Imagen: Guadalupe Lombardo

A pocos días de la huelga general convocada para el 14 de junio en Brasil, la investigadora señala las condiciones que llevaron a Bolsonaro al poder y su dificultad para sostenerlas.

 

Mientras Jair Bolsonaro disfrutaba de una cena romántica con su esposa en el emblemático “Señor Tango”, los ciudadanos del gigante sudamericano se mantenían en estado de alerta, a días de haberse manifestado masivamente contra los recortes en educación y en defensa de las jubilaciones, vulneradas por una inminente reforma que aparentemente no será resistida en la arena parlamentaria. Las expectativas de gran parte de la sociedad y de la oposición al actual gobierno de Brasil están puestas en la huelga general (greve geral) anunciada por las centrales sindicales para el próximo 14 de junio, que busca generar un efecto demostración volcando a las calles una multitud similar a la que adhirió a la huelga de abril de 2017, durante el gobierno de Michel Temer. La semana pasada confirmaron su adhesión a la medida las centrales del transporte y de la educación pública, entre otras.

En su visita a Buenos Aires invitada por el Iade, Rosa Marques, profesora de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, dialogó con PáginaI12 sobre las condiciones de posibilidad que llevaron a Bolsonaro a la presidencia de Brasil y acerca de los peligros para la democracia que implica el creciente autoritarismo de su gobierno.

 

–¿Cómo pudo ganar las elecciones en Brasil un candidato como Jair Bolsonaro, que se presenta como un outsider, aunque viene desde adentro de la estructura partidaria? 

 

–Hubo un proceso de desgaste interno muy grande en Brasil. Tuvimos tres años de un gobierno pequeño, el de Michel Temer, con fuertes cambios en las políticas sociales y de distribución de ingresos que, al mismo tiempo, apoyó fuertemente a algunas empresas “campeonas”. Se creó un vacío con Lula preso, un descontento muy grande en una parte de la población. Bolsonaro catalizó esa situación siendo, efectivamente, un “outsider” que estuvo durante dieciocho años en el Parlamento pero perteneció al “bajo clero”. No convive con las clases dominantes, es un “bandido”, aunque sí haya logrado ubicarse entre las milicias.

 

–¿Qué rol jugó el votante de clase media en el resultado de las elecciones? 

 

–La clase media poco a poco fue mostrando su descontento en sucesivas elecciones. Al observar el mapa electoral, notamos que Bolsonaro obtuvo más votos en los estados de ingresos medios y altos que no soportan que se hayan desestructurado las bases de la sociedad brasileña, que siempre ha sido desigual y racista. Desde fines de los ochenta, en Brasil los cambios estuvieron asociados a la democracia y a la posibilidad de convivir con el diferente. Cuando llegaron Lula y Dilma, este cambio estaba en alza. En ese contexto político cultural, los gobiernos del PT aprobaron leyes que beneficiaban a esas minorías. Y buena parte de la clase media no lo soportó. La gente puede ser muy buena, pero cuando una empleada doméstica tiene un hijo en la universidad y tu hijo no entró, se genera un resentimiento. Actualmente, en la universidad hay dos tipos de cupos: uno es para los negros y otro, para sectores de bajos ingresos que estudiaron en escuelas públicas.

 

–En las últimas semanas se han observado muchas movilizaciones en rechazo al recorte en educación y, en general, al ajuste que pretende implementar el gobierno de Bolsonaro. ¿Qué impacto cree que puedan tener esas manifestaciones en vistas de la nueva huelga general convocada para el 14 de junio? 

 

–La educación es el sector que sufrió los mayores niveles de ajuste, lo cual afecta la situación de los estudiantes y de los profesores. Espero que esas movilizaciones hayan sido un paso importante para la huelga general del 14 de junio. Creo que la huelga tendrá un impacto político importante, pero, al mismo tiempo, tenemos que esperar para ver si las centrales sindicales cierran filas con los partidos de la oposición. Se está dando el primer paso para esa construcción y, en ese sentido, que la gente salga a la calle es muy significativo.  

 

–¿En qué sentido las políticas educativas del PT afectaron a la clase media? 

 

–En la dimensión subjetiva. La clase media pensaba que había perdido ingresos, lo cual no es verdad. Lo que ocurrió es que crecieron los ingresos de los sectores más bajos y se acercaron a los de la clase media. La reducción de la brecha en materia de ingresos se dio entre la clase baja y la clase media, pero los verdaderamente ricos, como dice Lula, nunca ganaron tanto.

 

–¿Los verdaderamente ricos apoyaron al PT? 

 

–En un primer momento, sí. 

 

–¿Y por qué se perdió ese apoyo? 

 

–La pérdida de apoyo comenzó después de 2008. En primer lugar, producto de la crisis internacional, que inicialmente no afectó mucho la economía brasileña, aunque después sí tuvo un impacto negativo. Y en segundo lugar, por la baja en el precio de los commodities. Dilma hizo algo que Lula nunca había pensado hacer: bajar la tasa de interés en una economía donde el sector financiero está imbricado con la industria, por lo que comenzaron a aflorar las contradicciones. La situación internacional era mala, encima cayó el comercio internacional y, por ende, la exportación de las commodities, que, además, disminuyeron su precio. Bolsonaro inició su campaña para presidente hacia 2014, muy cerca de las elecciones de ese año. 

 

–Bolsonaro inició su campaña en el momento en que las movilizaciones en Brasil –iniciadas como una crítica al aumento del boleto– fueron cooptadas por grupos de derecha, como el Movimiento Brasil Libre. ¿En qué medida esa derechización de las protestas contribuyó para concretar la destitución de Dilma Roussef?  

 

–Es imposible pensar ambas dinámicas en forma separada. El proceso empezó en 2013, como algo contradictorio, y terminó de otra manera. El gobierno de Dilma intentó aumentar el control sobre la economía. En Brasil hubo una gran ola privatizadora que comenzó con Fernando Collor, pero las mayores privatizaciones las hizo Fernando Henrique Cardoso. Hay quienes sostienen que Lula las continuó, pero fue algo muy chico. Muchos recursos siguen siendo estatales, como Petrobras, el Banco do Brasil, Caixa Económica, Electrobras. Las privatizaciones, sin embargo, son un cambio de propiedad, que no necesariamente transforman la relación entre capital y trabajo. 

 

–No es lo mismo Petrobras en manos del Estado que en manos privadas y extranjeras.

 

–Es cierto, pero el Estado brasileño es fuerte, incluso así. El tema es que tanto los industriales como la clase dominante en general, interna y externa, pedían una reforma laboral. Brasil, como otros países de América del Sur, tiene una fuerza laboral muy despareja: una parte está formalizada y la otra, completamente precarizada. Con Lula, el mercado formal aumentó como nunca antes, sobre todo en los sectores de bajos ingresos. 

 

–¿Ese aumento se debió a la valorización del salario mínimo o fue producto de otro tipo de regulaciones?

–No solo de la valorización del salario, la formalización también trajo beneficios en términos de protección social y de otros derechos. Precisamente, el problema para la industria y para el capital extranjero eran los trabajadores que estaban en la formalidad, porque tenía un salario comparativamente alto. Temer, incluso antes que Bolsonaro, cambió esa situación en el mercado de trabajo.

–¿Cuáles fueron los principales cambios que hizo Temer en el ámbito laboral?

–Lo más importante es que cambió la relación entre patrón y trabajador. La empresa puede proponer un acuerdo que estará por encima de lo que marca la ley y, con eso, se abre una variedad de formas de contratación. 

–¿Qué continuidad dio Bolsonaro a esas iniciativas de precarización laboral?

 

–La precarización laboral ya era un hecho, no era necesario nada más. Bolsonaro hizo cambios en la política de salario mínimo. Dilma aplicaba una fórmula de valorización del salario que incluía la inflación pasada y el aumento de la productividad. Durante los dos gobiernos de Lula y el primero de Dilma, esa valorización llegó al 74 %. El segundo gobierno de Dilma fue muy diferente.

 

–Con el triunfo de Bolsonaro, el resultado de las elecciones en Brasil significó una recomposición en el Congreso y en la propia conformación de los partidos tradicionales. ¿Qué efectos tuvo esa reconfiguración en términos de gobernabilidad?

 

–Bolsonaro no es un político como cualquier otro, su racionalidad es distinta. Desde que se recuperó la democracia en Brasil ha habido un presidencialismo de coalición, lo que llamamos “Nueva República”. Cuando Lula ganó la elección no estaba solo, los ministerios tenían la representación de distintos partidos. Cuando Bolsonaro asumió el gobierno, conformó sus ministerios sin ninguna coalición. 

 

–El gobierno está impulsando la reestructuración de ministerios, una medida que tomó por decreto y debería aprobar el Congreso. ¿Cree que la actual composición parlamentaria permitirá su aprobación? 

 

–Las medidas provisorias son un problema porque el gobierno es muy diferente, casi diría “loco”. Sin embargo, las instituciones no cambiaron, hay un Congreso y hay jueces, aunque los jueces se compren. Por eso es que no puede haber decretos-ley como durante la dictadura. Las medidas provisorias, en algún momento, deben pasar por el Congreso. Con estas elecciones, desaparecieron partidos tradicionales como el de Fernando Henrique Cardoso. Eso no garantiza que todo marche bien para Bolsonaro, tampoco significa necesariamente una derrota para él. La pregunta que uno se puede hacer es: ¿envía todo al Congreso para que pase algo de ese paquete? ¿Cuál es el verdadero objetivo? El Congreso está funcionando y hay una oposición parlamentaria. Hay una tendencia al autoritarismo en Bolsonaro, pero tampoco es que haya cerrado el Congreso. De todas formas, hay propuestas del gobierno que van a pasar más fácilmente, como la reforma jubilatoria, que consiste en aumentar la edad para jubilarse y los años de aportes. La propuesta de un sistema de capitalización puede venir después, no es lo más importante en este momento.

 

–Se empiezan a ver algunos desacuerdos entre los sectores militares y el sector que responde a Olavo de Carvalho. ¿Cree que eso repercutirá en la relación del propio Bolsonaro con los militares?

 

–Olavo es su ideólogo. Donde los militares están más presentes es en el Ministerio de Educación. Hubo un cambio de ministro y se dio un conflicto entre los militares y los olavistas. Yo tengo una interpretación maquiavélica: un tiempo antes, Bolsonaro había hablado en la conmemoración de un acontecimiento militar, el alzamiento del 31 de marzo de 1964. Hubo un gran rechazo de la oposición, principalmente de la izquierda. Muchos periodistas hipotetizaron que esa había sido una movida para que se manifestara el conflicto.

 

–La previsión de crecimiento que había para este año se revirtió. Ahora estaría cerca del 1 por ciento o incluso menos, lo que continuaría con el ciclo recesivo de Brasil. ¿Qué factores o decisiones de este gobierno contribuyen a esa tendencia? 

 

–El nivel de desempleo en Brasil es casi del 13 por ciento, lo que equivale a 13 millones de desempleados. Es una situación grave. Más aun cuando en ese porcentaje no se incluyen las personas que ya no buscan empleo o que trabajan esporádicamente. La tasa de inversión está en el nivel más bajo y la capacidad ociosa es muy alta. Había instituciones financieras estatales orientadas a otorgar crédito al sector industrial. Por eso la inversión estatal fue siempre muy importante, pero ha venido disminuyendo hasta casi desaparecer. Cuando la economía empezó a mostrar problemas más graves, durante el gobierno de Temer, hubo un cambio en el régimen fiscal, permitido por enmienda constitucional, para controlar el nivel del gasto del gobierno federal. En diciembre de 2016, Temer anunció la intención de volver al superávit para garantizar el pago de la deuda estatal, que es mayormente interna. 

 

–¿Eso empeoró el rendimiento de la economía en Brasil? 

 

–El primer presupuesto que no cambió respecto del año anterior fue el de 2017, al año siguiente el aumento fue solo nominal, pero no varió en términos reales. Cuando Bolsonaro inició su gobierno las expectativas eran distintas, pero ahora, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial sostienen que el crecimiento será casi nulo. Y la crisis argentina también afecta a Brasil. En este escenario, la perspectiva de crecimiento es revisada todos los días. Incluso hay pronósticos de crecimiento negativo, con lo cual la recaudación impositiva cae y, por eso, se aplica un procedimiento de contingencia para suspender la ejecución del gasto hasta que se alcance el nivel necesario de ingresos fiscales. En algunos estados las consecuencias de la recesión son muy graves, a tal punto que hay demoras en el pago de los salarios. Es una situación de quiebra. El gobierno federal ayudó un poco a paliar la situación, pero se trata de una situación dramática generalizada. 

 

–¿Cuál es el sector de la economía más afectado por la crisis argentina? 

 

–Principalmente, la industria automotriz. 

 

–En la agenda bilateral, el aspecto importante tanto para Macri como para Bolsonaro es avanzar en los acuerdos con la Unión Europea. De hecho, ya se habían iniciado conversaciones entre ambos gobiernos antes de la visita de Bolsonaro a la Argentina. En el estado actual del Mercosur, ¿cómo se encara una negociación comercial con la Unión Europea?

 

–Bolsonaro tiene una posición ideológica clara e inocultable: no quiere saber nada con América latina y, particularmente, con países como Venezuela. En el mismo sentido, el gobierno brasilero cambió la relación con Estados Unidos. Sinceramente, no sé si un acuerdo con la Unión Europea pueda prosperar. Hay mucha retórica, pero no estoy segura de que haya condiciones para que esa iniciativa se concrete.  

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Lunes, 05 Febrero 2018 06:18

Del crecimiento productivo

Del crecimiento productivo

Si ya se está materializando alguna forma de recuperación luego del estancamiento prácticamente generalizado de los países con las economías más avanzadas del mundo, su horizonte de inversión está aún fijado en el corto plazo.

La producción de esos países creció en promedio anual y en términos reales (descontada la inflación) a una tasa de 2.2 por ciento entre 2002 y 2008, es decir hasta antes de la crisis de 2009, cuando el producto cayó 3.4 por ciento. Entre 2011 y 2017 ese promedio fue de 1.7 por ciento.

Ahora se anuncia una recuperación y, en el caso de Estados Unidos, un fuerte estímulo al gasto privado –inversión y consumo– apoyado en la rebaja de impuestos, especialmente a las corporaciones, derivada de la reforma fiscal recientemente implementada.

Hace un año, a mediados de febrero de 2017, el índice Dow Jones del mercado accionario en Nueva York (uno de los indicadores claves del desempeño de los títulos de inversión en ese país) tenía un valor de 15 mil 973 puntos. A fines de enero de este año ese valor fue de 26 mil 606; una elevación de 66 por ciento.

Esto indica el cambio en las tendencias del crecimiento y, también, en las expectativas que logró generar la elección de Donald Trump, además de que la nueva legislación impositiva beneficia significativamente a las empresas que pasaron de pagar una tasa 35 por ciento a una de 21.

Pero el entusiasmo inversor en la bolsa se frenó por las mismas consecuencias del cambio en la expectativas y la ley fiscal. En la medida en que crece la producción y se absorbe mayor cantidad de mano de obra, los salarios tienden a subir y con ello baja la perspectiva de ganancia.

De igual forma, una mayor demanda agregada empuja los precios hacia arriba, y la inflación refuerza la tendencia de la Reserva Federal a subir las tasas de interés, encareciendo el crédito.

El proceso empuja a un cambio en la asignación de los recursos destinados a la inversión y a la compra de acciones. El viernes pasado el mercado accionario tuvo su mayor caída desde el comienzo de la presidencia de Trump.

La idea que sustentó la reforma de los impuestos en ese país fue expresada de modo claro por Gary Cohn, ex banquero de Goldman Sachs y ahora director del Consejo Económico Nacional. Sostenía que: “Habrá una continuación del auge en el mercado de acciones basado en los indicadores fundamentales de la economía… así como en el mayor poder de los ingresos de las empresas por los impuestos más bajos”.

El mercado de valores no expresa un comportamiento racional de los inversionistas basados en un caudal suficiente de información y en un conocimiento cabal de cómo se forman los precios de las acciones de una empresa en particular y, menos aún, de cómo se comporta el conjunto de los mismos.

Al respecto cabría discutir de modo más amplio cómo funciona ese mercado y si es el mejor instrumento para asignar los recursos disponibles para la inversión productiva. En este sentido habría que tener, también, una mejor comprensión de la actividad de los especuladores en un periodo en particular y en el ciclo de los negocios.

Hay estudios relevantes de corte sicológico acerca de cómo toman las decisiones de inversión en el mercado de acciones los jefes de finanzas de las empresas o los ejecutivos de cuenta de los grandes bancos y las casas de bolsa.

Uno de ellos, por ejemplo, escrito por David Tuckett y titulado Ocupándose de los mercados, tiene el llamativo subtítulo de Una visión financiera emocional de la inestabilidad financiera. En los diversos casos que reseña no encuentra una manera de describir de manera racional las decisiones de inversión.

Kahneman es uno de los autores que se han ocupado del desarrollo de la economía del comportamiento, la que cuestiona severamente las hipótesis de racionalidad de los agentes que operan en el mercado. Lo mismo ocurre con los estudios de Richard Thaler o los de Robert Shiller.

El punto que quiero hacer es que sustentar una política de crecimiento económico en las condiciones en las que funcionan los mercados accionarios es ahora una base insuficiente para provocar un crecimiento sustentable en el largo plazo.

Hubo una época en que las familias colocaban su patrimonio en acciones de empresas como General Motors o General Electric y esperaban que se valorizara con el paso del tiempo. Hoy el tiempo se ha acortado, las expectativas de ganancias no se adecuan a las necesidades de inversión con maduraciones a plazos largos. Los fondos de inversión y los de coberturas (hedge funds) en particular tienen horizontes de corto plazo y son altamente especulativos.

No es posible así afianzar un crecimiento económico que distribuya los beneficios de forma suficiente entre la población. Las ganancias financieras están muy por encima de los ingresos salariales y de las condiciones de bienestar de la mayor parte de la población.

Hay fondos que retribuyen más de 15 por ciento anual a sus inversionistas. No hay manera en que los salarios puedan siquiera competir en una proporción que se considere socialmente adecuada. Los empleos no están bien remunerados y son cada vez más precarios.

 

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Economía mundial: estabilidad y volatilidad financiera

El médico de cabecera de la economía mundial es curioso. En la última consulta le dijo al paciente: "Mire usted, por el momento no tiene problemas serios. Pero sus coronarias no están bien y más vale que se prepare para el infarto masivo al miocardio que va a sufrir con toda seguridad".

Ese es el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional en su último Informe sobre estabilidad financiera mundial (disponible en imf.org). El documento señala que el sistema financiero global continúa fortaleciéndose en respuesta al estímulo de las políticas económicas puestas en marcha después de la crisis de 2008. La salud de los bancos en las economías desarrolladas sigue mejorando y "la mayoría de las instituciones sistémicas están adecuando sus modelos de negocios para restablecer su rentabilidad". Lo más importante es que se han reducido las "amenazas para la estabilidad financiera en el corto plazo".

El vocabulario es transparente, a pesar de la jerga diplomática utilizada. Eso de "instituciones sistémicas" se refiere a los bancos que en su momento fueron calificados como siendo demasiado grandes para dejarlos quebrar. Pero esos bancos no han sido divididos en unidades más pequeñas y el FMI lo sabe bien. Por eso su informe busca tranquilizar con el giro retórico de que ya están adaptando sus planes de negocios. Sólo que la sensación de alivio desaparece cuando descubrimos que esos nuevos planes de negocios no son otra cosa que la exploración de mejores oportunidades de especulación para precisamente "restablecer su rentabilidad".

Las políticas macroeconómicas que se aplicaron en la estela de la crisis de 2008 en efecto contribuyeron a fortalecer el sistema financiero internacional. Recuérdese que en primer lugar se aplicó el rescate de los bancos con problemas, sobre todo para los más grandes con ramificaciones globales. En segundo lugar se usó una política monetaria de tasas de interés cercanas a cero. Pero como la economía mundial seguía en una trayectoria deflacionaria, que el crédito bancario no fluía y que el crecimiento se mantenía débil, se procedió a inyectar un océano de liquidez en las instituciones financieras por medio de la llamada política monetaria no convencional.

A través de esa política monetaria los bancos centrales de Estados Unidos, Japón y la eurozona, compraron activos de los bancos privados con el fin de incrementar el crédito y reactivar la economía. La Fed suspendió su programa en 2014 pero no ha normalizado su hoja de balance y la liquidez que inyectó sigue moviéndose en los mercados financieros del mundo. Además, Japón y la eurozona también aplicaron sus versiones de flexibilización monetaria (en Europa al ritmo de 60 mil millones de euros mensuales este año).

Para esas operaciones los bancos centrales crearon dinero de la nada. Pero como la inflación se mantiene por debajo de las metas de esos institutos monetarios y el crecimiento sigue siendo endeble, la pregunta de todo analista es la misma: ¿dónde acabó todo ese dinero ligado a la flexibilización monetaria?

La respuesta es que la política monetaria no convencional sirvió para crear la burbuja especulativa más grande en la historia del capitalismo. Por eso los indicadores de las bolsas de valores más importantes del mundo se ven tan rozagantes y vigorosos. Pero cuidado, las apariencias engañan y más que un anuncio de rehabilitación económica esas señales del mercado bursátil muestran que el crecimiento de precios de activos financieros es desmedido y poco sustentable. El FMI lo reconoce al señalar en el informe citado que la expansión monetaria ha generado aumentos injustificados en el valor de activos financieros y constituye un incentivo para el apalancamiento y el endeudamiento del sector privado. Es decir, los riesgos para la estabilidad financiera se están trasladando desde el sector bancario a todo el sistema financiero y no financiero.

En síntesis, la flexibilización de la política monetaria sirvió para crear lo que tanto daño hace en las economías capitalistas, un episodio de inflación en el precio de activos; es decir, una mega-burbuja. Y cuando esa bomba explote, no sólo los mercados financieros entrarán en una crisis, sino que la economía real (no financiera) se verá afectada por una onda de expansión destructiva que hará palidecer a la de 2008.

Ni el FMI, ni los bancos centrales, saben que hacer frente a este dilema. Si se lleva a cabo la normalización (de la flexibilización monetaria) a un ritmo demasiado rápido se corre el riesgo de ahogar la "recuperación". Pero si se mantiene la expansión monetaria, la burbuja en los mercados financieros (y el apalancamiento en el sector privado no financiero) seguirá inflándose hasta reventar con efectos catastróficos.

El dilema en que se encuentran el FMI y los bancos centrales no se puede despejar manteniendo las viejas ideas sobre tasas de interés natural (à la Wicksell) o viejos esquemas sobre demanda agregada (al estilo de los nuevos keynesianos). Sólo se puede resolver con una revolución en el análisis económico.

Twitter: @anadaloficial

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El 2017: Arranca con retos de paz mayúscula y movilización

Cada día trae su afán y también cada año. El 2017 despega en medio de la expectativa y las contradicciones e interrogantes por una paz justa. En paralelo, gana más intensidad el accionar político y social y, en todos los niveles mira con afán –en una coyuntura larga y continua– hacia el 2018.

 

Una coyuntura política, social y económica controlada y dinamizada desde los círculos del poder, afanados por sacar múltiples dividendos de la misma, lo que les garantizaría prolongar en nuestro país su poder por más décadas. Como siempre, la coyuntura electoral atomizará mucho más a los sectores populares, dividirá sus expresiones políticas, y debilitará la posibilidad –y necesidad– de una resistencia más activa y propositiva, base de la cual sería la presentación y debate abierto sobre el proyecto de país que la anima. Excusa inicial para ello sería la confrontación al gobierno, tanto por la recién aprobada reforma tributaria, como del mismo salario mínimo, dos ultrajes que afectan a la mayoría de quienes habitan el territorio llamado Colombia.

 

Para la clase en el poder, votar es el factor nuclear y tradicional de aquello que entienden por ‘democracia’, así la (re)legitiman. Así actúan y logran que el conjunto social proceda y concentre su atención, sólo y apenas alrededor de precandidatos y candidatos, sin ninguna o muy poca diferenciación. De esta manera, la confrontación directa al modelo que está haciendo trizas la vida de las mayorías.

 

Santos y su representación del poder necesita y desea, aplazar la lucha popular y el avance de la organización social. Ponerla en suspenso hasta más allá de 2018. Imponerle, hacerla cesar bajo diferentes recursos jurídicos, represivos y de un nuevo Código de Policía, así adolezca en su actual estado, de limitaciones en cuanto a su convocatoria nacional completa y en cuanto a su trascendencia como expresiones íntegras de un “poder popular”.

 

De esta manera, el 2017 tiene un primer reto frente a la distracción e inercia electoral que no arroja al día de hoy un tejido orgánico en el sentir del pueblo: urge que los sectores alternativos tengan agenda propia. Un quehacer que puede contar entre sus activos con la coyuntura electoral, sin quedar restringido o sometido a la misma, mucho menos, si con repetición, se trata de elegir el menor de los males (¿Vargas Lleras?, o la ilusión De la Calle), renunciando así, a un proyecto propio de inmediato, mediano y largo plazo.

 

Concretar este reto suena simple aunque polémico. Más aún bajo la costumbre –insensible a los dramas sociales. Reto, puesto que el atomizado entretejido político social, sin profundidad todavía en una conducción y convicción de poder y de gobierno, tiene entre sus haberes diversas agendas.

 

- Para las Farc y la expresión política que concrete en los próximos meses, su anhelo más profundo es que el Acuerdo de paz firmado con el Gobierno, se traduzcan en el eje de acción acogido por todo el conjunto social.
- El Eln, por su parte, aspira a algo parecido: que los proyectados diálogos en procura de un acuerdo que desmonte la guerra, referencien como central y con una participación diferente, las preferencias del conjunto social.
- En el caso del Polo Democrático Alternativo y otras organizaciones de “nueva estirpe” y con eje parlamentario, su motivación y razón de ser es la electoral...

 

De este modo, la dispersión de fuerzas que deberían centrarse contra el actual régimen, prosigue. Si la dispersión es tal, es porque ninguno de los actores sociales alcanza la extensión y legitimidad necesarias para enrutar las fuerzas del conjunto social contra un objetivo y directriz central. Esta es una razón. La otra puede ser, que estos actores no logran intuir ni sintonizar con los anhelos de las mayorías nacionales; sus propuestas, aunque bien intencionadas, no son las que despiertan la decisión y el fervor popular por una situación distinta.

 

Así vistas las cosas, si bien el Acuerdo firmado por las Farc es importante y contribuye a un viraje en la situación anímica de lo popular, los mismos no representan sino a una parte de la sociedad. En lo fundamental, a un sector del campesinado, de los indígenas y de las negritudes, para los cuales –tal vez– haya un poco de tierra, y muy seguramente, sí podrán legalizar alguna o buena parte de la tierra donde sobreviven, además de otros beneficios. Logros, muchos de los cuales tienen que ver con garantizar y legitimar la presencia estatal en las otrora zonas de guerra (ver “Acuerdos...” página 16).

 

En este marco –y a pesar del acuerdo de La Habana– queda vigente, la necesidad de seguir luchando por una reforma agraria integral. Reivindicación que no pierde urgencia para la vida de los empobrecidos y despojados del campo. Y también de las ciudades. Territorios en cuyo crecimiento, con una perspectiva humana, deberían ser reorganizados a partir de una visión diferente a la predominante hasta hoy, al respecto del tema del suelo, la conurbación-región, la vivienda, el alimento, el espacio público en general, el empleo, el medio ambiente, y mucho más.

 

En cuanto a la agenda de paz, aunque el Eln supera en no proyectar su exploración y conversación con el Estado por fuera de las luchas cotidianas del conjunto social –como sí mantuvieron o acordaron las Farc en la Mesa de La Habana– tal reconocimiento no asume en la práctica que la lucha por los afanes de cada día es lo que más urge a los sectores populares, los cuales desearían ver y comprobar que las temáticas estructurales ahora sí sean debatidas en la mesa de negociación. No divorciar agenda social cotidiana y mesa de negociación sería un componente sustancial para dinamizar las luchas de resistencia y el proceso reorganizativo de fuerza que debe caracterizar a los movimientos sociales.

 

Lo electoral estará ahí pero no será lo sustancial, como lo denota, una y otra vez la constante abstención que reina en el país, como también la pasividad ciudadana ante este factor de expresión institucional, así como la rabia, la desconfianza en promesas siempre incumplidas, la nulidad del voto, el hastío con los políticos profesionales, y otras manifestaciones de incredulidad en una “democracia” raquítica, insuficiente, que ahonda cada día la desigualdad social; una democracia, que como se ha dicho por mucho tiempo: es “de los mismos con las mismas” (ver “Bandera para izar”, página 20).

 

El camino y la brega por una agenda común

 

Si la dispersión adquiere el gran tamaño visto, si el deseo de liderar el accionar colectivo tiene palos atravesados en el camino y, si la abstención-participación social de la democracia realmente existente es tal y como hemos anotado, ¿qué y cómo hacer para sumar un resultado diferente en la iniciativa popular y la correlación política de fuerzas?

 

Entonces, para el 2017 proponemos, como otra de las tareas por emprender: Constituir un Bloque Popular con raíz e identidades regionales y tallar entre el conjunto social una plataforma de lucha que surja desde abajo. Para avanzar en el Bloque y su cadena de territorios, proponemos al conjunto político y social del activismo, la realización de una ¡Primera Asamblea Nacional del Campo Popular!

 

Una reunión de todos los sectores sociales y no alineados, con sus nuevos liderazgos y con vocación de lucha por un nuevo país, encarada con una agenda abierta. Deliberación y acuerdo que debe proponer como resultado fundamental, un Plan de acción común e inmediato, acordado sin hegemonías ni verticalismos. De no ser posible un acuerdo sobre este particular, deberíamos, como mínimo, dejar aprobados dos propósitos: 1) una metodología para seguir buscando una necesaria coordinación de fuerzas y, 2) unas jornadas locales de protesta que demande del gobierno corrección en su política económica, corrigiendo los simples y repetidos llamados cada año a “paro nacional” sin consecuencia alguna.

 

Este Plan de acción sería diferente a una “plataforma de lucha” elaborada con el método tradicional desde arriba –como orientación de las direcciones políticas. En contrario y como corrección, nos incumbe aportar en la concreción de una consulta nacional más allá de los intereses por la paz, llevada a cabo a lo largo y ancho del país, en un diálogo con las mayorías excluidas de la justicia y la cosa pública. Un modo a través del cual, identifiquemos y retomemos por fin los anhelos de cambio que anidan en lo más profundo de la cotidianidad popular, y un espacio para conversar que sirva como estímulo para volver a creer en la política, de la cual el factor determinante son todas aquellas personas que han terminado excluidas del diseño del país.

 

Obligado recurso para dejar de agitar con prepotencia, el aspecto que cada proyecto político considera, debe ser el eje de la lucha en todas y cada una de las organizaciones populares y lugares. Es decir, izar los objetivos que realmente demanden todos aquellos inconformes y sectores que decimos representar. La Plataforma así tejida con lenguaje común y de calle, de mujeres y de jóvenes, podría traducirse en el programa mínimo para el cambio que denominan las organizaciones políticas.

 

Con seguridad, habrá otra diversidad de propuestas para el 2017-2018 en el debate. Bienvenidas todas, bienvenido el debate, pero dentro de un espacio y tiempo límite, para que la dilación no sea la norma que termine por imponerse. ¡Bienvenido el 2017!, pero con rectificación y cambios en el proceder social y político, para que el avance en el accionar social tenga consolidación y empiece a obtener ventaja.

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El 2017: Arranca con retos de paz mayúscula y movilización

Cada día trae su afán y también cada año. El 2017 despega en medio de la expectativa y las contradicciones e interrogantes por una paz justa. En paralelo, gana más intensidad el accionar político y social y, en todos los niveles mira con afán –en una coyuntura larga y continua– hacia el 2018.

 

Una coyuntura política, social y económica controlada y dinamizada desde los círculos del poder, afanados por sacar múltiples dividendos de la misma, lo que les garantizaría prolongar en nuestro país su poder por más décadas. Como siempre, la coyuntura electoral atomizará mucho más a los sectores populares, dividirá sus expresiones políticas, y debilitará la posibilidad –y necesidad– de una resistencia más activa y propositiva, base de la cual sería la presentación y debate abierto sobre el proyecto de país que la anima. Excusa inicial para ello sería la confrontación al gobierno, tanto por la recién aprobada reforma tributaria, como del mismo salario mínimo, dos ultrajes que afectan a la mayoría de quienes habitan el territorio llamado Colombia.

 

Para la clase en el poder, votar es el factor nuclear y tradicional de aquello que entienden por ‘democracia’, así la (re)legitiman. Así actúan y logran que el conjunto social proceda y concentre su atención, sólo y apenas alrededor de precandidatos y candidatos, sin ninguna o muy poca diferenciación. De esta manera, la confrontación directa al modelo que está haciendo trizas la vida de las mayorías.

 

Santos y su representación del poder necesita y desea, aplazar la lucha popular y el avance de la organización social. Ponerla en suspenso hasta más allá de 2018. Imponerle, hacerla cesar bajo diferentes recursos jurídicos, represivos y de un nuevo Código de Policía, así adolezca en su actual estado, de limitaciones en cuanto a su convocatoria nacional completa y en cuanto a su trascendencia como expresiones íntegras de un “poder popular”.

 

De esta manera, el 2017 tiene un primer reto frente a la distracción e inercia electoral que no arroja al día de hoy un tejido orgánico en el sentir del pueblo: urge que los sectores alternativos tengan agenda propia. Un quehacer que puede contar entre sus activos con la coyuntura electoral, sin quedar restringido o sometido a la misma, mucho menos, si con repetición, se trata de elegir el menor de los males (¿Vargas Lleras?, o la ilusión De la Calle), renunciando así, a un proyecto propio de inmediato, mediano y largo plazo.

 

Concretar este reto suena simple aunque polémico. Más aún bajo la costumbre –insensible a los dramas sociales. Reto, puesto que el atomizado entretejido político social, sin profundidad todavía en una conducción y convicción de poder y de gobierno, tiene entre sus haberes diversas agendas.

 

- Para las Farc y la expresión política que concrete en los próximos meses, su anhelo más profundo es que el Acuerdo de paz firmado con el Gobierno, se traduzcan en el eje de acción acogido por todo el conjunto social.
- El Eln, por su parte, aspira a algo parecido: que los proyectados diálogos en procura de un acuerdo que desmonte la guerra, referencien como central y con una participación diferente, las preferencias del conjunto social.
- En el caso del Polo Democrático Alternativo y otras organizaciones de “nueva estirpe” y con eje parlamentario, su motivación y razón de ser es la electoral...

 

De este modo, la dispersión de fuerzas que deberían centrarse contra el actual régimen, prosigue. Si la dispersión es tal, es porque ninguno de los actores sociales alcanza la extensión y legitimidad necesarias para enrutar las fuerzas del conjunto social contra un objetivo y directriz central. Esta es una razón. La otra puede ser, que estos actores no logran intuir ni sintonizar con los anhelos de las mayorías nacionales; sus propuestas, aunque bien intencionadas, no son las que despiertan la decisión y el fervor popular por una situación distinta.

 

Así vistas las cosas, si bien el Acuerdo firmado por las Farc es importante y contribuye a un viraje en la situación anímica de lo popular, los mismos no representan sino a una parte de la sociedad. En lo fundamental, a un sector del campesinado, de los indígenas y de las negritudes, para los cuales –tal vez– haya un poco de tierra, y muy seguramente, sí podrán legalizar alguna o buena parte de la tierra donde sobreviven, además de otros beneficios. Logros, muchos de los cuales tienen que ver con garantizar y legitimar la presencia estatal en las otrora zonas de guerra (ver “Acuerdos...” página 16).

 

En este marco –y a pesar del acuerdo de La Habana– queda vigente, la necesidad de seguir luchando por una reforma agraria integral. Reivindicación que no pierde urgencia para la vida de los empobrecidos y despojados del campo. Y también de las ciudades. Territorios en cuyo crecimiento, con una perspectiva humana, deberían ser reorganizados a partir de una visión diferente a la predominante hasta hoy, al respecto del tema del suelo, la conurbación-región, la vivienda, el alimento, el espacio público en general, el empleo, el medio ambiente, y mucho más.

 

En cuanto a la agenda de paz, aunque el Eln supera en no proyectar su exploración y conversación con el Estado por fuera de las luchas cotidianas del conjunto social –como sí mantuvieron o acordaron las Farc en la Mesa de La Habana– tal reconocimiento no asume en la práctica que la lucha por los afanes de cada día es lo que más urge a los sectores populares, los cuales desearían ver y comprobar que las temáticas estructurales ahora sí sean debatidas en la mesa de negociación. No divorciar agenda social cotidiana y mesa de negociación sería un componente sustancial para dinamizar las luchas de resistencia y el proceso reorganizativo de fuerza que debe caracterizar a los movimientos sociales.

 

Lo electoral estará ahí pero no será lo sustancial, como lo denota, una y otra vez la constante abstención que reina en el país, como también la pasividad ciudadana ante este factor de expresión institucional, así como la rabia, la desconfianza en promesas siempre incumplidas, la nulidad del voto, el hastío con los políticos profesionales, y otras manifestaciones de incredulidad en una “democracia” raquítica, insuficiente, que ahonda cada día la desigualdad social; una democracia, que como se ha dicho por mucho tiempo: es “de los mismos con las mismas” (ver “Bandera para izar”, página 20).

 

El camino y la brega por una agenda común

 

Si la dispersión adquiere el gran tamaño visto, si el deseo de liderar el accionar colectivo tiene palos atravesados en el camino y, si la abstención-participación social de la democracia realmente existente es tal y como hemos anotado, ¿qué y cómo hacer para sumar un resultado diferente en la iniciativa popular y la correlación política de fuerzas?

 

Entonces, para el 2017 proponemos, como otra de las tareas por emprender: Constituir un Bloque Popular con raíz e identidades regionales y tallar entre el conjunto social una plataforma de lucha que surja desde abajo. Para avanzar en el Bloque y su cadena de territorios, proponemos al conjunto político y social del activismo, la realización de una ¡Primera Asamblea Nacional del Campo Popular!

 

Una reunión de todos los sectores sociales y no alineados, con sus nuevos liderazgos y con vocación de lucha por un nuevo país, encarada con una agenda abierta. Deliberación y acuerdo que debe proponer como resultado fundamental, un Plan de acción común e inmediato, acordado sin hegemonías ni verticalismos. De no ser posible un acuerdo sobre este particular, deberíamos, como mínimo, dejar aprobados dos propósitos: 1) una metodología para seguir buscando una necesaria coordinación de fuerzas y, 2) unas jornadas locales de protesta que demande del gobierno corrección en su política económica, corrigiendo los simples y repetidos llamados cada año a “paro nacional” sin consecuencia alguna.

 

Este Plan de acción sería diferente a una “plataforma de lucha” elaborada con el método tradicional desde arriba –como orientación de las direcciones políticas. En contrario y como corrección, nos incumbe aportar en la concreción de una consulta nacional más allá de los intereses por la paz, llevada a cabo a lo largo y ancho del país, en un diálogo con las mayorías excluidas de la justicia y la cosa pública. Un modo a través del cual, identifiquemos y retomemos por fin los anhelos de cambio que anidan en lo más profundo de la cotidianidad popular, y un espacio para conversar que sirva como estímulo para volver a creer en la política, de la cual el factor determinante son todas aquellas personas que han terminado excluidas del diseño del país.

 

Obligado recurso para dejar de agitar con prepotencia, el aspecto que cada proyecto político considera, debe ser el eje de la lucha en todas y cada una de las organizaciones populares y lugares. Es decir, izar los objetivos que realmente demanden todos aquellos inconformes y sectores que decimos representar. La Plataforma así tejida con lenguaje común y de calle, de mujeres y de jóvenes, podría traducirse en el programa mínimo para el cambio que denominan las organizaciones políticas.

 

Con seguridad, habrá otra diversidad de propuestas para el 2017-2018 en el debate. Bienvenidas todas, bienvenido el debate, pero dentro de un espacio y tiempo límite, para que la dilación no sea la norma que termine por imponerse. ¡Bienvenido el 2017!, pero con rectificación y cambios en el proceder social y político, para que el avance en el accionar social tenga consolidación y empiece a obtener ventaja.

Publicado enEdición Nº231
Miércoles, 26 Octubre 2016 09:56

Ejercicio de Cronopolítica

Ejercicio de Cronopolítica

Caracterizar cualquier gobierno tiene un doble propósito: a) reconocer el campo de opciones establecido por la coyuntura para la toma de decisiones y, b) reconocer las restricciones que limitan ese campo de opciones. Al caracterizar el gobierno de Juan Manuel Santos es necesario tener en cuenta esta dialéctica. En la globalización es necesario atender de modo especial las condiciones internacionales en las cuales tiene que actuar el gobierno. Sobre este aspecto presento las siguientes consideraciones sobre el gobierno de Santos y de Uribe.

 

La elección de Uribe en el 2002 tuvo como horizonte el acontecimiento del 11 de septiembre de 2001. La necesidad de un castigo a quienes organizaron el acto suicida contra las torres gemelas en Nueva York, fue asumido por la ciudadanía internacional como un sencillo acto de justicia. La intervención contra el gobierno de los talibanes en Afganistán tuvo un respaldo internacional sin reservas.

 

Sin embargo, el gobierno de Bush asumió el reconocimiento como un respaldo para cometer desafueros sin antecedentes en la historia reciente. El peor de ellos fue la invasión de Iraq. Se apeló a burdas mentiras para justificar esa decisión bélica. La expectativa de alcanzar una victoria rápida y un control político de largo plazo en Oriente Medio no se cumplió, y en un lapso relativamente breve el gobierno se empantanó con esa aventura.

 

Así las cosas, lo que fue un respaldo internacional casi unánime se convirtió en un rechazo creciente. El campo de opciones creado por el acontecimiento del 11 de septiembre paulatinamente se fue transformando en un campo de restricciones. El gobierno de Bush, en esas condiciones, tuvo que enfrentar sin éxito la crisis de la burbuja inmobiliaria de 2007 y el efecto en cadena que afectó todo el sistema financiero norteamericano, expandiéndose hasta la comunidad económica europea en el 2010.

 

Los republicanos perdieron la confianza de los norteamericanos, situación que derivó en el relevo presidencial. Los demócratas, contra todos los pronósticos, ganaron con un candidato de raza negra, gobierno de nuevo tinte que tuvo que enfrentarse a una crisis sistémica sin antecedentes. La guerra contra el terrorismo heredada de Bush, se convirtió en un lastre de difícil superación en el corto plazo. Las medidas extremas de carácter económico tomadas por Bush también pesaron como un yunque que le colgó a Obama restricciones muy fuertes para desarrollar su política.

 

Por último, así como el 11 de septiembre de 2001 fue un punto de inflexión en la política internacional, el 15 de abril del 2010 se produce otro punto de inflexión. Ese día colapsó en el Golfo de México la plataforma petrolera llamada “Macondo”, acontecimiento sin antecedentes en la historia de la humanidad, y de consecuencias hasta ahora impredecibles, que desbordó al gobierno de Obama y a la British Petroleum, propietaria de ese complejo de explotación petrolera.

 

Sucesos, políticas globales y locales, crisis e intentos de recuperación, todos los cuales van conjugando un sentimiento de impotencia que se apodera de los norteamericanos. El éxito como experiencia valorativa fundamental en es cultura está en crisis, situación que aprovechan los republicanos. Sara Palin, su candidata a la vicepresidencia en la campaña del 2008, levanta la bandera del racismo y la xenofobia y llama a recuperar el orgullo de potencia hegemónica.

 

 

Los republicanos, directos responsables de esta crisis, se presentan entonces como salvadores y en la lógica de buscar un chivo expiatorio convierten el asunto de la inmigración en un problema que puede profundizar la crisis sistémica en curso. La problemática de los migrantes puede llegar a tocar las premisas mismas de la nación norteamericana al actualizar acontecimientos que se daban por definitivamente clausurados, como las anexiones de territorios de México llevadas a cabo en el siglo XIX.

 

Sucesos que no pasan sin dejar huella social. Por ejemplo, la crisis económica empobreció a millones de norteamericanos, desatando un crecimiento acelerado de la delincuencia y el consumo de sustancias sicotrópicas. Con coletazos. La política republicana de guerra contra el narcotráfico se tornó irrelevante. En este contexto, el informe de los expresidentes Zedillo, Gaviria y Cardozo sobre el narcotráfico, adquiere una importancia sin antecedentes.

 

Un forastero en la casa

 

Esta dinámica macro engloba el proceso político colombiano de lo que podemos llamar el intervalo Uribe, quien en el 2002 logró canalizar los sentimientos de impotencia y de rabia por el colapso de los esfuerzos de paz en el Caguán. Fue así como Uribe Vélez pasó de ser un candidato marginal, apoyado por sectores de extrema derecha con nexos con las autodefensas, a convertirse en presidente.

 

Triunfo con claras consecuencias. Las Farc fueron responsabilizadas por el fracaso del Caguán, y de insurgentes con finalidades políticas pasaron a ser caracterizados como terroristas puros. El pulso de ocho años entre el gobierno de Uribe y la dirección de las Farc gravitó como asunto decisivo en las decisiones gubernamentales. El grupo uribista fue paulatinamente mostrando una pretensión inesperada: restaurar las formas culturales, sociales y políticas que acompañaron el proceso centenario de la Constitución de 1886; tarea restauradora que llevó a la primera reelección, e intentar una segunda reelección. En sus presupuestos temporales el uribismo se planteó un proceso que debía prolongarse hasta el año 2019 para culminar la tarea de desmontar la Constitución de 1991.

 

Los desafueros de tal Gobierno, guardadas las especificidades nacionales, son del mismo tipo que las llevadas a cabo por Bush. En el caso criollo, el cristalizado más evidente de esos desafueros fue la creación de lo que algunos llamaron la formación de un para-estado, para acallar toda oposición. Pero así como en Norteamérica la lucha contra el terrorismo se fue convirtiendo en razón de los abusos totalitarios, un verdadero campo de restricciones a las libertades individuales y derechos colectivos, así también sucedió en Colombia.

 

Uribe, que había logrado modificar la Constitución para hacerse reelegir en el 2006, fracasó en su intento de imponer una segunda reelección: 2010-2014. En el debate electoral, el candidato del uribismo, el actual presidente Juan Manuel Santos, tuvo que enfrentar una dura crítica del legado de su antecesor. En el curso de la campaña se creó una situación política que puso en peligro su elección. La llamada ola verde mostró un horizonte distinto para la ciudadania, pero ese acontecimiento no pudo transformarse en opción de gobierno. Antanas no tuvo la pericia política de Obama.

 

El candidato uribista y hoy presidente, Juan Manuel Santos, logró superar la amenaza creada por la ola verde. Santos entendió que el deslinde respecto del gobierno de Uribe tenía como premisa las nuevas condiciones internacionales. En su propuesta de gobierno redujo a un segundo plano la lucha contra el terrorismo, resaltando como idea fuerza de su futuro gobierno la búsqueda de la prosperidad económica, teniendo en cuenta los recursos de la bonanza minera. Uribe confrontó a Santos, planteando que las Farc representaban el mayor peligro terrorista para la seguridad continental, y acusó al gobierno de Chávez de ser aliado de esa guerrilla y del Eln.

 

Santos, una vez posesionado, puso en marcha una política internacional de distancia frente a la doctrina de Bush, e incluso del gobierno de Obama. Tomó dos decisiones de fondo: recomponer las relaciones diplomáticas con el gobierno de Chávez, y adelantar su primera gira internacional por Europa. En su reciente intervención ante la ONU, planteó un protagonismo estatal en política internacional sin antecedentes en la historia reciente del país.

 

Tener en cuenta tales hechos era indispensable para poder establecer las opciones y restricciones del aún Gobierno Santos y, en consecuencia, poder definir con mayor precisión sobre cuales asuntos ejercer la oposición y las políticas por respaldar.

 

Septiembre de 2010

 

Enero 9 de 2012, retomo el ejercicio de cronopolítica. En el curso del año 2011, el expresidente Uribe y su grupo asumieron que Juan Manuel Santos los traicionó, valoración que muestra el carácter primitivo de la llamada doctrina uribista. En los últimos días del año 2010, el calificativo de traidor adquirió vehemencia especial. El personaje encargado de sostener tal acusación fue el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo.

 

Los uribistas consideran que la política global sigue funcionando con arreglo a la lógica impuesta por el expresidente Bush después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. La doctrina uribista, como la califica José Obdulio Gaviria, es incapaz de captar y valorar los contundentes acontecimientos en curso: la llamada Primavera Árabe, el surgimiento de los indignados en España, la profundización de la crisis económica en Europa, el movimiento ocupa Wall Street en Estados Unidos y las movilizaciones y paros generales en Inglaterra, Portugal e Italia.

 

Esta falta de visión frente a los hechos es altamente significativa y la oposición, que de allí se deriva al gobierno de Santos, está destinada al fracaso. Situación altamente preocupante para quienes pertenecemos al Polo, no por la ceguera de los uribistas, sino por la que evidenció una y otra vez, la dirección del PDA, con una incompetencia total en el ejercicio de la oposición. Los resultados de las elecciones lo dejaron en una situación de extrema debilidad. Sin embargo, en el discurso se afirma que todo se debe a una conspiración contra el Polo. No existe una sola línea escrita por esa dirección que busque avanzar en una valoración sensata de lo ocurrido, y de las tareas por emprender. La convocatoria del Comité Ejecutivo a la Conferencia Programática es de una pobreza insuperable. Se requiere, pues, un cambio de rumbo, y la conferencia programática y el posterior Congreso del Polo son dos escenarios para producirlo. Pero es necesario un horizonte distinto al propuesto por el Comité Ejecutivo.

 

Septiembre 1 de 2012

 

El 26 de agosto el Gobierno y las Farc-ep firmaron un documento guía para iniciar conversaciones en busca de la paz. El título: “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera". La noticia, si bien sorpresiva, resulta inteligible si se tienen en cuenta las decisiones políticas tomandas por el presidente Santos. Los uribistas han levantado el fantasma del Caguán.

 

 

 

 

Febrero 6 de 2016

 

Los presidentes Santos y Obama celebraron los quince años del Plan Colombia, acordado por Clinton y Pastrana en 1999. Era el momento político más singular de la historia contemporánea. Manuel Marulanda Vélez, jefe histórico de las Farc, había sido una persona definitiva en la elección del presidente Andrés Pastrana. El proyecto de una solución negociada al conflicto armado y la perspectiva de la paz había volcado el respaldo ciudadano a favor de Pastrana. La consecuencia de ese acontecimiento político fue la negociación del Caguán. La negociación fracasada se resolvió cuatro años después con la elección de Álvaro Uribe.

 

Para entonces (septiembre de 1998) Álvaro Vásquez, dirigente del Partido Comunista, escribió un documento titulado: “Sobre el conflicto armado y su solución política” (borrador de trabajo) y con un subtítulo: “En la antesala del Caguán”, el cual es pertinente retomar con el favor del paso del tiempo.

 

El autor enfoca, desde la teoría política de Marx y Lenin, los posibles desenlaces de esa negociación. Sobre la salida política anotó: “No se parte de cero. Ya la burguesía ha recorrido, bajo la presión múltiple de la opinión, del crecimiento de la guerrilla y de los repetidos fracasos de los cuerpos militares, un contradictorio camino que ha desembocado en la conveniencia de la negociación. A su vez, un sector de la clase dominante considera que es posible hacer determinadas concesiones”. Y agregaba: “De allí que hayan surgido sobre todo propuestas de financiación de la paz. Fondos de paz, ayudas de gobiernos amigos, colaboración de las Naciones Unidas, nuevo Plan Marshall para Colombia, etcétera, son algunas muestras de la preocupación de ciertos dirigentes empresariales y estatales con vistas a las soluciones sociales. Pero todas ellas tienen una intención contrainsurgente. Sin condenar esas iniciativas, lo principal hay que buscarlo en la calidad de los posibles acuerdos en cuanto a los cambios políticos incluyendo la propia política económica del sistema”.

 

Reconocidas esas condiciones generales de la negociación, en un parágrafo titulado: “Opciones del movimiento armado”, escribió lo siguiente: “Sintetizando sus opciones podrían concretarse las siguientes:

 

a) priorizar la lucha armada y avanzar por esa vía como única opción.
b) consolidar el dominio de determinadas zonas que sirvan de bases territoriales a una larga confrontación.
c) buscar un acuerdo con el sistema para arrancarle en esta etapa, determinadas posiciones y logros”.

 

Decía sobre cada una de las opciones, y lo que llamó modelos que las sustentaban, lo siguiente: “El primero es el modelo cubano; el segundo (una forma a mayor plazo y en varios periodos del primero) es el modelo chino o vietnamita; el tercero se asemeja a los modelos surafricano o centroaméricano”.

 

¿Cuál de esas opciones asumir? La decisión, sostenía, “[...] sólo puede ser el resultado de un análisis maduro que rebase los enfoques militares y tenga en cuenta el porvenir de todo el movimiento popular, como las condiciones nacionales y externas”.

 

Establecidas estas premisas, planteó lo siguiente sobre la primera opción: (priorizar la lucha armada y avanzar por esa vía como única opción): “En nuestra experiencia, el movimiento armado, que cuenta con un largo periodo de desarrollo, y que ha pasado por diferentes etapas, incluyendo las negociaciones, los ceses de fuego, las treguas, etcétera, aún cuando ha tenido avances cada vez más significativos, está lejos de un desenlace definitivo inmediato. Tampoco puede decirse que ha logrado imponer un poder revolucionario completo en un determinado territorio, como el de las zonas liberadas en Vietnam, o las llamadas zonas fronterizas de la revolución china. En cambio, la experiencia colombiana se caracteriza por su duración y por la extensión del conflicto a prácticamente todo el territorio nacional, lo que la diferencia de otras formas, incluyendo la cubana.

 

En la prolongación del enfrentamiento actual es necesario tener en cuenta, además de las aspiraciones revolucionarias, otros factores. Uno de ellos es la fatiga de la población por la confrontación. Otro es la dificultad para atraer a las posiciones políticas de la lucha armada a diversos sectores progresistas. La influencia política del movimiento guerrillero no avanza en la proporción en que sería necesario para tender un puente sólido entre las guerrillas y el resto de la población. Está bastante generalizada la tesis de que la lucha social y política no tiene que ver con la armada. Es decir, hay un cierto grado de distanciamiento de las luchas sociales del movimiento guerrillero. Mientras las guerrilla decretó la abstención, no sólo aumentó la votación sino que la repercusión de una tal actitud no fue significativa”.

 

Sobre la segunda opción, señaló: “En cuanto al modelo chino-vietnamita, caracterizado por la dominación creciente de un territorio importante, exigiría que la organización guerrillera pasara a crear la base de poder en tal territorio, realizar una reforma agraria decidida por los campesinos, se establecieran órganos de poder y se elaborara una estrategia para defender las posiciones territoriales, organizando dentro de sus fronteras la vida social y laboral. Una tal variante implicaría un enorme gasto de energías tanto militares como políticas”. Y concluía: “Esta formulación tiene varios puntos débiles: implicaría un difícil equilibrio con el poder nacional, que trataría de hegemonizar la situación; dependería también de la financiación nacional en lo fundamental; estaría expuesta a los cambios políticos generales; y seguramente que no tendría capacidad de expansión y de arraigo permanente. En la práctica, congelaría un determinado momento de la situación, cuyo cumplimiento y respeto serían inviables para el gobierno y las guerrillas”.

 

La tercera opción se presentaba así: “La negociación en las condiciones actuales, podría lograr posiciones y beneficios democráticos, avances en la integración del poder, reconstrucción del movimiento obrero y popular, desarrollo y fortalecimiento de la alianza progresista, diversificación de la organización en todos sus aspectos y acumulación de fuerzas para nuevos desarrollos revolucionarios. Desde luego sería necesario un nivel de seguridad y garantías para los cuadros revolucionarios y modificaciones estructurales del ejército y la policía”. Y agregaba: “El proyecto político de una salida democrática y popular a la crisis nacional no podrá lograrse en Colombia, en ésta etapa, por la sola acción del movimiento guerrillero. Tal proyecto implica la acción de masas en todas sus posibilidades, las alianzas de los diversos frentes de la lucha social y revolucionaria, el surgimiento de un tipo de organización popular, cualquiera sea el nombre que se le dé, que trabaje con un programa de profundos cambios y que logre atraer a la lucha a las masas en su conjunto”. En conclusión decía: “Por eso, parece más racional y efectiva una formulación que mantuviera la idea de la pluralidad de poder en nuevas condiciones de amplitud democrática y que permitiera a los sectores obreros y populares luchar en el futuro por posiciones y hegemonía en el conjunto nacional”.

 

Clausurada la experiencia del Caguán, esta elaboración conceptual muestra cómo la opción que se impuso y fracasó fue la de un incipiente modelo vietnamita o chino de cerco de la ciudad por el campo.

 

Ahora que la élite celebra los quince años del Plan Colombia, tenemos que esa conmemoración se presenta al mismo tiempo como la condición de un nuevo plan que Obama llamó “Paz Colombia”. Es una situación parecida a la presentada al inicio de la negociación en el Caguán, cuando se hablaba de una especie de Plan Marshall para la paz, pero ahora como remate de un proceso de negociación exitoso.

 

Esta declaración de Obama hay que valorarla desde una visión retrospectiva de la política exterior de los Estados Unidos, y del modo como ella ha influido en el diseño de la política exterior de los gobiernos colombianos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Truman presidente de los Estados Unidos y Churchill, primer ministro de Inglaterra, declararon la llamada Guerra fría. El asesinato de Gaitán (9 de abril de 1948) se interpretó en clave de Guerra Fría: una conspiración del comunismo internacional. La participación del ejército colombiano en la guerra de Corea (1950-1952) fue una consecuencia del alineamiento del gobierno de Laureano Gómez con la política exterior norteamericana.

 

El acontecimiento de la caída de Batista (31 de diciembre de 1959) y la instalación de un gobierno dirigido por Fidel Castro en Cuba, llevó al presidente Eisenhower a una política de intervención que fue avalada por los gobiernos del Frente Nacional (1958-1974). La guerra contra las drogas declarada por Nixon llevó a la fundación de la DEA en 1973, agencia federal que terminaría por convertirse en un recurso intervencionista en la definición de la política del gobierno colombiano. El último movimiento de ese proceso histórico fue el alineamiento del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) con el de Bush (2000-2008) y su guerra contra el terrorismo.

 

El gobierno de Barack Obama (2008-2016) desarrolló los lineamientos de una nueva política exterior de los Estados Unidos. En ese diseño, el cierre del ciclo de la Guerra Fría es un propósito que tiene en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, su punto culminante. Asimismo, el gobierno de Obama planteó que el daño causado por los actos terroristas no puede asumirse como actos de guerra. El terrorismo es un tema de inteligencia, de policía y de intervenciones militares acotadas. La política de guerra contra las drogas está siendo revaluada.

 

La clausura de esas tres políticas de guerra: contra las drogas, contra el terrorismo y contra el comunismo, es un proceso gubernamental que todavía no se constituye en política del Estado norteamericano, pero que crea un campo de opciones privilegiadas en el desarrollo de las negociaciones para la terminación del conflicto armado en Colombia. La clausura de esas tres guerras crea premisas inéditas para la tarea de construcción de una paz estable y duradera en nuestro país, con el impacto que ese hecho tendrá para todo el continente americano.

 

 

 

 

Octubre 2 de 2016

 

El No gana el plebiscito contra todos los pronósticos. ¿Y qué se hace en esos casos? Esta fue la pregunta de un joven pariente en una reunión familiar. ¿A quién echarle la culpa y a quién atribuirle la victoria? Claro: a Santos y a Uribe.

 

Aquí es necesario que recordemos algunos acontecimientos. El expresidente Uribe decidió, desde que fue público el inició de la negociación con las Farc, enfrentar con beligerancia esa opción. Su tesis central –ampliamente difundida y conocida por cualquier persona con una mínima información del proceso en Colombia y en el exterior–, sostenía que no debía negociarse con bandidos y narcotraficantes. La tarea del ejército era eliminarlos y esa tarea estaba prácticamente cumplida cuando él respaldó a Juan Manuel Santos para que lo reemplazara en la presidencia. La iniciativa de negociar para superar el conflicto armado, y construir una paz estable y duradera, la presentó como una traición y una entrega de la república a un enemigo a punto de ser eliminado.

 

Esa retórica la mantuvo durante los primeros dos años de la negociación, pero luego fue matizando su postura. Uribe comenzó a pregonar que él también quería la paz y que quienes lo acompañaban eran amigos de la paz pero no a cualquier costo. El viraje fue cristalizando en la tesis de que la negociación era un tratado de concesiones inadmisibles a las Farc. La razón de esas concesiones inconcebibles era el deseo insensato del Presidente de pasar a la historia o de ganarse el Premio Nobel de Paz, y esa debilidad presidencial era hábilmente manipulada por los jefes de las Farc, a quienes calificaba del mayor cartel de narcotraficantes. Luego enriqueció su retórica con el pronóstico de una inminente sustitución de la democracia por el castrochavismo. En los días en que el acuerdo, producto de las negociaciones, llegaba a su elaboración final, incorporó en el arsenal de sus alegatos que la ideología de género y la homosexualidad se convertirían en política de estado, maltratando los sentimientos religiosos de las diferentes iglesias y cambiando la definición eterna de la familia.

 

El partido de Uribe, el Centro Democrático, asumió esa retórica con una vehemencia y una perseverancia sorprendente. En las semanas que precedieron al 2 de octubre, día de las elecciones, agregó a su retórica que en los acuerdos se establecía una policía política y una justicia parcializada para perseguir a la “gente de bien”. La jurisdicción especial para la paz se caracterizó como un golpe de estado a la Constitución de 1991, y así lo proclamó el expresidente Andrés Pastrana quien se sumó al uribismo. El compromiso con la verdad, la justicia y la reparación que sostiene la jurisdicción especial, fue tergiversada por el uribismo y presentada como una herramienta policíaca contra las libertades ciudadanas. Al final, el alegato de Uribe y de sus seguidores, concluyó en que el acuerdo era un contrato entre los jefes guerrilleros de las Farc y un señor llamado Juan Manuel Santos, en consecuencia un papel sin valor ninguno. Las personalidades políticas y los representantes de las instituciones que asistieron en Cartagena a la firma del acuerdo, contemplaban desconcertados las declaraciones de los uribistas y con discreción de huéspedes evadían un juicio negativo y saludaban con esperanza el casi seguro triunfo del Sí en el plebiscito.

 

La valoración del acuerdo como un acontecimiento espurio fue asimilado por sectores que durante el periodo 2014-2017 se sintieron lesionados con la política económica del presidente Santos: los campesinos paperos, los cafeteros agrupados en dignidad cafetera, los camioneros que sostuvieron un paro durísimo, los taxistas que rechazan el servicio Uber y que asumieron que serían expropiados para beneficiar a guerrilleros desmovilizados, los pequeños y medianos propietarios que creyeron que iban a ser sometidos a una expropiación por la dictadura castrochavista que seguiría después de firmado el acuerdo.

 

La derrota del Sí, fue alimentada por las mentiras del expresidente Uribe y por el malestar de quienes sintieron que el presidente Juan Manuel Santos no atendía sus intereses y, al contrario, los lesionaba. El triunfo de Uribe parece inexplicable pero existen antecedentes de líderes como él. Hanna Arend en un texto titulado La mentira en política. Reflexiones sobre los documentos del Pentágono, planteó la siguiente tesis: “El mentiroso que puede salir adelante con cualquier número de mentiras individualizadas, hallará imposible imponer la mentira como principio. Esta es una de las lecciones que cabe extraer de los experimentos totalitarios y de la aterradora confianza que los líderes totalitarios sienten en el poder de la mentira, en su habilidad, por ejemplo, para reescribir la Historia una y otra vez con objeto de adaptar el pasado a la “línea política” del momento presente o para eliminar datos que no encajan en su ideología”.

 

La experiencia que estamos viviendo en Colombia con un personaje como Álvaro Uribe, muestra que el experimento que él intentó en sus dos gobiernos, y que ahora nos presenta como la opción frente al acuerdo, es de una gravedad extrema.

 

Retornemos a la pregunta de nuestro joven pariente: ¿Qué se puede hacer en estos casos? Movilizarse y promover la discusión democrática para impedir que la mentira en la política se consolide como principio. Esa tarea es condición para poder defender el acuerdo logrado y para asumir con alegría la obra de construir una paz estable y duradera con verdad, justicia y reparación. Afortunadamente la coyuntura internacional nos es favorable. El interés que hoy existe sobre el futuro del proceso de paz en Colombia está vinculado con la posibilidad de clausurar un conjunto de guerras hoy agotadas.

 

En la sociedad planetaria en proceso de configuración es posible decir No a la Guerra Fría y Sí a la diplomacia entre los Estados para resolver los conflictos. No a la guerra contra las drogas y Sí a políticas de salud pública que prevengan y reparen el daño que causan las adiciones. No a la guerra contra el terrorismo y Sí a políticas de seguridad humana que neutralicen los atentados de terrorista desesperados que se proclaman mártires.

Lunes, 29 Agosto 2016 18:55

El día que ya llegó

El día que ya llegó

Por estos días la discusión de todos los mentideros políticos es sobre el plebiscito: gana el no, gana el sí. En las reuniones de activistas y todos sus órdenes del día. Si triunfa uno y otro, ¿qué podría suceder en el país?, ¿quién tendrá beneficia en mayor medida, de uno u otro voto definitivo?, y cómo podría continuar el proceso de negociación, etcétera. Es un debate sensato, pero falto de una lectura del presente, con las proyecciones de los tiempos que corren; más allá de cada uno, y de los afanes que tenemos como sociedad.

 

Desde hace meses, los actores sociales, los movimientos de diferente matiz, y los partidos inclinados por el cambio, más allá de si gana una u otra opción –claro, tal voto matiza algunas posibilidades y proyecciones–, están ante un conjunto de retos de cómo actuar para responderle al país. Un escenario en el que los principales actores deberían ser los sectores populares, con propuestas para unir a su alrededor al conjunto social. Sí, un primer reto del nuevo tiempo en que ingresa Colombia: La participación cada vez más denodada y vital de sus mayorías, por décadas silenciosas o silenciadas, por décadas excluidas, por décadas –¿siglos?– desconocidas.

 

Participación que debe estar, cada vez más, marcada y determinada por su autonomía y sus sueños. Sabiendo que los actores políticos acompañan pero no determinan. Señalan caminos pero no amarran a los protagonistas. Proponen pero no deciden, conversan pero no imponen. Con estos límites, autonomía y manejo de una ruta para alcanzar los sueños, sería el segundo reto. El de un nuevo ejercicio de la política.

 

Proyección y cambio que también implica tratar de dialogar, con frescura y mente abierta, con las nuevas generaciones. Esas, que contrario a lo que dicen y repiten unos y otros discursos, en las grandes ciudades –“que por generaciones en Colombia nunca hemos vivido un día sin guerra”–, precisamente, por la ternura de sus vidas, nunca han conocido un día de guerra. No la han padecido. Sólo saben de sus impactos, por los reportes de los informativos. Conocen, sí, la inseguridad, la violencia en sus territorios.

 

Sobretodo y en lugares crecientes, controlados por bandas que cada vez parecen más mafias –protegidas en bastantes ocasiones, por aparatos del Estado que encontraron en esas presencias de micro-poderes, una vía para la atomización y el control social– ambiente que no es igual al de la bruma oscura de una guerra.

 

Y en ese diálogo y encuentro, marcado por acciones conjuntas, deben extender puentes para el relacionamiento con las otras generaciones, con sus franjas de politizados y despolitizados. De este modo, a través de un diálogo de saberes, quizá surjan los referentes fundamentales por los cuales batirse, unos y otros, en un batallar por el país de todos/as. Este es el tercer reto.

 

¿Cómo ven esas nuevas generaciones su presente –de todos, y el suyo propio–, y cómo el futuro? ¿Por qué a un sector amplio de las nuevas generaciones –15 millones de connacionales– no les interesa la política ni les angustia el asunto del poder? Tendrá que ver, ¿con su repudio a la falta de ética entre unos y otros actores de la política? Rechazarán con su indiferencia, ¿la falta de consecuencia entre palabra y acción? O, saben que la democracia es un decir sin piso real y que ¿el voto es un ejercicio formal? O mejor, ¿respirarán su indiferencia producto de una escuela desmotivadora –no de acción docente sino porque los planes de estudio así lo determinan?

 

Al responder estos y otros interrogantes, los sujetos políticos, líderes de todos los colores, no pueden pretender que tienen respuesta para todo, y que marcan todos los caminos y fronteras para el quehacer diario, presente y futuro de la sociedad. Un nuevo signo de los tiempos, radica precisamente; en saber darle un espacio a la acción espontánea y a la conjunción de fuerzas y sueños, extrayendo de cada acción las lecciones pertinentes. La política y sus programas abiertos al debate diario, sin temor al cambio, de ser necesario. Este es el cuarto reto.

 

No cabe pues, entonces, la homogenización en los nuevos tiempos que corren, y contra tal posibilidad se rebelan, una y otra vez, las nuevas generaciones. Comprender y actuar de acuerdo a este axioma es el quinto reto. Comprensión que indica, claramente, que cultura y política van de la mano.

 

Este otro axioma, desde siempre presente en la acción de Estado, recordado una y otra vez por la sociología y otras ramas del saber humano, indica que la condición básica para diseñar y llevar a la cabeza de una sociedad un proyecto cualquiera, pasa por la comprensión de las energías vivas de esa misma sociedad. No puede existir un proyecto político en su totalidad pre-elaborado. Pues de ser así, significaría que sus actores pretenden meter en un costal a la sociedad, llevarla a uno u otro lado, porque así lo dictan sus paradigmas. El éxito, obliga algo contrario: vaciar al proyecto político, a todos los identificados con el mismo, en el conjunto social, para que logren identificación con las mayorías, a partir de saber leer sus necesidades, anhelos y disposiciones.

 

En lo dicho no hay nada nuevo. Así fue identificado desde hace décadas por diferentes dirigentes políticos. Más el aspecto nuevo acá, no por novedoso, es que en Colombia parece que distintos actores olvidaron(mos), precisamente, que el accionar político es al mismo tiempo, como ya está dicho, un proceder cultural. Y de no recordar –no podrá entenderse– que precisamente, con el nuevo tiempo en que está entrando el país, es necesario resaltar, con fuerza, otras formas de hablar y de comunicar, otras iconografías, otras lógicas de la política. Hay que buscar y lograr sintonía con el país real.

 

Venza el sí o el no en el plebiscito, más allá de eso, desde ahora –tal vez con retardo– hay que ir tras una conexión con el país nacional, con las mayorías. Tal propósito será infructuoso, sin partir de nuevas comprensiones, referentes y formas de comunicar. Este es el sexto reto.

 

En estas nuevas circunstancias de la política, el Estado y el gobierno aparecen como referente sustancial, pero, los planos social, comunitario, territorial, deben estar presentes con mayor fuerza en cada acción, ojalá, marcando la pauta fundamental de los nuevos quehaceres en pro de un país por renacer.

 

Por decirlo de otra manera, el Estado y el gobierno, en una perspectiva de dualidad de poderes, está ahí en la lucha diaria, en cada acción. Proceder y dualidad a pensar y abordar no solo el día después de la caída de La Bastilla. Hay que proceder sin temor ante los requisitos y la necesidad de cambio.

 

A nuevos tiempos nuevos métodos y nuevas acciones. Este es el séptimo reto. Seguramente habrá muchos otros. Identificarlos es sustancial para que el cambio de los tiempos no signifique ni el enterramiento ni la derrota de los sueños y de la esperanza.

Publicado enColombia
Sábado, 27 Agosto 2016 14:54

El día que ya llegó

El día que ya llegó

Por estos días la discusión de todos los mentideros políticos es sobre el plebiscito: gana el no, gana el sí. En las reuniones de activistas y todos sus órdenes del día. Si triunfa uno y otro, ¿qué podría suceder en el país?, ¿quién tendrá beneficia en mayor medida, de uno u otro voto definitivo?, y cómo podría continuar el proceso de negociación, etcétera. Es un debate sensato, pero falto de una lectura del presente, con las proyecciones de los tiempos que corren; más allá de cada uno, y de los afanes que tenemos como sociedad.

 

Desde hace meses, los actores sociales, los movimientos de diferente matiz, y los partidos inclinados por el cambio, más allá de si gana una u otra opción –claro, tal voto matiza algunas posibilidades y proyecciones–, están ante un conjunto de retos de cómo actuar para responderle al país. Un escenario en el que los principales actores deberían ser los sectores populares, con propuestas para unir a su alrededor al conjunto social. Sí, un primer reto del nuevo tiempo en que ingresa Colombia: La participación cada vez más denodada y vital de sus mayorías, por décadas silenciosas o silenciadas, por décadas excluidas, por décadas –¿siglos?– desconocidas.

 

Participación que debe estar, cada vez más, marcada y determinada por su autonomía y sus sueños. Sabiendo que los actores políticos acompañan pero no determinan. Señalan caminos pero no amarran a los protagonistas. Proponen pero no deciden, conversan pero no imponen. Con estos límites, autonomía y manejo de una ruta para alcanzar los sueños, sería el segundo reto. El de un nuevo ejercicio de la política.

 

Proyección y cambio que también implica tratar de dialogar, con frescura y mente abierta, con las nuevas generaciones. Esas, que contrario a lo que dicen y repiten unos y otros discursos, en las grandes ciudades –“que por generaciones en Colombia nunca hemos vivido un día sin guerra”–, precisamente, por la ternura de sus vidas, nunca han conocido un día de guerra. No la han padecido. Sólo saben de sus impactos, por los reportes de los informativos. Conocen, sí, la inseguridad, la violencia en sus territorios.

 

Sobretodo y en lugares crecientes, controlados por bandas que cada vez parecen más mafias –protegidas en bastantes ocasiones, por aparatos del Estado que encontraron en esas presencias de micro-poderes, una vía para la atomización y el control social– ambiente que no es igual al de la bruma oscura de una guerra.

 

Y en ese diálogo y encuentro, marcado por acciones conjuntas, deben extender puentes para el relacionamiento con las otras generaciones, con sus franjas de politizados y despolitizados. De este modo, a través de un diálogo de saberes, quizá surjan los referentes fundamentales por los cuales batirse, unos y otros, en un batallar por el país de todos/as. Este es el tercer reto.

 

¿Cómo ven esas nuevas generaciones su presente –de todos, y el suyo propio–, y cómo el futuro? ¿Por qué a un sector amplio de las nuevas generaciones –15 millones de connacionales– no les interesa la política ni les angustia el asunto del poder? Tendrá que ver, ¿con su repudio a la falta de ética entre unos y otros actores de la política? Rechazarán con su indiferencia, ¿la falta de consecuencia entre palabra y acción? O, saben que la democracia es un decir sin piso real y que ¿el voto es un ejercicio formal? O mejor, ¿respirarán su indiferencia producto de una escuela desmotivadora –no de acción docente sino porque los planes de estudio así lo determinan?

 

Al responder estos y otros interrogantes, los sujetos políticos, líderes de todos los colores, no pueden pretender que tienen respuesta para todo, y que marcan todos los caminos y fronteras para el quehacer diario, presente y futuro de la sociedad. Un nuevo signo de los tiempos, radica precisamente; en saber darle un espacio a la acción espontánea y a la conjunción de fuerzas y sueños, extrayendo de cada acción las lecciones pertinentes. La política y sus programas abiertos al debate diario, sin temor al cambio, de ser necesario. Este es el cuarto reto.

 

No cabe pues, entonces, la homogenización en los nuevos tiempos que corren, y contra tal posibilidad se rebelan, una y otra vez, las nuevas generaciones. Comprender y actuar de acuerdo a este axioma es el quinto reto. Comprensión que indica, claramente, que cultura y política van de la mano.

 

Este otro axioma, desde siempre presente en la acción de Estado, recordado una y otra vez por la sociología y otras ramas del saber humano, indica que la condición básica para diseñar y llevar a la cabeza de una sociedad un proyecto cualquiera, pasa por la comprensión de las energías vivas de esa misma sociedad. No puede existir un proyecto político en su totalidad pre-elaborado. Pues de ser así, significaría que sus actores pretenden meter en un costal a la sociedad, llevarla a uno u otro lado, porque así lo dictan sus paradigmas. El éxito, obliga algo contrario: vaciar al proyecto político, a todos los identificados con el mismo, en el conjunto social, para que logren identificación con las mayorías, a partir de saber leer sus necesidades, anhelos y disposiciones.

 

En lo dicho no hay nada nuevo. Así fue identificado desde hace décadas por diferentes dirigentes políticos. Más el aspecto nuevo acá, no por novedoso, es que en Colombia parece que distintos actores olvidaron(mos), precisamente, que el accionar político es al mismo tiempo, como ya está dicho, un proceder cultural. Y de no recordar –no podrá entenderse– que precisamente, con el nuevo tiempo en que está entrando el país, es necesario resaltar, con fuerza, otras formas de hablar y de comunicar, otras iconografías, otras lógicas de la política. Hay que buscar y lograr sintonía con el país real.

 

Venza el sí o el no en el plebiscito, más allá de eso, desde ahora –tal vez con retardo– hay que ir tras una conexión con el país nacional, con las mayorías. Tal propósito será infructuoso, sin partir de nuevas comprensiones, referentes y formas de comunicar. Este es el sexto reto.

 

En estas nuevas circunstancias de la política, el Estado y el gobierno aparecen como referente sustancial, pero, los planos social, comunitario, territorial, deben estar presentes con mayor fuerza en cada acción, ojalá, marcando la pauta fundamental de los nuevos quehaceres en pro de un país por renacer.

 

Por decirlo de otra manera, el Estado y el gobierno, en una perspectiva de dualidad de poderes, está ahí en la lucha diaria, en cada acción. Proceder y dualidad a pensar y abordar no solo el día después de la caída de La Bastilla. Hay que proceder sin temor ante los requisitos y la necesidad de cambio.

 

A nuevos tiempos nuevos métodos y nuevas acciones. Este es el séptimo reto. Seguramente habrá muchos otros. Identificarlos es sustancial para que el cambio de los tiempos no signifique ni el enterramiento ni la derrota de los sueños y de la esperanza.

Publicado enEdición Nº227
“La edificación de la paz es una construcción social”

El ritmo de la actual coyuntura social y política en Colombia, leída a través de los ojos de uno de los líderes nacionales que con más convicción se ha jugado por el buen desarrollo de los diálogos que tienen asiento en La Habana.

 

Cuatro años atrás, en marzo del año 2012, cuando El Polo Democrático Alternativo (PDA) estaba a las puertas de su Conferencia Ideológica, Iván Cepeda atendió una solicitud de entrevista de este mismo periódico, faltaban aún cinco largos meses para que las conversaciones para un posible proceso de paz, adelantadas de manera discreta, fueran anunciadas públicamente el 26 de agosto.

 

Aquel 21 marzo del 2012, Iván Cepeda nos dijo: Sin resolver el problema de la guerra en Colombia, el problema de la solución política, de las reformas necesarias, difícilmente podremos avanzar en temas de democratizar el país [...]. El proceso de democratización del país, el proceso de respeto pleno a los derechos humanos, requiere que resolvamos el conflicto armado.

 

Tres meses después, en junio, en conversación para el mensuario Le Monde Diplomatique edición Colombia, Iván afirmó: El tema político central de la coyuntura política nacional es saber si en Colombia habrá en los próximos meses y años un proceso de solución política del conflicto armado. Creo que ese es el núcleo en el que convergen muchísimos de los problemas más graves del país. Han madurado las condiciones para que se dé favorablemente una salida a ese conflicto. Esto significaría un cambio cualitativo, esencial en la vida política del país. La resolución del conflicto armado es una aspiración de las fuerzas democráticas que se ha frustrado una y otra vez por distintas circunstancias.

 

Han trascurrido cuatro años desde el anuncio oficial del proceso de paz entre el Gobierno y la insurgencia de las Farc. Nos reunimos de nuevo con Iván Cepeda en la sede del PDA, su labor consagrada, con formidable energía y claridad, como facilitador del proceso de paz, ha sido asombrosa, y unas cuantas canas han brotado en su ensortijada y rebelde cabellera oscura.


Iván nos ha citado en el PDA, porque debe asistir a una reunión de su Comité Ejecutivo. Al fondo del salón, mientras en el país, en la región, y en el mundo se viven días cruciales, se discute aquí sí es posible o no suspender a un concejal que votó a favor del Plan de desarrollo de Peñalosa. Un sector del PDA defiende al concejal para así ganar su voto y promover la elección a la presidencia de este partido de Jaime Dussan. Las ambiciones a la candidatura presidencial destruyen proceder éticos y elegancias elementales.

 

Desde abajo –Da–: Pero vamos a lo que vinimos, y le preguntamos a Iván: ¿Cuál es el balance de estos cuatro años de negociaciones entre el Gobierno y las farc?

 

Iván Cepeda –IC–: El país ha experimentado una muy estimulante actividad en materia de paz. En La Habana van llegando, de modo veloz, a un conjunto de acuerdos que representan la posibilidad cierta de cambios en lo social y en lo político. Creo que es un error subestimar los acuerdos de La Habana. Si bien no establecen transformaciones inmediatas, si abren la puerta para un conjunto de luchas sociales y de movilizaciones que van a ser determinantes en la conquista de la paz.

 

La paz hay que entenderla como una conquista de la movilización y de la lucha social y política. La paz no es una especie de regalo caído del cielo. Los acuerdos tocan temas neurálgicos: la reforma agraria, aplazada históricamente; una reforma política profunda, democrática, que no sólo le garantice a los opositores y a los movimientos sociales su vida y su acción política, sino que cambie el régimen de partidos y del sistema electoral; un cambio de paradigma en este asunto central de los problemas del país que es el narcotráfico, planteando la sustitución de cultivos como enfoque principal; y un proceso de verdad y justicia que va a constituir la posibilidad de desentrañar muchos de los asuntos negados y ocultos en la historia reciente del país.

 

La trascendencia de los Acuerdos la revela el hecho de que los sectores más militaristas del espectro político le tienen una gran animadversión. Y más allá de su perorata pública contra los Acuerdos en términos de enfrentarlos porque van a hacer que haya paz con impunidad, o porque amenazan la propiedad privada, lo que hay en realidad es un gran temor a que avance la restitución de tierras, la reforma agraria y también a que haya justicia y se esclarezcan muchos de los crímenes que son de responsabilidad de la extrema derecha.

 

Da: ¿Existe algún otro logro?

 

IC : En el último año es notable el progresivo decrecimiento de la confrontación tanto de la guerrilla de las Farc, como de las fuerzas militares. Primero, por un alto al fuego que decretaron las Farc, y después un desescalamiento del conflicto que incluyó el cese de bombardeos por parte de las Fuerzas Militares, y los enfrentamientos entre sus unidades militares.

 

Entonces, no solo se han alcanzado consensos y acuerdos, sino realidades. Hay que añadir el importante acuerdo alcanzado el 30 de marzo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

 

Da: ¿En qué fase de este arduo, complejo y apasionante proceso nos encontramos?

 

IC: Se medirán ahora en las urnas el respaldo al proceso de paz y el interés y el propósito de frustrarlo. Aquí no caben equivocaciones. No puedes aceptar sofismas como el que señala que los detractores del proceso están por la paz, más no por los acuerdos. Quieren derrotar el proceso de paz y evitar los cambios que trae.

 

Hemos ingresado a la fase culminante del proceso, y pueden presentarse sobre el particular decisiones claves en días, semanas o en pocos meses.

 

Da: ¿Puedes indicar algunos de los errores cometidos en el proceso de negociación y que no deben repetirse en lo que aún falta de la misma?

 

IC: Uno de los errores o inconvenientes: privilegiar formalidades jurídicas y legales por encima de las necesidades políticas. Es evidente que las Farc han tomado la determinación de avanzar hacia una organización y un movimiento de carácter político legal. Pero eso requiere garantías. Que se evite generar incertidumbres acerca de peligros que no son imaginarios. En muchos procesos de paz han traicionado los acuerdos, y eso es un peligro, una amenaza al proceso y a los acuerdos. Es necesario que se apele, entonces, a las garantías jurídicas y políticas que aseguren el cumplimiento de lo pactado.

 

Da: No deja de sorprender la reunión de diversas fuerzas sociales y políticas para apoyar el sí al proceso de paz. ¿Podríamos percibir en ello una prefiguración de un porvenir trenzado en la comunicación y la cooperación de las vetas de honestidad que han sobrevivido a la dinámica de degradación impulsada por la economía ilegal y la prolongada confrontación?

 


IC: El proceso no es simplemente un cambio en términos humanitarios, aunque lo es. El proceso implica una serie de transformaciones en el orden político, social y cultural.

 

Podemos asistir, como ha ocurrido en otros procesos de paz, a una especie de irrupción de factores políticos y sociales novedosos que democratizan realmente la sociedad. La edificación de la paz es una construcción social. Colocarle punto final a la guerra entre Gobierno y Farc va a significar un conjunto de hechos políticos novedosos, revolucionarios. En sí mismo el proceso de paz puede ser una revolución democrática. Nuevos sujetos políticos y nuevas voces, programas y formas de hacer política surgirán.

 

Por esto es por lo que los opositores rechazan el proceso de paz, porque la guerra favorece las peores formas de autoritarismo, de sojuzgamiento de la protesta y de la movilización social, las formas más corruptas y violentas de acumulación de riqueza y poder, la estigmatización total de cualquier persona, comunidad y colectividad que quiera un cambio. Lo que temen es que este orden sea alterado.

 

Da: Conoces, como pocas personas, la intimidad de este proceso, ¿falta mucho para el acuerdo final?

 

IC: La agenda de La Habana es ambiciosa, y aún quedan asuntos pendientes en los que hay que adelantar, por ejemplo, avanzar en lo correspondiente a las garantías de los demás acuerdos; en las reglas de juego para terminar la guerra; en cómo se implementarán los acuerdos –de una manera fiel al espíritu de los acuerdos–. No son cosas menores.

 

Sabemos que hay intereses en acelerar las negociaciones, y que hay estrategias de negociación implícitas, pero también es necesario no perder de vista que la política tiene temporalidades.

 

Da: ¿Afecta el devenir nacional e internacional esta fase culminante del proceso de paz?

 

IC: Las temporalidades políticas tienen comienzo, discurrir y cierre. Las coyunturas políticas cambian, también los contextos internacionales. Vemos por ejemplo al gobierno de los Estados Unidos que vive una serie de cambios con carácter transformador. Me refiero al acercamiento en sus relaciones con Cuba, el respaldo al propio proceso de paz en Colombia.

 

Pero el día de mañana no sabemos quién pueda llegar a la Casa Blanca. Existe el peligro cierto de que llegue a la presidencia alguien que abraza las posiciones más demenciales.

 

También es necesario tener en cuenta el entorno regional, que va cambiando. Y este es un factor que tiene peso en la vida política colombiana. Todo lo que pase en Venezuela, por ejemplo, tiene repercusión inmediata en la frontera y en nuestro país. Y viceversa.

 

También hay cambios en la política nacional. Tenemos un Gobierno que está sufriendo un desgaste evidente, no sólo en las encuestas, sino en su sustento político y económico.

 

Lo alcanzado en La Habana ha permitido derrotar a las fuerzas que quieren que el tiempo juegue a su favor. Fueron derrotados en el año 2014, se les está derrotando ahora, y así sucederá, estoy seguro, en el plebiscito.

 

Pero esto puede cambiar también. Y hay interpretaciones en todo el espectro político, derecha e izquierda, que relativizan y trivializan de una manera preocupante estos factores que es necesario no soslayar.

 

La próxima legislatura

 
Da: Es predecible que para darle forma a los acuerdos el legislativo tome cartas en el asunto, ¿Se avecina una avalancha legislativa?

 

IC: Vienen muchas leyes y reformas constitucionales para desarrollar los acuerdos. Lo importante, he insistido, es que ese proceso sea hecho de una manera bilateral. Que no se convierta en una expresión nueva del unilateralismo, y la visión de sectores particulares de lo que debe ser la paz.

 

El mecanismo previsto determina que los proyectos de ley y las reformas constitucionales estarán sometidos a un procedimiento especial que recorta los tiempos del trámite, que tiene un control especial de constitucionalidad. En especial se establece la garantía de que los proyectos de ley, y las reformas constitucionales, no podrán ser alterados en el trámite; o se aprueban, o no se aprueban. Pero no pueden ser decorados o reformados a gusto del legislador. Es el gobierno el que presenta los proyectos, pero hemos dicho que debieran ser previamente consultados con la contraparte en la mesa de negociaciones.

 

Da: Pero esto no está aprobado aún...


IC: Es parte de la negociación del punto sexto, que trata de la implementación de los acuerdos. Punto que, entre otros temas, trata el desarrollo normativo y legislativo de los acuerdos.

 

Da: Nadie ignora que las elecciones presidenciales del 2018 tienen una enorme importancia para el desarrollo de los acuerdos de paz. Sin embargo el escenario político, hasta ahora, revela una atomización de las fuerzas sociales y política, de izquierda y democráticas en general, ¿cuál es tu consideración sobre este ámbito?

 

IC: Asistimos durante los últimos 5 años a una fase de ascenso de la movilización social y de progresiva irrupción de nuevos actores políticos. También de procesos de convergencia en el plano de las luchas sociales. Por ejemplo, la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, la Mesa Amplia, Nacional y Estudiantil, el Movimiento Nacional Carcelario.

 

En el mundo político de la izquierda hemos tenido debates, discusiones, rupturas, pero también convergencias. Veo un mundo de la izquierda y de los movimientos sociales muy dinámico, en el que están apareciendo nuevos factores. Han surgido la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, dos movimientos muy representativos del mundo rural, del campesinado, de los indígenas, y afrodescendientes.

 

Da: Hay nuevos actores sociales, hay pluralidad, pero también hay dispersión, y tal realidad asegura la imposibilidad de participar de una victoria electoral a favor de la paz en el 2018; se mantienen rivalidades e incomunicaciones hasta los umbrales temporales críticos....

 

IC: Hay necesidad de convergencia y de una muy amplia y muy audaz política de alianzas porque las elecciones del 2018 deben garantizar el cumplimiento de los acuerdos con las Farc y, ojalá, con el Eln, o sino la continuidad de las negociaciones que estén llevando a cabo. Así que el gobierno del 2018 es un gobierno con inmenso significado en el devenir del país.

 

Da: ¿Cómo has podido mantener este despliegue formidable de energía para contribuir a sacar adelante este arduo proceso?

 

IC: Por la conciencia del significado político del proceso. No se trata de cualquier asunto, es el problema neurálgico de nuestra vida política, sin cuya solución es imposible pensar en otras posibilidades. Si en los años sesenta, setenta, se identificó la acción armada como una posibilidad de transformación, hoy debemos pensar, seriamente, que es través del ejercicio de una insurrección civil, civilista, que lograremos los cambios.

 

Por una razón muy sencilla, es del lado del modelo neoliberal, del lado del capital, que está hoy la violencia como herramienta que garantiza su supervivencia. Este modelo quiere llevar a la humanidad a esa circunstancia de guerra, de destrucción del ser humano, de acción del terror. Es el ingreso a un estadio de guerra regular o irregular permanente. Refugiados, crispación, inmolaciones, todo esto nos debe poner a pensar.

 

La salvación de la humanidad está unida a ideales y formas de concebir la acción política ligada a la ecología, la derrota de la pobreza, y a la derrota del militarismo, en Colombia y en el mundo.

Publicado enEdición Nº227
“El modelo dominante de desarrollo no funciona”

La Cepal se reúne este mes en México con el foco puesto en la desigualdad y el cambio climático

 

La Cepal, el organismo económico para América Latina de la ONU, se reúne este mes en México con el foco puesto en la desigualdad y los desafíos del cambio climático. La agenda 2030, aprobada el año pasado por todos los Estados de la ONU, busca soluciones que saquen a la región del atolladero económico en que lleva sumido durante los últimos dos años sin perder de vista los equilibrios de equidad y respeto al medio ambiente. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, convoca al sector público y privado "a cambiar la conversación".

Pregunta. En los últimos años ha crecido la desigualdad y la pobreza. ¿Por qué?


Respuesta. Lo que nosotros observamos es un estancamiento en la disminución de la pobreza. El desempleo se mantiene en niveles del 6,5% pero ha habido un cambio. Los empleos son ahora de menor productividad y un poco más precarios. Estamos viendo una evolución del trabajo asalariado hacia el autoempleo. Nosotros proponemos que tiene que haber tres tipos de eficiencias en la economía global, no solo regional. Está habiendo movimientos tectónicos de alcance mundial. El mundo no crece lo suficiente. Y la región está con tasas declinantes. Ha de haber una coordinación para que todos los países en vez abocarse al ajuste, promuevan impulsos a la economía. Sobre todo en los países desarrollados y con superávit. Si ellos recortan y ajustan, ¿qué le dejan al mundo en desarrollo?


P. ¿Qué cambios habría que hacer en el modelo productivo?


R. Urge un cambio en la matriz productiva en busca de sectores más intensivos en aprendizaje e innovación. México, por ejemplo, ha avanzado mucho. Es de las economías más diversificadas de la región. Ya no depende tanto del petróleo.


P. ¿Qué papel juega la tecnología?


R. Debemos utilizar la revolución tecnológica para darle un gran impulso ambiental a la economía. Debemos subirnos a la dinámica de las energías renovables que generen un menor deterioro ambiental y combatir el cambio climático con tasa bajas de carbono.


P. ¿Qué países lo están haciendo bien?


R. Chile por ejemplo tiene un plan muy potente a 2020 que va sustituyendo energía tradicional. Ecuador ha logrado echar a andar una hidroeléctrica muy importante que sustituye la importación de combustibles fósiles.


P. ¿Es la tecnología una amenaza para el empleo?


R. Es importante que esta transición tecnológica con miras ambientales y sostenibles vaya acompañada de empleo. Porque si la tecnología va a empezar a sustituir a los trabajadores, sobre todo los de baja productividad, también pude generar problemas para el futuro.
P. ¿Cómo se financian esas políticas públicas?


R.Hay que buscar vías de financiamiento. Nosotros hemos detectado que la región en su conjunto tiene un nivel de evasión de fiscal muy alto tanto en el impuesto sobre la renta y como sobre el valor agregado. Son uno 320.000 millones de dólares en evasión fiscal. Esos recursos pueden ponerse a disposición del desarrollo sostenible con igualdad si se consigue una mejor regulación.


P. ¿Qué papel juega el sector privado?


R. Nosotros estamos intentando cambiar la conversación entre el sector público y privado. Convocar al empresariado de la región a un cambio progresivo. La desigualdad y la insostenibilidad ambiental conspiran contra el buen desempeño de las empresas. El estilo dominante de desarrollo no está funcionado. Por lo tanto, tenemos que abordar cambios estructurales progresivos para el futuro de la región encaminados a un desarrollo sostenible y más igualitario.


P. ¿Qué ejemplos encuentra de ese modelo actualmente en la región?


R. El polo de la industria aeroespacial en Querétaro. Es un sector económico muy interesante. Han construido un ecosistema de innovación, aprendizaje y capacidades. En el norte de Chile también se está creando un polo de energías renovables donde empresa nacionales e internacionales han creado coaliciones para una nueva alternativa de desarrollo.

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