Se agrava la crisis en Argentina. Macri aprueba fusión de medios y da poder absoluto a Grupo Clarín

En un escenario de crisis económica, corrida del dólar que cerró a 30 pesos el pasado viernes, despidos masivos, que en el caso de la prensa se transformaron en persecución política, y mientras las sedes de la agencia nacional Télam permanecen ocupadas por sus trabajadores despedidos, el gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, aprobó la fusión de Cablevisión y Telecom, entregando al Grupo Clarín un poder omnímodo en la comunicación.

La fusión entre la operadora de cable, cuyos principales accionistas son los mismos que el Grupo Clarín, y Telecom conforman un “gigante dentro del universo empresarial argentino, con negocios desde la transmisión de contenidos audiovisuales y los datos hasta la telefonía móvil y fija, con una valuación de mercado estimada por fuentes privadas en torno a los 11 mil millones, de dólares , según estimó el diario La Nación, como cita el analista Federico Bernal en el portal el Destape.

Que esto suceda cuando el gobierno está desguazando las empresas periodísticas estatales, despidiendo periodistas en momentos en que suman ya 3 mil trabajadores de prensa despedidos, que no tendrán ninguna posibilidad de conseguir trabajo dada la profundidad de la crisis en lo económico y social, agrava más la situación y afrenta a los trabajadores de prensa, que a la vez denuncian que se intenta acabar con toda libertad de expresión.

La corrida del dólar se une a la fuga de cifras millonarias en dólares y a la realidad de que no llegan inversiones al país y las señales son todas negativas llegando a una inflación inostenible, ante lo cual el presidente Macri no calma precisamente la situación asegurando que no se desviará en su plan de "achicar el déficit fiscal", a la vez que reconoció que ya no hay créditos para el país después del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) acusando a factores externos en lo que llamó "un mundo alborotado".

Lo hizo después de un paro nacional, el más grande en los años recientes y remarcó su decisión de achicar el déficit ( y por supuesto el Estado) en un mensaje al "mercado", durante un acto en Basavilbaso, Entre Ríos, y sostuvo que iba a cumplir con el crecimiento del país, que va a ser "ilimitado, infinito", invitando a pensar en "todas las cosas que vamos a festejar en el futuro", un futuro que nadie imagina.

Esto lo dijo horas después de que la Unión de Trabajadores de la Tierra, integrada por pequeños productores, presentó al Ministerio de Agricultura, cuyo titular es Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural, un pedido para la inscripción de más familias en el Monotributo, y la respuesta fue negar este pedido y dar de baja el beneficio que ya tenían cien mil beneficiarios, dejándolos sin seguridad social, en la informalidad absoluta.

Si en lo social la situación ha llegado, como señalan varios analistas, a las puertas del estallido, en materia de derechos humanos el gobierno continúa tomando medidas con jueces afines, en el contexto del control casi mayoritario de la justicia en el país. Luis Antonio Falco, apropiador del ahora diputado Juan Cabandié, a quien arrancó de su madre poco después del parto en un centro clandestino de detención y que fue desaparecida luego junto al padre del niño, fue condenado a 18 años de prisión, pero la Cámara Federal había reducido la pena a 14 años y ahora apenas cumplida la mitad de la condena le concedieron la prisión domiciliaria en un lujoso barrio cerrado.

Abuelas de Plaza de Mayo e hijos de desaparecidos repudiaron esta decisión de la juez María Servini de Cubría y apelarán de esta decisión "que convierte la prisión domiciliaria, cada vez más en un privilegio para los represores. El único lugar para los genocidas es la cárcel común", señalan.

Por otra parte, dos delegados gremiales de la agencia Télam y un grupo de trabajadores despedidos fueron ilegalmente detenidos cerca de la ciudad de Basavilbaso, Entre Ríos, cuando viajaban para acompañar a los corresponsales provinciales, ya que también despidieron a la mayoría de éstos.

Los trabajadores denunciaron un montaje policial en una acción de descrédito público destinada a deslegitimar la enorme resistencia de los trabajadores de Télam que está siendo desmantelada, como denunció el Sindicato de Prensa de Buenos Aires en un comunicado.

La semana pasada se desarrolló con grandes movilizaciones de protesta, con acciones de represión contra maestros, como en Chubut y estudiantes en Buenos Aires, despliegues espectaculares de las fuerzas de seguridad contra los periodistas despedidos, las cifras hablan de más de 60 por ciento de la población con graves problemas de alimentación, mientras se están disparando los precios de los alimentos , del combustible, los alquileres y casi 5 mil personas duermen en las calles de Buenos Aires y quienes tomaron créditos para tener una vivienda no saben si podrán continuar pagando porque deben hacerlo ajustados al dólar, que al parecer continuará subiendo, mientras la austeridad llegó a los principales hospitales públicos y especialmente a los más nuevos que construyeron en la administración pasada y son modelo en la provincia de Buenos Aires.

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Ley de Convergencia: eliminación de la televisión pública y monopolización del sector

Dentro de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo-OCDE-, selecto club de los “ricos”, en el cual Colombia acaba de ser aceptada, está la creación de un único regulador convergente para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, de televisión y de radiodifusión. Ante esto, el Presidente Santos envió un mensaje de urgencia para que se debata en el Congreso una la ley a propósito: Proyecto de Ley 174 de 2017, Cámara, y 224 de 2018, Senado.

En él se propone un único regulador que se ocupe de la televisión, las redes y la infraestructura de las telecomunicaciones, acabando de tajo el concepto de las comunicaciones como un servicio de interés social y dejando sin garantía de financiación a los 10 canales de la televisión (8 regionales y 2 nacionales) y los medios audiovisuales públicos.

En el proyecto de ley se liquida la Autoridad Nacional de Televisión-ANTV-, se fusiona el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-FONTIC- con el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos-FONDTV-, y se crea un fondo único convergente, Fondo Universal Único-FUU-, administrado con criterios políticos por el gobierno de turno, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-MINTIC-.

Según el Departamento de Planeación, los ingresos del sector TIC para 2015 provenientes de los operadores con servicios convergentes, denominados TELCO, fueron de $25.664 millones. En 2016 el FONTIC recibió $968.000 millones, de los cuales $568.000 millones provienen de contraprestaciones. El mismo año, los ingresos del FONDTV fueron $224.000 millones, de los cuales el 58.4% provienen de la televisión por subscripción. Entre 2013 y 2016, el 87% de las inversiones de FONDTV se destinaron a financiar el operador público (RTVC) y los 8 canales regionales.

Todos estos fondos se verán drásticamente reducidos. El Proyecto de Ley fija la contraprestación periódica que deberán pagar los prestadores del servicio de televisión por suscripción al FUU, la cual no podrá ser superior al 1.96% sobre los ingresos brutos. Esto reduce sustancialmente los aportes al Fondo de parte de los prestadores con título habilitante. Se les bajan más de 3 puntos, lo que reduce en miles de millones de pesos los fondos que recibirá el FUU. Los aportes podrían disminuir en un 60%, cerca de $123.000 millones, solo para el 2019. A ello se suma que el MINTIC “establecerá una senda de decrecimiento de la contraprestación para que la misma alcance los niveles más eficientes de la establecida en los países que conforman la OCDE” (Artículo 8), desfinanciando, aún más en el futuro, y debilitando la televisión pública hasta su extinción.

Están en juego miles de empleos de técnicos, autores, actores, artistas y técnicos que trabajan en el sector. Y están en riesgo la independencia de los medios, el usufructo del espectro, las creaciones nacionales, y la función de los medios como educadores y promotores de la cultura y de los valores de nuestra nación.

Al eliminar la Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC- y ANTV, y con la creación de la Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones-ANRC-, la independencia y la autonomía, así como los contenidos de la televisión pública que sobreviva (si sobrevive) serán puestos bajo la vigilancia y control del MINTIC. Las funciones de control y vigilancia en manos de ANRC, bajo dependencia de MINTIC van incluso más allá de las recomendaciones de la OCDE que es enfática en señalar que:

“La CRC debe ser reformada y adquirir auténtica independencia con respecto al gobierno. No debe permitirse la participación directa del MINTIC u otros departamentos gubernamentales.” ” Así mismo debe mantenerse la financiación del sector, independiente del MINTIC.” ” La CRC y la ANTV deben fusionarse y crear un regulador convergente, INDEPENDIENTE, que se encargue de los mercados de comunicaciones y radiodifusión.”

El control gubernamental se extenderá hasta en la designación de los 5 miembros que harán parte del órgano de dirección de la ANRC, denominado Junta de Expertos Comisionados. Su designación “se hará a través de procesos de selección que adelantará el MINTIC”, escogiendo para cada proceso una universidad pública o privada. Los 5 expertos son: dos economistas, un abogado, un ingeniero, y un último, abogado o ingeniero. No se incluye ningún experto en materias audiovisuales, en producción, o en contenidos, lo cual refleja que no se contempla el papel vital que tienen los medios audiovisuales públicos en la educación y formación de valores e identidad de la sociedad. Quienes lleguen a la nueva Autoridad serán los encargados de adecuar su estructura y reglamento interno, con total libertad.

La ANRC será el órgano “encargado de promover competencia y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones; con el fin de que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente y refleje altos niveles de calidad.” … “Para estos efectos, la ANRC adoptará una regulación que incentive la construcción de un mercado competitivo…” La historia mundial ha demostrado que el criterio de libertad competitiva se aplica precisamente para que suceda lo contrario. El libre comercio es, y ha sido, la vía al monopolio. En la medida en que las grandes transnacionales eliminan del mercado a sus competidores, no solo establecen las reglas y los contenidos, sino que determinan precios monopólicos.

Al hablar de convergencia no se habla de neutralidad en la red (solo se menciona neutralidad tecnológica), o de las OTT (Over The TOP), las plataformas de servicios que se brindan a través de internet (Netflix, etc.), pero que no necesitan de elevadas intervenciones de infraestructura o espectro y no están sujetas al marco regulatorio de los operadores. “La llegada de las OTT y los servicios interactivos y online ha generado enormes asimetrías en las responsabilidades normativas y financieras entre los operadores que circulan en diferentes plataformas.” (Sergio Andrés Urquijo y Gabriel E. Levy B.; ¿Quiere el Congreso de Colombia acabar la TV Pública?; ExpoAndina Link2018). Las OTT tienen la mejor tajada del pastel, al no ser reguladas, no pagar impuestos y operar, impunemente, sin controles. Son transnacionales con total libertad para imponer contenidos, fijar tarifas y saltarse todas las reglas que rigen aún en el mundo de las multinacionales.

Los operadores TELCO viven un momento coyuntural y la competencia inequitativa de la OTT las pone en riesgo. Sin embargo, las TELCO, al igual que ellas, las multinacionales de la comunicación, han visto un alivio de sus cargas con el nuevo régimen de contraprestaciones y de televisión por subscripción que estableció la ANTV. No es posible que con estas medidas se pretenda afectar toda la producción pública audiovisual, mientras se fortalece o se deja en libertad a las grandes transnacionales de la comunicación. Estas continuarán enriqueciéndose, imponiendo sus contenidos y monopolizando el conocimiento.

La UNESCO, en su documento de indicadores de calidad de las emisoras públicas, establece pautas para determinar el impacto y la misión de la TV pública. Entre estas se mencionan: la transparencia de la gestión, la diversidad cultural, la independencia y el carácter público del financiamiento. Colombia no cumple las recomendaciones de las cuales es signataria y sobrepasa las recomendaciones de sus llamados socios de la OCDE.

Los grandes avances tecnológicos han permitido la digitalización de los procesos de producción, distribución y consumo de las comunicaciones, lo cual se potencia con la expansión de las redes y permite que sistemas antes incompatibles ahora puedan convivir y se ofrezcan combinados. Todo ello debería redundar en un bien para los individuos y la sociedad, para el enriquecimiento del saber, para la mayor oferta cultural y de contenidos, para el fortalecimiento de la televisión y los medios audiovisuales públicos y el trabajo de los nacionales que se ocupan en estos medios. Sin embargo, este proyecto de ley, al igual que las leyes que han sido aprobadas recientemente para seguir las imposiciones de los Tratados de Libre Comercio y de la OCDE, como la Ley Lleras 6 o la Ley de Economía Naranja (todas relacionadas y parte del mismo paquete), van en la dirección contraria.

Finalmente, como aguinaldo, los permisos para el uso y explotación del espectro, patrimonio y propiedad de la Nación, serán ampliados a 30 años renovables. Mientras desaparece el uso público del mismo, aumentamos su usufructo para unos pocos monopolios que cuentan con el músculo financiero y político para hacer de las suyas. Hay socios a los que le toca la parte del león, y a otros, la del ratón.

¡Convocamos a todos los colombianos a defender los medios públicos de comunicación y cultura que el gobierno pretende privatizar y entregar a la voracidad de las multinacionales del entretenimiento!

UNIDAD NACIONAL DE ARTISTAS

Junio 3, 2018

 

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23 de mayo de 2018

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Martes, 28 Noviembre 2017 07:40

Los ricos, cada vez más ricos

MALAGÓN

 

Diversos estudios revelan el avance del proceso concentrador de la riqueza. Un hecho que no sería posible sin los paraísos fiscales, uno de los principales responsables de la extrema desigualdad

 

A pesar de las continuas proclamas en defensa de la patria con las que se llenan la boca nuestros gobernantes y colonizan los medios de comunicación, las reiteradas filtraciones como los papeles de Panamá o los recientes papeles del Paraíso confirman lo que ya sabíamos: las élites sólo declaran a la hacienda pública una parte de sus ingresos y su riqueza. A través de los paraísos/guaridas fiscales, la ingeniería contable, los recovecos legales, los precios de transferencia sistemáticamente aplicados por las empresas transnacionales...han encontrado numerosas fisuras (grietas, más bien) para ocultar o disimular una proporción sustancial de sus fortunas. Un dato puede servir para conocer la dimensión de esta lacra: la comisión de investigación del Parlamento europeo sobre los papeles de Panamá, ha calculado que la UE pierde anualmente un billón de euros de recaudación tributaria por culpa de la evasión y elusión fiscal.

Por esa razón, son muy bienvenidos los trabajos centrados en ofrecer información sobre la privilegiada posición económica de las élites. Mucho se ha escrito y se ha hablado en estos años sobre la desigualdad, la pobreza, la precariedad y la exclusión social –ante la sangrante evidencia, imposible de ocultar, de su aumento--, pero poco sobre la acumulación de renta y riqueza por parte de una minoría de la población. No tanto por el evidente déficit de información al respecto –espacios opacos, donde se mueven cantidades ingentes de dinero y activos financieros--, como por el escaso interés, asimismo evidente, de quienes podrían disponer de esa información para poner negro sobre blanco los enormes e injustificados privilegios que los poderosos han disfrutado y han visto crecer durante la crisis. En unos años en los que buena parte de la ciudadanía tiene que hacer enormes esfuerzos para llegar a fin de mes, o simplemente no llega, cuando los salarios de muchos trabajadores han experimentado un desplome histórico y cuando el derecho (los derechos humanos, recogidos en las cartas constitucionales) a la vivienda, a un empleo decente o a la salud están siendo continuamente vulnerados.

Por esa razón, hay que felicitarse de que haya visto la luz un nuevo informe publicado por el Credit Suisse Research Institute, el Global Wealth Report, que lleva por título Where are we ten years after the crisis? (¿Dónde estamos diez años después de la crisis?. como siempre, el estudio se acompaña de una base de datos, Global Wealth Databook, referida a la desigualdad en la distribución de la riqueza.

Con las reservas que antes hemos señalado, los datos de este informe (y de los anteriores) revelan un proceso concentrador de la riqueza que sigue avanzando. Un hecho que no sería posible sin los paraísos fiscales, uno de los principales responsables de la extrema desigualdad en la concentración de la riqueza, ya que permiten esconder el dinero y evadir impuestos. De hecho, todos los estudios muestran que nunca ha habido tanto dinero en paraísos fiscales como ahora. Esto supone que las estadísticas sobre desigualdad subestiman de manera considerable el verdadero grado de concentración de la riqueza, ya que no incluyen el dinero oculto en estas jurisdicciones opacas o paraísos fiscales. A pesar de ello, es interesante ver, con la cautela que merece, algunos datos sobre la desigualdad en España, Alemania y Europa, referidos al ecuador de 2017.

En el Estado español, el 10% de la población adulta concentraba el 57,8% de la riqueza total; el 5% atesoraba el 42,9% y el 1% reunía el 25,1%. Sólo 428.000 personas disponían de una riqueza superior al millón de dólares; y las 17 más ricas tenían cada una de ellas más de 1.000 millones de dólares. El índice de Gini –un indicador sintético habitualmente empleado para medir la desigualdad, que puede tomar registros comprendidos entre 0 (igualdad total) y 100 (inequidad extrema)-- alcanzó el valor de 65,7, duplicando los registros que ese indicador arroja cuando se mide el ingreso; en otras palabras, la concentración de los patrimonios es muy superior a la de la renta (que también es alta y ha crecido).

Las asimetrías en Alemania (la historia de éxito y el modelo a seguir, según el discurso dominante) son todavía más pronunciadas. El top 10% de la población adulta concentraba el 65,2% de la riqueza, el 5% disponía del 53,6% y el 1% capturaba el 32,3%. Algo más de dos millones de personas disponen de una fortuna superior al millón de dólares, mientras que un centenar de ellas alcanzaba los mil millones. El valor del índice de Gini era de 79,6, también muy superior al del ingreso.

Los datos para el conjunto de Europa todavía son más extremos. Los porcentajes detentados por el 10%, 5% y 1% de la población adulta eran, respectivamente, del 69,1%, 55% y 31,8%. Poco más de 10 millones de personas tenían una riqueza superior al millón de dólares y 468.000 acreditaban más de 1.000 millones. El índice de Gini en este caso (82,9) superaba los registros de España y Alemania.

El panorama que nos devuelve el informe, y que respalda la información estadística disponible, resulta inquietante y revelador. Sin paliativos, las élites están reforzando sus privilegios: los ricos son cada vez más ricos. Sin pretender una relación exhaustiva de los factores, diversos y complejos, que explican ese proceso, cabe señalar algunos de los que nos parecen más destacados: el negocio de las privatizaciones y la mercantilización de los servicios públicos, las retribuciones extravagantes y extraordinariamente elevadas de los equipos directivos, la evasión fiscal y la ingeniería contable practicada por las grandes corporaciones con el único objetivo de eludir impuestos, el aumento del valor de los activos financieros y la reaparición de las burbujas, los subsidios y ayudas otorgados por las administraciones públicas a las empresas, los rescates a los grandes bancos y la política monetaria del Banco Central Europeo, que alimenta de recursos a la industria financiera y a las grandes empresas.

La concentración de renta y riqueza, además de injusta –pues se ven recompensados los que estuvieron en el origen del crack financiero-- es un cáncer para la economía, cáncer que urge erradicar. No sólo porque penaliza el consumo y la inversión productiva (las élites promueven, sobre todo, el consumo de bienes y servicios de lujo y la inversión financiera), sino porque, haciendo valer su privilegiado estatus, acumulan influencia y poder. El resultado es de sobra conocido: la captura (perversión y contaminación) de las instituciones y de las agendas públicas, que, cada vez más, están a su servicio, demostrando otra vez cómo el aumento de la desigualdad está directamente interrelacionado con el secuestro de los procesos democráticos por parte de las élites.

Salir de la crisis implica, necesariamente, romper con esas estructuras oligopólicas que parasitan la economía y están en el origen de la inequidad extrema. Prohibir los paraísos fiscales, desmonopolizar las estructuras empresariales, desfinanciarizar la economía, aumentar la presión fiscal sobre las grandes fortunas y patrimonios, limitar las retribuciones de los equipos directivos de las firmas y obligar a las empresas transnacionales a que declaren sus beneficios donde los generan. Este es el camino.

 

Miguel Urbán y Fernando Luengo. Coordinador y miembro de la Secretaría de Europa de Podemos, respectivamente.

 

 

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La concentración de la tierra en Latinoamérica, causa de conflicto social y subdesarrollo

• 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras

• 32 millonarios igual riqueza que 300 millones de personas

• Importante reunión de la FAO en Santiago de Chile


El 1% de los propietarios de América Latina concentra más de la mitad de las tierras agrícolas. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), retomó estos datos de un informe de la ONG OXFAM para describir la enorme desigualdad que atraviesa al continente.

El tema de la concentración de las tierras junto con la reflexión sobre el impacto de las reformas agrarias de la región, constituyó el tema central de la Reunión de alto nivel sobre “Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en América Latina y el Caribe”, realizada en Santiago de Chile en el transcurso de la primera semana de abril.

La región de América Latina y el Caribe tiene la distribución de la tierra más desigual del mundo. La FAO destacó que esa distribución es aún más inequitativa en Sudamérica, mientras que en Centroamérica es levemente inferior.

La región tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente alcanza al 0,79, superando ampliamente a Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).

El organismo de la ONU sostiene que administrar mejor los derechos de la tierra, así como el acceso a los bosques y la pesca es fundamental para reducir la pobreza en las zonas rurales y proteger los recursos naturales. E instó a mejorar el reconocimiento de los derechos de tenencia.

Mejorar el reconocimiento de los derechos de tenencia de la tierra y su distribución es un paso necesario para erradicar el hambre y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, subrayó la FAO en Santiago de Chile.

Otro problema significativo, según el organismo onusiano: cada vez es menor el porcentaje de la tierra en manos de pequeños propietarios. Fenómeno que conspira, en particular, contra las mujeres. En Guatemala, por ejemplo, sólo el 8% de las mujeres es propietaria. En Perú, sólo el 31%. En la mayoría los casos, estas propiedades son de menor tamaño y calidad que las que poseen los hombres.

A fines del año pasado OXFAM publicó “Desterrados: Tierra, Poder y Desigualdad en América Latina”, uno de los informes más completos realizados hasta ahora sobre la situación agraria del continente. El mismo centraliza su análisis en 17 países latinoamericanos.

“El 1% de las fincas acapara más de la mitad de la superficie productiva. Es decir, este 1% concentra más tierra que el 99% restante. Esta situación no ofrece un camino para el desarrollo sostenible, ni para los países, ni para las poblaciones ” , indica el informe de la ONG, retomado ahora por la FAO.

La desigualdad económica y social es uno de los mayores lastres que impiden a las sociedades latinoamericanas alcanzar el desarrollo sostenible y supone un obstáculo para su crecimiento económico. “En la región, 32 personas privilegiadas acumulan la misma riqueza que los 300 millones de personas más pobres. Esta desigualdad económica está íntimamente relacionada con la posesión de la tierra, pues los activos no financieros representan un 64% de la riqueza total”, subraya OXFAM.

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Ecuador. “El Gobierno ha trabajado en función de los grandes grupos económicos”. Entrevista



Uno de los temas que en la campaña no se tratan es el de la híper concentración en la economía ecuatoriana. La presencia hegemónica de grandes grupos económicos en casi todos los sectores de la economía del país no es abordado por ninguno de los candidatos, incluso el de Alianza PAIS o la candidatura del general Paco Moncayo, asociada a la izquierda no correísta.

Pero en medio de la campaña, se dio el lanzamiento de una investigación de maestría de Carlos Pástor, un politólogo y doctorando del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. El libro, editado por Ediciones La Tierra, se llama Los Grupos Económicos en el Ecuador. Es la primera vez que se vuelve a abordar este tema entre la academia ecuatoriana, desde la publicación de Luis Fierro Carrión, Los grupos financieros en el Ecuador, en 1991, editado por el CEDEP. Han tenido que pasar 26 años de esta publicación, que ya es un clásico en el tema, para que un intelectual ecuatoriano aborde un hecho que ha marcado el recorrido de la economía nacional. El tema no es muy estudiado por los intelectuales ecuatorianos. Antes de Fierro, fue Guillermo Navarro quien en 1976 había publicado un estudio similar. Sin embargo, Pástor y Fierro citan trabajos como los de Pablo Ospina, Decio Machado, Mario Unda, Alberto Acosta, Pablo Dávalos y otros —todos de bases marxistas— en diversas revistas y publicaciones colectivas respecto al tema.

En el resumen de la investigación, Pástor cita al economista y militante histórico del socialismo ecuatoriano, José Moncada Sánchez, "la actividad económica del Ecuador depende de un contado número de grupos económicos, industriales, financieros, agroexportadores, comerciantes, que son los que dominan la economía nacional, los que en definitiva deciden qué debe exportarse, importarse, consumirse. Son los que en un plano más amplio, ejercen significativa influencia sobre la vida política del país".

Y es Luis Fierro, quien en la presentación del texto, señala que "en la última década de gobierno de Alianza Pis, si bien se ha utilizado la retórica como la del socialismo del siglo XXI y revolución ciudadana, en la práctica el proceso de fortalecimiento del capitalismo monopolista de Estado, y de los grupos financieros, se ha acelerado y fortalecido. Si bien durante los años de auge del precio internacional del petróleo, la participación del Estado en la economía aumentó, los grupos económicos también se han visto fortalecidos, con excepción de un par de grupos (Isaías, Noboa) y se han visto sujetos a expropiaciones y juicios. Pero otros han tenido un apogeo, destacándose entre ellos los grupos Wrigth (Corporación Favorita), Eljuri, NOBIS (Isabel Noboa), Hidalgo & Hidalgo y otros grupos vinculados al comercio interno y la construcción".

La participación de los grupos económicos identificados por el Servicio de Rentas Internas, SRI, aumenta del 48% del PIB en el 2013 al 57% en el 2015, "evidenciando un alto nivel de concentración y centralización del capital en el país (mayor al encontrado en los años 70 por Navarro y en los 80 por Fierro)".

En Los grupos económicos del Ecuador, Pástor hace un recuento histórico de la conformación de los grupos en el país, desde la década de los 70 hasta la fecha y hace una línea de tiempo de los principales grupos que concentran sus capitales en la economía ecuatoriana, de acuerdo a una publicación de la revista Forbes, del 2015.

En este informe, el grupo Noboa (Álvaro Noboa Pontón) sigue manteniendo su hegemonía en el país a pesar de los contenciosos tributarios con el Estado en el gobierno de Rafael Correa. Uno de estos derivó en la incautación —y pérdida para el grupo— de la hacienda bananera La Clementina, de 12.000 hectáreas. Sin embargo, el grupo mantiene 72 empresas activas, según el ranking del SRI del 2015. Pese a sus limitantes, el grupo controla el 4% del mercado mundial de banano y sus intereses van desde las ramas agroindustrial, agroalimentaria, mobiliaria y automotriz. De hecho, de acuerdo al ente estatal, en el mercado interno la empresa que más ha ganado del grupo Noboa es Truisfruit, en Guayas, dueña de la marca Bonita Banana.

Los otros seis grupos más poderosos del Ecuador, son, según la investigación, grupo Pichincha, grupo Eljuri, grupo NOBIS, grupo Wrigth (Supermaxi), grupo Czarninsky (Mi Comisariato) y el grupo Pronaca, en ese orden. Este último, por ejemplo, controla el 45% del mercado de pollos en el país, de acuerdo a la investigación de Pástor. Los datos agregados se refieren, además, a grupos económicos segmentados por sector, en los cuales ejercen el poder del mercado en las áreas de la construcción, el acero, la cerveza, las bebidas no alcohólicas, la distribución de medicamentos, el mercado de la salud, la producción de leche, la venta al detal (supermercados)...

Pástor, en sus conclusiones, cita algunos ejemplos de grupos que se han beneficiado de las políticas económicas y sociales y de la relación política con el gobierno de la revolución ciudadana. "Para el caso de La Favorita (grupo Wrigth o Supermaxi), solo en el 2015 sus inversiones en el extranjero llegaron a 15 millones de dólares, su diversificación es hoy tan grande que han incursionado en inversiones hidroeléctricas. Pronaca no se queda atrás, su principal rama económica sigue siendo la agropecuaria y ha crecido desde su fundación. Cada año sacan de 15 a 34 nuevos productos que compiten en el mercado, ahora incluso en bebidas gaseosas con la marca liki. Al mismo tiempo podemos ver que aparecen nuevos grupos, algunos son multinacionales como el caso de Holcim, que llegó en el 2004 y a partir del 2007 ha crecido considerablemente. En el 2011 llegó a ocupar el puesto número 13 en el ranking de las empresas más grandes del país. En el 2013 llegó al puesto seis y desde el 2014 hasta hoy se mantiene como la cuarta empresa de mayores utilidades en el país. Al tiempo que crece esta empresa, las tareas de construcción promovidas por el gobierno han sido muy grandes. Para entrar en lo que el gobierno llamó cambio de matriz productiva, esta empresa modernizó su planta de cemento en Guayaquil, con una inversión de 400 millones de dólares. Con esto ampliaron su capacidad a 10.700 toneladas de clínker (la principal materia prima de la que se obtiene el cemento) por día".

Cervecería Nacional, irónicamente ya no tan nacional. Fue comprada por el grupo transnacional Bavaria. En el 2002 la empresa es vendida y en el 2006 se fusiona con el grupo SABMiller. Fruto de la fusión con la trasnacional Ambev, controla el 98% del mercado nacional de la cerveza industrial.

 

¿Cómo empieza tu interés particular por los grupos económicos en el Ecuador?

 

Es una inquietud que la tuve desde el pregrado, sobre todo desde el debate de la Ley de Tierras y cómo estos grupos inclinaron la balanza en la elaboración de artículos a su favor. Un primer acercamiento es desde el tema rural. En la especialización de Cambio Climático, que estudié en la Andina con Carlos Larrea, intentamos hacer un estudio de los grupos económicos que estaban alrededor de la venta de agroquímicos en el país. Descubrimos que una sola empresa, que se llama Innovagro, controla la venta a escala nacional de todo lo que es agroquímicos: distribuye a Ecuaquímica, Agripac y otros. Y cuando revisas el directorio y sus capitales, están Dupont, Monsanto, Syngenta... Todos venden estos kits de semillas, de fertilizantes. Este libro es una articulación de todas estas inquietudes, e inicialmente parte de las publicaciones que se han hecho en el país sobre los grupos económicos. El clásico, como el de Guillermo Navarro —La concentración de capitales en el Ecuador— me apasionó, porque siempre había intentado la investigación de temas rurales, pero desde lo abstracto —cifras de la concentración de tierra, del agua— pero en lo concreto mi interés era saber los grupos económicos con nombres y apellidos. Luego de este libro aparece el clásico de Andrés Guerrero, Los oligarcas del cacao, y el de Patricia de La Torre, Patrones y conciertos o Jornaleros y grandes propietarios de Manuel Chiriboga, o El banano en el Ecuador de Carlos Larrea, y finalmente en el 91, el libro de Luis Fierro.

 


Es increíble que nos hayamos tardado 25 años en un nuevo libro sobre los grupos económicos.

 


El de Fierro es un clásico, pero antes hay tesis de doctorado sobre grupos económicos. Pero en el periodo noeliberal se terminan las publicaciones sobre los grupos. Una de las causas puede ser las limitaciones de las fuentes. Y eso pasa en este libro también, porque no tienes acceso a todos los directorios, a conocer la conformación de los capitales. Porque ya no es como en Patrones y conciertos, donde tenías el gran terrateniente y podías ir articulando sus relaciones con sus familias y los políticos. Ahora son corporaciones con capitales extensos, variados y diversificados. Esto se denomina como el burgués trípode, que tiene un pie en la agroexportación, uno en el comercio interno y un pie en la banca. Esto se reafirma con la tesis de José Moncada, quien ya decía en el 90 que hay un pequeña élite que decide qué se compra, qué se vende, qué se consume, cómo se maneja la balanza comercial y son ellos los que direccionan las políticas públicas del gobierno. Sabemos que el Estado es un aparato a su servicio, pero lo que sería importante volver a estudiar son los mecanismos de estos grupos económicos para direccionar la acción del Estado.

 

¿Qué ha pasado en estos diez años con los grupos económicos y el gobierno de Correa?


Casi todos han ganado como nunca. Ese es un consenso en la comunidad académica. Tienes que se ha dado un incremento significativo de los grupos concentrados en el mercado interno. Mientras que los agroexportadores, con la crisis de los commodities bajaron. Pero ahora tenemos un tratado con Europa, con el cual los grupos agroexportadores son los más beneficiados.

Un hecho determinante en la dinámica económica del Ecuador es su carácter oligopólico. Casi todos los sectores, si no todos, están dominados por una o dos empresas o grupos, pero ese no es un tema que se tope en la campaña electoral.
El estudio tiene un carácter académico. Pero me parecería importante conocer qué piensan los candidatos sobre la concentración de la riqueza en el Ecuador. Tienes una concentración de 0.80 en el índice de Gini en el acceso a la tierra. (El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad —todos tienen los mismos ingresos— y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad —una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno—.Ndlr). El Gini del agua es mucho peor, pero el índice de concentración de la riqueza es significativo. Luego de haber creado la Superitendencia de Control del Poder de Mercado, tienes un grupo como el de La Favorita que está más fuerte que nunca, el grupo El Rosado más fuerte igual, tenemos al grupo Eljuri que está fuertemente vinculado al gobierno, tenemos al Consorcio Nobis, igual. El ejemplo perfecto del burgués trípode es Nobis. Está en todo, en procesos industriales, agroexportación, comercio interno, construcción... Un capital muy diversificado. Me parece que esta concentración de capitales en los últimos diez años se ha incrementado. Si vemos el centro comercial que abrieron hace poco en Latacunga y hacemos un mapeo de las marcas que ahí se alojan, te puedes dar cuenta de los grupos económicos que están en esa provincia. Lo que tienes, cuando se abren todos estos centros comerciales, es que la concentración de todo el dinero, o la mayor parte, de la zona va a favorecer a estos grupos económicos en desmedro de las pequeñas tiendas, locales o mercados. Porque además ellos llegan con el paquete de lo moderno: escaleras eléctricas, infraestructura, su aparato de publicidad. Algo con lo cual es muy difícil competir.


Una de las promesas del 2006 de Alianza Pais fue precisamente la potenciación y crecimiento de la economía popular y solidaria. La visión era que estas centenas de miles de emprendimientos puedan competir adecuadamente en el mercado interno y externo.

 

Hay que ver el tema de modo integral. No podemos impulsar la economía popular y solidaria porque esta debiera tener un proceso previo para fortalecerse. Por ejemplo, el acceso a la tierra. Un campesino que tiene acceso a semilla, tierra y agua puede tener una producción mínima, la agricultura familiar. Y esta podría servir para el consumo de la familia y comercializar el excedente en el mercado. Pero el mercado ecuatoriano está hecho para favorecer a los grandes. No da cabida a la pequeña producción, porque esta no tiene acceso a bienes de capital y por tanto queda al margen del mercado, salvo pequeñas iniciativas que han logrado ingresar, pero es mínimo. Si vemos al programa estatal de provisión de alimentos, este debiera al menos destinar el 60% de sus compras a pequeños y medianos campesinos o productores.

Pero los principales proveedores de este programa son Nestle, Pronaca, los grandes grupos. En realidad la política pública está dirigida al fortalecimiento de estos mismos grupos. Si habría una voluntad política para fomentar la economía popular y solidaria debió darse, en estos años, la redistribución de tierra, el acceso a semillas. Tenemos una Ley de Tierras que fomenta la extranjerización de la tierra, el arrendamiento y la concentración. Hay una Ley de Semillas que está intentando imponer una semilla certificada para abrir la puerta a los transgénicos. Una Ley de Agua que direcciona el uso del agua a la producción del monocultivo. Todo está pensado en función del mercado externo y el paradigma que tienen es que si tienen una gran cantidad de tierra y agua pueden competir. Y eso significa también, en cuanto al monocultivo, el uso de poca mano de obra y gran cantidad de agroquímicos. Todas estas leyes empatan con tratado de libre comercio con la Unión Europea. Todo ha sido pensado para eso. El modelo de la economía popular y campesina queda al margen, y los que sí quedan articulados y posicionados para acumular mucha más riqueza son estos grupos económicos.

 

 

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Lunes, 02 Enero 2017 08:47

La paz territorial en Antioquia.

La paz territorial en Antioquia.

La construcción territorial de la paz ya está en curso, como parte de la misma el gobierno nacional expidió 27 decretos (Ver http://bit.ly/2i1ykZm ) para organizar los espacios de ubicación de los integrantes de las Farc en su transición a la movilización política y social con el fin de hacer realidad la “paz positiva” con derechos y justicia social efectiva para las comunidades y las familias campesinas, que supere el enfoque de la simple “paz negativa” como ausencia de guerra y la “paz imperfecta”.


Para el departamento de Antioquia han sido expedidos los decretos 2010, 2016 y 2025, que trazan las regulaciones de los territorios de paz en Ituango, Remedios, Yondo y Anorí.


Pero como la aplicación de los acuerdos de paz presenta demoras, la llegada de los combatientes guerrilleros ha registrado dificultades debiendo conformarse, por el momento, 11 Puntos de Preagrupamientos Temporal/PPT, en el caso de la región antioqueña.


La paz y su implementación, tiene en el enfoque territorial un elemento bastante sensible. Es en los espacios geográficos en los que la realidad de la paz se visualiza mejor usando conceptos como terreno, bloque, región, localidad, vereda, municipio, departamento, que simbolizan el espacio donde se juega la hegemonía popular y nacional. Hablar de topografía es hacerlo de clases sociales, de formas de propiedad, de enclaves militares, de medios de comunicación, de rebaños religiosos y de grupos culturales.


En esos espacios se dan procesos que conforman la correlación de fuerzas en los ámbitos social, normativo y político.


Es en los espacios regionales donde se asientan los dominios políticos, ideológicos y militares de las oligarquías tradicionales. Es allí donde se despliega con mucha eficacia la violencia, la coerción, la manipulación y subordinación del pueblo.


En este caso concreto, nos referimos a un departamento con 63.600 kilómetros cuadrados; casi 7 millones de habitantes; 125 municipios; un Área Metropolitana de 4 millones de habitantes; y 9 sub regiones.


Con un enorme dispositivo militar centralizado en la Séptima División del Ejército que tiene bajo su mando las brigadas 4, 11, 17, Brigada de Selva 15, la Fuerza de Tarea del Nudo del Paramillo y la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. A lo que se agregan los dispositivos de policía, Marina y Fuerza Aérea con una base estratégica en Rio Negro.


La transformación de las Farc en una fuerza política y civil en Antioquia está ocasionando un alto impacto regional, provocando el nerviosismo de una elite política bastante reaccionaria y corrupta que se niega a la democracia ampliada y la paz.


Su rechazo a los desarrollos de la paz se está expresando por boca del gobernador Luis Pérez, quien aún no se acostumbra a la democracia ampliada, y por eso acude a la mentira y difamación para lanzar acusaciones falsas sobre prostitución infantil, desorden público, con consumo desproporcionado de licor, e intimidaciones a la población civil y a las autoridades municipales por los militantes de las Farc, aseveraciones que los propios alcaldes han rechazado y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU ha desmentido con investigaciones profesionalmente documentadas.


Luis Pérez está utilizando la democracia y los medios de comunicación para engañar, para insultar y agredir, evitando la controversia y el debate pluralista sobre el histórico proceso de paz y sus proyecciones en el departamento de Antioquia.


Rectifique gobernador, sigue usted con el mismo lenguaje politiquero de los últimos 100 años. Juéguele limpio y con transparencia a la paz.
Para evitar esta grotesca manipulación politiquera, en la que ya se infiltro, obviamente el caballista del Ubérrimo, con sus consabidas intrigas, varias organizaciones sociales, científicas, universitarias, religiosas, empresariales, académicas, sindicales, femeninas y democráticas, hemos organizado una Veeduría de control ciudadano al proceso de paz en Antioquia para acompañar su correcta implementación mediante propuestas e iniciativas que hagan una realidad la paz para los antioqueños.


Pedimos tener presencia en la Comisión que desde este martes 3 de enero/2017 ira a los 11 Puntos de Preagrupamiento de Paz de Antioquia, integrada por Victoria Eugenia Ramírez, Secretaria Departamental de Gobierno, Luis Guillermo Pardo, Asesor de Paz, Tatiana Gutiérrez, Gerente de Paz de la Gobernación y el Coronel de la Policía Nacional, Wilson Pardo, comandante de la Policía, quien de acuerdo con los Protocolos debe ir de civil a las zonas de localización de las Farc.


En ese sentido, para que no se diga que nos oponemos a todo con el fin de sabotear el funcionamiento del gobierno departamental, encontramos oportuna y acorde con los pactos agrarios de paz, el proyecto de Luis Pérez de conformar una Empresa de Desarrollo Agroindustrial para Antioquia (Ver http://bit.ly/2i1ykIO ), como parte del actual Plan de Desarrollo de Antioquia “Pensar en Grande” (Ver http://bit.ly/1QYp6wx ); es muy buena idea que esperamos tenga un gran énfasis en la Innovación social con importantes avances en Medellín y el Área Metropolitana del Aburra (Ver http://bit.ly/1LS0DAm ).


En igual sentido nos parecen oportunas las medidas proyectadas para resolver los graves problemas financieros de SaviaSalud (Ver http://bit.ly/2ioQpDZ ), arruinada por el saqueo de los politiqueros de Antioquia, pues su hueco fiscal es casi de un billón de pesos afectando hospitales, médicos, enfermeros y, por supuesto, a miles de personas en condiciones de extrema pobreza, con graves problemas de salud.
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@duque_2016

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El Gobierno de Colombia y las FARC pactan un protocolo para verificar el cese al fuego
Un organismo tripartito compuesto por la ONU, el Estado y la guerrilla aplicará 36 normas en las zonas de concentración temporales

 

El Gobierno de Colombia y las FARC han pactado un protocolo de 36 normas que regirá el funcionamiento de las 23 zonas veredales y los ocho campamentos en los que se concentrará la guerrilla a partir del momento en que se firme el acuerdo final que acabe con más de 50 años de conflicto en el país. Durante los siete días de la semana, las 24 horas del día, un mecanismo tripartito compuesto por el Ejecutivo, la insurgencia y la ONU vigilará estos territorios temporales para verificar que se cumpla el punto del cese al fuego bilateral y definitivo y la entrega de las armas pactado entre ambas partes el pasado 23 de junio.

 

Las zonas de concentración de las FARC contarán con acceso por vía fluvial y territorial y su extensión será “razonable dependiendo de la vereda”. Aunque sigue sin especificarse dónde se ubicarán, se han establecido rutas de desplazamiento con dispositivos especiales de seguridad de la Fuerza Pública. "En todo momento el Estados Social de Derecho estará vigente", se lee en el comunicado. Una vez ubicados los guerrilleros, los altos mandos entregarán a la misión de la ONU información sobre la totalidad de sus miembros, el número de armas que poseen y el lugar donde se almacenan para que se inicie el mecanismo de verificación y entrega. En los primeros 60 días después de la firma se recibirá el armamento pesado. El resto lo entregarán, en un plazo de 180 días, en tres fases. Finalmente, se guardará en contenedores vigilados por observadores internacionales y servirá para construir tres monumentos.

 

Las 36 normas que regirán durante el período de desarme y verificación incluyen, para ambas parte, la prohibición de cualquier tipo de acto violento y el uso de lenguaje difamatorio. El Gobierno y sus agentes de seguridad suspenderán el hostigamiento contra la guerrilla y dejarán de hacer propaganda en su contra como sucedía hasta el momento, entre otras cuestiones. Las FARC, además de abandonar la violencia, dejarán de participar en actividades ilícitas como el narcotráfico.

 

Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC en La Habana, supedita todo este proceso de desplazamiento y entrega de armas "a la puesta en vigor de las normas que garanticen la seguridad jurídica, social y política de la insurgencia". La guerrilla pone como requisito que se apruebe y realice el plebiscito antes de que estos mecanismos comiencen a funcionar.

 

La misión de la ONU, a petición del Gobierno y la guerrilla, no tiene como objetivo "la imposición de la paz", ha aclarado Jean Arnault, representante especial del Secretario General y jefe de esta comitiva en Colombia. "No es una misión de cascos azules", ha dicho el responsable y ha explicado que el equipo que aterrizará en el país, compuesto por observadores civiles y militares, no estará armado: "Sería un error y una preocupación para la población". Por el momento, cuenta con 80 miembros, una comisión que podría ampliarse hasta los 500, según los primeros cálculos. La próxima semana, una delegación tripartita, con el acompañamiento de representantes de los países garantes Cuba y Noruega y la Cruz Roja, viajará a estas zonas veredales para estudiar las necesidades que se requieran y así emitir el 19 de agosto un informe a la sede de la ONU en Nueva York con todos los detalles del operativo.

 

"Por cada lugar donde se concentren los guerrilleros habrá una media de 18 de nuestros miembros", ha informado Arnault.

 

El Gobierno será el responsable de suministrar la logística en estas zonas, "privilegiará la contratación en las regiones de ubicación" y podrá contar con recursos de cooperación internacional. Además, en estos territorios se mantiene vigente el Estado de Derecho, es decir, las autoridades civiles seguirán actuando sin limitación alguna. Si se produjera algún tipo de incidente que requiriera la presencia de la Fuerza Pública, "primero se informará a la ONU" para que coordine el ingreso a las zonas. Posteriormente, se realizarían informes para sancionar estos incidentes. Arnault reconoció que existe "un desafío real" en cuanto a la seguridad de la misión, sobre todo en las regiones en las que siguen operando otros grupos armados como la guerrilla del ELN o las bacrim, como se conoce en Colombia a las bandas criminales, algunas herederas del paramilitarismo. "Contaremos con especialistas en seguridad y ya contamos con la cooperación de la Fuerza Pública", ha dicho.

 

De la firma a la antefirma

 

El acuerdo del cese al fuego bilateral y definitivo se sustenta en un cronograma que tiene como fecha de partida lo que ambas partes denominan el día D. Hasta ahora, se correspondía con el momento en que se firmara todo lo pactado en un acto en Colombia. Pero el pasado jueves, el presidente colombiano Juan Maniel Santos abrió la puerta a una antefirma. “Cuando terminemos todos los puntos de la agenda, es decir, cuando todo esté acordado, en ese momento se va a poner unas iniciales a los textos", explicó. "Esos textos se envían al Congreso y ahí se convoca el plebiscito. No necesariamente ese momento coincide con la firma de los acuerdos. La firma es una formalidad".

 

Las FARC argumentan desde el inicio de las negociaciones que no pondrán su nombre (en forma de firma o iniciales) en un papel hasta que no se haya aprobado una amnistía y hasta que no hayan celebrado su décima conferencia en la que materializarán su final como grupo armado. Santos no obvia estos requisitos y así lo ha reconocido en diversas declaraciones públicas. Pero al mismo tiempo es consciente de que la consulta al pueblo colombiano, prevista para un mes después de la firma final, depende de un trámite parlamentario y una posterior campaña y no puede seguir retrasándose.

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Natalia Zuazo

La periodista Natalia Zuazo publicó en 2015 el libro “Guerras de internet. Un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida”, donde se mete con el mundo virtual: desde el cable que nos conecta hasta el hiperconsumo al que nos somete la red. En diálogo con Brecha apunta a la necesidad de controlar a los grandes monopolios a partir de la conciencia y la formación ciudadana.

 

 

—En su libro deja sembrada la idea de que se puede luchar contra los dueños de Internet. Pero a la vez da la sensaciónde que ellos tienen muy claro su negocio. ¿Cómo se logra entonces el objetivo?

 

—La idea del libro surgió de la necesidad de difundir que Internet es un espacio de poder donde hay actores que dominan, y que se constituyeron –no casualmente– en monopólicos y concentrados. Si no sabemos eso no vamos a poder avanzar en reclamar nuestros derechos, que es la segunda cosa que planteo hacia el final del libro. Por eso en toda la primera parte explico cómo funciona, desde el primer caño que nos conecta y lleva los datos, todo el recorrido de la información, hasta llegar a las empresas, con nombre y apellido. En Argentina y en todo el mundo. Son los dueños de Internet, que están entre los más grandes millonarios del mundo y tienen vínculos con la política en Estados Unidos, que es el país donde nació Internet. También explico una serie de instancias en la toma de decisiones internacionales, donde están jugando muy fuerte. En principio lo más importante es conocer el mapa de Internet. Después, empezar a verla menos ingenuamente. Ver lo que llamo las guerras de Internet que, como todo invento que ya está metido en nuestra vida, tiene contradicciones y genera contradicciones en cada lugar que pisa. En principio usamos Internet para mandar un mail, después para mirar películas, para hacer circular la cultura, luego llegaron los medios, y ahora hacemos todo por Internet. Trabajamos, pagamos los impuestos, sacamos un turno para el hospital, todo está en Internet. Entonces, lógicamente va a concentrar mucho poder y por lo tanto mucha contradicción. Hay que empezar a ver esa contradicción y ver que, como en todo, aquí tampoco es todo blanco o negro, malos o buenos. Hay gobiernos que usan Internet para perseguir a sus ciudadanos, y hay países que lo controlan menos pero que permiten la concentración empresarial. En Argentina no hay un control de Internet, pero por muchos años no se hizo nada para ir contra la concentración empresarial, esa también es una forma de modificar el mapa.

 

—En tu libro mencionás a Edward Snowden y a su contracara, que es China y su utilización de Internet. Snowden es una bocanada de aire fresco divulgando información sobre lo que hace Estados Unidos espiando a sus ciudadanos, y China un poderoso que censura. No parece que haya otro camino que ese.

 

—Lo importante siempre es reclamar la soberanía, de la misma forma que le podemos poner límites a otras corporaciones, a las mineras, por ejemplo. Tenemos que darnos cuenta de que la soberanía sobre nuestras decisiones tecnológicas es una decisión ideológica. Darle la soberanía sobre las computadoras a Microsoft o a Google es una decisión tecnológica pero también ideológica.

 

—No es un acto inocente.

 

—No. Que el gobierno argentino hoy esté hablando de usar en el Estado Facebook at Work, que es una herramienta de gestión empresarial, es una decisión ideológica que implica muchas cosas. Primero renunciar a la soberanía, a lo que podamos crear nosotros, a nuestro software. Es comprar una herramienta “llave en mano” y darle los datos a una corporación que los va a tener en su servidor en Estados Unidos, con el poco control que eso implica. Cada gobierno decide una relación con Internet. Internet es un mecanismo planetario, que está en todos lados y en ninguno, pero en definitiva depende de decisiones locales. Todo el tiempo se habla del debilitamiento del Estado, pero en estos temas tecnológicos, que progresivamente están más presentes, los gobiernos deben decidir cada vez más y no cada vez menos. Hay cosas necesariamente regulables, pero también hay que ver cómo convivimos con una economía manejada desde Internet cuyas aplicaciones tributan en el país. Esas formas de comercio generan riqueza y datos que hay que administrar.

 

—Es un cambio muy fuerte pasar a la cultura digital...

 

—Claro, y no se va a resolver ahora. Pero además venimos de un tipo y forma de trabajo que está en transición y debe ser repensado. Venimos de la cultura de trabajo dependiente, con sindicatos que defienden a los trabajadores, y vamos hacia otra forma de organizar el trabajo mundial que requiere tomar decisiones nuevas.

 

—¿Cree que el movimiento del software libre es apenas una contracultura de Internet, o se trata de un horizonte posible para la red en el futuro?

 

—Ambas cosas: es un movimiento contracultural y puede ser una opción futura. Es una respuesta contracultural que apunta contra la concentración que hay en Internet. Cinco de cada diez personas que navegan en Internet están en algún servicio de Google, Facebook, Yahoo, Aol o Microsoft. Si existe esta concentración es porque el movimiento de software libre sigue siendo contracultural.

 

—Salvo el Ecuador de Rafael Correa que adoptó el software libre como opción para gestionar la administración pública...

 

—Las grandes empresas tienen un poder de lobby muy importante en cada gobierno. En Estados Unidos se publicó un informe que daba cuenta de que las industrias informáticas son de las que más inciden sobre el Estado. Acá sucede lo mismo. Necesariamente tiene que haber una respuesta frente a eso. Pueden ser movimientos por el software libre o usuarios que reclaman derechos de Internet. El movimiento de Richard Stalman tiene muchos años y un respeto ganado. Y lo valioso de ese movimiento es la prédica por un Internet menos concentrado y a favor de un Internet como fue pensado originalmente, es decir una herramienta para compartir y difundir, algo muy distinto a esto que vemos hoy, que se fue privatizando cada vez más.

 

—¿Se podría pensar en un futuro con un Internet sin dueños y accesible como el aire que respiramos?

 

—Seré pesimista en eso. Tiene que generarse una conciencia con educación crítica permanente. Google no es un motor de búsqueda sino una empresa de publicidad que ordena la información de una determinada manera y organiza las noticias. Facebook es otra empresa de publicidad y no una red social, que además nos ordena el mundo. Y así nos metemos en burbujas de filtro –que es un concepto desarrollado por Eli Parisier– y en un punto lo utilizamos sin conciencia de que esos algoritmos los construyen empresas con intereses y no gente desinteresada. La escuela debería tener una materia que implique la educación tecnológica, para entender cómo se construye ese lenguaje que no es inocente. Del mismo modo que cuando yo era chica se estudiaba inglés para aprovechar mejor el mundo. Educarse en tecnología tendría que ser hoy un derecho de los niños y una obligación del Estado.

 

—¿Hubo algún momento en que su trabajo chocó contra el silencio de sus fuentes?

 

—Es un mundo muy cerrado por el prejuicio de pensar que otros no entienden el lenguaje técnico. Yo hago divulgación política de la tecnología y me importa que los usuarios entiendan cómo están usando esos medios novedosos. A veces eso es molesto para los técnicos. Pero también hubo reticencias desde el gobierno para divulgar información sobre los avances en el campo de la fibra óptica, que fue uno de los logros del kirchnerismo en materia de soberanía digital. También encontré resistencia cuando analicé el uso de cámaras de seguridad callejeras para un capítulo del libro. Se compra tecnología “llave en mano” sin analizar para qué usarla y aprovecharla, más que para vigilar a los ciudadanos, y sin que eso haga bajar los índices del delito. Se compra tecnología sin que haya estadísticas confiables que orienten. Cuando pregunté sobre ese tema también se cerraron puertas. Hay tres empresas que venden tecnología y se quedan con un negocio millonario. Eso es porque en casi todos los países las políticas en materia de comunicaciones las deciden las empresas, y no el Estado. En Brasil es distinto, hay más cooperación entre el Estado y las empresas, vienen trabajando desde hace años. En México el organismo regulador se enfrenta a las empresas, con pocos resultados pero con firmeza.

 

—La guerra de Internet ¿tiene como protagonistas excluyentes a Europa y Estados Unidos?

 

—En principio, sí. Rusia se mantiene como contrapeso en esa guerra que Estados Unidos pretende ganar por haber sido el creador de Internet, digamos. India también es un país muy fuerte en esta cuestión y tiene una sociedad civil muy organizada en este tema.

 

—¿Quiénes ganan y quiénes pierden en esta guerra, por ahora?

 

—Internet es un producto capitalista y va hacia la concentración de las empresas que lo proveen. Lo que planteo es que dentro de ese capitalismo hay espacios donde podemos organizarnos y cooperar para encontrar el antídoto contra esa concentración con fines políticos contrarios a los ciudadanos. Hay que pensar en nuestros derechos desde un punto de vista político y pensar que el consumo también es un acto político.

 

 

Nicolás Maduro y los fallos económicos del chavismo

Desde finales de enero de 2014, tomaron cuerpo marchas y concentraciones en Venezuela, en una disputa por el poder por parte de un sector de la oposición. Su saldo, hasta marzo, es por lo menos veinte muertos y más de 300 heridos. Tras la voluntad de sus participantes de acabar con el chavismo, los acontecimientos develan las dificultades económicas del gobierno, que han crecido desde el segundo semestre de 2012.

 

Venezuela vive la agudización de sus contradicciones sociales desde el fallecimiento de Hugo Chávez, Presidente de su país por 14 años. Aunque quien lo sucedió triunfó dos veces en las urnas –la elección presidencial en abril de 2013 y la consulta territorial en diciembre pasado–, aún no logra el consenso necesario para dirigir su país.

 

A Nicolás Maduro le falta carisma. Su estilo, copia del estilo popularizado por su antecesor, no le queda bien al nuevo mandatario, realidad que aprovechan los anti-chavistas, para explotar las dificultades económicas que conoce la República Bolivariana. Paralelo a los reclamos del fortalecimiento de la seguridad, la llamada oposición también reivindica el fin de los desabastecimientos en los productos básicos, así como el control a la desproporcionada inflación.

 

La presión no da respiro. Algunos éxitos económicos heredados y prolongados por Maduro, no impidieron a los contestatarios tomar la calle. Concretamente, el nuevo jefe del Estado logró triunfos en temas tan sensibles como la pobreza, y también el desempleo. En este último aspecto el INE –Instituto Nacional de la Estadística venezolano– registra una tasa de 5,6 por ciento para diciembre último, sin duda, uno de los datos más halagüeños de la etapa chavista. No debe olvidarse que para finales de 1998, cuando el candidato Chávez ganó las elecciones para la presidencia, el país registraba un 11 por ciento en la tasa de desempleo. La misma fuente reconoce igualmente, una disminución de la pobreza a lo largo del año 2013, con una cifra de 19,6 por ciento, frente al 21,6 del año inmediatamente anterior. Además, en el mismo período, la tasa pasó de 6,3 a 5,5 por ciento en lo que concierne a la pobreza extrema.

 

Inflación persistente

 

Entre los defectos más críticos del modelo de desarrollo económico del chavismo, el que más resalta es la impresionante inflación desatada durante los dos últimos años, pero con un crecimiento desmesurado en el 2013.

 

Sin antecedentes desde el nacimiento del régimen bolivariano, alcanzó la peligrosa tasa de 56 por ciento, constituyéndose en objeto de numerosos análisis. Por ejemplo, Gregory Wilpert, fundador del portal Venezuelanalysis, explica la inflación por la diferencia entre la debilidad de la oferta, con respecto a la amplitud de la demanda interna. En otras palabras, los programas sociales del gobierno –misiones–, provocaron esa alza explosiva con el aumento significativo de la capacidad adquisitiva de la gente, que sobrepasa la escasa producción nacional. Por otra parte, el sociólogo Marx Weisbrot, del Center for Economic and Policy Research en Washington, estima como raíz del tormento económico la compra de dólares en el mercado negro por los importadores. Prácticas que crecieron según él, luego de la restricción del acceso a los dólares decretada por el gobierno en octubre de 2012, restricción incrementada en febrero de 2013.

 

No obstante, más que examinar un ciclo económico de forma aislada, es prudente establecer una comparación con la salud económica de los regímenes anteriores. Si bien es cierto que en la actualidad ningún país conoce una tasa de inflación como la registrada por Venezuela, hay que subrayar que ésta no es un problema surgido con el chavismo. Si observamos, durante la década anterior al nacimiento de la República Bolivariana –es decir los años 90–, la inflación no bajó del 40 por ciento, según el Banco Central, para alcanzar el 80 en 1989, y llegar a la escandalosa cifra de 100 por ciento en 1996. Aunque la inflación conservó una tasa inquietante a lo largo del mandato del comandante, el régimen bolivariano triunfó en disminuirla de manera significativa, a tal punto que hasta el año 2012, no sobrepasó el 30 por ciento.

 

Variaciones en los tipos de cambio

 

Ante la espinosa crisis que conoce Venezuela, su gobierno realizó a principios del año 2014 algunas reformas económicas, medidas tendientes a lograr una mejora en la regulación del tipo de cambio, para reducir la inflación y controlar la fuga de los capitales.

 

En particular esta huida es otra de las grandes dificultades de la economía bolivariana. Aunque las divisas pasaron de 13,7 a 32, 2 mil millones de dólares entre 1997 y 2008, en los últimos años no paran de reducirse. Mientras unos observadores culpan de esta situación a la incompetencia del gobierno venezolano, otros denuncian las malversaciones realizadas por los especuladores. Cualquiera sea la explicación la evidencia es contundente: la fuga de capitales parece inevitable en los regímenes que inician reformas socialistas, en un contexto geopolítico en el cual prevalece el neoliberalismo.

 

Ese fenómeno tiene fuerza creciente desde el 2002, cuando fracasó el golpe de Estado contra el presidente Chávez; es decir en la víspera de la instauración de los tipos de cambio, en 2003. Para el economista Manuel Sutherland, 150 mil millones de dólares salieron del país a lo largo de la época del control de cambios. Las reservas del Banco Central de Venezuela alcanzaron solamente 20,4 mil millones de dólares al principio del año 2014. Además de ser muy reducidos, son 9 mil millones menos del monto del año pasado. Como consecuencia, en septiembre de 2013, el país tuvo que comprar parte de sus importaciones con Letras del Tesoro.

 

Esta realidad no pasa inadvertida. El gobierno que lidera Maduro realiza transformaciones en la regulación de los tipos de cambio, es así como el 15 de enero fue anunciada la desaparición de Cavidi –Comisión de Administración de Divisas. Esta Comisión, órgano del Ministerio de la Planificación de las Finanzas, tuvo como tarea fundamental la regulación de la política cambiaria del país. Su desaparición fortalecerá la SICAD –Sistema Complementario de Administración de Divisas.

 

Éste ente ya reemplazó el año pasado al SITME, como órgano complementario de la CAVIDI. Su principal diferencia con el SITME es que propone una tasa de cambio implícita, y no fija, determinada por subastas convocadas por el Banco Central. Además, autoriza que por un dólar no se cancele 5,3 bolivarianos –como sucedía hasta ese momento– sino aproximadamente 11,5.

 

Las medidas eran urgentes, y con ellas el Gobierno triunfó al eludir una devaluación oficial del Bolívar, tal y como había autorizado en febrero de 2013, con una tasa de 32 por ciento. Pero las nuevas medidas propiciaron, de hecho, una depreciación. En efecto, numerosos cambios tendrán lugar a través de un organismo que determina una tasa más elevada y no fija. Aunque con esto el Gobierno piensa regular la inflación, la medida perjudica a quienes perciben bajos ingresos, pues son estos quienes padecen considerables dificultades para conseguir divisas extranjeras, y también para comprar productos importados.

 

Las medidas tomadas incluyen otros órganos. La Ley de Ilícitos cambiarios del 19 de febrero instituye un nuevo órgano, SICAD II, cuyo objetivo es simplificar las transacciones. Se destaca, particularmente, una tasa aún más fluctuante –no tiene tarifa determinada–, que sigue entonces las variaciones del mercado. Además, ese ente realizará conversiones diarias y no semanales. Esa mayor fluidez tiene como propósito restringir las actividades especulativas en el mercado negro, y del mismo modo bajar el valor del dólar no oficial que crece fuertemente.

 

La plaga del mercado negro

 

Las restricciones oficiales en la distribución de los dólares, son aprovechadas por quienes registran ingresos más elevados. En 2012, 20 por ciento de esas compras por CADIVI, o sea 5,8 mil millones de dólares, tuvieron como destino viajes fuera de Venezuela, el envío de divisas al exterior, o también al financiamiento de estudios en países extranjeros.

 

Además, la misma desigualdad en el acceso al mercado oficial de divisas favorece el desarrollo de actividades especulativas, en razón de la inmensa brecha existente entre los tipos de cambio –oficial y mercado negro. En vista de la sobrevaluación de la moneda, el mercado negro contabiliza actualmente un cambio 7 veces más elevado. O sea, alrededor de un dólar por 80 bolívares, mientras que el cambio oficial está cercano a los 12 dólares. Disparidad que permite vender en el mercado negro parte de los dólares adquiridos oficialmente. Mecanismo que entrega a las clases con bajos ingresos una moneda fiable, mientras que los especuladores se enriquecen.

 

Por otra parte, el Banco Central prevé, tan sólo para un año, la multiplicación por dos de los desabastecimientos, lo que también alimenta el mercado negro. Igual que en el caso de la inflación, las causas de ese problema son controvertidas. Algunos economistas lo explican por una insuficiencia en la asignación de dólares para las importaciones, y el cierre de empresas, cuyas actividades económicas son perjudicadas por los diversos tipos de cambio oficiales. Pero el gobierno culpa a las actividades de los especuladores y a la fuga de capitales, que serían más rentables que la inversión en la producción y distribución locales.

 

En todo caso, una cosa sí es segura: los privilegiados consiguen importantes ganancias, vendiendo con precios desmedidos en el mercado negro, mercancías adquiridas a precio legal. En respuesta, el Gobierno instauró la ley de precios justos que entró en vigencia el último 23 de enero, prohibiendo a los empresarios cobrar ganancias superiores al 30 por ciento. Como si fuera poco, los especuladores aprovechan la subvención de los alimentos logrando lucros descomunales al vender las mercaderías, vía contrabando, en países extranjeros. En consecuencia, por su extensa frontera, el mercado colombiano queda traducido en el receptor de muchas mercancías, destinadas originalmente a los consumidores venezolanos.

 

Sobre este particular, el gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, especificó que en los últimos 8 meses confiscó 400 toneladas de alimentos, destinadas a la especulación y el contrabando.

 

¿República Bolivariana: revolución o progresismo?

 

Venezuela tiene otros problemas importantes en sus variables económicas, como el crecimiento de la deuda externa, que pasó de 21 mil millones de dólares en 2000 a 45,5 mil millones entre 2012/2013, según lo indican las cifras del Ministerio de la Planificación y Finanzas. Por otra parte, la deuda externa pública aumentó 94 por ciento entre 1999 y 2011.

 

Los múltiples obstáculos para establecer una economía estable están asociados a la estrategia mono-exportadora, que caracteriza no sólo la economía de los gobiernos chavistas sino la estrategia imperante en el país desde hace décadas. Pese a esto, es manifiesta una intensificación de esta tendencia durante los últimos años: la caída de las exportaciones no petroleras entre 2005 y 2011 ascendió al 55 por ciento. Si bien en ese último año el petróleo constituía 95 por ciento de las exportaciones venezolanas.

 

Aunque en la República Bolivariana la renta petrolera ocasiona el fortalecimiento de la demanda interna, a través de la financiación de los programas sociales, es observable una peligrosa perpetuación y consolidación de la dependencia de las importaciones, las mismas que aumentaron 347 por ciento entre 2003 y 2011. Así, actualmente el 70 por ciento de los productos consumidos en este país proceden de afuera. La producción de los alimentos básicos no es suficiente ni sólida para satisfacer la demanda nacional.

 

Además, como ocurrió en Argentina con el Currency board en la década del 90, hay una distorsión entre la economía interna y una sobrevaluación del tipo de cambio. Es decir, la inflación aprecia –en términos de valores nominales expresados en moneda nacional– el valor de las mercancías internas, mientras que el tipo de cambio para el comercio exterior se mantiene estable. Tenemos así una concurrencia desfavorable con los productos de los países extranjeros, en razón de que el aumento del precio de los productos de las industrias locales, les resta competitividad respecto de las mercancías importadas.

 

Si los partisanos del neoliberalismo critican al chavismo, el régimen posee también sus detractores en la izquierda. Reprochan al gobierno una discrepancia entre los ideales revolucionarios de los discursos, con el contenido de sus medidas económicas. En efecto, la Revolución Bolivariana tiene un aspecto fundamentalmente social. Con la desviación de los rendimientos de la renta petrolera, para financiar los programas sociales llamados misiones, efectuó un salto ante las desigualdades dominantes en el país. Pero son medidas que se parecen –en cierta medida– a los programas de transferencias condicionadas monetarias, aplicadas desde la década 2000 en numerosos países latinoamericanos, como el de Bolsa Familia en Brasil. Sobre todo, faltan al chavismo cambios económicos estructurales para constituir, de verdad, una revolución. Esto, a pesar de una ola de nacionalizaciones y de la expropiación de 3.6 millones de hectáreas de tierra, pese a lo cual todavía le queda al sector privado venezolano el 66 por ciento del PIB. O sea, para el 2009, la cuarta parte de las personas más ricas en este país, disfrutó de casi la mitad de los ingresos allí generados.

 

Por otra parte, según el informe de la OCDE "Estadísticas tributarias en América Latina 1990-2010", Venezuela tiene la presión tributaria más baja del continente, con una tasa de unos 11,4 por ciento del PIB en 2010. Es decir, una ausencia de reformas en ese sector, limita fuertemente una redistribución igualitaria de las riquezas. Máxime si se tiene en cuenta que Venezuela es el país que más redujo la imposición en las dos últimas décadas. Como lo señala el documento referido, lo importante del asunto tiene que ver con "la combinación de una mayor importancia relativa de los impuestos indirectos y el poco peso del impuesto sobre la renta de las personas físicas en la recaudación total".

 

Esa organización estimó que en 2010, el 48,3 de los ingresos tributarios eran impuestos generales sobre el consumo. En comparación, el promedio de los países latinoamericanos alcanzó tan sólo la cifra de 34,7 por ciento. Además, debe tenerse en cuenta que en América Latina para igual año, 17,2 por ciento de la tributación fueron contribuciones a la seguridad social, cifra que en Venezuela no sobrepasó el 4,8 por ciento.

 

En resumidas cuentas, 63,3 por ciento de los impuestos venezolanos eran indirectos. Al contrario, los ingresos tributarios directos alcanzaron el magro resultado de 31,7 por 83,7 en 1990.

 

De esta manera, persiste la brecha entre el discurso y los hechos, o entre la propaganda y las medidas efectivas para que la revolución golpee de manera efectiva a los más ricos. No hay duda, hay medidas progresivas que marchan en este país, pero de manera sustancial por la redistribución de la renta petrolera. El capital aún goza de inmunidad.

Publicado enEdición Nº200
Humala carga contra la concentración de medios

El Comercio tiene nueve diarios de circulación nacional y controla el 80 por ciento de la prensa escrita. Humala dijo que "por ahora no es ilegal", dando a entender que haría algo. Algunos expertos se muestran escépticos.

 

La peligrosa concentración de los medios de prensa en manos de un poderoso grupo económico, y lo que esto representa como amenaza a la pluralidad informativa y la libertad de expresión ha saltado en estos días al centro del debate político. El presidente Ollanta Humala y el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa abrieron el debate. En una entrevista, Humala calificó como "una vergüenza" la concentración de medios que se da en el país y advirtió que era "peligrosa para la libertad de expresión". Ese mismo día, en una entrevista publicada en el diario La República, Vargas Llosa señaló que esta situación representa "una amenaza potencial muy grande contra la democracia". El presidente Humala dijo que compartía lo dicho por el escritor y cerró sus declaraciones con una afirmación que parecía anunciar una acción del gobierno frente a esta situación: "Por ahora no es ilegal", dijo, al referirse a la concentración de la mayor parte de los medios en el grupo El Comercio. Pero el gobierno no ha pasado de las declaraciones del presidente a la acción.

 

El Comercio, que no solamente es el grupo mediático más grande del país sino un importante grupo económico con intereses en diversos sectores y grandes contratos con el Estado, tiene nueve diarios de circulación nacional y controla el 80 por ciento de la prensa escrita, es propietario del canal con mayor sintonía de la televisión abierta y del más importante canal de noticias por cable. Consolidó su dominio mediático en agosto de 2013, cuando adquirió la mayoría de acciones del grupo Epensa, propietario de cuatro diarios. Ocho periodistas han presentado una demanda judicial para anular esta operación de compra, argumentando que al producir una casi monopólica concentración de medios viola los derechos constitucionales a la libertad de expresión y al pluralismo informativo. Desde el dominio mediático que tiene, el grupo El Comercio ha impuesto una línea editorial e informativa marcada por una cerrada defensa de las políticas neoliberales. A través de sus medios informativos, que tienen al diario El Comercio como su buque insignia, este grupo económico ejerce una constante presión sobre el gobierno de Humala, al que mantiene jaqueado, para que no mueva un centímetro las políticas neoliberales. El gobierno ha mostrado poca capacidad de reacción y resistencia frente a las críticas y las presiones, y en más de una ocasión ha retrocedido en alguna decisión que lo puso en la mira de los medios. El gran retroceso se dio en la primera etapa del gobierno, cuando un Humala presionado por los medios y los grupos económicos renunció a lo fundamental de su programa progresista.

 

"Las declaraciones del presidente Humala contra la concentración de medios parecen reflejar su hartazgo frente a la situación actual, en la que hay una especie de dictadura mediática", le declaró a PáginaI 12 Alberto Adrianzén, sociólogo y parlamentario andino. Humala recibió como respuesta los duros ataques del conglomerado mediático, a los que se sumaron los otros medios televisivos. La oposición de derecha, muy cómoda con la línea impuesta por El Comercio, cerró filas en defensa de este grupo. Todos recurrieron al mismo discurso: acusaron a Humala de amenazar la libertad de prensa por hablar de la necesidad de regular la propiedad de los medios para evitar su concentración en un grupo económico. En el gobierno nadie salió a respaldar las declaraciones del presidente. Nadie del oficialismo defendió la postura, a la que apuntaba Humala con sus declaraciones, de que la verdadera amenaza a la libertad de prensa está en la concentración de medios y no en una eventual regulación que evite esa concentración.

 

"Todos le tienen miedo al inmenso poder mediático de El Comercio", asegura Adrianzén, quien advierte de "un pacto de impunidad" entre este grupo mediático y partidos como el Apra, del ex presidente Alan García, acusado por corrupción y por indultar a centenares de narcotraficantes, y el fujimorismo, que busca presionar para lograr la excarcelación del ex dictador Alberto Fujimori, para defenderse mutuamente. "Hay que ver si Toledo también entra a la negociación de este pacto de impunidad", señala Adrianzén. El ex presidente Alejandro Toledo también está acusado de corrupción.

 

En respuesta a los ataques de los medios y de la derecha, el primer ministro, César Villanueva, minimizó las declaraciones del presidente. Dijo que lo dicho por Humala era "solamente una declaración" y aseguró que el gobierno no impulsará una ley para evitar la concentración de medios. Otros ministros declararon en el mismo sentido. Humala insistió en criticar la concentración de medios, pero, sin respaldo al interior de su propio gobierno, aclaró que no tiene como una prioridad sacar adelante una ley para evitarla y pidió que el tema sea visto en el Congreso. Ahí tampoco encontró apoyo en su bancada. Voceros del oficialismo respondieron, desmarcándose del mandatario, asegurando que ellos no presentarán en el Parlamento una propuesta de ley sobre este asunto.

 

"Humala tiene el coraje para declarar criticando la concentración de medios, pero no tiene el coraje ni la fuerza para cambiar esa situación. Estamos ante un presidente debilitado, aislado, sin la fuerza para llevar a los hechos lo que ha declarado", dice Adrianzén.

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