Bolsonarismo, salud y realidad alternativa

Cuatro ex-ministros de salud brasileños se refieren al actual manejo de la pandemia en el país. Discuten la apuesta bolsonarista a la inmunidad de rebaño, la vacunación, el uso de la cloroquina y el papel la Comisión Parlamentaria de Investigación que busca determinar las responsabilidades políticas por las casi 500.000 muertes por covid-19 en Brasil.

Frente a un virus desconocido, el gobierno de Jair Bolsonaro hizo trampa: en lugar de intentar manipular su curso, lo dejó librado a un aparente azar e hizo de cuenta que sus efectos eran un destino manifiesto. Ricardo Piglia, cuando leyó La República, dijo que el Estado descrito por Platón «manipula el azar y tiende a convertir en determinación aquello que puede ser considerado arbitrario». El autor agrega que «por supuesto el Estado va a hacer trampa. Primero decide cómo quiere que sean esas relaciones desiguales y luego manipula las reglas y todos los sujetos atribuyen la desigualdad a la suerte». Se trata de un verdadero complot. Las teorías conspirativas no sirven para pensar la política, pero la metáfora del complot se distingue de ellas porque pone el acento en la decisión del gobierno. Bolsonaro primero definió cómo iba a ser la relación de los brasileños con la pandemia –optando por una inmunidad de rebaño— y en pos de ello manipuló las reglas: alentó las concentraciones, desestimó el confinamiento y el uso de máscaras. En lugar de impulsar testeos y la compra de vacunas, decidió producir cloroquina a través de las Fuerzas Armadas y transfirió responsabilidades a estados y municipios. El resultado está a la vista: Brasil está por alcanzar los 500.000 fallecidos por Covid-19.

Rebaño sin inmunidad

«No hay alternativa», parece decir Bolsonaro, en una suerte de destino para el que no habría margen de acción. Pero el presidente brasileño actuó: se opuso a todas las medidas alentadas desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) e implementadas por la mayoría de los países. ¿Qué responsabilidad le cabe entonces frente a los resultados? Los cuatro exministros de salud consultados en este informe –tres de los cuales ocuparon el cargo durante gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y uno en el de Bolsonaro– coincidieron en que la responsabilidad del presidente «es total» porque la teoría que subyace a sus decisiones es la de la inmunidad de rebaño a través de la exposición al virus y de un supuesto tratamiento precoz contra el Covid-19 sin base científica. Además de esa coincidencia, el primer ministro de Salud del expresidente Luiz Inácio «Lula» Da Silva, actual senador nacional y uno de los once titulares de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), Humberto Costa, ve a Bolsonaro como «el principal responsable por la tragedia sanitaria» en Brasil. «Adoptó la teoría de que el mejor camino para enfrentar la pandemia era permitir que el virus sea transmitido libremente con la expectativa de promover una inmunidad natural, de rebaño, y así habría un control inclusive sin necesidad de gastos. Esa decisión es trágica»- afirma. En tanto, Luiz Henrique Mandetta, pese a haber llegado a la cartera de Salud el mismo día en que Bolsonaro asumió su cargo al frente del Planalto, no tiene una valoración distinta a Costa y asegura que el presidente «pasó a creer en la teoría de que, si las personas se exponían al virus, Brasil llegaría a la inmunidad de rebaño». Esa idea, dice, respondía a un «asesoramiento paralelo» que tenía el presidente de Brasil. Eso explica por qué Bolsonaro fue «a aglomeraciones, que no usara mascarilla, que no haya adquirido vacunas, que hablara del uso de la cloroquina sin evidencia científica» y el hecho de que el Ministerio de Salud llegara a incinerar «casi tres millones de test» sin uso. Si no hay una cantidad aún más grande de casos es, según el ex-funcionario de Bolsonaro, porque los gobernadores y alcaldes tomaron medidas. Costa agrega que «el gobierno saboteó el aislamiento social practicado por estados y municipios y demoró todas las medidas económicas que permitirían a la población cumplir con la cuarentena». 

Alexandre Padilha, el primer ministro de Salud de Dilma Roussef, va más allá. Sostiene que, ya desde 2019, el gobierno de Bolsonaro «sofocó financieramente a todo el sistema de salud, cortó 22% del presupuesto» y «fue el primer año en el siglo XXI que el Brasil no alcanzó sus metas de vacunación en niños». Luego «usó los instrumentos como jefe de Estado para crear obstáculos en todos los pasos del enfrentamiento de la pandemia; en la ampliación de test y camas, en la llegada de médicos, en campañas, y en la contratación de vacunas» y cree que la única solución es «interrumpir el gobierno de Bolsonaro». El actual diputado del PT por San Pablo dijo también que el presidente «tomó una opción que fue no controlar la pandemia y apostar a que podría ser resuelta con un gran número de personas infectadas», un «corredor de la muerte», y que sus decisiones además de estar «motivadas por un proyecto genocida y negacionista», tiene «intereses financieros». En la misma línea, el cuarto ministro de salud de Lula, José Gomes Temporão, sostuvo que el «desastre» que se ve en Brasil «fue una estrategia deliberada y llevada a cabo por el gobierno federal bajo el liderazgo del presidente». Señaló también que «prevaleció una postura negacionista y anticientífica, que comprometió seriamente la capacidad de utilizar bases científicas y de salud pública» y marcó la falta de liderazgo nacional para coordinar con las administraciones subnacionales. Recién en marzo pasado, Bolsonaro creó un comité nacional, pero como aterrizó un año y un mes después del primer caso confirmado los cuatro ex ministros consultados dijeron la misma frase: «este comité llega tarde». Mandetta comentó que esa instancia «nace muerta» porque solo buscó «solucionar una crisis política» por las rivalidades con los otros poderes.

En suma, los cuatro ex líderes de la cartera de salud identifican una línea de comportamiento y los mismos fundamentos para los actos de Bolsonaro. Pero ¿se puede comprobar la responsabilidad del presidente? Las expectativas, si existen, están en el Congreso.

La Comisión Parlamentaria de Investigación y la salud en el Brasil de Bolsonaro

A fines del mes de abril el Senado brasileño creó una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para determinar las responsabilidades del gobierno frente a la pandemia. Si bien Bolsonaro intentó posponerla –y su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, pidió se active recién cuando todos en la cámara estén vacunados—, la CPI avanzó. Pero muchos de los temas expuestos allí ya eran públicos, entonces ¿qué se puede esperar de esta comisión que ya lleva más de 50 días de los 90 que tiene estipulado para su funcionamiento? «La CPI tiene la finalidad de descubrir por qué Brasil no compró la vacuna y apostó en otras hipótesis para combatir un mal tan grande que ya mató a más de 450 mil brasileños», dijo en una entrevista con Folha de S. Paulo, Omar Aziz, miembro del Partido Social Democrático y presidente de la CPI. Por su parte, Padilha, que además de ex-ministro de Rousseff ocupó cargos en el gobierno de Lula, espera que la CPI «vaya a fondo» ya que hay investigaciones que «solo una CPI puede hacer sobre las medidas de Bolsonaro y los intereses financieros que estaban detrás». Además, agregó: «Tengo la seguridad absoluta de que mucha gente ganó dinero con las medidas negacionistas de Bolsonaro y eso necesita ser investigado inclusive para saber cuál es la relación de ese lucro con él». 

La CPI no parece estar cerca de definir cómo Bolsonaro se benefició de ese lucro, pero sí de cuáles fueron los sectores que sí lo hicieron. El senador Costa sostiene que los crímenes contra la salud pública ponen en duda el marco normativo y aseguró: «Nuestra tesis es que el gobierno dejó que la enfermedad sea transmitida libremente, esa actitud es francamente criminal. Todo indica que la CPI tendrá que evaluar también la legislación sanitaria, para ver si atiende a los requisitos de una situación de emergencia». El congreso erigió la CPI encima de los 68 pedidos originales de impeachment; de esos consideró sólo seis, y el resto llevan cerca de 900 días esperando su evaluación. «No creo nada en un desdoblamiento de la CPI para un impeachment porque además de ser un proceso traumático es largo e invadiría el 2022, el año de las elecciones. Creo que va a dejar en claro y documentar el papel de cada uno para que el país aprenda», sostuvo Mandetta días después de ser el primero en comparecer frente ante la CPI. Temporão, que impulsó el primer caso en el mundo en quebrar la patente de medicamento después de que la Organización Mundial de Comercio habilitara esa opción en 2001 para crisis sanitarias, dijo que su «expectativa» es que «la CPI investigue la verdad para responsabilizar a las autoridades causantes de esta tragedia». Mandetta, que estuvo en el cargo apenas hasta abril de 2020, explicó lo mismo que declaró ante la CPI, que trató de desligarse de las decisiones de Bolsonaro: «Yo lo alerté sistemáticamente pero no le gusta escuchar y yo tenía mucha preocupación de que dijera que no fue advertido, por eso le escribí una carta». La obsesión del ex funcionario por despegarse crece cuando se le consulta si va a jugar en las presidenciales 2022: «Creo que sí. Voy a participar activamente». Volviendo a quiénes formaban lo que llamó un «asesoramiento paralelo», aseguró: «Bolsonaro cuenta con una estructura paralela donde está su hijo Carlos –una persona destructiva–, auxiliares de la presidencia y personas externas». Este gabinete en las sombras lleva, según Mandetta, «carne a los leones», es decir a los votantes de Bolsonaro que «son movidos por el odio» en este «coliseo moderno de Internet». Un ejecutivo de Pfizer para la región confirmó también que Carlos –el único de los cinco hijos del presidente que lo acompañó en el auto que lideró el cortejo el día que asumió su padre– participó en una de las reuniones con la empresa a pesar de ser concejal en Río de Janeiro y no tener ninguna función que justifique su participación. Mandetta asegura, por ello, que Bolsonaro tiene una visión «de un gueto en Río de Janeiro» y que se asesora «con este tipo de gente». La CPI evalúa actualmente un video que muestra  a un grupo de políticos y referentes de la salud con el presidente, donde hablan de un «gabinete en las sombras»  y recomendaron el uso de cloroquina.

 Las vacunas

«Quiero hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar que las dosis de nuestra futura vacuna estén reservadas para la población brasileña. Sin embargo, la rapidez es crucial», decía la carta que el 12 de septiembre de 2020 le envió el CEO mundial de Pfizer, Abert Bourla, a Bolsonaro. Fue uno de los 34 contactos propiciados por el laboratorio. La misiva hablaba incluso de negociaciones previas. Sin embargo, Brasil no respondió. Pfizer insistió: «hasta ahora no hemos recibido respuesta». El CEO de Pfizer en América Latina, Carlos Murillo, dijo ante la CPI que hizo ofertas formales al gobierno por 70 millones de dosis con entrega incluso en diciembre pero que el ministro de salud y general activo del Ejército Eduardo Pazuello habría citado problemas de logística y jurídicos para no firmar. Así, el ejecutivo de la farmacéutica refutó al ministro, quien el 23 de enero emitió una nota donde admitía la recepción de la carta pero criticaba las cláusulas «abusivas» del contrato y quien también el 11 febrero de 2021 ante el Senado dijo que Pfizer había ofrecido solo 2 millones de dosis de enero a marzo cuando en realidad ellos querían «grandes cantidades y sin condiciones leoninas». Por esa y otras contradicciones, Pazuello fue acusado en la CPI de mentir a los senadores, como parte de su estrategia de exculpar al presidente. Por su parte, el ex secretario de comunicación del gobierno, Fábio Wajngarte, sí confirmó las demoras del gobierno frente a Pfizer. En una entrevista previa, había dicho que la inmunización se demoró por la «incompetencia» del Ministerio de Salud, pero no nombró a Pazuello. Mandetta, que dejó el gobierno en abril cuando «ningún laboratorio estaba en fase dos» dijo que «el error» fue no apostar a un «mix de vacunas» considerando que un «país continental con 215 millones de habitantes» necesitaría al menos «450 millones de dosis» y un laboratorio solo no podría producirlas, y lamentó que Brasil, que «tiene capacidad instalada para ser una fábrica para América del Sur» no lo haya hecho. El presidente siguió sembrando desconfianza hasta el punto de decir que él no iba a tomar la vacuna y que Pfizer no se responsabilizaba si su producción convertía a las personas en «yacaré». Pero esa misma desconfianza no se le generó la cloroquina, una droga sin ninguna comprobación científica de eficacia alguna para el tratamiento de Covid-19. En paralelo a la política nacional, el gobernador de San Pablo, João Doria, firmó en junio de 2020 un acuerdo con Sinovac que permitió la aplicación de la primera vacuna, la Coronavac, el 17 de enero de este año. Bolsonaro criticó sistemáticamente ese desarrollo pero al iniciar Doria la vacunación y al ser aprobada por Anvisa en enero, la reivindicó. El ritmo de vacunación para Temporão es «extremadamente lento» cuando «Brasil tiene uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo», y esto se debe a «errores del gobierno federal, que no se dedicó a brindar las dosis suficientes y lideró una guerra contra las vacunas».

El 24 de marzo, Bolsonaro dijo que Brasil es el quinto país con más vacunación contra el Covid-19, pero para Padilha la declaración es «una vergüenza» ya que «en relación a población Brasil está en la quincuagésima sexta posición de vacunados». Es impensado en nuestra tradición», sostuvo. Y afirmó que, en la pandemia del H1N1, Brasil fue «el país que más vacunó en sistema público del mundo». El médico que ocupó la titularidad de la cartera de Salud desde 2011 a 2014 y que tuvo un programa insignia en el «Mais Médicos», dijo que el país rechazó vacunas: «Covax Facility ofreció 138 millones de dosis y el gobierno contrató apenas 46 millones».

La cloroquina y las teorías alternativas

«Tengo la certeza absoluta de que la decisión de Bolsonaro de hacer publicidad de la cloroquina y mandar a producirla por el gobierno federal no es solo una creencia negacionista, hay muchos intereses financieros detrás, alguien ganó dinero con esa producción absurda sin eficacia a costa de las muertes de nuestro pueblo», aseveró Padilha. Hasta el momento, la CPI expuso que Bolsonaro ordenó la producción de cloroquina a través de las Fuerzas Armadas, luego amplió su fabricación, intercedió ante el primer ministro indio Narendra Modi para que libere componentes para su producción y beneficiar así a empresas que lo producían en Brasil. Pero, según Costa, el presidente intentó dar vuelta este último argumento para reforzar la idea de un tratamiento precoz. «Crea una teoría de la conspiración de que mucha gente y laboratorios quieren ganar dinero con la pandemia, mientras hay un medicamento -según su visión- que la sería solución, que es barato y producido en Brasil, y por eso estimuló la producción de cloroquina contra todas las orientaciones de salud pública». También dijo retiradas veces que él la había consumido y alentó a que otros lo hicieran, creó la app TrateCov que la recomendaba, hizo publicidad desde la cartera de Wajngarte, cambió ministros que estaban en contra de su uso, quiso modificar el prospecto de la droga para incluir el tratamiento del Covid19. Para los cuatro exministros queda claro el interés de Bolsonaro en este medicamento, ahora resta saber si la CPI podrá definir si él fue un beneficiario directo o no.

El complot como metáfora de la política

Tanto para los ex ministros como para los senadores de la CPI, la negligencia de Bolsonaro está más que probada. Sin embargo, las acusaciones públicas manifestadas en esa instancia quedarán a mitad de camino si no hay acuerdo para demostrar cómo la política bolsonarista constituyó un atentado contra la salud pública, y así definir un «crimen de responsabilidad» para hacer avanzar los pedidos de impeachment. Esto implicaría ingresar en un proceso más largo que el del camino a las urnas para el que faltan solo 16 meses. El modesto resultado al que parece aspirar la CPI es a exponer públicamente a Bolsonaro, explicitar que estas decisiones no fueron parte de un destino manifiesto sino de la decisión política principalmente del gobierno federal de Brasil, metaforizada como complot. Pese a sus resultados, no parece que el presidente vaya a encontrar una instancia de rendición de cuentas antes de las urnas en 2022.

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El falso mito del esfuerzo en América Latina

¿Cómo le explicamos a una mujer que su salario está acorde a su esfuerzo tras trabajar todos los días de la semana, catorce horas seguidas, limpiando casas ajenas? ¿Cómo se lo justificamos a un joven que cada día se despierta a las 4:30 de la mañana para irse a trabajar a la construcción y regresar a casa por la noche? ¿Quién puede asumir que el salario es un fiel reflejo del esfuerzo?

El mito del esfuerzo en América Latina es una gran mentira, tanto desde un criterio de subjetividad como si lo miramos objetivamente en cifras.

En el imaginario de la ciudadanía latinoamericana existe una gran mayoría que no “se come el cuento” de que los altos ingresos vienen originados por el esfuerzo. Hay un claro sentido común latinoamericano a este respecto. Por ejemplo, en Argentina, según nuestra encuesta CELAG, cuando se pregunta cuál es el origen de la riqueza de las familias más adineradas, sólo el 15,1% considera que se debe al esfuerzo. El resto cree que es un asunto de corrupción o de herencia. En Chile, México, Bolivia, Perú y Colombia, los porcentajes son muy parecidos (13,4 %, 21,7 %, 20,7 %, 19,9 % y 18 %, respectivamente).

Pero no sólo es una cuestión de subjetividad; lo que piensa la gente está en sintonía con lo que objetivamente acontece.

Esta falsa relación entre esfuerzo y riqueza queda absolutamente demostrada en el libro “El capital del siglo XXI”, del economista francés Thomas Piketty. En ese estudio se concluye que la herencia es uno de los principales factores para estudiar la reproducción del modelo económico capitalista. Para él, el control de la riqueza se transmite en grandes proporciones por vía hereditaria. Es lo que Kathleen Geier denominó heiristocracy (gobierno de los herederos). Esta suerte de “capitalismo patrimonial”, de alta concentración, condiciona definitivamente el devenir de la economía real.

Se espera que las 500 personas más ricas del mundo les entreguen a sus herederos la suma de 2,4 billones de dólares en las próximas dos décadas. Y a nivel latinoamericano el fenómeno es idéntico. Más de la mitad de la riqueza pasa de generación en generación sin verse afectada por nada ni por nadie. Por ejemplo, en un informe de la OCDE (“¿Un elevador social descompuesto? Cómo promover la movilidad social”) se destaca que en Colombia se necesitan al menos 11 generaciones para que un niño pobre deje de serlo. Más de dos siglos para salir de una condición heredada desfavorable, por mucho que se esfuercen. En Brasil se necesitan 9; en Chile, 6.

El otro eje es la corrupción, que representa un significativo porcentaje del PIB en la región latinoamericana. Esta es la otra variable observada por la población para explicar la procedencia del dinero de los que verdaderamente tienen dinero. Al hablar de corrupción no sólo nos referimos a un asunto circunscrito exclusivamente a los políticos. Hay tanta o más corrupción en el sector privado. O, mejor dicho, en las grandes empresas, porque el valor de la corrupción a nivel de pequeña y mediana empresa es marginal.

Corrupción y herencia constituyen, definitivamente, el combo explicativo de buena parte de la riqueza latinoamericana. El esfuerzo es mayoritario, pero la riqueza no; está concentrada en muy pocas manos.

A veces, siento que nos pretenden imponer ese veredicto tan bien ilustrado en la viñeta de El Roto: “Prohibido ver lo evidente”.

27 de junio de 2021

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Según el argumento de Cepeda, Diego Cadena habría manipulado testigos a favor de Santiago Uribe. Foto: Colprensa

Carlos Enrique Vélez, alias ‘Victor’ reiteró ante la Fiscalía cómo fueron los supuestos ofrecimientos y pagos que le habría hecho el abogado, a quien el ente investigativo llamó a juicio en el 2020 por estos mismos hechos.

 

El caso Uribe sigue generando controversia en el país. Después de que el pasado 18 de marzo El Espectador y Blu Radio revelaran partes del expediente completo que reposa en la Fiscalía sobre la investigación de falsos testigos, este sábado la cadena radial dio a conocer el testimonio de alias ‘Víctor’, un paramilitar condenado a 40 años de prisión.

Según lo informado, Vélez dice que Cadena le ofreció $200 millones de pesos, de los que habría alcanzado a recibir cerca de $50 millones, para declarar contra el senador Iván Cepeda y, así, beneficiar con su testimonio al expresidente.

Ante la Fiscalía, alias ‘Víctor’ explicó cómo fueron los supuestos ofrecimientos y pagos que le habría hecho Cadena, e incluso se molestó por tener que repetir su versión, ya que lo había hecho en otras ocasiones.

Blu Radio reveló que Diego Cadena visitó a alias ‘Víctor’ en junio de 2017 en la cárcel de Palmira y le ofreció $200 millones de pesos con dos propósitos: “uno, que declarara contra el senador Iván Cepeda y dos, que desmintiera a Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, quien ha declarado contra los hermanos Uribe. Alias ‘Víctor’ aceptó y firmó una carta que escribió Cadena”, señaló la emisora.

De igual forma, alias ‘Víctor’ agregó que la oferta no solo se la hicieron a él, sino también a otros exparamilitares que declararon en favor de Álvaro Uribe por medio de cartas gestionadas por Cadena, añadió ese medio.

Blu Radio publicó uno de los fragmentos de la declaración de Vélez, en ella se lee: ¿Usted firmó (la carta) de manera libre y voluntaria?”, le preguntó el fiscal a Vélez. “Claro –contestó él-, porque él me estaba ofreciendo”. “¿Cuánto le ofreció?”. “Como se lo dije anteriormente, $200 millones, no solo para mí si no para varias personas: lo que era alias Diana, Fosforito, varias personas, que le ayudaran a desmentir a Alberto (Guerrero)”.

El fiscal le preguntó “¿Ya le había pagado los $200 millones?”. “No, él no me dio toda esa plata”. “Entonces, ¿por qué le firmó la carta?”. Y ahí fue cuando Vélez dejó ver su molestia: “Última vez que contesto esas preguntas porque ya le he dado las mismas respuestas”.

Por último se supo que el exparamilitar le hizo a Cadena “un cronograma de las personas que le podían colaborar para desmentir a Alberto”.

Alias ‘Víctor’ agregó que Diego Cadena “lo que hizo fue manipular toda la información de la verdad de las reuniones que tuve con Iván Cepeda” y admitió que el entonces abogado del expresidente Uribe “me dio una carta a mí, yo le pasé esas consignaciones a la Corte (Suprema)”, aseguró Blu Radio.

Más adelante, en la declaración el exparamilitar señaló que alcanzó a recibir una parte del dinero que presuntamente le prometió Diego Cadena. La emisora aseguró que el entonces abogado de Uribe le consignó cerca de $50 millones y empezó a recibir los giros días después de esa primera visita en la cárcel.

Cabe resaltar que Diego Cadena ha manifestado en otras oportunidades que ese dinero no fue ningún soborno, sino que fue una “ayuda humanitaria”. Igualmente, ha indicado que fue por iniciativa suya y que el expresidente Uribe solo se enteró tiempo después.

El pasado jueves 18 de marzo, se reveló el expediente que tiene el despacho del fiscal Gabriel Jaimes y con el que buscará que un juez precluya la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe. En ese folio de pruebas al que tuvo acceso El Espectador y Blu Radio, se destacó la declaración que entregó Diego Cadena, que ejerció como abogado de Uribe, ante la Fiscalía.

En la diligencia que se desarrolló el pasado 24 de febrero en la ciudad de Cali, Cadena acudió con su abogado Iván Cancino, para ser interrogado nuevamente sobre su papel en este proceso por supuesta manipulación de testigos ya que también está acusado.

En una parte del cuestionamiento el abogado Cancino se molestó con Cadena porque supuestamente no prestó atención a lo que le preguntaban y terminó contestando de manera equivocada una pregunta sobre los testigos del caso Uribe.

“Usted presentó estos testigos ante los procesos que se estaban tramitando”, preguntó el fiscal, a lo que Cadena respondió que “sí”, el agente contrapreguntó: “de todo”, a lo que Cadena respondió que “de algunos”. De inmediato, su abogado se agita, se quita el tapabocas y le dice: “Escuchá la pregunta hombre” y se le ve muy molesto.

Cadena entonces repite: “¿Que si yo presenté a los testigos?”, y Cancino repite: “la pregunta es que si usted presentó a los testigos, escucha”. Finalmente, Cadena cambia su respuesta y dice que no.

La escena ya sembró dudas sobre la diligencia, ya que después de este percance, el fiscal y el procurador presentes en ese momento, le aconsejan a Cadena que consulte al abogado cuando tenga dudas. “No tendría ningún sentido que lo acompañe su abogado si no lo puede consultar”, dijo el fiscal.

Blu Radio presentó esta grabación junto a El Espectador, en la que Cadena además relató que su trabajo como abogado del exsenador Uribe consistía en verificar la información que le entregaba el político: “Que digan la verdad incluso si me perjudica, me decía Uribe, y utilizaba una frase: que le digan la verdad al país. Yo recopilaba la información y se la entregaba al doctor Uribe o a su exasesor Fabián Rojas [quien hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Uribe mientras este estuvo en el Senado] para que le dieran el destino correspondiente”.

En otro aparte, Cadena volvió a responder de manera equivocada. “¿Se acordó la búsqueda de testigos?”, preguntó el fiscal. “Sí, correcto”, contestó Cadena, lo que hizo reaccionar nuevamente a Cancino: “Ojo a la pregunta, usted tiene que entender la literalidad: ¿se acordó buscar testigos, encontrarlos?”. “No”, dijo Cadena. “Le pido el favor que piense la pregunta antes de responder, el objetivo es esclarecer, pero lo menos que quiero es que usted (inaudible)”, le indicó el fiscal a Diego Cadena. El funcionario judicial insistió en la pregunta, y esta vez, Cadena contestó: “Me abstengo, simplemente le puedo decir que se estaba verificando información”.

Además de esta declaración, entre las pruebas que recolectó la Fiscalía para pedir la preclusión del caso contra el expresidente, según ambos medios de comunicación, el ente acusatorio no tuvo éxito en determinar o descubrir información valiosa en las sim cards decomisadas a Juan Guillermo Monsalve y con las que hablaba por teléfono desde la Cárcel la Picota.

20 de Marzo de 2021

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La expropiación en Andorra de más de 2 mil millones de euros a empresarios y políticos del régimen de Videgaray/Peña Nieto expuso su conectividad con la Casa de Cambio Tíber, donde Juan Collado depositó cuantiosas sumas.Foto José Carlo González

 Resurgió el tema de los paraísos fiscales y el lavado de dinero, que abordé hace 21 años en "El lado oscuro de la globalización" (https://bit.ly/3akkIWZ).

Existen tecnicismos financieros y sutilezas legales que disocian la evasión fiscal del vulgar "lavado de dinero", cuyo origen es ilícitamente criminal y es blanqueado en los paraísos fiscales para esterilizarlo de su pecado original y que constituye el 5 por ciento del PIB global: 4.2 trillones de dólares estadunidenses (en anglosajón) en 2020. Otros aducen que asciende a un descomunal 10 por ciento del PIB global (https://bit.ly/3tTD3ld).

La evasión fiscal exclusivamente para INDIVIDUOS en los paraísos fiscales off-shore fue de 8.7 trillones de dólares estadunidenses (en anglosajón) en 2017 (https://bit.ly/3bfRlEv), según Gabriel Zucman, economista de la Universidad de California/Berkeley, quien tiene como asesor doctoral al connotado Thomas Piketty.

La confusión semántica proviene de que los blanqueadores y los evasores convergen en los mismos paraísos fiscales que les procuran sus facilidades.

Existen diferentes rankings de paraísos fiscales. Para Corporate Tax Haven Index, tres territorios británicos (sic) de ultramar (sic) ostentan los primeros lugares: las Islas Vírgenes Británicas (IVB), Bermuda y las Islas Caimán (https://bit.ly/3aZLbYH). En su ranking integral de 64 paraísos fiscales, la hoy tan de moda Andorra viene en el lugar 51 (https://bit.ly/3jK9SMM).

Según Financial Secrecy Index, entre 21 y 32 trillones de dólares (en anglosajón) de "riqueza financiera privada (sic)" están localizados en "jurisdicciones secretas (¡megasic!)", sin impuestos o con "impuestos ligeros".

En forma inverosímil, ¡más de 38 por ciento del PIB global se encuentra ubicado en “jurisdicciones secretas (https://bit.ly/3rGmyHo)”!

En los 15 primeros lugares descuellan los territorios británicos de ultramar: las Islas Caimán y las cada vez más famosas IVB, que “poseen más de 5 mil veces el valor de lo que su economía puede sostener (https://bit.ly/2Zbzmt1)”.

El PIB de las IVB es de unos irrisorios mil 28 millones de dólares (datos de 2017), cuyo 93.1 por ciento proviene de los "servicios", primordialmente de su centro bancario off- shore, sumado de su sicalíptico "turismo fiscal".

La economía de las IVB está íntimamente ligada a las otras Islas Vírgenes Estadunidenses, de mayor tamaño y más pobladas: sede de la pedofilia del "suicidado" Jeffrey Epstein.

La develación de las múltiples cuentas mafiosas de García Luna, secretario de Seguridad de Calderón, vinculados presuntamente al cártel de Sinaloa, expusieron la evasión fiscal en las IVB del locuaz ex locutor itamita de Televisa Carlos Loret de Mola-Álvarez, desde donde tramó y timó para adquirir su departamento de lujo en Miami, muy cerca de su mentor García Luna (https://bit.ly/3pcaUlL).

En México, cada sexenio ha tenido sus modas de paraísos fiscales: desde De la Madrid (en Luxemburgo), pasando por Raúl Salinas y su séquito empresarial (en las Islas Caimán), hasta la dupla Videgaray/Peña Nieto en Andorra (https://bit.ly/2N4viZ0).

La expropiación en Andorra de más de 2 mil millones de euros a 23 empresarios y políticos del régimen de la dupla Videgaray/Peña Nieto expuso su conectividad con la Casa de Cambio Tíber, donde Juan Collado depositó cuantiosas sumas en efectivo para ser transferidas al hoy banco clausurado BPA.

Carlos Djemal Nehmad, mandamás de la fétida Casa de Cambio Tíber, fue encarcelado en Nueva York, lo que llevó al cierre de su banco InvestaBank, que cambió su nombre a Accendo.

Existen paraísos fiscales poco citados que han causado mucho daño, como Antigua (https://cnn.it/3d9DRg6), sede del extinto banco Stanford, que lavaba al cártel del Golfo y en el que fue miembro de su Consejo de Administración Jorge Castañeda Gutman (https://bit.ly/3rIYgwc).

El operador financiero de Banca Stanford en México fue David Nanes Schnitzer, detenido en el paraíso fiscal de Belice, para luego ser liberado y recapturado en la Ciudad de México por sus incontables desfalcos (https://bit.ly/3b186mv).

Los anti-civilizatorios y piratas paraísos fiscales, que deben ser abolidos, son hoy los tolerados avernos de los despojados humanos.

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En China, un ex banquero fue ejecutado por "corrupción y bigamia"

Acusado de haber recibido sobornos por más de 200 millones de dólares 

El banquero chino Lai Xiaomin, expresidente del denominado "banco malo" estatal chino Huarong, fue ejecutado este viernes, tres semana después de haber sido condenado a muerte por los cargos de corrupción y bigamia. Xiaomin es el protagonista, según la prensa china, del "mayor caso de corrupción financiera" de la historia del país en una trama de sobornos cuando ocupó un alto cargo en la Comisión Reguladora de la Banca de China (CBRC). 

La sentencia del tribunal, que lo condenó a muerte el 5 de enero, dio por probado que Lai solicitaba explícitamente los sobornos a cambio de ascensos o adjudicaciones de proyectos, algo que "puso en peligro la seguridad y estabilidad de las finanzas nacionales y tuvo un impacto social extremadamente negativo".

El antiguo banquero --que fue expulsado del Partido Comunista de China (PCCh) en 2018-- aceptó sobornos por más de 1.788 millones de yuanes (277 millones de dólares, 225 millones de euros) entre 2008 y 2018, período en el que también había sido uno de los principales dirigentes de la Comisión Reguladora de la Banca de China (CBRC).

Las condenas a muerte son cada vez menos frecuentes en este tipo de casos de corrupción en China, y habitualmente vienen acompañadas de la denominada "prórroga de dos años", que supone que no se ejecuta al condenado a menos que reincida en sus delitos en los dos años siguientes a la sentencia y habitualmente se reduce a cadena perpetua.

Sin embargo, en el caso de Lai jugó en su contra su condición de alto cargo de varios organismos públicos y la "extrema gravedad", según el tribunal, de sus delitos. Lai, detenido desde 2018, fue declarado culpable de participar en el desfalco de otros 25 millones de yuanes (3,9 millones de dólares, 3,2 millones de euros) de las cuentas de la sociedad estatal de gestión de activos financieros que presidía.

Entre sus pertenencias figuraba un alto número de inmuebles, relojes de lujo, automóviles, oro y colecciones de arte. Por el momento, y pese a que la Justicia ha ordenado la confiscación de todos sus activos, se siguen sin recuperar 104 millones de yuanes (16,1 millones de dólares, 13,1 millones de euros) obtenidos ilegalmente por Lai.

Huarong es uno de los cuatro "bancos malos" de ese país. Fue fundado en 1999, tras la crisis financiera asiática, con el objetivo de purgar las insolvencias en el sistema bancario chino. La entidad, tras la llegada de Lai, comenzó a invertir en activos de alto riesgo, según un documental emitido a principios del año pasado por la televisión estatal CCTV.

En ese programa, Lai confesó que prefería los pagos en metálico y que conducía con el maletero lleno de dinero hasta un apartamento al que denominaba "el supermercado", en el que las autoridades encontraron más de 200 millones de yuanes (30,9 millones de dólares, 25,2 millones de euros) en efectivo.

Las confesiones televisadas son cada vez más habituales en China en casos de alto perfil, y la campaña anticorrupción es uno de los programas estrellas del presidente, Xi Jinping.

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EEUU dejó al descubierto la real intención de las criminales sanciones contra Venezuela

18.11.20 - El subsecretario de la Oficina de Recursos Energéticos (ENR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos, Francis R. Fannon, dejó al descubierto la real intención de las criminales sanciones contra Venezuela y la intención gringa de frenar el desarrollo del país-.

Las declaraciones del funcionario se producen en medio del debate sobre los efectos nocivos de las sanciones contra la economía venezolana.

“Las sanciones contra Pdvsa fueron en parte porque el (gobierno) de Maduro ha utilizado los ingresos del petróleo para financiar su propia cleptocracia y otras malintencionadas actividades en la región”, aseveró el funcionario que trabajó en una parte del paquete de sanciones contra el gobierno de Venezuela y su principal empresa estatal.

El más reciente informe de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos estima que las sanciones "sí están generando repercusiones importantes" en su economía, "trayendo como consecuencia una pérdida importante de bienestar en la población".

"Luego de tres años, los resultados son bastante mediocres (...) la crisis ha empeorado y no se ha logrado el cambio político", señala el texto, tras remarcar que las sanciones no iniciaron la recesión económica ni el colapso financiero en el país pero sí han profundizado el deterioro en la calidad de vida de los venezolanos.

Asimismo, aseguró que la asfixia contra el pueblo venezolano continuará hasta lograr derrocar al gobierno legítimo de Venezuela.

“Estas sanciones continúan porque el problema de Venezuela es Maduro, no nuestras sanciones, y esto lo hemos dicho alto y claro”, contó Fannon al finalizar una conferencia sobre el sector energético.

La idea, señaló el principal funcionario estadounidense en materia de política energética, era “eliminar cientos de miles de barriles de petróleo del mercado que él (Maduro) estaba utilizando para sus actividades ilegítimas”.

Tras la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como presidente imaginario en enero de 2019, EEUU recrudeció su política de sanciones en contra del país, en especial, ahogando a su industria petrolera al bloquear sus activos que se encuentran en suelo estadounidense y prohibir las transacciones de individuos estadounidenses con la empresa.

Por: Aporrea. Viernes 20/11/2020

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Sábado, 14 Noviembre 2020 05:58

La insólita saga de los presidentes peruanos

La insólita saga de los presidentes peruanos

En un nuevo síntoma de la putrefacción crónica que padece la institucionalidad peruana, el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra en una maniobra muy floja de papeles que agudiza la crisis multidimensional que vive el país y consolida el altísimo descrédito hacia la clase política. La fragilidad democrática asombra ojeando el decadente ocaso de los últimos seis mandatarios: todos terminaron destituidos y/o presos, a excepción de Alan García que no llegó a la cárcel porque se suicidó minutos antes de ser detenido.

Faltando sólo cinco meses para las elecciones presidenciales, y en un segundo intento, se concretó la moción de vacancia que selló la caída de Vizcarra, quien había asumido en marzo de 2018 luego de la renuncia por corrupción de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era su vice. La acusación bajo la imprecisa figura de “incapacidad moral” se basó en presuntas coimas en la licitación de dos obras públicas cuando Vizcarra era gobernador de Moquegua (2011-2014), en una investigación que recién está en etapa preliminar. Quien impulsó la jugada fue el empresario ganadero Manuel Merino (foto), titular del Congreso ahora devenido en nuevo presidente, y fue ejecutada por un Parlamento que tiene 68 de los 130 legisladores procesados por corrupción y sedientos de inmunidad. La turbia maniobra express instaló la idea de un golpe de Estado -al estilo de los derrocamientos parlamentarios que sufrieron Dilma en Brasil y Fernando Lugo en Paraguay- y generó un masivo repudio en las calles con desenlace incierto.

El episodio no hizo más que acelerar la espiral autodestructiva de un sistema político cada vez más deteriorado, marcado por una corrupción endémica y un constante choque de poderes. Una profunda crisis política, moral, económica y encima sanitaria: Perú es el segundo país del mundo con mayor tasa de mortalidad por coronavirus. Una trama compleja cuya expresión más nítida es el desdichado destino de los presidentes en los últimos 20 años:

* Alberto Fujimori (1990-2000): Símbolo de una época, devenido en dictador con el autogolpe de 1992. En noviembre del año 2000 escapó a Japón desde donde renunció vía fax un día antes de que el Congreso aprobara su destitución. En 2009 fue condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad.

*Alejandro Toledo (2001-2006): Imputado en el caso Odebrecht por recibir unos 30 millones de dólares para favorecer a la constructora brasileña. Estuvo tres años prófugo de la Justicia en California, Estados Unidos, donde fue arrestado en julio de 2019 y cumple arresto domiciliario mientras se espera su extradición.

* Alan García (1985-1990 / 2006-2011): Afrontó diversas acusaciones de corrupción durante su último mandato. Procesado en la causa Odebrecht por presuntos sobornos en la construcción de un tren, se pegó un tiro en abril de 2019 cuando la policía lo estaba por detener.

*Ollanta Humala (2011-2016): En julio de 2017 fue condenado a 18 meses de prisión preventiva por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, acusado de recibir tres millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Pese a estar en libertad condicional a la espera del juicio, anunció recientemente su candidatura presidencial para 2021.

*Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): Renunció un día antes de que el Congreso votara su destitución y se convirtió en el primer presidente latinoamericano en perder su cargo por la trama de corrupción de Odebrecht. Está bajo arresto domiciliario por presunto lavado de dinero y por recibir 782 mil dólares de la empresa brasileña.

Vencedores vencidos

El capítulo Vizcarra, sexto presidente seguido que cae en desgracia, es diferente al resto y su salida huele más a golpe parlamentario. Si bien su breve gestión no se corrió de la continuidad neoliberal y su política exterior se mantuvo alineada a Washington, intentó impulsar algunas reformas anti-corrupción y en 2019 disolvió el cuestionado Congreso convocando a nuevas elecciones. Sin partido ni legisladores propios, Vizcarra quedó en la mira de una mayoría parlamentaria (electa en enero de este año) que le terminó pasando factura, apeando a la difusa figura de "vacancia por incapacidad moral” que sirve como mecanismo destituyente sin necesidad de largos debates ni mucha solidez argumentativa.

Se cierran dos décadas en las que el Perú fue noticia por los recurrentes escándalos que sacudieron a sus presidentes; espasmos de la crisis orgánica de un régimen moldeado por la Constitución de Fujimori de 1993. Se abre, en el corto plazo, el desafío de que en las elecciones de abril el descontento popular finalmente pueda ser capitalizado por alguna fuerza progresista, como Nuevo Perú liderado por Verónika Mendoza. Se impone, como meta de largo aliento, el deseo de que el pueblo peruano, como en su vecino Chile, pueda tumbar esa pesada herencia fujimorista y empezar a escribir una nueva historia.

* Editor de NODAL. Autor del libro "América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista". Conduce el programa radial “Al sur del Río Bravo”.

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Viernes, 13 Noviembre 2020 06:08

Golpe (rascuache y zafio) a la peruana

Manuel Merino

En tiempos de fake news y prensa embozada, el solo hecho de llamar las cosas por su nombre es valiente y útil. En Perú, únicamente dos medios –la revista IDL Reporteros y el diario La República– han definido como "golpe de Estado" lo que la mayoría de la prensa y las agencias internacionales han titulado asépticamente "Vacancia del presidente Martín Vizcarra por el Congreso de Perú".

Y es que la emboscada iba ya bien ensayada, con un intento fallido hace dos meses que utilizaba la misma causal de "incapacidad moral permanente" y parecía inspirado en la acción parlamentaria que derrumbó al presidente anterior, Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de 2018.

Sobre la transformación del presidente del Congreso, Manuel Merino, en presidente de la República con una simple votación parlamentaria y sin ninguna acusación probada, se escribe en el editorial del martes de La República:

"El golpe no deja de ser golpe. El allanamiento de Martín Vizcarra a la decisión del Congreso no anula el grave acto perpetrado y el hecho de que un grupo conspirador se haya apropiado del gobierno poniendo fin a 20 años de democracia, quebrando la Constitución y colocando al país nuevamente en un tránsito aciago gobernado por la codicia y la corrupción."

Y añade: "La disposición de la Constitución es precisa respecto a la prohibición de acusar al presidente durante su mandato salvo las razones expresadas con detalle en el artículo 117. Esa prohibición ha sido violada groseramente para lo cual se ha forzado inconstitucionalmente la figura de la vacancia y la incapacidad moral utilizando declaraciones de aspirantes a colaboradores oficiales, fotos maquilladas y otros documentos que forman parte de un proceso de investigación sobre las actividades del presidente de la nación Martín Vizcarra. El papel desempeñado en esta alevosa operación por el presidente del Congreso lo cubre de vergüenza a él y a su partido. Manuel Merino será un presidente indigno que se aúpa al poder con métodos reprobables".

La acusación contra el presidente Vizcarra de que habría recibido coimas del llamado Club de la Construcción –una red mafiosa para ganar licitaciones– cuando era gobernador de Moquegua (2011-14), no ha sido probada por ningún juez o fiscal, y sólo se sostiene en las declaraciones de unos aspirantes a colaborar con la justicia, gente que con tal de salvar el pellejo declararía cualquier cosa.

Lo grotesco de la situación es que de los 109 congresistas (de un total de 130) que han votado el lunes por defenestrar al presidente, 68 –como ha recordado el propio Vizcarra frente al Congreso en su última alocución– tienen investigaciones judiciales en curso y denuncias por diversos delitos, pero ninguno de ellos ha dejado el cargo o renunciado a la inmunidad. Al contrario, este Congreso parece más un refugium peccatorum que un parlamento.

El traspaso de poderes ha encontrado un fuerte rechazo popular. En las principales ciudades del país, sin excepción, a partir de la capital, manifestaciones espontáneas han encontrado una represión policial desproporcionada, que no promete nada de bueno. El Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado definitivamente sobre la vacancia, pero las ceremonias de investidura ya han sido oficiadas.

La difusión internacional de la noticia no explica claramente quién ha tomado el poder. Manuel Merino, actual presidente, es un empresario ganadero del norte cuya sóla acción política memorable es la de haber obtenido una condonación fiscal por el sector agropecuario de Tumbes. ¡Ah!, y también el intento fallido de golpe anterior, por el cual un grupo de ciudadanos lo ha denunciado "por los presuntos delitos de sedición, conspiración y usurpación de poderes".

Sus familiares obtuvieron contratos con el Estado durante su segundo mandato como congresista, lo cual es abiertamente ilegal.

A cinco meses de la elecciones generales, que deberían renovar las instituciones en ocasión del bicentenario de la independencia, con los graves problemas económicos y de salud pública que afligen a la población, parece sumamente irresponsable provocar una crisis política de esta gravedad. Todo por ambiciones e intereses personales.

Sin embargo, las manifestaciones crecientes de estos días hablan de una sociedad civil "hasta el gorro".

Fascinado por la idea de ser presidente interino, aunque sea por unos meses (las próximas elecciones generales serán en abril de 2021), animado por la masa de corruptos incrustada en las instituciones –hablando sólo de magistrados, 151 jueces y 183 fiscales involucrados en actos de corrupción, según datos oficiales– Manuel Merino ha logrado sin mucha dificultad juntar una mayoría parlamentaria para que proceda el pedido de vacancia presidencial.

Por Periodista italian, periodista peruano

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Viernes, 13 Noviembre 2020 05:33

Perú: la ultraderecha copó el gobierno

Perú: la ultraderecha copó el gobierno

Bajo la presidencia de Manuel Merino tras el derrocamiento de Martín Vizcarra

El equipo ministerial ha quedado formado por personajes de perfil ultraconservador. El nuevo primer ministro fue acusado de racismo y el ministro de Defensa resultó denunciado por defender a escuadrones de la muerte.

 

La derecha ultraconservadora ha tomado el gobierno peruano. El gabinete ministerial del nuevo presidente Manuel Merino -que asumió el martes luego que el Congreso que él presidía destituyera a Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”, una decisión que ha gatillado protestas en todo el país- es encabezado por un miembro de la descreditada vieja guardia política, vinculado a la extrema derecha. El equipo ministerial ha quedado formado por personajes de perfil ultraconservador, varios de ellos relacionados al fujimorismo y al Partido Aprista del expresidente Alan García, que han sido gobierno y han estado envueltos en graves escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

El gabinete del presidente Merino deja la sensación de un regreso al peor pasado. La derecha más dura celebra al nuevo gobierno, mientras las calles se agitan con las protestas. Merino y su aislado gobierno enfrentan las mayores movilizaciones antigubernamentales desde los últimos meses de la dictadura de Alberto Fujimori en el año 2000.

Al tiempo que el nuevo presidente juramentaba a su gabinete, el destituido exmandatario Martín Vizcarra se presentaba ante la fiscalía para declarar por las acusaciones que se le hacen de haber recibido sobornos de dos empresas constructoras cuando hace unos años era gobernador de la región de Moquegua. La fiscalía ha pedido se le impida la salida del país por dieciocho meses. “No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada”, declaró Vizcarra.

El nuevo primer ministro es el abogado Antero Flores Aráoz, de 78 años, un ultraconservador que ingresó a la política como miembro del derechista Partido Popular Cristiano. En 1990 fue electo diputado por el frente de derecha que lanzó la candidatura presidencial del escritor Mario Vargas Llosa. Luego de largo tiempo en el Congreso, del que llegó a ser presidente, abandonó su partido y se unió al segundo gobierno de Alan García (2006 – 2011) como ministro de Defensa. En 2016 intentó llegar a la presidencia, al frente de su propio partido, Orden, y quedó en último lugar con apenas un 0,4 por ciento. Ahora Merino lo ha resucitado.

En los últimos años, Flores Aráoz se había dedicado a firmar pronunciamientos con alegatos antiderechos como parte de la llamada Coordinadora Republicana, que reúne a lo más radical del conservadurismo peruano. Está relacionado a grupos ultraconservadores como “Con mis hijos no te metas”. Hace unos años, en unas declaraciones que pusieron en evidencia su racismo, dijo que no se le podía preguntar “a las llamas y a las vicuñas” cuando le consultaron si se debía someter a referéndum el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En medio de las protestas, el Ministerio del Interior ha sido asumido por el exgeneral de la Policía Gastón Rodríguez, que ya ocupó ese cargo con Vizcarra entre abril y julio de este año y que no ha tenido problemas en subirse al régimen que acaba de tumbar al gobierno al cual él perteneció hace poco. Su breve gestión terminó cuando tuvo que dejar el cargo en medio de las críticas por haber nombrado como su asesor a un abogado que defiende a policías procesados por haber integrado un escuadrón de la muerte y a un general acusado de corrupción.

La oficina de la ONU Derechos Humanos ha señalado que está recibiendo “información inquietante” sobre la represión policial a las protestas contra Merino. A pesar de la represión, y la pandemia, las movilizaciones contra el nuevo gobierno, al que los manifestantes califican de “usurpador”, crecen y se replican en las principales ciudades del país. El nuevo gobierno intenta minimizar las protestas, pero las calles lo desmienten. Ayer las movilizaciones fueron multitudinarias. Flores Aráoz ha negado la represión policial que todos han podido ver y acusó a los medios de comunicación de “magnificar” las manifestaciones y “exacerbar los ánimos” por informar de las protestas.

Como era de esperar, el nuevo gabinete garantiza la continuidad del modelo económico neoliberal, vigente en el país desde hace treinta años. Como ministro de Economía asume el economista José Arista, que fue viceministro de Haciendo en el segundo gobierno de Alan García.

En Salud, ministerio clave en esta coyuntura, asume el médico Abel Salinas, militante del Partido Aprista. Salinas ya estuvo al frente de este sector en los dos últimos meses del régimen de Pedro Pablo Kuczynski, cuando éste enfrentaba acusaciones de corrupción, por las que renunció en marzo de 2018. Los promotores de la destitución de Vizcarra, con Merino a la cabeza, lo acusaron de haber tenido “un pésimo manejo de la pandemia”, pero en una muestra de incoherencia le pidieron a la ministra de Salud del gobierno saliente, Pilar Mazzetti, que se quede en el cargo. Mazzetti rechazó el ofrecimiento. Salinas es el cuarto ministro de Salud desde que estalló la pandemia.

En el resto del gabinete se suman otros personajes ligados al aprismo --entre ellos un exministro de Transportes y Comunicaciones del primer gobierno de Alan García (1985 – 1990) que vuelve a ese cargo--, al fujimorismo, al partido de Merino Acción Popular, que está dividido entre su apoyo y su rechazo al nuevo gobierno, y a otros sectores de derecha.

Los grupos parlamentarios que apoyaron la llegada a la presidencia del nuevo jefe de Estado comienzan a repartirse influencias y poder en el nuevo gobierno. Entre sus intereses está evitar el avance de los procesos anticorrupción que complican a varios de sus principales dirigentes -Keiko Fujimori y varios más-, y que el gobierno de Vizcarra había impulsado.

También corre riesgo la continuidad de una reforma educativa considerada fundamental, que ha cerrado universidades de baja calidad convertidas en millonarios negocios. Dos de los partidos que votaron por la destitución de Vizcarra y han puesto a Merino en el poder son dirigidos por empresarios vinculados a este negocio. Flores Aráoz, ligado a esos intereses, declaró, luego de ser nombrado jefe del gabinete ministerial, que las universidades cerradas por ser consideradas una estafa a los estudiantes “merecen una segunda oportunidad”.

El izquierdista Frente Amplio, que se sumó a esa coalición de derecha que sacó a Vizcarra y puso a Merino en el poder, ahora critica el rumbo derechista del nuevo gobierno, algo previsible que no debería haber sorprendido a nadie. 

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Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú. Mario Colán

"Quien ha quedado a la cabeza del Parlamento, Luis Valdez, cuenta con más de 50 procesos de investigación abiertos", señala la candidata de Juntos por el Perú sobre la reciente destitución del expresidente Martín Vizcarra

 

Estaba aún en Bolivia, invitada a la toma de posesión de Luis Arce, cuando se enteró de la noticia. Verónika Mendoza, la única precandidata presidencial de la izquierda peruana, dice que estaba "compartiendo la alegría del pueblo boliviano por la recuperación de su democracia" cuando supo que en su país "ocurría todo lo contrario". En Perú, el Congreso de la República consiguió el lunes su ansiado proyecto de vacar al presidente Martín Vizcarra, ahora investigado por graves denuncias de corrupción. Lo hicieron pese a que casi el 80% de la población estaba de acuerdo en que, no obstante las investigaciones en marcha, se le dejara acabar su mandato.

Solo quedaban cinco meses para las próximas elecciones y el país, sumido en una crisis económica galopante y con la cifra oficial de 70.000 muertos por COVID, no estaba para otra debacle más. Aún así el Congreso lo hizo, nombró a Manuel Merino como nuevo presidente y el estallido popular no se ha hecho esperar. Ayer, desde la mañana hasta la noche, por todas las ciudades del Perú, miles de personas expresaron su repudio en medio de la represión y las detenciones arbitrarias.

En los medios internacionales se ha hablado casi exclusivamente de que hay un cambio de gobierno por la incapacidad moral de Vizcarra, pero poco se sabe de quiénes están detrás de esta jugada política que, según la mayoría de peruanos entre los que se incluye Mendoza, se ha disfrazado de compromiso con la lucha contra la corrupción cuando se trata de algo muy distinto. La presidenciable de Juntos por el Perú desde Cuzco, su ciudad natal y a donde voló de inmediato para ser partícipe "de la indignación y de la movilización de la gente", asegura que no reconoce a este gobierno al que considera ilegítimo y propone un cambio de constitución para acabar de una vez por todas con el legado del dictador Alberto Fujimori.

¿Qué está pasando en Perú?

Lo que está pasando es que efectivamente se han destapado una serie de denuncias contra el señor Martín Vizcarra que según nuestro punto de vista ameritan investigación, pero que, como señalaba la gran parte de la ciudadanía, correspondía en plena pandemia y a cinco meses de las elecciones que el señor Vizcarra concluyese su mandato y que al día siguiente se enfrentara a la justicia. Sin embargo, de espaldas a la ciudadanía, de manera absolutamente cínica y desvergonzada, un Congreso que tiene una mayoría de congresistas igualmente procesados por corrupción e inclusive por asesinato, decidió vacar al presidente de la Republica, configurándose en un gobierno ilegítimo.

Pero esto se enmarca en una crisis más profunda y más grave que podríamos calificar de crisis de régimen que lleva 30 años desde que en 1992 Alberto Fujimori decidiera imponer una constitución neoliberal con un golpe de Estado que precarizó el Estado, que mercantilizó derechos como la salud y la educación, que dejó a los peruanos sin un sistema de pensiones, que dejó la política y la democracia en las manos de los grupos de poder económico, que permitió que fuera capturada por grupos de presión, mafiosos y corruptos, que nos ha llevado a esta situación de descomposición política dramática y que se revela en estos síntomas sucesivos: todos nuestros presidentes vivos están procesados por corrupción, vacados o renunciaron.

Verónika Mendoza: "Rodos nuestros presidentes vivos están procesados por corrupción, vacados o han renunciado".

¿Se ha quebrado el orden constitucional? ¿Estamos ante un golpe de Estado y un gobierno ilegítimo? 

Claramente, porque todos los argumentos usados para consumar la vacancia se basan en falacias. Y aunque sus ejecutores se han llenado la boca con lucha por la democracia y la lucha anticorrupción, más de la mitad de ellos también están siendo investigados por corrupción. Quien ha quedado a la cabeza del Parlamento, Luis Valdez, cuenta con más de 50 procesos de investigación abiertos. Dentro de sus intereses está reformar la ley de educación para poder seguir con sus negocios de universidades truchas sin regulación del Estado. Y controlar el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder judicial para frenar las investigaciones que varios de estos políticos tienen en su contra, poder seguir apoyándose en su inmunidad parlamentaria y así evadir la justicia. Pero también están los que buscan sabotear el proceso electoral para atornillarse en el poder.

¿Qué hay detrás de estos actores políticos que parecen nuevos y no lo son?

No hay un programa común entre los que han echado al presidente, sino una confluencia de intereses particulares y corporativos. Sin embargo detrás de los actores directos, sí que hay una serie de sectores de la ultraderecha, conservadores, neoliberales, que han sido cómplices. Prueba de ello es el eventual nombramiento de Antero Flores Araoz como presidente del Consejo de Ministros, que es el mejor representante de la vieja política: conservador, de ultraderecha, racista, machista, quien hace algunos años calificó a los ciudadanos del Ande como llamas o vicuñas incapaces de emitir opinión. Es, además, abogado de quienes defienden los negocios universitarios de parte de la bancada. Merino es solo un títere de éstos.

¿Qué se puede hacer ante este escenario y qué le corresponde hacer ahora a la ciudadanía?  ¿Cuáles son los pasos a seguir legal, social y políticamente? ¿Cuál es la salida? 

Yo creo que corresponde que el Tribunal Constitucional analice esta decisión y evalúe su constitucionalidad, pero más allá de lo formal. Para la ciudadanía este Gobierno es ilegítimo, por lo tanto hay decisiones fundamentales para el país que no puede tomar, como la elección del Tribunal Constitucional, que tendrá que resolver además la constitucionalidad de este acto de vacancia. Querrán intervenir el Ministerio Publico y el Poder judicial para frenar investigaciones contra sus propios miembros, cuando deberían levantar la inmunidad de los que ya están pedidos por la justicia. Querrán modificar los plazos y procedimientos del calendario electoral.

Lo que deberían hacer es preocuparse en primer lugar por la salud de los peruanos y por la economía de las familias. La única manera de fiscalizarlos es la ciudadanía organizada y movilizada de manera permanente. Y, por otro lado, este es el momento de que los ciudadanos, colectivos, organizaciones sociales, sindicales, feministas, indígenas, iniciemos un diálogo desde abajo y desde adentro respecto a qué tipo de Estado, qué tipo de democracia, de economía creemos que merece nuestro país, de cara a una nueva constitución que debería ser la que construyamos en el bicentenario de nuestra independencia que se conmemora el próximo año. Esa nueva constitución no la va a promover esta clase política de espaldas a la gente. Nos corresponde a los ciudadanos impulsarla y empezar a construir desde ya ese nuevo pacto social que refunde el Perú.

¿Quién lidera ahora mismo las movilizaciones?

La gente, los jóvenes que han salido movidos por su indignación, por un lado, pero también por su amor a la patria. Eso es lo correcto. A quienes aspiran a ser líderes o conductores de la movilización, lo que hay que responderles es que quien está conduciendo la movilización es la propia ciudadanía. Y me parece absolutamente legítimo y lo mas adecuado para recordarnos que la democracia no es solamente procesos electorales, no es solamente partidos y líderes políticos; la democracia es esencialmente protagonismo popular y ciudadano. Y esto es lo que estamos empezando a ver en el Perú y a mi me llena de esperanza. Seremos parte de esa ola democrática en defensa de nuestros derechos.

Ningún gobierno ha reconocido todavía a Merino como presidente. La economía está maltrecha. En este contexto, ¿qué es lo primero que toca cuidar o garantizar?

Lo primero y más urgente es cuidar la vida y cuidar la paz. Lo digo porque ayer ya ha habido una dura represión. Y me temo que por las características de este Gobierno ilegítimo y por el perfil del que va a adoptar su presidente de consejos de ministros hay un alto riesgo de que la represión y la violencia de Estado se recrudezcan, razón por la cual hago un llamamiento a la comunidad internacional para cuidar la vida y exigir que se respete el legítimo derecho de protesta. Que sea el pueblo peruano con su voto el que elija su próximo gobierno y no como pretenden ellos ahora con leguleyadas desde el Parlamento.

Como candidata mujer, la única feminista, ¿ve riesgos para los derechos de las mujeres con este Gobierno de facto? 

Me preocupa que el señor Merino haya juramentado en nombre de la Iglesia católica, institución que yo respeto, pero que creo que no debe mezclarse en lo absoluto con los asuntos de Estado. Y me preocupan los sectores conservadores que se están aupando a este Gobierno ilegítimo que probablemente también pretendan retroceder a nivel de derechos humanos y en particular en materia de derechos de las mujeres.

Lo que vamos a tener es un Gobierno ortodoxo en materia económica que no va a contribuir a reactivar los bolsillos de las familias que es lo que ahora los peruanos necesitamos. Es un Gobierno que va a reprimir, que va a criminalizar, que no va a defender la salud y la educación como derechos, sino como negocios, pero además son conservadores, homófobos y machistas y amenazan los derechos de las mujeres y pueblos indígenas –negando la participación ciudadana en los asuntos ambientales–. Existe el riesgo de que ese Gobierno comandado por Flórez Araoz empuje irresponsablemente la reactivación de actividades económicas sin los cuidados y protocolos necesarios para cuidar la salud y la vida.

¿A quién hace responsable de la represión de este martes? 

Al no haber un ministro del interior nombrado, toda la responsabilidad le atañe al señor Merino, de lo que ocurrió ayer y de lo que podría ocurrir en lo días siguientes porque la movilización va a continuar. Se tendrán que señalar las responsabilidades políticas y el mayor responsable político es él.

Parece momento para hablar de proceso constituyente con el impulso chileno.

Nosotros lo veníamos plateando desde la campaña anterior en el 2016. Lo que vemos es que se va convirtiendo cada vez más en un sentido común. Mucha de la gente que se manifestó ayer no solo expresó su repudio al Gobierno, sino también demandaba nuevas reglas de juego en una nueva constitución. La crisis política de los últimos años evidenciaba casos de corrupción que involucran a prácticamente toda la clase política. Por otro lado, la pandemia ha desnudado la perversidad del modelo neoliberal, que ha evidenciado la inviabilidad de este Estado decrépito, atado de pies y manos para defender derechos. Creo que esto hace que mucha más gente tome conciencia y se plantee la posibilidad más temprano que tarde.

Se reunió en los últimos días con los presidentes de Bolivia, Argentina y el vicepresidente español. ¿Qué le dijeron?

Lo que todos coinciden es en la expectativa de que el Perú también recupere su democracia y se impulse un proceso constituyente. Nos corresponde a nosotros los peruanos definirlo e impulsarlo.

¿Parece que en esta campaña ya no le van a hablar de Venezuela? 

Van a seguir estigmatizándonos con estos temas, pero la diferencia es que hoy calan mucho menos en la ciudadanía. La gente se da cuenta de que este tipo de ataques sin sustento, como vincularnos a regímenes con los que no tenemos ningún vínculo o pretender tacharnos de terroristas o enemigos del desarrollo, son simplemente intentos de la clase política tradicional para silenciar las voces que planteamos un cambio.

¿En qué tiene usted que trabajar para ser la alternativa de izquierda de estas elecciones?

Hace tiempo venimos haciendo esfuerzos por dialogar y debatir con distintas fuerzas políticas de izquierda y progresistas, distintas organizaciones sociales y sindicales para construir un programa común, reconociendo nuestra diversidad de historias, nuestros énfasis programáticos pero poniendo por delante la necesidad de un cambio profundo en el país. Hemos logrado un importante proceso de articulación en Juntos por el Perú en torno a la bandera de una nueva constitución y esperamos seguir confluyendo en torno a estas banderas.

¿Elecciones anticipadas sí o no?

Estamos a cinco meses de las elecciones y el calendario electoral ya es bastante apretado. Por procedimiento me parece difícil ya adelantarlo, lo que corresponde es garantizar que sea un proceso electoral lo mas limpio y libre posible. Pero para nosotras esto trasciende el proceso electoral. Ayer estuve en Puno conversando con unos comerciantes que me decían que para ellos un presidente u otro da igual, porque ahí no hay Estado, solo supervivencia. Y eso es expresión de lo que el Perú necesita: no solo un cambio de Gobierno sino un nuevo pacto social.

Por Gabriela Wiener

11 de noviembre de 2020 22:54h

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