. Sin embargo, al Relator Especial le preocupan los informes sobre la mala gestión en la distribución de la ayuda humanitaria, la vigilancia y la persecución del personal de las ONG nacionales que participan en la labor humanitaria, y la ausencia de un reglamento provisional para el trabajo de las ONG internacionales.

Recomendaciones del Relator Especial:

La Relatora Especial recuerda a todas las partes su obligación, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de las controversias internacionales. La Relatora Especial les insta a que resuelvan cualquier disputa a través de las instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes.

La Relatora Especial subraya que las preocupaciones humanitarias deben prevalecer siempre sobre las políticas y que las medidas unilaterales sólo pueden adoptarse teniendo en cuenta el Estado de Derecho, las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario; deben cumplir las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados y sólo pueden aplicarse en el marco de contramedidas internacionalmente lícitas. El Relator Especial recuerda que las evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario deben realizarse en el curso de cualquier actividad unilateral, ya que ninguna buena intención justifica la violación de los derechos humanos fundamentales como «daño colateral».

El Relator Especial subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones de forma extraterritorial e insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la emergencia nacional en relación con Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector público de Venezuela, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados y abstenerse de imponer sanciones al suministro de gasóleo que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.

El Relator Especial insta a todos los interlocutores (incluidos los Estados, las organizaciones internacionales, los bancos, las empresas privadas y la sociedad civil) a que eviten la coacción, las amenazas escritas u orales o cualquier otro acto que pueda provocar o dar lugar a un exceso de cumplimiento, y a que interpreten todas las limitaciones de la manera más estricta posible en el período intermedio antes del levantamiento de las sanciones unilaterales, teniendo debidamente en cuenta las Orientaciones emitidas por el Relator Especial en diciembre de 2020.

El Relator Especial pide a todos los Estados que revisen y levanten las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el Estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, que garanticen la posibilidad de que los funcionarios del Estado de Venezuela representen al Estado sobre la base del principio de igualdad soberana de los Estados, y que garanticen los derechos de las personas afectadas a la presunción de inocencia, las garantías procesales, el acceso a la justicia y otros derechos fundamentales.

El Relator Especial insta a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y los Estados Unidos y a los bancos correspondientes a que descongelen los activos del Banco Central de Venezuela para adquirir medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela y el restablecimiento de los servicios públicos en colaboración con el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas y mediante mecanismos mutuamente acordados y supervisados por ellos.

Aunque reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales en el amplio ámbito de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo, el Relator Especial pide al Gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que apliquen plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, que refuercen la presencia de la OACDH en el terreno para supervisar, entre otras cosas, el impacto de las sanciones unilaterales y que organicen visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país.

El Relator Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela, al PNUD, a otras agencias de la ONU y a la OACDH en Venezuela para que negocien un acuerdo que garantice la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y de la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales, independientemente de la raza, el género, la nacionalidad, la edad, las creencias religiosas o las opiniones políticas, teniendo debidamente en cuenta a los grupos con necesidades especiales.

La Relatora Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que, en colaboración con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y el ACNUDH en Venezuela, termine de redactar una legislación clara y no discriminatoria que permita y facilite la labor humanitaria de las ONG internacionales y nacionales en Venezuela, y garantice la seguridad e integridad de su personal. Al mismo tiempo, se refiere a la obligación de las ONG humanitarias de cumplir con las normas de la actividad puramente humanitaria.

[Fin]

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La vicepresidenta Delcy Rodríguez recordó que el 2020 "fue también el año del robo de activos, como Citgo y Monómeros", por parte de EE.UU. y el exdiputado opositor Juan Guaidó. Foto: Reuters.

Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. contra Venezuela han provocado la pérdida de ingresos brutos fijados en 102.000 millones de dólares, aseguró la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez, durante la presentación del informe de gestión del Gabinete Ejecutivo ante la Asamblea Nacional.

De acuerdo con Rodríguez, las sanciones aplicadas por Washington contra la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), a partir de 2019, incidieron en que el país cerrara el 2020 con una producción de apenas 339.000 barriles por día.

La vicepresidenta precisó que el promedio de producción petrolera del país para el año 2015 era de 2.817.000 barriles por día, pero después de las sanciones, "Venezuela tuvo una pérdida de 2.153.000 barriles de petróleo diarios. Es un daño sin precedentes".

"En el año 2020 ingresaron solamente 743 millones de dólares, contra los 65.607 millones de dólares que ingresaron en el año 2008. Es el resultado de una agresión económica que inició en el 2013. Se cortaron todos los flujos externos de financiamiento a Venezuela", detalló la vicepresidenta.

Rodríguez recalcó que asfixiar los ingresos en divisas de un país como Venezuela, que tiene un modelo económico altamente dependiente de sus exportaciones de petróleo, "va directamente contra la actividad económica".

Ese impacto negativo de las sanciones también se evidenció en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real, que experimentó una caída sin precedentes, al pasar del 0 % en el año 2017 a -23 % a finales de 2020.

La vicepresidenta también recordó que el 2020 "fue también el año del robo de activos, como Citgo y Monómeros", por parte de EE.UU. y el exdiputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó como supuesto "presidente interino" de Venezuela en enero de 2019.

2 febrero 2021

(Con información de Russia Today)

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El juez Leonard Stark autorizó la venta para pagar a la minera canadiense Crystallex la expropiación de sus activos en Venezuela hace más de 10 años.

Las autoridades de Venezuela tacharon de "reparto de botín a última hora" la decisión de un juez estadounidense de autorizar la venta de las acciones de la empresa Citgo Petroleum Corporation, filial de la estatal petrolera venezolana (PDVSA) en EE.UU.

"La República Bolivariana de Venezuela denuncia y rechaza rotundamente las acciones del gobierno de Donald Trump, en complicidad con un reducto de extremistas venezolanos, quienes, actuando en contubernio, han cometido delitos trasnacionales con el fin de apropiarse de activos de Venezuela y sus entidades en todo el mundo", reza un comunicado oficial.

Desde Caracas declararon que esta sentencia "en las horas agónicas del saliente gobierno de Donald Trump confirma que las relaciones internacionales de esta administración las impulsa el odio, el saqueo, la venganza y el abuso de poder como ejercicio criminal del poder público". "Es el reparto del botín a última hora de ese gobierno con la complicidad de su fracasado títere local, para acentuar el revanchismo contra una empresa que pertenece a todos los venezolanos", opinaron.

Declararon que "la apropiación ilegítima e ilícita de Citgo" se realizó bajo instrucciones del líder opositor Juan Guaidó y por José Ignacio Hernández "para apropiarse de los activos de la República en el exterior, facilitar la entrega del patrimonio del pueblo venezolano a potencias extranjeras mediante un gigantesco fraude procesal y atentar contra el orden constitucional venezolano".

En ese contexto, las autoridades alertaron "a la comunidad internacional del peligro que representa para las inversiones y empresas extranjeras en Estados Unidos de América, y el gravísimo riesgo al que están sujetos sus intereses frente a maniobras de esta naturaleza, dirigidas a confiscar activos privados extranjeros mediante gigantescos fraudes procesales y acciones unilaterales violatorias del Derecho Internacional".

Mientras, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, afirmó a través de su cuenta en Twitter que esta decisión es "infame" y "una nueva agresión del agonizante gobierno de Donald Trump contra el noble pueblo venezolano".

Venta de las acciones a la minera Crystallex 

El juez estadounidense Leonard Stark autorizó este viernes el proceso de venta judicial de las acciones de Citgo Petroleum Corporation para pagar a la minera canadiense Crystallex la expropiación de sus activos en Venezuela hace más de 10 años.

Previamente, el pasado 21 de mayo, este juez ordenó iniciar la venta de Citgo para que Caracas cancele una indemnización de 1.400 millones de dólares a Crystalles. La administración del presidente Nicolás Maduro, por su parte, ha mantenido la posición de que ni PDVSA, ni Citgo, ni PDV Holding, son "deudores" de Crystallex, ni han sido "sujetos" de estos procedimientos legales.

Publicado: 16 ene 2021 22:20 GMT 

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Estados Unidos volvió a declarar a Cuba como "Estado patrocinador del terrorismo"

Duro comunicado del gobierno de Donald Trump a días de finalizar su mandato

La inclusión de un país en esta lista negra implica trabas al comercio y sanciones. El canciller cubano Bruno Rodríguez definió la decisión como un acto "hipócrita" de "oportunismo político". 

 

A pocos días de entregar el poder, el gobierno de Donald Trump volvió a incluir a Cuba dentro de su lista de "Estados patrocinadores del terrorismo", de donde el expresidente Barack Obama había sacado a la isla en 2015 con su política de acercamiento. La inclusión de un país en esta lista negra implica trabas al comercio y más sanciones de las que ya sufre Cuba debido al embargo comercial y financiero que le impone Estados Unidos. El canciller cubano Bruno Rodríguez definió la decisión como un acto "hipócrita" de "oportunismo político". 

"Con esta medida, volveremos a responsabilizar al gobierno de Cuba y enviaremos un mensaje claro: el régimen de Castro debe poner fin a su apoyo al terrorismo internacional y la subversión de la justicia estadounidense", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, evocando al fallecido Fidel Castro y a su hermano Raúl, líderes de la revolución de 1959. Pompeo basó la decisión en la "maligna interferencia" de Cuba en Venezuela y en otros países latinoamericanos.

En 2015 Obama retomó la relación bilateral con el entonces presidente Raúl Castro y retiró a Cuba del listado de Estados patrocinadores del terrorismo, al declarar que los esfuerzos de medio siglo de Estados Unidos para aislar a la isla "habían sido un fracaso". Pero Trump revirtió ese acercamiento apenas asumió en 2017, recrudeciendo el embargo vigente desde 1962.

A lo largo de sus cuatro años de mandato, Trump volvió a reducir la embajada estadounidense en La Habana a su mínima expresión, impuso de nuevo sanciones y hasta las amplió. El futuro gobierno de Joe Biden podría eliminar a Cuba del listado de países patrocinadores del terrorismo, pero primero tendría que realizar una revisión formal, lo que significa que la medida puede estar en trámite durante meses.

Con un mensaje escrito en español y en inglés, el canciller cubano Bruno Rodríguez no ocultó su malestar. "El oportunismo político de esta acción es reconocido por todo el que tenga una preocupación honesta ante el flagelo del terrorismo y sus víctimas", dijo Rodríguez en su cuenta de Twitter, donde condenó "la hipócrita y cínica calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo".

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Seguidores del gobierno de Nicolás Maduro. Foto Ap

Caracas. Diez elecciones atrás, un político venezolano dijo una gran verdad: “No ganamos nosotros, perdió Chávez”.

El político era Felipe Mújica, del Movimiento al Socialismo, y se refería a una de las dos únicas batallas que el imbatible Hugo Chávez perdió en las urnas: el referéndum de 2007, cuando sus asesores lo convencieron de una reforma constitucional que el pueblo chavista no entendió –o que entendió como una peligrosa concentración de poder.

Chávez intentó esa reforma en su plenitud. Un año antes se había reelecto con cierta comodidad, pero en el referéndum tres millones de chavistas decidieron quedarse en sus casas.

Chavistas, escuálidos o decepcionados de todo (una categoría que crece en Venezuela), los caraqueños no se quedaron este sábado en sus casas. La estrategia del gobierno contra el coronavirus ha consistido, entre otras cosas, en una semana de confinamiento estricto por una de “flexibilidad”.

Pero se atravesaron elecciones y el gobierno de Nicolás Maduro decidió que todo el mes de diciembre va a ser de “flexibilización”.

Los primeros días de tal relajamiento coinciden con el tradicional relajo decembrino, pletórico de aguinaldos, hallacas y güisquis. Así que muchos caraqueños se echan a la calle a comprar ropa y regalos.

Las filas son enormes. El proceso se complica por las modalidades de pago y las cifras enormes que trajeron el bloqueo y la hiperinflación.

En La Hoyada, una suerte de mini Tepito en el centro de la ciudad, los autobuses desembuchan gente uno tras otro. Un par de jóvenes madres miran juguetes de plástico, se acercan a los precios en dólares y prosiguen su camino.

En una tienda se piden, por ejemplo, dos baratijas: un encendedor y un rastrillo.

—¿Cuánto es?

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—830 mil.

—¿Y en divisa?

—Menos de un dólar.

Se paga con un billete de un dólar. El cambio, en bolívares, tres billetes que suman 110 mil.

Los taxis aceptan tres formas de pago: tarjeta de débito, transferencia o divisa, y en varios negocios hay letreros que anuncian el tipo de cambio del día: 1 dólar por un millón cien mil bolívares.

La gestión económica del gobierno de Maduro no ha sido, por supuesto, ejemplar. Pero esto que se ve se explica en buena medida por el bloqueo económico estadunidense y el robo en despoblado que Donald Trump practicó al quedarse con Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela que funcionaba en Estados Unidos. O el robo de los británicos, que se quedaron con millones en oro, propiedad de la nación venezolana, con el argumento de que no sabían si el presidente era Maduro o Juan Guaidó, el joven derechista que suplicó todas las opciones contra su propio país (incluyendo la intervención militar extranjera), que se autoproclamó presidente y cuyo funeral político se celebra este domingo.

Sobre despojos imperiales y episodios electorales hablo con William Castillo, quien ocupa una posición de reciente creación en el gabinete de Maduro: es viceministro de Políticas Antibloqueo.

El cargo no tiene nada de extraño en un país donde hay tres órganos legislativos que difícilmente legislan: uno que preside un opositor desconocido por otros opositores; la Asamblea constituyente creada por el madurismo como contrapeso tras su aplastante derrota en 2015; y el congreso de Guaidó, que sesiona en la sede del diario El Nacional.

La elección de este día (6D, le llaman aquí) es justo para renovar el órgano legislativo unicameral, la Asamblea Legislativa, que Guaidó presidía cuando —con el decidido apoyo de una parte de la oposición de derecha y de EU— dijo al mundo que en adelante él sería el presidente de Venezuela.

Tras unos nueve meses de arrastre popular, comenzó la deriva que tendrá su punto culminante con estos comicios, aunque es probable que la figura política del autoproclamado tarde en consumirse unos cuantos meses más.

Es sabido que las intermedias no despiertan el entusiasmo que suele gestar una elección presidencial. Si a ese hecho se suman años de polarización, el llamado de la oposición más fuerte a no participar y la pandemia, el resultado puede ser uno que teme sobre todo el gobierno de Maduro: el triunfo del abstencionismo.

A principios de noviembre, Datanálisis, una casa encuestadora que generalmente se acerca a los resultados reales, anticipó que la participación rondará 30 por ciento. Un ex funcionario chavista asegura que los cálculos del partido en el gobierno (PSUV) van de 50 a 80 por ciento de abstención.

El viceministro Castillo reconoce que una de las preocupaciones del gobierno de Maduro es el peso de la abstención. Entre los factores, menciona la pandemia, los problemas “de distribución de combustibles por el bloqueo” (el desabasto de gasolina, pues) y “que la gente ha sido golpeada por la situación económica y eso la puede alejar de las urnas”.

El salario que hoy reciben los trabajadores, admite el viceministro, “es ínfimo”, porque “nos han arrebatado las empresas petroleras, los buques están parados y no nos permiten vender petróleo”.

—¿Las enormes filas del sábado se repetirán el domingo frente a las urnas?

—Toda esta afectación a la economía tendrá mañana una expresión política, vamos a ver cuál es”, admite el viceministro.

“El madurismo tiene un voto duro, que puede movilizar, de entre 15 y 20 por ciento. Con eso le alcanza para lograr la mayoría en la Asamblea”, me dice el ex funcionario chavista.

Por supuesto, el Partido Socialista Unificado de Venezuela y sus aliados no se han cruzado de brazos a la espera de lo que ocurra.

El gobierno alimentó la legendaria costumbre venezolana de crear partidos como se crean clubes de niños exploradores, de modo que en estos comicios concurren 107 fuerzas políticas, muchas de ellas bajo el paraguas de la organización más grande.

Pero esa peculiaridad no es la que marca el 6D.

Primera, que los partidos opositores más importantes decidieron no participar. El bloque conocido como G4, de los partidos de derecha, decidió no participar, amarrado a una lógica diseñada en Washington. Guardando distancias, en México sería como ir a una elección sin el PAN.

Segunda, entre las fuerzas que decidieron participar se cuentan un partido evangélico que ha obtenido votaciones nada despreciables y disidencias de partidos tradicionales, como una escisión de Acción Democrática (el PRI venezolano, para decirlo rápido), dirigida por el sindicalista Claudio Fermín,

Pero quizá la novedad mayor sea que, por vez primera, hay una opción todavía minoritaria pero que se reclama heredera del chavismo. “Va a haber una opción más de izquierda, y eso es sano para el país”, dice William Castillo.

Hugo Chávez intentó crear un partido único y al final desistió por resistencias como la del Partido Comunista, una fuerza ortodoxa, olorosa a naftalina, pero que ahora ha logrado reunir a grupos sociales y políticos que ya no se ven representados en el gobierno de Maduro.

Por lo demás, y para hacer contrapeso a la elección, Guaidó y los suyos han llamado a una consulta popular la semana próxima, pero aún entre sus bases, cada vez más menguadas, hay dudas sobre participar en un ejercicio que no tendría ninguna consecuencia práctica.

Ya sin quien le escriba los tuits, Juan Guaidó publica unas horas antes de unas elecciones equivalentes a las que ganó hace un lustro: “El fraude del 6D está derrotado diplomáticamente e internacionalmente”.


En las elecciones legislativas del domingo se ponen en juego las 277 bancas de la Asamblea

Elecciones en Venezuela: escenario de calma política

En esta elección estará en juego más que el poder legislativo, sino la posibilidad de asentar la reconfiguración del tablero nacional, con sus consecuencias internacionales y económicas.

Por Marco Teruggi

Página12

 

Desde Caracas.Todo está en su lugar para una elección legislativa determinante en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó las auditorías de las nuevas máquinas de votación, la instalación de las mesas electorales, ya se encuentran los veedores electorales internacionales, invitados especiales, como Evo Morales y Rafael Correa. En total son 277 diputados y diputadas a ser electos, ampliando los 167 actuales, para lo cual participan 107 partidos.

El país llega a la jornada electoral en un escenario de calma política en superficie. Era un objetivo difícil de lograr, en un año marcado por la pandemia, una cuarentena en una economía en recesión y bajo bloqueo, el intento de un desembarco en mayo de mercenarios en la denominada Operación Gedeón, y elecciones en Estados Unidos, con la necesidad de Donald Trump de consolidar el voto en Florida, lo que significaba un aumento de presión sobre Venezuela.

Durante el año tuvo lugar el avance de la reconfiguración del tablero político, con el incremento de una oposición heterogénea dispuesta a participar electoralmente, consolidando un bloque de partidos que se formó en cuatro tiempos, alejándose de la estrategia golpista: primero fueron quienes participaron en las presidenciales del 2018, luego aquellos que formaron la Mesa Nacional de Diálogo en septiembre del 2019, en tercer lugar, quienes protagonizaron la disputa en la Asamblea Nacional en enero del 2020, y, finalmente, las diferentes rupturas que se sucedieron en estos últimos meses.

Así tomó forma lo que pasó a denominarse la oposición democrática, o, la oposición colaboracionista, visto desde lado de quienes sostienen la estrategia golpista del gobierno paralelo. Este sector, por su parte, encabezado formalmente por Juan Guaidó, quedó desplazado del centro político nacional, sin capacidad de reconstrucción de expectativa, con una reducción marcada de su base social. Su última carta, para este año, y tal vez en perspectiva, es la denominada “consulta popular” que será realizada, según los anuncios, de manera virtual del 7 al 12 de diciembre y, ese día, también será presencial.

La “consulta” será un mecanismo para buscar refrendar la “presidencia interina” en manos de Juan Guaidó o de algún posible recambio en su lugar. Si bien dentro del país el llamado no parece haber tenido eco, tiene el respaldo público del gobierno estadounidense que, en días recientes, ha vuelto a condenar la elección legislativa y ratificar su respaldo a Guaidó.

Pero, se sabe, se trata de los últimos meses de la administración de Trump, quien condujo una estrategia contra el gobierno de Maduro a través de una combinación de bloqueo económico, cerco diplomático, intentos de acciones de fuerza, puesta de precio a la cabeza de la dirección del chavismo, y un constante error de cálculo sobre la correlación de fuerzas interno, cuyo mayor exponente fue Guaidó.

La fallida estrategia de Trump ha dado como resultado una serie de cuestionamientos en Estados Unidos, que podría llevar a la administración de Joe Biden a cambiar de forma de abordaje, siempre con el mismo objetivo: un cambio de gobierno. Es entonces probable que, aunque exista un sostenimiento de la figura del “gobierno interino”, haya una modificación que permita un diálogo al cual no solamente está dispuesto el chavismo, sino también la oposición política y empresarial, que condena el bloqueo.

Por el momento el foco central está puesto en la contienda del 6. Maduro repitió en tres oportunidades que, en caso de perder, dejaría la presidencia. Su anuncio puede ser interpretado como un llamado al voto, tanto para la oposición como para el chavismo, en un contexto donde uno de los debates centrales es cuál será la tasa de participación. En la elección presidencial de mayo del 2018 la tasa fue de 46,1 por ciento, con 6.245.862 votos para el chavismo, en un escenario marcado por el llamado a no participar por parte de una oposición mayoritaria.

Las elecciones legislativas en Venezuela tienen, por lo general, una tasa de participación más baja que las presidenciales. La última contienda, del 2015, ganada por la oposición, había sido atípica, con 73,1por ciento de participación. La derecha estaba entonces unificada en la Mesa de la Unidad Democrática, la situación económica marcada por el desabastecimiento de productos de primera necesidad, el salario para diciembre de ese año era alrededor de 18 dólares, y se trataba, en general, de una sociedad mayormente movilizada.

Los cinco años transcurridos desde entonces fueron profundamente complejos, con la acusación de “abandono de cargo” hecha a Maduro desde la Asamblea Nacional desde el 2016, el intento de asalto al poder en el 2017, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, operaciones armadas, un bloqueo en escalada sobre áreas estratégicas de la economía, inflación seguida de hiperinflación e inflación alta, creación de una ficción de gobierno paralelo, dolarización de facto de amplios sectores de la economía, migración masiva con las consecuentes remesas, descenso del salario a dos dólares, hasta llegar a este diciembre, con esos cinco años marcados sobre el cuerpo social.

Pero también en esos años el chavismo realizó un proceso de consolidación de lo que se conoce como maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, que, articulada a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, así como un conjunto de políticas sociales, afianzó su presencia en los territorios del país, en particular en zonas populares donde la oposición no suele tener presencia.

Esa maquinaria será clave durante estas elecciones del domingo donde estará en juego más que el poder legislativo, sino la posibilidad de asentar la reconfiguración del tablero nacional, con sus consecuencias internacionales y económicas.

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