Bolivia: un levantamiento popular aprovechado por la ultraderecha

El levantamiento del pueblo boliviano y de sus organizaciones fue lo que en última instancia provocó la caída del gobierno. Los principales movimientos exigieron la renuncia antes de que lo hicieran las fuerzas armadas y la policía. La OEA sostuvo al gobierno hasta el final. La crítica coyuntura que atraviesa Bolivia no comenzó con el fraude electoral, sino con el sistemático ataque del gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera a los movimientos populares que los llevaron al Palacio Quemado, al punto que cuando necesitaron que los defendieran, estaban desactivados y desmoralizados.

1.- La movilización social y la negativa de los movimientos a defender lo que en su momento consideraron “su” gobierno fue lo que provocó la renuncia. Así lo atestiguan las declaraciones de la Central Obrera Boliviana, de docentes y autoridades de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), de decenas de organizaciones y de Mujeres Creando, quizá la más clara de todas. La izquierda latinoamericana no puede aceptar que una parte considerable del movimiento popular exigió la renuncia del gobierno, porque no puede ver más allá de los caudillos.

La declaración de la histórica Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), cercana al gobierno, es el ejemplo más claro del sentimiento de muchos movimientos: “Presidente Evo ya hiciste mucho por Bolivia, mejoraste la educación, salud, le diste dignidad a mucha gente pobre. Presidente no dejes que tu pueblo arda ni te lleves más muertos por encima presidente. Todo el pueblo te va a valorar por esa posición que tienes que tener y la renuncia es inevitable compañero Presidente. Tenemos que dejar en manos del pueblo el gobierno nacional”.

2.- Este triste desenlace tiene antecedentes que se remontan, en apretada síntesis, a la marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) en 2011. Luego de esa acción multitudinaria, el gobierno empezó a dividir a las organizaciones que la convocaron.

Mientras Morales-García Linera mantuvieron excelentes relaciones con el empresariado, dieron un golpe del Estado contra el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), dos organizaciones históricas de los pueblos originarios. Mandaron a la policía, echaron a los dirigentes legítimos y atrás llegaron, protegidos por la policía, los dirigentes afines al gobierno.

En junio de 2012 CIDOB denunció “la intromisión del gobierno con el único propósito de manipular, dividir y afectar a las instancias orgánicas y representativas de los pueblos indígenas de Bolivia”. Un grupo de disidentes con apoyo del gobierno desconocieron a las autoridades y convocaron una “comisión ampliada” para elegir nuevas autoridades.

En diciembre de 2013, un grupo de disidentes de CONAMAQ, afines al MAS, tomaron el local, golpearon y expulsaron a quienes allí se encontraban con apoyo de la policía, que permaneció resguardando la sede e impidiendo que las legítimas autoridades pudieran recuperarla. El comunicado de la organización asegura que el golpe contra CONAMAQ se dio para “aprobar todas las políticas en contra del movimiento indígena originario y del pueblo boliviano, sin que nadie pueda decir nada”.

3.- El 21 de febrero de 2016 el propio gobierno convocó un referendo para que la población se pronunciara a favor o en contra de la cuarta reelección de Morales. Pese a que la mayoría dijo NO, el gobierno siguió adelante con los planes de reelección.

Ambos hechos, el desconocimiento de la voluntad popular y la expulsión de las legítimas direcciones de movimientos sociales, representan golpes contra el pueblo.

Más grave aún. En la mañana del miércoles 17 de febrero, días antes de la celebración del referendo, una manifestación de padres de alumnos llegó hasta la alcaldía de El Alto. Un grupo de cien manifestantes ingresó por la fuerza al recinto provocando un incendio en el que murieron seis personas. Los manifestantes que se escudaron en la movilización de los padres pertenecían al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

Este es el estilo de un gobierno que denuncia “golpe” pero una y otra vez ha actuado de forma represiva contra los sectores populares organizados que enfrentaron sus políticas extractivistas.

4.- Las elecciones del 20 de octubre consumaron un fraude para la mayoría de las personas en Bolivia. Los primeros datos apuntaban hacia una segunda vuelta. Pero el conteo se detuvo sin explicación alguna y los datos que se ofrecieron al día siguiente mostraban que Evo ganaba en primera vuelta, ya que obtenía más de 10% de diferencia aunque no llegara a 50% de los votos.

En varias regiones se producen enfrentamientos con la policía, mientras los manifestantes queman tres oficinas regionales del tribunal electoral en Potosí, Sucre y Cobija. Las organizaciones ciudadanas convocan a una huelga general por tiempo indeterminado. El día 23, Morales denuncia que está en proceso “un golpe de estado” por parte de la derecha boliviana.

El lunes 28, se intensifica la protesta con bloqueos y enfrentamientos con la policía, pero también entre simpatizantes y opositores del gobierno. Como en otras ocasiones, Morales-García Linera movilizan a las organizaciones cooptadas para enfrentar a otras organizaciones y a personas que se oponen a su gobierno.

El 2 de noviembre se produce un viraje importante. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que mantenía una alianza con el gobierno de Morales, Luis Fernando Camacho, llama al ejército y a la policía a “ponerse del lado de la gente” para forzar la renuncia del presidente, invocando a dios y la biblia. El viernes 8 se amotinan las primeras tres unidades policiales en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, y los uniformados fraternizaron con los manifestantes en La Paz. Dos días después, con un país movilizado, el binomio ofrece su renuncia verbal, que no escrita.

5.- En este escenario de polarización, debemos destacar la notable intervención del movimiento feminista de Bolivia, en particular el colectivo Mujeres Creando, que encabezó una articulación de mujeres en las principales ciudades.

El 6 de noviembre, en plena polarización violenta, María Galindo escribió en el diario Página 7: “Fernando Camacho y Evo Morales son complementarios”. “Ambos se erigen en representantes únicos del ‘pueblo’. Ambos odian las libertades de las mujeres y la mariconada. Ambos son homofóbicos y racistas, ambos usan el conflicto para sacar ventaja”.

No sólo exige la renuncia del gobierno y del tribunal electoral (cómplice del fraude), sino la convocatoria de nuevas elecciones con otras reglas, donde la sociedad esté involucrada, para que “nadie necesite nunca más de un partido político para ser [email protected] y para hacer ejercicio de representación”.

La inmensa mayoría de las personas que habitan Bolivia no entró en el juego de la guerra que quisieron imponer Morales-García Linera cuando renunciaron y lanzaron a sus partidarios a la destrucción y el saqueo (en particular en La Paz y El Alto), probablemente para forzar la intervención militar y justificar así su denuncia de un “golpe” que nunca existió. Tampoco entraron en el juego de la ultraderecha, que actúa de forma violenta y racista contra los sectores populares.

6.- La izquierda latinoamericana, si es que aún queda algo en ella de ética y dignidad, debemos reflexionar sobre el poder y los abusos que conlleva su ejercicio. Como nos enseñan las feministas y los pueblos originarios, el poder es siempre opresivo, colonial y patriarcal. Por eso ellas rechazan los caudillos y las comunidades rotan sus jefes para que no acumulen poder.

No podemos olvidar que en este momento existe un serio peligro de que la derecha racista, colonial y patriarcal consiga aprovechar la situación para imponerse y provocar un baño de sangre. El revanchismo político y social de las clases dominantes está tan latente como en los últimos cinco siglos y debe ser frenado sin vacilaciones.

No entremos en el juego de la guerra que ambos bandos nos quieren imponer.

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La oposición chilena rechaza plan de Piñera para nueva Constitución

Santiago. La oposición chilena rechazó ayer el anuncio del gobierno para un Congreso constituyente que formule una nueva Carta Magna que sea ratificada en un posterior plebiscito, lo que se suma a los fallidos intentos por calmar el estallido social que ya lleva 25 días.

Los puntos de disenso, incluso entre algunos congresistas oficialistas, radican en que el mecanismo propuesto por el presidente Sebastián Piñera estará a cargo de los congresistas en ejercicio, que en general tienen muy baja aprobación ciudadana, y en la realización de un plebiscito al final del proceso y no antes para conocer las demandas ciudadanas.

La vocera de gobierno, Karla Rubilar, afirmó ayer: "nuestro camino no es la asamblea constituyente... pero debe ser con participación activa", en un virtual portazo a la exigencia de la oposición de que sea una asamblea elegida democráticamente la que redacte una nueva Carta Magna para luego disolverse.

El anuncio fue hecho la noche del domingo por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, luego de una reunión de Piñera con algunos ministros y parlamentarios de su coalición Chile Vamos. Agregó que el proceso tendrá "amplia participación" ciudadana.

El gobierno hizo ayer nuevos anuncios. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, informó de un acuerdo con la oposición que destrabó la discusión del presupuesto para 2020, que considera una rebaja del precio de las tarifas del transporte público para adultos mayores y medidas para reprogramar el financiamento a los estudiantes morosos de una deuda que miles universitarios contrajeron, con altos intereses, con la banca privada. La rebaja para los ancianos y la revisión de las deudas con la banca eran uno de varios puntos exigidos por años por la oposición.

La Constitución chilena se convirtió en el segundo texto más comprado la última semana, según el informe semanal del periódico El Mercurio.

La Constitución chilena, que privatizó los servicios básicos, creó sistemas de educación y salud a los que se puede acceder según el poder adquisitivo y consagró el libre mercado, fue impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Carta Magna vigente dice que una reforma de su texto debe ser aprobada por los dos tercios de los congresistas.

Al atardecer, unas 2 mil personas se reunieron en una céntrica plaza de la capital, la misma que el 25 de octubre congregó a más de 1.2 millones de personas. La situación terminó como se ha hecho costumbre, con pequeños grupos de encapuchados que se enfrentaron con la policía, que a su vez dispersó a todos con chorros de agua y abundantes gases lacrimógenos.

El 18 de octubre un alza en la tarifa del Metro detonó incendios y ataques en la mayoría de sus estaciones y centenares de saqueos a supermercados seguidos por multitudinarias protestas por un amplio abanico de demandas que van desde mejoras en la educación, la salud y las pensiones hasta una nueva Constitución.

En los comienzos de la crisis Piñera anunció un paquete de leves mejoras sociales a las pensiones básicas, cuyo monto es de 146 dólares mensuales, y propuso proyectos para rebajar los millonarios sueldos de los congresistas y un alza en los impuestos de quienes ganan más de 11 mil dólares al mes, pero no logró atenuar las protestas.

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En Bolivia solo existe el poder de las armas 

La ciudad de El Alto defiende a Evo Morales en medio de la represión

No existe gobierno interino visible luego de más de 24 horas de consumado el golpe. Evo viajaba a México. Se despliegan acciones represivas y persecutorias. 

 

El centro de La Paz se ha transformado en un escenario de barricadas, colas para comprar en los pocos negocios que abren, transporte detenido, vecinos apostados en las esquinas atravesadas por alambres de púas y chapas de zinc. Cerca de la Plaza Murillo, centro del poder político pasan grupos con cascos, escudos, máscaras antigás, banderas de Bolivia, contingentes de policías apostándose y pidiendo refuerzo a la Fuerza Armada Nacional (FAB).

Es lunes a la noche y corre un miedo: que baje la ciudad de El Alto. Las escenas vistas durante la tarde volvieron a recordar a muchos del centro y la zona sur de La Paz que la mitad del país que votó a Evo Morales existe y no se quedará de brazos cruzados.

Lo que se pensaba que pasaría en El Alto sucedió, y fueron miles de vecinos, en su gran mayoría de la nación aymara, que salieron a las calles a hacer frente al golpe de Estado, a defender el proceso de cambio, y algo muy profundo: la bandera whipala, que durante las horas de la ofensiva golpista fue quitada de instituciones y quemada en la calle por manifestantes de derecha.

Lo que sucedió no formaba parte del plan de quienes encabezan el golpe de Estado que, a estas horas, presenta más elementos de confusión y violencia que de proyecto planificado. Un elemento resulta claro: el objetivo central era derrocar a Evo Morales y perseguirlo, como denunció al hacer público que un oficial de la Policía Nacional Boliviana (PNB) tiene una orden de arresto ilegal contra su persona, se encuentra en un sitio desconocido.

La situación de Morales era ayer por la noche incierta. El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció que el ex- presidente estaba en un avión que lo llevaría a ese país.

Su seguridad personal es objeto de mucha preocupación en un contexto donde su casa fue asaltada por grupos violentos y donde no existe ninguna autoridad pública dentro de quienes realizaron el golpe. El estado de derecho ha sido roto y eso ha abierto las puertas a la impunidad absoluta de quien logre ejercer poder.

Durante el día, Morales envió mensajes desde su cuenta de Twitter para denunciar la represión en El Alto que se cobró varias vidas, entre ellas la de una niña, y para pedir no caer en enfrentamientos “entre hermanos”. Por la noche, antes de subirse al avión, tuiteó: “Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía”. La propuesta de asilo en México será una salida posible para el presidente derrocado y bajo peligro.

Sin gobierno

En Bolivia, el bloque golpista no logró aún conformar gobierno. Luego de la renuncia de Evo Morales, el vicepresidente Alvaro García Linera, la presidenta del Senado, el vicepresidente, debería asumir la tercera al frente, Jeanine Añez, que aterrizó en Bolivia. Sin embargo, debería asumir con acuerdo del poder legislativo, donde en ambas cámaras tiene mayoría el Movimiento al Socialismo, es decir el partido que fue desplazado por la fuerza.

No existe entonces gobierno interino golpista visible luego de más de 24 horas de consumado el golpe de Estado. Existen en cambio poderes que se despliegan en acciones represivas y persecutorias, con los anuncios en redes sociales de Fernando Camacho, cara visible del ala civil del golpe, las acciones de la PNB y de la FAB.

Esta última emitió un comunicado el lunes en la noche bajo la lectura del comandante general Williams Kaliman: la FAB desplegará acciones de despliegue en las calles para acompañar a la PNB. No existe entonces gobierno formal, pero sí el poder de las armas.

El escenario no es como el que tenían previsto quienes encabezaron el golpe de Estado. La pregunta es en realidad: ¿tenían un escenario organizado que no fuera solamente derrocar y perseguir a Morales y los dirigentes del proceso de cambio?

El bloque golpista es heterogéneo, contiene sectores civiles, empresariales, policiales, militares, religiosos e internacionales. Esta última dimensión quedó expresada en la complicidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) que no calificó a lo sucedido como golpe de Estado, y en las mismas declaraciones de Estados Unidos que presentó el derrocamiento como regreso a la democracia.

La conjunción de fuerzas que logró el golpe parece tener un objetivo claro: descabezar al proceso de cambio, desde sus funcionarios hasta los dirigentes políticos. Eso se ha traducido en las persecusiones, como dan cuenta las solicitudes de asilo en embajadas, centralmente en la de México.

Existe entonces una inestabilidad dentro de quienes condujeron la ofensiva, a la vez que una reacción que se pone en marcha, no solamente en El Alto –con un nivel fuerte de radicalidad– sino en varias partes del país.

Así, por ejemplo, la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) anunció bloqueos en toda Bolivia en las carreteras troncales, “resistencia general al golpe de Estado en todo el país”, así como la expulsión de dirigentes que se hicieron parte del derrocamiento.

La situación es más inestable que la promesa vendida por Camacho y quienes festejaron en la tarde y noche del domingo. Existe un país que negaron, despreciaron, a pesar de sus esfuerzos por mostrarse democráticos e inclusivos, y ese país comenzó a moverse, a impugnar, a enfrentar la restauración conservadora que busca una revancha.

Por el momento no existe, de manera visible, una dirección de los procesos de resistencia. Lo que resulta claro es que la decisión de quienes conducen el golpe será responder con represión en todas las escalas posibles. Ya en la noche del lunes se veían las tanquetas en las calles de La Paz y los vecinos que celebraron el derrocamiento y quema de whipalas ahora aplauden la militarización.

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 Despliegue policiaco en el sur de La Paz para contener a manifestantes partidarios de Evo Morales.Foto Ap

Voces disidentes en Washington denuncian "un golpe más en AL que es apoyado por EU"

 

Nueva York. El presidente Donald Trump festejó la "renuncia" de Evo Morales en Bolivia como un triunfo de la democracia y advirtió que es un mensaje para Nicaragua y Venezuela; su gobierno argumentó que lo ocurrido no fue una asonada, sino una expresión de "la voluntad del pueblo", pero voces disidentes de políticos nacionales y figuras públicas estadunidenses denunciaron lo que calificaron de un golpe más en América Latina apoyado por el régimen en Washington.

"Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir la libertad y a los militares bolivianos por cumplir su juramento de proteger no sólo a una persona, sino la Constitución de Bolivia", declaró Trump.

Agregó en la declaración por escrito, difundida por la Casa Blanca, que después de casi 14 años y el intento de ignorar la Constitución de su país, la renuncia de Morales "preserva la democracia y pavimenta el camino para que el pueblo boliviano sea escuchado".

Trump concluyó: "estos eventos envían una señal fuerte a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua, de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán. Ahora estamos un paso más cerca a un hemisferio occidental completamente democrático, próspero y libre".

El Departamento de Estado sub-rayó que lo ocurrido en Bolivia no fue un golpe de Estado, según explicó un alto funcionario de la dependencia en una teleconferencia con periodistas, sino que "el pueblo bolivariano se hartó de un gobierno que ignoraba su voluntad".

El alto funcionario subrayó que el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que el proceso electoral fue marcado por "serias irregularidades" y recomendó nuevas elecciones, evaluación apoyada por Washington.

Indicó que Washington "trabajará con los bolivianos para establecer una democracia en su país", y apremió a todas las partes de descartar la violencia para proceder hacia la transición política con la participación de todos los partidos. Otro funcionario estadunidense comentó que espera que la legislatura logre nombrar un mandatorio interino este martes.

Insistió en que "no tenemos alguna preferencia entre los candidatos" y dijo que el Departamento de Estado no ha tenido "contacto directo" con ningún líder político boliviano desde el 20 de octubre. Al mismo tiempo que convocó la participación de todos los actores, con el vocabulario diplomático reiteró la posición de su jefe, el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien antes de la renuncia de Morales sugirió que "todo oficial del gobierno" implicado en la elección "fallida" no debería participar en nuevos comicios "para restaurar credibilidad al proceso".

Los medios estadunidenses y gran parte de la clase política rehuyeron calificar de "golpe" lo ocurrido en Bolivia. Incluso, el editorial del Washington Post ayer declaró que la "anarquía" y el "caos" en Bolivia era, a fin de cuentas, responsabilidad del "cada vez más autócrata" Morales.

Pero algunas voces disidentes de alto perfil nacional no evitaron la palabra que marca tanto la historia estadunidense en el hemisferio. El senador y candidato presidencial demócrata Bernie Sanders tuiteó: "estoy muy preocupado por lo que parece ser un golpe en Bolivia, donde los militares... intervinieron para remover a Evo Morales". La diputada y nueva estrella del ala progresista del Partido Demócrata, Alexandria Ocasio Cortez, tuiteó que lo sucedido en Bolivia "no es democracia, es un golpe de Estado". Su colega, la diputada Ilhan Omar, expresó lo mismo.

Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy and Research, comentó que lo ocurrido fue un golpe militar que no podría haber prosperado sin el apoyo de Washington y la OEA, junto con una narrativa de fraude electoral "sin presentar jamás ninguna evidencia" que "se repitió una y otra vez en los medios, con lo cual se aceptó como verdad". En entrevista con Democracy Now, Weisbrot afirmó: "es obvio", aun sin pruebas concretas, por ahora, que la CIA apoyó este golpe, al igual que lo hicieron en ese mismo país en 1952, 1964, 1970 y 1980.

Noam Chomsky, junto con el analista Viaje Prashad, ya habían alertado desde el sábado que en Bolivia se estaba gestando "un golpe de Estado". Señalaron, en declaración pública, que la promotora de la asonada es la oligarquía boliviana que "cuenta con el total apoyo del gobierno de Estados Unidos, que desde hace mucho tiempo está ansioso por expulsar a Evo Morales, y a su movimiento, del poder". Advierten que "por más de una década, el Centro de Operaciones de la embajada de Estados Unidos en La Paz ha expresado que tiene dos planes: el plan A, el golpe de Estado; el plan B, el asesinato de Morales. Se trata de una grave violación a la Carta de Naciones Unidas y a todas las obligaciones internacionales".

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Cuarta semana de protestas en Chile se inicia con llamado a huelga general

Santiago. La cuarta semana de crisis política y social en Chile comenzará con un nuevo llamado a mantener la movilización social y con la proyección de una huelga general para el martes 12, en tanto que la noche del domingo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró que el gobierno tomó la decisión de "iniciar el camino" hacia una nueva Constitución política, a través de un Congreso Constituyente.

Es la primera vez que la administración, luego de varias semanas de crisis, dice abrirse a la gestación de una nueva Constitución.

Las declaraciones de Blumel se dieron luego de una reunión entre el presidente Sebastián Piñera con los dirigentes de la coalición oficialista Chile Vamos.

"Hemos acordado iniciar el camino para avanzar hacia una nueva Carta Magna. Entendemos que es un trabajo que tenemos que hacer pensando en el país."

La mejor fórmula es una asamblea constituyente

Agregó: "El mejor camino, la mejor fórmula, es trabajar en un proceso constituyente que cuente con amplia participación de la ciudadanía, y en segundo lugar que pueda tener un plebiscito ratificatorio después, porque la Constitución es la ley más importante".

Apenas ayer, Piñera, en una entrevista con el conservador diario El Mercurio, había insistido en que estaba disponible para modificaciones a la actual Constitución, pero no en una nueva Carta Magna.

Sindicatos alientan paro

Mientras tanto, desde la organización denominada Mesa de Unidad Social, surgida al calor de la protestas de las últimas semanas, se afirmó que representantes de sindicatos de los sectores portuario, minería, construcción, industria, comercio, servicios financieros, educación, salud, agricultura, agroindustria y públicos, entre otros, se decidió a convocar a una huelga general para mañana martes.

"Se va a llamar a todas las organizaciones sindicales a paralizar el país, para exigir el petitorio que está construido, y tiene como demandas principales una nueva Constitución y una asamblea constituyente”, establece el dirigente Mario Villanueva, de la organización No más AFP, que rechaza el sistema privado de pensiones.

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Domingo, 10 Noviembre 2019 06:13

Un golpe de estado en marcha en Bolivia

Un golpe de estado en marcha en Bolivia

Evo Morales llamó a resistir la intentona y convocó a un diálogo con la oposición

Con la policía amotinada, las Fuerzas Armadas comunicaron que no intervendrán en las calles y llamaron a una "solución política". La oposición pide la renuncia de Evo Morales y rechaza cualquier salida electoral. Los sindicatos agrarios salieron a las calles del Alto a apoyar al presidente.

 

.La situación en Bolivia evolucionó rápidamente de un acuartelamiento policial en Cochabamba, el viernes, a una suerte de marcha sobre la capital el sábado, con la oposición llamando a la renuncia del presidente Evo Morales. El ejército se pronunció prescindente y pidió una solución política, mientras que finalmente los pobladores del Alto, en La Paz, tomaron las calles, se pronunciaron por Evo y avisaron que van a bloquear la llegada de policías rebeldes y de opositores. 

La mecha se encendió en Cochabamba, donde a las 18 del viernes se amotinó un cuartel de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y en las horas sucesivas se levantaron delegaciones policiales de los departamentos de Chuquisaca, Beni, Tarija, Santa Cruz, Potosí y Oruro. En la tarde del sábado, se sumó la conmoción que causaron los policías encargados de la custodia del Palacio gubernamental, que por un rato abandonaron sus lugares para hacer una asamblea, aunque después volvieron a sus puestos.

El ministro de Defensa Javier Zavaleta aseveró que el levantamiento en Cochabamba era en realidad un acuartelamiento y que estaba prevista la remoción del jefe policial. Los amotinados plantearon motivos sectoriales como la nivelación de sus salarios y jubilaciones a las de las Fuerzas Armadas. También pidieron que se garantice su independencia política y confesaron la insidia generada por el cívico Luis Fernando Camacho respecto a la promesa de “una nivelación al cien por ciento del salario”. En este contexto, en Cochabamba, fueron incendiadas las sedes de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico y del MAS.

Las imágenes de sublevaciones en distintas partes del país, donde se ve claramente cómo los policías agitan consignas respecto al fraude y la renuncia de Morales, entremezclándose y siendo vivados por civiles que incluso van hasta los cuarteles militares a exigirles su “apoyo al pueblo”, dan cuenta del grado político del acuartelamiento policial. Uno de los ejemplos más notorios fue en Tarija, donde el jefe policial vivó ante las cámaras el cántico hit de las protestas: “¡Nadie se rinde!”.

Respecto a las Fuerzas Armadas, Zavaleta aseguró que “el presidente Evo Morales y nuestro Gobierno han dado una orden estricta a que bajo ninguna circunstancia va haber un acuartelamiento, ni ninguna operación en calles de ninguna ciudad. Por tanto, la situación de las Fuerzas Armadas en los nueve departamentos y todo el país es de normalidad”. Y sobre los policías amotinados apuntó a que confía que el comandante nacional, Yuri Calderón, haga “reflexionar a los policías que por alguna razón se han amotinado y estamos seguros que la Policía va a continuar cumpliendo su labor constitucional que es dar resguardo a la ciudadanía”.

Este sábado por la tarde, las Fuerzas Armadas se pronunciaron por primera vez desde que hace 20 días estalló el conflicto, después de las cuestionadas elecciones de septiembre. Lo hicieron para anunciar que "nunca se enfrentarán al pueblo boliviano" y pedir que en el ámbito político se encuentre una solución velando los intereses del país.

“Las Fuerzas Armadas, enmarcadas en la democracia y las leyes, garantizaremos la unión entre compatriotas, por lo que ratificamos que nunca nos enfrentaremos con el pueblo, a quien nos debemos y siempre velaremos por la paz, convivencia entre hermanos y el desarrollo de nuestra patria”, anunció el comandante de esa institución, Willams Kaliman. El anuncio se hizo en conferencia de prensa junto todo el Alto Mando, compuesto por el jefe de Estado Mayor del Comando en Jefe, el Inspector de las FFAA y los comandantes de las tres fuerzas.

El gobierno denuncia, los cívicos avanzan

El viernes por la noche la Cancillería boliviana hizo público un comunicado a la comunidad internacional dando cuenta del golpe de Estado. Este sábado, el presidente Morales, volvió a ser enfático al denunciar el golpe en marcha contra su gobierno, “contra los movimientos sociales y contra los más humildes”. Por eso llamó a una gran movilización pacífica en pos de la democracia y del voto popular y convocó a una mesa de diálogo con las cuatro fuerzas políticas que obtuvieron asambleístas en las elecciones.

En cuanto a la oposición, quienes concentran por estas horas la atención mediática son los dirigentes de los comités cívicos encabezados por Camacho --de Santa Cruz-- y Marco Pumari --de Potosí--, que continúan incentivando al cerco de La Paz a través de la llegada de grupos de choque desde distintos puntos del país para presionar aún más sobre plaza Murillo y la Casa Grande del Pueblo. Camacho volvió a acercar las posiciones con Carlos Mesa y pronunció el mensaje más explícito de golpismo al celebrar los amotinamientos y felicitar a los policías “por estar con su pueblo, ¡Dios los bendiga!” y pedir a los militares que se unan “para cumplir el compromiso con el pueblo”.

La crisis se prolonga y se profundiza, la fecha máxima --entre el martes y miércoles próximo-- para que la OEA dé las conclusiones de la auditoría de las elecciones parece una eternidad. El propio lunes se avizora como otro atolladero institucional y una vuelta de tuerca sobre la convulsión ante la decisión tomada por opositores al mando de Camacho de entregar formalmente y en conjunto la carta de renuncia a Morales, lo cual elevará aún más las tensiones. La ofensiva de Camacho parece destinada a lograr la salida de Morales antes de que se conozca el resultado de la auditoría de la OEA. Camacho ya rechazó cualquier salida electoral y ni siquiera reconocería el llamado a una segunda vuelta, como propuso la OEA al comienzo de la crisis.

Apenas tres semanas han transcurrido desde la victoria electoral del MAS, pero el gobierno tambalea, la democracia cruje y sólo sobra la incertidumbre. Pero algo está claro respecto a los motines policiales: otro eslabón se ha roto en el camino del golpe de Estado.

Producto de los acuartelamientos, el sábado hubo actos vandálicos y agresiones a funcionarios, periodistas y militantes del MAS en distintos puntos del país. Entre varios hechos, el gobernador de Oruro sufrió el incendio de su vivienda, trabajadores estatales del canal Bolivia TV y de Radio Patria Nueva denunciaron que fueron secuestrados y privados de su derecho al trabajo por grupos de choque de la oposición que cercaron el edificio, y la sede paceña de la Confederación Campesina (CSUTCB) fue invadida y atacada, delito que fue repudiado por el propio presidente Morales antes de reunirse con los dirigentes de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

Justamente la CSUTCB convocó a cercar La Paz para que el cívico Camacho abandone en 48 horas la ciudad, medida a la que se plegaron las federaciones vecinales y diversas organizaciones de El Alto. Con el respaldo de los alteños se plantea un escenario de mayor conflictividad, pero que puede ser un factor de alivio para el gobierno boliviano.

 


Informe preliminar de la OEA insta a repetir las elecciones en Bolivia

 

Rusia today

 

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de un comunicado, publicado este 10 de noviembre en su sitio web, ha instado a anular los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre en Bolivia y convocar nuevos comicios ante la tensa situación que se vive en este país latinoamericano, después de la victoria del actual jefe del estado, Evo Morales, entre denuncias de fraude por parte de la oposición.

"Desde la Secretaría General de la OEA reiteramos la disposición para cooperar en la búsqueda de las soluciones democráticas para el país, es por ello, que en virtud de la gravedad de las denuncias y análisis respecto al proceso electoral, que me ha trasladado el equipo de auditores, nos cabe manifestar que la primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente, efectuándose la primera ronda tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral", reza el comunicado del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro.

 

Publicado: 10 nov 2019 10:01 GMT

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Domingo, 10 Noviembre 2019 05:38

El desborde en Chile

El desborde en Chile

 El gobierno de Piñera acaba de quebrar el record mundial de heridos en los ojos, y hay palizas, torturas, muertos, acoso sexual y denuncias de centros clandestinos. Hay casi dos mil heridos y el Instituto de Derechos Humanos chileno recibió 2300 denuncias.

 

Las violaciones a los derechos humanos abarcan en Chile un espectro amplio. Hay un récord mundial de heridos en los ojos, veinte muertos registrados en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) --cinco en manos de agentes del Estado--, violencia sexual. Niños y adolescentes son detenidos y reciben disparos y gases todos los días, incluso en los colegios. Hay golpizas, torturas, denuncias de la existencia de centros clandestinos de detención, familiares que desconfían de las autopsias. Los heridos son al menos 1915. El Instituto recibió 2300 denuncias por vulneraciones de derechos humanos desde que comenzó el estallido. La Organización Naciones Unidas difundió un comunicado en el que condena el uso excesivo de la fuerza y los actos de violencia.

Van tres semanas del despertar de Chile y la represión recrudece, despojando a la sociedad de su derecho a manifestarse. Esta semana, el presidente anunció proyectos de ley que criminalizan la protesta y convocó al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). El pueblo sangra pero responde con marchas --el viernes hubo una masiva, que según Interferencia reunió a medio millón de personas-- y cabildos. Según cifras del Ministerio del Interior, hubo cuarenta lesionados. Los intentos de Sebastián Piñera de desgastar la movilización no dan resultado. “Manda cada vez más violencia a la calle. Quiere apagar el fuego con bencina. Pero están cada vez más fuertes las ganas de luchar y de bajarlo”, dice a Página/12 Lenny Montanares, 18 años, herido con veinte balines de goma en Parque Bustamante. 

La percepción de la mesa de Unidad Social, conglomerado de sindicatos y organizaciones que de algún modo canaliza la voz del pueblo, es que Piñera sigue sordo al reclamo de las calles, que es la asamblea constituyente: “Insiste en su política represiva, agudizando el conflicto”, opina Carolina Espinoza Tapia, de NO+AFP. Después de la gran marcha del viernes, Piñera dijo que prepara “un proyecto de cambios” a la Constitución. La dirigente cuestiona la reforma tributaria por “insuficiente y cosmética” e informa que los sindicatos harán huelga el martes. “Estamos siendo perseguidos, reprimidos; seguimos sumando heridos y detenciones ilegales. El abuso policial se extiende especialmente a los chiquillos”, advierte. Este martes, los Carabineros dispararon en un colegio secundario femenino. Dos menores resultaron heridas. Según los medios, una recibió el impacto de quince perdigones.

 

Un Estado que extirpa ojos

 

El 23 de octubre, Alejandro Muñoz Fuentes había combinado con sus compañeros de la banda Anarkía Tropikal para marchar a Plaza Italia. En la esquina de Santa Rosa y Alameda se encontró con barricadas y peleas entre policías y manifestantes. “Yo estaba apagando bombas lacrimógenas con un tarro de agua”, cuenta el hombre de 36 años a este diario. De pronto sintió un zumbido. Vio una lacrimógena a punto de impactar. No alcanzó a moverse. “Me pegó de frente en mi ojo y caí al suelo con mi tarro”, recuerda. Mientras un grupo de jóvenes lo arrastraba por la Alameda para auxiliarlo, los Carabineros seguían disparando gases. Detrás de unos árboles del cerro Santa Lucía fue atendido por la Cruz Roja y estudiantes de medicina. En la clínica le diagnosticaron explosión ocular con desprendimiento de retina y globo. Lo trasladaron y lo operaron. “Me reconstruyeron el ojo. Me lo habían desmembrado. Parece uno normal y lo puedo mover, pero no veo. Una oscuridad absoluta.”


“Salí a protestar por la injusticia y ahora es todo más injusto. Antes tenía una pequeña empresa, me estaba yendo muy bien. Voy a tener que buscar una nueva forma de vida. Tengo que seguir adelante. Si me quedo me pudro”, expresa el obrero de la construcción, gasista, plomero y artista plástico. “El Estado me extirpó un ojo. Necesito que se haga responsable. Tiene que pagarme hasta el último peso (del tratamiento)”, exige Alejandro, que tiene tres abogados.


El suyo es un trauma que comparten 182 personas, según el último reporte del INDH. El número de heridos con lesiones oculares, en su mayoría a causa de perdigones y balines, “es totalmente inusual para la historia de Chile y del mundo”, afirma Enrique Morales, presidente del departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. Ahora mismo esa cifra está creciendo, a pesar de los llamados de atención de médicos y referentes de derechos humanos. Es un récord mundial si se compara con otras áreas de conflicto como Israel y Palestina. “Varias decenas han perdido no sólo la visión, sino también el ojo. Es una catástrofe. Una emergencia sanitaria. Para las víctimas, un daño físico y psicológico, porque esto no tiene mejoría”, advierte Morales. 

El promedio de edad de los afectados es de 29 años. En su mayoría fueron alcanzados por balines de goma con centro metálico. “Por lo que nos relatan y lo que podemos ver en videos no se siguen protocolos. Hay cierta gradualidad que se debiera utilizar y muchas veces ésta es la primera herramienta a la que se recurre”, asegura Morales. Este afán de disparar directo al ojo se ha vuelto habitual hacia quienes registran con cámaras episodios violentos. En las performances artísticas de las calles de Santiago este trauma colectivo es representado. También está en fotos pegadas en los edificios. El decano de Medicina de la Universidad de Chile, Manuel Kukuljan, acusó al Estado de usar la “mutilación” como herramienta de control público. Por redes sociales circula la versión de que un estudiante de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano fue herido el viernes en ambos ojos.

 

De la paz a las lacrimógenas



Son poco más de las 17 en Plaza Italia, epicentro de la protesta social en Santiago. Un grupo pequeño de jóvenes copa Plaza Baquedano, salta y grita contra los pacos. Es una marcha autoconvocada, sin la masividad de otras ni presencia sindical o de organizaciones. Además, es pacífica. Como todas las movilizaciones pacíficas del pueblo chileno termina mal. En pocos minutos la violencia arrasa con la paz. Bien temprano llegan los hidrantes. “Cabros, no nos movamos”, agita una morocha. Comienzan los chorros de agua --los jóvenes creen que contienen pis y caca de uniformados--, los manifestantes corren adonde pueden, y muy rápidamente comienzan a explotar lacrimógenas que caen desde varias direcciones. 

En Parque Bustamante se oyen disparos. Una madre ve cómo caen las bombas. Sujeta fuerte a su hija de la mano. Le ordena que se coloque gafas. En esta zona, en que la Policía suele generar picantes encerronas, Lenny Montanares recibió nada menos que el impacto de veinte balines de goma. Su caso es uno de los que aparecen en el Archivo de Memoria Audiovisual (AMA), un documento en desarrollo en el que vale la pena detenerse, elaborado por un grupo de periodistas con la intención de dar rostro y voz a las víctimas de violencia civil, militar y policial

(https://uploads.knightlab.com/storymapjs/cff39c5ecb6c7254a4be4cc095ebcd66/probando/index.html ). “Nosotros no estamos yendo con armas. Estamos yendo a lo máximo con piedras. Los jóvenes son los que menos miedo tienen entonces van con más fuerza. Son unos grandes, súper guerreros”, expresa Lenny, que marchaba por las pensiones de sus abuelos y la educación de su hermano menor. Todavía tiene una bala en la pierna. Cojea “todo el día”.


Morales se refirió a la utilización de lacrimógenas, armas químicas prohibidas en los tratados de algunos países para su uso en las guerras, pero que se emplean para controlar y dispersar manifestaciones. En Santiago es tal el abuso que ya parecen normales, parte del paisaje. No hace falta estar cerca de una explosión para padecer sus consecuencias. Los ojos arden y lagrimean, se produce una sensación de ahogo y es posible que aparezca una persistente tos combinada con náuseas y sangrado de nariz. “Son complicadas. Hay dudas muy serias respecto de los daños que provocan en forma crónica, de distinto tipo, incluida la generación de problemas respiratorios y cuadros neurológicos. Tienen efectos inmediatos en términos de toxicidad”, describe Morales. Su impacto ha causado fracturas y contusiones. Hace poco, un vendedor ambulante padeció un impacto tan cercano que le causó una severa lesión craneal. Lo último que se supo es que se encontraba en coma inducido.

 

Violencia político-sexual



La violencia sexual ejercida por Carabineros y militares es otro de los sellos de la represión chilena. Abarca “una amplia gama de prácticas”. Muchas veces ocurre en el contexto de detenciones irregulares. “Se han hecho procesos de desnudamiento a menores de edad y a mujeres, incluso bajo amenaza de que si no lo hacían iban a quedar detenidas por más tiempo. Hay víctimas de golpes y tocaciones, hemos visto moretones alrededor del área genital. La violencia ha llegado hasta la introducción de elementos, por ejemplo armas, y violaciones”, informa Libertad Márquez, ginecóloga feminista, integrante de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, la Mesa de Acción por el Aborto y la flamante Agrupación de Salud por Derechos Humanos. Desde el despertar chileno ha estado atendiendo víctimas en puntos cercanos a las concentraciones.


Según el último informe del INDH, se presentaron 52 querellas por violencia sexual (por desnudamientos, amenazas, tocaciones y cuatro penetraciones). Las que más la padecieron son mujeres de entre 20 y 25 años, según lo que pudo observar Márquez, y de las clases sociales más vulnerables. “Hay muchos más casos de los denunciados, pero las víctimas no se animan a hablar porque han sido amenazadas”, asegura.


También hay hombres entre las víctimas. No obstante, se puede hablar de un ataque específico hacia mujeres y la comunidad LGBTIQ. “Hay veces que en las detenciones a las mujeres se les pide desnudarse y a los hombres no. Y si la mujer representa el estereotipo de alguna disidencia es más violentada. Hay testimonios de violación con intención correctiva en una paciente lesbiana”, destaca Márquez. En este sentido, uno de los casos más resonantes es el de Josué Maureira, estudiante de medicina de 23 años que denunció haber sido apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual, nuevamente golpeado hasta que se le quebró el tabique, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a agentes.


“Todavía me siento encima como para sacar conclusiones. Con dolor digo que seguimos recibiendo testimonios y atendiendo. Estamos demasiado en la trinchera como para poder ver qué está significando para esta generación tener bajo el alero de un título de democracia acciones que no se habían visto desde la dictadura. Bajo una supuesta normalidad se han desatado las más atroces prácticas realizadas por personas que visten uniforme”, concluye Márquez. Menciona el caso de una víctima que después de sufrir vejámenes sexuales se suicidó. Una historia que “nunca” verá la luz con nombre y apellido, porque la persona no alcanzó a denunciar, y su familia ante el miedo prefiere el silencio.

Son varias las agrupaciones trabajando en esta problemática, como Abogadas Feministas y Ni Una Menos Autónoma. La ONG Amaranta llamó la atención respecto de la cantidad de víctimas que dicen haber sido tocadas “en plena calle, mientras marchaban, por efectivos de Fuerzas Especiales”. Memorias de Rebeldía Feminista es un colectivo de ex presas políticas. Reciben denuncias y están dando talleres en colegios y liceos de la capital chilena. Ellas afirman que la violencia actual no es más que “el fiel reflejo de la impunidad de la violencia político-sexual o tortura sexual” de los tiempos de dictadura.



Dirigentes y periodistas en la mira



El fotógrafo tucumano Jeremías González, corresponsal del diario Der Spiegel, estuvo detenido en Chile durante seis horas, el domingo 3. Estaba retratando una marcha de ciclistas rumbo a la casa del presidente en Las Condes. Al principio le dijeron que se lo llevaban por estar sacando fotos. Un colega chileno, Alvaro Santa Ana, comenzó a retratar la escena y también se lo llevaron. Los acusaron de desorden público. Con Sant Ana fueron más lejos: “usurpación de funciones”, porque no contaba con acreditación (es reportero free lance). Compartieron este episodio con cuatro manifestantes. Por otra parte, tres periodistas argentinos de medios alternativos fueron retenidos en el aeropuerto de Santiago y según denunciaron la Policía de Investigaciones los mantuvo encerrados en una habitación y los amenazó con deportarlos con el argumento de que había fotos en sus redes que “incitaban al odio”. El caso más grave en materia de periodismo y derechos humanos es el del camarógrafo chileno Alejandro Torres, baleado en el ojo izquierdo con un perdigón. Podría perderlo. Por su parte, los dirigentes sociales de base están siendo vigilados por la Policía. Se supo por un documento de Carabineros que se filtró.

 

Un ataque masivo

 

Torturas, personas atropelladas y golpeadas, heridos que no paran de crecer y que evitan los centros de salud por miedo a represalias, denuncias de la existencia de centros clandestinos de detención, sospechas de montajes en las muertes, violencia sexual, represión, detenidos (en todo el proceso 5565 según INDH, de los cuales más de 600 son niños y adolescentes; 9 mil ha dicho el Ministerio del Interior). Un ataque que se vuelca fuertemente sobre niños y adolescentes. En las redes pueden aparecer posteos aislados de personas que buscan familiares pero no existen cifras oficiales de desaparecidos. “Las acciones que se están llevando a cabo por agentes del Estado no son aisladas. Están cometiéndose conductas generalizadas. Podría decirse que es un ataque masivo, una coordinación de distintos entes del Estado”, analiza el abogado Francisco Ugás Tapia, del estudio de Nelson Caucoto Pereira, dedicado a los derechos humanos.


El INDH informó el jueves que recibió unas 2300 denuncias por vulneraciones de derechos humanos desde el inicio de las protestas, que según el organismo dejaron un saldo de 20 muertos y 1915 heridos (más de mil por disparos de armas de fuego). La mayoría de las querellas apuntan al actuar “vulneratorio” de Carabineros durante las tres semanas de manifestaciones y también de miembros de las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia. De las denuncias, 72 acusan a las fuerzas de seguridad de torturas. El viernes, Fiscalía Nacional informó que abrió 1080 investigaciones penales por denuncias de violencia institucional que acusan a Carabineros, el Ejército, la Policía de Investigaciones y la Armada.

“La explicación de mucho de lo que está ocurriendo ahora, esta desproporción de las Fuerzas en su actuar y los distintos delitos imputables a agentes del Estado, se encuentra en lo que ocurrió en la dictadura. La formación en derechos humanos de las fuerzas policiales y armadas ha sido bastante escasa. También en términos de los protocolos institucionales actuales”, explica Ugás Tapia, quien lleva los casos de un colombiano de 16 años baleado en la espalda con 13 perdigones y de un hombre golpeado por 12 carabineros en Ñuñoa (por el que los policías están siendo investigados).

Aparte de la represión en el Liceo 7, otro hecho impactante de esta semana fue la denuncia de un estudiante que dijo haber sido secuestrado por Carabineros de civil y torturado en Antofagasta en lo que podría ser un centro clandestino de detención. Además, en los últimos días, Interferencia planteó diversas dudas respecto de la calidad de los peritajes del Servicio Médico Legal a los cuerpos de fallecidos en manifestaciones, disturbios y saqueos. Se supo, por ejemplo, que Yoshua Osorio Arias, menor de 17 años encontrado al interior de Kayser, falleció por asfixia pero tenía tres orificios en su tórax, que no habían sido ahondados en la autopsia.


Con todo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado chileno autorización para visitar el país y están llegando organizaciones y personalidades de derechos humanos, como Nora Cortiñas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). El viernes, la prensa consultó a Piñera por la preocupación de expertos de la ONU en torno al uso de perdigones y balines. El mandatario no respondió la pregunta. Simplemente sonrió.

Publicado enCrisis Chile
Sábado, 09 Noviembre 2019 06:39

Un siquiatra para los geopolíticos

Un siquiatra para los geopolíticos

Entre los numerosos exabruptos que se circulan estos días, de todos los colores y sinsentidos, algunos merecen ser destacados porque ilustran un tipo de pensamiento elitista. Ante la oleada de rebeliones, estallidos y levantamientos que está atravesando el continente, los gobiernos acusan siempre a sus enemigos por fomentarlos; la derecha a la izquierda y viceversa.

Unos y otros no pueden imaginar que la gente que se manifiesta lo hace por propia voluntad, que los pueblos no son marionetas cuyos hilos manejan los grandes países o los caudillos. Desestiman la autonomía, que existe, y sólo pueden ver la heteronomía, que también existe, pero que en modo alguno puede explicar las rebeliones en curso.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, culpa sin pruebas a Nicolás Maduro y al ex presidente Rafael Correa, por el levantamiento que durante 12 días sacudió al país. "Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador, no es una manifestación social de descontento y protesta frente a una decisión de gobierno, no. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno", dijo Moreno (https://cnn.it/2C8Givm).

De ese modo cree que puede eludir los reales problemas del país, que han llevado a cientos de miles a las calles, con inusitada rabia, forzándolo a dar marcha atrás con su paquete del medidas inspiradas por el Fondo Monetario Internacional.

El inefable secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció que existe un "patrón" de desestabilización que viene de Venezuela y de Cuba. "Las brisas del régimen bolivariano impulsadas por el madurismo y el régimen cubano traen violencia, saqueos, destrucción y un propósito político de atacar directamente el sistema democrático y tratar de forzar interrupciones en los mandatos constitucionales", dijo el 24 de octubre. (https://bit.ly/2pDRrlp).

El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó que hay claras señales de personas que están "aprovechando el debate" para "fomentar el conflicto" en los países sudamericanos, principalmente "mediante el uso y abuso de las redes sociales y de alborotadores", apuntando a Rusia y a sus aliados en la región (https://bit.ly/36rhOvt).

Desde el lado opuesto, el progresismo latinoamericano, se procede exactamente del mismo modo. El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, acusa a Washington de inspirar las manifestaciones estudiantiles contra su gobierno y, de paso, acusa de "terroristas" a quienes se lanzaron a las calles contra su régimen (https://bit.ly/2PQCzef).

El gobierno de Vladimir Putin acusa en la misma dirección a Estados Unidos por desestabilizar a sus aliados en América Latina, denunciando "un nuevo modelo de injerencias de todo tipo en asuntos soberanos, intentos de golpes ilegítimos, cambios de régimen" (https://bit.ly/2WVXbmV).

"La crisis que atraviesa Bolivia por las denuncias de fraude en las elecciones" es atribuida por el gobierno de Evo Morales a Washington, actuando de modo simétrico a los demás gobiernos que acusan de sus problemas al imperio (https://bit.ly/2r9zLyB).

La lista es interminable y se puede incluso retrotraer a crisis anteriores. Creo que esta lógica tiene consecuencias nefastas para los pueblos. Es una pervivencia de la guerra fría, en la que toda acción popular era atribuida a una de las superpotencias, porque todo debilitamiento de un campo beneficiaba al otro. Si esta actitud tuvo escaso asidero durante la guerra fría, ahora no tiene el menor sentido.

En primer lugar, este pensamiento que antepone la geopolítica a la emancipación, permite aplastar pueblos, clases, géneros y generaciones porque su lucha es considerada como un obstáculo para resolver la "contradicción principal" (nocivo concepto de Mao), que sería la que enfrenta a las naciones con el imperialismo y a la clase obrera con la burguesía.

En segundo lugar, revela profunda incomprensión de las nuevas realidades de los pueblos. La emergencia de los pueblos originarios y del movimiento feminista deslegitima el colonialismo y el patriarcado y le da vuelos autónomos a los sectores populares.

La negativa de los pueblos ecuatorianos a dejarse utilizar por el gobierno de Lenín Moreno o por el ex presidente Rafael Correa, habla de esta nueva manera de pararse en el mundo. Se niegan a que algunos de los bandos políticos se beneficien de sus luchas, lo que revela madurez y aprendizajes.

En Chile las mujeres están realizando sus propios cabildos, porque buscan "una profunda transformación económica, social, política y cultural" que no puede contenerse en un cambio de gobierno, ni siquiera en una asamblea constituyente, porque "en un momento de crisis política, a las mujeres y disidencias sexuales nos asalta el miedo fundado de que vuelvan a dejarnos fuera" (https://bit.ly/34ByzCa).

Observamos una lucha por debajo de la lucha, el intento de cada pueblo y cada sector de la sociedad de hablar por sí, sin mediadores ni representantes.

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Sábado, 09 Noviembre 2019 06:35

Piñera se despabiló y propuso reformas

Piñera se despabiló y propuso reformas

Decenas de miles de manifestantes asistieron a la llamada tercera marcha más grande de Chile, en la céntrica Plaza Italia de Santiago. Ataque e incendio a una universidad.

Decenas de miles de manifestantes asistieron a la llamada tercera marcha más grande de Chile, en la céntrica Plaza Italia de Santiago, a la que buscaron rebautizar como "Plaza de la Dignidad". A pocas cuadras de la movilización el fuego arrasó con una universidad. El Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, adjudicó el hecho a un grupo de encapuchados. Frente al Palacio de La Moneda, sede del gobierno, desfiló otra marea de personas, en su mayoría jóvenes. En el blanco de sus reclamos estuvo el Presidente Sebastián Piñera que el jueves anunció una serie de leyes de mano dura. Un poco más a tono con los reclamos que hace semanas despertaron a todo Chile, presentó en el Congreso una serie de medidas tributarias orientadas a mejorar los ingresos de los sectores medios y bajos.

"La tercera marcha más grande de Chile" o "La tercera es la vencida", fueron las consignas que circularon por las redes sociales para convocar a las movilizaciones. Y así fue. Miles de personas se acercaron desde distintos puntos de la ciudad, mientras sonaban bombos y estallaban fuegos artificiales. El foco de los reclamos fue, otra vez, Sebastián Piñera, que a contra mano de las exigencias que se oyen en las protestas, sigue propiciando la represión por parte de las fuerzas de seguridad.

Desde la plaza podía verse una columna de humo que provenía de la Universidad Pedro de Valdivia. Allí un incendio se propagó rápidamente entre el segundo y el tercer piso del inmueble, que era utilizado como rectoría y decanato de la Universidad. El intendente de la región Metropolitana, en la que se ubica la capital del país, dijo que "un grupo de encapuchados" habría entrado al edificio y, tras saquearlo, lo habrían prendido fuego. Luego de una hora los bomberos lograron contener las llamas.

Encerrado por la crisis social que se extiende ya desde hace tres semanas, Piñera propició un giro en su agenda legislativa. La cámara de diputados dio ayer media sanción a una ley para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas. El proyecto impulsado por el Partido Comunista, fue aprobado con los votos de la derecha. Ahora debe ser tramitado en el Senado. El gobierno envío un proyecto de ley que contempla varias modificaciones: dio marcha atrás con una reducción impositiva a las grandes empresas que había propiciado hace pocas semanas; estableció un impuesto a las viviendas de más de 400 millones de pesos chilenos de avalúo fiscal (unos 540.000 dólares); incrementó el salario mínimo en un 16 por ciento, pasarando de 301.000 (404 dólares) a 350.000 pesos (unos 468 dólares); aumentó en un cinco por ciento los aportes jubilatorios a cargo de los empleadores. Además propuso la creación de un seguro para enfermedades catastróficas; la reducción del precio de los medicamentos; anular el alza del 9,2 por ciento en las tarifas eléctricas; reducir las dietas de los parlamentarios y los altos sueldos de la administración pública.

Encerrado por la crisis social que se extiende ya desde hace tres semanas, Piñera propició un giro en su agenda legislativa. La cámara de diputados dio ayer media sanción a una ley para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas. El proyecto impulsado por el Partido Comunista, fue aprobado con los votos de la derecha. Ahora debe ser tramitado en el Senado. El gobierno envío un proyecto de ley que contempla varias modificaciones: dio marcha atrás con una reducción impositiva a las grandes empresas que había propiciado hace pocas semanas; estableció un impuesto a las viviendas de más de 400 millones de pesos chilenos de avalúo fiscal (unos 540.000 dólares); incrementó el salario mínimo en un 16 por ciento, pasarando de 301.000 (404 dólares) a 350.000 pesos (unos 468 dólares); aumentó en un cinco por ciento los aportes jubilatorios a cargo de los empleadores. Además propuso la creación de un seguro para enfermedades catastróficas; la reducción del precio de los medicamentos; anular el alza del 9,2 por ciento en las tarifas eléctricas; reducir las dietas de los parlamentarios y los altos sueldos de la administración pública.

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Sábado, 09 Noviembre 2019 06:31

Un desafío policial para Evo

Un desafío policial para Evo

Motines en Cochabamba y Chuquisaca contra el presidente

 

Efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba se rebelaron ayer a la tarde y quisieron nombrar otros comandantes. Fue la distrital que hizo punta y con el correr del día se fueron sumando los regimientos policiales de Chuquisca y otros departamentos. El gobierno podría mandar a los militares a tomar la UTOP a nivel nacional y se espera el anuncio de un estado de emergencia.

En medio de una convulsión generalizada por parte de la oposición al presidente Evo Morales tras los resultados electorales del 20 de octubre, la UTOP de Cochabamba se sumó a las intentonas golpistas agitadas desde hace semanas por la derecha boliviana. Según el diario "El Deber", más de cinco mil efectivos de la repartición son parte de esta nueva avanzada contra la democracia. Familiares de los policías y manifestantes de grupos que responden al Comité Cívico Nacional vitorean a los insurrectos que por decenas se asoman desde los techos del edificio.

Un memorándum de los amotinados, con firma del General Comandante Vladimir Yuri Calderón, indica que "se destina como nuevo comandante departamental de la Policía de Cochabamba a Jaime Edwin Zurita Trujillo para cumplir la misión encomendada en el término estipulado por reglamento y desempeñar las funciones en el cargo mencionado, cumpliendo estrictamente con la Constitución Política del Estado".

La noticia llegó hasta la ciudad de La Paz, donde los presidentes de los comités cívicos de Santa Cruz, Fernando Camacho; de Potosí, Marco Antonio Pumari y de Beni, Fernando Llapiz, protagonizaban un cabildo en la zona sur. Los cívicos celebraron junto a los asistentes a la concentración. Camacho señaló que "el mensaje de la Policía es que queremos un pueblo unido", insistió con que deben anularse las elecciones e "ir a nuevos comicios, con otro Tribunal Electoral y sin Evo Morales". Hasta las 19,30 no se habían expresado las autoridades del gobierno central.

Los motines se producen a pocos días de que la OEA brinde las conclusiones de la auditoría del discutido escrutinio y en una jornada plagada de cruces entre el gobierno y la oposición y entre los propios opositores como Carlos Mesa y el cívico Luis Fernando Camacho. Horas antes, el presidente Evo Morales había reiterado que no renunciará y volvió a llamar al pueblo a defender el voto popular y la democracia.

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