MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Sábado, 01 Diciembre 2012 15:19

Una minga para el postdesarrollo

Una minga para el postdesarrollo

 

1era reimpresión 2013. Edición 2012. Formato: 17 x 24 cm.

P.V.P: $28.000  ISBN:978-958-8454-63-4

 

Reseña:

Con varias décadas de aplicación y vigencia, un discurso hegemónico, desprendido de los centros de pensamiento de las metrópolis dominantes, se impuso por doquier: para superar la pobreza y la desigualdad imperante en nuestros países, es indispensable encarar el desarrollo a la manera de los países erigidos como potencias mundiales.

Sin embargo, una evaluación de los programas económicos, sociales y de variada índole, implementados durante las últimas seis décadas por varios gobiernos de nuestra región tras este mito o nuevo “dorado”, demuestra el fracaso de esa lógica, y deja abierto un amplio debate sobre las experiencias, las vivencias y las opciones para equilibrar y consolidar sociedades, facilitando que en su interior se viva en felicidad, justicia, igualdad natural y/o armonía ambiental.

Desarrollo. Contra esa noción fantasmática y omnipresente embiste el presente libro de Arturo Escobar, aireando el tan necesario debate sobre las propuestas alternativas al modelo imperante y que ya muestra desgaste.

Los movimientos sociales y los medios constituidos por investigadores multidisciplinarios encontrarán en esta obra valiosos elementos de análisis, a modo de alimento para sus reflexiones y luces para sus acciones cotidianas, llamadas a contribuir al trabajo de cambio de una problemática que paulatinamente plantea, más exigentes desafíos.

 

Arturo Escobar (Manizales-Colombia 1952) Ingeniero químico, Universidad del Valle, Ph, en bioquímica y Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de California,Berkely (1987). Entre sus especialidades figuran la ecología política y la antropología del desarrollo, los movimientos sociales y las nuevas tecnologías.Actualmente es catedrático Adjunto de Antropología de la Universidad de Massachusetts Amherst.

Entre sus obras: Más allá del Tercer Mundo.Globalización y diferencia (2005), El final salvaje.Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporanea (1999), La invención del Tercer Mundo, construcción y deconstrucción del desarrollo (1996).

 

 

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Los países desarrollados cumplen Kioto pero no

ALAI AMLATINA, 22/11/2012.- Los países ricos cumplirán con el Protocolo de Kioto de acuerdo a los datos que reveló esta semana Naciones Unidas. Pero esto no quiere decir que hayan reducido sus emisiones, sino que el Protocolo tiene suficientes puertas de fuga como para que puedan cumplir con lo escrito, sin cumplir con la meta.

 

La Secretaría de la  Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático ha publicado el pasado 16 de noviembre los datos sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero de los países “desarrollados” (listados en el Anexo 1 de la Convención) para el período 1990 – 2010(1). La recopilación de estos inventarios es el instrumento clave de Naciones Unidas para medir los avances y ulterior verificación del cumplimiento de las  metas fijadas para estos países en el Protocolo de Kioto.

 

De acuerdo a los datos correspondientes al año 2010, los países del Anexo 1 han reducido un 14% sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto de  las que habían tenido en 1990. Si esta tendencia se mantiene, estos países habrán cumplido largamente con los compromisos de Kioto (que establece para estos países una reducción conjunta de 5,2%). Vale la pena resaltar que esto incluye a todos los países que firmaron el Protocolo de Kioto, incluido Estados Unidos aunque finalmente no haya sido ratificado por su Congreso.

 

Parecería que el Protocolo de Kioto ha sido un éxito y los países industrializados se han tomado en serio sus compromisos de reducción de emisiones. Pero este no es el resultado de los esfuerzos de los países, sino que es la consecuencia inevitable de las decisiones tomadas en Kioto en 1997 y en los años subsiguientes por la Convención de Cambio Climático, particularmente los Acuerdos de Marrakech del año 2001.

 

Es el resultado, entre otras cosas, de la posibilidad de evadir compromisos a través de los mercados de carbono, de la contabilización caprichosa y arbitraria del secuestro de carbono de los bosques y de la debacle económica de los países de la ex Unión Soviética (2).

 

Si tomamos en cuenta solamente a los países industrializados que no son economías en transición y consideramos solamente sus emisiones sin contabilizar el secuestro de carbono por los bosques, el resultado es muy distinto: en este caso se constata un aumento de las emisiones de 4,9%. Es decir, países como Estados Unidos, Australia, Canadá, han aumentado enormemente sus emisiones. Australia, por ejemplo, en un 30%.

 

El problema es que los países con economías en transición redujeron en un 40% sus emisiones como consecuencia de la caída de su economía y además presentan un secuestro de carbono en sus boques de más del 10%. Como consecuencia de ello, estos países muestran en su conjunto una reducción del 52,6% respecto de las emisiones que tuvieron en 1990. Esto hace que la suma conjunta de todos los países del Anexo 1 presente reducciones tan importantes.

 

El Protocolo de Kioto, por otra parte, les permite a estos países vender toda esa gran reducción de emisiones de las ex repúblicas soviéticas a los demás países industrializados y es lo que permitirá finalmente cumplir con los objetivos fijados en Kioto. En consecuencia, esto no demuestra tanto que el mundo está mejorando su performance ambiental, como la habilidad de los negociadores en la Convención para encontrar vías de escape a compromisos verdaderos. Entre los pliegues de la multitud de textos que construyen el andamiaje jurídico de la Convención se esconden todas las trampas necesarias para que todo siga como está.

 

Esta es una reflexión importante de hacer, en este momento en que está a punto de comenzar una nueva “ronda de negociaciones” en Qatar. Se espera que este sea el primer paso de una larga cadena de reuniones que deberá llegar al 2015 con un nuevo acuerdo vinculante para todas las partes.

 

Nuevos pliegues se están construyendo en los nuevos textos para seguir trampeándole al mundo la posibilidad de estabilizar el clima. Entre ellos nuevos mecanismos de mercado, nuevas formas de agregar secuestro de carbono en bosques, nuevas tecnologías para capturar carbono, y un largo etcétera.

 

Y en esto no están solos los países industrializados. También hay muchos intereses en juego (y muchos expertos negociadores) entre los países llamados “en desarrollo”. Estos compiten entre sí a ver quién se puede quedar con la mejor parte de la futura torta del Mecanismo de Desarrollo Limpio, o con los dólares que vendrán de nuevas formas de conservar el carbono de los bosques (REDD+), o con las compensaciones que les correspondan por ver reducida su posibilidad de exportar petróleo o productos agrícolas con alto contenido de carbono.

 

Nadie es inocente en este juego. Cada uno agrega su “pliegue” al entramado loco e incomprensible de los acuerdos en debate que tiene como meta comenzar a implementarse en 2020, una fecha excesivamente tardía para la urgencia climática.

 

Este es el contexto de la COP 18 que comienza el próximo 26 de noviembre en Qatar. Un primer paso en un largo camino que nos llevará, en el mejor de los casos, a un acuerdo tardío, incomprensible e inútil. Como el Protocolo de Kioto.

 

Por Gerardo Honty es Analista de CLAES, Centro Latinoamericano de Ecología Social

Notas:
(1) Documento FCCC/SBI/2012/31, disponible en inglés en www.unfccc.int
(2) Véase “Todo por el hot air" en http://www.energiasur.com/cambioclimatico/HontyTodoPorElHotAir-26-11-2010.htm).

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Brasil: La muerte anunciada de los Guaraní-Kaiowá

ALAI AMLATINA, 05/11/2012.- La Justicia revocó la orden de retirada de 170 indios guaraní-kaiowá de las tierras en que viven en el estado de Mato Grosso do Sul. En una carta a la opinión pública ellos expusieron: “Pedimos al Gobierno y a la Justicia Federal que no decreten la orden de desalojo, sino que decreten nuestra muerte colectiva y el enterramiento de todos nosotros aquí. Nosotros ya hemos evaluado nuestra situación actual y hemos concluido que vamos a morir todos, incluso dentro de poco tiempo”.

 

La muerte precoz, inducida -la que nosotros, caraspálidas, llamamos suicidio- es un recurso frecuente adoptado por los guaraní-kaiowá para resistir frente a las amenazas que sufren. Prefieren morir a degradarse. En los últimos veinte años casi mil indígenas, la mayoría jóvenes, pusieron fin a sus vidas en protesta por las presiones de empresas y terratenientes que codician sus tierras.

 

La carta de los guaraní-kaiowá fue divulgada después que la Justicia Federal determinara la retirada de 30 familias indígenas de la aldea Passo Piraju, en Mato Grosso do Sul. Dicha área es disputada por indígenas y terratenientes. En el 2002, por un acuerdo con la mediación del Ministerio Público Federal, en Dourados, se destinaron a los indígenas 40 hectáreas ocupadas por una hacienda. El supuesto propietario recurrió a la Justicia.

 

Según el CIMI (Consejo Indígena Misionero), vinculado a los obispos brasileños, hay que saber interpretar el lenguaje de los indios: “Ellos hablan de muerte colectiva (que es diferente del suicidio colectivo) en el contexto de la lucha por la tierra, o sea si la Justicia y los pistoleros contratados por los terratenientes insisten en sacarlos de sus tierras tradicionales, están dispuestos a morir todos en ellas, sin abandonarlas nunca”, dice la nota.

 

Datos del CIMI indican que, entre el 2003 y el 2011, fueron asesinados en el Brasil 503 indios. Más de la mitad -279- pertenecían a la etnia guaraní-kaiowá. Como protesta, el 19 de octubre, en Brasilia, fueron plantadas cinco mil cruces en el engramado de la Explanada de los Ministerios, simbolizando a los indios muertos y amenazados.

 

Están comprobados los asesinatos de miembros de esa etnia por pistoleros al servicio de los terratenientes de la región. Junto al río Hovy recientemente fueron asesinados dos indios mediante golpes y torturas.

 

La Constitución acepta el principio de la diversidad y la alteridad, y consagra el derecho congénito de los indios sobre las tierras habitadas tradicionalmente por ellos. Esas tierras debieron haber sido demarcadas hasta 1993, pero desgraciadamente la Justicia brasileña es extremadamente morosa cuando se trata de los derechos de los pobres y excluidos.

 

Un cuarto de siglo después de la aprobación de la carta constitucional, en 1988, las tierras de los guaraní-kaiowá todavía no fueron demarcadas, lo que favorece la invasión de ladrones y acaparadores de tierras y agentes del agronegocio.

 

Durante el gobierno de Lula participé en toda la polémica en torno a la demarcación de Raposa Serra do Sol. Gracias a la decisión presidencial y a una sentencia del Tribunal Supremo Federal, los terratenientes invasores fueron retirados de aquella reserva indígena.

 

En el caso de los guaraní-kaiowá no se ve, hasta ahora, la misma firmeza del poder público. Incluso la Abogacía General de la Unión, responsable de la salvaguarda de los pueblos indígenas -dado que ellos son tutelados por la Unión- llegó a editar un estatuto que en la práctica reduce el ejercicio de varios derechos.

 

El argumento de los enemigos de nuestros pueblos originarios es que sus tierras podrían ser económicamente productivas. Argumento tras el cual perdura la idea de que los indios son personas inútiles, descartables, y que el interés del lucro del agronegocio debe estar por encima de la sobrevivencia y de la cultura de dichos pueblos ancestrales.

 

Los indios no son extranjeros en las tierras del Brasil. Cuando llegaron aquí los colonizadores portugueses -equivocadamente calificados en los libros de historia como “descubridores”- se encontraron con más de cinco millones de indígenas, que dominaban centenares de idiomas distintos. La mayoría fue víctima de un genocidio implacable, quedando hoy apenas 817 mil indígenas, de los que 480 mil viven en aldeas, divididos entre 227 pueblos que dominan 180 idiomas diferentes y que ocupan el 13% del territorio brasileño.

 

Para nada sirve que el gobierno brasileño firme documentos en favor de los derechos humanos y del desarrollo sustentable si eso no se traduce en gestos concretos para la preservación de los derechos de los pueblos indígenas y de nuestro medio ambiente.

 

Hizo bien la presidenta Dilma al introducir retoques en el proyecto del nuevo Código Forestal aprobado por el Congreso. Entre agradar a los políticos y los intereses de la nación y la preservación ambiental, la presidenta no dudó en descartar privilegios y abrazar los derechos colectivos.

 

Ahora queda por demostrar la misma firmeza en la defensa de los derechos de esos pueblos que constituyen nuestra raíz y que marcan predominantemente el DNA del brasileño, según comprobó el Proyecto Genoma Humano. (Traducción de J.L.Burguet)

 

Por Frei Betto es escritor, autor de la novela indigenista “Uala, el amor”, entre otros libros.
www.freibetto.org/ twitter:@freibetto.

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El carácter de los conflictos en la Bolivia actual
Las relaciones entre desarrollo económico y protección ambiental cruzan hoy, prácticamente, todos los procesos latinoamericanos. El continente necesita, absolutamente –después de una fuerte y prolongada recesión–, poder atacar su problema central: la desigualdad económica. Es que conforme los gobiernos neoliberales promovieron la desindustrialización y la apertura acelerada de los mercados internos, la situación de la demanda internacional cambió: la exportación de productos primarios –entre ellos los energéticos– pasó a tener un papel central en la pauta comercial de América Latina.


Esta combinación produjo conflictos explosivos en casi todos los países del continente, con gobiernos progresistas o no. Bolivia no es una excepción, aún teniendo, por primera vez, un presidente indígena y un gobierno apoyado directamente por los movimientos de habitantes originarios.


El proyecto de construcción de una carretera cruzando la reserva de los Tipnis (*), ubicada entre Cochabamba y el Beni, condujo a grandes polémicas y muchos conflictos. La cobertura de prensa fuera de Bolivia fue totalmente unilateral, promoviendo un brutal y cobarde cerco informativo contra el gobierno de Evo Morales.


Dentro del país, los medios privados exaltaron los movimientos opositores al proyecto del gobierno, apareciendo, paradójicamente, como defensores de los indígenas y de la ecología. Como en todos los países de la región, la finalidad de minimizar al gobierno, mediante una insólita alianza de la derecha con sectores del movimiento popular.


A lo largo de toda la crisis de los Tipnis, nadie, o casi nadie, dio cabida para escuchar las voces del gobierno –en particular de Evo Morales y Álvaro García Linera–. Su interés era condenar la supuesta “traición” del gobierno originario del movimiento indígena, que reprimía a esos movimientos y violentaba sus reservas.


Álvaro García Linera publicó un libro que refuta todos y cada uno de los alegatos de la oposición y de sus portavoces bolivianos e internacionales. A pesar de ser el más importante intelectual latinoamericano contemporáneo y, al mismo tiempo, vicepresidente de la república, se buscó ejercer sobre sus palabras la censura y el cerco cobarde que se emplea sobre el proceso boliviano.


El libro se titula Geopolítica amazónica, y se le subtituló Poder hacendario-patrimonial y acumulación (capitalista). Fue publicado por la vicepresidencia de la república, y participé de su lanzamiento en La Paz, el 8 de septiembre, con la asistencia de un público –mayoritariamente– joven de unas mil personas.


En él, Álvaro comienza por exponer las transformaciones logradas por el gobierno en estos seis años, que permiten decir que se trata de un proceso revolucionario –una “revolución político-cultural y económica”, en sus palabras–. Transformaciones en la adecuación del poder del Estado y en las propias formas de adoptar decisiones que caracterizan los profundos cambios políticos y culturales vividos por Bolivia. Transformaciones en la propiedad de los principales medios de producción –en el campo, en los sectores industriales– marcan la revolución en el plano económico.


Sin embargo, el libro de Álvaro se centra en desmentir los supuestos que orientan la campaña mediática de la oposición –dentro y fuera de Bolivia– contra el gobierno. Entre estos, uno es el que circula la idea de que la carretera de Tipnis sería parte de la IIRSA (**), como instrumento de exportación de los productos brasileños hacia el Pacífico, valiéndose del territorio boliviano.


El libro demuestra, claramente, que la carretera llega a territorio boliviano como parte de la unificación nacional del país, siempre fragmentado y dependiente; en este caso, el pasaje por Santa Cruz de la Sierra aporta a la conexión entre Cochabamba y el Beni –provincia esta última en que el gobierno desarrolla amplios proyectos agrícolas que liberarían a su economía de la dependencia de su vecina cruceña. Por eso Álvaro llama “farsa cantinflesca” la acusación.


Otra falsedad tiene que ver con una supuesta imagen de los Tipnis como una reserva virgen, que sería violada por la carretera que el gobierno proyecta construir. El libro demuestra, con hechos –mapas y fotos– cómo esa región es intensivamente explotada por las grandes empresas internacionales del sector de la madera, de la caza de cocodrilos y por ganaderos, entre otros. Varios aeropuertos clandestinos sirven para algunas de estas actividades, así como un intenso turismo internacional.


Es así que la no presencia del Estado, propugnada por las ONG internacionales y algunos movimientos indígenas, lo que defienden no es la inexpugnabilidad de la reserva, sino la permanencia y extensión de esas explotaciones, con la ausencia del Estado nacional boliviano. Álvaro acusa a esas ONG y movimientos indígenas de defender, de esa forma, los intereses de grandes multinacionales y de gobiernos extranjeros.


El poder en la Amazonia boliviana es detentado, entonces, por esas empresas, por gobiernos de países centrales del capitalismo, por un bloque hacendado-empresarial que explota materias primas de la región y por un conjunto de ONG que actuan en la zona. Al final del libro, Álvaro se concentra en el argumento de que en Bolivia –como también otros países progresistas de la región– se desarrolla un modelo “extrativista”, negativo para el desarrollo económico y social. Después de retomar criterios clásicos de Marx sobre las formas de apropiación de la naturaleza por la humanidad, Álvaro concluye: “No existe evidencia histórica que certifique que las sociedades industriales capitalistas sean menos nocivas frente a la Madre Tierra que las que se dedican a la extracción de las materias primas, renovables o no renovables. Superar el extractivismo no es superar el capitalismo. En esta fase se hace indispensable utilizar los recursos aportados por la actividad primaria o exportadora controlada por el Estado para generar los excedentes que permitan satisfacer las condiciones mínimas de vida de los bolivianos y garantizar una educación intercultural y científica que genere una masa crítica capaz de asumir y conducir los procesos emergentes de industrialización y de economía del desarrollo”.


Si se dejara intempestivamente el “extractivismo” se perdería la oportunidad de la acumulación de recursos para el salto hacia una economía basada en la industria y en el conocimiento. La simple condena al “extractivismo” dejaría la economía del país pobre e inerme, relegado a su estado actual. Sería la estagnación, que prepararía el camino para la restauración conservadora que los opositores desean. “Lo importante es reorientar el sentido de la producción sin olvidar que es preciso satisfacer las necesidades básicas fundamentales, que fueron precisamente las que llevaron a la población a construir el poder del Estado. Justamente lo que estamos haciendo en Bolivia:”


Es, por lo tanto, un libro esencial, sin el cual la visión de los conflictos y de la etapa actual del proceso boliviano serían imposibles de comprender.


(*) Tipnis: Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure


(**) IIRSA: Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana


Traducción: Ruben Montedónico


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Lunes, 10 Septiembre 2012 06:01

El mito del modelo de la India

El mito del modelo de la India
India es presentada como ejemplo de una estrategia alternativa de desarrollo donde el crecimiento económico en las primeras etapas está conducido por el sector de servicios antes que impulsado por la actividad manufacturera. La prensa internacional ha destacado el ejemplar desempeño económico, proyectando al país como una de las economías de mercado emergentes que se apoderarán de la economía mundial. Como es esperable en un proceso de desarrollo, el peso del sector agrícola en el PIB disminuyó a lo largo del tiempo. Sin embargo, el sector industrial no ha evidenciado un alza significativa en su participación. Por el contrario, los servicios emergieron como el factor que más contribuyó al crecimiento económico de India, especialmente desde los años ’90. La evidencia sugiere que, entre 1993 y 2007, más del 60 por ciento del crecimiento del PIB indio estuvo impulsado por el sector servicios. El creciente peso de esas actividades es parcialmente el resultado de un aumento meteórico de la exportación de servicios, fundamentalmente software y la tercerización de servicios de información y servicio técnico. Este desempeño estuvo directamente asociado con el proceso de relocalización productiva en el mundo desarrollado y la capacidad de India para suministrar trabajadores de habla inglesa a salarios relativamente bajos. La balanza comercial y la cuenta corriente india muestran déficit persistentes y depende de las divisas provenientes de las exportaciones de servicios, las remesas y el ingreso de capitales financieros para sostener esa situación.


Cuando se evalúa la capacidad de este modelo de crecimiento para generar un desarrollo sostenible e inclusivo, el escenario está lejos de ser prometedor. La contribución del sector de servicios tercerizados a la creación de empleo ha sido minúscula, dado el tamaño de la fuerza de trabajo india y el hecho de que la mayor parte de esos trabajadores permanecen en áreas rurales y con baja calificación. Mientras que el total de la fuerza de trabajo india llega a los 450 millones, el empleo total en el sector tercerizado de servicios se ubica alrededor de los dos millones de trabajadores. El resto del empleo en el sector servicios corresponde a actividades de autoempleo de baja productividad, sin organización. Sin esfuerzos concretos de política para acelerar el crecimiento y la expansión de la agricultura y la industria, India no puede aprovechar la ventaja demográfica que le otorga una población relativamente joven suministrando empleo productivo para el crecimiento de ambas actividades y lograr que el proceso de crecimiento sea más inclusivo. En igual nivel de importancia se ubica la pregunta sobre cobertura de las necesidades de alimentos, vestimenta, inversión y productos industriales que deben constituir gran parte del consumo antes de alcanzar un nivel de vida lo suficientemente elevado.


Algunos analistas sostienen que los déficit de cuenta corriente y financieros de la India pueden ser financiados y sostenidos con los ingresos de la exportación de servicios, remesas y flujos de capitales, fundamentalmente inversiones de portafolio. Aunque India no está cerca de experimentar una crisis de balanza de pagos, esa argumentación ignora la restricción impuesta por la demanda externa. No hay garantías de que la fortaleza de la exportación de servicios pueda ser sostenida indefinidamente y generar las divisas suficientes para financiar los déficit crecientes. El principal destino de las exportaciones de servicios indios y la principal fuente de remesas –desde mediados de los años ’90– han sido Estados Unidos y Europa. La lenta recuperación de Estados Unidos, la recesión en Europa en el escenario de la crisis del euro y la posibilidad de leyes de inmigración más duras en Europa tienen el potencial para afectar las exportaciones de servicios de India y las remesas que ingresan al país. Incluso el potencial para incrementar los ingresos provenientes del Medio Oriente, otra fuente importante de remesas indias, se ha reducido con la desaceleración del boom del petróleo en esos países y el amesetamiento de la diáspora india en esa región. Además, los flujos de capitales de corto plazo aprecian el tipo de cambio real y profundizan el déficit comercial y en cuenta corriente. La persistencia de los grandes déficit puede reducir la confianza de los inversores y resultar en una reversión de los flujos y ataques especulativos sobre la moneda local.


Lo que necesita la economía india son políticas activas que estén direccionadas a acelerar el crecimiento y la expansión de la industria y la agricultura. Para eso se requiere más inversión en programas de investigación y desarrollo (I+D) a través de alianzas público-privadas, políticas de crédito que faciliten la renovación de las viejas e ineficientes maquinarias, el establecimiento de más instituciones financieras para el desarrollo y subsidios a empresas por invertir en I+D. La inversión pública, las políticas educativas, los programas de ayuda vocacional deben estar direccionadas a incrementar la capacitación laboral y la cantidad de empleos bien pagados y de alta productividad que permitan reducir la necesidad de importaciones así como la dependencia en la exportación de servicios, remesas y los inestables flujos de capitales.


También se requieren iniciativas para la creación de empleos, más integrales a través del desarrollo de infraestructura y programas de desarrollo rural. La estrategia de desarrollo de India tiene que ser una que promueva el crecimiento del mercado doméstico con el objetivo de mejorar el estándar de vida de la población sin chocar con la restricción externa. La estrategia de desarrollo de India no debe buscar solamente integrarse con los mercados globales mediante la dependencia en la exportación de servicios con bajos salarios que explota a sus trabajadores para beneficiar a los consumidores globales.


 Por Suranjana Nabar-Bhaduri, doctora en Economía. Frederick S. Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future.
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La integración sudamericana y los conflictos socio-ambientales
Los procesos de integración regional en Sudamérica han dado importantes pasos en la construcción de una comunidad política en base a valores y expectativas comunes. La defensa de la democracia, la resolución de conflictos mediante la diplomacia, el resguardo de la paz y la reivindicación conjunta de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ante los diferendos con el Reino Unido han sido algunos de campos en donde se logró alcanzar un inédito dinamismo y convergencia regional. Muchos de estos consensos acompañaron el surgimiento de nuevas formas institucionales como la UNASUR, ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericana y Caribeños (CELAC).

No obstante tales avances, existe otra dimensión del proceso regional en la que es menos evidente que consensos se expresan. Las dinámicas de la región, como espacio socio-político en construcción, actualmente está regida por los patrones de conflictos y cooperación entre gobiernos, empresas y actores sociales en torno a la utilización de los recursos naturales para fines de exportación y de insumos para la industria. Este es el caso de los recursos minerales y del agua de ríos para la generación de energía hidroeléctrica. A diferencia de las avances alcanzados en materia de construcción política regional en otros campos, el lugar que hoy ocupan los recursos naturales en la integración es más inquietante y potencialmente una fuente de tensiones.

Las políticas de utilización de tales recursos, y los conflictos socio-ambientales que se producen por las mismas, en su mayoría son de carácter nacional o sub-nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se despliegan algunas iniciativas de carácter regional impulsadas por gobiernos o por actores sociales que regionalizan sus disputas como estrategias de acción frente a la orientación extractivista de algunos proyectos. Es decir que las dinámicas socio-políticas de construcción de un espacio político regional en Sudamérica van más allá de las distintas iniciativas intergubernamentales que se puedan emprender desde los estados. Los recursos naturales constituyen un eje de articulación tanto para iniciativas de cooperación interestatal como también para la movilización social transfronteriza.

La propuesta de este articulo es la de pensar las dinámicas de la construcción política regional desde ésta perspectiva, en la que las interacciones de cooperación y conflicto entre actores públicos, empresariales y sociales moldean el escenario regional, sus posibilidades y limitaciones.

La minería en zonas de frontera es una de las formas que se redefine el escenario social y político regional. El caso más paradigmático de ello es la frontera entre Argentina y Chile. Tradicionalmente, las fronteras internacionales eran zonas en donde no se permitía emprendimientos productivos (o extractivos) dado que constituían lugares sensibles a la defensa del territorio nacional. Los procesos de democratización e integración económica llevados a cabo en la región permitieron desactivar las hipótesis de conflicto que fundamentaron el imaginario geopolítico de gobiernos y sociedades nacionales durante gran parte del siglo veinte. Sin embargo, estos cambios estuvieron asimismo signados por la orientación neoliberal que marcó las políticas de integración durante la década del 90. Una de las características de ello fue el establecimiento de nuevas mecanismos institucionales para atraer y resguardar inversiones. La minería de frontera entre Argentina y Chile es producto de ello, y su expresión más acabada es el acuerdo binacional minero que fuera firmado en 1997 y ratificado en los parlamentos en el 2000.

El territorio comprendido por el acuerdo binacional cubre un área sobre la cordillera de los Andes de más de 200.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 95% de la frontera internacional de ambos países. El acuerdo concede a las empresas la disponibilidad de minerales y agua para sus procesos de extracción, así como poder de control fronterizo. Pascua Lama es el proyecto binacional de megaminería que fue posible con este acuerdo. Las empresas que desarrollan el proyecto son: Barrick Exploraciones Argentina y Exploraciones Mineras Argentinas, en la Republica Argentina, y Compañía Minera Nevada en Chile. Otros proyectos mineros ya han sido aprobados, amparados en el tratado binacional, se encuentran actualmente en diferentes etapas de desarrollo. Entre ellos, está el proyecto El Pachón en la provincia de San Juan.

El acuerdo minero binacional consiste en un modelo de integración territorial y representa un hito internacional, considerando la extensión del área cubierta, los volúmenes de minerales e inversiones que potencialmente se verían implicados y la posible replicabilidad de este modelo en otras zonas de frontera con comparables condiciones geológicas. Evidentemente, la replicabilidad de este enfoque para la explotación conjunta de depósitos minerales en zonas de jurisdicción nacional compartida está expuesta también a los vaivenes de las presiones sociales frente al extractivismo y al creciente grado de concientización sobre la necesidad de fundar nuevos paradigmas del desarrollo con criterios de sostenibilidad.

La tendencia de minería de frontera se confirma asimismo en otros países latinoamericanos sin que exista necesariamente ningún acuerdo entre los países. Este es caso de los proyectos de exploración minera que actualmente tienen lugar en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, de El Salvador y Guatemala y de Perú y Ecuador en la llamada Cordillera del Cóndor – región que en 1995 fue epicentro de un conflicto bélico entre ambos países. En este ultimo caso, desde la resolución del conflicto bélico han habido grandes inversiones mineras atraídas por la riqueza de de yacimientos de oro de este lugar. Incluso sin un acuerdo minero entre ambos países, entre 2005 y 2010 se han triplicado el número de concesiones de exploración a empresas interesadas, en su mayoría del lado peruano de la frontera. Las empresas transnacionales mineras sin duda constituyen actores de creciente influencia en la redefinición del espacio regional y es de suponer que asimismo constituyen factores de influencia en los gobiernos para promover acuerdos mineros internacionales (los gobiernos de Alan García en Perú y Correa en Ecuador habían comenzado a explorar esta posibilidad).

La minería en zonas de frontera contribuye a regionalizar conflictos que se suscitan desde hace años en toda América Latina. Son conocidas las expresiones de resistencia a proyectos mineros llevados a por comunidades rurales en distintas provincias argentinas como Chubut, San Juan, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Sin embargo, éstos no son casos aislados sino que se enmarcan en una tendencia generalizada de creciente conflictividad en zonas de exploración minera. Evidencia de ello es que actualmente existen 155 conflictos relacionados a esta actividad en todo Latinoamérica y el Caribe, en las que se ven implicadas 205 comunidades en relación a 168 proyectos mineros. Asimismo, según un informe a cargo del ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie, las industrias extractivas representan el 28 % de los casos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos con complicidad de las empresas. Esta tendencia global se profundiza en América Latina. Un elemento común a tales conflictos es la ausencia de debate público sobre los cuáles son los beneficios y costos de estos proyectos – definidos en términos económicos, sociales y ambientales – así de cómo arbitrar equitativamente los derechos y responsabilidades de los principales beneficiarios y damnificados de los mismos. Las comunidades tampoco son consultadas previamente, según lo establece el Convenio 169 de la OIT, sin bien algunos cambios en esta dirección comienzan a promoverse en Bolivia, Perú y Ecuador.

Las resistencias sociales a la minería a cielo abierto, y especialmente en zonas de frontera, se traducen crecientemente en la búsqueda de estrategias de incidencia mediante la movilización transnacional. Ejemplo de ello es la realización de tribunales de opinión, en donde comunidades afectadas por la minería pueden denunciar simbólicamente los estragos de la minería en el ambiente y su impacto sobre los derechos de las poblaciones. Se realizó el primer “Tribunal Ético de Minería de Frontera” organizado por el Observatorio de Conflictos Minero de América Latina en Chile en el 2010. También el “Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales” sesionó en Austria 2006, Perú/Colombia 2008 y España 2010 para denunciar la complicidad de empresas transnacionales en casos de violación de derechos humanos en Latinoamérica. Muchos de los casos denunciados están relacionados con la minería, además de la explotación de hidrocarburos, agronegocios, etc. Asimismo, se han creado redes de acción global para el intercambio de información y coordinación de campañas conjuntas. Estas son algunas de las formas que adquiere el activismo transnacional en respuesta a la minería y demás instancias de violaciones de derechos humanos en los que estados y empresas se ven acusados. En este sentido, la minería de frontera actúa como catalizador tanto de nuevos relacionamientos entre empresas y gobiernos, así como también de nuevas formas de resistencias sociales que intervienen en la redefinición del debate regional sobre los vínculos entre desarrollo sustentable y derechos humanos.

Además de la minería de frontera, las dinámicas de la integración regional en Sudamérica están regidas también por una serie de proyectos de infraestructura para la generación y transporte de energía hidroeléctrica. La abundancia de agua en la cuenca del Amazonas hace de esta zona el epicentro de una serie de redes interconectadas de represas y líneas de transmisión que se proyecta vincularán lugares de producción y consumo. La creciente demanda de energía esta dada por el crecimiento económico en las economías de los países sudamericanos, y especialmente del sector industrial brasileño y minero (esta actividad es gran demandante de agua para sus procesos de extracción del mineral). Estos cambios están dando lugar a nuevos patrones de la cooperación regional internacional en el que las empresas brasileñas juegan un papel clave como las concesionarias principales de los proyectos de infraestructura de energía hidroeléctrica.

La Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), establece la financiación para estos proyectos. IIRSA es un mecanismo institucional creado en 2000 para la coordinación de las organizaciones intergubernamentales acciones con el objetivo de "promover el proceso de integración política, social y económica de América del Sur, incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y el desarrollo de las regiones aisladas de los subsistemas. IIRSA cuenta una cartera 524 proyectos de infraestructura en las áreas de transporte, energía y las comunicaciones, que se agrupan en 47 grupos de proyectos que representan una inversión estimada de dólares EE.UU. 96,119.2 millones de dólares. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) es también un actor regional clave en la movilización de recursos para los proyectos patrocinados por la IIRSA, tanto en territorio brasileño como también en países vecinos.

El Complejo Hidroeléctrico rio Madeira es uno de los proyectos más emblemáticos y la principal iniciativa hidroeléctrica del IIRSA. Una vez terminado, contará con cuatro represas interconectadas y será el de mayor tamaño de la cuenca del Amazonas. El BNDES provee parte del financiamiento para su construcción. Dos de las represas estarán emplazadas en Brasil mientras que una de ellas estará en territorio boliviano y la última en un río que demarca la frontera internacional entre Bolivia y Brasil.

Además, Brasil y Perú procuran la construcción de un mega-complejo hidroeléctrico en la Amazonía peruana financiado por Brasil. El objetivo de esta iniciativa es para generar electricidad en Perú para ser transportada sobre a Brasil para satisfacer su creciente demanda de energía. Para ello, ambos gobiernos negociaron un Acuerdo Energético que establece que Perú se compromete a exportar el 70% de la energía que produzcan sus centrales hidroeléctricas a Brasil durante un plazo de 50 años. Su construcción tendrá un costo de 4.000 millones de dólares e incluye también una línea de 357 kilómetros para tener la electricidad a la frontera brasileña. Una vez terminada la construcción del complejo, este será el mayor proyecto de energía hidroeléctrica en Perú y el quinto más grande en América Latina. Este proyecto y acuerdo energético ha sido objeto de grande críticas en Perú. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Alan García y de Ignácio Lula da Silva en 2010, pero actualmente está pendiente la ratificación del congreso peruano.

El acuerdo y proyecto ha sido objeto de serios cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales de estas obras. En octubre de 2011 la principal concesionaria de este proyecto, la brasileña Odebrecht, decidió retirarse de la construcción de dos des las represas proyectadas como consecuencia de la oposición que este mega-proyecto genera en las poblaciones locales, sobre todo de pueblos originarios. El interés del gobierno brasileño por asegurar un acuerdo que le permita proveerse de energía a costos rentables se mantiene. Seguramente veremos nuevos intentos por reflotar el debate sobre este acuerdo, tal vez tomando en consideración las más recientes resistencias sociales que se han manifestado en repudio al mismo. Evidencia de ello es el proceso de revisión que emprenden los ocho países amazónicos de los mecanismos nacionales de consulta a grupos étnicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica.

En la medida que avanzan las iniciativas de integración sudamericana se pone en evidencia la ausencia de consensos sobre ciertas áreas sensibles como es el caso de los recursos naturales. Muchos cuestionamientos comienzan a aflorar en el debate regional, como las tensiones entre visiones productivistas del desarrollo y de ecología política en las que se propician formas de desarrollo sustentable, vinculadas a los derechos humanos, la armonía ambiental y formas de producción y consumo más inclusivas. Asimismo, se manifiesta la necesidad de nuevos mecanismos de toma de decisión en materia de recursos naturales, no sólo a nivel nacional sino especialmente en lo relacionado a proyectos regionales que involucran acuerdos entre estados e instrumentos de financiamiento regionales. Es fundamental abordar en profundidad las nuevas asimetrías que genera este tipo de integración, no solo entre economías de mayor y menor tamaño, perfiles productivos especializados como industriales y proveerdores de materias primas, sino también en la necesidad de formular marcos regionales regulatorios y de políticas específicamente sobre recursos naturales (coordinación fiscales, normas de protección ambiental, derecho a de consulta a las poblaciones, eficiencia energética, entre otras).

En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía.

Nota: Las ideas que aquí se exponen están desarrolladas en un artículo recientemente publicado como: Saguier, Marcelo (2012) ‘Socio-environmental regionalism in South America: tensions in the new development models’, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America, Pia Riggirozzi and Diana Tussie, eds., Series United Nations University Series on Regionalism, Springer.


- Dr. Marcelo Saguier es profesor de estudios internacionales e investigador CONICET/FLACSO
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La crisis mundial y el ambiente en América Latina
La aguda crisis que afecta a la Eurozona y a Estados Unidos no sólo reduce la atracción de esos mercados de trabajo para los latinoamericanos, africanos y mediorientales que allí emigraban ilegalmente sino que, también, al cerrarles la posibilidad de trabajar les obliga a refluir a sus regiones de origen en cantidades cada vez más masivas, unidos esta vez incluso con los más pobres de los que hasta ahora era países ricos. En efecto, no sólo retornan de España los latinoamericanos que allí buscaban trabajo, sino que este año han salido más españoles que los extranjeros que fueron a la península.


De este modo, la presión sobre los recursos locales –tierra y agua, sobre todo– y sobre la desocupación regional, aumenta continuamente y los ingresos locales no disminuyen sólo por el cese o la reducción de las remesas que antes recibían, sino también porque sus parientes deben sostener, al menos parcialmente, a quienes hasta entonces eran el sostén de ellos.


Para algunos países exportadores de alimentos, como Brasil, Uruguay o Argentina, la sequía en Estados Unidos y en Europa, resultante del cambio climático, puede ser beneficiosa porque aumenta el precio de los granos y de los alimentos en general, no sólo por una menor oferta sino también porque la crisis, al reducir la producción industrial y los consumos, aleja a los especuladores del petróleo y de los minerales, cuyos precios se estancan.


Pero el aumento del precio de los alimentos –porque la demanda de éstos no es elástica y todos tratan de seguir comiendo como comían, con crisis o sin ella–, reduce los ingresos de los consumidores, sobre todo en países donde la gente por su pobreza dedica más de dos tercios del ingreso familiar a la compra de alimentos y al pago de servicios (transporte, agua, gas, electricidad).


La carestía de los alimentos principales (trigo, maíz, leguminosas, carne) por otra parte afecta mucho más directamente a los pobres que a los ricos (que tienen otro tipo de consumos), o sea, golpea a la inmensa mayoría de la población que, con los injustos y aberrantes sistemas impositivos de los países dependientes, es la que paga más impuestos bajo la forma sobre todo de IVA y de otras tasas indirectas.


Esta reducción del consumo domiciliario y, por consiguiente del monto de los impuestos que el Estado recauda, afecta las finanzas estatales. Porque, aunque la soya bata récord y esté a 630 dólares la tonelada, quienes la exportan son sólo unas pocas empresas que evaden impuestos mediante triangulaciones y paraísos fiscales. Las ventajas de los altos precios del grano y del bajo precio petrolero para la producción son por lo tanto para ellas, o sea para los que son productores masivos, acopiadores y exportadores trasnacionales y no para las arcas estatales.


Los países centroamericanos viven, sobre todo, de la exportación de mano de obra superexplotada que, como dijimos, ahora les rinde menos. Los países exportadores de petróleo ven afectados sus ingresos por el estancamiento del precio del combustible debido a la baja demanda industrial resultante de la crisis. Los países importadores de alimentos y de petróleo, como la mayoría de los africanos, Cuba o los del Caribe, están apretados crecientemente por el aumento de su factura de importación alimentaria. Incluso los pocos países dependientes que son grandes exportadores de alimentos tienen problemas porque sus otras exportaciones caen y el aumento del precio del trigo o de la soya no compensa esas dificultades en la balanza de pagos.


De ahí la desesperación de todos los gobiernos –“progresistas” o no– por producir cada vez más metales preciosos, atrayendo la inversión de las grandes mineras canadienses o estadunidenses, que están en abierta competencia con la agricultura y la ganadería de las zonas pobres, las cuales son mucho menos lucrativas que la gran minería pero aseguran más empleo local y no afectan tan drásticamente el ambiente como la extracción minera.


De ahí también los conflictos sociales con los pobladores de esas zonas, que desean conservar el uso del agua para la agricultura y para los pueblos así como los bienes comunes (tierra, aire no contaminado, bosques, paisaje). Por eso actualmente, desde Centroamérica hasta Chile y Argentina, a lo largo de las zonas montañosas, las “pobladas” (luchas de toda una comunidad) y las rebeliones campesinas e indígenas se enfrentan con la represión gubernamental de gobiernos que tienen una concepción extractivista y desarrollista y un decisionismo vertical y autoritario.


Se llegó al extremo de que la presidenta de Argentina vetó una ley de protección de los glaciares, fuente principal de agua para el país, para no afectar los intereses de las transnacionales mineras y que algunos gobiernos de las provincias andinas reprimen ferozmente protestas antimineras como la de Tinogasta o Faimallá absolutamente legales y legítimas. El presidente peruano Ollanta Humala fue elegido entre otras cosas gracias a sus declaraciones de que entre la sed y el hambre de los peruanos y el oro optaría por su pueblo, pero ahora reprime, con alto costo en heridos, muertos y presos en Cajamarca, una de las zonas donde más apoyo obtuvo, para favorecer el proyecto minero Conga, violentamente resistido por los pobladores y las autoridades locales. El mismo Evo Morales no sólo enfrenta a los pobladores del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), violando lo que establece la Constitución, para construir por su territorio una carretera hacia Brasil sino que también fomenta la minería, entrando en conflicto con los comuneros. El mercado mundial, no el ambiente y el desarrollo humano, es la preocupación principal incluso de gobiernos que dicen luchar contra ese mismo mercado y que se declaran populares. Este giro económico a la derecha les debilita y prepara otros giros políticos derechistas. Nuevamente están en peligro los avances antes duramente conseguidos.

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Lunes, 11 Junio 2012 14:02

Río+20, repensando el desarrollo

Río+20, repensando el desarrollo
Hace 20 años, en junio de 1992, se celebró en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como Cumbre de la Tierra. En la Cumbre de la Tierra participaron 172 gobiernos con presencia de 108 jefes de Estado y de Gobierno.

Los resultados de la Cumbre de Río fueron la aprobación del Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible, y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que es básicamente un conjunto de principios que definen los derechos y obligaciones de los Estados respecto del medio ambiente y el desarrollo. Asimismo esa cumbre fue el origen de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que en 1997 acordaría el famoso Protocolo de Kioto para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Hubo dos grandes protagonistas de la Cumbre de la Tierra, por un lado George Bush padre, presidente de los Estados Unidos, quien vino a anunciar en Río que «el estilo de vida estadounidense no está abierto a negociaciones». Por otro lado, el comandante de la revolución cubana Fidel Castro cuya posición se resume en la siguiente frase extraída de su discurso ante el plenario de la Cumbre: «Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No más transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre».

En definitiva Fidel se enfrentaba en nombre de los países en desarrollo a ese Norte que había podido industrializarse, desarrollarse y construir sus Estados del Bienestar a costa de un Sur, los países del Tercer Mundo, colonias hasta hace poco convertidas en ese momento en naciones explotadas y saqueadas por un orden económico mundial injusto. En ese sentido, proponía una vez terminada la Guerra Fría dedicar el gasto militar y armamentístico a promover el desarrollo del Tercer Mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta.

Río+20


20 años después de aquella Cumbre de la Tierra, en medio de una crisis estructural del modelo civilizatorio occidental y con las clarividentes palabras de Fidel aun resonando en los pasillos de Riocentro, el lujoso centro de convenciones en la exclusiva zona de Barra de Tijuca, se celebra la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20.

Los objetivos de esta conferencia de Naciones Unidas son alcanzar un nuevo acuerdo político en torno al desarrollo sostenible, evaluando el progreso hasta la fecha y las lagunas en la aplicación de los acuerdos que se han ido adoptando. La conferencia va a estar centrada en dos temas principales, el de la economía verde o ecológica con vista a la sostenibilidad y la erradicación de la pobreza, y la creación de un marco institucional para el desarrollo sostenible. Todo ello dentro de un ambicioso llamado de las Naciones Unidas a los Estados y la sociedad civil en general a sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad.

Río+20 tendrá lugar oficialmente del 20 al 22 de junio, momento en el que los Jefes de Estado y Gobierno de los diferentes países que conforman las Naciones Unidas llegarán a Río de Janeiro para las sesiones plenarias y la búsqueda de un acuerdo. Sin embargo, los equipos negociadores de cada gobierno, después de tres rondas de negociaciones previas en Nueva York en torno a un borrador de acuerdo, comienzan la última ronda de negociaciones el 13 de junio para preparar el documento que sus respectivos presidentes deberán firmar como parte de un acuerdo final.

Los equipos negociadores de cada país miembro de Naciones Unidas están trabajando en torno a un documento llamado “El futuro que queremos – Borrador Cero del documento de Río+20”. Este documento, que comenzó hace meses siendo una compilación de diferentes propuestas por parte de los Estados de en torno a 300 paginas, cuenta en estos momentos con 82 paginas íntegramente en ingles con una base de párrafos que se van acordando y otra serie de ideas entre corchetes lo cual indica que están siendo sujetos a discusión, esquema habitual de los documentos de negociación en Naciones Unidas.

El Zero Draft o Borrador Cero cuenta con una estructura dividida en 5 puntos principales. Una primera parte que es básicamente un preámbulo y donde se define la visión compartida por los diferentes miembros de Naciones Unidas. Un segundo punto en torno a la renovación del compromiso político, en el que se reafirman los principios de Río, se evalúan los progresos y los déficits en la implementación del desarrollo sostenible y se va haciendo un repaso en torno a los principales grupos implicados, desde los pueblos indígenas a los sindicatos o la comunidad científica. La tercera parte del documento está dedicada a desarrollar el rol de la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, el punto principal y más conflictivo de todos pues trata de presentar a la economía verde como el nuevo paradigma del desarrollo sostenible. En cuarto lugar nos encontramos con la definición del marco institucional para el desarrollo sostenible y finalmente la quinta y ultima parte del documento de negociación está dedicada al marco de acción y seguimiento, con propuestas de acuerdo en torno a temas como la seguridad alimentaria, agua, energía, cambio climático, bosques y biodiversidad, educación o igualdad de género.

G77+China


Dentro de la política de bloques inherente a unas negociaciones en el marco de Naciones Unidas podemos observar dos grupos principales, la Unión Europea por un lado, y el G77 junto a China por otro lado. El G77 es un grupo muy heterogéneo de países del Sur, es decir, de los países llamados del Tercer Mundo o en desarrollo, que cuenta con diversos bloques en su interior, como el del ALBA, el Grupo Africano, Grupo de los Estados Insulares o el Grupo Árabe. Asimismo cuenta con potencias emergentes de los BRICS como Brasil o India.

El G77, presidido en 2011 por Cristina Fernández de Kirchner en representación de Argentina, y desde 2012 con Argelia como coordinador, se presenta en Río con un documento propio de consenso como base para la negociación.

El documento del G77+China propone un nuevo orden económico mundial basado en los principios de equidad, soberanía, intereses comunes, interdependencia y cooperación entre los estados. Plantea además una nueva arquitectura financiera internacional mediante la reforma expedita y ambiciosa de las instituciones creadas por los acuerdos de Bretton Woods (es decir, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional), cambiando sus estructuras de gobierno y su déficit democrático en el marco de una plena y justa representación de los países en vías de desarrollo, promoviendo la provisión de recursos financieros y transferencia tecnológica a los países en vías de desarrollo sin condicionalidades.

Asimismo, se pide el reconocimiento y respeto a los diferentes modelos de desarrollo afirmando que las estrategias de crecimiento económico basadas en el mercado son insuficientes y no garantizan ni aseguran un crecimiento económico equitativo ni resuelven los problemas de pobreza, salud, educación, empleo pleno, reducción de inequidades y promoción del desarrollo social y la inclusión.

También se propone un cambio en los patrones de producción y consumo, denunciando que los recursos naturales son limitados y que los países desarrollados han hecho un uso excesivo de ellos. A partir de ahí se reconoce la importancia del agua como Derecho Humano o la seguridad alimentaria, y se demanda un desarrollo sostenible con un enfoque holístico y en armonía con la naturaleza, propuesta que parte del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta demanda además ha sido recogida en el Borrador Cero oficial, cuyo párrafo 33 dice textualmente: «Somos conscientes de que el planeta Tierra y su ecosistema son nuestra casa y que Madre Tierra es una expresión común en una serie de países y regiones. Estamos convencidos de que con el fin de lograr un equilibrio justo entre el económico, las necesidades sociales y el medio ambiente de presentes y futuras generaciones, es necesario promover la armonía con naturaleza».

En la misma línea, uno de los objetivos en Río+20 por parte de Bolivia y del ALBA será el de recoger las propuestas de la Conferencia Mundial de los Pueblos Sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra realizado en Tiquipaya (Bolivia) y plantear una propuesta de Derechos de la Madre Tierra.

Unión Europea


Frente a estas propuestas, la posición de la Unión Europea es contundente y fiel reflejo del modelo neoliberal en el que está instalada. La UE conceptualiza a la naturaleza como “capital natural”, como “stock de recursos naturales” regulables a través del mercado. Es decir, estaríamos ante una segunda fase del neoliberalismo, una fase más avanzada en la que después de haber hecho retroceder al Estado, cuando no desaparecer totalmente privatizando los sectores estratégicos bajo control estatal, se le ordena al Estado que cree mercados donde hasta ahora no existían. Ya no es suficiente además con generar plusvalía vendiendo la madera de los bosques, sino que además se crea un nuevo mercado en el que lo que se vende es la capacidad de absorción de dióxido de carbono de esos mismos bosques. A partir de ahí se abre la vía para la financiarización de la naturaleza, para especular y crear nuevos mercados inmateriales.

La Unión Europea plantea entonces un paquete de metas e indicadores enfocados en el medio ambiente, y con la excusa de la reducción de emisiones y la eficiencia en el uso de recursos naturales, deja de lado las necesidades sociales y económicas de los países en desarrollo.

Pensando el mañana


Son numerosos los temas a desarrollar en Río+20 y cada uno de ellos exigiría de decenas de páginas para profundizar, pero finalmente el reto de Río+20 será el de cómo construir una visión del desarrollo no basada en el capitalismo, que salga de los parámetros de crecimiento capitalista. Como lograr un desarrollo integral, complementario y solidario basado en la complementariedad de los derechos de los pueblos a su desarrollo, de los derechos de los pueblos a superar la pobreza causada por el capitalismo y el colonialismo, y de los derechos de la Madre Tierra. Además, estos derechos deberían ser realizados de manera integral, interdependiente, complementaria y en apoyo mutuo. Es decir, un derecho no puede realizarse sin los otros y un derecho no puede estar sobre los otros. Se trata de derechos interdependientes, cuya plena consolidación requiere una interacción complementaria entre ellos.

En cualquier caso no hay duda que estamos viviendo (y sufriendo) los limites de un modelo civilizatorio insostenible. Los pueblos del Sur han recuperado su dignidad y el Norte ya no puede seguir creciendo a costa de su explotación. Además Ama Lurra, la Pachamama, ya nos está demostrando que no se la puede seguir explotando indefinida e incontroladamente como se ha hecho hasta ahora. Estamos viendo por tanto los límites planetarios del sistema de acumulación capitalista en toda su crudeza. En ese sentido Río+20 es una ocasión histórica para poner sobre la mesa debates necesarios y tratar de llegar a consensos en la búsqueda de soluciones.

En definitiva, y retomando las palabras finales de Fidel en su discurso en el plenario de la Cumbre de la Tierra de 1992: «Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo».

- Katu Arkonada se encuentra en Río de Janeiro formando parte del equipo negociador del Estado Plurinacional de Bolivia

http://alainet.org/active/55523
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Sábado, 19 Mayo 2012 07:47

Más hambre, más promesas

Más hambre, más promesas
Las organizaciones líderes de caridad han emitido una triste advertencia a los más importantes líderes del mundo que se reúnen hoy en la cumbre del G-8 en la residencia de descanso del presidente Barack Obama en Camp David: su fracaso al no mantener promesas previas está llevando a los países pobres a la hambruna. Uno de los más castigados es el país africano de Níger, donde las vidas de seis millones de niños están en riesgo, advirtió la organización británica Save the Children. La seria desnutrición está arrasando la nación subsahariana. Ayer, la organización anunció que estaba cambiando su trabajo en el país al nivel de “respuesta de crisis” después de que los líderes del mundo hubieran ignorado durante meses las advertencias sobre la deteriorante situación aquí.
 
La emergencia en Níger es una señal de lo que puede suceder si no se enfrenta al hambre antes de que sea demasiado tarde, dijo el jefe ejecutivo de Save the Children, Justin Forsyth. “La crisis ahí está alcanzando un nuevo nivel de seriedad, los niños están muriendo de hambre, y eso no es solamente espeluznante, sino totalmente inaceptable. Debemos trabajar inmediatamente para evitar lo peor.”
 
Níger es ahora uno de los lugares de la tierra con más hambre. Un 80 por ciento de las cosechas se perdieron. La langosta destruyó los cultivos. Los precios de los alimentos se triplicaron. Las familias más pobres se han visto reducidas a comer hojas para sobrevivir. El gobierno de Níger hizo lo que pudo con recursos limitados, dice Save the Children, pero sólo tiene la mitad del dinero necesario. La gran mayoría de las familias en las áreas peor afectadas no tienen suficiente comida para sobrevivir durante el verano sin ayuda.
 
La misma respuesta dilatoria de los donantes internacionales, como fue aparente en Africa oriental el año pasado, está poniendo en riesgo a millones de vidas humanas. Los líderes mundiales prometieron en la reunión del G-8 en L’Aquila en Italia en 2009 que invertirían 22.000 millones de dólares para mejorar la seguridad alimentaria global y financiar nuevas iniciativas agriculturales. El programa bandera expirará a fin de este año sin haberse cumplido. De acuerdo con un estudio detallado de ONE, el grupo de ayuda fundado por Bono y Bob Geldof, sólo 6500 millones de los 22.000 millones prometidos fueron entregados.
 
El presidente Obama anunciará hoy los planes para apoyar los de inversiones de agricultura para países en desarrollo que han recibido un sello de aprobación de los grandes donantes. Las organizaciones como ONE han dado esta cautelosa aprobación esperando que resuelva el hambre y la desnutrición en la forma que la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados ayudaron a los países pobres con la deuda del Tercer Mundo. Si funciona, el plan podría sacar de la pobreza a 50 millones de personas en las naciones africanas: Etiopía, Ghana, Burkina Faso, Mozambique, Costa de Marfil y Tanzania. Pero las organizaciones todavía están preocupadas de que la financiación pueda no materializarse como antes.
Es un pequeño paso, dada la escala de las crisis, dijo Save the Children. Y su énfasis en la inversión en agricultura del sector privado, que podría producir beneficios a mediano plazo, no será suficiente para taclear directamente el hambre y la malnutrición en Níger ahora.
 
Las agencias quieren ver que el G-8 también se enfoque en la calidad, no sólo en la cantidad de alimento. Millones de niños no están recibiendo las vitaminas, minerales y nutrientes necesarios en los primeros años de sus vidas, restringiendo su crecimiento mental y físico. Un cuarto de los niños del mundo sufren distrofia producida por desnutrición crónica.
“Los niños no necesitan solamente comer lo suficiente, sino la comida correcta y nutriente”, dijo Forsyth. “Un paquete de seguridad de alimentos del G-8 debe tener a la nutrición en su centro.” Lo estuvo presionando a David Cameron para que la distrofia sea parte de la iniciativa en Camp David y para que trabaje por ella cuando el Reino Unido presida el G-8.


 Por Paul Vallely,  de The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.
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Las Cumbres de la Tierra y el fracaso del “desarrollo sostenible”
Han transcurrido 20 años desde la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o “Cumbre de la Tierra” (Rio, 1992). La reunión buscaba acuerdos para edificar un mundo incluyente, con esperanzas para los pobres, en equilibrio con la naturaleza. Basados en un “desarrollo sostenible”, propuesto por el Informe Brundland1, definido como “desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras”, los gobiernos se comprometían un plan denominado Agenda 21, para llevar a la humanidad por la ruta de la sustentabilidad. Así, al dogma del desarrollo se le adjetivaba “sostenible”, como criterio para que la economía de mercado identificara las variables que permitirían seguir creciendo sin preocuparse por los límites físicos (¡como si fuera posible!). En la trampa caerían muchos ideólogos de la izquierda y el ambientalismo.

Luego, en dos reuniones (Nueva York 1997; Johannesburgo 2002) se revisaron los acuerdos ambientales, concluyendo que los patrones de producción, consumo y acumulación no se habían modificado y que los problemas ambientales y sociales se habían agudizado. Asimismo, en la Cumbre del Milenio (Nueva York, 2000), se fijaron los Objetivos del Milenio para superar los desafíos de la humanidad: erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, controlar el sida, garantizar la primaria universal e igualdad de géneros. Además: promover el desarrollo sostenible.

Contrario a la retórica de políticos y teóricos del desarrollo sostenible, los resultados son desastrosos. En los 20 años se consolidó el neoliberalismo, que dogmáticamente institucionalizó la idea del crecimiento económico como indicador absoluto de progreso y única solución a los problemas de pobreza y desigualdad. Tal política significó la explotación crecientemente agresiva de los bienes naturales comunes (agua, aire, tierra, biodiversidad) y la expulsión de comunidades para implementar megaproyectos.

Son evidentes la crisis climática, empujada por el uso cada vez mayor de combustibles fósiles y la consecuente emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI); la crisis energética, aupada por el uso de combustibles fósiles, hoy marcada por el declive de las reservas petrolíferas y el uso de tecnologías en crisis (energía nuclear); la crisis económica, que quebró varios bancos internacionales y mostró la lógica perversa de la especulación; crisis de gobernabilidad, guerras y conflictos en que el capitalismo apuesta por revitalizarse con la fabricación y la venta de armas, estimulando las “guerras de baja intensidad” para mantener el motor de la acumulación mediante la guerra y el despojo de territorios.

Así se llega a Río+20, nueva Cumbre de la Tierra, en una profundización del extractivismo: explotación de recursos fósiles, minerales, madera, biodiversidad, agua. La rapiña capitalista se centra en los países periféricos que exportan materia prima, sometidos a las condiciones de explotación histórica, en África, Asia y América Latina, con la “maldición de la riqueza”, ensañada con sus habitantes. Allí abundan minerales estratégicos, combustibles fósiles y biodiversidad. Estos 20 años no han llegar el “desarrollo sostenible” y ni remotamente los Objetivos del Milenio. En cambio, se incrementan las guerras a sus territorios, en disputa por los minerales y combustibles. El saqueo del Congo genera ya más de cinco millones de muertos, producto de la presión del capital que va por el coltán, esencial para la industria electrónica. La agresión sobre Centro y Suramérica, con guerras de baja intensidad significa expulsión y despojo de territorios estratégicos. La acumulación significa la adecuación política territorial para que el gran capital entre e implemente a su antojo los megaproyectos mineros, hidroeléctricos, agrocombustibles. Con el espectro privatizador, las guerras locales son el mecanismo de expulsión de las comunidades que se resisten. Para ello, el paramilitarismo es el lugar común en Guatemala, Colombia y Perú.

Crisis climática y falsas soluciones al problema del clima


Para entender las propuestas oficiales de Río+20 hay que analizar la discusión y la negociación para asumir la crisis climática, generada por el uso de combustibles fósiles, cuyo resultado es la acumulación de Gases Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera, desde comienzos de la revolución industrial, pero intensificados en el siglo XX con la industria del petróleo. Los grandes emisores de GEI son los países industrializados. La única opción sostenible es cambiar el modelo productivo-económico, buscando fuentes alternativas que no emitan GEI. Estados Unidos y otros países manifiestan que nada harán que signifique cambios en su estilo de vida, lo que significa la falta de disposición a buscar soluciones que toquen el fondo el problema: el derroche energético y material de la sociedad de consumo.

Desde 1995 se han hecho 17 cumbres sobre cambio climático sin compromisos reales de los países industrializados. La Convención de Cambio Climático se ha dedicado a construir “mecanismos de flexibilidad” que les permitan a los países desarrollados “hacer esfuerzos” para conseguir niveles de reducción de GEI, sin tocar el dogma del desarrollo, la sociedad de consumo y las políticas de crecimiento económico, de modo que su estilo de vida no se afecte. Son soluciones gatopardistas que, sin soluciones de fondo. El mecanismo de flexibilidad típico fue propuesto por Estados Unidos: es el “Mecanismo de Desarrollo Limpio” (MDL). En él los países industrializados compensan sus propias emisiones, reduciendo GEI en proyectos de desarrollo en países no industrializados. Estas reducciones se convierten en Bonos de Carbono, comercializables en bolsas económicas, abriendo una estrategia de Mercados de Carbono. Doble felicidad para aquéllos: se evitan el compromiso de la reducción efectiva de GEI en sus territorios (manteniendo intacto su estilo de vida) y abren un nuevo mercado. No podría haber mejor solución neoliberal.

Otro ejemplo de falsa solución a la crisis climática es el impulso a los agrocombustibles. Ante la crisis energética y climática, se crea la ‘oportunidad’ de promover una nueva industria, supuestamente limpia, basada en cultivos de maíz, soya y caña de azúcar, para producir alcohol etílico que vaya sustituyendo la gasolina, o de palma aceitera para generar biodiesel, opción para cambiar el carburante de motores diesel. Tal tecnología, fuera de no reducir el CO2, mantiene intacta una causa del problema ambiental: la industria del automóvil. Por otra parte, pone en riesgo la alimentación de las comunidades más pobres por la competencia que tiene con la producción de alimentos, y el uso del agua y el suelo.

Mientras, los indicadores del problema climático son hoy más alarmantes: la concentración de CO2 en la atmósfera alcanza 392 ppm (comparando con 280 ppm antes de la revolución industrial); de los 20 últimos años, ocho alcanzan el récord máximo de temperatura medida en los últimos 200 años; la emisión de CO2 a la atmósfera duplica cada año el valor estimado por los científicos como límite que no produzca cambios (14, 7 Gton de CO2/año). Las consecuencias sobre el clima son ya noticia cotidiana.

Rio+20: del desarrollo sostenible a la “economía verde”


Se celebrará esta nueva Cumbre de la Tierra en una profunda crisis de civilización que reclama nuevas miradas, nuevos e incluyentes modelos, y que exige romper con toda clase de dogmas, sobre todo económicos. El documento “El futuro que queremos” (Documento Cero de la reunión) se enfoca en impulsar dos aspectos: una economía verde y la gobernanza ambiental. Se afianzan los principios neoliberales del crecimiento económico, el mercado como gestor de la sostenibilidad, y los criterios de acomodo de la estructura ambiental de los gobiernos. Desde el comienzo se entiende que no se trata de cuestionar el camino del desarrollo sostenible sino de ampliarlo y darle nuevas dimensiones. El término nada novedoso de economía verde proviene del texto escrito por Pearce y otros2, “Plan para una economía verde” (1989), sobre políticas necesarias para el desarrollo sostenible.

En 2009, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó un informe, “Nuevo acuerdo verde global”, con base en la investigación de Edward Babier, “Global Green New Deal”3. Con esa base, el PNUMA presenta un extenso documento4 escrito de varios expertos del mundo, con la común idea de que la crisis socio-ambiental puede ser resuelta en el marco de la economía de mercado, siempre que ésta se transforme con el uso de nuevas tecnologías emergentes y en especial se nutra de las oportunidades que brinda la biomasa. La propuesta de economía verde no es sino la profundización y ampliación del modelo actual, para poner en el mercado los bienes naturales que por algún motivo no se han insertado completamente en las leyes de la oferta y la demanda.

Con una crisis capitalista en cierne, es necesario diversificar la economía, introduciendo nuevas tecnologías (nanotecnología, biología sintética, geoingeniería) que hagan intensivo uso de la biomasa y ponerla en venta, como se hace con otros bienes naturales. También en la agricultura, la biotecnología impulsada por los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) se mostrará como opción verde. No es la primera vez que se usa el adjetivo “verde”, evocador de la naturaleza, tratando de impulsar estrategias que luego muestran su verdadera intensión. En los años 60 se llamó “revolución verde” a la agricultura basada en agroquímicos (plaguicidas y fertilizantes químicos) que le causan daño al medio ambiente y la salud humana. El impulso a una química “verde” basada en la biomasa pudiera generar productos comercializables que sustituyan a los derivados del petróleo y que mantengan la dinámica productiva con base en nuevas mercancías. La biomasa así entendida es la naturaleza, la biodiversidad comercializada, hecha mercancía. Más, ¿dónde está la biomasa? Sobre todo en los países biodiversos, en sus bosques y selvas. Sin esta materia prima, el modelo no funciona. Por eso, se necesita urgentemente garantizar que las tierras (los territorios) estén libres de habitantes y comunidades que se opongan a los nuevos negocios. De allí la disputa por la tierra y la obsesión de países y empresas por acapararla.

El capitalismo se pinta de verde y construye una retórica, una semiótica comunicativa para insertarse radicalmente en su nueva etapa, lo que Escobar llama “forma posmoderna del capital ecológico”. Este ajuste verde nada tiene de benévolo; no es su intención moderar su agresión contra la naturaleza sino apropiarse de algo no tocado hasta hoy: la esencia de la vida. De allí la obsesión por darles precio a los bienes y funciones del ecosistema mediante el uso del mercado como el único medio posible para responder a la crisis ambiental que el mercado mismo ha creado. Por otra parte, es necesario abrir la discusión sobre el desarrollo económico como criterio de progreso. Este desarrollo no pretende resolver las necesidades humanas sino que se alimenta de nuevas necesidades, que crea todos los días. Por esto necesita cada vez más energía, materias primas y territorio para implementar sus megaproyectos. En ningún caso puede llegar a ser sostenible. Desarrollo y sustentabilidad son contradictorios; esta última sólo puede construirse con base en nuevas relaciones sociales que consideren los límites físicos de la vida y los derechos de la naturaleza.

Respuesta de los pueblos


Pero no todo es pesimismo. Como respuesta al nuevo embate capitalista contra territorios y habitantes, muchos organismos ambientalistas, sindicatos, indígenas, campesinos, ciudadanos comunes se organizan y se dan cita en Rio de Janeiro para participar en la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental, contra la Mercantilización de la Vida y la Naturaleza y en Defensa de los Bienes Comunes”. Esta Cumbre, en paralelo con la cumbre oficial, tiene como ejes orientadores: 1) causas estructurales de la actual crisis; 2) Soluciones reales y nuevos paradigmas de los pueblos, y 3) Agendas y movilizaciones que unifiquen el proceso de lucha anticapitalista después de Rio+20.

El choque de dos visiones del mundo está aquí: una, que cree que sólo el mercado soluciona los grandes desafíos humanos, y que lo impone con violencia y guerra; y otra, que construye día a día procesos sustentables; promueve opciones agrícolas que protegen suelo, semillas y biodiversidad; crea lazos de solidaridad y organización para defender sus territorios; asume el conocimiento como mecanismo de intercambio colectivo y solidario; protege la Madre Tierra porque entiende que sin ella es imposible la vida; organiza y se moviliza, incluyendo a los indignados del mundo; y promueve múltiples modelo de buen vivir porque asume que la diversidad y la complejidad son base de la sustentabilidad.
  1. Publicado como “Nuestro Futuro Común”, este informe, coordinado por Brundland en 1983, constituyó por algún tiempo la insignia del ambientalismo oficial, para la búsqueda de la construcción de un desarrollo que no destruyera nuestra base natural.
  2. Blueprint for a Green Economy; “Plan para una economía verde”, Pearce, D; Markandya, A.; Barbier, E.
  3. Barbier, E., A global green new deal. UNEP-DTIE, febrero de 2009.
  4. UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, www.unep.org/greeneconomy.
Publicado enEdición 180