Estados Unidos sigue ejerciendo presión sobre Venezuela con nuevas sanciones políticas

Entre este lunes y martes el Gobierno de Trump ha anunciado nuevas sanciones. La del lunes se trata de Irán y Venezuela por violar “embargo de armas”, y la de este martes, es sobre cinco representantes políticos vinculados a la oposición por actuar supuestamente como parte de un plan para manipular las elecciones parlamentarias que se celebrarán en diciembre.

 

Los nuevos anuncios de Estados Unidos se dan en el marco de una gira de Mike Pompeo realizada la semana pasada por cuatro países de Sudamérica, entre ellos Brasil, Colombia y Guyana, para presionar sobre el Gobierno de Maduro.

Pompeo, declaró el lunes que la imposición de nuevas sanciones contra el Ministerio de Defensa de Irán y contra Nicolás Maduro, es por contribuir a violar el embargo de armas impuesto sobre Teherán, alertando de que cualquiera que "viole el embargo de Naciones Unidas sobre Irán se arriesga a ser sancionado".

“Durante casi dos años los funcionarios corruptos de Teherán han trabajado con el régimen ilegítimo de Venezuela para burlar el embargo de armas de la ONU”, añadió el jefe de la diplomacia estadounidense. “Nuestras acciones de hoy son una advertencia que debería ser escuchada en todo el mundo”. Aunque es de considerar que Maduro hace tiempo que está sancionado por Estados Unidos, siendo que la sanción se enfoca con más fuerza sobre Irán.

El sábado, Estados Unidos anunció la imposición de sanciones acogiéndose al mecanismo conocido como ’snapback’, incluido en el acuerdo nuclear de 2015 que Washington abandonó hace unos años. Dicha acción tuvo lugar a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara extender el embargo impuesto contra Teherán.

Además, como reseñaron algunos medios de prensa como EFE, “la medida va a la par del esfuerzo del presidente estadounidense Donald Trump para limitar la influencia regional iraní y llegan una semana después de acuerdos negociados por Washington para que Emiratos Árabes Unidos y Bahréin normalicen lazos con Israel.”

Tras conocer la decisión de Washington, Alemania, Francia y Reino Unido han advertido de que el anuncio de Estados Unidos sobre volver a imponer las sanciones carece de "efecto legal", habida cuenta de que el país se retiró en 2018 del acuerdo nuclear. Rusia, otro de los países firmantes del acuerdo y el principal aliado de Irán en la escena internacional, también ha rechazado el paso dado por Washington. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, indicó que el organismo no va a tomar medidas contra Irán en la línea que ha solicitado Estados Unidos porque no hay consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Por su parte, la sanción a individuos venezolanos anunciada este martes, tiene que ver con la política de EE. UU. de continuar metiendo presión contra el Gobierno de Maduro, en un momento en que hay toda una negociación en curso con sectores de la oposición como Capriles Radonsky y Stalin González con el Gobierno que envolvería también a la Unión Europea.

Los nuevos sancionados no son del Gobierno ni pertenecen al alto escalón del chavismo. Se trata de integrantes de la oposición que buscaron hacerse cargo del control de partidos de la derecha mediante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Así se declara que las sanciones son por “poner el control de los partidos de oposición de Venezuela en manos de políticos afiliados al régimen de Nicolás Maduro, socavando cualquier oposición creíble de desafío a ese régimen". En la lista están Miguel Ponente, Guillermo Luces, Bernabé Gutiérrez y Chaim Bucaran. También impuso sanciones a Williams Benavides, el líder del movimiento Tupamaro que apoya a Maduro.

La medida del martes congela los activos estadounidenses de los incluidos en la lista negra y, en general, prohíbe a los estadounidenses negociar con ellos. Se trata de sanciones más simbólicas, pues no tienen incidencia más allá de meter mayor presión y apuntalar al sector de la oposición encabezada por Guaidó y otros dirigentes que llaman a desconocer las elecciones de diciembre.

Hace poco más de veinte días, el escenario político venezolano se vio movido tras el anuncio de un indulto a 110 dirigentes de la oposición, tras una negociación entre el Gobierno con Capriles Radonski (Primero Justicia) y Stalin González (Un Nuevo Tiempo) con la mediación del gobierno de Turquía y que, según medios, son acuerdos que contarían con el visto bueno de la Unión Europea.

El tablero político también se movió en las filas de la oposición, en una verdadera división abierta, cuyos agrios enfrentamientos y duras acusaciones en las redes sociales son casi cotidianos. La principal división está entre los que llaman a desconocer y boicotear las próximas elecciones (Guaidó y un arco de partidos opositores) y los que miden aún poder participar en las parlamentarias (Capriles, Stalin González) si cuentan con los observadores de la Unión Europea. Entre el sector que llama a boicotear también hay divisiones, como es el caso entre Guaidó y María Corina Machado, quien cuestiona abiertamente el papel desempeñado por éste durante todo el 2019 al fracasar su hoja de ruta: la salida de Maduro.

Son muchas las variables aún abiertas y habrá que esperar y ver el desarrollo de los distintos movimientos políticos tanto internos como externos. Adelante están las elecciones en Estados Unidos, que a depender de su resultado marcará la política de Washington. Mientras tanto desde la Casa Blanca se sigue con la presión como se muestra en estas recientes sanciones a personajes de la política nacional, al compás que las negociaciones y pactos siguen su marcha acelerada, acuerdos que, como se sabe, nada bueno son para los

Por La Izquierda Diario Venezuela

@LaIzqDiario_VE

Martes 22 de septiembre | 15:31

trabajadores y el pueblo.

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Jueves, 17 Septiembre 2020 06:15

"Que grite la economía"

"Que grite la economía"

Génesis y legado del golpe de Estado ordenado por Nixon y patrocinado por la CIA en Chile

El 3 de septiembre de 1970, durante una reunión de 30 minutos en la Oficina Oval, entre las 3:25 y las 3:45 de la tarde, el presidente Richard Nixon ordenó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) promover un golpe militar en Chile. Según notas manuscritas tomadas por el director de la agencia, Richard Helms, Nixon giró órdenes para evitar que el nuevo presidente de Chile, Salvador Allende, tomara posesión de su cargo en noviembre… o crear condiciones para derrocarlo en caso de que asumiera la presidencia.

"Una probabilidad de una en 10, quizá, pero salven a Chile." "No importan los riesgos". Helms garrapateaba sus notas mientras el presidente exigía un cambio de régimen en la nación sudamericana, que se había convertido en la primera en el mundo en elegir libremente a un candidato socialista. “Trabajo de tiempo completo… los mejores hombres que tengamos”. "Que grite la economía".

Escrito en una semana como ésta, hace 50 años, el crítico memorando de Helms sobre la conversación con Nixon continúa siendo el único registro conocido de la orden de un presidente estadunidense de derrocar a un líder extranjero electo democráticamente. Desde que desclasificó el documento, en 1975, como parte de una investigación del Senado sobre las operaciones encubiertas de la CIA en Chile y otras partes, las notas de Helms se han vuelto la representación de la intervención estadunidense en Chile, y un símbolo de la arrogancia hegemónica de Washington hacia naciones más pequeñas, en particular en América Latina.

¿Cómo llegó un presidente estadunidense, dotado de poderes imperiales, a ordenar un cambio encubierto de régimen en otra nación? La desclasificación, en fecha más reciente, de cientos de documentos etiquetados como top secret sobre el papel de la CIA en Chile proporciona componentes críticos de tan siniestra y sórdida historia. Éstas son las principales revelaciones:

– Funcionarios estadunidenses comenzaron a explorar en secreto un golpe militar como parte de los planes de contingencia ante una posible victoria de Allende desde un mes antes de que los chilenos acudieran a las urnas, el 4 de septiembre de 1970. Una "revisión urgente" solicitada por Nixon sobre los intereses y opciones en Chile, conocida como Estudio de Seguridad Nacional Memorando 97, contenía un anexo ultrasecreto titulado "Opción extrema: derrocar a Allende". Presentado por la CIA a principios de agosto de 1970, el anexo mencionaba las presunciones, ventajas y desventajas de un golpe militar si Allende resultaba electo.

– El 8 de septiembre de 1970, apenas cuatro días después de la estrecha victoria de Salvador Allende, el "Comité de los 40", que supervisaba las operaciones encubiertas estadunidenses, se reunió para abordar el caso de Chile. Al final de la reunión, el presidente del comité, Henry Kissinger, solicitó una "evaluación a sangre fría" de los "pros y los contras, los problemas y perspectivas implicados si se organizara ahora un golpe militar en Chile con asistencia de Estados Unidos". Al día siguiente, el cuartel general de la CIA envió instrucciones a su jefe de estación en Santiago para emprender “la tarea organizacional de entablar contactos directos con los militares chilenos… que puedan utilizarse para estimular un "golpe" (en español en el original) en caso de que se tome una decisión en ese sentido”.

– El jefe de estación de la CIA, Henry Hecksher, junto con el embajador estadunidense, Edward Korry, objetó esas instrucciones por considerarlas imprácticas e improbables. Un número significativo de funcionarios de la CIA, la embajada estadunidense y del Departamento de Estado se oponían a los planes de una intervención estadunidense por juzgarla poco realista, destinada al fracaso y peligrosa desde el punto de vista diplomático.

"Lo que proponemos es una flagrante violación de nuestros principios y dogmas políticos", advirtió Vaky a Kissinger en un memorando secreto el 14 de septiembre de 1970. "Si esos principios tienen algún significado, normalmente sólo nos apartamos de ellos para enfrentar graves amenazas a nosotros, es decir, a nuestra supervivencia. ¿Es Allende una amenaza mortal para Estados Unidos? Es difícil argumentarlo".

– Kissinger, el director de la CIA Helms y, sobre todo, el presidente Nixon rechazaron estos argumentos. Durante la reunión del 15 de septiembre de 1970 con Helms, a la que también asistió Kissinger, Nixon expresó que no le preocupaban los "riesgos implicados" al fomentar un golpe. El presidente estadunidense parecía tomar la elección de Allende como un insulto a Estados Unidos. "Ese hijo de puta, ese Allende hijo de puta", exclamó Nixon en una reunión posterior con Korry en la Oficina Oval. "Vamos a aplastarlo".

La directiva de Richard Nixon a Helms puso en marcha la más infame serie de actos en los anales de la política exterior estadunidense. Para instigar un golpe, la CIA se enfocó en proveer armas, fondos e incluso pólizas de seguro de vida a los operativos militares para remover al comandante en jefe de las fuerzas armadas chilenas, general René Schneider, quien se oponía a un golpe.

Asimismo, el esfuerzo clandestino de la CIA por bloquear la toma de posesión de Allende evolucionó en una extensa campaña para desestabilizar a Chile y crear un "clima golpista" que provocó la toma militar del poder encabezada por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Un año después, cuando la historia de la intervención estadunidense en Chile apareció en la primera plana del New York Times, la exposición generó uno de los mayores escándalos internacionales del siglo XX, y dejó un legado de política exterior estadunidense envenenada que continúa persiguiendo a Chile, a Estados Unidos y al resto del mundo hoy en día.

Versión reducida. La completa puede consultarse en https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/16/que-grite-la-economia-peter-kornbluh-4109.html

* Analista senior del Archivo de Seguridad Nacional en Washington y autor de Pinochet: los archivos secretos

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Capturan en Colombia a presuntos cerebros de la 'operación Gedeón'

03-09-20.-Acciones policiales en Bogotá y en Barranquilla, Colombia, dieron como resultado la captura de los "cerebros de la Operación Gedeón" quienes tenían planes contra el Gobierno de Venezuela.

Así lo informan fuentes del gobierno colombiano, precisando que las detenciones se lograron con base en el cruce de información de agencias de "Estados Unidos, como el FBI y la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional", reseñó el diario El Tiempo.

Su "misión era desestabilizar y generar tensión desde Venezuela contra los gobiernos de Colombia y Estados Unidos". Por esta razón fueron capturados cuatro venezolanos, según publica el diario.

Los capturados fueron identificados como Yacsi Alexandra Álvarez, Rayder Alexander Russo y los hermanos Juvenal y José Sequea Torres, quienes "habrían participado en la coordinación de la operación", destaca la prensa colombiana.

De acuerdo con el informe de inteligencia, Yacsi Alexandra Álvarez, de 39 años, es señalada "de ser la coordinadora y logística de la organización", y "personas de confianza de Clíver Alcalá", quien se entregó a las autoridades norteamericanas en días pasados.

La mujer habría comprado en Bogotá los uniformes que se entregaron a los militares que participaron en Gadeón.

Rayder Alexánder Russo, de 33 años, de acuerdo con la investigación él sería uno de los autores intelectuales –acusados por el gobierno de Venezuela– de haber planeado el atentado contra Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018 a través de la activación de artefactos explosivos ubicados en dos drones.

La Fiscalía General de Venezuela ha ejecutado la detención de varias decenas de implicados en la operación Gedeón, que el pasado 3 de mayo intentó el derrocamiento del Gobierno a través de una fallida incursión marítima.

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EEUU, UE y Grupo de Lima desechan a Guaidó: De "Presidente Encargado a titular de la Asamblea Nacional"

15.08.20 - A casi dos años del apoyo a Juan Guaidó, Estados Unidos, junto a sus organizaciones satélites de la Unión Europea y el Grupo de Lima, dejaron por sentado su distanciamiento del líder ultraderechista en un comunicado publicado el viernes.

Guaidó pasó de «presidente encargado de Venezuela» a un simple «titular de la Asamblea Nacional». Así lo refirió el autoproclamado Grupo de contacto en el comunicado de este viernes, reflejando un notable cambio discursivo, cuando desde enero del 2019, el líder fue reconocido (sin comicios, ni consultas) como presidente de Venezuela para toda la comunidad internacional, aliada a los planes injerencistas de las potencias occidentales.

Desechar a Guaidó ya era evidente luego que el exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. revelara el pasado junio en su libro titulado The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde sucedió: un recuerdo de la Casa Blanca), que el presidente de EEUU, Donald Trump, apenas 30 horas después de mostrarle su respaldo a Guaidó, le preocupaba que el líder opositor pareciera débil, “un niño», en comparación con el «duro de Maduro”, por lo que consideró cambiar de estrategia.

Trump, reconoció públicamente a través de una entrevista concedida a Telemundo el pasado mes de julio, que «Guaidó parece estar perdiendo el Poder».

El fracaso de Guaidó al no poder concretar los diferentes planes golpistas que lideró contra el presidente constitucional Nicolás Maduro, fueron la crónica de una muerte anunciada de su andar político, tanto por las vías democráticas, como por las vías injerencistas propias del gobierno estadounidense.

Después de dejar la puerta abierta para que Reino Unido y EEUU se apoderarán de activos esenciales para la salud, alimentación, educación y demás necesidades primarias del pueblo venezolano. Esos mismo que lo aplaudieron y celebraron, hoy lo bajan de su trono mediático, voluble y ficticio.

 

Por, Aporrea, domingo 16/08/2020

 

 

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Imagen de archivo delpetrolero Bering, proporcionada por el Departamento deJusticia de EU, que confirmó el decomiso del cargamento de combustible enviado por Irán a Venezuela.Foto Afp

Trump deja a Caracas sin mil 116 millones de barriles de petróleo

 

Estados Unidos anunció ayer que confiscó cuatro cargamentos de combustible iraníes con destino a Venezuela, interrumpiendo una línea de suministro clave tanto para Teherán como para Caracas, con el argumento de que se violaron las sanciones impuestas por Washington contra ambas naciones.

El presidente, Donald Trump, dijo que Irán no debía enviar cargamentos a Venezuela y agregó que los envíos incautados ahora se dirigían a Houston, Texas, un importante centro de comercialización de crudo de Estados Unidos, y sugirió que es posible que ya hayan llegado.

Van a Houston. Y están allí, afirmó Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, y agregó: Los estamos trasladando y los moveremos a Houston.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que ejecutó una orden de incautación emitida por un tribunal local y destacó que con la ayuda de socios extranjeros la propiedad confiscada, un total de mil 116 millones de barriles de petróleo, ahora está bajo custodia estadunidense.

Nuestra diplomacia, dirigida por el Representante Especial para Irán, Brian Hook, pudo detener estos envíos y ayudar a los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a ejecutar una orden de incautación de Estados Unidos, explicó un comunicado del Departamento de Estado.

Ninguna autoridad estadunidense ofreció detalles de cuándo, dónde o cómo ocurrió la incautación. El Departamento de Estado tampoco reveló qué medidas tomó Hook, cuya renuncia se anunció a principios de esta semana, para asegurar la confiscación.

En julio de 2019, Hook envió correos electrónicos al capitán de un tanquero de bandera británica, que fue brevemente confiscado por Irán en el Golfo, que decían que la administración de Trump ofrecía varios millones de dólares por llevar uno de los buques que se confiscarían a Estados Unidos.

Hook dejará oficialmente su cargo en las próximas semanas, dijo una fuente familiarizada con el asunto y, después de su salida, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, asumirá el caso de Irán.

Washington impuso sanciones a ambos países en un intento de detener las exportaciones de petróleo y privarlos de su principal fuente de ingresos, a fin de crear presión para lograr un cambio de gobierno tanto en Venezuela como en Irán.

Los fiscales estadunidenses presentaron una demanda en julio para incautar el cargamento de gasolina en los cuatro buquetanques, y posteriormente un juez emitió una orden de decomiso. Fuentes legales dijeron previamente a Reuters que los cargamentos no podían ser incautados hasta que estuvieran en aguas territoriales de Estados Unidos.

Los propietarios de las cuatro embarcaciones acordaron que se transfiera el combustible para enviarlo a Estados Unidos, dijo el jueves una fuente de Washington. La orden sólo cubría los cargamentos, no los buques.

Los cuatro tanqueros que llevaban el combustible son Bella, Bering, Pandi y Luna, con bandera de Liberia, que son propiedad, gestionados y controlados por las empresas griegas Vienna LTD y Palermo SA, las cuales no respondieron a solicitudes de comentarios.

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El fiscal general venezolano, Tarek William Saab. Foto tomada de @MinpublicoVE.

Dos estadounidenses fueron condenados a 20 años de cárcel en Venezuela, acusados por terrorismo, entre otros delitos, por una fallida incursión armada al país caribeño en mayo pasado, informó el fiscal general, Tarek William Saab.

Luke Alexander Denman, de 34 años, y Airan Berry, de 41, "admitieron haber cometido delitos" de "conspiración, asociación (para delinquir), tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo", condenados a "pena de prisión de 20 años", publicó Saab en Twitter sobre la medianoche del viernes.

El funcionario difundió en esa red social fotografías de vehículos, armamento y documentos de identidad.

Denman y Berry se encuentran entre decenas de detenidos por una incursión armada por las costas del norte de Venezuela, que el gobierno de Nicolás Maduro dijo haber frustrado el 3 de mayo, con saldo de al menos ocho muertos. Caracas asegura que la operación tuvo apoyo de Estados Unidos y la vecina Colombia.

El plan, según el gobierno de Maduro, buscaba la "captura, detención y remoción" del mandatario socialista y la "instalación" de Juan Guaidó, líder parlamentario opositor reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos.

Guaidó fue acusado de haber contratado a "mercenarios" con fondos bloqueados por las sanciones de la Casa Blanca contra Venezuela y su estatal petrolera PDVSA.

El gobierno de Maduro sostiene que el líder parlamentario opositor firmó para ello un contrato con una empresa privada de seguridad y defensa llamada Silvercorp USA.

Denman y Berry, según la acusación, pertenecían a esa compañía, fundada por el militar retirado estadounidense Jordan Goudreau, un ex boina verde.

Un asesor de Guaidó, que posteriormente renunció, reconoció en una entrevista con CNN haber firmado un contrato con Silvercorp, pero aseguró que fue un acuerdo "exploratorio" y que no se le dio luz verde a una operación en Venezuela.

8 agosto 2020 

(Con información de AFP)

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Imagen cedida por la agencia iraní de la energía atómica en la que se ve el estado del edificio de la planta de Natanz afectado por el incendio (AP)

El incendio en la central de Natanz se suma a otros misteriosos incidentes recientes

 

El misterioso “accidente” del pasado jueves en la planta nuclear de Natanz ha desatado las sospechas de un nuevo ataque exterior en Irán. El incendio se suma a otras tres explosiones ocurridas en los últimos días en instalaciones nucleares y militares, incluida una de las bases donde se desarrolla el programa de misiles en el este de Teherán, el pasado 26 de junio. ¿Es un sabotaje? ¿Un ataque aéreo? Se preguntan los iraníes.

No es la primera vez que el programa nuclear iraní sería víctima de un sabotaje. Ya sucedió en el pasado, antes del acuerdo nuclear del 2015, cuando se vio afectado por el poderoso virus cibernético Stuxnet, que causó graves daños en el sistema. Si bien ningún país reconoció su autoría, las sospechas recayeron en Israel y EE.UU., que buscaban evitar que Irán pudiera desarrollar un arma nuclear. Una acusación negada rotundamente por Teherán. Por esa misma época una serie de asesinatos estremecieron al país no solo por su naturaleza –cercano al de las mafias latinoamericanas, con sicarios disparando desde motos–, sino porque los cinco hombres fallecidos estaban vinculados con el programa nuclear.

En un primer momento, el portavoz de la agencia iraní de energía atómica, Behruz Kamalvandi, intentó quitar importancia al incendio de Natanz, diciendo que había sido un “incidente” en un cobertizo industrial y que no había radiación ya que la planta no estaba activa. Pero una imagen por satélite revelada por una cadena opositora indica que la explosión dejó parte del edificio prácticamente destruido. Las sospechas crecieron cuando se supo que un grupo que se hace llamar Guepardos de la Patria envió un comunicado antes de la explosión a la BBC persa, atribuyéndose el ataque llevado a cabo supuestamente con una bomba.

Estos rumores hicieron que el viernes el portavoz del Consejo de Seguridad de Irán, Keyvan Khosravi, asegurara a la prensa que los expertos ya habían determinado la causa del incidente pero que lo revelarían “en el momento adecuado por motivos de seguridad”. Dos días más tarde, Kamalvandi reconocía a la agencia Irna que la producción de centrifugadoras avanzadas podría verse ralentizada a medio plazo, al igual que el programa nuclear. Con estas centrifugadoras se buscaba acelerar el enriquecimiento de uranio, facilitando el camino para que Irán pueda lograr una bomba.

“En este lugar había equipos avanzados y dispositivos de medición de precisión que fueron destruidos o dañados”, confirmó Kamalvandi, que anunció que reemplazarían la edificación con una de mayor capacidad para equipos avanzados.

“No todos los incidentes que pasan en Irán están conectados necesariamente con nosotros”, dijo el domingo el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz. Tanto EE.UU. como Israel niegan su responsabilidad. Las versiones locales apuntan a fallos técnicos, pero otra imagen de satélite publicada por el New York Times demuestra que la explosión es mucho más grande de lo que se aseguró originalmente, cuando se atribuyó a un gasoducto.

Las mismas dudas sobrevuelan las explosiones de las otras plantas eléctricas, cuya naturaleza sigue siendo incierta. La Covid-19, el mal manejo de los recursos, pero sobre todo las sanciones económicas –especialmente la imposibilidad de vender su petróleo y repatriar las divisas– tienen al Gobierno en una situación económica nunca vista. Recientemente el presidente, Hasan Rohani, dijo que este era el año más difícil en 41 años de revolución islámica.

Por Catalina Gómez | Teherán, Irán

07/07/2020 01:23| Actualizado a 07/07/2020 09:29

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Fachada del Banco de Inglaterra, en Londres. Wikimedia Commons

El Banco de Inglaterra decide no devolver al Gobierno de Maduro 930 millones de euros en lingotes de oro depositados hace años en custodia, sosteniendo que es Juan Guaidó el “legítimo presidente interino” de Venezuela.

 

La decisión de la Justicia británica de legitimar la decisión del Banco de Inglaterra pareciera más propia de las arbitrariedades del llamado 'primer imperio británico' de los siglos XVII y XVIII, centrado especialmente en las Américas, que de una democracia moderna del siglo XXI.

“El Gobierno de Su Majestad ha reconocido al Sr. Guaidó en su capacidad de presidente constitucional interno de Venezuela, y por consiguiente, no reconoce al Sr. Maduro como presidente constitucional de Venezuela”, ha dicho en su escrito Nigel Teare, el juez portavoz del Tribunal Superior de Justicia británico, la 'High Court'.

El litigio se remonta a dos años atrás, cuando el Gobierno venezolano anunció al Banco de Inglaterra su intención de retirar las 31 toneladas de lingotes de oro —unos 930 millones de euros— depositados en sus cámaras desde años atrás, para poder hacer frente a la crisis económica de Venezuela.

El Banco de Inglaterra dilató inicialmente su respuesta pero en 2019, ya con Juan Guaidó autoproclamado 'presidente encargado interino', y presionado por el Departamento del Tesoro de EE UU, argumentó que la irregular situación institucional de Venezuela requería un análisis jurídico exhaustivo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el entonces asesor principal de Seguridad Nacional, John Bolton —que ahora revela paradójicamente en su flamante libro la desconfianza de Trump sobre la capacidad de Guaidó— requirieron la complicidad del Gobierno británico para estrechar el cerco al Gobierno de Maduro.

Oficialmente, el Gobierno británico siempre se ha desentendido del litigio.

“Es competencia del el Banco de Inglaterra, no del Gobierno”, afirmó en la Cámara de los Comunes Alan Duncan, el titular de Exteriores británico. Pero, al pasar, acotó: “Seguramente el alto tribunal tendrá en consideración que el Sr. Guaidó es reconocido como el presidente interino legítimo por más de cincuenta países”. Un mensaje claro.

Con soberbia imperial el Banco de Inglaterra llegó a pedir 'garantías' a Venezuela de que el oro dejado temporalmente en su custodia —como hacen muchos países— no fuera a ser utilizado para beneficio personal de Nicolás Maduro o de los numerosos altos cargos civiles y militares venezolanos contra los cuales EE UU y/o la UE aplican sanciones.

A pesar de la humillación que esto suponía el Gobierno de Caracas aclaró que ese capital sería destinado íntegramente a atender las necesidades provocadas en Venezuela por la pandemia del covid-19.

Para evitar cualquier otra excusa del Banco de Inglaterra y como muestra de transparencia y buena voluntad, Venezuela propuso que la transferencia no se hiciera directamente al Gobierno de Maduro sino al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para que este organismo de la ONU lo gestionara.

Pero la decisión política por parte del Reino Unido ya estaba evidentemente tomada, y la 'High Court' se limitó a proporcionar argumentario legal y solemnidad.

Para dar más visos de legalidad a ese descarado robo multimillonario a un Estado soberano, paralelamente el 'presidente encargado' Guaidó hizo que 'su' Asamblea Nacional —no reconocida por el Tribunal Supremo de Venezuela—, nombrara a una pseudo 'Junta Directiva' del Banco Central de Venezuela paralela a la real, a la que diariamente toma decisiones sobre la economía venezolana.

Con esa parodia la tal 'Junta Directiva' pidió al Banco de Inglaterra 'en nombre' del Banco Central de Venezuela, que no entregara el oro venezolano al Gobierno de Maduro.

El Tribunal Superior británico dictaminó que esa fake 'Junta Directiva' del Banco Central Venezolano encabezada por Ricardo Villasmil es la única que podrá a partir de ahora acceder legalmente a las reservas de oro venezolano depositado en las cámaras del Banco de Inglaterra, y no la Junta Directiva real, la gubernamental presidida por Calixto Ortega.

Paradójicamente, Reino Unido sigue manteniendo relaciones diplomáticas y comerciales con el único gobierno con poderes reales en Venezuela, el de Nicolás Maduro, y es la embajadora de este, Rocío Maneiro, la titular de la embajada venezolana en Londres. Reino Unido mantiene a su vez a su embajador Andrew Soper acreditado ante el Gobierno de Maduro.

La esquizofrenia diplomática que esto supone se extiende a la mayoría de los países que han reconocido —presionados por Trump— hace un año y medio a Juan Guaidó como 'presidente encargado', en momentos en que Washington les aseguraba que el Gobierno de Maduro se derrumbaría en cuestión de días.

Todos querían posicionarse bien ante Washington y ante quien ya daban por seguro nuevo presidente de Venezuela.

Pedro Sánchez fue uno de lo jefes de gobierno que reconoció a Guaidó como presidente interino a inicios de febrero de 2019, y a fines de abril incluso acogió en la embajada española en Caracas al también líder opositor Leopoldo López, mentor de Guaidó. Y sin embargo, sigue manteniendo relaciones diplomáticas políticas, comerciales y culturales con el Gobierno de Maduro.

Pese al inmenso apoyo económico, político y diplomático de EE UU, la UE y numerosos otros países, Guaidó se mostró incapaz en este tiempo de mantener unida a la oposición y de presentar una alternativa creíble de gobierno, y por ello fue perdiendo apoyos políticos y apoyo social.

Un mes atrás las encuestas ya lo situaban en el 25% de popularidad, el nivel más bajo de su fulgurante vida como 'presidente encargado interino'.

Guaidó recorrió capitales europeas, fue recibido con aplausos en la Cámara de Representantes de EE UU y en varios países latinoamericanos. Denunció una y otra vez la 'dictadura' de Maduro a pesar de que daba ruedas de prensa y mítines a lo ancho de Venezuela, mantenía oficinas públicas y entraba y salía por el aeropuerto de Caracas.

Se autorreivindicó como gran demócrata y salvapatrias pero se negó en todo momento a establecer un diálogo con Maduro como hicieron otras fuerzas de la oposición.

Dirigente de Voluntad Popular, al igual que su maestro Leopoldo López siempre estuvo en la corriente más intransigente y violenta de la oposición.

La impaciencia por llegar al poder rápidamente le hizo desde el primer momento apostar por las vías directas, su autoproclamación como 'presidente encargado' en una manifestación callejera a fines de enero de 2019, su intentona de golpe cívico-militar en abril, sus negociaciones con hasta seis compañías militares privadas para intentar un golpe militar cruento. Lo ha intentado todo.

El Wall Street Journal revelaba días atrás que Leopoldo López, desde su asilo en la embajada española en Caracas y vía videoconferencias, participó también en negociaciones con empresas de mercenarios para valorar los mejores planes para el golpe.

Después de descartar varios planes, finalmente López y Guaidó terminaron firmando un contrato formal con la empresa Silvercorp USA para lanzar un golpe con el objetivo de 'detener/secuestrar/matar' a Maduro y a sus principales colaboradores ,y para garantizar la seguridad del nuevo gobierno de facto presidido por Guaidó quee asumiría al poder por al menos su primer año y medio de vida.

Fue el propio director de Silvercorp, Jordan Goudreau, el que reconoció ante las cámaras el contrato firmado —que reprodujimos íntegro en El Salto— y denunció a Guaidó por haberle traicionado, por haberse echado atrás a último momento. Uno de los más estrechos colaboradores de Guaidó, Juan Joé Rendón, miembro de su Comité de Estrategia y firmante también del extenso contrato, reconoció los hechos y dimitió de sus cargos para intentar salvar al líder opositor.

Tras conocerse con lujo de detalles el contrato que llegó a firmar Guaidó de su puño y letra y su gente con los mercenarios estadounidenses, se le cayó su... ¿penúltima? careta de hombre de paz y demócrata.

La oposición se dividió aún más y muchos de su seguidores se distanciaron de él.

Mientras tanto, el sector disidente de la oposición que en enero pasado en unos episodios turbulentos se hizo con el control de la Asamblea Constituyente —con el apoyo interesado del chavismo— avanzó en las negociaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Guaidó y 'su' Asamblea Constituyente mantuvieron su postura de rechazo a participar en esas negociaciones, que permitieron el nombramiento de un nuevo Consejo Electoral Nacional y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas para diciembre próximo.

Guaidó parecía cada vez más un cadáver político. El propio Donald Trump hizo el 21 de junio pasado unas declaraciones sobre él en una entrevista al digital Axios, que llevaba un titular sorpresivo: “Trump frío con Guaidó, consideraría reunirse con Maduro”.

Trump reconocía allí que no tenía mucha confianza en Guaidó ya que no había logrado arrebatarle el control del Gobierno a Nicolás Maduro a pesar de todo el apoyo que le había dado Estados Unidos y decenas de otros países.

Parecía ser el primer guiño de Trump tres años después de que el Gobierno de Maduro comenzara a intentar negociaciones directas con la Casa Blanca. Ninguno de esos intentos prosperó.

Y entonces llegó el fallo del Tribunal Supremo británico regalándole a Guaidó el acceso directo a las 31 toneladas de oro venezolano y se trastocó todo. Guaidó pareció resucitar.

Paralelamente, en lo que demuestra una operación coordinada, el pasado lunes 20 de junio la Unión Europea anunciaba la inclusión de once altos cargos del Estado venezolano a la lista de otros veinticinco previamente sancionados por la UE. A todos ellos se les prohíbe entrada en suelo comunitario y se congelarán sus activos si los tuviesen en algunos de los países miembros.

En esa lista, en la que figuran fiscales, jueces y otros altos cargos de las instituciones del Estado venezolano figura también Luis Parra, líder disidente del opositor partido Primero Justicia, quien se distanció de Guaidó y terminó elegido como presidente de la 'otra' Asamblea Nacional en enero pasado.

Todo hecho a la medida de Guaidó. La UE, España incluida, no emitió ningún comunicado ni ninguno de sus portavoces hizo declaración alguna sobre las revelaciones en mayo pasado después del fracaso de la esperpéntica Operación Gedeón, del plan de golpe de Estado acordado por Guaidó y López con mercenarios estadounidenses.

La tan democrática Europa de los Veintisiete ha vuelto a mirar para otro lado ante la última y más documentada intentona golpista de Guaidó, y dos meses después vuelve a prestar su ayuda para aumentar junto con Reino Unido el bloqueo, el hostigamiento y la asfixia no del Gobierno venezolano sino del pueblo venezolano.

Por Roberto Montoya

3 jul 2020 12:17

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Elecciones en Bolivia: la derecha se une para intentar frenar al MAS 

Preocupados por la preeminencia del Movimiento al Socialismo (MAS) en todas las encuestas serias, la derecha boliviana se prepara a unir fuerzas contra el partido de Evo Morales. Así, la presidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez está intentando conformar un frente unido con Carlos Mesa para las elecciones presidenciales del 6 de septiembre. El ministro de Gobierno Arturo Murillo precisó que Áñez le hará “muy buenas propuestas” al actual candidato de Comunidad Ciudadana (CC). Por su parte, el expresidente Evo Morales recalcó que se trata de un frente conformado por la vieja derecha boliviana. “Se juntan en conveniencia para reeditar la megacoalición del neoliberalismo”, sostuvo el líder del MAS.

Coalición "antipopulista"

Los partidos de derecha ya habían coincidido en su apoyo al golpe de Estado apañado por la OEA en noviembre pasado, cuando Morales superó ajustadamente la diferencia de 10 puntos necesaria para ganar en primera vuelta. Luego volvieron a dividirse de cara a las próximas elecciones, cada uno con la aspiración de colocar al nuevo presidente. Pero ahora las encuentras indican que Luis Arce, el candidato del MAS y exministro de economía de Morales, les saca una amplia ventaja a Mesa y Áñez. De esa manera corre riesgo el objetivo central del golpe: que las fuerzas populares queden definitivamente fuera de cualquier instancia de poder. Así fue como, con el poco disimulado empuje de la embajada de Estados Unidos, empezaron los contactos entre las diferentes fuerzas de la derecha para llegar a candidaturas unificadas. El objetivo es lograrlo de cara a la primera vuelta.

Fue el ministro de Gobierno Arturo Murillo el encargado de hacer pública la posibilidad de un acercamiento entre Áñez y Mesa, según informó el diario El Deber. “Yo creo que no es difícil. Habrá sorpresas en los próximos días... veremos cuál es la apertura del señor Mesa", indicó Murillo. Al ser consultado sobre la posibilidad de conformar una alianza que presente candidato único, señaló que habrá grandes sorpresas en los próximos días. “Nuestra presidenta realizará muy buenas propuestas”, sostuvo el funcionario. Murillo advirtió que esta vez no solo está en juego quién será presidente y quién no, sino los próximos 30 años de democracia. "Eso deben saberlo todos los candidatos que dicen ser de la línea democrática", insistió el ministro. Mesa es el principal oponente de la presidenta interina dentro las fuerzas "antipopulistas". El candidato de CC había quedado segundo en las elecciones de octubre pasado, en las que la dupla Morales-García Linera le sacó más de diez puntos de ventaja en la segunda vuelta.

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Desde que la pandemia se instaló en Bolivia, Mesa se había convertido en uno de los principales críticos a las medidas tomadas por el gobierno de facto. Por su parte Añez había manifestado presiones del líder de CC al momento de promulgar la ley con la que convocó a elecciones. “La Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, ha aprobado la ley para elecciones el 6 de septiembre. He recibido presiones del MAS, de Carlos Mesa y otros políticos para ir a elecciones”, había denunciado en un tweet la presidenta interina. Estos hechos hacían pensar a la mayoría de los analistas políticos que sería muy difícil conformar un frente común. Sin embargo Murillo adelantó que la presidenta está trabajando en ese sentido. "Áñez está dando todo por su país, por la patria y por la democracia, y lo seguirá haciendo. Por eso vendrán las sorpresas”, enfatizó el funcionario.

Consultado sobre una posible alianza, el jefe de campaña de CC Ricardo Paz no quiso adelantar nada. "Es muy difícil hablar en base a suposiciones", indicó Paz. El portavoz sostuvo que el tiempo para acuerdos preelectorales ya había pasado. Sin embargo ratificó que Mesa está abierto para conversar con todas las fuerzas democráticas y construir espacios de confluencia. Antes de la crisis desatada por la pandemia, en febrero de este año, la CNN le había preguntó Mesa si para evitar el retorno de Morales consideraría ir con Áñez en una sola fórmula. “Siempre hay una posibilidad, negarlo sería cerrar las puertas al desafío que debemos enfrentar. El MAS tiene una opción de voto muy importante y uno no puede descuidarla”, había señalado el expresidente boliviano en aquél entonces.

En paralelo, Morales criticó a los miembros de la posible coalición y señaló el recorrido de los dos candidatos. “Se viene la alianza entre quien, antes que enfrentar a las transnacionales pedía limosnas, y quien, en medio de la pandemia y antes de salvar vidas hace negociados hasta con los respiradores”, escribió el expresidente en Twitter. Además señaló la mano de Estados Unidos detrás de ambos candidatos. “Cumpliendo las instrucciones del gobierno de Trump, Mesa y Áñez acordaron un pacto para ir 'Juntos' en las elecciones del 6 de septiembre en Bolivia con asesores que apoyaron la campaña de Sánchez de Lozada. ¡El pueblo digno y soberano será primero!”, enfatizó el líder cocalero.

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La justicia británica se queda con las reservas de oro de Venezuela

Un juez sentenció que el gobierno de Maduro no podrá usar las 31 toneladas de oro que se encuentran en el Banco de Inglaterra 

El Banco Central del país bolivariano anunció que “apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión de un tribunal inglés".

 

El juez británico Nigel Teare del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, sentenció que las 31 toneladas de oro venezolano que se encuentran en el Banco de Inglaterra no pueden ser manejadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) ya que el “el gobierno de su Majestad reconoce a Guaidó en calidad de presidente constitucional interino de Venezuela”.

La justicia británica dictaminó entonces que quien tendrá acceso al oro en reclamación, valorado en cerca de 1.6 mil millones de dólares, será el “gobierno de Guaidó” a través de la “junta ad hoc del BCV” que designó en julio del 2019, pocos meses después de su autoproclamación.

El BCV anunció que “apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión de un tribunal inglés que pretende privar al pueblo venezolano del oro tan urgentemente necesario para hacer frente a la pandemia de covid-19”.

La demanda por el oro por parte del BCV había iniciado a finales del 2018. El reconocimiento en enero del 2019 de Guaidó como “presidente encargado” por parte de Gran Bretaña, congeló la respuesta del gobierno británico a la demanda venezolana, algo que el gobierno de Nicolás Maduro denunció diplomáticamente en reiteradas oportunidades.

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, se refirió en su libro La habitación donde sucedió, una memoria de la Casa Blanca a esa decisión británica. Allí afirmó que el entonces ministro de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, estaba “encantado de cooperar” con Estados Unidos, “por ejemplo congelando los depósitos de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra”.

Bolton se refiere a esa decisión de inicio del 2019 como parte de los “pasos que ya estaban aplicando para presionar financieramente a Maduro”. En ese mismo párrafo, el ex asesor de Seguridad Nacional destaca como, en esos días, trabajaban para recrudecer las sanciones sobre la industria petrolera venezolana.

El BCV prosiguió durante el 2019 y 2020 en el intento de acceder a las reservas de oro. En mayo pasado realizó una demanda ante el Tribunal Comercial de Londres para que el Banco de Inglaterra entregue el oro venezolano. Allí no solamente fue expuesto el argumento legal, sino también humanitario: el monto del oro sería destinado para ir directamente al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para hacer frente a la pandemia en el país.

La falta de respuesta del Banco de Inglaterra durante meses se debió a la zona gris diplomática construida hacia Venezuela. Mientras el gobierno inglés reconoció a Guaidó, su “embajadora”, Vanessa Neumann, fue recibida, pero sin las credenciales formales, una situación similar a la ocurrida en varios países de Europa y América Latina.

Así, mientras por un lado la política exterior apoyaba la política de gobierno paralelo en Venezuela, la situación legal no era clara, algo diferente al caso estadounidense donde fueron alineados en la misma política -con tensiones- la Casa Blanca, el Departamento de Estado, del Tesoro, y de Justicia. Esa situación de falta de claridad, sobre la cual el Banco de Inglaterra se amparaba para su falta de respuesta, fue despejada con la sentencia del día jueves.

Este fallo representa no solamente una pérdida para el BCV, sino que sienta a su vez un precedente para otros expedientes en una situación similar, como los 120 millones de dólares pertenecientes al BCV que se encuentran en el Deutsche Bank, o las numerosas cuentas congeladas en diferentes bancos.

Se abre entonces una nueva puerta para que se profundicen los mecanismos de robo de activos y bienes de Venezuela en el exterior, algo que ha venido sucediendo desde el inicio del reconocimiento estadounidense a Guaidó. El caso paradigmático es el de CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos (EEUU) -valorada en 8 mil millones de dólares-, que fue embargada por el gobierno estadounidense en el 2019, y se encuentra actualmente bajo amenaza judicial de remate y desmembramiento para ser apropiada por una minera canadiense, Crystallex, o una petrolera estadounidense, ConocoPhillips.

Este proceso de despojo ha sido uno de los objetivos centrales contra Venezuela. El gobierno venezolano convocó, por ejemplo, en el mes de mayo al encargado de Negocios del Reino Unido en Venezuela para “presentarle protesta formal y exigir explicaciones ante la creación en su Cancillería de una Unidad para la Reconstrucción de Venezuela”.

De esta manera, mientras Guaidó perdió toda gravitación dentro del país, su mantenimiento artificial permite que avancen procesos de robo a la Nación. Esa política de piratería y bloqueo es parte de las divisiones de la oposición en el país. El sector que aún se mantiene alrededor de la estrategia del gobierno paralelo sostiene la necesidad de las sanciones y congelamiento de activos. Afirman, contra toda evidencia, que no afectan al conjunto de la población, sino únicamente al núcleo de poder del chavismo.

Otro sector en cambio, tanto político como de sectores económicos, se opone a la estrategia de asfixia y despojo progresivo. Ese sector es quien participará de las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, para las cuales ya se han anotado 89 partidos políticos.

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