La deconstrucción del mito Moro justiciero

 Moro sigue siendo popular, aunque haya perdido parte substancial de respaldo en la opinión pública, y depende, más que nunca, de la protección presidencial. El goteo de filtraciones continúa.

 

Al menos dos brasileños – el ex juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro, y el fiscal Deltan Dallagnol - difícilmente olvidarán la fecha 9 de junio. En aquel domingo la publicación digital The Intercept Brasil, creada por el periodista norteamericano Glenn Greenwald, reveló mensajes intercambiados, por la aplicación Telegram, entre Moro y Dallagnol, coordinador de la acusación en la llamada "Operación Lavado Rápido" (lava jato). El principal blanco de la pluma de Moro es el expresidente Lula da Silva, preso desde el siete de abril del año pasado.

Se considera en Brasil que la principal razón de la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia es que a Lula, favorito absoluto, no se le permitió participar. Las primeras revelaciones de The Intercept abrieron dudas entre juristas sobre la actuación de Moro junto a Dallagnol: quedaba claramente insinuada una especie de alianza tácita entre juzgador y acusador, lo que viola las reglas y normas de la Justicia brasileña. En un primer momento los dos dijeron no haber ninguna irregularidad en el cambio de mensajes.

Pero a lo largo de las semanas siguientes The Intercept pasó a gotear – generalmente en los domingos y jueves – nuevas revelaciones cada vez más comprometedoras. Además de su página en internet, la publicación digital pasó a compartir el material obtenido de forma no revelada con una radio, la Bandeirantes, con el diario Folha de Sao Paulo y la revista semanal Veja, la de mayor tirada en Brasil. Ninguno de los tres medios puede ser considerado como favorable a Lula, y fueron grandes defensores de la "Lavado Rápido", contribuyendo para transformar a Moro en una celebridad nacional y ayudando a construir la imagen de un paladín de la justicia y combatiente sin pausa de la corrupción.

La segunda reacción, tanto de Moro como de Dallagnol, fue acusar Greenwald y The Intercept de haber recibido material confidencial de un hacker. El periodista norteamericano, que se hizo célebre por divulgar los archivos de Edward Snowden de material secreto de agencias norteamericanas de inteligencia – trabajo que le valió el más importante premio de la profesión, el Pulitzer – se niega a revelar su fuente. Moro y Dallagnol no mencionan la hipótesis de que los mensajes, tanto escritos como registrados en audio, hayan sido filtrados a Greenwald por alguna fuente interna de la fiscalía o del juzgado de Curitiba.

La reacción siguiente de Moro fue levantar sospechas sobre la autenticidad del material y aventar la hipótesis de manipulación. Pero los medios ahora asociados a The Intercept aseguran tener pruebas cabales de que se trata de transcripciones auténticas. Otro medio importante, la versión brasileña del diario español El País, examinó parte del material y aseguró su autenticidad a partir de un punto elemental: chequear mensajes de sus reporteros a integrantes de la "Lavado Rápido" y las respectivas respuestas.

Pasado más de un mes desde la primera filtración, el caso Moro-Dallagnol asumió serias proporciones. A estas alturas no hay mucho espacio para dudas sobre la interferencia directa del entonces juez en el trabajo de la acusación. En varios mensajes Moro instruye directamente el fiscal sobre cómo actuar, inclusive indicando a quién interrogar para acusar a Lula. Los defensores del expresidente, que siempre acusaron Moro de ser parcial y de haber condenado al expresidente sin presentar ninguna prueba, afirman ahora que todo lo que dijeron antes quedó comprobado. Los abogados de Lula pidieron, en el Supremo Tribunal Federal, que la actuación de Moro sea considerada irregular e ilegal. Con eso pretenden que el juicio sea anulado y todo empiece otra vez, con otro magistrado y otros fiscales acusadores.

A causa de la crisis desatada – y alimentada a cada semana por nuevas y contundentes revelaciones – la figura de Sergio Moro sufrió un severo desgaste. Si al ser nombrado ministro su imagen del justiciero e íntegro juez sirvió de aval al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, ahora se da la inversa: Moro sigue siendo popular, aunque haya perdido parte substancial de respaldo en la opinión pública, y depende, más que nunca, de la protección presidencial.

Hay presión directa de los grandes medios de comunicación para que Moro renuncie. Algunos de los más respetados juristas brasileños y al menos dos integrantes de la Corte Suprema denuncian su actitud mientras era juez como "violación de la Justicia".A la vez, en las redes sociales controladas por Carlos, uno de los hijos de Bolsonaro, se multiplican los mensajes cada vez más agresivos contra Greenwald. Hay desde pedidos para que sea expulsado del país hasta ofensas homofóbicas: el periodista está casado con David Miranda, diputado federal por el izquierdista PSOL.

La Policía Federal, que actúa bajo el mando del ministerio de Justicia encabezado precisamente por Moro, se niega a confirmar o desmentir que haya pedido un informe de las cuentas bancarias de Greenwald. Tampoco confirma o desmiente que exista alguna investigación contra el periodista.

Greenwald, a su vez, tuvo que cambiar su rutina cotidiana de manera radical. Hay amenazas violentas contra él, su compañero y los dos hijos adoptados por la pareja.Si hasta junio su casa en Río de Janeiro contaba con tres cámaras de seguridad, ahora tiene treinta. Pasó a usar un vehículo blindado y se hace acompañar por guardaespaldas. Reitera, sin embargo, que no dejará de revelar el material del que dispone. Y que hay cosas mucho más graves que las ya divulgadas.

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Por qué dudamos que ocurra una intervención armada en Venezuela

En contra de la opinión de algunos editorialistas y declaraciones “asusta incautos…” formuladas y repetidas hasta el cansancio por algunos altos funcionarios de la administración estadunidense, como el afirmar que "todas las opciones siguen sobre la mesa" que para algunos incluye una posible intervención armada de Estados Unidos en Venezuela como las que ocurrieron en el pasado en República Dominicana, Granada y Panamá, estimamos que no habrá intervención armada extranjera en ese país hermano, sea invocando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que afortunadamente México y otros países latinoamericanos denunciaron en diferentes épocas o invocando algún otro criterio.

 

Estamos convencidos que el país latinoamericano o caribeño, cualquiera que este sea, que avale o participe en una intervención militar en Venezuela a pesar de la situación que vive ese pueblo, sufrirá reacciones en contra, de gran parte de su población por el precedente que establece esa invasión; aspecto que Washington seguramente tiene muy presente, ya que problemas con los miles de refugiados centroamericanos que piden asilo sin respuesta expedita y protestas en capitales de nuestro subcontinente contra su intervencionismo en una época prelectoral, podría configurar una reacción masiva de América Latina hacia Washington, lo cual tendría sin duda un fuerte impacto en el ambiente político de ese gran país; nuestra misión debe ser en consecuencia, buscar una rápida conciliación no violenta que quizás requiera la elección por los venezolanos de nuevos líderes de los órganos regentes de su vida política.

 

Lo que en este momento parece ocurrir en Venezuela causando víctimas, desabastos y dificultades para sobrevivir la vida diaria, es parte de una nueva estrategia que se está utilizando con cada vez mayor frecuencia a escala mundial y que en los sectores militares se conoce como anti-access/area denial o A2/AD ó "geopolítica de guerrillas" como le llama Galeotti del Instituto de Relaciones Internacionales de Praga o "contra-intervención" como lo llaman los estrategas militares chinos.

 

La finalidad de esa estrategia consiste en lograr un fin político ilegal por lo general, sin provocar un conflicto armado o llegar a una intervención agresiva directa, pero sí hostigando al país víctima, con medidas que lo afecten en su economía o su situación política a corto o largo plazo, tema que ya han incluido en sus planes bélicos-estratégicos, las grandes potencias como Rusia, China y el propio Estados Unidos además de algunos otros países con conflictos en su "vecindario", en lo que llaman la "zona gris" es decir, acciones entre la guerra y la paz.

 

Las llamadas operaciones de la "zona gris" tienen por objeto hostigar a otros países, sin caer en un directo conflicto armado e incluyen acciones económicas, diplomáticas, de inteligencia e inclusive ilegales en el país en cuestión, para lograr un objetivo político y estimase que dentro de esa actividad caen las intervenciones de Rusia en las pasadas campañas electorales de Estados Unidos y Francia, claramente probadas (lo que no pudo probar el fiscal especial en Estados Unidos, Robert Mueller, fue el vínculo Rusia-Trump en las campañas electorales) además de acciones similares en Cataluña y que ahora parece se utilizan en Venezuela.

 

Por otra parte, las diversas opciones que abre hoy la quiebra del mundo de la posguerra en el plano internacional tiene de hecho, implicaciones muy diversas para nosotros. Esto es cierto aun en el caso de desarrollos a los que damos la bienvenida. Es cierto por ejemplo que en la nueva agenda global los derechos de los individuos ocupan un lugar crecientemente importante al lado de los derechos de los Estados. Esto sin embargo, no debe transformarse en una excusa para injerencias indebidas de Estados que no asumen compromisos en esa importante materia, en los asuntos de otros. No es posible que el advenimiento del mundo anárquico y multipolar que vivimos se reduzca al surgimiento sin oposición, de una capacidad de imposición respecto a los valores compartidos por todos nosotros o, aún peor, de otros objetivos confundidos con estos valores.

 

Por Sergio González Gálvez, embajador Emérito de México

Escribe a título personal

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Moro siempre ha sido un viajero frecuente a EE.UU como asistente a cursos y a dar conferencias.

Sergio Moro mantiene una estrecha relación con el país del Norte

 Del ministro de Justicia de Brasil, hoy en el centro de un escándalo, se dice que fue entrenado por el FBI. Moro queda expuesto por su propio pasado.

 

Hay una segunda Escuela de las Américas en Estados Unidos pero no forma ni necesita militares para cumplir sus propósitos. Es el Departamento de Justicia, dicta la doctrina a seguir para muchos funcionarios judiciales del continente y Sergio Moro es uno de sus mejores alumnos. La estrecha relación entre el ministro vedette de Jair Bolsonaro y EE.UU. explica en buena medida por qué el Lava Jato dejó en evidencia que su objetivo político era la proscripción de Lula. Las revelaciones del sitio The Intercept sobre cómo el ex juez de Curitiba direccionó su investigación para detener al ex presidente y sacarlo de competencia en las últimas elecciones lo dejaron desnudo. Pero además confirmaron lo que se sospechaba. Que Moro es un peón en el juego de la geopolítica norteamericana y de sus negocios, donde Washington jamás se queda de brazos cruzados. El ministro de Justicia brasileño también quedó expuesto por su propio pasado, además de por los chats cifrados de Telegram que filtró el periodista estadounidense Glenn Greenwald. 

Documentos de Wikileaks –como uno del 30 de octubre de 2009– prueban la influencia de   Estados Unidos sobre el Ministerio Público brasileño. Moro siempre ha sido un viajero frecuente a EE.UU como asistente a cursos y a dar conferencias. Ya en julio de 1998 participó del Programa de Instrucción para Abogados en la Escuela de Derecho de Harvard. Desde entonces no paró. En una de sus últimas incursiones en julio de 2016, brindó una conferencia en Washington DC sobre la importancia de los medios en el apoyo a investigaciones criminales. Algo que en Brasil cumplió con creces el grupo Globo, clave en la construcción de sentido que se hizo sobre el Lava Jato direccionada casi en exclusividad contra el PT.

Los antecedentes académicos del ministro de Justicia no dirían demasiado si no se relacionaran con otros de conocimiento público. La prestigiosa filósofa brasileña de la Universidad de San Pablo, Marilena de Souza Chauí, declaró hace tres años que Moro había sido “entrenado por el FBI” para atender los intereses de EE.UU. en el Lava Jato. El ex juez nunca la desmintió. Tampoco a los periodistas Daniel Giovanaz y Lourdes Nassif quienes en junio de 2017 escribieron un artículo titulado: “¿Agente de la CIA? ¿Entrenado por el FBI? Un rayo X en la relación de Moro-EE.UU.”

El 18 de marzo pasado Bolsonaro y su ministro de Justicia y Seguridad visitaron la sede de la CIA en Langley, Virginia, en un acto no oficial. Por la Agencia Central de Inteligencia pasó William P. Barr entre 1973 y 1977, el actual secretario de Justicia estadounidense. Un duro contra la inmigración que asumió el cargo en febrero de este año y que ya en 1992 planteaba levantar una barrera en la frontera con México. Moro se reunió con él durante el viaje a EE.UU., aunque era previsible por su condición de ministros de la misma área. 

El prestigioso historiador brasileño Luiz Alberto Moniz Bandeira, experto en Estados Unidos, también alertaba sobre la estrecha relación del ministro con ese país en una entrevista de PáginaI12 del 20 de junio de 2016: “Moro realizó cursos en el Departamento de Estado en 2007. En 2008 pasó un mes en un programa especial de entrenamiento en la Escuela de Derecho de Harvard, acompañado por su colega Gisele Lemk. Y en octubre de 2009 participó de la conferencia regional sobre ‘Illicit Financial Crimes’ promovida en Rio de Janeiro por la Embajada de los Estados Unidos”. 

El ministro también se desempeña en la Red Internacional Laureate, una de las instituciones educativas y privadas más influyentes en Estados Unidos que compró varias universidades en Brasil. Moro es profesor de la que está ubicada en Curitiba. Desde ahí solía defender hasta hoy las prisiones preventivas como las que aplicó en el marco del Lava Jato. 

El ex juez se queja ahora de que The Intercept violó su privacidad o de que le pincharon el teléfono, pero en plena campaña electoral en Brasil filtró el contenido de la delación premiada al ex ministro de Justicia de Lula, Antonio Palocci, para favorecer las chances electorales de Bolsonaro. Pasó una semana antes de los comicios. Los fiscales que se complotaron con Moro para condenar al ex presidente con pruebas escuálidas también marcharon contra el PT en algunas movilizaciones. La Justicia contaminaba así el Lava Jato

Pero hay más sobre el ministro que llegó a ser elegido por la revista Time como uno de los cien personajes más influyentes del mundo en 2016. Según el portal Jornalistas Libres de Brasil, el juez creyó que podía tomar ciertas medidas desde su juzgado sin respetar cuestiones básicas del derecho: “Moro determinó en 2007 la creación de documentos de identidad falsos y la apertura de una cuenta bancaria secreta para uso de un agente policial estadounidense en Brasil, en una investigación conjunta con la Policía Federal. Especialistas en Derecho Penal apuntaron ilegalidad en la acción determinada por el juez paranaense. Recuerde el caso”, señaló en un artículo el sitio Brasil de Fato el 5 de junio de 2017.

La influencia de los fallos firmados por Moro en Brasil ha sido tal que de alguna manera quedó blanqueada en un fallo del Tribunal Federal de Porto Alegre (TF4) sobre el escándalo de los sobornos: “La operación Lava Jato no debía seguir las leyes del país por ser excepcional”. La justicia extraterritorial busca favorecer los intereses económicos de las compañías de Estados Unidos y sacar del medio a sus competidoras de otros países.

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Martes, 11 Junio 2019 06:26

Una luz en la oscuridad

Una luz en la oscuridad

La conmoción causada por la revelación sobre cómo se armó la operación judicial-mediática contra Lula ya impactó en la Corte Suprema, donde uno de los jueces la consideró “muy grave”. En el Congreso impulsan una Comisión Investigadora y desde distintos sectores reclamaron la inmediata libertad del ex presidente.

 

Después de un tornado llamado “Morogate”. Brasilia, centro del poder político nacional, quedó estremecida por la potencia destructiva de las informaciones publicadas en el sitio The Intercept sobre las maniobras que coordinaron el ex juez Sergio Moro y el jefe de los fiscales de Lava Jato, Deltan Dallagnol, para acusar a Luiz Inácio Lula da Silva a pesar de las hasta hoy inexistentes pruebas sobre la entrega, como parte de una coima, de un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá. La defensa de Lula, que prepara medidas legales, exigió la libertad del ex mandatario. “Los hechos imputados al funcionaro más notorio del gabinete son “muy graves”, declaró Gilmar Mendes, miembro del máximo tribunal.

 Artículos de la Constitución y el Código Procesal, establecen que sólo el Ministerio Público cuenta con atribuciones en la formulación de la denuncia de un ciudadano investigado y que el juez es pasible de impugnación si se conduce con parcialidad. En este caso el magistrado obró como si fuera el coordinador de los procuradores, según se desprende de los primeros artículos del sitio editado por el periodista norteamericano, ganador de un Pulitzer, Glenn Greenwald.

“Todavía no hemos terminado de estudiar las medidas legales que vamos a llevar adelante, nos estamos reuniendo ahora con el resto del equipo de trabajo, pero sin dudas esto es causal para que el expresidente sea puesto en libertad con urgencia”, declaró la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, defensora de Lula, en diálogo con PáginaI12. “Este tipo de vinculación entre un juez y fiscales es totalmente ilegal, todo esto confirma lo que siempre dijimos, este fue un caso de persecución política para retirar al ex presidente de las elecciones del año pasado” en las que era favorito hasta un mes antes de la votación, cuando tuvo que desistir de su candidatura asfaltando el camino el triunfo de Jair Bolsonaro.

La abogada recordó que “este caso típico de Lawfare (guerra judicial con motivos políticos)” es motivo de una causa abierta en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde la defensa cuenta con la participación jurista australiano Joeffrey Robertson, que fue patrocinante de Julian Assange.

Ayer Moro fue incapaz de disimular los daños sufridos. Escogió viajar a la Amazonia acaso para tomar distancia de las preguntas de los reporteros de la Capital Federal y formuló dos declaraciones contradictorias en menos de doce horas: primero admitió la existencia de las conversaciones que tuvo con Dallagnol a través de la aplicación Telegram y luego puso en duda aquel diálogo.

Además acusó de emplear métodos “delictivos” para obtener las informaciones a los periodistas responsables del reportaje de un medio de comprobada credibilidad como es The Intercept. Su editor Greenwald fue quien publicó en 2013 los documentos obtenidos por el ex agente Edward Snowden de la agencia norteamericana NSA, nunca desmentidos.  

Hasta el cierre de esta crónica, en la noche del lunes, el presidente Jair Bolsonaro se había llamado a silencio sobre las peripecias de su “superministro” de Justicia y Seguridada Pública. Pero hace un mes le  agradeció su contribución para que llegara a la presidencia en las elecciones atípicas de octubre de 2018.

En una de las conversaciones transcriptas por The Intercept el entonces juez Moro, de la primera instancia federal de Curitiba, le dicta a Dallagnol los pasos a ser dados en una de los tantos operativos de Lava Jato. Y en otra apercibe al fiscal por la demora en generar nuevas acciones, generalmente espectaculares, que siempre eran amplificadas por la propaganda (con apariencia de noticia) de las empresas periodísticas (ver aparte).

A partir del destape del “Morogate” tal vez se haya dado inicio a una temporada de vendavales que amenaza dejar más a la intemperie al magistrado de provincia voló hasta lo alto del poder nacional como un personaje de historietas. En las marchas por el impeachment de Dilma Rousseff se vendían muñequitos de Supermoro, con su capa roja. El mismo personaje inflado de gas, de casi diez metros de altura, se volvió a ver en una reciente concentración de bolsonaristas en el centro de Brasilia.

Moro hizo de Lava Jato una bandera capaz de amalgamar al amplio campo conservador, donde germinaría un núcleo neofascista, encuadrado detrás de la premisa de acabar con Lula luego de derrocar a Dilma Rousseff. Y así fue: Dilma cayó en 2016, Moro condenó a Lula en 2017 y en abril de 2018 lo encarceló, tras la ratificación de su fallo por parte de una cámara de apelaciones.

 “Moro pateaba corners y cabeceaba al mismo tiempo”, comentó un juez del Supremo Tribunal Federal a un periodista de la radio CBN, de la cadena Globo. Según ese magistrado del Supremo, protegido por el anonimato, con la depreciación de la credibilidad del ministro de Justicia subieron las chances de que Lula acceda al régimen semiabierto como lo solicitó la semana pasada una procuradora al Superior Tribunal de Justicia, de la tercera instancia. 

Los hechos imputados al funcionaro más notorio del gabinete son “muy graves”, declaró sin proteger su identidad Gilmar Mendes, él también miembro de la más alta Corte.

En el Congreso, el líder de la bancada del Partido de los Trabajadores Paulo Pimenta, anunció el inicio de conversaciones con otras fuerzas de izquierda para la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigaciones con foco en Moro y Dallagnol. Otra de las transcripciones divulgadas por The Intercept informa sobre la indignación de algunos fiscales sobre la posibilidad de que Lula conceda una entrevista antes de las elecciones y la preocupación con que pueda contribuir a la victoria de su apadrinado político, Fernando Haddad.

En ese mismo trecho de la nota los miembros del Ministerio Público planean una estrategia para que ese reportaje a los diarios Folha y El País – que finalmente no se hizo en 2018– sea convertido en una conferencia de prensa a fin de que en ella haya periodistas afines a Lava Jato.

The Intercept anticipó que cuenta con harta documentación a ser publcada en próximas ediciones, que de ser tan letales como las del domingo, pueden afectar más a Moro y eventualmente salpicar a otros personajes. Los rumores sobre lo que vendrá son de todo tamaño, y no se descarta que surjan conversaciones o menciones más detalladas sobre como se gestó la aproximación Moro-Bolsonaro.

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Lunes, 10 Junio 2019 06:41

​​​​​​​Brasilgate

El presidente Jair Bolsonaro y su ministro y ex juez Sergio Moro.

Un prestigioso investigador norteamericano ganador del Premio Pulitzer difundió intercambios comprometedores por Telegram entre Sergio Moro, el juez que condenó a Lula y actual ministro de Bolsonaro, y los fiscales de la fuerza de tareas que diseñaron las falsedades que llevaron a prisión al ex presidente.

 

La rama brasileña de la revista web The Intercept dijo haber recibido material desclasificado con escuchas que probarían el comportamiento ilegal de las autoridades judiciales en la Operación Lava Jato, que sirvió como coartada para el golpe de Michel Temer contra Dilma Rousseff en 2016, justificó la prisión de Luiz Inácio Lula da Silva en 2018 y creó las condiciones para el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro y su asunción como presidente el 1ª de enero de 2019.

Las conversaciones fueron mantenidas por el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que entonces era el juez instructor contra Lula, y el fiscal Deltan Dallagnol, jefe de la llamada fuerza de tareas del Ministerio Público Fiscal. 

El artículo fue escrito por Glenn Greenwald, un columnista y experto en derecho constitucional norteamericano que trabajó para el diario inglés The Guardian y posibilitó que un equipo de ese diario y del The Washington Post ganaran un premio Pulitzer en 2014 por una investigación sobre el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Fue uno de los temas que reveló el ex miembro de la NSA Edward Snowden. Greenwald vive en los Estados Unidos y en Brasil, donde reside su pareja. 

The Intercept dijo que sus textos se basan en chats privados, grabaciones de audio, videos, fotos y documentación judicial provistos por lo que definió como “una fuente anónima”. También el caso más famoso de revelaciones que llevaron a la caída de un presidente, Richard Nixon en los Estados Unidos, tuvo una única fuente, y también anónima, que la historia conoció como “Garganta profunda”. Su identidad se supo recién a su muerte: era Mark Felt, fallecido en 2008 después de una larga carrera en el FBI, la Agencia Federal de Investigaciones de los Estados Unidos. Sus informaciones fueron claves para que los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, de The Washington Post, pudieran develar la trama que se escondía detrás del espionaje a Watergate, el edificio que albergaba la sede del Partido Demócrata, de oposición a Nixon. 

The Intercept Brasil publicó tres artículos con el material en portugués y elaboró una traducción al inglés para la difusión global del escándalo que sacude a Brasil y al mundo entero: anoche los tuits sobre este verdadero Moro Gate estaban entre las primeras cuatro tendencias mundiales de Twitter. 

La web decidió publicar el material porque entendió que la significación de las revelaciones “podría tener consecuencias enormes sobre los indicios y supuestas pruebas de la Operación Lava Jato”. Recuerda The Intercept que Lava Jato no fue solo una de las llaves de la demolición del Partido de los Trabajadores de Lula y Dilma sino también el argumento para que Bolsonaro le fabricara a Moro un superministerio de Justicia con poderes de vigilancia y espionaje sin precedentes en la historia brasileña. 

Si hasta ahora Moro y Dallagnol pudieron mantener el secreto sobre cómo armaron el complot judicial, ese secreto comienza a agrietarse con los datos revelados por The Intercept.

“Los procesos judiciales viciados por el fraude en el Lava Jato deben implicar la libertad inmediata de Lula”, escribió anoche a las 21.30 Dilma Rousseff.  

 

Anti PT

 

Dallagnol es el funcionario judicial al que Lula acusó de haber armado un Power Point sin pruebas para incriminarlo. Sobre Moro, Lula suele recordar que el juez dijo haber actuado sobre la base de su convicción íntima. 

Los materiales contienen pistas de que los fiscales de la fuerza de tareas hablaban abiertamente de su objetivo de frenar un triunfo del PT en las elecciones de octubre de 2018. 

The Intercept aclaró que no incluyó en la difusión cuestiones de la vida privada de los protagonistas sino solo las informaciones que tuvieran relación con el interés público. También explicaron que, como es de práctica en otros países, “no requerimos el comentario de las altas autoridades mencionadas antes de publicar porque no quisimos advertirles por anticipado sobre nuestra tarea y porque los documentos hablan por sí mismos”. Sin embargo, la web difundió que en la noche de ayer una comunicación pública de la fuerza de tareas no desmintió el contenido. Solo dijo que había actuado con respeto de la legalidad. 

Antes de acusar a Lula por la supuesta posesión de un triplex en el balneario de Guarujá, que según la fuerza de tareas fue producto de un soborno empresario, Dallagnol se franqueó de esta manera: “Van a decir que estamos acusando sobre la base de una noticia de un diario y con indicios débiles… Entonces hay que atar el tema a algo bien fuerte. La ligazón entre Petrobrás y el enriquecimiento. Tenemos que preparar las respuestas correspondientes y tenerlas listas en la punta de la lengua”. 

Se refería a un artículo publicado por el diario O Globo en 2010, que atribuía el triplex en un balneario popular a Lula. 

Cuando Dallagnol fue criticado, Moro lo confortó: “Definitivamente las críticas a la exposición de ustedes son desproporcionadas. Siga firme”. 

Después de la decisión de la Corte Suprema de otorgarle la libertad a Alexandrino Alencar, que ocupaba la dirección de relaciones institucionales de Odebrecht, Dallagnol le preguntó a Moro que resolviera el tema en el mismo día y pusiera al directivo de la constructora otra vez en prisión. En sus mensajes con los fiscales, Dallagnol llamaba “russo” a Moro. 

En otro momento, el 21 de febrero de 2016, Moro sugirió invertir el orden de las operaciones planificadas por los fiscales. 

Dallagnol y su fuerza de tareas de 13 fiscales con sede en Curitiba, donde Moro era juez, parecía tener dudas de la solidez de la prueba. La gran duda era, justamente, si Lula había recibido como regalo el departamento en la playa para favorecer a la constructora OAS en sus contratos con Petrobrás. 

En los intercambios con sus funcionarios no aparece ninguna prueba concreta aportada por ninguno de ellos. Era importante porque, de otro modo, el caso no podría ser sustanciado en Curitiba, donde las acciones de OAS ya estaban bajo la lupa. Los fiscales de San Pablo reclamaban la competencia sobre el tema. Los paulistas ya investigaban el caso Bancoop. El grupo de fiscales de San Pablo había establecido, sin embargo, que el caso Bancoop había comenzado cuando nadie hablaba de una presunta corrupción en Petrobrás, conocido en Brasil como “petrolao”. Pero si la causa viajaba hasta San Pablo quedaría fuera de la órbita de Moro. Por eso era necesario relacionarlo con OAS y con los escándalos de Petrobras. 

En uno de los mensajes de Telegram Dallagnol dio instrucciones de cómo debía ser presentada la denuncia: “Las imágenes tienen que ser claras. Un circulo central y otros círculos alrededor, o sea evidencias de que Lula era el dueño”. Ese fue el origen del famoso Power Point que pocos días después presentaría a los periodistas.

 

“Chiste” 

 

Los fiscales llegaron a discutir formas de disminuir el impacto de una entrevista del ex presidente Lula a la columnista de la Folha de Sao Paulo Mónica Bergamo. La entrevista había sido autorizada por el ministro de la Corte Suprema (el Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski porque esa entrevista podría “hacer que elijan a Haddad” y “permitir la vuelta del PT” al gobierno. 

Haddad es Fernando Haddad, ex ministro de Educación y candidato del PT contra Bolsonaro. Perdió en segunda vuelta a pesar de haber obtenido 47 millones de votos. 

La entrevista a Lula se realizaría menos de dos semanas antes de la primera vuelta de las elecciones.

En los diálogos entre los fiscales queda en evidencia, según The Intercept, que “los procuradores no son actores apartidarios y apolíticos sino que más bien parecen motivados por convicciones ideológicas y originados en el deseo de que el PT no vuelva al poder”. 

Convencida, en apariencia, de que los diálogos entre los fiscales se mantendrían privados para siempre, la fiscal Laura Tessler dijo el año pasado: “Parece un chiste. La entrevista se va a convertir en una cadena. Y después de Mónica Bergamo otros periodistas repetirán lo mismo. Y nosotros acá nos quedamos haciendo el papel de payasos”.

Otra fiscal, Isabel Groba, puso esto en la conversación: “Mafiosos!!!!!!!!!!!!!!!!!!”. 

Tessler dijo que una rueda de prensa de Lula “antes de la segunda vuelta puede hacer que lo elijan a Haddad”.

En paralelo, según The Intercept, Dallagnol hablaba con una amiga que en Telegram se identificaba como “Carol PGR”. PGR significa Procuración General de la República, el organismo supremo de los fiscales. 

Alarmada por la entrevista y la eventual rueda de prensa de Lula, Carol PGR envió varios mensajes a Dallagnol:

  • “Estamos en un tren sin mando y no sé qué nos espera”.
  • “La única certeza es que estaremos juntos”.
  • “Me preocupa mucho una vuelta del PT, pero le recé mucho a Dios para que ilumine a nuestra población para que un milagro nos salve”.

Cuando era evidente que la entrevista se haría igual, los fiscales hasta discutieron qué le ofrecería menos ventajas a Lula. Si una entrevista con Bergamo o una rueda con varios periodistas. 

El magistrado Januário Paludo incluso sugirió un plan: “Abrir la posibilidad de que todos hagan una entrevista el mismo día disminuiría la chance de que sea direccionada”.

Otro fiscal, Athayde Ribeiro Costa, sugirió que la Policía Federal actuase para que la entrevista se realizara después de las elecciones. La interpretación amañada sería que el permiso de la Corte Suprema se estaría cumpliendo de ese modo pero que a la Policía Federal le correspondía agendar la entrevista. “Que la agende para después”, dijo.

En ningún momento Dallagnol se mostró molesto con el tono de las opiniones de los integrantes de su fuerza de tareas que se comunicaba dentro de un grupo de Telegram. 

En alusión a Raquel Dodge, procuradora general de la República, que no quería apelar la autorización de la entrevista, dijeron: “Ella piensa que si Haddad gana la va a nombrar en el Supremo Tribunal Federal”. Y otro comentario fue éste: “Qué payasada... Adora jugar para la platea. Quiere ganar el apoyo de la prensa”. 

Los indicios sobre el complot recién empiezan. La sombra de Nixon parece proyectarse sobre Moro y Bolsonaro.

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Mike Pompeo coloca en crisis a la oposición y desmonta el Plan Guaidó

Diversas son las reacciones de la dirigencia antichavista sobre las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, filtradas por The Washington Post hace pocos días. Lo que pareciera un descuido comunicacional pudiese ser, en realidad, una operación de distanciamiento del tren gerencial plutocrático que comanda la Casa Blanca para, como en otras ocasiones, hacer giros en su agenda y descartar a los decadentes operadores actuales.

El desmontaje de plataformas antichavistas en Venezuela por parte de las administraciones estadounidenses ha tenido distintos momentos, ya ocurrió con la Coordinadora Democrática a comienzos de este siglo y más recientemente con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Las tensiones intestinas de las distintas expresiones del antichavismo salieron a relucir, lo que además de confirmar las palabras de Pompeo, da una oportunidad para que cada quien ataque o defienda al grupo operador de turno: Voluntad Popular.

¿Derrota declarada?

El representante especial de la administración Trump para Venezuela, Elliott Abrams, recomendó al chavismo que regresara al Parlamento y que consensuara con la oposición una transición que desemboque en elecciones, declaración que indica un cambio en el lenguaje y la renuncia de una salida abrupta de la crisis política.

Aquello de «todas las opciones» pareciera descartado debido a que las amenazas van en otro tono, en tanto buscan intensificar las sanciones, generar descontento y abrir un escenario electoral para inducir un resultado como el de las legislativas de 2015.

De esta manera Abrams admite que el golpe para derrocar al gobierno nacional ha fracasado, que no pueden visualizar un futuro inmediato
sin el chavismo como parte de la cultura política del país y que el Estado profundo que realmente lleva las riendas de los Estados Unidos
ve con excesivo riesgo la intervención militar.

La vía de tomar el poder por asalto en medio de la conmoción social tiende a extinguirse mientras el antichavismo ya reconoce que los diálogos en Oslo, Noruega, son vinculantes en su actuar. Con el interés de ocultar sus fracturas, el politólogo antichavista, Luis Salamanca, manifestó que el gobierno estadounidense está optando por presentar una estrategia contra el gobierno constitucional de Venezuela desde distintos frentes, con todas las opciones sobre la mesa, al igual que la del «mandatario interino», que no descartó la vía del dialogo en Noruega.

«La estrategia de Guaidó va de la mano con la de Estados Unidos, no veo contradicción. Tiene que luchar en todos los frentes y eso es lo que está haciendo Guaidó en el frente electoral, el internacional, de negociación y militar», agregó sin nombrar el frente económico.

Opiniones divergentes como el antichavismo

Uno de los personajes que emitió opinión fue el excandidato presidencial Henri Falcón, quien coincidió el pasado jueves con las declaraciones de Pompeo sobre la clase política antichavista venezolana. «Pompeo dijo la verdad, Confirmó lo que hemos criticado en la oposición», escribió Falcón en sus redes sociales.

Agregó el dirigente del partido Avanzada Progresista:»Hacemos un llamado a reflexionar sobre el exhorto de Pompeo, y verlo como una crítica constructiva para propiciar desde ya, una profunda revisión de la actual estrategia opositora, que ha fallado para salir de este mal gobierno».

Por su parte, Andrés Velásquez, otro excandidato presidencial originario de la izquierda y dirigente político de la Causa R, respaldó las declaraciones brindadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, manifestando: «Lo que afirma Pompeo no es novedad. Creo que se queda corto, además de la oposición hay que contar también los que aspiran en el Psuv, en el exchavismo, los del partido militar, los que quieren cohabitar, evangélicos y afines».

Contrario a estas declaraciones, Salamanca y los diputados Williams Dávila, de Acción Democrática, y Luis Lippa, de Primero Justicia, declararon que, pese a las discrepancias internas, la dirigencia antichavista ha respaldado a Guaidó y que existe una convergencia entre los partidos políticos en un objetivo común: la salida (forzada) del presidente Maduro del poder.

Al respecto Salamanca declaró que la MUD murió, aunque nadie haya oficializado su muerte y dijo que, con sus declaraciones, Pompeo «no trata de debilitar a la oposición venezolana, sino enviarle un mensaje para que se entienda por encima de las diferencias». Agregó que Guaidó ha logrado «la convergencia en torno a la estrategia que planteó para hacer cesar la usurpación e ir a elecciones democráticas».

Además manifestó que «la única fuerza que tiene la oposición unida es fuerza electoral, no tiene fuerza militar, no tiene capacidad de noquear. Maduro cerró la vía electoral democrática porque sabe que pierde y ese es el único fuerte de la oposición», sin especificar respecto al llamado a elecciones legislativas que Maduro viene realizando las últimas semanas.

Lippa, por su parte, declaró que no volverán a la antipolítica que en el pasado ocasionó que «el régimen chavista» se asentara en el poder mientras Dávila indicaba que «lo importante es fortalecer la unidad, que los partidos se fortalezcan y fortalecer a Guaidó, que es el líder que tenemos».
Guaidó hace control de daños: «Eso es democracia»

Por su parte, y en respuesta a Pompeo, el mismo Guaidó ratificó el mismo jueves que el antichavismo se mantiene unido «en el deseo» de lograr la salida de Nicolás Maduro del poder. «Estamos unidos en el deseo y la necesidad de deshacernos de Maduro», dijo en una entrevista concedida a Bloomberg. «Si 40 personas quieren competir por la presidencia, son bienvenidas. Eso es democracia», agregó.

Además insistió en la permanencia de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos luego de considerar que cualquier levantamiento solo «normalizaría» la crisis. Estas medidas han constituido una suerte de extorsión contra la población venezolana, aunque supuestamente afectan solamente altos funcionarios del chavismo, han impactado negativamente sobre la economía en general y la vida de la gente.

De pronto ha vuelto el discurso electoral al discurso antichavista a la par que desapareció el distanciamiento y negación de las conversaciones en Oslo. Al parecer han cambiado la seña desde la sede del Estado profundo transnacional que gobierna en Estados Unidos, es decir el American Enterprise Institute (AEI).

De allí provienen personajes de la administración Trump como el asesor de seguridad nacional y uno de los principales actores en la agresiva política contra Venezuela, John Bolton, el criminal de guerra Elliott Abrams, quien ha sido presentado regularmente en las cumbres de la AEI y como invitado en sus paneles y podcasts; el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo, quienes fueron invitados a una reunión «secreta» de la AEI a principios de marzo.

Pareciera que el antichavismo se enfila hacia la opción electoral teniendo como punta de lanza el chirrido de la economía nacional, el plan Guaidó naufraga y Pompeo hace girar la agenda para reducir la cantidad de empleados directos de la Casa Blanca.

10 junio 2019

(Tomado de Misión Verdad)

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EU boicotea foro de la ONU por la participación de Venezuela

Sanciones de Washington impiden que Caracas destine recursos a programas médicos de trasplantes

Ginebra. Estados Unidos, junto con algunos miembros del Grupo de Lima, abandonaron ayer la Conferencia de Desarme, foro internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizado en esta ciudad, en protesta por la asunción de Venezuela a la presidencia rotatoria de este coloquio, al mantener la presión contra la república bolivariana.

"Tenemos que hacer todo lo posible para impedir que estados como el venezolano presidan organismos internacionales", explicó Robert Wood, embajador estadunidense, tras boicotear la sesión.

Anunció que su delegación no participará en las próximas cuatro semanas de la conferencia, tiempo que dura la presidencia venezolana, en rechazo a que ese "Estado paria" la encabece. Aclaró que su acción es un gesto de apoyo al autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, a quien le expresó su deseo de trabajar "en el futuro" en este encuentro.

Wood, junto con las representaciones de Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Paraguay, Panamá y Perú abandonaron la sala cuando Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, tomó la palabra tras recibir la presidencia de la Conferencia de Desarme.

Lindsey Graham, senador estadunidense, sugirió el domingo pasado, en entrevista para la cadena Fox, que su gobierno debería considerar una invasión militar a Venezuela, similar a la que Ronald Reagan realizó en Granada en 1983, si Cuba "no sale" del país petrolero y los militares venezolanos apoyan a Maduro.

Sin interrupciones, Valero rechazó las maniobras de Estados Unidos y los miembros del Grupo de Lima de usar el foro "para promover matrices de opinión golpistas e intervencionistas contra el gobierno que preside Nicolás Maduro".

Denunció que Washington "impide los pagos del país, por conducto de la banca internacional, y no le permite importar medicamentos y bienes necesarios para el desarrollo del pueblo venezolano". Resaltó, al citar estudios del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica, que las sanciones y bloqueos unilaterales han provocado un daño por 350 mil millones de dólares.

En tanto, representantes de Maduro y Guaidó retomaron ayer las conversaciones exploratorias en Oslo, auspiciadas por el gobierno de Noruega, para facilitar una solución a la crisis en Venezuela, que según Estados Unidos debe hacerse con la salida del poder del mandatario socialista.

Fuentes del grupo opositor, consultadas por el diario venezolano El Nacional, indicaron que la agenda a tratar es la salida de Maduro mediante elecciones libres. El Centro de Comunicación Nacional del Palacio de Miraflores aclaró que todavía no hay ni agenda ni acuerdo pactado para estos contactos.

La televisora pública noruega NRK precisó que las partes se reunieron el lunes pasado, y que podrían terminar antes del viernes, para hablar de la posibilidad de convocar nuevos comicios.

En otro orden, Erick Altuve, uno de los cuatro menores con cáncer que murieron mientras esperaban un trasplante de médula en Venezuela, fue velado por sus familiares en el barrio de Petare, en Caracas.

Decenas de personas protestaron la semana pasada frente al Hospital Pediátrico J M de los Ríos para responsabilizar al gobierno de Maduro del colapso en la atención médica. Autoridades argumentaron que las sanciones estadunidenses impidieron a Venezuela usar dinero para llevar a los niños a Italia, donde recibirían sus trasplantes.

En tanto, el canciller Jorge Arreaza tuiteó ayer que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela impiden que el gobierno pague el tratamiento, financiado por PDVSA, a un grupo de niños en Argentina para hacerles un trasplante de hígado.

Isabella es una venezolana de casi dos años que nació con una enfermedad congénita y tuvo que recibir trasplante. Su tratamiento estaba a cargo de la Fundación Simón Bolívar, pero en febrero notificaron a sus padres que no recibirían la ayuda debido a la sanciones contra Citgo, filial de la estatal PDVSA en Estados Unidos.

En otro orden, después de más de tres años sin dar indicadores económicos, el Banco Central de Venezuela reportó ayer que la inflación en 2018 cerró en 130 mil por ciento, mientras este año fue de 114.4 en febrero; 34.8 en marzo y 33.8 en abril, al tiempo que enero reportó la mayor alza en los precios al consumidor con 196.6 puntos porcentuales.

 

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Jueves, 16 Mayo 2019 05:46

EE.UU. no vuela a Venezuela

EE.UU. no vuela a Venezuela

Estados Unidos suspendió ayer todos los vuelos hacia y desde Venezuela. La decisión fue comunicada por el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, quien argumentó que la medida responde a la presencia de situaciones que amenazan la seguridad de los viajeros, las aeronaves y las tripulaciones. 

“Esta determinación se basa en la inestabilidad política en curso y el aumento de las tensiones en Venezuela y el riesgo involuntario asociado a las operaciones de vuelo”, explicó McAleenan. Luego detalló que la suspensión de los vuelos permanecerá vigente por tiempo indefinido e indicó que los Departamentos de Estado, Transporte y de Seguridad Nacional seguirán supervisando las condiciones en el país caribeño y si cambian, dijo, Estados Unidos revisará la medida.


El Departamento de Transporte también ofreció su propio comunicado. “Hoy (por ayer) hemos emitido una orden de suspensión de todo servicio aéreo entre Estados Unidos y Venezuela”, afirmó el titular de la cartera, Elaine L. Chao. El director del departamento explicó que la legislación local autoriza a suspender los servicios de las compañías aéreas foráneas y estadounidenses entre Estados Unidos y un país extranjero, siempre y cuando existan condiciones en los aeropuertos que amenazan la seguridad de los pasajeros, aeronaves, o tripulación.


Según el Departamento de Transporte, esta medida es adicional a la notificación emitida el 1 de mayo por la Administración Federal de Aviación, que prohibía a los operadores de aeronaves y pilotos certificados por Estados Unido que volaran por debajo de los 8000 metros sobre territorio venezolano. Aquella notificación también respondía a razones de seguridad.


Ya a fines de marzo, la aerolínea estadounidense American Airlines anunció la suspensión indefinida de sus vuelos hacia Venezuela. La compañía con sede en Fort Worth (Texas), volaba desde Miami a Caracas y a la ciudad de Maracaibo. American era además la única que sostenía sus vuelos a Venezuela desde Miami, después de que United Airlines y Delta suspendiesen el servicio en 2017.


Estados Unidos y el país caribeño suspendieron sus relaciones diplomáticas después de que la administración Trump reconociera al líder opositor Juan Guaidó como mandatario interino de Venezuela.

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 El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, sale del Palacio del Elíseo después de reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron.Foto Xinhua

Después de la diatriba de Chris Hughes contra su ex socio Mark Zuckerberg, mandamás de la tríada Facebook/Whatsapp/Instagram y el hombre más poderoso del mundo por encima de gobiernos y trasnacionales debido a su "dominio" global (https://bit.ly/2LCGzOU), que controla la intimidad de 2 mil 375 millones de usuarios (sólo Facebook), ahora The Financial Times ( FT, 13/5/19) –controlado con The Economist por el Grupo Pearson, asociado al eje Banca Rothschild/George Soros– destapa otro megaescándalo desde su corresponsalía en Tel Aviv sobre la inyección de un código maligno (spyware) israelí en los celulares con llamadas de voz vía WhatsApp: “La aplicación de mensajes descubre la vulnerabilidad que ha permitido a los atacantes (sic) inyectar el spyware comercial de Israel en los celulares”.

WhatsApp, con mil 500 millones de usuarios (https://bit.ly/2Bz9eNc) y que se encuentra en la picota por incidir en las elecciones de Brasil hasta India (https://bit.ly/2vXbwm1), “descubrió la instalación de un software de espionaje en los celulares iPhone y Android” con el simple hecho de "usar la función de llamadas de voz de su aplicación".

Mientras la Corte Suprema de Estados Unidos asestaba un golpe al monopolio Apple (https://bit.ly/2EaKMmC), WhatsApp reveló una perturbadora violación a su ciberseguridad “que permitió la instalación de un spyware selectivo en los celulares mediante las llamadas”, que afecta la vulnerabilidad de la seguridad de los dispositivos iPhone y Android con el código maligno del grupo NSO de Israel y que "es transmitido cuando el usuario contesta la llamada infectada". ¡Simplemente diabólico!

En un artículo paralelo, FT (13/5/19) desnuda el "negocio del espionaje en los iPhone por el grupo NSO de Israel", ya que el “software que ha hackeado a WhatsApp también ha sido acusado de ayudar a los gobiernos a espiar a los disidentes”.

Pegasus constituye la pieza de software que “puede penetrar los secretos más oscuros (sic) de cualquier iPhone”, como "sus mensajes privados y su localización". Asimismo, representa una tecnología mejorada de hace una década que “es tan poderosa que el Ministerio de Defensa (¡megasic!) de Israel regula su venta”.

Pregunta tonta: ¿Para quién trabaja el Ministerio de Defensa de Israel, hoy bajo la férula del premier Benjamín Netanyahu, aliado del eje Trump/Jared Kushner/Sheldon Adelson?

¿Por qué el eje Banca Rothschild/Soros expone hasta hoy la "malignidad" del spyware controlado por el Ministerio de Defensa de Israel?

FT comenta que la venta del spyware Pegasus concede a "Israel una importante carta de visita diplomática" con la que ha adquirido mayor presencia en los cuartos de guerra (war rooms) profundamente clasificados que incluye a las petromonarquías.

El Grupo NSO alega que Pegasus “ha sido usado por 45 (sic) países, entre ellos México, para prevenir ataques terroristas (sic) e infiltrar a los cárteles de la droga”. ¿Por qué, entonces, se han incrementado el terrorismo y el tráfico global de toda índole?

Tres cuartas partes de los ingresos del Grupo NSO de Israel, con valor de mil millones de dólares, provienen de la venta del spyware Pegasus, que fue "adquirido" por el gobierno mexicano de la dupla Videgaray/Peña, consagrada a espiar a los ciudadanos en forma inimputable.

El ex teniente general Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, formaba parte de la nómina del Grupo NSO (https://bit.ly/2YuUIiu).

El grupo NSO de Israel desarrolló el código maligno "que puede ser transmitido aun si los usuarios no contestan sus teléfonos".

Se trata de un grave espionaje a escala global carente de inmunidad para la intimidad y privacidad de los usuarios, por lo que es axiológicamente imperativo que cada país, de acuerdo con sus propias leyes, regule todo este caos perturbador de las plataformas del Gafat (Google/Apple/Facebook/Amazon/ Twitter), así como el hierático megaterrorismo cibernético al que se ha consagrado Israel en forma deliberada para controlar la conducta de miles de millones de usuarios, no se diga de sus adversarios, que son legión en todo el planeta.

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Tras el fallido golpe, el relato de intervenir

El opositor venezolano envió una carta a Craig Faller, jefe del Comando Sur norteamericano, pidiéndole una reunión formal. Internas en el gobierno de Trump.

El llamado a la intervención militar norteamericana en Venezuela ha dado nuevos pasos. El primero fue dado por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos (EE.UU.), Craig Faller, quien afirmó estar “listos” para “discutir cómo podemos apoyar el futuro rol de aquellos líderes de las Fuerzas Armadas que tomen la decisión correcta de poner en primer lugar al pueblo de Venezuela y restaurar el orden constitucional”. El segundo paso estuvo a cargo de Juan Guaidó, quien el día sábado afirmó que su representante en EE.UU., Carlos Vecchio, haría el pedido formal de reunión al Comando Sur. El tercero fue la confirmación del pedido, a través de una carta hecha pública.


“Juan Guaidó me pide comunicarle que el gobierno interino agradece y recibe el apoyo de Estados Unidos y confirmarle nuestra disposición para comenzar las conversaciones respectivas a la cooperación que ha sido ofrecida por su comando (…) acogemos con beneplácito la planificación estratégica y operativa”, afirma, entre otras cosas, la carta enviada por Vecchio a Faller, quien se presenta como embajador de la república bolivariana de Venezuela, como parte de la ficción de gobierno sin territorio, ni administración ni fuerza armada.


Este movimiento en tres tiempos forma parte de la narrativa intervencionista que ha tenido discursos encontrados luego de la derrota del intento de golpe del 30 de abril en la mañana. Por un lado, ha existido una escalada centrada en el secretario de Estado, Mike Pompeo, el asesor de seguridad nacional, John Bolton, y Faller. Son quienes han mantenido la construcción de que Venezuela sería cabeza de playa de los enemigos norteamericanos, en particular Rusia, Cuba, Irán, Hezbollah y China.


Por otro lado, tuvo lugar un descenso de la escalada anti-rusa por parte de Donald Trump luego de un llamado con Vladimir Putin. Esto debe entenderse no solamente por el caso Venezuela, sino dentro del cuadro mundial de disputas abiertas y el propio tiempo interno del debate norteamericano, marcado, entre otras cosas, por los resultados del informe Mueller que investigó sobre la trama entre el gobierno ruso y la campaña presidencial de Trump.


En ese contexto trascendió vía medios de comunicación, como el Washington Post y CNN, las tensiones internas entre Trump y el equipo encargado de Venezuela. El presidente estaría descontento ante la evolución del cuadro, la prolongación de un conflicto que le habían sido presentado como de sencilla resolución. Ante eso, y la posibilidad de que un halcón neoconservador como Bolton conduzca la situación hacia la salida militar, habrían comenzado a abrirse las diferencias. Las mismas tampoco deben solamente verse respecto a Venezuela sino a estrategias más amplias de política exterior y formas de avanzar en los diferentes frentes abiertos.


El llamado hecho por Faller y respondido por Guaidó está enmarcado dentro de esa falta de acuerdo a lo interno de EE.UU. La operación permite aumentar la narrativa intervencionista en una situación de desmovilización y crisis de expectativas de la base social de Guaidó, y busca tener un efecto dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) con el objetivo de hacer creíble la posibilidad militar, y lograr de esa manera que se produzcan quiebres y rendiciones internas.


La carta enviada es la principal iniciativa de la derecha que el día sábado reunió a dos mil personas en un acto en Caracas que debía ser masivo. Junto a eso ha planteado la necesidad de que Venezuela se reintegre al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), una política que forma parte de la narrativa intervencionista que, sin embargo, no cuenta con mayor respaldo diplomático que desde el inicio del conflicto. La vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, afirmó por ejemplo que: “La posición del gobierno que es una sola que es la del presidente que ha descartado cualquiera iniciativa de Colombia para una intervención militar”.


Los próximos pasos internacionales esperados son la reunión que tendrá Pompeo con Vladimir Putin hoy, y el envío a Caracas la semana próxima de una misión técnica del Grupo Internacional de Contacto, integrado por varios países de la Unión Europea y de América Latina. El Grupo es quien aboga por una salida electoral en un cuadro donde el gobierno está dispuesto a sentarse a dialogar y negociar, mientras que la derecha, bajo líneas de EE.UU., continúa anclada en la postura del no-diálogo con el gobierno venezolano.

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