América Latina tiene una historia de logros para la izquierda mundial en la primera década del siglo XXI. Esto es cierto en dos sentidos. El primero y más ampliamente visible es que los partidos de izquierda o de centroizquierda han ganado una serie notable de elecciones durante la década. Y por primera vez, colectivamente, los gobiernos de América Latina se han distanciado, en grado significativo, de Estados Unidos. En la escena mundial, América Latina se volvió una fuerza geopolítica relativamente autónoma.
 
Pero hay un segundo modo en que América Latina tiene una historia de logros para la izquierda mundial. Los movimientos de las naciones indígenas de América Latina se han reafirmado a sí mismos políticamente casi en todas partes y exigen su derecho a organizar su vida política y social de manera autónoma. La primera vez que esto logró atención mundial fue con el dramático levantamiento del movimiento neozapatista en el estado mexicano de Chiapas, en 1994. Lo que ha sido menos visible es la emergencia de movimientos de tipos similares por toda Latinoamérica y el grado en que han ido creando una red interamericana de sus estructuras organizativas locales.
 
El problema es que los dos tipos de izquierdas –los partidos políticos que han accedido al poder en varios estados y los movimientos de naciones indígenas en varios estados– no tienen objetivos idénticos y usan un lenguaje ideológico bastante diferente.
 
Los partidos han hecho que su objetivo principal sea el desarrollo económico, buscando lograr este objetivo al menos en parte mediante un mayor control de sus propios recursos y mejores arreglos con el exterior –las empresas, los gobiernos y las instituciones intergubernamentales. Buscan crecimiento económico, argumentando que sólo de este modo se mejorará el estándar de vida de sus ciudadanos y se logrará una mayor igualdad mundial.
 
Los movimientos de naciones indígenas han buscado obtener mayor control sobre sus propios recursos y mejores arreglos no sólo con los actores externos, sino también con sus propios gobiernos nacionales. En general, dicen que su objetivo no es el crecimiento económico sino llegar a un entendimiento con la Pacha Mama o madre tierra. Dicen que no buscan un uso más amplio de los recursos de la tierra sino uno más cuerdo, que respete el equilibrio ecológico. Buscan el buen vivir.
 
No es sorpresa que los movimientos de naciones indígenas han entrado en conflicto con los pocos gobiernos más conservadores de América Latina –como México, Colombia y Perú. Con mayor frecuencia y muy abiertamente, estos movimientos también han entrado en conflicto con los gobiernos de centroizquierda de la región, como Brasil, Venezuela, Ecuador e incluso Bolivia.
 
Y digo aun Bolivia porque ése es un gobierno que eligió a un presidente que viene de una nación indígena con respaldo masivo de los votantes de naciones indígenas del país. Y sin embargo, ha habido conflicto. El punto, ahí como en otras partes, es cómo se desarrollan los recursos naturales, quién hace las decisiones y quién controla los ingresos.
 
Los partidos de izquierda tienden a acusar a los movimientos de naciones indígenas que entran en conflicto con ellos de ser, a sabiendas o no, peones (si no es que agentes) de los partidos nacionales de derecha, y de las fuerzas exteriores, en particular Estados Unidos. Los movimientos de naciones indígenas que se oponen a los partidos de izquierda insisten en que actúan en favor de sus propios intereses y de su propia iniciativa, y acusan a los gobiernos de izquierda de actuar como los gobiernos conservadores de antaño sin una real consideración de las consecuencias ecológicas de sus actividades desarrollistas.
 
Recientemente pasó algo interesante en Ecuador. Ahí, el gobierno de izquierda de Rafael Correa, quien de entrada ganó el poder con el apoyo de los movimientos de naciones indígenas, a últimas fechas ha entrado en marcado conflicto con ellos. La más aguda división ha sido por el deseo gubernamental de desarrollar los recursos petroleros en una reserva protegida de la Amazonia llamada Yasuní.
 
Al principio, el gobierno ignoró las protestas de los habitantes indígenas de la región. Pero luego, el presidente Correa ha abogado por una ingeniosa alternativa. Él propuso a los gobiernos ricos del norte global que, si Ecuador renunciaba a cualquier desarrollo en Yasuní, estos gobiernos ricos deberían compensar a Ecuador por esta renuncia, bajo el argumento de que era una contribución a la lucha mundial contra el cambio climático.
 
Cuando tal cosa se propuso por vez primera en la cumbre climática de Copenhague en 2009, se le consideró una fantasía. Pero tras seis largos meses de negociaciones, cinco gobiernos europeos (Alemania, España, Bélgica, Francia y Suecia) acordaron crear un fondo que habrá de administrar el Programa de Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas para pagarle a Ecuador el hecho de no desarrollar Yasuní con el argumento de que esto contribuye a la reducción de emisiones de carbono. Ya se habla de inventar un nuevo verbo, yasunizar, para denotar tales tratos.
 
Pero, ¿cuántos acuerdos de éstos se pueden hacer? Hay un punto más fundamental en juego. Éste es la naturaleza del otro mundo que es posible –para utilizar la consigna del Foro Social Mundial. ¿Es ése uno basado en un constante crecimiento económico, aun si es socialista y pudiera elevar el ingreso real de la gente del sur global? ¿O es lo que algunos llaman un cambio en los valores civilizatorios, un mundo de buen vivir?
 
No será un debate fácil de resolver. Entre las fuerzas de la izquierda latinoamericana esto es actualmente un debate. Pero situaciones análogas subyacen en muchos de los jaloneos internos en Asia, África e incluso Europa. Puede volverse uno de los grandes debates del siglo XXI.

Por Immanuel Wallerstein
Traducción: Ramón Vera Herrera
 
 
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Miércoles, 23 Junio 2010 06:35

Superman no será movilero

La comunicación se piensa más veces que menos como un problema de instrumentos e intermediaciones. Modelos que postulan la existencia de esquemas lineales, con emisores, mensajes y receptores, con canales neutros. La comunicación apenas como un insumo para los procesos de construcción de consenso y hegemonía.

Esta lectura, sin embargo, no alcanza para pensar un sistema de comunicación para un proyecto de desarrollo. La comunicación instrumental es marketing, sea político o social, y como marketing desprecia cualquier intento de construir, políticamente, un destino común.

Pensar una comunicación para el desarrollo no puede escindirse de dos cuestiones que han sido centrales desde que el mundo es “moderno”. La primera es el poder. La segunda es la construcción colectiva de lo público. En nuestras sociedades hipermediatizadas, en las que la percepción de lo comunicado predomina por sobre la percepción directa del mundo, la construcción de poder se relaciona directamente con la construcción mediatizada del espacio público.

Lo público moderno se ha manifestado a través de dos vertientes: el espacio físico y el espacio virtual. El primero delimitó a los Estados, el segundo consolidó sus identidades. Es lo que Benedict Anderson llama la “comunidad imaginada”, hoy conocida como comunidad virtual. La virtualidad de esta comunidad no está dada por el soporte de mediatización de la interacción (desde la prensa a Internet), sino por la creencia común de pertenencia a un mismo espacio. En el siglo XVIII, esa virtualidad se construía a través de la prensa escrita. Hoy, la versatilidad tecnológica hace que lo virtual se manifieste de múltiples maneras y que cobre un peso que opaca a lo material. El medio, para jugar con McLuhan, no es ya el mensaje, sino el territorio.

Con la metamorfosis de los actores mediáticos de políticos a empresarios (de Marat a Magnetto, de Moreno a Murdoch), se produce una privatización efectiva del espacio público, a caballo de la mitología de la prensa (institución) y el periodismo (profesión) como guardianes de la democracia. Esa mitología es la que hoy entra en cuestión. El próximo Superman no será un movilero.

Pensar la comunicación en nuestras sociedades remite, en lo estructural, a las condiciones ideales de un espacio en el que se pueda lograr acuerdos acerca de un modelo de desarrollo. En lo estructural, se trata de la recuperación del espacio público para el público. Lo público como un espacio común al cual es posible acceder por el simple hecho de ser ciudadano, donde los actores pueden comunicarse, mirarse, interactuar. Existen al menos dos lugares desde donde lo público-mediático se construye. El primero es la regulación del espectro radiofónico por parte de su propietario: el Estado, como representante de la ciudadanía. La libertad de expresión –o su pariente mayor, el derecho a la comunicación–- no requiere un Estado que proteja libertades negativas sino que, en resguardo de un derecho social tanto individual como colectivo, intervenga en la creación de las condiciones de existencia de los medios materiales para que la expresión sea posible en los niveles de escala de un momento histórico determinado.

El segundo lugar desde donde se construye lo público-mediático es en el manejo de los medios públicos, el patrón-oro para todo el sistema mediático. Los medios del Estado tienen la virtud y la ventaja de no tener que representar más que al Estado-Nación como proyecto histórico-político. Tal condición los obliga a generar los marcos de pluralidad más amplios que puedan existir.

En la coyuntura, el debate argentino en torno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en octubre de 2009 será posiblemente una referencia aquí y en otras partes del mundo en relación con el rechazo a un modelo de comunicación que defiende intereses privados más que públicos. La discusión, sin embargo, se debe una segunda parte (rica pero más compleja): cómo será el patrón de re-regulación del espectro de voces, cuáles los criterios de mediano y largo plazo, cuál el horizonte y el rumbo de la acción estatal, cómo se definirá el Estado en su rol comunicacional y desde dónde y cómo aportará la comunicación a un proyecto de desarrollo inclusivo y equitativo. Nada de esto será posible mientras la guerra (mediática en este caso) nuble los ojos. Pero si la guerra se gana, habrá que tener un plan para la paz.

Por Marcelo J. García y Luis López , coordinadores del Departamento de Comunicación de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, Capítulo Buenos Aires (SID-Baires).
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Para hacer frente a la crisis mundial y poder defenderse de las trasnacionales, la economía de los países dependientes no puede prescindir del reforzamiento del papel del Estado. No sólo está en el orden del día defender los bienes públicos y recuperar el control sobre las palancas fundamentales para el desarrollo: el aparato estatal también debe remplazar a los capitales privados, a veces mediante empresas mixtas con éstos, en actividades de importancia estratégica para el desarrollo o de gran importancia social y en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías compatibles con la defensa del ambiente. En esa medida, durante todo un periodo, se necesita más y no menos intervención económica del Estado en la economía, como productor y como fijador de precios de sostén para los bienes de los pequeños productores rurales y como regulador de los precios al consumo de los de primera necesidad, para mantener el poder adquisitivo de la población, así como la salud pública y el nivel de vida en las ciudades, donde se ubica la mayoría de los habitantes. Como en Bolivia, como en Venezuela, como en Ecuador o Argentina, es inevitable, pues, pasar por una fase de industrialismo, en parte incluso de producción nacional costosa de productos que hoy se importan y, en algunos países donde el grueso de la intervención del capital nacional está en manos del Estado, no se puede evitar que la transición pase por una fase de capitalismo de Estado (o sea de un Estado aún capitalista pero sin o contra los capitalistas, trasnacionales o nacionales).

La oposición al grueso del capital –nacional y extranjero– de los gobiernos llamados progresistas que encaran esta política no lleva, sin embargo, automáticamente ni a la eliminación de la explotación de la naturaleza ni a la de los asalariados. Cuando mucho, y en el mejor de los casos, se comienza a abrir camino a una transición a un sistema más democrático y justo y a una relación sensata, no extractiva y depredadora, de los recursos. En el peor, el desarrollismo puede llevar en cambio a un aumento de la minería a cielo abierto, sobre todo de las minas de oro, dados los precios de la onza de ese metal, como sucede en casi toda América Latina, o a una extracción brutal de combustibles no renovables, sin consideración ambiental alguna, como se está viendo con el aumento de la producción de carbón, que es más barato y abundante que el gas o el petróleo.

Eso lleva a rupturas en el bloque popular y a realineamientos en el mismo. Por ejemplo, la protesta indígena en Ecuador por la ley de aguas o por la defensa de los bosques crea una oposición ambientalista y democrática al gobierno que, en ciertas condiciones, podría incluso ser utilizada por el imperialismo y la derecha ecuatoriana en contra de aquél.

Se plantea además quién y hasta dónde controla los recursos: ¿la población local, en el caso de las autonomías indígenas, como lo hacen los inuit en Canadá, o el Estado central, que debe utilizarlos para su política redistributiva y de desarrollo? Surge igualmente el bloque ideológicamente conservador sindicatos-gobierno desarrollista, con sus planes de empleo basados en la producción minera, que se opone mediante la violencia, como en Mendoza, Argentina, a la defensa ambientalista –o sea al otro bloque, el que forman agricultores, pequeños comerciantes, pobladores urbanos, estudiantes e intelectuales– que lucha por preservar el territorio que las minas devastarían, y sobre todo del agua, que esa explotación envenena y torna escasa.

En la fase en la que el capital trasnacional va por los bienes comunes y recurre a un despojo puro y simple del agua y del territorio, peor que el que preparó la primera Revolución Industrial, los piratas internacionales se apoyan sobre la necesidad de los gobiernos progresistas de obtener divisas fuertes y de diversificar la economía y también sobre la gran demanda por trabajo, en cualquier condición y a cualquier costo social o ambiental. Es decir, se apoyan en la visión capitalista de los primeros y en la aceptación por grandes grupos de trabajadores y por sus direcciones sindicales, de los valores capitalistas.

Surge así una contradicción entre el ambientalismo democrático y de masas, por un lado, y el gobierno y los sindicatos (de trabajadores hoteleros, de la construcción, del transporte, del comercio) –como en Entre Ríos, Argentina, en el caso de la protesta de años en Gualeguaychú contra la papelera Botnia sobre el río Uruguay y en Uruguay–, contradicción que impide defender y reorganizar el territorio y que incluso da margen para una posible utilización derechista de una protesta y acción democrática genuina.

Si los gobiernos no sometidos al capital financiero internacional no desarrollan, al mismo tiempo, una política industrialista y una investigación real sobre cuáles podrían ser las bases de una economía alternativa, con productos, tecnologías y consumos no despilfarradores ni depredadores de los recursos, no podrán atenuar esa contradicción. El obrero no sólo busca trabajo y es asalariado: también es consumidor, vecino, ser pensante. Si pudiese trabajar en algo no contaminante ni dañino, lo haría. Si debe fabricar armas, químicos, automóviles de lujo o comida chatarra es porque debe comer. Para que no pierda oportunidades de trabajo y no dañe el ambiente hay que ofrecerle otro tipo de actividades productivas: no plantas termoeléctricas, sino electricidad generada por las mareas patagónicas o por los vientos o el sol, no fábricas de autos individuales sino de ferrocarriles o transportes colectivos. La investigación científica debe ser orientada hacia el desarrollo de productos que ahorren materias primas minerales y energía, que no sean desechables en pocos años, que nazcan de industrias no contaminantes. Sobre todo, es indispensable preparar ya el cambio de modelo energético, basado por entero en los combustibles no renovables.

Por Guillermo Almeyra
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Con una gran capacidad pedagógica y sin caer jamás en la histeria anticapitalista o en la denuncia incendiaria embebida en otras ideologías, Kempf plantea una evidencia ante la cual el ser humano cierra los ojos: la humanidad se dirige hacia su pérdida llevada por un modelo político y económico que terminó por contaminar y agotar la esencia misma de la vida. ¿Cómo sobrevivir a semejante cataclismo? De una sola manera, dice Kempf: rompiendo las amarras que nos ligan al capitalismo. Kempf demuestra que el capitalismo actual, enredado por la corrupción, la gula, la ceguera y el apetito especulativo de sus operadores es el responsable de la crisis ecológica que amenaza la existencia misma de nuestra aventura humana. El único remedio es, dice Kempf, romper su lógica, restaurar e inventar otros valores antes que un cataclismo nos trague a todos. Hoy, el sistema capitalista ni siquiera es capaz de garantizar la supervivencia de las generaciones futuras. 
 
–En su libro anterior, Cómo los ricos destruyen el planeta, usted expuso un aspecto del saqueo de nuestro planeta. En esta segunda obra, usted formula a la vez una denuncia implacable sobre los estragos causados por el sistema al planeta y propone una metodología para atenuar la crisis del medio ambiente.
 
–Estamos al mismo tiempo en una situación de crisis ecológica extremadamente importante, con una dimensión histórica nunca vista antes, y en un sistema económico que no cambia pese a que todos los indicadores ecológicos están en rojo. La clase dirigente, que yo llamó la oligarquía, eligió no tomar las medidas necesarias para atenuar la crisis ecológica porque quiere mantener sus privilegios, su poder y sus riquezas exorbitantes. La oligarquía sabe perfectamente que para ir hacia una política ecológica habría que poner en tela de juicio sus ventajas. Para la filosofía capitalista todas las relaciones sociales están garantizadas únicamente por el intercambio de mercaderías. Para salir de esa situación y volver a una política ecológica y de justicia social hay que trabajar los valores de cooperación, de solidaridad, de bien común, de interés general.
 
–Hay así dos cataclismos simultáneos: el agotamiento del sistema económico y el agotamiento de los recursos naturales y los cambios del clima. Ambos podrían desembocar en un enfrentamiento.
 
–Ya estamos constatando ese enfrentamiento. La oligarquía mantiene un modelo cultural de hiperconsumo que difunde al conjunto de la sociedad a través de la televisión, la publicidad, las películas. Ese modelo tiene que cambiar, pero está tan arraigado en la manera de vivir de la oligarquía con su enorme acumulación de riquezas que ésta se opone a esos cambios. Un millonario nunca aceptará andar en bicicleta porque su modelo, su poder, su prestigio, es el auto caro. Si queremos atenuar la crisis ecológica, ése es el modelo que debemos romper. Es necesario reducir el consumo material y el consumo de energía. Estamos entonces en plena confrontación entre la ecología y la justicia, por un lado, y, por el otro, una representación del mundo totalmente inadaptada a los desafíos de nuestra época.
 
–¿Acaso la defensa del medio ambiente, todo lo que está ligado al clima, no puede llegar a convertirse en una nueva forma de plataforma política pero ya no marcada por la ideología?
 
–Desde luego que sí, tanto más cuanto que estamos en una situación histórica que nos impone esa plataforma. La crisis ecológica que estamos viviendo es un momento histórico. Es la primera vez en la historia de la humanidad que la humanidad se topa con los límites de los recursos naturales. Hasta ahora, la naturaleza nos parecía inagotable, y ello permitió la aventura humana. Pero desde hace una generación comprendemos que hemos llegado a un límite, entendemos que la naturaleza puede agotarse y que la humanidad, la civilización, debe establecer un nuevo lazo con su medio ambiente, con la naturaleza, la biosfera. El momento es a tal punto histórico que en un corto plazo, 20 o 30 años, éste es el tema que dominará todas las cuestiones políticas. Ese es el elemento clave de toda política que, sin ideologías, busque definir un post capitalismo ecológico y social. En no más de dos décadas debemos cambiar nuestra sociedad para enfrentar el desafío del muro ecológico al que la cultura humana está confrontada. Estamos obligados a realizar una mutación cultural, no sólo en la forma de concebir la sociedad, es decir, el desprendimiento de esa cultura capitalista que se volvió mortífera, sino también en la manera en que interrogamos la cultura occidental y esa dicotomía existente entre naturaleza y cultura. Hemos pasado a otro momento histórico.
 
–Pero hoy tenemos una suerte de paradoja general: estamos en un sistema capitalista ultra individualista y competitivo al mismo tiempo que vivimos en una sociedad de colectivización de la información y de contacto a través de Internet.
 
–Internet y la comunicación directa entre individuos no tienen aún el suficiente contrapeso. El poder capitalista no sólo controla los flujos financieros o el poder económico, también controla los medios de comunicación y ello impide que exista una verdadera expresión de la crítica social o la difusión de visiones alternativas. Internet es, por el momento, una sopapa de seguridad a través de la cual la crítica social y la crítica ecológica, que ahora empiezan a ir juntas, comienzan a tener canales de información independientes. Sin embargo, por ahora esa utilidad es mucho menos potente. Las capacidades de información alternativas de Internet o de los libros y revistas son todavía débiles frente a los medios dominantes, en especial la televisión, que está en manos de la oligarquía y que imprimen en la sociedad una visión controlada, dirigida y convencional de las cosas.
 
–Usted señala también los límites de la ilusión tecnológica. Usted demuestra cómo la oligarquía nos hace creer que la tecnología va a resolver todos nuestros problemas y cómo y por qué se trata de una mera ilusión destinada a perpetrar el sistema.
 
–El sistema capitalista quiere creer que vamos a resolver los problemas, en particular el del calentamiento global, recurriendo a los agrocarburantes, a la energía nuclear, a la energía eólica y a unas cuantas tecnologías más. Es cierto que esas tecnologías pueden jugar un papel, pero de ninguna manera están a la altura del desafío que nos plantea el calentamiento del planeta. Y no es posible que sea así porque, por un lado, el plazo y la dificultad para llevarlas a la práctica requieren demasiado tiempo para asumir las transformaciones necesarias. Los cambios climáticos se producen ahora a una velocidad muy alta y de aquí a unos diez años ya tenemos que haber cambiado de rumbo. Por otra parte, todas esas técnicas, si bien algunas tienen efectos favorables, también tienen efectos secundarios muy dañinos que no podemos ignorar. Resulta obvio que es necesario seguir investigando nuevas tecnologías, pero no podemos poner la tecnología en el centro de las acciones que deben emprender nuestras sociedades. En lo esencial, para prevenir la agravación de la crisis ecológica es preciso reducir el consumo material y el consumo de energía. Esa es la solución más directa. Pero ese cambio profundo de orientación de nuestras sociedades sólo se hará si el esfuerzo es compartido de manera equitativa, y ello pasa por la reducción de las desigualdades. Nadie aceptará cambiar su modo de vida si al mismo tiempo seguimos viendo a millonarios con Mercedes enormes, barcos gigantescos y aviones privados. Aclaro que reducir el consumo material y de energía quiere decir que vamos a desplazar, a reorientar nuestra riqueza colectiva.
 
–Usted dice al respecto que el porvenir no está en la tecnología sino en el armado de una nueva relación social.
 
–La cuestión que está en el centro de nuestras sociedades consiste en saber cómo los individuos se piensan a sí mismos y cómo piensan a los demás. Por eso debemos salir de esta visión individualista y competitiva, de esa visión del crecimiento indefinido. La pelea se juega en la cultura: se trata de saber qué es lo que define una conciencia común.
 
–Usted se burla con mucha pertinencia de ese discurso de protección del medio ambiente que tiende a hacer de cada individuo un militante ecologista siempre y cuando éste lleve a cabo ciertos gestos –dividir la basura, por ejemplo– individuales. Usted define ese método también como un engaño de la oligarquía.
 
–Sí, hay un discurso que dice “si cada uno de nosotros hace un esfuerzo” eso resolverá las cosas. No. Desde luego que consumir menos agua y andar menos en auto ayuda, pero ese enfoque individualista no resuelve nada. ¿Por qué? Pues porque en el fondo hay una cuestión política: si yo decido circular en bicicleta pero el gobierno y las grandes empresas deciden construir nuevas autopistas de nada servirá que yo circule en bicicleta. Además, decirle a la gente que es ella quien hará avanzar las cosas con pequeñas acciones individuales equivale a permanecer en el esquema individualista, que es el del capitalismo. No resolveremos nada con soluciones individualistas sino mediante una concertación colectiva y con actos colectivos.
 
–Para usted existe un lazo primordial entre la crisis ecológica y la libertad, por eso resalta que es importante salvar la libertad contra la tentación autoritaria del capitalismo.
 
–En el curso de su historia, el capitalismo estuvo asociado a la libertad, a la democracia. Incluso en el período de la Guerra Fría el capitalismo estaba asociado al mundo libre y a la democracia en su lucha contra la Unión Soviética. Pero luego de la desaparición de la URSS, el capitalismo perdió su enemigo. Ahora empezamos a notar, en el pensamiento de la oligarquía, una negación de la democracia y un abandono de la idea según la cual la democracia es algo positivo. Estamos en un período donde los capitalistas no están de acuerdo con la democracia. Al contrario, consideran que la democracia es para ellos algo peligroso porque, evidentemente, una sociedad democrática pone en tela de juicio el poder y, por consiguiente, pondrá en peligro la oligarquía. Hemos tenido un ejemplo de ello con la administración de George Bush. Las democracias de los países del Norte, Estados Unidos y Europa, están cada vez más enfermas, más debilitadas.
 
–¿En qué plano se inscribe la ecología en esta crisis de la democracia?
 
–Las tensiones ecológicas se están agravando cada vez más y al mismo tiempo la oligarquía persiste en querer mantener un orden social basado en la desigualdad. La tentación de recurrir a medios cada vez más policiales es cada vez más grande: vigilar la población, a los opositores, tener ficheros inmensos, mandar mucha gente a la cárcel, a cambiar, restringiéndolos, los textos de ley relativos a las libertades individuales y de expresión. Si la sociedad no se despierta y no logramos que avancen nuestras ideas sobre la justicia social para hacer frente a la crisis ecológica, la oligarquía, enfrentada al peligro ecológico, caerá en la tentación de utilizar medios más y más autoritarios.
 
–Eso fue lo que vimos en directo en la conferencia sobre el clima que se llevó a cabo en Copenhague. ¡La policía reprimió a mansalva a los representantes de las ONG invitadas por la misma ONU! ¿Acaso Copenhague no ha sido una visión de nuestro futuro?
 
–Absolutamente, es así. En Copenhague se operó además una convergencia entre el movimiento ecologista y los militantes antiglobalización, movimiento basado en los valores de justicia social. Eso quiere decir que ahora la cuestión del cambio climático se plantea en términos políticos. Lo segundo, hubo muchas manifestaciones, a menudo muy alegres, imaginativas y no violentas, que fueron reprimidas de manera tan sutil como peligrosa. En Copenhague vimos la experimentación de una suerte de dictadura blanda que la oligarquía está aplicando. Copenhague ha sido una cita importante porque allí se afirmó algo esencial: la contrasociedad se manifestó allí de manera mundial.
 
Por Eduardo Febbro
Desde París
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Sábado, 10 Octubre 2009 17:58

Los países ricos y el Protocolo de Kyoto

Los desastres naturales ocurridos la semana pasada en Asia -inundaciones en Manila, un tsunami en Samoa y un terremoto que dejó más de mil muertos en Sumatra- deberían haber reactivado las negociaciones sobre clima de las Naciones Unidas en Bangkok. Pero, en cambio, los países en desarrollo fueron el blanco de las críticas de los países ricos, que aparentemente pretenden enterrar el Protocolo de Kioto.

En las salas de convenciones de las Naciones Unidas las negociaciones fueron tormentosas. Los países desarrollados dieron una desagradable sorpresa tras otra, conmocionando a las delegaciones de los países en desarrollo por la audacia y agresividad del ataque.

Quedó claro que la mayoría de los países desarrollados no están dispuestos o no pueden hacer su parte en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En cambio, descargan la responsabilidad en los países en desarrollo, contrariando con ello las normas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto.

Peor aun, ahora se hace patente también que los países ricos quieren

tirar por la borda el propio Protocolo de Kioto, un acuerdo que llevó muchos años construir y que es la piedra angular para comprometer a los países a reducir sus emisiones, colectiva e individualmente.
Si eso ocurriera sería una calamidad ya que seguramente no habría con qué reemplazarlo, al menos por algún tiempo. Mientras tanto, las emisiones continúan, la temperatura del planeta seguirá aumentando y los efectos se multiplicarán.

Es irónico que esto ocurra cuando el tema del cambio climático pasó a la primera plana de la agenda mundial y los últimos informes científicos indican que la situación es peor a la pronosticada hace dos años por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

Las conversaciones de Bangkok transcurren por dos vías: las negociaciones sobre los objetivos de reducción de las emisiones de los países desarrollados desde 2013 a posiblemente 2020 en el marco del Protocolo de Kioto, y las medidas de cooperación a largo plazo.

Hasta ahora los compromisos de los países desarrollados son extremadamente bajos. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático estima que deben reducir sus emisiones de veinticinco a cuarenta por ciento para 2020 (comparadas con los niveles de 1990).

Los países en desarrollo reclaman una reducción global de al menos cuarenta por ciento. La reducción combinada resultante de las promesas nacionales realizadas por los países desarrollados se ubica entre dieciséis y veintitrés por ciento, excluido Estados Unidos, o entre once y dieciocho por ciento, incluido Estados Unidos.

El presidente del grupo de trabajo especial sobre el Protocolo de Kioto, John Ashe, hizo un análisis cáustico de la situación. De no subsanarse el desfase entre las promesas de los países desarrollados y las reducciones requeridas, “el 18 de diciembre [último día de la Conferencia de Copenhague sobre el Cambio Climático] seremos el hazmerreír”, afirmó.

Los pequeños estados insulares dijeron que esos compromisos tan mínimos darían lugar a un aumento de la temperatura de tres grados o más, la cual tendría consecuencias catastróficas. En general se acepta que el aumento de la temperatura debe limitarse a dos grados por encima del nivel preindustrial y, según los últimos datos, para evitar un desastre no debería sobrepasar 1,5 grados.

El embajador de China, Yu Qingtai, dijo que si no existe voluntad política no habrá avances, por más negociaciones que haya. Y subrayó que existen “esfuerzos concertados para socavar, cuestionar y destruir el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es la base de la cooperación internacional en materia de cambio climático”.

Ese principio reconoce que los países desarrollados son responsables de la mayoría del dióxido de carbono volcado a la atmósfera y que deberían tomar la delantera en la reducción de las emisiones, así como ayudar a los países en desarrollo mediante financiamiento y tecnología para que también adopten medidas.

Los países desarrollados adoptaron la semana pasada las siguientes iniciativas, que tomaron por sorpresa a los países en desarrollo:
* Propusieron liquidar el Protocolo de Kioto (que obliga a los países desarrollados a establecer metas obligatorias de reducción de emisiones) y sustituirlo por un nuevo acuerdo. Estados Unidos, que no es miembro del Protocolo de Kioto, quiere tener sólo un objetivo nacional sin vincularlo a un tratado mundial.
Parece que su posición ganó con respecto a otros países desarrollados.
* Se habrían negado a que haya un segundo período de compromisos en el marco del Protocolo de Kioto, después de la finalización del primer período en 2012. Para el primer período los países aceptaron reducir sus emisiones combinadas en cinco por ciento (de 1990 a 2012).
* Enfatizan que los países en desarrollo tienen responsabilidades “comunes”, un código para incluir a los países en desarrollo en las obligaciones de reducción de emisiones, mientras que minimizan las responsabilidades “diferenciadas” que reconocen que estos países han cumplido un papel marginal en las emisiones históricas y necesitan espacio para el desarrollo económico.
* Si bien la convención sobre el clima obliga a los países desarrollados a cumplir con los costos adicionales de las medidas adoptadas por los países en desarrollo para combatir el cambio climático, insisten ahora en que estos últimos también deben contribuir a los fondos públicos mundiales.
* Intentan dividir a los países en desarrollo creando nuevas categorías, como “países en desarrollo adelantados” (que estarían sujetos a disciplinas de reducción de emisiones y recibirían escasos fondos públicos mundiales) y “países especialmente vulnerables” (a los que se les prometería financiamiento mundial).
Las definiciones y criterios de cuál es adelantado o vulnerable son arbitrarias y no han sido acordadas.
* Algunos países desarrollados clave, como Estados Unidos y Francia, están dispuestos a utilizar el proteccionismo comercial en nombre del cambio climático para bloquear las exportaciones de los países en desarrollo mediante aranceles, con el argumento de que no están haciendo lo suficiente para reducir sus emisiones.

Los países en desarrollo están consternados con esas iniciativas, presentadas a pocos días de la Cumbre de las Naciones Unidas, en Nueva York el 22 de setiembre, en la que tantos líderes políticos hicieran firmes promesas de cooperar en la lucha contra el cambio climático. Antes de la conferencia de Copenhague sobre el cambio climático, del 7 al 18 de diciembre, habrá sólo diez días de negociaciones: cinco esta semana y otros cinco en noviembre, en Barcelona.

Por Martin Khor, fundador de Third World Network (TWN), es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.


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Martes, 06 Octubre 2009 09:13

Maravillas móviles

Mientras pone a su bisnieto a saltar sobre su rodilla, Mary Wokhwale señala sus alrededores en su casa de Bukaweka, una aldea de Uganda. Vivo de mi celular, dice. En 2003 fue una de las primeras 15 mujeres de su país en volverse operadora de un teléfono de aldea. Gracias a un microfinanciamiento, pudo comprar un aparato y una antena montada en el techo para conseguir una señal confiable. Comenzó a dar el servicio a sus vecinos, cobrando una pequeña cantidad por llamada. Eso le permitió devolver el préstamo y adquirir otro aparato. Luego pudo comenzar un negocio de venta de cerveza, abrir una tienda de discos y videos y ayudar a otros miembros de su familia a pagar la escuela de sus hijos. El negocio se ha reducido un poco en los dos años pasados, pues al bajar el precio de los celulares muchos aldeanos pudieron comprar el suyo, pero la vida de Mary ya se ha transformado.

La señora Wokhwale prosperó porque hacer y recibir llamadas telefónicas es tan importante para las personas, que hasta las más pobres están dispuestas a pagar por ellas. En lugares con caminos deficientes, correos poco confiables, trenes escasos y filas interminables, los teléfonos celulares remplazan los traslados, permiten acceso rápido y fácil a información sobre precios, facilitan a los comerciantes alcanzar mercados mayores e impulsan la creación de negocios. Un estudio del Instituto Mundial de Recursos descubrió que al elevarse los ingresos en el mundo en desarrollo, el gasto en teléfonos móviles por hogar crece más rápido que el que se hace en energía, agua y prácticamente cualquier otro consumo.

La razón por la que los móviles son tan valiosos para personas de países pobres es que por primera vez dan a acceso a telecomunicaciones, en vez de ser sólo adiciones a los teléfonos de línea fija, como en los países desarrollados. Para ustedes es un complemento: acá es una revolución, dice Isaac Nsereko, de MTN, el mayor operador en África. Según un estudio reciente, aumentar 10 teléfonos móviles por cada 100 personas en un típico país en desarrollo eleva el crecimiento del PIB en 0.8 puntos porcentuales.

En 2000 los países en desarrollo representaban más o menos la cuarta parte de los 700 millones y pico de teléfonos celulares del mundo. A principios de 2009 su proporción se había elevado a tres cuartas partes de un total que para entonces llegaba a 4 mil millones (ver tabla 1). Eso no significa que hoy 4 mil millones de personas tengan celular, porque muchos en países tanto ricos como pobres poseen varios teléfonos o tarjetas módulos de identidad de suscriptor (SIM, por sus siglas en inglés), los minúsculos chips que identifican a un suscriptor con la red móvil. Carl-Henric Svanberg, jefe ejecutivo de Ericsson, el mayor fabricante mundial de aparatos de telecomunicaciones, calcula que el número real de personas con teléfonos móviles está cerca de 3 mil 600 millones.

Es difícil contar con cifras exactas, sobre todo porque continúa el rápido crecimiento de suscriptores. En los 12 meses que concluyeron en marzo de 2009 firmaron contrato 128 millones más en India, 89 millones en China y 96 millones en toda África, según la consultora especializada TeleGeography. Los números en Indonesia, Vietnam, Brasil y Rusia también crecieron con rapidez (ver tabla 2). China es el mayor mercado mundial de telefonía móvil, con más de 700 millones de suscriptores. India es el que suma más cada mes: 15.6 millones sólo en marzo. Y África es la región con la tasa más veloz de crecimiento de suscriptores. Ahora que los mercados del mundo en desarrollo están saturados, los pobres rurales en el mundo en desarrollo representarán la mayor parte del crecimiento en los años por venir. El total llegará a 6 mil millones hacia 2013, según el grupo industrial GSMA, y la mitad de esos usuarios estarán en China e India.

Todo esto transforma la industria de telecomunicaciones. En unos años su centro de gravedad se ha desplazado del mundo desarrollado a los países en desarrollo. Los mayores cambios ocurren en los lugares de mayor pobreza, como la zona rural de Uganda.

Tres tendencias en particular reconfiguran el panorama de las telecomunicaciones. Primero, la expansión en los países en desarrollo se ha visto acompañada de la elevación de operadores locales de telefonía móvil en China, India, África y Medio Oriente, que rivalizan o superan en tamaño a los de la industria occidental. Estos operadores han desarrollado nuevos modelos de negocios y estructuras industriales que les permiten obtener ganancias dando servicio a clientes que gastan poco, con los cuales las firmas occidentales no se molestan. Los operadores indios están a la cabeza, y ahora operadores de otros países, ricos y pobres, adoptan algunos aspectos del modelo indio. La extensión de este modelo podría poner los celulares al alcance de un número aún mayor de pobres en el mundo.

La segunda tendencia es el surgimiento de los dos principales fabricantes chinos de equipo de telecomunicación, Huawei and ZTE, que han entrado en el escenario mundial en los cinco años pasados. En un principio se les despreciaba como fabricantes de equipos baratos de mala calidad, pero han ganado fama de calidad e innovación, lo cual ha dado una sacudida a los fabricantes occidentales. La víctima más reciente fue Nortel, alguna vez la empresa más valiosa de Canadá, la cual se declaró en quiebra en enero pasado. Al concentrarse en mercados emergentes, Huawei and ZTE están en buena posición para expandir su proporción del mercado con el aumento de suscriptores y la elevación de las redes de tecnología de segunda (2G) a tercera generación (3G), sobre todo en China e India.

La tercera tendencia es el desarrollo de nuevos servicios basados en telefonía, aparte de llamadas y mensajes de texto, que ahora se vuelven viables dado que los móviles son cada vez más accesibles. En los países ricos la mayoría de estos servicios giran en torno de asuntos triviales como bajar música y juegos electrónicos. En los países pobres, servicios como asesoría agrícola, atención a la salud y transferencias de dinero vía celular podrían aportar enormes beneficios económicos y al desarrollo. Más allá de eso, en los próximos años las redes móviles y los servicios de cómputo de bajo costo permitirán ofrecer los beneficios del pleno acceso a Internet a las personas del mundo en desarrollo.

Cada una de estas tendencias es significativa en sí misma, pero también tiene consecuencias para países ricos y pobres. Juntas podrían originar una segunda ola de desarrollo económico impulsada por la telefonía móvil, tan poderosa como la que surgió tras el lanzamiento de esta tecnología. Su expansión en países pobres no sólo está reconfigurando la industria: está cambiando el orbe.

Fuente: EIU

Traducción de texto: Jorge Anaya

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Zacatecas, Zac., 30 de septiembre. Es urgente que el mundo actual cambie radicalmente la forma en que aborda y resuelve los problemas ambientales y sociales simultáneamente, porque de lo contrario, el planeta será insostenible, afirmó Mario Molina, premio Nobel de Química, en el Foro sobre Cambio Climático.

El investigador mexicano puso de ejemplo la pregunta: “¿Qué pasaría si China continúa su ritmo de desarrollo económico durante 30 años? Se acabaría la mayoría de los granos de todo el planeta”.

Ante más de tres mil estudiantes, académicos e investigadores, reunidos en el Palacio de Convenciones, donde durante dos días se debatió sobre las principales medidas que gobiernos y sociedades deberán acatar para revertir el calentamiento global, Molina dijo: “El problema es que somos 6 mil 500 millones de habitantes” y hay una depredación generalizada de los ecosistemas terrestres y marinos. Además, con las excesivas emisiones de dióxido de carbono (CO2) se está rompiendo el equilibrio climático de la Tierra.
Composición química

Explicó que además “de que la composición química de la atmósfera está cambiando por la concentración de los gases, por la quema de combustibles fósiles y por el metano, que se produce por fermentación anaeróbica”, se ha encontrado otro gas: el óxido nitroso, que se produce por los fertilizantes químicos, los cuales es urgente sustituir, por ejemplo, con biofertilizantes.

Agregó que aunque el cambio climático responde a distintos factores y tiene variables dinámicas complejas, hay más de 95 por ciento de probabilidad de que ocurra “a causa del cambio de composición química” de la atmósfera.

Molina se refirió a “la idea de la tragedia de los comunes: hay un bien público que es el que afectamos: el planeta; estamos acabando con él. Todos salimos perdiendo”.

Concluyó: “El reto enorme es asegurar que esas tres cuartas partes de la población tengan un nivel de vida adecuado, sin dañar el medio ambiente”.

Por Alfredo Valadez Rodríguez, corresponsal
 

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Martes, 29 Septiembre 2009 06:25

Mal clima para el desarrollo

En Occidente se habla mucho de que los países pobres contribuyen al cambio climático, aunque la escala de esa contribución sigue causando sorpresa. Los países pobres y de medianos ingresos ya representan poco más de la mitad de todas las emisiones de carbón; Brasil produce más CO2 por cabeza que toda Alemania. Las emisiones durante la vida útil planeada de las plantas de energía de esos países igualarían toda la contaminación generada por la industria en el planeta de 1850 a la fecha.

Se tiene menos conciencia, en cambio, de que el calentamiento global hace mucho más daño a esos países pobres del que ellos le causan al clima. En un informe de 2006, Nicholas Stern calculó que un incremento de dos grados en la temperatura global cuesta alrededor de uno por ciento del PIB mundial. Pero el Banco Mundial, en su nuevo Informe del desarrollo mundial, ahora dice que el costo para África representaría más bien 4% de su PIB, y para India, 5%. Aun si los costos ambientales se distribuyeran al parejo entre todas las personas de la Tierra, los países en desarrollo soportarían 80% de la carga (porque representan 80% de la población mundial). Ya en este momento soportan una carga mayor, pese a que las huellas de carbón de sus ciudadanos son mucho más pequeñas.

Conforme se acerca la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático, que será en diciembre, las naciones pobres expresan alarma por el lento avance de las negociaciones para remplazar el Protocolo de Kyoto.

Calcular el costo del calentamiento global es difícil porque nadie sabe en realidad cuánto atribuir al cambio climático y cuánto a otros factores. Pero una indicación de sus costos crecientes es el número de personas afectadas por desastres naturales en el planeta. En 1981-85, menos de 500 millones de personas necesitaron ayuda por desastres; en 2001-05, el número llegó a mil 500 millones, incluido 4% de la población de las naciones más pobres y 7% de la de los países de medianos ingresos.

En total, según la Organización Mundial de la Salud, el cambio climático causó en 2000 una pérdida de 5.5 millones de años de vida ajustados a discapacidad (una medida de daño a la salud humana), la mayoría en África y Asia. Los cálculos del centro suizo de análisis Foro Humanitario Global, y los de un estudio de la revista científica Comparative Quantification of Health Risks, ubican en 150 mil las muertes adicionales atribuibles al cambio climático cada año. El daño indirecto, en términos de impacto en reservas de agua, cosechas y enfermedades, es mucho mayor.

Los pobres son más vulnerables que los ricos por varias razones. Viviendas precarias, malas condiciones de salud y atención médica inadecuada significan que los desastres naturales de todo tipo los lesionan más. Cuando el huracán Mitch pasó por Honduras, en 1998, los hogares pobres perdieron 15-20% de sus bienes; los ricos, sólo 3%.

El calentamiento global agrava esta situación. También eleva las probabilidades de contraer las enfermedades peligrosas que más prevalecen en países pobres. En muchos lugares se han construido ciudades apenas arriba de la llamada “línea de la malaria”, más allá de la cual los mosquitos portadores del mal no pueden sobrevivir (Nairobi es un ejemplo). El aumento de temperatura permite que los insectos se muevan hacia zonas antes libres de ellos y propaguen una enfermedad que ya es la principal causa de muerte en África. Hacia 2030 el cambio climático podría exponer a 90 millones de personas más a la malaria, tan sólo en África. Los brotes de meningitis en ese continente se relacionan fuertemente con la sequía. Es probable que ambos aumenten. Se prevé que las diarreas se elevarán 5% hacia 2020 en las naciones pobres a causa del cambio climático. El dengue se ha expandido: su incidencia se duplicó en partes de África en 1995-97 y en 2005-07. Se calcula que 60% de la población mundial estará expuesta a esa enfermedad hacia 2070.
Los países pobres son particularmente propensos a inundaciones. Diez de las 15 mayores ciudades del mundo en desarrollo se ubican en zonas costeras vulnerables a la elevación del nivel de los mares o a las marejadas. Entre ellas se encuentran Bombay, Shanghai y El Cairo. En el sur y el este de Asia las cuencas de los ríos han sido asiento de enormes números de personas y gran actividad económica. El cambio climático acaba con las medidas sociales y de otro tipo que antes permitían a naciones y personas hacer frente a las inundaciones. Los presupuestos nacionales apenas si pueden sufragar el costo de mejorar las defensas. Holanda también se ve afectada y gasta 100 dólares por persona al año en protección contra inundaciones. En Bangladesh esa suma es la cuarta parte del ingreso anual per cápita.

La mayor vulnerabilidad es que el aumento de temperatura afecta gravemente las principales actividades económicas del mundo en desarrollo, como la agricultura y el turismo. También parece acelerar el ciclo hidrológico de la Tierra, lo cual causa tanto las sequías como las inundaciones (caen más lluvias en periodos más cortos, con pausas más largas entre ellos). Además, al derretir los glaciares, reduce la capacidad de reserva de la naturaleza. Dos terceras partes de la reserva de agua potable del mundo están en los glaciares.

Por otro lado, las variedades de semillas de alto rendimiento y resistentes a plagas inventadas en la década de 1960 se diseñaron para climas estables. Las semillas naturales resisten mejor las variaciones de temperatura, pero se usan menos. Restaurar su uso significa menos alimento.

Negociación en Copenhague

Si todos estos problemas tienen alguna ventaja, es que dan a países ricos y pobres por igual un interés mayor en mitigar el impacto del cambio climático. Como subraya el Banco Mundial, la política sobre el cambio climático ya no es sólo una simple elección entre crecimiento y bienestar ecológico.

En principio ese giro debería hacer más probable llegar a un acuerdo en Copenhague, pero persisten dos problemas importantes. Uno, los países pobres quieren grandes sumas de dinero. Limitar el calentamiento a 2°C, según cálculos del Banco Mundial, costaría entre 140 mil y 675 mil mdd al año en países en desarrollo. Los 75 mil mdd que costaría adaptarse al calentamiento global (en oposición a detenerlo) superan con mucho los mil millones anuales disponibles para ellos.

Dos, los países pobres ven un acuerdo sobre cambio climático en términos diferentes. Para los ricos el problema es ambiental: los gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera y se deben reducir, de preferencia por medio de las metas de compromiso recomendadas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Los países pobres lo ven como un problema de justicia y de historia: los países ricos son responsables de dos terceras partes de las emisiones de carbono enviadas a la atmósfera de 1850 a la fecha; reducirlas ahora en términos absolutos perpetuaría la injusticia. Por tanto, creen que la reducción debe ser per cápita, no absoluta.

Además, las metas fijadas a escala nacional tendrán poco efecto en los países pobres donde la administración pública funciona mal, por lo cual existe también desacuerdo en cuanto a las condiciones adosadas a cualquier dinero que se aporte para mitigar el cambio climático o adaptarse a él. Para los ricos es una especie de ayuda, destinada a proyectos específicos con metas cuantificables y con condiciones estrictas. Para los pobres es una compensación incondicional por un problema que ellos no causaron.

El costo del cambio climático da a las naciones en desarrollo un gran interés en un acuerdo en Copenhague. Pero cómo sea ese acuerdo, y con cuánto vigor lo impulsarán, es una cuestión por completo diferente.

Fuente: EIU

Traducción de texto: Jorge Anaya
 

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Berlín, 23 de septiembre. El cáncer provoca más muertes en los países en desarrollo que la tuberculosis, la malaria y el sida en conjunto, y un tsunami de la enfermedad amenaza con colapsar a las naciones con menos recursos para combatirla, indicaron expertos.

Mientras sólo alrededor de 5 por ciento de los recursos para el cáncer se destinan a las naciones en desarrollo, la carga de la dolencia es mucho mayor en esos países, señalaron investigadores.

De las 7.6 millones de muertes por cáncer ocurridas el año pasado 60 por ciento se registró en las naciones más pobres.

Los tumores femeninos, como los de mama y útero, que representan más de un cuarto de todas las muertes de mujeres en el mundo, podrían reducirse drásticamente en todos los países de bajos y medianos ingresos si se mejorara la detección, manifestaron.

Hay decenas de millones de personas que viven con cáncer o en riesgo de desarrollarlo en los países de ingresos bajos y medios que no se benefician de los avances científicos, dijo Anne Reeler, quien divulgó un informe sobre esa enfermedad en las naciones más pobres en el congreso europeo ECCO-ESMO, en Berlín.

Reeler señaló que mientras los expertos reunidos en Alemania debaten sobre los avances médicos que ayudarían a los pacientes del mundo desarrollado, los países pobres casi no tienen acceso ni a los tratamientos más básicos.

En Etiopía, por ejemplo, suele ocurrir que cuando las mujeres van a una clínica ya tienen un tumor que sobresale de la mama, indicó la experta.

Estas pacientes han pasado dos años con curanderos tradicionales y usando agua bendita, y cuando llegan a las clínicas es demasiado tarde para hacer algo por ellas, agregó Reeler.

Por lo tanto, terminar con el mito de que el cáncer mata y que no se puede hacer nada con él es realmente importante, manifestó.

Oncólogos prevén que los casos de cáncer en el mundo se duplicarán en los próximos 20 años y estiman que más de la mitad de los 12.4 millones registrados en 2008 se produjeron en los países de bajos y medianos ingresos, tendencias que, estiman, continuará.

David Kerr, quien colaboró en el informe de un grupo internacional de trabajo llamado CanTreat y es profesor de medicina del cáncer en la Universidad de Oxford, dijo que esto era una llamada de alerta para quienes están preocupados por el mundo en desarrollo.

“Si se aproxima un tsunami de cáncer, y seguro que es así, entonces necesitamos empezar a trabajar juntos para desarrollar nuevos modelos de atención y estar preparados para ello en el mundo en desarrollo”, dijo Kerr.

Enfrentamos un fuerte aumento en la carga de cáncer, que caerá predominantemente en los países sin infraestructura ni entrenamiento, ni médicos ni enfermeros, ni nada, añadió.

Estilo de vida, factor de riesgo

Los expertos de CanTreat indicaron en su reporte que los estilos cambiantes de vida, el envejecimiento de la población, la urbanización y las infecciones desempeñan un papel clave en el incremento del cáncer.

El informe instó a los gobiernos de las naciones desarrolladas a trabajar con la industrias farmacéutica y de atención médica en nuevas ideas para mejorar el acceso a los medicamentos contra los tumores y al diagnóstico, que incluyen acuerdos para disminuir los precios de las medicinas.

Los expertos también pidieron a las autoridades de salud de los países de bajos y medianos ingresos que mejoren la educación, para alentar a las mujeres a reconocer posibles signos de la dolencia y a actuar rápidamente y sin temor al estigma si sospechan que están enfermas. Los autores de CanTreat compararon la amenaza actual con la que implicó el sida en los países en desarrollo y el cáncer en las naciones ricas hace varias décadas.

El cáncer en los países en desarrollo es como el cáncer en los estados ricos hace 30 años; había poco que se pudiera hacer y las personas morían estigmatizadas, dijo Joseph Saba, otro miembro de CanTreat. La diferencia es que ahora sabemos qué hacer. Entonces, no, finalizó.
 

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Varios estudios recientes han expuesto diferentes facetas del modelo económico arcaico y predatorio que todavía predomina en la Amazonia brasileña. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por el gobierno federal, las administraciones estatales y municipales, y la sociedad civil –lo que dio como resultado una reducción continua de los índices de deforestación desde 2005–, el hecho es que el 17% del bosque tropical brasileño ya ha sido consumido; y los mecanismos y prácticas que destruyen la biodiversidad, perjudican los servicios ambientales (1), generan conflictos sociales, empobrecen la cultura, marginan poblaciones, agravan el calentamiento global y comprometen la imagen de Brasil, continúan vigentes.

La edición de junio de 2009 de la revista Science (2) incluye un estudio sobre el tema, firmado por investigadores del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), que bautiza este modelo como “boom-colapso”, en alusión al efecto “sube y baja” que caracteriza la economía de la región: grandes ganancias financieras para un pequeño grupo al principio, seguidos de pérdidas y perjuicios para la sociedad en general.

Los investigadores constataron que, en el corto plazo, mejoran los indicadores socioeconómicos, como por ejemplo el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Sin embargo, los beneficios duran alrededor de una década y media, agotándose cuando se terminan la explotación de madera y la productividad de la ganadería. En ese momento, entonces, los municipios pasan a presentar índices de calidad de vida parecidos a los del período anterior a la deforestación, con una diferencia fundamental: perdieron la oportunidad de hacer un uso adecuado de los activos naturales y de crear una economía sostenible con una distribución de la renta más ecuánime. Sumado a eso, heredan suelos degradados, desempleo, concentración agraria, éxodo rural, miseria urbana y, por supuesto, el fin de los bosques y de los recursos naturales disponibles.

El año pasado se publicaron asimismo otros importantes trabajos realizados por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que describen las prácticas deletéreas de poderosos grupos empresariales y sus negocios globales, lo que causó un fuerte impacto en la opinión pública.

En octubre de 2008, la ONG Repórter Brasil redactó una lista de las empresas establecidas en San Pablo que se benefician con el avance predatorio de la actividad agropecuaria y maderera ilegal sobre el bosque, además de mantener relaciones comerciales con propietarios e inversores rurales que explotan el trabajo esclavo. La divulgación del trabajo, titulado “Conexiones sustentables San Pablo-Amazonia: quién se beneficia con la destrucción de la Amazonia” (3), dio como resultado la firma de tres pactos empresariales para el control de las cadenas productivas de la madera, la ganadería y la soja oriundas de la Amazonia.

La organización Amigos de la Tierra-Amazonia Brasileña publicó, en abril de 2008, el informe “La hora de la cuenta – Ganadería, Amazonia y coyuntura” (4), en el que explica que la Amazonia se consolidó como una importante región productora de carne debido a la instalación de megafrigoríficos, financiados con recursos públicos subsidiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil del orden de los 6.000 millones de reales en 2008, un récord histórico. De ese monto, casi nada se destinó al aumento de la productividad y la recuperación de tierras degradadas o abandonadas. El informe muestra incluso que uno de los factores centrales para la viabilidad de la ganadería en las principales regiones productoras de la Amazonia es la invasión y la posesión ilegal de tierras públicas, acompañada de deforestación irregular.

A comienzos de este mes, Greenpeace Brasil divulgó por su parte, después de tres años de estudios, el informe “La farra del buey” (5). Allí, la organización ambientalista revela que la destrucción de la Amazonia se debe mayoritariamente al sector ganadero, responsable de una de cada ocho hectáreas de bosques tropicales destruidas en el planeta. Ese trabajo analiza las fuertes inversiones gubernamentales destinadas a ese sector, con el objetivo de consolidar el liderazgo de Brasil en la exportación de carne bovina y duplicar su participación para alcanzar los dos tercios del mercado mundial de aquí a 2018. El informe hace también una lista de varias empresas nacionales e internacionales que se abastecen de productos de esa cadena productiva ilegal y antiética, y acusa al BNDES de contribuir a la devastación ambiental, en la medida en que financia a los frigoríficos sin exigir contrapartidas ambientales.

La novedad que introdujo el estudio de Greenpeace fue su sociedad con el Ministerio Público Federal para iniciar acciones civiles públicas en el Estado de Pará contra los frigoríficos y las redes de venta minorista citados en el texto. La medida generó diferentes reacciones: grandes cadenas minoristas, como Wal-Mart, Carrefour y Pão de Açúcar, suspendieron las compras a los frigoríficos involucrados, exigiendo a los proveedores trazabilidad y garantías socioambientales confiables para los productos provenientes de la Amazonia. Las entidades ruralistas ya intentaron descalificar el estudio e intimidar a sus autores con procesos judiciales, en lugar de adoptar técnicas productivas sustentables que favorezcan la ganancia de productividad, trazabilidad y recuperación de las áreas degradadas.

A pesar de las evidencias recabadas en los estudios citados y de importantes resultados alcanzados en el ámbito del Programa de Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia, la ideología y las fuerzas que sustentan el modelo predatorio continúan en plena forma debido, especialmente, a la postura equivocada de algunos sectores del gobierno federal y del Congreso Nacional. Teniendo en cuenta las urgencias de nuestro tiempo –sintetizadas por la confluencia del agravamiento del calentamiento global y la situación dramática de las poblaciones pobres en todo el planeta– la persistencia de un patrón de desarrollo arcaico en Brasil –país clave para iniciar el viraje necesario hacia un modelo de base sustentable– es muy preocupante.

Desde los ministerios que definen políticas vitales para la Amazonia llegan discursos y medidas que aumentan esa preocupación, al converger en el desmantelamiento de la legislación ambiental y la defensa de facilidades económicas para sectores que especulan con tierras en la región (6), y al negarse a asimilar métodos que eviten nuevas deforestaciones. Esos sectores fueron premiados recientemente con una regularización agraria que distribuyó más de 60 millones de hectáreas de tierras públicas, buena parte de ellas a personas y grupos que las invadieron y promovieron su deforestación a gran escala. O sea, las autoridades responsables de las políticas de desarrollo tratan a los bosques como un obstáculo y no como un beneficio para la nueva economía del siglo XXI.

 La voz del pueblo

 Tal postura, no obstante, está siendo confrontada por las constantes alertas tanto de respetados formadores de opinión como de la propia sociedad. En una investigación realizada por el Instituto DataFolha en mayo pasado, el 96% de la población brasileña defendió la legislación ambiental y dio un mensaje claro a los productores rurales: pide respetar los límites establecidos por la ley para la protección de bosques, ríos, suelos y biodiversidad (7). Ya no se acepta la justificación de la producción de alimentos a costa de la destrucción ambiental.

Se ha llegado así, a un umbral. El gobierno brasileño necesita hacer una elección clara: liderar una transición que convierta a Brasil en una referencia mundial en la búsqueda de nuevos parámetros de desarrollo, o seguir siendo fiador del pasado, garantizando sobrevida a una concepción de mundo ya superada, que se basa en otorgar privilegios y permitir la sobreexplotación de los activos sociales y ambientales para usufructo de algunos pocos, sin medir las consecuencias.

La investigación de Datafolha mostró que los brasileños quieren empleo, renta y acceso a bienes de consumo, pero no a cualquier precio. Quieren también seguridad ambiental, compromiso ético y visión a largo plazo para crear hoy las condiciones para un salto civilizatorio indeclinable.

En la Amazonia ese dilema se plantea de varias maneras. La explotación ganadera y maderera irregular es sólo uno de los aspectos. Otro, de igual importancia, es la puesta en marcha de obras de infraestructura. El conocimiento acumulado sobre las debilidades del bioma amazónico recomienda cuidados especiales en ese tipo de proyectos, comenzando por el imprescindible proceso de licenciamiento ambiental, hecho en forma y tiempo adecuados. Frente a eso, las maniobras para evitar o flexibilizar los procedimientos exigidos por la legislación con el objetivo de acelerar la aprobación de las obras, como se intenta, por ejemplo, con la ruta BR 319, son inaceptables. La historia enseña que, realizadas en discrepancia con las contingencias ambientales, esas obras son inductoras de procesos económicos y sociales que pueden redundar en verdaderas catástrofes sociales, culturales, ecológicas y económicas en toda el área de influencia del emprendimiento, en vez de generar los beneficios esperados.

Brasil vive un momento crucial, que exige, para que sea posible prosperar, elecciones valientes en pos de un cambio de rumbo y de patrones. Las alternativas ya existen, tienen fuerte base tecnológica, una concepción política e institucional innovadora y sectores de punta dispuestos a superar sus límites adoptándolas. Se trata de un desafío que no es sólo de los brasileños. Se impone a toda la comunidad global. Evidentemente, el país que detenta un patrimonio tan significativo como la Amazonia tiene una misión especial que cumplir.

Una misión domesticadora, en términos del siglo XXI. Si antes, en la historia de la humanidad, domesticar significaba dominar, sojuzgar e imponer, hoy quiere decir tener la capacidad de reinventar la civilización, sumando el ambiente natural como parámetro para la superación de los excesos y equívocos de la sociedad de consumo, en una perspectiva anticipatoria de la sociedad sustentable que se pretende consolidar.

Brasil es candidato natural a ser una gran nación para navegar el futuro y no puede continuar preso de las peores amarras de su historia, sin utilizar plenamente lo que ésta le ofrece como herramienta liberadora: los excepcionales recursos naturales y la igualmente excepcional diversidad social y cultural. A lo largo de las últimas décadas, esta opción ya fue realizada por crecientes contingentes sociales en los espacios académicos, comunitarios, empresariales, de organizaciones de la sociedad civil y en nichos de excelencia del sector público. De esa nueva cultura han emanado continuas demostraciones de que dar el salto cualitativo es posible y viable. Falta la opción decidida de aquellos que tienen mucho poder en el proceso decisorio del país y en la implementación de grandes políticas, es decir, los gobernantes y los sectores empresariales de peso.

 

 

Por Marina Silva, senadora de la República Federativa del Brasil por el Estado de Acre en representación del Partido de los Trabajadores (PT), fue ministra de Medio Ambiente (2003-2008).

Traducción: Claudia Solans


Notas:


 

1 Los servicios ambientales son funciones ecológicas y procesos que aseguran el equilibrio de los ecosistemas y posibilitan la supervivencia y el bienestar de todas las especies en el planeta.

2 Science, Vol. 324, Nº 5.933, Nueva York, junio de 2009.

3 www.reporterbrasil.org.br/documentos/conexoes_sustentaveis.pdf

4 www.amazonia.org.br/arquivos/308285.pdf

5 www.greenpeace.org.br/gado/FARRAweb-alterada.pdf

6 Véase Dario Pignotti, “Polémica diplomacia del cárbono”, en el dossier “Amazonia, el espacio geoestratégico del siglo XXI”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, Buenos Aires, agosto de 2009.

7 http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=891

 
Le Monde diplomatique. Brasil

 

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