Steve Bannon, el gurú caído de Trump: "Hemos convertido a los republicanos de EEUU en un partido de clase obrera"
  • - El que fuera estratega de Trump sigue siendo influyente pese a que en 2017 tuvo que dejar la Casa Blanca por su escandalosa radicalidad
  • - "Si queremos que el capitalismo sobreviva, necesitamos hacer que la gente sea capitalista; lo que tenemos son oligarcas y siervos"
  • - Mientras Trump sigue usando las consignas a favor de la clase trabajadora inspiradas por Bannon, sus políticas fiscales van en dirección contraria

 

Steve Bannon fue el hombre a los 63 años dirigió la campaña de Donald Trump de 2016, el que moldeó el partido republicano a imagen del presidente y el que dirigió BreitBart News, una plataforma de contenidos para alimentar a la nueva derecha americana, un movimiento caracterizado por el racismo. Tras su nombramiento en la Casa Blanca, el exlíder del Ku Klux Klan, David Duke, dijo que era una noticia "estupenda". Peter Brimelow, de la página supremacista VDAR, lo calificó de "increíble".

Bannon dejó el Gobierno en 2017 tras haber jugado un papel fundamental en la tan criticada reacción del presidente a la marcha supremacista celebrada en Charlottesville, Virginia. Aun así, sigue siendo una figura influyente en política y quiere inspirar un movimiento global de extrema derecha. Recibe a The Guardian para una entrevista en su casa de Capitol Hill (Washington DC).

"Hemos convertido a los republicanos en un partido de clase obrera", dice un relajado Bannon en su casa con una foto autografiada de Trump detrás. "Curiosamente, ahora mismo no tenemos ni un representante electo que se lo crea, pero eso se debe a nuestro legado, ya lo superaremos: tenemos que encontrar a nuestras propias AOCs [Alexandria Ocasio Cortez]". Desde que fue elegida congresista en Washington el año pasado, la excamarera neoyorquina de 30 años Ocasio-Cortez ha construido una gigantesca audiencia en las redes como miembro de 'The Squad' [el escuadrón], un grupo formado por cuatro mujeres progresistas y no blancas. Su disputado apoyo ha ido finalmente para el senador progresista de Vermont Bernie Sanders.

Entre los congresistas republicanos predominan los hombres blancos de familias acomodadas y cierta edad. Los demócratas y sus simpatizantes tienen un "casting mejor", admite Bannon. "Hicieron un trabajo increíble en 2018. Sigo diciendo que admiro a AOC. Creo que su ideología está equivocada, pero quiero tenerla. Quiero que reclutemos camareros. No quiero más abogados. Quiero camareros".

Bannon también cuenta entre los aciertos demócratas la candidatura de los veteranos del ejército Max Rose (Nueva York) y Mikie Sherrill (Nueva Jersey). Los dos consiguieron su escaño en la victoria que el Partido Demócrata en las elecciones a la Cámara de Representantes de 2018. "Un casting perfecto, por eso nos dejaron atrás".

En las elecciones de mitad de mandato del año pasado los demócratas recibieron el empujón de Mike Bloomberg. El exalcalde de Nueva York les inyectó 110 millones de dólares con su propio comité de acción política [los llamados PAC, por sus siglas en inglés] y el resultado fue impresionante: 21 de los 24 candidatos a los que apoyaba obtuvieron el escaño. Bloomberg ahora también se presenta a la candidatura demócrata para la presidencia en las elecciones de 2020.

"La gente no termina de entender lo que significa Bloomberg", dice Bannon, que también es copresentador del programa de radio War Room [Sala de guerra] sobre el impeachment contra Trump. "De no ser por Bloomberg, no habría impeachment. Son los cien millones de dólares de Bloomberg los que hicieron ganar esos escaños... El Partido Demócrata es igual que el Republicano: no hay gente cuando hace falta hacer algo. Nadie va a un Estado a tocar timbres. Pero esos grupos de activistas sí lo hacen y ahí es donde Bloomberg puso sus cien millones de dólares".

Las lecciones de Reino Unido

En una segunda entrevista telefónica la semana pasada, Bannon hace comparaciones con las elecciones generales británicas en las que el conservador Boris Johnson derrotó al laborista Jeremy Corbyn (acusado de no erradicar el antisemitismo del partido). Igual que Trump rompió el "muro azul" de los estados del medio oeste en 2016, Johnson ha caído como una una bola de demolición sobre el "muro rojo" de áreas tradicionalmente laboristas británicas.

"Es una victoria para el populismo", dice Bannon. "Cláramente, el premio no se lo iban a llevar unas ideas económicas radicales, socialismo y una mayor intervención del Estado, además de un antisemitismo virulento. Creo que en EEUU el Partido Demócrata, especialmente la extrema izquierda que representan el Squad, Elizabeth Warren y Bernie Sanders, deberían aprender la lección porque no creo que solo haya sido por la personalidad de Corbyn".

Bannon no cree que Johnson sea nacionalista ni populista y dice que el Brexit en que piensa el primer ministro británico es algo así como un "Singapur sobre el Támesis", muy diferente a la imagen que tienen en su cabeza los que votaron por él. Aún así, Bannon argumenta que tanto los conservadores como los republicanos deben atraer a la clase obrera para apoderarse del territorio de sus rivales históricos.

¿Un capitalismo para la gente?

Para sus críticos, Bannon es un nacionalista furibundo y nihilista, una persona que busca atención alterando y destrozando el establishment político. Bannon justifica su deseo de transformar a los republicanos en un partido obrero. "Toda mi teoría sobre la derecha es que si queremos que el capitalismo sobreviva, tenemos que hacer que la gente sea capitalista. El problema es que no son capitalistas. Lo que tenemos son oligarcas y siervos. Ese sistema no va a sobrevivir. Yo le digo a los donantes que tal vez me detesten, pero que toda esa mierda de Paul Ryan en la Heritage Foundation no va a ganar una elección nacional. No puede ganar en Wisconsin, ¿se entiende? Donald Trump sí puede".

Eso que dicen Trump y Bannon de defender a los trabajadores se está volviendo cada vez más difícil de creer. Hace dos años, el presidente aprobó un proyecto de ley de 1,5 billones de dólares para reducir los impuestos de las empresas y de los ricos, entre los que figuran él y los miembros de su gabinete. Según el Centro de Política Tributaria, un centro de estudios de Washington no afiliado a ninguno de los partidos, el 80% de los recortes de impuestos aliviará el bolsillo del 1% más rico mientras la clase media sigue pasando dificultades.

En una entrevista de radio de 2016, el nacionalista blanco y asesor de la Casa Blanca Stephen Miller dijo a Bannon que Estados Unidos podría perder su soberanía y ser "diezmado" por la inmigración. Pero Bannon, que en Europa ha asesorado a líderes de extrema derecha abiertamente racistas, niega que el resentimiento racial sea una parte importante del resurgimiento populista. Lo dice a pesar de que el FBI comunicó el mes pasado que los ataques personales motivados por prejuicios habían alcanzado un máximo en 16 años, con un aumento notable en los casos de violencia contra personas de origen latino.

"Cuando ganamos a finales de junio de 2016 en Londres, dije que esa era la apuesta ganadora para Trump, sólo teníamos que imponer los mismos temas", dice en relación al referéndum británico del Brexit. "Por eso, cuando me hice cargo de la campaña, quise volver a lo básico: detener la inmigración ilegal masiva, limitar la legal y proteger a los trabajadores. ¿Por qué crees que las encuestas de Emerson le dan hoy a Trump el 34% de aprobación entre los negros y el 36% entre los hispanos? Va a conseguir el 20% del voto negro y esta es la razón: todo el mundo tiene trabajo".

Otras encuestas dan una imagen muy diferente. Según un estudio publicado el 13 de diciembre por el comité de acción política BlackPac, en torno al 78% de los probables votantes afroamericanos tiene una opinión desfavorable de Trump y un 84% califica negativamente su labor como presidente. Además, el 83% de los probables votantes afroamericanos considera que las condiciones económicas no han cambiado o han empeorado durante el mandato de Trump y un 87% afirma que en noviembre de 2020 votará por el candidato demócrata.

La Administración Trump ha ido claramente en contra de los derechos de los trabajadores al reducir el número de inspectores de seguridad en los lugares de trabajo, elevar la calificación necesaria para cobrar el salario mínimo o las horas extras y arrinconar a los sindicatos, entre otras medidas.

A Bannon no parece preocuparle haber contribuido a llevar al Despacho Oval a un hombre que cuenta con el respaldo de los nacionalistas blancos. "Mira, esto es lo que me vuelve loco de la izquierda. Todo lo de la inmigración es para inundar la zona con mano de obra barata y la razón es porque a las élites les importan un carajo los afroamericanos o la clase obrera hispana. Tampoco les importa la clase obrera blanca. Sólo son números. Así que tienen una oferta de mano de obra ilimitada y pagando nueve dólares la hora. ‘Que entren más, que de paso serán más clientes’", señala.

"Están destruyendo a la clase obrera. Eso es lo que tenemos que proteger. Una vez que demostremos a la clase obrera de todas las etnias y razas que ser ciudadano da derecho a un trato especial, conseguiremos esa reconfiguración", añade.

Exbanquero de inversiones (Goldman Sachs) y exoficial de la Armada, no parece probable que Bannon y su énfasis en la ciudadanía sea suficiente para los ciudadanos de carne y hueso estadounidenses que sufren hoy inmensas desigualdades por su clase, género y raza. Según las estadísticas publicadas en septiembre, la brecha entre los que más tienen y el resto alcanzó el año pasado un máximo en los más de 50 años que la Oficina del Censo de Estados Unidos lleva midiendo la desigualdad de los ingresos. Según la fundación independiente y sin fines de lucro CDC, las mujeres negras tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades que las blancas de morir por causas relacionadas con el embarazo.

 

David Smith - Washington D.C (Estados Unidos)

Traducido por Francisco de Zárate

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Lunes, 16 Diciembre 2019 07:29

Corbyn

Corbyn

La victoria del Partido Conservador fue contundente. En la elección del pasado 12 de diciembre los votantes prefirieron con creces un gobierno liderado por Boris Johnson y dieron un duro golpe a los laboristas y a su líder Jeremy Corbyn.

Esta elección estaba marcada por el largo conflicto en torno del Brexit, mismo que definió la lucha política en Gran Bretaña en los últimos tres años. La disputa costó el puesto en ese lapso a dos primeros ministros conservadores: Cameron y May, pero acabó dando un mandato indiscutible a Johnson. Ahora podrá finalmente negociar la salida de la Unión Europea y también gestionar la agenda conservadora en materia económica y social.

La debacle laborista fue contundente; el partido obtuvo el menor número de parlamentarios desde 1935. El resultado, ciertamente, ha puesto en la mira el efecto que el Brexit tuvo sobre el electorado; el partido de Nigel Farage contribuyó al triunfo de los tories; la jornada electoral equivalió a un referendo sobre la salida de la Unión Europea. Pero fue, igualmente, una masiva retirada del voto laborista ante el liderazgo de Jeremy Corbyn. Según parece, este último fue el factor decisivo de la derrota.

Corbyn no planteó de modo decisivo su postura sobre el Brexit y más bien parecía especular con ella buscando beneficiarse de los vientos cambiantes al respecto. Así, fue víctima del largo desgaste político y social producido por ese caso. El líder laborista fue señalado por posturas antisemitas, lo que provocó denuncias de diversos frentes y renuncias de miembros del partido. También Johnson ha sido señalado por sus inclinaciones islamofóbicas.

La situación política abre de nuevo el asunto de Escocia. El triunfo del Partido Nacionalista Escocés y la abrupta caída del laborismo en ese país abren de nuevo la puerta a un referendo por la independencia. Nicola Sturgeon, la jefa del gobierno, ha dicho que Johnson no tiene derecho a interponerse en ese camino. La unión del reino está en cuestionamiento, resultado esperable del Brexit, y ahora, además, por el triunfo conservador.

Un asunto significativo de la elección fue que los conservadores tuvieron mejores resultados en aquellos lugares en los que bajó la participación de los votantes respecto de la elección de 2017. Esto ocurrió principalmente en los distritos mayoritariamente laboristas.

Todo apunta a la pobre atracción de Corbyn y sus propuestas entre los votantes del propio partido y sus simpatizantes. En la última fase de la campaña emitió un manifiesto político titulado Es tiempo de un cambio real, un muy ambicioso plan de intervención pública en sectores clave en materia social, económica y ambiental.

Uno de los asuntos álgidos en disputa en Gran Bretaña tiene que ver con el sistema público de salud; el manifiesto proponía una fuerte intervención en esta materia para contener las medidas de privatización que se están imponiendo. Del mismo modo se ofrecía nacionalizar áreas de la economía privatizadas desde hace décadas, como es el caso de ferrocarriles, agua, correo y provisión de energía.

El poco eco del manifiesto laborista, presentado a destiempo, parece indicar que las medidas económicas impulsadas por Margaret Thatcher entre 1979 y 1990 se han ido asentando, que la gente responde de modo distinto a la que quiere hacer el gobierno y la manera en que interviene en la economía y en los asuntos públicos y, en ocasiones, en los de índole privada.

Las propuestas de Corbyn, como lo exhibió el resultado electoral, no reforzaron su proyecto político. Tras la derrota, declaró que se sentía orgulloso del manifiesto. Esto es irrelevante, pues el caso es que con el nuevo gobierno conservador, que puede durar cinco años, hay en realidad pocas, si no es que nulas, posibilidades de que algo de su contenido se aplique.

Estas cuestiones indican la naturaleza de las disputas políticas que surgen hoy en muchas partes del mundo y que no pueden seguirse planteando en los términos convencionales del análisis político. No es cuestión trivial, sino exigencia, plantearse qué es lo que quieren las poblaciones respecto de sus gobiernos y hasta dónde están dispuestas a llegar.

Jonathan Freedland, columnista de The Guardian, planteó esta cuestión en el caso de la elección británica de hace unos días. Escribió el pasado viernes 13: “Podemos estar enojados por la victoria de los tories en esta elección, pero debemos sentir una ira equivalente respecto de quienes lo han permitido. Hablo de aquellos que llevaron al principal partido de oposición hacia un callejón sin salida…Vista la magnitud de esta calamidad: perder frente a un gobierno que ha generado nueve años flacos, que pretendió un cuarto periodo que casi nunca se ha concedido; un gobierno tan dividido internamente, que purgó a dos cancilleres anteriores y algunos de sus mejores miembros del Parlamento, liderado por un mentiroso…Un partido de oposición que funcionara sólo a medias hubiese barrido con los tories, pero en lugar de eso fue aplastada por ellos”.

Los políticos deben preguntarse qué quieren de ellos los ciudadanos, hasta dónde pueden llegar y cuánto tiempo duran con alguna frescura en el poder. En este caso, Corbyn no se salva y Johnson lo puede descubrir pronto.

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Por qué la clase trabajadora votó al partido del brexit

La noticia más llamativa de las elecciones británicas de este pasado jueves 12 de diciembre es que la mayoría absoluta en el Parlamento Británico conseguida por el Partido Conservador no se habría producido sin el voto masivo de amplios sectores de la clase trabajadora británica a este partido, una situación semejante a la que ocurrió en EEUU en las elecciones presidenciales de noviembre de 2015, que dieron como resultado la victoria de Trump. La predecible respuesta del establishment mediático liberal español ha sido atribuir la victoria del Partido Conservador a un rechazo del programa del Partido Laborista, percibido como excesivamente izquierdoso (el editorial de El País del 14.12.19 lo definió como paleoizquierdista), alentando a las fuerzas progresistas a que aprendan de lo ocurrido y vuelvan al centro (que quiere decir al socioliberalismo).

Los datos, sin embargo, no confirman esta lectura de lo ocurrido. En realidad, las encuestas fiables afirmaban que la gran mayoría de las propuestas del Partido Laborista eran valoradas positivamente por la mayoría de la población. Según la encuesta de YouGOV (compañía altamente reputada en círculos de análisis de opinión), el 64% de la población estaba de acuerdo, por ejemplo, en subir los impuestos sobre la renta a las personas que ganan anualmente más de 80.000 libras (equivalentes a más de 95.000 euros). A su vez, el 56% estaba a favor de la nacionalización de los ferrocarriles y de las compañías de agua de energía y de gas (medida definida como antigualla por el articulista neoliberal de El País Xavier Vidal-Folch); el 54% estaba a favor de que los trabajadores y empleados de una empresa ocuparan un tercio del órgano ejecutivo de una empresa; el 81% apoyaba un aumento del gasto público sanitario de un 4,3%; un 73% apoyaba un crecimiento del salario mínimo a 10 libras esterlinas por hora (unos 12 euros); un 59% estaba a favor de un New Green Deal, y así un largo etcétera. No es creíble, por lo tanto, que el programa del Partido Laborista asustara a la población. Asustó a las clases pudientes, pero no a las clases populares.

¿Cuál, pues, fue la causa? Fue el Brexit, esto es, salir o no de la Unión Europea. Este fue el tema central de la campaña y la población lo sabía. Y el candidato conservador se centró casi exclusivamente en resaltar que llevaría a cabo la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), tal y como la población había votado en el referéndum del 23 de junio de 2016. Aquel día la sorpresa fue que la mayoría de la clase trabajadora votó a favor de salir de la UE. En realidad, el resultado entonces fue bastante equilibrado, con la mitad de la población de renta superior a favor de la permanencia, y con la mitad de la población de renta inferior en contra (el resultado global fue de un 51,9% de la población en contra de continuar en la UE, y de un 48,1% a favor de continuar en ella). Pero fue interesante ver que, dentro de la clase trabajadora, los que más favorecieron el Brexit fueron los parados y los que no tenían trabajo. En aquel referéndum se vio, así pues, una relación directa entre nivel de renta y apoyo a la permanencia en la UE. A más renta, mayor apoyo a dicha permanencia.

¿Por qué la clase trabajadora votó a favor del Brexit en el referéndum de 2016 y ahora ha apoyado al partido del Brexit?

La explicación más frecuente de este comportamiento en el referéndum (explicación que se ha sido dada también por algunos teóricos de izquierdas) es que las clases menos educadas votaron en contra de la permanencia y las más educadas votaron a favor. Tal visión –derivada de los trabajos sobre capital humano de Bourdieu en Europa y Lipset en EEUU– está muy generalizada en los círculos del establishment político-mediático del país y refleja un cierto desprecio hacia aquellos sectores de la población que no comulgan con la sabiduría convencional de dicho establishment (que estaba a favor de la permanencia en la UE), que son definidos como ignorantes o poco educados y carentes de cultura (el famoso capital humano).

El comportamiento electoral de la clase trabajadora es lógico y predecible

Pero no estamos ante una cuestión de capital humano. Veamos el porqué del rechazo a la UE. Y para ello hay que tener en cuenta que el proyecto de establecer la Unión Europea no ha sido popular entre las clases trabajadoras de la Europa Occidental. Solo hay que recordar que en prácticamente todos los países europeos donde se sometió a referéndum la fallida Constitución Europea (Francia, Países Bajos y Luxemburgo), la clase trabajadora votó en contra de forma muy mayoritaria. En Francia, el 79% de trabajadores manuales, el 67% de los trabajadores de servicios y el 98% de los trabajadores sindicalistas votaron en contra; en los Países Bajos lo hizo el 68% de los trabajadores; y en Luxemburgo el 69% de los trabajadores. Y lo que es también interesante es que en países donde no hubo referéndums pero se preguntó a la población qué hubiera votado en caso de haberlo se registraron cifras similares: en Alemania, el 68% de los trabajadores manuales y el 57% de los trabajadores de servicios estaban en contra de aquella constitución; en Dinamarca lo estaban el 72% de trabajadores manuales; y en Suecia lo estaban el 74% de trabajadores manuales y el 54% de los trabajadores de servicios. Y toda la evidencia existente muestra que esta animosidad hacia la UE no ha descendido. Al contrario, ha aumentado. Y lo que es también interesante es que las asociaciones patronales, el gran capital y las clases medias de renta alta y media alta (profesionales con educación superior) estaban entonces, y continúan estando ahora, a favor de la UE.

Repito, ello tiene muy poco que ver con el nivel de capital humano y con los que sostienen la tesis de que la clase trabajadora no está dotada de tal capital y, por lo tanto, es más vulnerable a ser engatusada por demagogos o figuras semejantes. Y si analizamos los datos en la distribución de las rentas vemos dos cosas. Una es que en cada uno de estos países –incluyendo el Reino Unido– ha habido un claro descenso desde que se fundó la UE del porcentaje de las rentas derivadas del trabajo sobre el total de rentas (siendo este hecho incluso más acentuado en los países de la Eurozona), hecho que se debe a la imposición de las políticas neoliberales (y digo imposición pues no estaban en sus programas electorales) por parte de los partidos gobernantes. El descenso de esta masa salarial fue el reflejo de un descenso de la estabilidad y de la calidad de los puestos de trabajo para la mayoría de los trabajadores, un descenso en el que la desregulación de la movilidad del capital y de la fuerza del trabajo que ha caracterizado el establecimiento de la UE jugó un papel clave.

Pero este descenso no fue uniforme, pues junto al aumento de las rentas derivadas del capital hubo un crecimiento de los salarios del sector profesional asalariado de alto nivel educativo, acentuándose todavía más la polarización social, siendo la clase media alta cosmopolita uno de los sectores beneficiados de tal movilidad y globalización (europeización), un fenómeno que afectó muy negativamente la calidad de vida y el bienestar de las clases populares, puesto que al deterioro de su salario y condiciones de trabajo, se añadía la destrucción y pérdida de la protección social como consecuencia de los recortes de sus derechos sociales (con los recortes del gasto público social) resultado del neoliberalismo imperante en las instituciones europeas. Es totalmente lógico (y nada tiene que ver con su supuesta falta de cultura o educación) que tales clases trabajadoras estén en contra de la globalización económica y contra la Unión Europea, y que tengan miedo de que los inmigrantes les quiten su puesto de trabajo (o que les abaraten el sueldo, pues es conocido que el empresario se aprovecha de tener trabajadores inmigrantes para bajar los salarios de su empresa).

Añádase a ello que otro elemento clave de su inseguridad es el miedo a perder su identidad. El nacionalismo es la respuesta identitaria previsible frente al internacionalismo de la globalización liberal. Hoy, el liberalismo, la ideología dominante, y la democracia liberal están deslegitimados en los sectores más victimizados por la aplicación de las políticas públicas neoliberales. Por lo tanto, era lógico y predecible que ganara el Brexit en el Reino Unido, algo que podría ocurrir en otros países también. De ahí que, como ya se ha indicado, sea comprensible el surgimiento de un nacionalismo identitario que representa el deseo de que no se diluya la identidad de uno, y todavía más si se ve a los inmigrantes como una variable que daña su seguridad. Así pues, el racismo y el clasismo no son la causa, sino la consecuencia de dicha inseguridad. Para revertir lo primero hay que resolver lo segundo. De lo que incluso amplios sectores de las izquierdas no parecen ser conscientes es que el auge de la ultraderecha no es consecuencia de un aumento del racismo, del nacionalismo y del machismo. Este aumento es la consecuencia y el síntoma de la principal causa: la inestabilidad e inseguridad de los sectores más vulnerables de la población. Sin ir más lejos, en Suecia surgió un partido de ultraderecha a partir de la aplicación que las derechas liberales y conservadoras hicieron de legislación neoliberal, la cual causó un gran deterioro del mercado laboral, origen del gran crecimiento de la ultraderecha.

Y esto explica en gran parte el Brexit. El establishment británico (desde la City al gran mundo empresarial, pasando por las clases medias profesionales) estaba a favor de la UE, mientras que gran parte de la clase trabajadora estaba en contra. El Partido Conservador ganó en partes del Reino Unido donde nunca antes lo habían hecho, ciudades y regiones con mayoría de clase trabajadora industrial (incluidas las cuencas mineras) del norte y oeste de Inglaterra (que habían votado a favor del Brexit). Ha sido, pues, una protesta de las víctimas del neoliberalismo, que las ha dañado. Parece paradójico que hayan votado al partido que ha llevado a cabo tales políticas, pero la gran astucia de Boris Johnson ha sido, precisamente, presentarse como el antiestablishment, incluso contra su partido, el Partido Conservador. Trump también se presentó (y ganó) como la voz del antiestablishment, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, y esa es la razón por la que lo votaron grandes sectores de la clase trabajadora.

Podría ocurrir el Brexit en otros países de la UE

La ideología neoliberal ha sido la dominante en las instituciones de gobernanza de la UE, desde el Consejo Europeo hasta el Banco Central Europeo, pasando por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Y como era predecible, su aplicación a lo largo de esta comunidad ha tenido un impacto muy negativo en la calidad de vida y el bienestar de sus clases populares. La evidencia es clara. En un reciente estudio del profesor Javier Arregui, del UPF-JHU Public Policy Center, documenta y analiza quién ha ganado y quién ha perdido con el establecimiento de la UE (“Ganadores y perdedores en el proceso de integración: repensando la Unión desde una perspectiva de ciudadanía europea”), corroborando los resultados de estudios anteriores: las desigualdades sociales han crecido en prácticamente todos los Estados de la UE, con un aumento en el crecimiento de las rentas de las clases más pudientes a costa de un descenso en las rentas de las clases populares. Este es el fruto del neoliberalismo, que ha sido promovido por los mayores medios de información españoles durante todos estos años, los mismos que ahora acusan al Partido Laborista de tener un programa económico y social extremista -supuesta causa de su derrota-, silenciando que la principal causa fue la ambivalencia que este partido mostró hacia el Brexit. Mientras tales medios continúan aconsejando la aplicación de las políticas públicas neoliberales, que están causando el gran rechazo hacia la Unión Europea que ellos mismos han promovido. La única solución hubiera sido un cambio de 180º de las políticas realizadas por el establishment de la UE, lo cual es improbable que ocurra en un futuro próximo. En realidad, dicho establishment se está moviendo más y más hacia la derecha. La pérdida de legitimidad es inevitable, abriéndose un futuro muy incierto. Así de claro.

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Ann Cook, directora de un consorcio del New York Performance Standards Consortium

 Entrevista a la directora de una red de institutos de entornos empobrecidos de Nueva York que está eximida de realizar evaluaciones externas 

"El modelo de tests estandarizados de EEUU tiene como trasfondo la idea de deshacerse de un determinado grupo de estudiantes", denuncia

En vez de una prueba, en sus institutos los alumnos realizan trabajos de investigación al final de la etapa que luego evalúan equipos de docentes

 

Los exámenes externos han condicionado durante años el sistema escolar de Estados Unidos. Sobre todo a partir del mandato de George W. Bush, la superación de pruebas elaboradas por la Administración llegó a condicionar no sólo el progreso de los estudiantes, sino la financiación de las escuelas. Pero hubo colegios que se resistieron, defendiendo que este tipo de evaluaciones estaba pervirtiendo la educación. Entre ellos 40 centros integrados New York Performance Standards Consortium, todos ellos institutos públicos con alumnado de clase baja, que hasta la fecha mantienen un modelo de evaluación alternativo. 

Ann Cook, la directora del consorcio, estuvo esta semana en Barcelona invitada por la Fundació Jaume Bofill para exponer su propuesta. Un tipo de evaluación basado en trabajos de investigación de los estudiantes que, según su directora, sirve para cambiar las dinámicas del aula y que les ha servido para alcanzar tasas de acceso a la universidad un 24% superiores a la media de los institutos de Nueva York. 

¿Por qué llegaron a la conclusión de que las pruebas externas eran perjudiciales para sus alumnos? 

Creo que en Estados Unidos estos exámenes son una gran industria, un negocio. Durante un tiempo nadie le prestaba demasiada atención, pero hubo un momento en que los sistemas escolares llegaron a la conclusión de que querían saber si eran competentes, y en vez de ir a mirar el trabajo de sus estudiantes se decidió que debían hacer tests externos y estandarizados, un modelo que en su trasfondo la idea de deshacerte de un determinado grupo de gente. Se usa un examen para justificar dejar de lado a ciertos grupos de población.

¿A los más pobres?

Claro. En el caso de nuestros institutos, esto coincide además con la población negra o inmigrante, aunque en zonas rurales pueden ser también blancos. Si eres de clase alta has vivido ciertas experiencias, que son las mismas que los que elaboran los exámenes, y saldrás reforzado. Estas pruebas se han planteado como una forma de evaluar que parece objetiva y neutral, pero lo que descubrimos es que condiciona el currículum y lo que se imparte en clase. Se da clase para pasar el examen. Y esto no te conduce a una buena educación. La prueba es que los colegios privados de Nueva York cada vez usan menos pruebas porque saben que devalúan el currículum. 

¿Cómo convencisteis a la Administración de que tenía que eximiros de pasar unas pruebas que son obligatorias? 

De entrada, empezamos con nuestro modelo de evaluación antes de que las pruebas estandarizadas fuesen obligatorias para todos. Ya entonces teníamos el permiso del jefe del Departamento de Educación para hacer otro tipo de evaluación. Pero en 1998 se obligó ya a todos los centros e incluso tuvimos que ir a juicio, hicimos manifestaciones. Luchamos durante años. Nos negamos y defendimos que nuestro modelo era de éxito, a lo que la Administración nos contestaba que cómo lo sabíamos si no superábamos las pruebas [ríe]. Pero lo cierto es que tenemos tasas más elevadas de alumnos que van a estudios superiores y que no abandonan, y menos rotación de profesorado. 

¿Cuál es exactamente este modelo de evaluación, alternativo a los tests?

Lo llamamos PBAS, siglas que se refieren a Estándares de Evaluación Basados en la Práctica. Está hecho por los profesionales de los centros y centrado en el trabajo de los alumnos, que hacen a partir de temas que observamos que les interesan o de los que hablan. Al final de la etapa, tienen que elaborar un trabajo que evalúan un grupo externo de expertos. Además, luego un equipo de profesores de la red de institutos revisa todos los trabajos y los reevalúa sin saber quién es el autor de cada documento.

¿Me puede poner un ejemplo?

Los temas suelen surgir a partir de discusiones en clase. Pongamos que en Ciencias Sociales hemos hablado del movimiento por los derechos civiles y a un estudiante le interesa en particular indagar sobre la legislación del voto. Lo que tiene que hacer es una investigación: documentarse, leer, desarrollar sus conclusiones personales, con su propia voz, elaborar un trabajo y presentarlo. Tienen que hacer una defensa oral, que se hace frente a un grupo que suelen ser expertos de fuera del centro, algo parecido a un PhD, y luego hay esta evaluación del trabajo por parte de un equipo de profesores.

Pero lo más importante de todo es que este modelo en la evaluación cambia por completo la forma en que trabajas en clase. Es lo que condiciona qué enseñas y cómo. Los estudiantes tienen a aprender más en profundidad y sin tratar de abarcar tanto contenido. Algunos llegan a ser verdaderos expertos en ciertos temas, y sí, quizás no aprendan las fechas de la guerra de 1812, pero si lo necesitan sabrán cómo. 

¿No les da miedo entonces que sus estudiantes no aprendan todos los contenidos del currículum? ¿O todos los que ustedes consideran necesarios?

Es que el currículum ya no puede ser el de hace años, la explosión del conocimiento es enorme. Ningún chaval puede saberlo todo, y muchos de los hechos que se enseñan los olvidan. Más importante es aprender a analizar, buscar, recoger puntos de vista. Siempre que alguien me pregunta esto le digo: “¿Te acuerdas de la doctrina del destino manifiesto?". 

¿Qué es eso?

¡Eso me contesta todo el mundo! ¡Nadie se acuerda, y lo preguntaban en los exámenes que todos aprobaron! [Es la idea de que la nación americana estaba destinada a colonizar el oeste del continente "por la gracia de Dios"].

Decía que los cambios de la evaluación influyen en cómo enseñan y qué enseñan. ¿Por qué?

Cambia el cómo, que es la pedagogía, y el qué, que es lo material, el currículum. La voz del estudiante pasa a ser mucho más importante que en una clase donde se preparan solo exámenes, y esto cambia su relación con el profesor y entre ellos. Aprenden que todos no tienen por qué pensar lo mismo, construyen respeto y confianza a través de la conversación y la discusión. Es una dinámica completamente distinta.

Vinculado a la evaluación, en España hay una tasa de repetición de curso muy elevada. ¿Qué le parece?

Por ejemplo, nosotros tenemos en Inglés clases sobre Shakespeare, poesía, creación literaria, literatura americana… Si un alumno suspende alguna de estas, no tiene por qué repetir. Puede hacer otra cosa. No entiendo por qué hay que obligar a los alumnos a repetir una y otra vez algo en lo que han fracasado, en lo que han tenido una mala experiencia. Hay que trabajar a partir de las fortalezas. No puedes aprender si no te sientes involucrado, y debemos encontrar formas de que se sientan interesados, propietarios de lo que aprenden. 

Si entrevistas a nuestros alumnos te lo dirán. Sobre todo los que han pasado por otros colegios. Están más interesados, agradecen tener más capacidad de decidir. Y menos presión, que no significa menos esfuerzo. 

¿Y qué opina de los deberes? 

Depende. En algunas clases se les dice de leer en casa, hacer algo de investigación, resolver un problema de mates que no les ha salido… Pero hay que tener en cuenta que muchos chicos cuando salen del instituto tienen empleos, así que puedes poner deberes pero no esperar necesariamente que los hagan. 

13/10/2019 - 21:06h

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 La profesora estadounidense Ann Cook en la Fundación Bofill de Barcelona. Juan Barbosa

La profesora ha creado una red de centros que no están obligados a presentarse a la Selectividad estadounidense en busca de un sistema menos academicista

Ann Cook (Chicago, 1940) ha cambiado las reglas del juego del sistema educativo en el Estado de Nueva York. Esta profesora de historia consiguió hace 10 años que los alumnos de 39 institutos públicos de esa región no tengan que enfrentarse a exámenes. En el resto de centros del Estado, los estudiantes deben realizar cinco pruebas al final de la secundaria —Matemáticas, Historia Global, Historia Estadounidense, Ciencias y Lengua Inglesa—para hacerse con el título y poder acceder a la Universidad. La lucha de Cook es contra el llamado teaching to the test, una tendencia cada vez más extendida en Estados Unidos que consiste en medir el éxito de las escuelas y la efectividad de los profesores en función de las notas de los alumnos. Ahora, los resultados de su experimento empiezan a ser visibles: el 90% de los alumnos de su red de institutos —28 están en la ciudad de Nueva York y 11 repartidos por el estado— accede a la Universidad, frente al 58% de media del resto de centros públicos de la región.

 “La obsesión por medir el conocimiento con exámenes estatales externos —que elaboran las autoridades y no los profesores— nos está desviando del propósito de educar ciudadanos; estamos enseñando a los chavales trucos para superar un examen y eso no les motiva en absoluto”, lamenta Cook, impulsora de la red de centros conocida como New York Performance Standards Consortium, que esta semana impartió un seminario sobre métodos de evaluación alternativos organizado por el centro Unesco de Cataluña y la Fundación Jaume Bofill en Barcelona, al que este diario acudió invitado.

En las aulas de los 39 institutos hay adolescentes que provienen, en su mayoría, de familias desfavorecidas con bajos ingresos. El 75% de ellos son negros o latinoamericanos. El gran problema del sistema, señala Cook, es que los centros públicos se han convertido en guetos —cuando el nivel de concentración de alumnado con bajos recursos en un mismo centro supera el 50%—.

“Las expectativas con esos chavales son muy bajas, muchos profesores han tirado la toalla y los institutos obtienen cada vez menos puntuación en los rankings; el gran peligro es que cuando son catalogados de bajo rendimiento pueden acabar cerrados por la Administración o traspasados a empresas privadas”, explica la docente. Un cambio radical en las metodologías de enseñanza, con la base en lecturas masivas, redacción de ensayos y presentaciones orales, ha llevado a reducir la tasa de abandono escolar, que ahora está en el 5%, frente al 30% del resto de institutos. Otro de los grandes logros del que Cook presume es la tasa de retención del profesorado: un 80% frente a un 72%. “Hemos conseguido autonomía para los docentes, que ya no viven con el miedo a que sus alumnos saquen malas notas y eso pueda repercutir en sus salarios o estabilidad laboral”, cuenta.

Una encuesta a 1.500 profesores de la Asociación Nacional de Educación, reveló que el 72% de ellos sentían una presión “extrema” por parte de los equipos directivos por mejorar los resultados en los llamados standardized test, los exámenes externos impuestos por la Administración. Solo en ocho de los 50 Estados del país —como California— se han aprobado leyes que permiten a las escuelas escoger entre presentarse o no a las pruebas.

¿Cómo consiguió Cook convencer a los senadores y miembros de la Asamblea de que hiciesen una excepción con sus centros? “La negociación fue muy dura, nos llevó unos ocho años y cuando lo conseguimos había mayoría demócrata... entendieron que el modelo academicista no siempre funciona”, cuenta. Tuvieron que ceder en un punto: los estudiantes tendrían que enfrentarse a uno de los cinco exámenes finales de secundaria. “Escogimos el de Inglés porque es el que conlleva una instrucción menos dirigida, no hay que memorizar tanto y es más libre”. Los alumnos del consorcio obtienen igualmente un diploma de secundaria pero son evaluados de forma distinta. Se miden sus competencias a través de trabajos y las actitudes también cuentan. “Hemos conseguido crear una nueva narrativa, subir la autoestima de los chicos y que no rechacen la escuela”, zanja Cook, que a sus 79 años sigue liderando la lucha. 

 Las universidades cambian su sistema de admisión

El acceso a la Universidad en Estados Unidos es extremadamente competitivo. Los alumnos deben tener el título de Secundaria y presentarse al SAT, un examen tipo test que mide los conocimientos y que funciona como la Selectividad española; es un filtro para entrar en la carrera y la universidad deseadas. El acuerdo alcanzado entre la Administración y la red de instititutos New York Performance Standards Consortium, exime a los estudiantes de presentarse al SAT. “Les valoran con las calificaciones obtenidas en Secundaria y con su portfolio, donde recogen sus mejores trabajos y ensayos”, explica Ann Cook.

“El SAT está en desuso y ya son cerca de mil las universidades que no lo piden en todo el país, se empieza a valorar más el pensamiento crítico y las recomendaciones, ese es otro de los grandes cambios del sistema”, añade. 18 meses depués de graduarse de Secundaria, el 83% de los alumnos del Consorcio sigue matriculado en la universidad, frente al 59% del resto de institutos públicos neoyorquinos.

Por Ana Torres Menárguez

Barcelona 12 OCT 2019 - 17:41 COT

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Casi 50.000 trabajadores de General Motors van a la huelga

Más de 49.000 trabajadores automotrices sindicalizados estallaron una huelga nacional suspendiendo labores en 55 plantas manufactureras y almacenes de General Motors en Estados Unidos en su primera huelga nacional desde 2007, al fracasar negaciones para un nuevo contrato colectivo, acción que afectará rápidamente las operaciones de la empresa en México y Canadá.

El sindicato automotriz United Auto Workers (UAW) declaró que después de meses, la principal empresa automotriz del país y la más próspera, rehusó negociar mejores salarios, reducir la brecha salarial entre nuevos y viejos empleados, límites a la contratación de mano de obra temporal y el cierre programado de cuatro plantas manufactureras.

El UAW indicó que General Motors (GM) ha gozado de altas ganancias -con más de 30.000 millones de utilidades- durante los últimos seis años después de ser rescatada de la bancarrota con 50.000 millones en fondos públicos en 2009 bajo el gobierno de Barack Obama, junto con sacrificios de sus trabajadores de congelar alzas y mayores beneficios, y que ahora exigen que cumpla con sus promesas de recompensar a sus empleados.

Por ejemplo, señaló el UAW, por cada dólar que gano un empleado promedio de GM, la ejecutiva en jefe de la empresa, Mary Barra, gana 281.

La empresa insiste en enfrenta una reducción de ventas a nivel mundial, desea reducir la diferencia entre los salarios y beneficios que paga a sus empleados comparado con las de empresas extranjeras con plantas en Estados Unidos, y una reducción de lo que aporta para los seguros de salud de sus empleados. Más aún, indicó que está dispuesta a invertir miles de millones más para generar empleos, incluyendo mantener abiertas un par de las plantas que pensaba cerrar.

Hoy trabajadores colocaron mantas y realizaron “piquetes” frente a las 33 fábricas en nueve estados y 22 almacenes de distribución de autopartes donde se unieron en solidaridad trabajadores del UAW de Ford y Fiat Chrysler, junto con otros sindicalistas de varias ramas.

El UAW extendió indefinidamente los contratos colectivos que también están por renovarse en esas otras dos empresas ya que el sindicato seleccionó a GM entre los tres grandes fabricantes automotrices nacionales para la negociación de contratos colectivos de cuatro años. Lo que se acuerde con GM será usado como modelo para la negociación con las otras empresas.

La huelga estalla en un contexto en que el régimen de Donald Trump y sus aliados en diversos estados han impulsado medidas para debilitar aún más las leyes y normas laborales del país, parte de un ataque sostenido contra sindicatos desde los años ochenta bajo Ronald Reagan que ha logrado reducir, y hasta anular en algunos sectores, el poder político y social sindical.

Hoy día, sólo el 10.5 por ciento de trabajadores asalariados en Estados Unidos (y sólo 6.4 por ciento del sector privado) están sindicalizados -la mitad de los que estaban sindicalizados en 1983, y menos de un tercio de los niveles en los cincuenta.

Esto ha sido acompañado con una concentración de riqueza acelerada llevando a nivel de desigualdad económica entre trabajadores y el 10 por ciento más rico no visto desde poco antes de la Gran Depresión, hace 90 años.

Durante los últimos dos años, huelgas masivas encabezadas por maestros, otras por enfermeras y por trabajadores de comunicación han logrado resucitar lo que algunos consideraban un movimiento sindical moribundo.

“Más huelgas son urgentemente necesarias para revertir el incremento peligroso de la desigualdad estadunidense”, señala la estratega sindical y analista Jane McAlevey, escribiendo hoy en The Nation.

Pero señala que muchas de las huelgas recientes -a diferencia de ésta- “han sido encabezadas por movimientos de las filas de abajo, y en gran medida, por mujeres”. A pesar de que esta huelga de los automotrices no fue suficientemente organizada y consultada con las bases, McAlevey concluye que, “todos necesitamos que triunfen los trabajadores en esta huelga”.

Por David Brooks

La Jornada

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51 Estados y territorios estadunidenses investigan el monopolio de Google

En la tónica de las leyes antimonopolio, los procuradores generales de 50 Estados y territorios estadunidenses anunciaron investigar a Google (https://wapo.st/2kB9pCv).


Demócratas y Republicanos fustigan que Google "amenaza la competencia y a los consumidores". Ken Paxton, procurador general de Texas, arremetió que Google "domina todos (sic) los aspectos de la búsqueda y publicidad del Internet".


A Google no le ha ido bien en Europa –que no cuenta con ninguna joya tecnológica similar al GAFAT (Google/Apple/Facebook/Amazon/ Twitter)–, donde los reguladores la multaron con nueve mil millones de dólares.


No lo dicen demócratas ni republicanos, pero no es casual que a un año de las elecciones en EU, se hayan puesto de acuerdo para aplaudir las medidas antimonopólicas.


Según Daily Mail, los procuradores "solicitaron documentos de Google sobre sus negocios de publicidad" que pronto "cubrirá los datos íntimos".


Alphabet, subsidiaria de Google, ostenta una capitalización de mercado de más de 820 mil millones de dólares y "controla tantas facetas de Internet que es casi imposible navegar en las redes sin toparse por lo menos con uno de sus servicios" debido a su "dominancia" en la búsqueda online y en la publicidad, lo cual permite la captura de los datos personales de los usuarios.


Se encuentran en tela de juicio tanto su adquisición en 2007 de DoubleClick, empresa de publicidad online que le otorgó su dominancia, así como el popular sitio de videos YouTube, adquirido en 2006. Es probable que los reguladores le obliguen a separarse de su canal de búsquedas (https://dailym.ai/2lNh9Bs).


Google controla 31.1 por ciento de la publicidad digital global en dólares en 2019, muy lejos de Facebook. También su sistema operativo de teléfonos inteligentes, Android, es el más usado en el mundo. Finalmente Google es víctima de su éxito desmedido.


The Economist consagró su portada y un artículo especial donde enuncia que "EU es el hogar de 15 de las 20 principales firmas tecnológicas" (https://econ.st/2FrpF0p).


The Economist, portavoz del nefario globalismo, comenta que “Europa emitirá pronto nuevas leyes de copyright digital”.


Europa carece las joyas tecnológicas de Silicon Valley, pero ha exhibido una férrea voluntad sobre su soberanía digital, lo cual, los más vociferantes candidatos a la presidencia de EU han empezado a imitar, con el fin de beneficiar a los usuarios.


La critica de The Economist es punzante: "restringir a los gigantes tecnológicos que han acumulado un poder inmenso sin un conmensurado sentido de responsabilidad" cuando el GAFAT "desestabiliza la democracia (por medio de la desinformación) y abusa los derechos individuales (al invadir la intimidad)". ¡Para que lo confiese The Economist!


El grave problema es el control de los Big Data y la inicua distribución de las ganancias donde los usuarios son usados como conejillos digitálicos.


El golpe asestado al GAFAT, que incluye a Microsoft, no es menor ya que "la cuarta parte de sus ventas en promedio" se generan en el viejo continente.


Alphabet incrementó en 23.4 por ciento sus ingresos de casi 137 mil millones de dólares con ganancias de casi 31 mil millones: ¡Un alza exponencial de casi 143 por ciento (sic) del último año fiscal! (https://bit.ly/2ksTshR).


Los políticos de Washington temen ser desplazados por el GAFAT que goza del padrinazgo del Pentágono mediante su segmento DIB: Defense Innovation Board (https://bit.ly/2YqV369), que preside Joshua Marcuse. ¿Será que también el mismo Pentágono teme a su propia creación?


Sin la tácita anuencia del Pentágono, sería inconcebible que Trump –muy crítico del oligopolio de las joyas tecnológicas de Silicon Valley–, el Congreso entero y el Poder Judicial se lancen a la yugular del GAFAT que ha crecido en forma descontrolada poniendo en riesgo toda la operatividad financiero-económica y socio-política de EU.


De los perplejos 33 países de Latinoamérica/El Caribe (20 sin el Caribe), ¿habrá alguno que se atreva a domesticar la supra-soberanía digital del GAFAT, cuando no pueden controlar a Twitter?

(https://bit.ly/2kB3QE0).
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Lunes, 02 Septiembre 2019 06:03

Antineoliberalismo

Antineoliberalismo

 Ante el inaguantable torrente de ataques, asaltos, crímenes, corrupción, impunidad y las medidas descaradamente crueles del régimen estadunidense en estos últimos dos años, no es difícil perder de vista el surgimiento de otras fuerzas que, por ahora, ofrecen rayos de luz vitales con un potencial que preocupa, y mucho, a la cúpula económica y política de este país.

Durante las últimas cuatro décadas, Estados Unidos –al igual que tantos otros países del llamado Tercer Mundo– fue sometido a la receta neoliberal con muchos de los mismos efectos, aunque en diferentes escalas, y con el mismo resultado final: una concentración de la riqueza y la correspondiente desigualdad económica que hoy esta al centro de la disputa por el futuro.

Ante ello, al igual que en otros países, brotó aquí una resistencia antineoliberal que se expresó de diferentes maneras, incluida la lucha contra el TLCAN (definido entonces como "el candado de las reformas neoliberales" en los tres países) y después el movimiento altermundista; pasando por la resistencia de los inmigrantes, al estallido de Ocupa Wall Street.

Tal vez lo más sorprendente es que ahora muchos de los actores antineoliberales se identifican, abiertamente, como "socialistas", y bajo esa amplia y ambigua bandera están definiendo gran parte del debate político nacional, incluyendo en la pugna electoral presidencial a través de figuras como el senador "socialista democrático" Bernie Sanders.

Aunque algunos intentan descartar la importancia de estas expresiones, la cúpula suprema del país está cada vez más preocupada por estas fuerzas antineoliberales.

La Business Roundtable, integrada por 192 ejecutivos en jefe de las empresas más grandes del país, recién emitió una extraordinaria declaración sobre el "propósito" de las empresas, al señalar que el objetivo de generar ganancias para accionistas ya no debe ser la única meta y que ahora debería incluir servir los intereses de sus clientes, sus trabajadores y las de sus comunidades y proteger el medio ambiente, herejía absoluta de la biblia neoliberal de Milton Friedman. Reconocieron que el sueño americano no está funcionando para todos, y resaltaron la desigualdad de ingresos como un problema central, ellos han de saber, son el 1 por ciento. (opportunity.businessroundtable.org/ ourcommitment/). En los últimos meses, otras figuras empresariales han sonado alarmas de que el "sistema" podría estar enfrentando un momento "existencial".

El propio presidente ha repetido que "estamos alarmados por las llamadas por adoptar el socialismo" y reitera en sus mítines: "jamás permitiremos que Estados Unidos se vuelva un país socialista".

Este pánico empresarial y político es, en gran medida, un reconocimiento de que hay una creciente desilusión con el experimento neoliberal, y que el mensaje de políticos como Sanders contra la injusticia económica del sistema actual está resonando cada vez más un amplio apoyo entre el electorado.

Desde hace un par de años, de manera paralela con el fenómeno populista de derecha, las fuerzas autodefinidas socialistas, junto con aliados progresistas, también han captado la atención y cada vez más poder, dentro del Congreso y en puestos locales y regionales. Más aún, buena parte del debate político entre el establishment gira sobre cómo y cuándo floreció el socialismo en este país, y cómo controlarlo. Diversas encuestas registran que la mayoría de los jóvenes menores de 30 años de edad favorecen el socialismo sobre el capitalismo por primera vez; y 43 por ciento de todos los estadunidenses dicen que el socialismo sería positivo para este país.

Muchos de los movimientos progresistas más importantes y poderosos del momento –desde los dreamers inmigrantes, a Black Lives Matter, los estudiantes contra las armas, y ahora las colegas de Greta Thunberg, entre otros– de alguna manera están rechazando si no el modelo mismo, sí las consecuencias violentas del neoliberalismo.

Tal vez todo esto apunta a que el actual régimen es el último grito histérico para defender un modelo bárbaro ante estos movimientos civilizadores.

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La OCDE urge a impulsar la participación laboral de la mujer en América Latina

El organismo que reúne a las economías más industrializadas hace un nuevo llamamiento a reducir la informalidad en los mercados de trabajo de la región y advierte de sus efectos negativos

 

 

La informalidad y la baja participación de la mujer en los mercados de trabajo son dos losas para los principales países latinoamericanos. La primera se traduce en la ausencia total de coberturas para el trabajador y en una menor recaudación para el sostenimiento de los servicios públicos; la segunda, en un rasgo de desigualdad que lastra un crecimiento de por sí más bajo que en otros países emergentes. En este caldo de cultivo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha urgido este viernes a los Gobiernos de la región a poner en marcha medidas que cierren la brecha de género y a atajar de una vez por todas los elevados ratios de trabajo informal, una disfunción común —con distintos grados— de Tijuana a Ushuaia.

Las cifras hablan por sí solas. La tasa de participación laboral de la mujer en América Latina es en promedio 20 puntos porcentuales inferior a la de sus pares hombres, según los últimos datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): solo una de cada dos mujeres participan en los mercados de trabajo regionales, frente a una ratio de tres de cada cuatro en el caso de los hombres. Las cifras mejoran, como reconocía la propia OIT en su último informe anual, pero aún queda un largo trecho por recorrer hasta que se nivele la participación de ambos sexos. Y esa menor participación se traduce, a su vez, en menor ocupación femenina: del 45% frente al 69% de los hombres.

La informalidad es igualmente preocupante: más de la mitad de los trabajadores latinoamericanos acude cada día a su puesto sin ningún tipo de cobertura ni garantías, de las que sí gozan los trabajadores registrados, como el acceso a la sanidad o la cotización para una futura pensión de retiro. Y ejerce de freno sobre la productividad en una región que no está ni mucho menos para tirar cohetes.

De ahí el interés de la OCDE en su última edición del informe anual Going for Growth, un libreto de recomendaciones a todos los países miembros de la organización —que reúne en su seno a las economías más industrializadas del mundo, entre ellas México, Colombia y Chile— y a un ramillete de naciones que, pese a no formar parte, son analizadas —con Brasil, Argentina y Costa Rica como grandes exponentes latinoamericanos—. Los consejos de política pública son individuales y distan mucho entre unos y otros, pero la preocupación por la equidad del mercado laboral regional y la informalidad son una constante.

México, la segunda economía de la región y la cuarta más grande del continente americano —a pesar de que las condiciones de su mercado laboral (formalidad, salarios y derechos laborales, como vacaciones), distan mucho de lo que cabría esperar para su nivel de renta— centra buena parte de la zozobra regional. Tanto en lo tocante a la incorporación femenina al trabajo —"la media de horas trabajadas está entre las más altas de la OCDE, pero la baja participación de la mujer reducen la contribución del empleo sobre el crecimiento"— como en lo referente a la informalidad —"que persiste y arrastra consigo a la productividad y el crecimiento económico, y constituye una fuente de desigualdades en el ingreso y en el acceso a los servicios públicos"—.

Para poner coto a la galopante tasa de empleo informal en México (que roza el 60%, según los últimos datos disponibles), los técnicos de la organización llaman al Gobierno a reducir las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores de menor cualificación, y a mejorar los servicios públicos de cuidado de los más pequeños. También a la simplificación de las regulaciones fiscales y regulatorias, y a aumentar el número de inspectores que velan por su cumplimiento.

Una conclusión similar se desprende del análisis de Costa Rica, donde la informalidad sigue siendo "elevada" para los estándares de la OCDE y donde —aunque sus autoridades acaban de tomar cartas en el asunto— a diferencia de otros países de la región, no ha disminuido. En el caso del país centroamericano, la receta pasa, según el organismo dirigido por el mexicano Ángel Gurría, por "fortalecer la aplicación de las regulaciones laborales" y, sobre todo, por "garantizar a los inspectores la facultad de imponer sanciones".

Para Colombia el mensaje es claro: debe reducir las barreras a la formalidad. Y subraya que "no se ha tomado ninguna acción" en ese sentido. "Los altos costes no laborales, en combinación con complejos y costosos sistemas para declarar trabajadores formales promueven la informalidad, contribuyendo a altos niveles de desigualdad y baja productividad". Un duro aviso que debería encender las alarmas en Bogotá.

Una llamada a la igualdad en el cono sur

En el caso de Argentina, donde la tasa de participación laboral de la mujer es de solo el 51%, 27 puntos menos que la masculina, el think tank de los países ricos llama a "facilitarla", lo que tendría un "impacto significativo sobre el crecimiento y reduciría la desigualdad". Entre las recomendaciones sugeridas por sus especialistas al Gobierno de Mauricio Macri —que en octubre se enfrentará a las urnas en unas elecciones en las que esta cuestión sigue fuera de la agenda— destaca la promoción de un esquema que luche contra las diferencias salariales por sexos, la mejora en el acceso a las guarderías para niños menores de tres años, la reducción de los "desincentivos fiscales" que frenan la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la inversión en políticas activas de empleo especialmente dirigidas al colectivo femenino y la igualación de los permisos de paternidad y maternidad —hoy, de solo dos días para el padre y de tres meses para la madre—. Buenos Aires, subraya la OCDE, también debe "promover la diversidad de género en las posiciones de liderazgo, tanto en el sector público como en las empresas, mediante la promoción de la transparencia y el establecimiento de objetivos [cuotas]".

La participación laboral de las mujeres chilenas es aún más baja que en Argentina, con el 48,5%, y la OCDE pide a Chile que incentive su inserción en el mercado como una forma de reducir el desempleo, informa Federico Rivas. El informe destaca que hasta 2017 el Gobierno había sumado 38.000 niños de hasta cinco años al sistema educativo como una forma de reducir la carga horaria de las madres que deseen trabajar. Pero pide también que promueva una educación de calidad y que las instituciones extiendan su horario de apertura en los barrios más pobres y en las poblaciones rurales. El ente con sede en París alerta, asimismo, sobre la necesidad de eliminar los problemas que encuentran las mujeres para ingresar a un mundo universitario dominado por hombres, base de un “estereotipo de género” que pone en duda sus capacidades académicas. En cualquier caso, tanto para Argentina como para Chile, el desafío es igualar las posibilidades de inserción de las mujeres al mercado de trabajo, hoy lastradas por miradas relacionadas con el cuidado del hogar y problemas para acceder a una formación de calidad, sobre todo en los segmentos más vulnerables. Una tarea que, de no acelerar pronto, tardará aún varios años en ser completada.

Por Ignacio Fariza

México 12 JUL 2019 - 17:55 COT

 

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Sábado, 13 Julio 2019 05:54

La quimera de la igualdad en el fútbol

La quimera de la igualdad en el fútbol

Llenar los estadios y tener el mayor índice de audiencia posible. Estos eran, en palabras del director del Comité de Organización de la FIFA Erwan Le Prévost, los principales objetivos para el Mundial de Francia 2019. A falta de dos días para que finalizara el campeonato, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino aseguró en una rueda de prensa que esta había sido “la mejor Copa del Mundo de la historia” y que habría “un antes y un después” de este evento para el fútbol femenino. 

En términos de audiencia, sin duda, ha sido así. En el Reino Unido, los cuatro últimos partidos disputados por la selección inglesa batieron cuatro récords consecutivos; el último de ellos, la semifinal en la que Estados Unidos eliminó a Inglaterra, no solo fue el más visto de la historia del fútbol femenino, sino también el programa de mayor audiencia de la televisión británica en lo que llevamos de 2019, con el 50,8% de la cuota de pantalla. Cerca de 59 millones de espectadores en todo el mundo asistieron a la eliminación de Brasil por parte de Francia en octavos de final y, en términos globales, más de mil millones de personas han seguido este campeonato en todo el mundo.

Si hablamos de entradas, sin embargo, el éxito no ha sido tan rotundo. A pesar de que, según Infantino, la asistencia media del torneo rondó el 75%, las fases eliminatorias apenas superaron los 18.000 aficionados. Por ejemplo, al Inglaterra-Escocia, que en el Reino Unido fue seguido por más de seis millones de telespectadores, apenas acudieron 13.000 personas de las 35.000 de capacidad que tenía el estadio. Los medios de comunicación no tardaron en señalar a la FIFA como culpable de esta baja afluencia. ¿Los motivos? Comenzaron a promocionar el Mundial de Francia una vez finalizado el de Rusia y apenas unos días antes de empezar el evento, los carteles publicitarios del aeropuerto y las calles de París anunciaban la Serie Mundial de Rugby 7 y Roland Garros, pero no había rastro de la Copa del Mundo. Además, quienes compraron sus entradas online con varios meses de antelación descubrieron que, aunque las habían adquirido a la vez, les habían asignado asientos separados; finalmente, tras miles de quejas y las denuncias de los medios, la FIFA reconoció su error y se comprometió a enmendarlo. 

What the fuck?

A pesar de ello, Gianni Infantino se mostró más que satisfecho por los resultados económicos cosechados gracias al Mundial y anunció varias medidas para seguir fomentando el crecimiento del fútbol femenino; entre ellas, la creación de un mundial de clubes y una liga mundial, elevar a 32 el número de participantes para la próxima Copa del Mundo y duplicar la inversión en este deporte durante los próximos cuatro años hasta alcanzar los mil millones de dólares. Otra cifra que dijo querer duplicar es la del premio en metálico para el Mundial de 2023, que pasará de 30 a 60 millones de dólares. También aprovechó para anunciar que incrementará el premio para el Mundial masculino de Catar; en lugar de los 400 millones que repartieron en 2018, los futbolistas recibirán 440. O lo que es lo mismo, la brecha entre hombres y mujeres se incrementará en 10 millones de dólares. 

Esta obviedad no se le escapó a una de las estrellas de la selección estadounidense, Megan Rapinoe: “A eso me refiero cuando hablo de que no nos sentimos respetadas. Alguien dijo que a la FIFA no le importa el fútbol femenino. Si realmente te preocupas igual por el fútbol masculino y el femenino, ¿vas a dejar que la brecha crezca?”. Además lamentó que, el mismo día que se iba a celebrar la final del Mundial, estuvieran programadas otras dos finales: la de la Copa América y la de la Copa de Oro (que Estados Unidos terminó perdiendo contra México). “Esta final se estableció con mucha antelación, es realmente increíble. Entonces, no, en general, no creo que estemos recibiendo el mismo respeto que la FIFA muestra a los hombres”, afirmó. 

Megan Rapinoe ya tiene experiencia en denunciar injusticias. Durante el Mundial, sus declaraciones sobre que no tenía intención alguna de “ir a la puta Casa Blanca” (“I´m not going to the fucking White House!”) si ganaban el torneo dieron la vuelta al mundo. Después las matizó o, mejor dicho, pidió disculpas por el exabrupto para que su madre no se disgustara, pero se mantuvo en la idea: “Me niego a respetar a un hombre que no merece respeto ”, dijo sobre Trump, a quien varias veces había cuestionado su forma de tratar a “los ciudadanos LGBTQ+, los inmigrantes y a los más vulnerables”. También es una de las 28 jugadoras que ha demandado a la federación estadounidense de fútbol por discriminación. A grandes rasgos, denuncian que, aunque ellas ganen más títulos (cuatro Mundiales contando con este último de Francia y cuatro Juegos Olímpicos) generen más beneficios y los índices de audiencia de sus partidos sean muy superiores a los masculinos, se les exige jugar y ganar más encuentros para, finalmente, cobrar un 60% menos que ellos. Rapinoe no solo terminó ganando el Mundial, la Bota de Oro (máxima goleadora) y el Balón de Oro (mejor jugadora del torneo), sino que coronó su participación en el torneo respaldando las protestas de los aficionados estadounidenses. Al presentar por megafonía al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y a Gianni Infantino el público comenzó a abuchear a este último y a corear: “Equal payEqual pay!”. Cuando le preguntaron al respecto, Rapinoe respondió: “A nadie le hace daño un poco de escarnio público. Respaldo lo que han hecho”.

La punta del iceberg

Todas estas trabas con las que se están topando las participantes de los Mundiales y que sufre la mejor selección de fútbol femenino del mundo no son más que pequeñas muestras de lo que ocurre en todo el mundo. Por ejemplo, la FIFPro (el sindicato mundial de los jugadores) elaboró dos estudios para analizar las condiciones laborales de los futbolistas profesionales, hombres y mujeres. Los datos revelan que el 74% de los hombres cobra menos de 4.000 euros mensuales y el 45%, menos de 1.000, mientras que la mitad de las futbolistas no cobra nada y dos tercios de las que sí lo hacen ganan menos de 600 dólares al mes. 

Respecto a la relación con los clubes, el porcentaje de hombres que juega para un club sin tener contrato es del 8%, cifra que se eleva al 47% en el caso femenino. Además, casi todas las futbolistas son conscientes de que tendrán que terminar su carrera deportiva antes de tiempo, ya sea por querer tener hijos, por falta de oportunidades o por cuestiones económicas. Por este motivo, tres de cada diez compaginan el fútbol con otro trabajo, casi la mitad estudian una carrera universitaria y alrededor del 30% ya la ha terminado (una cifra muy alta si tenemos en cuenta que el 70% de las profesionales en activo tiene entre 18 y 23 años); este porcentaje desciende hasta el 12% en el caso de los hombres, que sí tienen la esperanza de poder vivir del fútbol.

Esto a nivel global. En Europa, según los datos de la UEFA de 2018, los mejores países para las futbolistas son Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, Noruega y Suecia. Sin embargo, a excepción de Alemania y Suecia, ninguno de ellos cuenta con una mujer que las represente en el Comité Ejecutivo de la FIFA. El presupuesto que el total de las asociaciones europeas destinó al fútbol femenino (infraestructuras, logística, instalaciones y sueldos) en 2017 fue de 111,7 millones de euros; solamente en salarios, el conjunto de los equipos de LaLiga gastó algo más de 900 millones durante la temporada 2017/2018. Además, el informe de Sporting Intelligence, Global Sports Salaries survey 2017, reveló que, juntas, las siete mejores ligas femeninas de primera división (Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Suecia, Australia y México) pagaron a sus jugadoras 35,6 millones de euros en 2017. El sueldo anual de Neymar en el PSG es de 36,8 millones. 

Las reivindicaciones exigiendo igualdad en los últimos tres años no han dejado de sucederse. En 2016, las futbolistas nigerianas protagonizaron una protesta tras ganar la Copa de África, su noveno título africano, porque les debían los subsidios y premios acordados; por clasificarse para dicho torneo les dieron 50 dólares. A cada jugador del equipo masculino se le paga 4.000 dólares por empatar y 5.000 por ganar un partido en esta misma competición. En abril de 2017 las jugadoras de la selección irlandesa denunciaron que estaban siendo tratadas “como ciudadanas de quinta categoría”. Cansadas de concentrarse con la selección sin recibir ninguna compensación económica aun teniendo que abandonar sus puestos de trabajo para hacerlo, cambiarse en baños públicos antes de los partidos o compartir la equipación con los juveniles masculinos, amenazaron con ir a una huelga que obligó a la Asociación de Fútbol de Irlanda a acordar mejoras significativas en sus condiciones de trabajo. A finales de ese mismo año, la selección danesa se negó a jugar un partido clasificatorio para el Mundial de Francia en protesta por el trato el discriminatorio que recibían por parte de su federación. A consecuencia de ello, lograron llegar a un acuerdo que incluye mejoras en las instalaciones, un salario de 700.000 dólares anuales y un seguro de salud. Y también que la UEFA impusiera a la federación una multa de 20.000 euros y castigara al equipo femenino sin participar en competiciones europeas durante cuatro años.

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