Bolsonaro cedió a las presiones de un sector del Parlamento y cambió a seis ministros

El presidente de Brasil realizó un fuerte cambio en su gabinete, entre ellos los de sus ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores y consolidar de paso su alianza con el llamado "Centrao".

 

El cambio en el gabinete del Gobierno brasileño comenzó con la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo. Luego de un ataque a la senadora Katia Abreu del Partido Progresista. El primer trago amargo para Bolsonaro, con el jefe del Itamaraty pidiendo su renuncia, resultado de la presión del parlamento que se movía para pedir su juicio político.

En total dejaron su cargos los ministros Ernesto Araújo (Relaciones Exteriores), Fernando Azevedo e Silva (Defensa), André Mendonça (Justicia), Luiz Eduardo Ramos (Secretaría de Gobierno), Walter Souza Braga Netto (Jefatura de Gabinete) y José Levi (Fiscalía General, o AGU).

La caída de Ernesto Araújo fue un duro golpe para el bolsonarismo. El ahora excanciller, había llegado a decir que "Trump había llegado para salvar a Occidente". Su partida debilita al presidente y allana el camino para una mayor domesticación de Bolsonaro cediendo al Centrão, un sector de la derecha y centro derecha del parlamento que comanda Diputados y el Senado, que permanece como base de apoyo para el presidente a costos cada vez mayores.

Luego llegó la salida del ministro de Defensa, el general Azevedo, que fue despedido del cargo por Bolsonaro. "Preservé a las Fuerzas Armadas como instituciones de Estado", dijo el ministro de Defensa saliente en un comunicado difundido luego de reunirse con el presidente en el Palacio del Planalto.

Varios analistas brasileños indican que el ahora exministro se habría opuesto a un plan de Bolsonaro para declarar toque de queda en todo el país. Lo cierto es que una parte de la cúpula militar busca que el Ejército se involucre de forma menos visible en la política, en parte fruto de un realineamiento de los militares con la nueva administración en la Casa Blanca, del actual presidente Joe Biden.

Los militares fueron un sector clave en el régimen surgido del golpe institucional contra Dilma Roussef y las arbitrariedades posteriores, pero ahora, ante las presiones de Washington, no quieren parecer tan próximos a Bolsonaro. En ese sentido se entiende la posición del jefe del Ejército, general Edson Pujol, en favor de las cuarentenas declaradas en algunos Estados del país.

Este es el segundo general que echa el ex capitán Bolsonaro: la semana pasada cayó el hasta entonces ministro de Salud, Eduardo Pazuello.

La modificación en el gabinete fortalece la presencia y ascendencia del "Centrao" en el Gobierno. Es posible que la elección del nuevo ministro de Relaciones Exteriores no esté solo en manos de Bolsonaro.

Detrás de la salida de Araújo se vio otra disputa. Su permanencia en el Gobierno era insostenible luego de que el ministro acusó a la senadora Kátia Abreu, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, de presionar a favor de los chinos por la implementación del 5G en el país.

El discurso dirigido al sector más duro que apoya al Presidente fue evidente, movilizando a las tropas a través del elemento anti-China. En las redes sociales los bolsonaristas salieron en defensa del ministro, denunciando la intervención china. Sin embargo, la táctica del canciller solo logró inflar el parlamento en su contra de una vez por todas, especialmente el “centrao” del que Kátia Abreu es parte.

En su denuncia a la simpatía de la Senadora con China, sobre en el tema del 5G, Araújo buscó enfatizar el componente funcional de la política bolsonarista, de subordinación en primer lugar a Washington, incluso para la nueva diplomacia de Biden.

Sin embargo hay un elemento a tener en cuenta, desde la perspectiva del futuro nombramiento de un titular del Itamaraty. Kátia Abreu, en su respuesta a Araújo, no negó que defendió que "las licitaciones no pueden incluir vetos ni restricciones políticas", asumiendo una posición más pro China. La que fuera ministra de Agricultura de los gobiernos del PT expresa los compromisos de la agroindustria, de pensar pragmáticamente en primer lugar para sus clientes, el mayor de los cuales es China.

La modificación en el gabinete abrió lugares para el "Centrao". El titular de Diputados, Arthur Lira, hombre clave del sector de los parlamentarios que apoya al Gobierno, amenazó la semana pasada con "remedios amargos" frente a la criminal política de Bolsonaro ante la pandemia, de la cual el país es el centro mundial con más de 2.500 muertos diarios en promedio por semana y el 80% del país bajo colapso.

Lo que nuevamente resalta son las grietas y disputas por arriba y el colapso del gobierno de Bolsonaro. En este momento de debilidad del régimen, el surgimiento de la clase trabajadora como actor independiente de estas disputas sería fundamental. Sin embargo, Lula y las centrales sindicales actúan una vez más para garantizar la pasividad y la unidad de intereses, perdonando el golpe y abriendo el camino de la conciliación para el 2022.

Lo fundamental sería levantar una fuerza de trabajadores en cada lugar de trabajo y estudiar para sacar no solo Araújo, sino para oponerse a Bolsonaro, los militares y todos los golpistas en su conjunto. Una fuerza de trabajadores para garantizar una salida ante la crisis que vive el país.

Por Diego Sacchi@sac_diego

Lunes 29 de marzo | 21:54
Publicado enInternacional
Dos bonaerenses frente a un banco reabierto tras la cuarentena por el coronavirus, el 3 de abril de 2020.Agustin Marcarian / Reuters

Antonio Guterres indicó los factores que llevan a subestimar la gravedad del problema.

El mundo se enfrenta a severos problemas de sostenibilidad de la deuda tras la crisis de coronavirus que no han sido debidamente entendidos ni manejados, según ha afirmado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

En declaraciones a The Financial Times, el alto funcionario señaló que la "respuesta al covid-19 y a los aspectos financieros [de la crisis] ha sido fragmentada", así como "demasiado limitada en escala y tardía", mencionando también entre los contratiempos las existentes "divisiones geopolíticas".

Según Guterres, el hecho de que solo seis países fueran incapaces de pagar su deuda externa el año pasado —Argentina, Belice, Ecuador, el Líbano, Surinam y Zambia— ha creado la "ilusión" de estabilidad y "la percepción errónea de la seriedad de la situación".

El funcionario señaló que grandes países emergentes de ingreso medio, como Brasil y Sudáfrica, se han endeudado fuertemente gracias a prestadores nacionales y no inversores extranjeros, a tasas de interés mucho mayores que aquellas de las que gozan los países ricos. Esto hace que los peligros parezcan menos visibles que en las crisis anteriores en los mercados emergentes.

La incapacidad para fortalecer la sostenibilidad de la deuda presenta la "amenaza de que comprometamos la recuperación de las economías en desarrollo con consecuencias catastróficas para la vida de las personas: la expansión de la hambruna y la pobreza, y problemas dramáticos en los sistemas de salud y de educación". Estos, sostuvo, en muchas ocasiones llevan a la inestabilidad, perturbaciones sociales y conflictos. "Ahora todo está entrelazado", subrayó.

El Banco Mundial evalúa que unos 120 millones de personas se han visto bajo el umbral de la pobreza debido a la crisis de covid-19, la mayoría de los "nuevos pobres" se encuentran en los países de ingreso medio. La ONU anteriormente advirtió que el impacto severo a largo plazo de la pandemia podría llevar a la pobreza extrema a más de 200 millones de personas, elevando el número total a más de 1.000 millones de personas para el año 2030.

Publicado: 30 mar 2021 08:53 GMT

Publicado enEconomía
Vista aérea muestra a sepultureros llevando un ataúd en Vila Formosa, Sao Paulo. 23 de marzo de 2021Foto: Amanda Perobelli / Reuters

El gigante suramericano reportó 3.251 fallecidos en 24 horas y se aproxima a los 300.000 decesos en total desde el inicio de la pandemia.

 

Brasil alcanzó este martes un nuevo pico máximo de muertes diarias por covid-19, al notificar 3.251 fallecidos por la enfermedad en las últimas 24 horas, según datos del Consejo Nacional de Secretarios de Salud de la nación (CONASS), que en su reporte del 23 de marzo notificó además otros 82.493 casos positivos. 

De acuerdo al informe, son 298.676 las personas que perdieron la vida por causas asociadas a la enfermedad desde el comienzo del brote sanitario, mientras que los infectados hasta la fecha suman 12.130.019. 

Apenas dos horas después de conocido el balance de la epidemia, el presidente Jair Bolsonaro habló por cadena nacional de radio y televisión, para destacar los resultados de su gestión en el combate a la pandemia. "Quiero tranquilizar al pueblo brasileño", dijo el mandatario luego de ponderar que el país se encuentra en quinto lugar a nivel mundial en cuanto a personas vacunadas por habitante.

"Las vacunas están garantizadas. Para fin de año, habremos alcanzado más de 500 millones de dosis para vacunar a toda la población. Muy pronto, retomaremos nuestra vida normal", dijo el líder derechista en su discurso. 

A pesar de ello, en las calles de las ciudades más importantes y más afectadas por el virus, como Sao Paulo y Río de Janeiro, hubo una reacción inmediata. Con un cacerolazo masivo, buena parte de la población pidió la renuncia de Bolsonaro en repudio a la conducción de la crisis de salud. 

Al ruido de las cacerolas que se oían desde las viviendas, y que fue ampliamente difundido a través de videos en redes sociales,  se sumaron los gritos de vecinos que acusaban al jefe de Estado de "asesino" y "genocida". 

Este lunes, el mandatario, centro de las críticas opositoras por la gestión de la pandemia, volvió a rechazar públicamente la aplicación de un confinamiento de alcance nacional, y pidió dejar sin efecto las cuarentenas dictadas por los gobernadores departamentales. 

Sin embargo, el mandatario se topó este martes con un contundente fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que rechazó dejar sin efecto los decretos aprobados por los gobiernos del Distrito Federal y los estados de Bahía y Rio Grande do Sul, que decidieron imponer medidas de aislamiento social para frenar el fuerte avance del coronavirus.

En su resolución, el juez Marco Aurélio Mello, le recordó a Bolsonaro que "la visión totalitaria" no tiene cabida en los "aires democráticos" actuales y que, como presidente del país, "es responsable de un liderazgo más amplio" y de "la coordinación de los esfuerzos dirigidos al bienestar de los brasileños".

Publicado: 24 mar 2021 01:33 GMT

Publicado enInternacional
Negocios petroleros, privatizaciones y remate de empresas en Venezuela

Salarios por el suelo y exención de impuestos

Si el mundo es una “tómbola” como dice una canción popular, Venezuela se ha convertido en el mar abierto para los negocios en un curso acelerado jamás visto. “Oportunidades” para hacerse de empresas y activos, donde las facilidades se aseguran, empezando por una de las manos de obra más baratas del mundo, excepciones de todo tipo de impuesto, y lo más importante, el secretismo completo para no correr riesgos y la seguridad de los obscuros movimientos, al paso de una dolarización ad-hoc de la economía.

 

Es el país donde “las oportunidades de obtener ganancias son inmensamente altas” al decir de los asesores en negocios de EM Funding de Londres, donde la discreción tiene la garantía estatal. Y no por casualidad, en medio de la prohibición por la llamada Ley “Antibloqueo” en la que cualquier persona corre el riesgo de cárcel si revela los negocios más oscuros que se llevan adelante, dado el famoso secretismo de Estado hecho Ley, la mayoría de las informaciones van saliendo en caliente en los medios económicos internacionales que no tienen ningún riesgo de coerción.

Así leemos en el medio económico Bloomberg que: “En un elegante salón, los lobistas y los ejecutivos petroleros se codean hablando español, francés e italiano. Pero lo sorprendente es que este no es el hotel boutique ZaZa en Houston, el favorito de los peces gordos de la energía mundial. Es el Hotel Cayenne de Caracas. Atraídos por las promesas de privatización y más autonomía para aprovechar las mayores reservas de crudo del mundo, los grandes ejecutivos petroleros se están reuniendo con el gobierno de Nicolás Maduro y la estatal PDVSA para posicionarse mejor para cuando vuelva a abrirse la puerta a los negocios.”

Vienen atraídos por lo que el propio Maduro ha dicho, “que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica al capital estadounidense”, pues "la Ley Antibloqueo lo permite todo ". Y los sabuesos económicos, sobre todo los que andan en la búsqueda de los mejores negocios, catalogan la situación venezolana como un “momento único”. Y es que, según sus propias palabras, las petroleras nunca habían tenido tanto poder para negociar el acceso a una parte de los más de 300.000 millones de barriles de crudo del país.

No por casualidad en el país se realizan eventos con títulos como "Venezuela, de nuevo en el radar de los inversores internacionales", como el organizado por Venecapital, una asociación local recién formada de capital privado, señalando a los sectores de telecomunicaciones, inmobiliario y de servicios de gas y petróleo como objetivos atractivos.

"Existe un potencial fácil para aumentar rápidamente la producción si EEUU levanta algunas sanciones", dijo Francisco Monaldi en entrevista con Bloomberg, un experto venezolano-estadounidense en economía energética en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice. Obviamente lo dice en clave privatizadora para que empresas estadounidenses puedan meterse sin problemas en el negocio. En cierto sentido pareciera tener razón, a pesar del descalabro a que ha llevado la industria petrolera el Gobierno de Maduro, y es que en Venezuela existe toda una infraestructura y estructura instalada construida a lo largo de cincuenta años por el propio Estado que ha costado miles y miles de millones -y párese de contar-, que no solo incluye los campos petroleros y sus instalaciones de producción, sino de refinerías, oleoductos, puertos marítimos, plantas de almacenamientos, en fin, que jamás un sector privado transnacional, y menos local, está en capacidad de montar. Y pesar del deterioro por falta de inversión estatal está allí, listo para la entrega al mejor postor, un “potencial fácil” para las grandes ganancias.

Si el curso privatizador en el sector petrolero tiene años, y los primeros movimientos se registran ya a mediados del 2015, con el acelerador apretado en los siguientes años, ahora con el nuevo control de la Asamblea Nacional (haciéndose del total control de los poderes del Estado), el Gobierno de Maduro se apresura a votar una ley que pondrá fin oficialmente al monopolio petrolero en manos de PDVSA. Es por eso que todos los ejecutivos que representan a las compañías petroleras extranjeras están celebrando reuniones para discutir cuáles serían los términos de la nueva legislación.

No pierden el tiempo, de allí la reunión que hace pública Bloomberg, así como tantas otras que se realizan y que jamás saldrán a la luz pública, sin hablar de los propios negocios. Las empresas petroleras multinacionales tendrían las manos libres para hacerse de las enormes reservas de crudo en el país con la nueva Ley de Hidrocarburos.

También el negocio es redondo por sus derivaciones. Como los propios analistas indican, aumentar la producción permitiría al Estado recaudar capital para pagar a los acreedores que tienen aproximadamente 60.000 millones de dólares en bonos en suspensión de pagos. En otras palabras, dinero que entraría por el remate, dinero que sale para pagar la odiosa deuda externa, con el descuento de lo robado en el camino.

Por eso es que hay movimientos en Washington, donde, de acuerdos a los analistas económicos, los ejecutivos de la industria petrolera y de los mercados de capital han estado haciendo lobby con miembros de la Administración de la Casa Blanca. “Su mensaje: si la puerta se va a abrir para todos, mejor entrar de los primeros”, destacan, no sin razón dada la gran apertura.

Siendo que los nuevos “inversores” se quedarán con los activos y el país saqueado. “Inversores” entre los que están, no solo transnacionales o capitalistas nacionales de vieja data, sino también los nuevos grupos económicos que se hicieron con el chavismo, así como los testaferros en los que tiene por atrás a gran parte de la alta burocracia estatal que incluye a los militares.

Pero no solo es el negocio petrolero, aunque es lo más atractivo en un país netamente extractivista y con una gran infraestructura instalada y con las mayores reservas del mundo. También se está dando el traspaso de decenas de empresas estatales claves a “inversores” privados a cambio de una parte de los ingresos o productos. En un reciente artículo hicimos un pequeño recuento en el sector agroindustrial, hotelería y cadenas de abastecimiento, que han pasado de manos del Estado al sector privado.

En el mismo reseñamos que: “En el sector agroindustrial, supermercado y hotelería muchas empresas han pasado a manos de privados. Entre las que han tomado relevancia noticiosa se encuentran los supermercados Éxito y Agropatria (una empresa de suministro agrícola del tamaño de un monopolio nacionalizada en 2010) donde ahora más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas son administradas por el Grupo Agrollano 2019 C.A; Lácteos Los Andes (una gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el gobierno en 2008) la estaría manejando un grupo iraní anónimo; Fama de América (productora de café) está en proceso de laudo arbitral; Industria Azucarera Santa Elena en Portuguesa pasó a manos del grupo Generoso Mazzoca, y el Central Azucarero Pío Tamayo ubicado en El Tocuyo, municipio Moran, desde finales de 2020 lo administra el Consorcio Veinca C.A.”

s que todos buscan activos a precio de remate en Venezuela. Pero no dejemos de mencionar, a manera de ejemplo, a los que nunca dejaron de hacer negocios en Venezuela, no solo ahora con Maduro, sino durante toda la época de Chávez, como el grupo Cisneros. Se trata de un grupo económico propietario de bancos, estaciones de televisión, telecomunicaciones, grandes almacenes, cerveceros, cadenas de refrescos, y hasta en petróleo desde la época de Chávez, sin contar su producción de telenovelas y hasta “concursos de belleza”, en fin, casi todo de donde se pudiera sacar dinero sin gran competencia.

A este sector se le ve en activo movimiento de acuerdo a los seguidores de los movimientos de inversión según un último artículo de Bloomberg, ya no solo para sacar provecho en los negocios con el Estado o las privatizaciones, sino también para apropiarse de empresas que ya eran privadas haciéndose de las mismas y sacar ventaja de las nuevas condiciones que pone el Gobierno, como la exoneración de impuesto y la libre importación, la mano de obra barata con contratos basura sin ninguna obligación social para con los trabajadores.

La agencia Bloomberg lo saca a la luz de la siguiente manera. “Eduardo Cisneros, nieto del patriarca Diego Cisneros, cofundó un fondo de capital privado en Florida que ha recaudado más de 200 millones de dólares de inversores, según un documento presentado ante la SEC. El fondo, llamado 3B1 Guacamaya Fund LP, ya ha utilizado alrededor de $ 60 millones de ese efectivo para comprar negocios venezolanos, incluido un fabricante de pintura (Corimon CA), durante el año pasado, según varias personas con conocimiento de los acuerdos que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el asunto” relata la agencia estadounidense. El fondo 3B1 Guacamaya opera en la misma sede de Coral Gables (Florida) que Cisneros Corporation, un servicio de consultoría, según su página web. Se posicionan en el país en “una lucha” por adquirir activos selectos a precios muy rebajados, de remate.

Y así van saliendo a la luz otros movimientos de empresas extranjeras haciéndose de compañías en el país. De acuerdo a la propia Bloomberg, el año pasado, Scale Capital, una empresa chilena de inversión y gestión, llegó a un acuerdo para adquirir las operaciones de DirecTV en Venezuela por una cantidad no revelada. DirecTV es una empresa que originalmente tuvo desavenencias con el Gobierno por la difusión de canales y atravesada por las sanciones, que cerrara por un tiempo la transmisión reapareciendo con el nombre de SimpleTV y con los nuevos propietarios. No se deja de especular que detrás de los chilenos haya sectores económicos locales con algún vínculo con personal del Gobierno.

Así como también revela que el año pasado, un fondo internacional llamado Phoenix Global Investment compró los activos del productor de alimentos Cargill en el país, además de que, en agosto de 2019, un grupo inversor chileno compró la sucursal local de la aseguradora estadounidense Liberty Mutual Holding Co. Aunque no especifica quién es el personal que está detrás de estos fondos o grupos económicos.

Mientras todo esto acontece, hay un mundo abajo, todo el pueblo, el de las grandes mayorías, que en un curso dolarizador de la economía, ven hundirse cada vez más en sus condiciones de vida. La Venezuela profunda, la de los trabajadores y las mayorías populares, queda condenada a la pobreza extrema, mientras se remata la nación, donde un puñado de capitalistas locales y extranjeros, y las clases altas, se hacen cada vez más ricos adueñándose de activos y del erario público, así como aprovechando toda la rienda suelta -exceptuándolos de todo tipo de impuestos- que el Gobierno les ha dado para sus negocios, no solo haciéndose del país, sino llevando la buena vida.

Como explica Ángel Arias, en un ensayo de marzo del 2020 titulado "Venezuela bajo el chavismo: de la débil “hegemonía nacionalista” a la debilidad extrema de la nación", “A lo largo de dos décadas, el país ha pasado por un proceso en el que, si durante todo un período primó un tibio nacionalismo, que conquistó importantes niveles de soberanía política y mantuvo el control “nacional” de la renta petrolera, asistimos hoy a un país en condiciones de enorme vulnerabilidad ante las apetencias de las potencias capitalistas: una catástrofe económica y social, con una nación quebrada y enormemente endeudada, un movimiento obrero y popular muy debilitado, y las principales fuerzas políticas, a pesar de sus evidentes diferencias y agudo enfrentamiento, ubicadas contra el interés nacional, la oposición, histórica y abiertamente proimperialista, el régimen gobernante, por su parte, ha girado cada vez más al entreguismo”.

Enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo en curso, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como también la que propone la de la oposición de derecha, es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador, en el que el capital privado local participa de la fiesta.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Martes 23 de marzo | 00:35

Publicado enInternacional
Me identifico con el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la ansiedad y la soledad de los demás. Me gustaría asimilar esos sentimientos y expresarlos a través de mi método exclusivo. (La alienación) la provocan los humanos y es ineludible. Me gustaría conseguir que aprendiéramos a aceptarla con ayuda del humor, de la ironía, burlándonos de nosotros mismos, escribió en 1999 el artista. En la imagen, Soldado, 1993.Foto tomada del catálogo de la exposición dedicada al artista en 2019 en el Museo Reina Sofía

El aislamiento y su agudización por el Covid-19 tienen en alerta a varios países // Japón abrió un ministerio gubernamental para atender a personas solas // El artista Tetsuya Ishida documentó entre 1996 y 2004 la incertidumbre y la desolación, por lo que ya es visto como profeta

 

Reino Unido y Japón han puesto en marcha dos dependencias gubernamentales para atender lo que pronostican será la próxima pandemia a enfrentar en el mundo: la soledad.

El tema es preocupante sobre todo en el país asiático, porque en 2020, en pleno confinamiento para evitar contagios de Covid-19, aumentó la tasa de suicidios, principalmente en mujeres solas.

Hace más de una década que ese índice no mostraba cambios, por lo que el pasado 12 de febrero se creó el primer Ministerio para la Soledad japonés, con la encomienda del premier Yoshihide Suga de atender de manera urgente una situación que, de acuerdo con sus datos, provocó que 20 mil 919 personas se quitaran la vida el año pasado.

Sin embargo, la soledad es una espina clavada en el alma japonesa desde hace años, sólo recrudecida por la actual contingencia sanitaria. Así lo confirma la obra de Tetsuya Ishida, el pintor que a la luz de la situación que hoy día se vive en su país, es considerado una suerte de profeta.

Escenas de un país atrapado

Ishida nació en junio de 1973 y murió a los 32 años, en 2005, en un accidente de tren que posiblemente fue un suicidio, según autoridades.

Durante una década, el joven artista pintó lo que consideraba "escenas de la vida cotidiana": un Japón atrapado en la desolación de la vida moderna y las exigencias del capitalismo salvaje.

En 2019, apenas unos meses antes de que apareciera en escena el coronavirus, una retrospectiva de Ishida en el museo Reina Sofía de España puso sobre la mesa el tema que en estos días ha llevado a las autoridades de ese país a considerar seguir el ejemplo de los gobiernos británicos y japonés, e implementar políticas estatales que atiendan a las personas solas.

A lo largo de 70 pinturas y dibujos creados entre 1996 y 2004, Tetsuya Ishida documentó inquietudes propias que hoy más que nunca son preocupaciones mundiales: la incertidumbre y la desolación.

En concreto, reseñó entonces el recinto español, el artista japonés “retrata con precisión descriptiva el estado de ánimo de su generación (conocida precisamente como Generación Perdida), marcada por el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria y los despidos masivos que en 1991 sumieron a su país en una profunda recesión.

“Durante los escasos 10 años de su trayectoria, el artista produjo un formidable corpus de trabajo centrado en la incomunicación y alienación en un mundo dominado por fuerzas incontrolables. La imaginería recurrente del escolar/oficinista le sirve para realizar una crítica acerada de los sistemas educativos y laborales regidos por los imperativos de productividad y competitividad.

"La metamorfosis del cuerpo humano fusionado con ciertas especies de insectos, dispositivos tecnológicos o medios de transporte; las situaciones claustrofóbicas en las que el cuerpo se halla físicamente atrapado en agujeros y construcciones, o forma parte de una cadena de montaje como si de un engranaje más se tratara; la búsqueda de la identidad ligada a la necesidad primaria del retorno a la niñez y al componente escatológico reprimido; el lustro perdido de los parques de atracciones y la tristeza que invade los terrenos baldíos funcionan como telón de fondo para la apatía de una sociedad que ha sucumbido a la maquinaria de la producción y del consumo infinitos."

Símbolo de la melancolía

Es así como Ishida, además de un pintor de culto en Asia, ahora es también símbolo de esa densa melancolía que la pandemia de Covid-19 no sólo llegó a intensificar en Japón, sino que se esparce en todos los rincones del planeta.

"Me identifico profundamente con el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la ansiedad y la soledad de los demás. Me gustaría asimilar esos sentimientos y expresarlos a través de mi método exclusivo. (La alienación) la provocan los humanos y es ineludible. Me gustaría conseguir que aprendiéramos a aceptarla con ayuda del humor, de la ironía, burlándonos de nosotros mismos", escribió en 1999 el artista, quien en vida nunca atestiguó el impacto que su obra causó sobre todo en los jóvenes que descubrieron su trabajo un año después de su muerte.

Pero no sólo fue un visionario respecto a la sociedad, sino también a sí mismo, o mejor dicho, al papel que el arte juega para aliviar pesares. Kuniichi Uno, en el catálogo de la exposición de Ishida, titulada Autorretrato de otro, que se presentó en Madrid y en Chicago en 2019, recupera otro comentario de los diarios del pintor: "Me atrae el artista que es como un santo, los seres que pretenden salvar al mundo con cada pincelada y adivinar el grito de toda la humanidad en el morro de los borregos. Pero sólo soy un filisteo". (El catálogo se puede descargar de manera gratuita en la siguiente dirección de Internet:

En la inauguración de esa muestra, hace dos años, algunos críticos de arte lanzaron una reflexión a todas luces premonitoria: "Japón es punta de lanza de diversos procesos sociales", como la desazón provocada por el capitalismo (acentuada por la pandemia que se vive) y que Ishida describió en toda su crudeza.

Publicado enSociedad
Finchelstein es el autor de la recientemente editada "Breve historia de la mentira fascista".

"Dejemos de hablar de posverdad, hoy circulan mentiras fascistas"

En su reciente libro el historiador radicado en Estados Unidos ubica las graves continuidades que encarnan figuras como las de Trump y Bolsonaro con el fascismo tal como se lo conoció en el Siglo XX, con sus criminales consecuencias.

 

Para Federico Finchelstein hay una continuidad directa que lleva del fascismo “clásico” a los florecidos populismos de derecha de la actualidad. Esa continuidad está dada tanto por el desprecio de la democracia y las tendencias dictatoriales, como por el culto sistemático de la mentira. El fascismo italiano invade Etiopía en los años 30 apelando a una continuidad con el Imperio Romano, en sus memorias Goebbels publica atentados que no recibió, el asesino de veinte personas en la localidad de El Paso invoca una “verdad inconveniente”, a Bolsonaro sus partidarios lo llaman “El Mito”, Trump inventa un fraude electoral y la ultraderecha estadounidense sostiene que Hillary Clinton se alimenta con sangre de bebé. En la era de la posverdad, las redes de derecha y las fake news, todo esto se entrelaza más intrincadamente, haciendo en ocasiones indiscernibles la verdad y la mentira

Especializado en la historia del fascismo y su relación con los populismos de derecha, en el recién publicado Breve historia de la mentira fascista (Taurus) Finchelstein traza la historia del fascismo y sus expresiones en distintos puntos del globo, desembocando en en populismo representado entre otros por Trump, Bolsonaro, el movimiento español Vox, la Liga italiana y el dictador húngaro Víctor Orbán.

- En Breve historia de la mentira fascista señala que los fascistas “clásicos” creían en sus mentiras, como las de la peligrosidad de los judíos como fuente de “contagio” para la raza aria, o el destino imperial de Italia. ¿Los actuales dirigentes populistas de derecha creen en sus mentiras, o son simples cínicos, convencidos de que si mienten y mienten, algo quedará?

- El populismo es históricamente una reformulación del fascismo en términos democráticos. Deja arás elementos centrales del fascismo luego de 1945, con su derrota, para participar del mundo de la democracia; en ese marco las mentiras al estilo fascista no son centrales en el populismo. En mi opinión los populistas mienten como otros políticos de otras tradiciones, liberales, conservadores, comunistas, socialistas. Como decía Hannah Arendt, la política y la mentira van de la mano y sin embargo en el fascismo las mentiras adquieren cortes de tipo cuantitativo y cualitativo. Los fascistas mienten mucho más y además creen en sus propias mentiras y a través de esta creencia intentan transformar la realidad. En ese marco, las mentiras de Trump tienen una inspiración más fascista que populista. Lo mismo que Bolsonaro, el primer ministro húngaro Victor Orbán o Narendra Modi, primer ministro de la India,

- ¿Se puede considerar a la llamada “posverdad” y las fake news como productos de la posmodernidad, que descree de la noción de verdad?

- Para nada, esta insistencia en que la información y prácticamente la realidad de tipo empírico es parte de las fake news, es la típica insistencia de Trump, no tiene origen en la tradición posmoderna sino más bien en la tradición fascista.

- ¿Serían imaginables las mentiras de ciertos políticos contemporáneos sin la existencia de las redes, capaces de convertir en hashtag cualquier cosa?

- Evidentemente este nuevo paisaje mediático, este mundo de las redes sociales, permite amplificar una tradición de mentira totalitaria, fascista, que ya existía antes. En la época del fascismo la radio, el cine y otros medios que en su momento representaban una avanzada tecnológica le sirvieron a estos fascistas que, como bien decía el historiador Jeffrey Herf, eran modernistas reaccionarios y usaron este tipo de tecnología para hacer avanzar las causas más retrógradas.

- ¿Por qué se habla de “posverdad”, como si fuera una fase posterior a la de la verdad, y no lisa y llanamente de mentiras? ¿Es un eufemismo instigado por los fabricantes de mentiras?

- Es una pregunta muy interesante porque justamente eso que se presenta como posverdad, en realidad son mentiras. Lo que muestra que muchos de estos mentirosos creen en la verdad de sus mentiras, y eso conlleva a una pregunta más bien filosófica, que ya habían planteado muchos. En el libro recuerdo el caso de Jacques Derrida, quien en una conferencia en la UBA se pregunta: ¿es mentiroso aquel que piensa que está diciendo la verdad? Por otra parte, desde un punto de vista de la historia de la mentira lo que vemos es que cuando esta mentira o así llamada posverdad es creída, conlleva riesgos importantes de violencia y de muerte, porque este tipo de mentiras matan. Lo extraño es que es un eufemismo muchas veces planteado por aquellos que no creen esas mentiras. En concreto, pienso que sería mejor admitir que hoy circulan mentiras fascistas, como planteo en el libro.

- En el libro derriba un mito, el de que Goebbels habría dicho una de las frases más citadas del último siglo: “Miente, miente, que algo quedará”. ¿Cómo generó esa creencia, Goebbels dijo algo parecido, lo dijo otro, o no lo dijo nunca nadie?

- Es un caso muy interesante: no lo dijo Goebbels ni lo dijeron los otros fascistas globales, ya sean los de China, India o Brasil, Alemania o México, que no eran cínicos en ese sentido, sino que eran fanáticos del culto a sus líderes, y creían que sus mentiras eran la verdad. Los fascistas como Goebbels pensaban que lo que decían era cierto y que incluso cuando eso no era cierto, la idea era volver lo que decían cierto, convertir la mentira en realidad. En el libro analizo justamente las mentiras que Goebbels mismo se creía. Incluso cuando percibían el corte, la diferencia, entre lo que se decía y la realidad, pensaban que la propaganda estaba al servicio de una verdad absoluta. Más bien atribuían eso a sus enemigos y de hecho hay una frase parecida a esa, que Goebbels atribuye a Winston Churchill: la idea de que si uno repite las mentiras algo queda. Para Goebbels y para tantos otros fascistas, la propaganda refleja la verdad, que cuando no es debería ser. Los fascistas proponen reemplazar la percepción por la intuición, es decir si la realidad no corresponde con el deseo, es la realidad la que tiene que ser reformulada a través de la violencia, la persecución y la muerte.

- Tras el ataque al Capitolio, los grupos de ultraderecha y sus disparatadas teorías conspirativas, el libro redobló su actualidad. La tierra plana, el Estado Profundo, la red pedófila de políticos, empresarios y ejecutivos de Hollywood, Hillary Clinton bebiendo sangre de niños, los invasores reptilianos escapados de Invasión V… ¿Los que lanzan estos globos creen en ellos? ¿Qué es lo que hace que tengan suficiente entidad como para que estemos hablando de ellos?

- Este tipo de paranoia política reflejada en teorías de la conspiración, de una personalidad conspirativa que cree en cualquier cosa, existe desde siempre. Ya la habían estudiado bastante bien Theodor Adorno y sus colaboradores, en sus estudios sobre la personalidad autoritaria. Se trata de gente que tiene la necesidad de que la complejidad del mundo les sea explicada de una forma simple a través de la idea de que todo aquello que el líder dice es verdad. Es en ese marco que este tipo de mentiras y delirios se vuelven todavía más "virales".

- ¿Cómo se explica que un personaje como la republicana Marjorie Taylor Greene, negadora de masacres como la de El Paso o postuladora de la delirante teoría del Pizzagate, según la cual Hillary Clinton dirigiría una red pedófila desde una pizzería, haya llegado a la Cámara de Representantes? ¿Su destitución de la comisión que presidía habla de buenos reflejos del sistema democrático, o es sólo una muestra de astucia frente al desprestigio institucional de Trump?

- La diputada Marjonie Taylor Greene representa quizás una forma más extrema de lo que es hoy el trumpismo y el Partido Republicano, o para decirlo de otra manera, el Partido Republicano es hoy en día el partido de Trump y en esa medida las cosas que esta señora dijo han sido muchas veces retuiteadas, repetidas y amplificadas por Trump. Más allá de estas cuestiones que son más bien cosméticas el partido, sigue alineado con el expresidente y sigue siendo entonces un partido de extrema derecha en este momento, comparable por ejemplo al salvinismo en Italia.

- ¿Tiene la época contemporánea alguna clase de inmunidad al disparate, o puede llegar a creer cualquier cosa? ¿O son pocos los que creen? ¿O nadie, en realidad, y se trata de puras excusas para tomar el Capitolio e intentar linchar al vicepresidente “traidor”?

- Yo creo que Trump usó una estrategia fascista de la gran mentira, de insistir con una explicación simple y por supuesto fantasiosa para negar la realidad de su derrota. Creo que la fe absoluta en esa gran mentira fue la gran motivación para este tipo de personajes que son fanáticos, creyentes, estos terroristas domésticos, como se los llama en Estados Unidos. Estos grupos paramilitares justamente reflejaron esa suerte de inmunidad frente a la realidad y sintieron esa motivación de participar del golpe de Estado propiciado por Trump.

- ¿Qué posibilidades hay de que esta fábrica de mentiras, y los que las creen o se amparan en ellas, sean una tendencia creciente? ¿Podrían llegar a masificarse, o se sigue tratando de unos miles de loquitos?

- A pesar de la derrota de Trump estos populismos de extrema derecha, en muchos casos aspirantes a la dictadura y al fascismo, siguen representando un peligro concreto. En el libro critico la idea de una patología personal para pensar a líderes como Trump y Bolsonaro pues demuestro en qué medida participan de una tradición fascista que, por cuestiones profundamente ideológicas, que son parte de su teología política, terminan negando la realidad.

- ¿Esos grupos podrían llegar a tener más éxito en el futuro?

- Todo depende con qué seriedad se afronta a estos grupos golpistas y paramilitares de extrema derecha. Para mí hay que tomarse con gran preocupación el riesgo que representan para la democracia y en el marco de la ley limitar drásticamente sus actividades, que en muchos casos son ilegales.

Lo que sorprende del caso del Capitolio es que mientras en Estados Unidos se reprimen sin ningún prurito minorías y a gente que levanta reclamos populares legítimos en contra del racismo, la discriminación y la desigualdad; a estos golpistas de derecha que son "terroristas domésticos" se los trató, casi diría, con guante blanco cuando lo necesario era el uso de la fuerza. Se debió reprimirlos y arrestarlos inmediatamente. Es necesario recordar que el fascismo triunfó en el pasado cuando la justicia y el Estado ignoraron la ilegalidad de su violencia. Que Trump no haya pagado por sus acciones es algo muy preocupante.

- ¿Qué lazos existen entre los “globos” conspirativos lanzados por la derecha estadounidense y los supremacistas blancos y otros grupos asumidamente fascistas?

- Existen lazos concretos. En los eventos del Capitolio, estos racistas se aliaron a sectores quizá más "moderados" del Partido Republicano, para intentar frenar el trabajo de la democracia. En el libro explico cómo estos vínculos entre neo-fascismos y trumpismo son ideológicos, en tanto militantes y líder comparten afinidades electivas sobre mitos, mentiras y enemigos.

- ¿Pueden llegar a crecer estos grupos en su prédica frente a un gobierno como el de Biden?

- Es difícil saber qué va a pasar, pero por un lado no parece disminuir la actividad de estos grupos extremistas. Por otro lado también dependerá del gobierno de Biden. ¿Qué hará Biden frente a la ineptitud, la desigualdad, el autoritarismo, la represión y la intolerancia generadas por Trump? La pregunta es qué hará Biden para desandar esos caminos que frenan la democracia. Veremos si estos grupos crecen o si Biden sigue manteniendo ese apoyo profundo que obtuvo de una gran mayoría de la población, que lo votó como líder de un frente anti-trumpista, por no decir anti-fascista.

- En el libro señala un ida y vuelta que va de las políticas racistas y segregacionistas en Estados Unidos a comienzos del siglo XX a Hitler, que las adoptó para sí, y vuelve ahora del nazismo al neonazismo estadounidense.

- Históricamente, el populismo fue una fusión entre democracia y autoritarismo y lo que vemos ahora en estos nuevos populismos de extrema derecha es menos democracia y más autoritarismo, llegando a esta intentona golpista también caracterizada por racismo, violencia, militarización de la política y mentiras del tipo totalitarias, que eran más bien típicas del fascismo. Lo que vemos es un retorno de muchos elementos que eran típicos de esa época del fascismo clásico.

- Si Trump decide dar un paso al costado, ¿puede surgir otro Trump, otro peor incluso que él? ¿Uno más “clásicamente” fascista?

- Sí, puede surgir otro Trump o incluso un Trump más eficiente y quizás lo que sería aún más peligroso es que surja un “Trump” menos cobarde que Donald Trump, quien dijo que iba a acompañar a sus seguidores al Capitolio y luego se quedó mirándolo por televisión. El peligro de que alguien tome la posta y aumente todavía más ese odio, esa vocación dictatorial, esa militarización de la política, es real.

Una vida dedicada a estudiar el fascismo

Nacido en Buenos Aires en 1975, Federico Finchelstein estudió Historia en la UBA y obtuvo su doctorado en Cornell University en 2006. En la actualidad se desempeña como profesor de Historia en The New York School for Social Research y en Eugene Lang College de la ciudad de Nueva York. Además es director del Programa Janey de Estudios Latinoamericanos.

Ha sido comentarista de política en los diarios The New York Times y The Guardian y ha publicado numerosos artículos en diversas revistas especializadas, así como ensayos en volúmenes colectivos acerca del fascismo, el Holocausto, la historia de los judíos en América Latina y Europa, el populismo en América Latina y el antisemitismo.

Es experto en lo que denomina “fascismo transatlántico”, que va de Mussolini al indomusulmán Khan al-Mashriqi (1888/1963), pasando por el español Ramiro de Maeztu, el padre Castellani, el integralista brasileño Plínio Salgado, los “leopardos” colombianos, el rumano Horia Sima (creador del grupo Guardia de Hierro) y los “camisas pardas” japoneses.

Entre sus libros destacan Los alemanes, el Holocausto y la culpa colectiva. El debate Goldhagen; La Argentina fascista. Los orígenes ideológicos de la dictadura; El canon del Holocausto; Orígenes ideológicos de la “guerra sucia”. Fascismo, populismo y dictadura en la Argentina en la Argentina del siglo XX y Del fascismo al populismo en la historia

Publicado enSociedad
Biden y el rompecabezas de las relaciones con China

El presidente Joe Biden deberá afrontar en lo inmediato una serie de crisis interiores extraordinarias –una pandemia que se dispara, una economía en punto muerto y punzantes heridas políticas, en particular tras el reciente ataque de los trumpistas al Capitolio–, pero pocos desafíos son susceptibles de resultar más graves que la gestión de las relaciones de Estados Unidos con China. Aunque suelen ser consideradas como una lejana preocupación de política exterior, estas relaciones son de hecho omnipresentes y afectan a la economía, al coronavirus, al cambio climático, a la ciencia y la tecnología, a la cultura popular y al ciberespacio.

Si la nueva administración continúa la vía trazada por la precedente, una cosa será segura: Estados Unidos se verá arrastrado a una nueva e insidiosa guerra fría con este país, lo que dificultará los progresos en casi todos los ámbitos importantes. Para lograr verdaderos avances en el actual desorden mundial, el equipo de Biden deberá ante todo evitar este conflicto futuro y encontrar medios de colaborar con su poderoso adversario. Pero algo es seguro: la búsqueda de una forma de navegar por esta vía minada resultará muy exigente para los más experimentados responsables del equipo dirigente de Biden.

Aun sin los corrosivos efectos de la diplomacia hostil de Donald Trump en estos últimos años, China plantearía un desafío enorme a cualquier nueva administración. Se jacta de ser la segunda economía mundial y, según algunos analistas, pronto superará a Estados Unidos para convertirse en la número uno. Aunque haya muchas razones para condenar la forma como Pekín ha abordado la pandemia del coronavirus, el severo confinamiento autoritario a escala nacional (después de que China rechazase inicialmente reconocer la existencia del virus y el alcance de su propagación) ha permitido al país recuperarse de la covid-19 más rápido que la mayoría de los países. En consecuencia, Pekín registró ya un fuerte crecimiento económico durante el segundo semestre de 2020, la única gran economía del planeta en hacerlo. Esto significa que China está más que nunca en condiciones de dictar las reglas de la economía mundial, una situación confirmada por la reciente decisión de la Unión Europea de firmar un importante acuerdo de comercio e inversión con Pekín [acuerdo de finales de 2020 concluyendo unas negociaciones comenzadas en 2013], dejando simbólicamente de lado a Estados Unidos, justo antes de la entrada en funcionamiento de la administración Biden.

Después de años de aumentar sus gastos de defensa, China posee ya el segundo ejército más importante del mundo, dotado de un moderno arsenal de todos los tipos. Aunque no sea capaz de enfrentarse a Estados Unidos en alta mar o en regiones alejadas, su ejército –el Ejército Popular de Liberación, EPL– está ya en condiciones de desafiar la antigua supremacía de América en regiones más cercanas, como el extremo oeste del Pacífico. Desde la expansión imperial de Japón en los años 1930 y comienzo de los 1940, Washington no se había encontrado con un enemigo tan temible en esta parte del mundo.

En algunos ámbitos críticos –avances científicos y tecnológicos, influencia diplomática y finanzas internacionales, entre otros–, China cuestiona ya, incluso supera, la primacía mundial largo tiempo asumida por Estados Unidos. En otras palabras, en muchos frentes, tratar con China plantea un enorme problema al nuevo equipo dirigente estadounidense. Peor aún, las nefastas políticas de la administración Trump respecto a China, combinadas con las políticas autoritarias y militaristas del presidente chino Xi Jinping, plantean desafíos inmediatos a Joe Biden a la hora de gestionar las relaciones entre Estados Unidos y China.

La herencia tóxica de Trump

Donald Trump hizo campaña por la presidencia comprometiéndose a castigar a China por su pretendida voluntad sistémica de construir su economía robando la de Estados Unidos. En 2016 juró que, si era elegido presidente, utilizaría el poder del comercio para poner fin a las prácticas nefastas de este país y restaurar la primacía mundial de Estados Unidos. Una vez instalado en la Casa Blanca, efectivamente, impuso una serie de derechos de aduana sobre el equivalente a unos 360.000 millones de dólares de importaciones chinas –un gran obstáculo para la mejora de las relaciones con Pekín–. Joe Biden debe decidir si mantiene estas barreras aduaneras, las suaviza o las elimina por completo.

Las restricciones impuestas al acceso de empresas chinas a la tecnología americana, en particular a programas y microchips punteros, necesarios para el futuro desarrollo de las telecomunicaciones de quinta generación (5G), son aún más amenazantes para unas futuras relaciones cordiales. En mayo de 2019, afirmando que las grandes empresas chinas de telecomunicaciones como Huawei y ZTE Corporación tenían vínculos con el EPL y representaban por tanto una amenaza para la seguridad nacional americana, Trump aprobó un decreto prohibiendo a estas empresas comprar a empresas estadounidenses microchips y otros equipamientos de alta tecnología. Le siguieron una serie de decretos y otras medidas. Pretendían restringir el acceso de las empresas chinas a la tecnología americana.

En el marco de estas acciones y de otras iniciativas conexas, el presidente Trump y sus principales asociados –sobre todo el secretario de Estado, Mike Pompeo, y Peter Navarro, asistente del presidente en el White House Nacional Trade Council– afirmaron que actuaban para proteger la seguridad nacional contra el riesgo de operaciones de información llevadas a cabo por el EPL. No obstante, según sus declaraciones de la época, era evidente que su verdadera intención era la de obstaculizar el progreso tecnológico de China para debilitar su competitividad económica a largo plazo. También aquí, Biden y su equipo tendrán que decidir si mantiene las restricciones impuestas por Trump, lo que afectaría todavía más a las relaciones chino-americanas, o da marcha atrás en un esfuerzo por mejorar estas relaciones.

La crisis china: dimensiones militar y diplomática

Un desafío aún mayor para el presidente Biden serán las iniciativas militares y diplomáticas agresivas emprendidas por la administración Trump. En 2018, su secretario de Estado de Defensa, Jim Mattis [que entró en el 20 de enero de 2017 y dimitió en febrero de 2019], publicó una nueva doctrina militar con el título de “Concurrencia de grandes potencias”. Debía regular la futura planificación del Ministerio de Defensa. Tal como enunciaba la política oficial de defensa nacional del Pentágono de dicho año, la doctrina preveía que las fuerzas estadounidenses debían concentrarse en adelante no ya en la lucha contra los terroristas islamistas en las regiones atrasadas del tercer mundo, sino en la lucha contra China y Rusia en Eurasia. “Aunque el Ministerio sigue adelante en la campaña contra los terroristas”, declaró Mattis el 26 de abril de 2018 ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, “el principal objetivo de la seguridad nacional de Estados Unidos a largo plazo es la concurrencia estratégica; no el terrorismo”.

Conforme a esta política, durante los años siguientes se ha recentrado y reorganizado considerablemente el conjunto del establishment militar, pasando de una fuerza antiterrorista y antiinsurreccional a una fuerza armada equipada y concentrada en la lucha contra los ejércitos chino y ruso, en la periferia de estos mismos países. “Hoy día, en esta era de competición entre las grandes potencias, el Ministerio de Defensa ha dado prioridad a China, y después a Rusia, como nuestros principales competidores estratégicos”, declaró el secretario de Defensa Mark Esper el 16 de setiembre de 2020, poco antes de ser sustituido por el presidente por haber apoyado, junto a otros, un llamamiento a reducir el número de bases militares americanas que siguen llevando hoy en día el nombre de generales confederales durante la guerra civil. Hecho significativo: cuando todavía estaba en el poder, Mark Esper identificó a China como el competidor estratégico número uno de Estados Unidos, una distinción que Jim Mattis no llegó a hacer.

Para asegurar la primacía de Washington en esta competición, Mark Esper destacó tres grandes prioridades estratégicas: la militarización de las tecnologías punta, proseguir la modernización y la mejora del arsenal nuclear del país, y el reforzamiento de los lazos militares con los países aliados que rodean a China. “Para modernizar nuestras capacidades”, declaró, “hemos conseguido obtener financiación para tecnologías que cambian la situación, como la inteligencia artificial, la hipersónica, la energía dirigida [por ejemplo radiación electromagnética, láseres, haz de partículas, etc.] y las redes 5G”. También se han realizado progresos significativos, afirmó, en la “recapitalización de nuestra tríada nuclear estratégica”: el redoblado amplio arsenal de misiles balísticos intercontinentales con base en tierra (ICBM), misiles balísticos lanzados por submarinos (SLBM) y bombarderos nucleares de largo alcance. Además, con el objetivo de cercar a China con un sistema de alianzas hostil dirigido por Estados Unidos, Mark Esper se jactó: “Ponemos en marcha un plan coordinado, el primero de este tipo, para reforzar a los aliados y construir socios”.

Para los dirigentes chinos, el hecho de que la política militar de Washington apele en adelante a semejante programa con tres componentes de modernización de armas no nucleares, de modernización de armas nucleares y de cerco militar, significa una cosa evidente: están confrontados a una amenaza estratégica a largo plazo que necesitará una gran movilización de sus capacidades militares, económicas y tecnológicas para poder responder. Lo cual es, desde luego, la definición misma de una nueva competición de tipo guerra fría. Y los dirigentes chinos han dejado bien claro que se opondrán a cualquier iniciativa de este tipo, tomando las medidas que juzguen necesarias para defender la soberanía y los intereses nacionales de China. No es sorprendente por tanto enterarse de que, al igual que Estados Unidos, están adquiriendo un amplio abanico de modernas armas nucleares y no nucleares, así como militarizando las tecnologías emergentes para asegurar el éxito o al menos una apariencia de paridad en un choque futuro con las fuerzas de Estados Unidos.

Paralelamente a estas iniciativas militares, la administración Trump ha pretendido perjudicar a China y frenar su desarrollo por medio de una estrategia coordinada de guerra diplomática –esfuerzos que incluyen sobre todo un mayor apoyo a la isla de Taiwán (reivindicada por China como una provincia secesionista), lazos militares cada vez más estrechos con India y la promoción de vínculos militares comunes entre Australia, India, Japón y Estados Unidos, un acuerdo conocido con el nombre de “the Quad” [Foreign Policy, 8/10/2020, The Quadrilateral Security Dialogue].

La mejora de los lazos con Taiwán era un objetivo particular de la administración Trump (y una provocación particular hacia Pekín). Desde que el presidente Jimmy Carter aceptó reconocer como el gobierno legítimo de China al régimen comunista de Pekín en 1978, y no a los taiwaneses, todas las administraciones americanas han intentado evitar la apariencia de una relación oficial de alto nivel con los dirigentes de Taipéi, aunque Estados Unidos haya continuado vendiéndoles armas y manteniendo otras formas de relaciones intergubernamentales.

Sin embargo, durante los años Trump, Washington se ha implicado en cierto número de acciones muy mediáticas con el objetivo de mostrar su apoyo al gobierno taiwanés. Contrariando con ello a los dirigentes chinos. Entre estas acciones figura la visita a Taipéi, el pasado agosto, del secretario de Salud y Servicios Sociales Alex Azar II, la primera visita de este tipo efectuada por un secretario de gabinete desde 1979. Otro gesto provocador quería ser la reunión con altos responsables taiwaneses en Taipéi por parte de la embajadora americana ante Naciones Unidas, Kelly Craft [este encuentro fue anulado a comienzos de enero]. La administración también ha intentado obtener para Taiwán la condición de observador ante la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales para reforzar su imagen de nación de pleno derecho. Igualmente preocupante para Pekín, la administración ha autorizado durante los dos últimos años nuevas ventas de armas avanzadas a Taiwán, por un total de 16.600 millones de dólares, incluyendo una venta récord de 8.000 millones de dólares por 66 aviones de caza F-16C/D.

El reforzamiento de los lazos de Estados Unidos con India y otros miembros de la Cuadrilateral (Quad) ha sido también una prioridad de política exterior de la administración Trump. En octubre de 2020, Mike Pompeo acudió a India por tercera vez como secretario de Estado y aprovechó la ocasión para denunciar a China, promoviendo vínculos militares más estrechos entre India y Estados Unidos. Recordó a los veinte soldados indios muertos en un enfrentamiento fronterizo con fuerzas chinas en junio de 2020, insistiendo en el hecho de que “Estados Unidos estará al lado del pueblo indio frente a las amenazas que pesan sobre su soberanía y su libertad”. El ministro de Defensa Mark Esper, que acompañó a Pompeo en este viaje a Nueva Delhi, habló de una cooperación creciente con India en el ámbito de la defensa, incluyendo ventas potenciales de aviones de caza y sistemas aéreos sin tripulación.

Ambos responsables felicitaron al país por su futura participación en Malabar, los ejercicios navales conjuntos de la Quad que tendrán lugar en noviembre en la bahía de Bengala. Aunque nadie lo diga explícitamente, este ejercicio ha sido ampliamente considerado como el primer ejercicio de la alianza militar naciente para contener a China. “Es más importante que nunca un enfoque colaborativo de la seguridad y de la estabilidad regionales, con el fin de disuadir a todos aquellos que rechazan una región indo-pacífica libre y abierta”, comentó Ryan Easterday, comandante del destructor de misiles dirigidos USS John S. McCain, uno de los navíos participantes.

Ni que decir tiene que todo esto representa una herencia compleja y formidable a superar para el presidente Biden, que pretende establecer una relación menos hostil con los chinos.

El problema Xi Jinping del presidente Biden

Queda claro que la herencia perturbadora de Trump hará difícil para el presidente Biden detener la pendiente descendente de las relaciones chino-americanas y el régimen de Xi Jinping en Pekín no le facilitará la tarea. No es este el lugar para un análisis detallado del giro de Xi en los últimos años hacia el autoritarismo o de su creciente dependencia de una perspectiva militarista para asegurarse la lealtad (o la sumisión) del pueblo chino. Se ha escrito mucho sobre la supresión de las libertades civiles en China y la reducción al silencio de todas las formas de disidencia. Igualmente inquietante es la adopción de una nueva ley sobre seguridad nacional para Hong Kong, utilizada ahora para detener todas las críticas al gobierno de China continental y las voces políticas independientes de todo tipo. Y nada es comparable al intento de extinción brutal de la identidad musulmana uigur en la región autónoma del Xining, en el extremo oeste de China. Ha supuesto el encarcelamiento de un millón de personas, incluso más, en equivalentes a campos de concentración.

La supresión de las libertades civiles y de los derechos humanos en China hará particularmente difícil para la administración Biden reconectar con Pekín, ya que él es desde hace mucho tiempo un ardiente defensor de los derechos civiles en Estados Unidos, lo mismo que la vicepresidenta Kamala Harris y muchos de sus colaboradores cercanos. Les resultará prácticamente imposible negociar con el régimen de Xi sobre cualquier cuestión sin plantear el tema de los derechos humanos; y ello, a su vez, no dejará de suscitar la hostilidad de los dirigentes chinos.

Xi ha recentralizado también el poder económico en manos del Estado, invirtiendo así la tendencia de sus predecesores inmediatos a una mayor liberalización económica. Las empresas de Estado continúan recibiendo la parte del león de los préstamos y otras ventajas financieras del Estado, lo que desfavorece a las empresas privadas. Además, Xi ha intentado obstaculizar a las grandes empresas privadas como el Ant Group, la exitosa empresa de pagos electrónicos fundada por Jack Ma [fundador de Alibaba], el empresario privado más famoso de China.

A la vez que consolidaba su poder económico en el país, el presidente chino ha logrado establecer relaciones económicas y comerciales con otros países. En noviembre, China y catorce naciones, entre ellas Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur (pero no Estados Unidos), firmaron uno de los mayores pactos de librecambio en el mundo, la Asociación Económica Regional Global (RCEP). Considerada como sucesora de la desgraciada asociación transpacífica de la que se retiró el presidente Trump al poco de comenzar su mandato, la RCEP facilitará el comercio entre países que representan una población de unos 2.200 millones de personas, más que cualquier otro acuerdo precedente de este tipo. Y después está el acuerdo de inversión que acaba de ser concluido entre la Unión Europea y China, otro megaacuerdo que excluye a Estados Unidos, así como la ambiciosa iniciativa china Belt and Road [la Ruta de la Seda], por un total de más de un billón de dólares, que pretende unir más estrechamente a Pekín con las economías de los países de Eurasia y África.

En otras palabras, para la administración Biden será tanto más difícil ejercer un efecto de palanca económica sobre China o permitir a las grandes empresas de Estados Unidos actuar como socios para hacer presión en favor del cambio en este país, como lo hicieron en el pasado.

 Las opciones del presidente Biden

El propio Joe Biden no ha dicho gran cosa sobre lo que tiene pensado respecto a las relaciones americano-chinas, pero lo poco que ha dicho sugiere una gran ambivalencia en cuanto a sus principales prioridades. En su declaración más explícita sobre política exterior, un artículo aparecido en el número de marzo/abril de la revista Foreign Affairs, habló de “mostrarse duro” con China en materia de comercio y derechos humanos, a la vez que buscar un terreno de entente sobre cuestiones clave como Corea del Norte y el cambio climático.

Aun criticando a la administración Trump por haberse enfrentado a aliados de Estados Unidos como Canadá y potencias de la OTAN, afirmó que “Estados Unidos debe ser duro con China”. Si China hace lo que quiere, continuó, “seguirá robando a Estados Unidos y a las empresas de Estados Unidos su tecnología y su propiedad intelectual [y] seguirá utilizando subvenciones para dar a sus empresas de Estado una ventaja competitiva injusta”. El enfoque más eficaz para contestar a este desafío, escribió, “es construir un frente unido de aliados y socios de Estados Unidos para hacer frente a los comportamientos abusivos y a las violaciones de derechos humanos de China, incluso aunque intentemos cooperar con Pekín sobre cuestiones en que convergen nuestros intereses, como el cambio climático, la no proliferación [nuclear] y la seguridad sanitaria mundial”.

Esto suena bien, pero es una posición intrínsecamente contradictoria. Si algo temen los dirigentes chinos –y a lo que resistirán con todo el peso de sus poderes– es la formación de un “frente unido de aliados y socios de Estados Unidos para hacer frente a los comportamientos abusivos de China”. Es más o menos lo que la administración Trump ha intentado hacer sin producir ventajas significativas para Estados Unidos. Biden deberá decidir dónde sitúa su principal prioridad. ¿Se trata de poner un freno a los comportamientos abusivos y a las violaciones de derechos humanos de China o de obtener la cooperación de la otra gran potencia del planeta sobre las cuestiones más urgentes y potencialmente devastadoras en el orden del día mundial en este momento: el cambio climático antes de que el planeta se recaliente de forma desesperada; la no proliferación antes de que se pierda el control de las armas nucleares, hipersónicas y otros tipos de armas avanzadas, y la seguridad sanitaria en un mundo golpeado por una pandemia?

Como en tantos otros ámbitos que deberá abordar después del 20 de enero, para progresar en cualquier cuestión, Biden deberá primero superar las herencias desestabilizadoras de su predecesor. Esto significa sobre todo que deberá reducir las tarifas aduaneras y las barreras tecnológicas punitivas y autodestructoras, ralentizar la carrera de armamentos con China y abandonar los esfuerzos para rodear al continente con una red hostil de alianzas militares. Sin esto, se corre el riesgo de hacer prácticamente imposible ningún progreso, cualquiera que sea, y el mundo del siglo XXI podría encontrarse arrastrado a una guerra fría aún más insalvable que la que dominó la segunda mitad del siglo pasado. Si ocurre así, y Dios nos guarde, podríamos encontrarnos ante una guerra nuclear o una versión climática de esta en un planeta en delicuescencia.

Por Michael T. Klare, veterano investigador en cuestiones relacionadas con la geopolítica de los recursos

https://alencontre.org/asie/japon/le-casse-tete-des-relations-chine-etats-unis-pour-joe-biden.html

Traducción: Javier Garitazelaia

Publicado enInternacional
La guerrilla global de científicos que intenta proteger los datos ambientales de interferencias de los gobiernos

Cuando en noviembre de 2016 Donald Trump nombró como director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos a un negacionista del cambio climático, el antropólogo ambiental Nick Shapiro decidió a escribir un email urgente a una docena de científicos.

La conversación que el investigador había tenido con un par de compañeros le puso en guardia sobre el problema que el nuevo presidente podría crear en el futuro. El Gobierno conservador de Stephen Harper en Canadá había eliminado datos científicos irrecuperables durante su mandato de 2006 a 2015, y en la época de George W. Bush varias páginas del organismo dedicado a la protección del medio ambiente se habían "caído". Escuchar a Trump referirse a la Agencia de Protección Ambiental como "el hazmerreír del mundo" tampoco tranquilizaba. "Quizá es el momento de salir de nuestras respectivas madrigueras", dijo Shapiro a sus colegas en el email, "intercambiar opiniones, pensar en nuestras formas de investigación y empezar a trabajar".

Nick Shapiro recuerda un tanto sorprendido cómo aquel mensaje puso en marcha un movimiento que descubrió un problema con un impacto global y en el que todavía queda mucho por hacer. El correo, al que respondieron tanto científicos como personas que trabajaban en la protección del medio ambiente, desencadenó un debate para proteger el acceso a las bases de datos a través del llamado "archivo de guerrilla".

En los primeros meses, Shapiro y el pequeño grupo, que tomaron el nombre de Environmental Data & Governance Initiative (EDGI en sus siglas en inglés), copiaron y analizaron miles de páginas web del Gobierno y las pusieron a disposición del público a través de la biblioteca digital Internet Web Archive. Además, empezaron a buscar personal de la Agencia de Protección Ambiental para hacer entrevistas que recogieran su experiencia y conocimiento. Esas entrevistas, que hoy llegan a 150 y han empezado a publicarse tras el cambio de Gobierno con nombres reales, resultan, según sus autores, una fuente de enorme valor sobre lo que estaba ocurriendo desde dentro.

Hoy en día, EDGI sigue trabajando para asegurar el acceso del público a la información ambiental. "El trabajo aún no ha terminado", asegura Shapiro, que ahora colabora en el proyecto de forma más ocasional. En el último año, la organización empezó a publicar las sanciones de la agencia ambiental para que las comunidades puedan encontrar en qué regiones las compañías incumplen las leyes ambientales. También ha creado las tarjetas informativas para los distritos congresuales, donde se recopila para cada distrito las infracciones y cómo han variado en el tiempo.

La idea es evitar que los cambios de Gobierno interfieran en la información que recibe el público o con pérdidas de evidencias ambientales. "Solo cuando los ciudadanos pueden acceder a los datos hay una verdadera democracia", explican los organizadores detrás de este proyecto.

La Administración de Trump sirvió para aprender en el propio terreno los obstáculos al conocimiento que puede crear un cambio gubernamental. Según los informes que ha publicado este organismo, durante los primeros meses de su presidencia, el término cambio climático descendió casi un 40% en las páginas de las agencias ambientales federales de Estados Unidos; algunas páginas gubernamentales dificultaron el acceso a la información sobre la contaminación; y ciertas webs que contenían datos sobre las regulaciones dirigidas a proteger el aire y el agua de diferentes regiones se retiraron previamente a que la Administración de Trump propusiera revocarlas.

Nick Shapiro asegura que movimientos similares de protección de los datos serían útiles en otras zonas del mundo. "En el centro de nuestra crisis ambiental se encuentra un problema de imputar responsabilidades y nuestros gobiernos no van a implementar protecciones por sí solos", señala, "más bien necesitan que lo exija una coalición amplia apoyada con evidencias".  

El trabajo de EDGI trascendió enseguida a los medios de comunicación y muchos de los que allí trabajan creen que esto frenó algunas acciones. Pero los científicos también descubrieron que, incluso en el gobierno federal dominaba la desorganización y competían diversos intereses, por lo que ninguno está seguro de los motivos de algunos cambios.

Alejandro Paz, un estudiante de la Universidad de Boston al que un colega recomendó el proyecto de EDGI, se sorprendió cuando descubrió por sí mismo como voluntario el caos detrás de las páginas federales. "Como bibliotecario estaba interesado en las nuevas tecnologías digitales que facilitan nuestra tarea", dice Paz, "y en ver cómo podía mejorar hacer accesible y fácil de encontrar la información. Aprendí lo importante que era el archivo de páginas web para la libertad de información".

Tanto Paz como Shapiro admiten que el gran éxito de EDGI ha sido construir una infraestructura y un programa informático que permite mantener un control sobre millones de páginas en todo Internet. El trabajo del equipo internacional de informáticos ha conseguido una herramienta que ahora forma parte del corazón del megaarchivo digital Internet Wayback Machine y que podría tener ramificaciones globales.

Pero Shapiro admite que, cuando mandó su primer email, no tenía claro cómo acabaría. "No estaba seguro de qué podía esperar, si te soy sincero", contesta en uno de los mensajes que intercambiamos. "Había un sentido de anticipación y una corazonada que pendía sobre nosotros y nos motivaba a trabajar al máximo. Al cabo de dos meses vimos que algo muy especial estaba ocurriendo. Y sentimos que era un trabajo de equipo, como un esfuerzo colectivo que podía conseguir intervenciones importantes".

Por Laura Rodríguez

17 de marzo de 2021 23:17h

Publicado enMedio Ambiente
Miércoles, 17 Marzo 2021 06:04

El nuevo «marzo» que agita Paraguay

El nuevo «marzo» que agita Paraguay

Una serie de manifestaciones contra la gestión de la pandemia de Covid-19 conmocionan la política paraguaya. Si durante la primera ola el país logró resultados sorprendentes, hoy se ve inmerso en la crisis sanitaria. Las manifestaciones, que apuntan al presidente Abdo Benítez, transcurren en un difícil momento para todo el país, en el que las cifras de contagio se disparan, la interna en el Partido Colorado se agita y el cansancio social se acumula.

 

El 7 de marzo se cumplió un año desde que se registró el primer caso de Covid-19 en Paraguay. En esa coyuntura, las autoridades sanitarias del país ganaron elogios a escala nacional e internacional por las rápidas y acertadas medidas tomadas: cierre de frontera y declaración de la cuarentena total. Las decisiones adoptadas en ese contexto tuvieron como principal motivación preparar al deficiente sistema de salud paraguayo para afrontar el panorama complejo que se avizoraba, considerando los estragos que venía causando la pandemia en los demás países del mundo y de la región.

Tal como señalan varios especialistas, la inversión social en Paraguay es insuficiente para satisfacer las necesidades de la población y se mantiene muy por debajo de las recomendaciones internacionales. Según datos de 2019, 72,9% de la población paraguaya no cuenta con ningún tipo de seguro médico, mientras que el presupuesto de la administración central destinado a salud apenas alcanza 2,1% del PIB, cuando organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomiendan destinar al menos 6% del PIB para gastos públicos en esa área.

Sin embargo, los preparativos anunciados por las autoridades sanitarias paraguayas en los inicios de las medidas de pandemia mostraron paupérrimos avances. La compra irregular de insumos médicos provenientes de China, en abril de 2020, pusieron en evidencia una red de tráfico de influencias y manejos indebidos en las compras públicas, dando el primer golpe que hizo tambalear al entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni.Las deficiencias del gobierno en la gestión de la pandemia se evidenciaron también en la inacción para garantizar la provisión de vacunas. Las casi nulas gestiones internacionales con los diversos fabricantes, sumada a una confianza extrema en el COVAX —un mecanismo de alcance global que pretendía asegurar la disponibilidad de vacunas de os países de bajos ingresos— como única alternativa contemplada para la obtención de vacunas, pusieron al país en la cola de todas las listas de provisión. El primer cargamento de vacunas que arribó al país fue de la vacuna rusa Sputnik V, el 18 de febrero, con solo 4.000 dosis, que apenas permite inmunizar a una ínfima parte del personal de salud. Esta situación coloca al país entre los menos inmunizados de la región en la actualidad, con apenas un 0,02% de personas inmunizadas por cada 100 habitantes. Muy por detrás del 26,62% de Chile, el 5,34% de Brasil, el 3,35% de Argentina, el 3,53% de Uruguay, el 1,2% Perú, el 1,02% de Bolivia, el 0,71 % de Colombia, el 0,43% de Ecuador, y el 0,04% de Venezuela.

Pero la gota que desbordó el vaso fue la falta de medicamentos e insumos básicos en los hospitales públicos, que se tornó evidente en las últimas semanas. Tanto el personal médico como los directivos de los nosocomios que atienen a pacientes de Covid-19 denunciaron la falta de medicamentos y otros insumos básicos, lo que obliga a los pacientes a cubrir todos los costos. Esta situación no solo generó el reclamo de familiares de los pacientes, sino también el anuncio de su dimisión por parte del director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), así como la protesta del personal sanitario.

En este contexto, el 4 de marzo, en su primera sesión ordinaria del año, la Cámara de Senadores instó a las autoridades de Salud a presentar renuncia a sus cargo. Uno de los principales argumentos esgrimidos por los senadores fue que esa Cámara había apoyado firmemente los pedidos realizados por la cartera de salud, aprobando todas las solicitudes de ampliación de fondos. No obstante, el Ministerio de Salud demostró grandes fallas en la gestión y ejecución de los fondos, dado que personal médico y pacientes denuncian faltantes de insumos mientras que la institución cuenta aún con «un saldo de 126 millones de dólares para la adquisición de insumos» en su presupuesto. Claramente, el tiempo ganado por las autoridades sanitarias al inicio de la pandemia con las medidas de cuarentena se había desperdiciado.

El tenor de los reclamos fue escalando en intensidad, con insistentes pedidos de renuncia de las autoridades sanitarias e incluso de juicio político al propio presidente Mario Abdo Benítez. La primera convocatoria de movilización por parte de la sociedad civil se produjo el 5 de marzo y concitó la atención y el apoyo de diferentes sectores de la prensa. La consigna «Estoy para el marzo 2021», hacía referencia a dos episodios de la historia reciente de la democracia paraguaya. El primero, a la fatídica jornada de protesta realizada entre los días 23 y 28 de marzo de 1999, tras el magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña, que terminó con la muerte ocho manifestantes, más de 700 heridos y la renuncia del entonces presidente Raúl Cubas (1998-1999). El segundo, a la manifestación del 31 de marzo de 2017, en contra del intento de reforma constitucional liderado por el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) con el fin de habilitar la reelección presidencial, que terminó con la quema del Congreso paraguayo y el asesinato de un joven militante en la sede del Partido Liberal.

La manifestación del 5 marzo pasado, que inauguró la serie de movilizaciones actuales, fue multitudinaria. Algunos análisis refieren una convocatoria de entre 5.000 y 10.000 personas (en una ciudad de poco más de medio millón de habitantes). Pero lo que arrancó como una protesta pacífica, acabó en violencia policial a causa de unos pocos manifestantes que atropellaron las vallas de seguridad de la policía. Las fuerzas de seguridad aprovecharon la situación para despejar  desatando una fuerte represión que terminó con decenas de heridos. Esta no hizo más que caldear los ánimos de una ciudadanía afectada por la mala gestión del gobierno, agotada por los embates del covid-19 y golpeada económicamente por los efectos de la pandemia. 

De manera ininterrumpida, se vienen organizando jornadas de protesta al final de la jornada laboral, ya sea en las proximidades de la residencia presidencial, en las inmediaciones del Congreso o frente a la residencia del ex presidente Horacio Cartes, líder de la fracción Honor Colorado cuyo voto puede definir el juicio político. Si bien la cantidad personas convocadas no alcanza los números del primer día de protesta, una multitud de alrededor de 2.000 personas vienen ganando las calles cada día. Lo sorprendente sigue siendo la persistencia de estas protestas, aún sin una organización o cara visible a la cabeza. 

En la trastienda de toda esta coyuntura se pueden identificar dinámicas y disputas políticas muy anteriores al advenimiento de la pandemia. En la joven democracia paraguaya se fueron consolidando ciertas reglas y patrones en el juego político, entre los cuales se destaca la limitación del poder político del presidente una vez concluido su mandato. No solo impera la prohibición de reelección presidencial, sino que, además, queda bloqueada su postulación al Congreso. Una suerte de «jubilación política» obligada. 

Más allá de estas condiciones, todos los presidentes electos desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989 buscaron vías para sortear esta situación. Cada uno de ellos coqueteó con la idea de la reelección presidencial avanzando, de manera creciente y de presidente en presidente, en los intentos de reformar las normas que la impiden. Algunos ex mandatarios buscaron también su acceso al Congreso, como, por ejemplo, los expresidentes Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) y Fernando Lugo (2008-2012). Pero, mientras que al primero le fue prohibido el acceso a las bancas en la Cámara de Senadores obtenidas en las elecciones de 2008 y 2018, alegando cláusulas constitucionales poco claras, el segundo pudo sortear esa situación a causa de su destitución a través de un juicio político. De todas formas, uno y otro ex presidente consiguieron mantener cierta presencia en la arena política nacional, pero ya no con el nivel de preponderancia que alguna vez habían logrado. Ese no es el caso del expresidente Horacio Cartes (2013-2018).

De la misma manera que sus antecesores, Cartes coqueteó con la idea de la reelección presidencial, llegando incluso a ser el presidente más próximo a obtenerla. También se postuló como candidato al Senado, cargo para el cual fue electo, pero, al igual que Duarte Frutos, le fue bloqueado el acceso. La peculiaridad del caso radica en que Cartes logró mantener articulado su espacio político en el interior del Partido Colorado. Aun cuando su candidato a presidente fue derrotado en las internas partidarias por el actual presidente Abdo Benítez, posee la mayoría de los diputados colorados en el Congreso, así como representantes en el Senado, las gobernaciones e intendencias (alcaldías). Por tanto, continúa manteniendo una inusitada presencia política, situación hasta ahora nunca vista en los anteriores expresidentes de la transición.

En lo que va del gobierno de Abdo Benítez, el ex presidente Cartes ha sabido manejar su fuerza política como palanca de sus demandas. Logró así mantener a sus representantes en la cabeza del Partido Colorado y articular cierta concordia con el gobierno. De todas formas, su juego sigue siendo el de debilitar al presidente para garantizar el fortalecimiento del cartismo en el coloradismo, que le garantice una victoria en las elecciones municipales de este año y la candidatura presidencial de su sector para las próximas elecciones de 2023. Los comicios municipales del presente año constituyen otro elemento clave que incide en la trastienda de la actual coyuntura política. En el caso paraguayo, las elecciones municipales se realizan de manera separada a las nacionales, con dos años de distancia. Debido a las medidas de cuarentena del año pasado, las elecciones fueron postergadas para el 10 de octubre del presente año, mientras que las internas partidarias simultáneas se realizarán el 20 de junio. En este contexto, queda claro que las diferentes fuerzas políticas del país tienen presente los próximos desafíos electorales para el desarrollo de sus estrategias de intervención en el actual escenario. Primero en las elecciones internas y luego en las municipales.

La crisis fue atendida por el presidente Abdo Benítez con exagerada lentitud y parsimonia. Sus principales acciones tendieron al reemplazo de algunas cabezas ministeriales (especialmente en las carteras de Salud, Educación y de la Mujer) y a las negociaciones con su principal oposición intrapartidaria liderada por Cartes. En un segundo plano quedó la satisfacción de las demandas que iniciaron las protestas, que todavía no encuentran una clara solución.

Aunque estas medidas lograron tranquilizar los ánimos de sectores de la prensa (en especial el conglomerado de medios del expresidente Cartes), no desactivaron la movilización en las calles. Tampoco frenaron las acciones de la oposición en el Congreso, que insiste en avanzar con el juicio político al presidente, aunque los números no le son favorables aún en ambas. De todas formas, la oposición parecería estar subsumida a las disputas libradas en el seno del Partido Colorado, el viejo partido que gobernó el país durante la dictadura de stronista.

Hasta el momento queda claro que la actual crisis política no ha sido superada, más allá las diferentes medidas llevadas adelante por el gobierno y los acuerdos políticos realizados con algunos sectores. La movilización ciudadana continúa activa y la insatisfacción generalizada a causa de la gestión de la crisis sanitaria sigue latente, aunque el gobierno, con el apoyo del cartismo, tiene garantizado aún el respaldo parlamentario capaz de bloquear cualquier intento de juicio político.

Pero nada está completamente definido. La situación puede verse afectada con las derivaciones de la pandemia que sigue golpeando con fuerza al país. Un sostenido crecimiento en las cifras de contagio, la completa saturación de los servicios sanitarios, el retrasado proceso de vacunación y la persistencia de la movilización en las calles podría convertirse en un cóctel explosivo capaz de provocar incluso la caída del presidente Abdo Benítez. De todas formas, incluso si sobrevive en el poder su panorama resulta muy complicado, envuelto en una crisis de difícil superación y cuyas derivaciones parecen arrinconarlo ante dos únicas opciones: el juicio político o su entrega a los brazos del cartismo.

Publicado enInternacional
Luis Almagro, secretario general de la OEA.

Es por "incumplimiento" de convenios de la OEA con el país andino

El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, anunció este martes que su gobierno decidió llevar a juicio al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por "incumplimientos" de convenios de la entidad con la nación andina.

"Ha habido un evidente y flagrante incumplimiento sobre las acciones pactadas entre Bolivia y la OEA, por parte de la OEA y Luis Almagro", afirmó Lima.El titular de la cartera de Justicia detalló que el gobierno se encuentra "evaluando los caminos jurídicos", que "probablemente no sean excluyentes y podamos seguir todos simultáneamente", y que pretenden llegar hasta "las instancias que correspondan".

Lima aludió al informe preliminar que la OEA publicó sobre las elecciones de octubre de 2019, que, en última instancia, provocaron una crisis política en Bolivia y la dimisión del expresidente Evo Morales. Según el informe, hubo "irregularidades" en los comicios.A juicio del ministro, el informe no era parte de un convenio suscrito entre el Estado boliviano y el organismo y, "peor aún", el informe final se publicó en diciembre de 2019, fuera de plazo.

Lima adelantó que se emprenderá acciones legales contra Almagro, ante lo que considera como "persistentes acciones de injerencia" en el país y por las declaraciones hechas por Almagro sobre el supuesto fraude electoral de 2019. Así, espera que rinda cuentas por la "gravedad de sus afirmaciones y la irresponsabilidad" que supuso el informe realizado por la organización.

La OEA ha planteado recientemente crear una comisión internacional que investigue los casos de corrupción en Bolivia desde el gobierno de Morales hasta la actualidad, incluyendo el periodo de Jeanine Áñez. Por otra parte, la organización cuestionó el sistema judicial boliviano y afirmó que no existen garantías de un juicio "justo", de "imparcialidad ni debido proceso" contra los ahora antiguos altos cargos del Gobierno.

Un comunicado de la secretaria general de organismo, cargo que ocupa Almagro, este jueves había criticado la detención de Añez aunque sin nombrar a la expresidenta de facto. " La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos manifiesta que ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno," arranca el texto.

El comunicado también acusa a la justicia boliviana de favorecer al partido gobernante. "En los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno. Lamentablemente, esas amenazas se han concretado en muchos casos. En este contexto, es importante recordar que la Carta Democrática Interamericana en su artículo 3 define como elemento esencial de la democracia representativa la separación e independencia de los poderes públicos" lanzó la oficina que ocupa Almagro.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia no tardó en responderle a Almagro. "Una vez más, Luis Almagro se pronunció utilizando el discurso sobre derechos humanos para favorecer a los intereses particulares y políticos que representa; dejando de lado la defensa de las víctimas de gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de facto que abusó de su poder para perseguir, torturar y asesinar a quienes tienen y tenían como enemigos políticos," se pronunció la cancillería boliviana. "El Sr. Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que le hizo al pueblo boliviano con su injerencia colonialista durante el proceso electoral del 2019. Sus acciones costaron vidas humanas y debe rendir cuentas por su comportamiento parcializado y alejado de la objetividad, que ha desprestigiado a tan importante instancia para los países de nuestra América."

El texto de la secretaría general de la OEA también recibió una dura respuesta de Oscar Laborde, presidente del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur (Parlasur). Laborde acusó a Almagro de actuar con "descaro" y "pretender inmiscuirse desembozadamente en la situación política de Bolivia", tras "haber propiciado un golpe de Estado con masacres, asesinatos, persecución política y proscripciones".

Según Laborde, "a estas alturas resulta claro que Almagro se presenta como el jefe de la oposición política al gobierno de MAS". El parlamentarioargentino agregó que las recomendaciones que hizo hoy la OEA no muestran "ningún tipo de conocimiento ni de precisión" sobre el funcionamiento del sistema judicial boliviano.

"Lo que está proponiendo Almagro es el comienzo de una conspiración contra un gobierno democrático (por el que preside Luis Arce), buscando el apoyo de algunos países de la región", afirmó Laborde, quien además es diputado del Parlasur, donde ocupa una de las vicepresidencias.

Y luego alertó sobre Almagro: "Está proponiendo una intervención lisa y llana sobre el Estado Plurinacional de Bolivia, no sólo sobre su poder Judicial".

Evo Morales, por su parte, acusó a Almagro de cometer crímenes de lesa humanidad. "Nunca se pronunció por los 36 asesinatos, los más de 800 heridos, los 1.500 detenidos ilegalmente y el centenar de perseguidos", manifestó en su cuenta de Twitter. "Las declaraciones de Almagro son un nuevo atentado a la democracia: niegan la autoproclamación de Áñez, las masacres, las 1.500 detenciones ilegales, persecuciones y corrupción en pandemia, que es delito de lesa humanidad. No se puede ignorar la lucha del pueblo humilde," tuiteó.

Publicado enInternacional