Dos bonaerenses frente a un banco reabierto tras la cuarentena por el coronavirus, el 3 de abril de 2020.Agustin Marcarian / Reuters

Antonio Guterres indicó los factores que llevan a subestimar la gravedad del problema.

El mundo se enfrenta a severos problemas de sostenibilidad de la deuda tras la crisis de coronavirus que no han sido debidamente entendidos ni manejados, según ha afirmado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

En declaraciones a The Financial Times, el alto funcionario señaló que la "respuesta al covid-19 y a los aspectos financieros [de la crisis] ha sido fragmentada", así como "demasiado limitada en escala y tardía", mencionando también entre los contratiempos las existentes "divisiones geopolíticas".

Según Guterres, el hecho de que solo seis países fueran incapaces de pagar su deuda externa el año pasado —Argentina, Belice, Ecuador, el Líbano, Surinam y Zambia— ha creado la "ilusión" de estabilidad y "la percepción errónea de la seriedad de la situación".

El funcionario señaló que grandes países emergentes de ingreso medio, como Brasil y Sudáfrica, se han endeudado fuertemente gracias a prestadores nacionales y no inversores extranjeros, a tasas de interés mucho mayores que aquellas de las que gozan los países ricos. Esto hace que los peligros parezcan menos visibles que en las crisis anteriores en los mercados emergentes.

La incapacidad para fortalecer la sostenibilidad de la deuda presenta la "amenaza de que comprometamos la recuperación de las economías en desarrollo con consecuencias catastróficas para la vida de las personas: la expansión de la hambruna y la pobreza, y problemas dramáticos en los sistemas de salud y de educación". Estos, sostuvo, en muchas ocasiones llevan a la inestabilidad, perturbaciones sociales y conflictos. "Ahora todo está entrelazado", subrayó.

El Banco Mundial evalúa que unos 120 millones de personas se han visto bajo el umbral de la pobreza debido a la crisis de covid-19, la mayoría de los "nuevos pobres" se encuentran en los países de ingreso medio. La ONU anteriormente advirtió que el impacto severo a largo plazo de la pandemia podría llevar a la pobreza extrema a más de 200 millones de personas, elevando el número total a más de 1.000 millones de personas para el año 2030.

Publicado: 30 mar 2021 08:53 GMT

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Fuentes: Público [Un hombre se prepara para colgar el cartel de 'Disponible' en el local de una cafetería cerrada durante la pandemia del coronavirus, en el centro de Madrid. REUTERS/Susana Vera]

Los demoledores efectos económicos de la pandemia han obligado a poner en suspenso las políticas neoliberales que se venían aplicando en los últimos cuarenta años. Hasta los acérrimos defensores de la privatización y los recortes de gasto social han reclamado intervención pública masiva, «cueste lo que cueste», para evitar un colapso que la dinámica autónoma de los mercados nunca podría evitar.

Cabe esperar que se haya aprendido algo y que en esta ocasión no haya tanta precipitación y torpeza como en la anterior crisis, cuando los recortes de 2010 provocaron una segunda recesión. Pero es seguro que, una vez que pase lo peor de la pandemia, se volverá a lo que ha venido suponiendo el neoliberalismo: la lucha para aumentar el beneficio del capital y de sus propietarios a costa de cualquier otro interés social.

El problema con el que ahora nos vamos a encontrar unos y otros es que las condiciones para recuperar el beneficio serán muy complicadas, como también será más difícil todavía imponer políticas alternativas para lograr un mejor desempeño económico y una distribución más equitativa de la riqueza.

Será así, por dos grandes razones. La primera, relacionada con las secuelas que dejará la Covid-19 sobre el conjunto de las economías y, la segunda, con las dos posibles vías para aumentar el beneficio en el capitalismo de nuestros días.

La pandemia va a dejar, al menos, cuatro grandes problemas que van a complicar cualquier tipo de estrategia económica que se quiera llevar a cabo.

– Un incremento brutal de la deuda, tanto pública como privada. La primera supondrá un aumento de entre 20 y 50 puntos del PIB en la inmensa mayoría de las economías. Eso obligará o bien a realizar amplios programas de reestructuración y quitas o a aplicar gigantescos recortes de gasto público. Lo primero, como es bien sabido, produce una urticaria fatal en el poder establecido porque atenta contra el fuero del capital financiero, aunque solo de esa manera se pueda salvar el huevo del capital en su conjunto. Por tanto, poner generalizadamente en cuestión el principio de que las deudas se pagan en su totalidad, como sería necesario hacer, no se va a consentir salvo que haya un movimiento internacional de gran fuerza que imponga la razón en todo el planeta. Si no se produce, veremos el mayor proceso de privatización y desmantelamiento del sector público de la historia y un recorte sin precedentes de los derechos sociales, ya de por sí mermados por el neoliberalismo. Lo cual, no solo producirá un incremento global del malestar social sino nuevas caídas de la actividad económica ocasionadas por falta de demanda efectiva.

El incremento de la deuda de las empresas, por su parte, va a producir una escalada de quiebras y una pérdida de solvencia de la banca que contribuirá a aumentar la debilidad de las economías si no se ponen en marcha programas de ayudas e inversión pública que sirvan de estímulo para la inversión privada y si no se disponen, al mismo tiempo, de nuevas y más seguras y efectivas fuentes de financiación de la actividad empresarial.

– La pandemia va a dejar también muchos problemas en el funcionamiento de los mercados. Se resentirá la oferta porque quedarán afectados la capacidad de producción de bienes y servicios y los canales de distribución y aprovisionamiento en muchos sectores de actividad económica. Y también la demanda si ahora ocurre lo mismo que en otras grandes crisis: una mayor tendencia al ahorro por la incertidumbre generalizada y el temor al futuro.

Es muy posible que las perturbaciones en esas dos fuerzas de los mercados se traduzcan en tensiones al alza de los precios que obliguen, por una parte, a reducir los costes salariales y, por otra, a que las autoridades suban los tipos de interés para frenar la inflación. Y si fuese así, llegaría con seguridad una nueva fase de frenazo de la actividad económica y desempleo masivo.

– Las compras masivas de títulos financieros que vienen realizando los bancos centrales está provocando burbujas impresionantes en todas las bolsas del mundo que pueden ir estallando a medida que los programas de expansión monetaria se vayan acabando, porque tendrán que acabar antes o después. La volatilidad y el peligro de otra gran perturbación financiera son la tercera dificultad a la que se enfrentarán las economías tras la pandemia.

– Finalmente, los efectos tan desiguales que tiene esta crisis en los sectores económicos y en las diferentes economías, y la recuperación tan diferenciada que se producirá van a provocar un efecto generalizado de fragmentación y desconexión entre actividades, áreas económicas, países y grupos de población que serán muy negativos para el comercio internacional y para la economía mundial en su conjunto.

Como dije, a estas dificultades de entorno se añadirá otro problema. Para aumentar el beneficio del capital solo caben dos posibilidades en nuestro sistema económico: incrementar la productividad de los factores productivos (capital, trabajo y recursos naturales) o la explotación del trabajo, es decir, intensificar el tiempo de trabajo no pagado a los asalariados.

Dicho de una forma coloquial, la primera vía permite aumentar en mayor medida el tamaño de la tarta y de esa forma es más fácil lograr una distribución más beneficiosa para el capital con menos costes asociados porque, gracias a que hay más que repartir, los salarios también se pueden ver beneficiados. Es lo que ocurrió en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, precisamente por eso llamados los «años gloriosos del capitalismo».

Es sabido que estamos viviendo ya una nueva revolución tecnológica que permitirá que la productividad se dispare en muchas actividades económicas gracias a la digitalización, el big data y la inteligencia artificial. Pero, para que se produzcan aumentos generalizados de la productividad en toda la economía y no sólo en empresas o sectores puntuales, es imprescindible que se registre un incremento muy grande y generalizado de la inversión. Algo que es muy difícil que se dé solo de la mano del capital privado, justamente por las circunstancias que he señalado antes y por el gran atractivo que sigue teniendo la especulación financiera, pues ofrece mayor y más rápida rentabilidad.

Sin una masiva inversión pública, viviremos aumentos espectaculares de productividad en algunos sectores, pero no de la forma generalizada en que sería necesaria para recuperar el beneficio sin empobrecer todavía más el trabajo en la mayoría de las actividades económicas.

Por lo tanto, nos enfrentamos a la posibilidad de vivir en los años venideros la fase de mayor precarización y pérdida de derechos laborales de la historia del capitalismo contemporáneo. Y no exagero, pues ya son muchas las voces que comienzan a reclamar el aumento de las horas de trabajo, el fin del descanso dominical, la sustitución del contrato laboral tradicional por el de «cero horas», para proporcionar el trabajo sólo en los momentos en que lo requiera la empresa, o incluso la creación de territorios de potestad empresarial con sus propias leyes e instituciones de gobierno, a semejanza de los que ahora conforman las administraciones públicas.

Para evitar un escenario como el que acabo de describir brevemente sería necesario permitir que los estados tengan manos libres para promover la inversión y el apoyo que permita la generalización del aumento de productividad. Para lo cual es imprescindible dar una solución al crecimiento de la deuda y reformar el funcionamiento de las administraciones públicas, para lograr que se gaste bien y para acabar con su servidumbre hacia las grandes empresas que dominan el mercado y las instituciones. Es imprescindible que se diseñen programas de ayudas a las empresas para que estas puedan aumentar su dotación de capital e innovación, rebajando su endeudamiento. Hay que evitar de una vez que el capital financiero imponga la deuda como motor de la actividad económica reformando el sistema bancario y acabando con el privilegio que le proporciona el sistema de reserva fraccionaria. Hay que asumir que los beneficios del incremento de la productividad deben distribuirse con equidad, llegando a pactos de rentas. Y, tal y como ha demostrado esta pandemia que no será la última, se deben mejorar los sistemas de gestión del riesgo, fortaleciendo los servicios públicos y los recursos comunes imprescindibles para dar respuesta a los males o problemas que nos afectan a todos por igual.

No hay razones, desgraciadamente, para ser muy optimista sobre la posibilidad de que se pongan en marcha estas vías alternativas que sirvan de contrapeso frente a la voracidad que los grandes grupos económicos y financieros han demostrado tener en las últimas décadas. Las derechas de todo el mundo tienen muy claro cuál es su papel para apoyarlos. Las izquierdas, sin embargo, carecen de proyecto común o, mejor dicho, han pasado a defender proyectos que satisfacen intereses cada día menos «sociales» y más reducidos y singulares, de tribu, cuando no puramente individuales. Han dejado a un lado lo que les dio sentido históricamente y lo único que les puede proporcionar fuerza y capacidad de transformación: la defensa de los intereses mayoritarios, la asunción del «sentido común» de la gente corriente.

Por Juan Torres López | 13/02/2021

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En las protestas contra Lenin Moreno coincidieron sectores urbanos, campesinos e indígenas. Fluxus Foto

76 de los 91 préstamos que el FMI ha negociado desde el inicio de la pandemia de coronavirus llegan vinculados a demandas de profundos recortes en servicios públicos y políticas que benefician a las corporaciones por encima de las personas.

 

El enorme trastorno económico causado por la pandemia de covid-19 ofrece una oportunidad única para alterar radicalmente la estructura de la sociedad, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está utilizando la crisis para implementar medidas de austeridad cuasi permanente en todo el mundo.

76 de los 91 préstamos que ha negociado con 81 países desde el inicio de la pandemia mundial en marzo han llegado vinculados a demandas de que los países adopten medidas como profundos recortes en los servicios públicos y las pensiones, medidas que indudablemente conllevarán privatizaciones, congelaciones o recortes salariales, o el despido de trabajadores del sector público como médicos, enfermeros, profesores y bomberos.

Principal animador de las medidas de austeridad neoliberal en todo el planeta durante décadas, el FMI ha empezado recientemente (de forma discreta) a admitir que estas políticas no han funcionado y generalmente crean problemas como pobreza, crecimiento desigual y una desigualdad aún peor. Además, tampoco han conseguido traer el prometido crecimiento económico que se suponía que iba a contrarrestar estos efectos negativos. En 2016, describió sus propias políticas como “promocionadas en exceso” y anteriormente resumió sus experimentos en América Latina como “todo dolor, sin beneficios”. Así, sus propios informes afirman explícitamente que sus políticas no funcionan.

“El FMI ha hecho sonar la alarma sobre una gran intensificación de la desigualdad tras la pandemia. Pero está conduciendo a los países a pagar los gastos de la pandemia mediante recortes de austeridad que alimentarán la pobreza y la desigualdad”, dice Chema Vera, director ejecutivo interino de Oxfam International. “Estas medidas podrían dejar a millones de personas sin acceso a la sanidad o ayuda económica mientras buscan trabajo, y podrían frustrar cualquier esperanza de recuperación sostenible. Al adoptar este enfoque, el FMI está cometiendo una injusticia a sus propias investigaciones. Su cabeza debe empezar a hablar con sus manos”.

Oxfam ha identificado al menos 14 países que espera que congelen o recorten de forma inminente los salarios y puestos de trabajo del sector público. Túnez, por ejemplo, solo tiene 13 médicos por cada 10.000 personas. Cualquier recorte a su ya exiguo sistema sanitario lo debilitaría en su lucha contra el coronavirus. “Si la gente no se puede permitir el testeo y el cuidado del covid-19 y otras necesidades sanitarias, el virus seguirá expandiéndose sin control y más gente morirá. Los gastos corrientes en sanidad eran una tragedia antes de la pandemia, y ahora son una sentencia de muerte”, añade Vera.

Un caso práctico del FMI

Ecuador es un ejemplo perfecto de las consecuencias del FMI. Anteriormente dirigido por el Gobierno radical de Rafael Correa, que hizo de la reducción de la pobreza una prioridad, condenó al FMI y a su organización hermana, el Banco Mundial, y dio asilo a disidentes occidentales como Julian Assange, el país ha sido dirigido por Lenin Moreno desde 2017. Moreno comenzó inmediatamente a deshacer el legado de Correa, incluso intentando procesarle. En 2019, bajo órdenes del FMI, Moreno redujo el presupuesto sanitario nacional en un 36% a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares del FMI, un movimiento que provocó enormes protestas nacionales que amenazaron con hacer descarrilar a su Gobierno.

Los resultados fueron casi apocalípticos cuando la ciudad más grande del país, Guayaquil, se convirtió en el centro mundial del coronavirus, con cadáveres abandonados en las calles durante días mientras los servicios estaban saturados. La ciudad sufrió más muertes que Nueva York en su pico, y con mucha menos infraestructura para tratar el problema. Aunque el número oficial de casos en el país es bajo, la tasa de mortalidad ha estado entre las más altas del mundo, lo que sugiere que los servicios han estado completamente colapsados.

A principios de este mes, Moreno anunció un nuevo acuerdo por 6.500 millones de dólares con el FMI, que ha aconsejado a su Gobierno dar marcha atrás en los aumentos de emergencia en el gasto sanitario, detener las transferencias de efectivo para aquellos incapaces de trabajar debido al virus y recortar los subsidios de combustible para los pobres.

En la crisis, oportunidad

El FMI también interfiere directamente con la política interna de naciones soberanas. En marzo, se negó a hacer préstamos al Gobierno venezolano debido a la “falta de claridad” sobre quién estaba al mando, sugiriendo que el democráticamente electo Nicolás Maduro tendría que dimitir antes de que consideraran hacer préstamos al país. Al mismo tiempo, sin embargo, el autodeclarado presidente y figura de la oposición Juan Guaidó anunció que había asegurado un compromiso de 1.200 millones de dólares de la organización con la condición de que Maduro dimita y permita que un “Gobierno de emergencia” tome el control del país. Una encuesta realizada el mismo mes por una empresa de encuestas simpatizante descubrió que solo el 3% de los venezolanos apoyaba a Guaidó.

En la crisis siempre hay oportunidad. Para muchos, la pandemia es una oportunidad de reorientar la economía alejándose del consumo de masas y hacia un sistema más sostenible ecológicamente. Para el FMI, sin embargo, se está utilizando para impulsar más privatizaciones y medidas de austeridad que invariablemente enriquecen a los ricos y debilitan a los pobres y a los indefensos. Parece que, si la organización se sale con la suya, serán los pobres quienes paguen por la pandemia, mientras los ricos prosperan.

MPN

Artículo publicado originalmente en Mint Press News. Traducido para El Salto por Eduardo Pérez.

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Imagen de archivo de una mujer delante del logo del Banco Mundial en medio de las reuniones anuales del organismo y del Fondo Monetario Internacional en Nusa Dua, Bali, Indonesia, Octubre 12, 2018. REUTERS/Johannes P. Christo/

La organización multinacional señaló que esta financiación podría posibilitar la vacunación de “hasta mil millones de personas”. Estará enfocado en los países en desarrollo

 

El Banco Mundial anunció este martes que aprobó un plan de ayuda de USD 12.000 millones para garantizar a los países en desarrollo un acceso rápido a las vacunas contra el COVID-19 cuando estas estén disponibles.

Este monto se utilizará para “financiar la compra y distribución de vacunas, pruebas y tratamientos de COVID-19 para sus ciudadanos”, indicó el organismo en un comunicado. La financiación podría posibilitar la vacunación de “hasta mil millones de personas”, añadió.

En otro pasaje del documento, el Banco Mundial expresó que la medida tiene la intención de enviar “una señal a la industria farmacéutica y de investigación de que los ciudadanos de los países en desarrollo también deben tener acceso a vacunas seguras y eficaces contra el COVID-19”.

El organismo dará apoyo técnico a los países en desarrollo en el despliegue de vacunas a gran escala, en coordinación con asociados internacionales.

Este financiamiento es parte de un paquete de ayuda del Grupo del Banco Mundial, que planea desembolsar hasta USD 160.000 millones hasta junio de 2021 para ayudar a los países en desarrollo a luchar contra la pandemia del COVID-19, agregó el BM, con sede en Washington.

“El acceso a vacunas seguras y eficaces y a sistemas de suministro reforzados es fundamental para cambiar el curso de la pandemia y ayudar a los países que se enfrentan a efectos económicos y fiscales catastróficos a avanzar hacia una recuperación”, dijo el presidente del Banco Mundial, David Malpass, citado en la declaración.

La aprobación era esperada, luego de que Malpass revelara el proyecto a finales de septiembre.

El titular del banco consideró en ese momento que una vacuna de COVID-19 “eficaz y segura” es fundamental para que el mundo pudiera reabrir con seguridad.

Malpass indicó que si bien las vacunas aún no se comercializan, es necesario anticiparse a su llegada “porque el proceso de distribución de una vacuna es complejo”. Y remarcó la “sólida” experiencia del Banco Mundial en programas de vacunación, con la poliomielitis y el sarampión, y en la gestión de crisis, como la del Ébola.

La misma entidad publicó días atrás una proyección económica que ilustra el impacto económico de la pandemia y la consecuente necesidad de abrir con seguridad. Explicó a su vez que América Latina será la región más afectada: estima que se contraerá un 7,9 % este año.

Para 2021, la institución multilateral prevé que la actividad económica latinoamericana crezca un 4 %, un porcentaje prometedor para la recuperación de América Latina, que ha sido la región más impactada del mundo por la crisis sanitaria.

En sus previsiones, el BM espera que las tres economías más grandes de la región, México, Brasil y Argentina, registren también descensos significativos este año, del 10 %, 5,4 % y 12,3 %, respectivamente.

En un momento en el que los casos por coronavirus siguen multiplicándose a velocidades distintas en varios países, los muertos a nivel mundial están en 1.078.699, de los cuales América ya suma 590.000, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

13 de Octubre de 2020

Con información de AFP y EFE

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Fuentes: CADTM [Foto de Rohan Makhecha, Unsplash]

En una resolución sancionada el 23 de marzo de 2016 el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU explicaba que “el peso creciente de la deuda a la que deben hacer frente los países en desarrollo más endeudados, en especial los menos desarrollados, no es viable y constituye uno de los principales factores que impiden el avance del desarrollo sostenible centrado en la población y la eliminación de la pobreza […]. Para una buen número de países en desarrollo y de países en transición el servicio excesivo de la deuda ha limitado en gran medida sus capacidades de promover el desarrollo social y la provisión de los servicios esenciales necesarios para la indispensable conformación de las condiciones que permitan el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales […]. Los países en desarrollo continúan desembolsando anualmente mucho más de lo que reciben como ayuda pública al desarrollo”.

El FMI es en parte responsable de la crisis actual

Debido al desarrollo de sus políticas deajuste estructuralque imponen la liberalización de economías frágiles y drásticas medidas de austeridad a muchos países del sur a cambio de posibilitarles préstamos, el FMI ha participado ampliamente en esta comprobación del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Ninguno de los países que haya aplicado ajustes estructurales ha podido sostener de manera constante un índice de crecimiento elevado.

Las desigualdades sociales han aumentado por todas partes. Ningún país “ajustado” se ha librado de esta triste comprobación (1). De este modo, los recortes del gasto público recomendados por las instituciones financieras internacionales (IFI) impiden a los países “beneficiarios” de la ayuda del FMI asegurar a sus ciudadanos cierto nivel de protección social.

Si los países del sur ven en estos tiempos desbordados sus sistemas de salud y sin posibilidades de asegurar la protección sanitaria de sus habitantes frente al covid-19 se debe en gran parte a las mortíferas políticas de las IFI y especialmente del FMI. Destacamos que esta comprobación no es nueva (2) y que los investigadores del departamento de sociología de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Oxford, y de la London School of Hygiene and Tropical Medicine lo habían señalado ya en un artículo científico con ocasión de la epidemia del ébola en el 2014. Esos estudios llegaban a la conclusión de que “las exigencias del FMI en materia de rigor presupuestario debilitaron los sistemas de salud de los países africanos más duramente golpeados por el virus del ébola e impidieron también encarar una defensa coordinada contra dicha epidemia” (3). Hoy en día la historia se repite y pone de relieve que el FMI no ha sabido sacar ninguna lección de las crisis anteriores y permanece subordinado a los intereses de los acreedores privados a los que hay que reembolsar cueste lo que cueste, aún a costa del bienestar de los pueblos del Sur. Luego de la epidemia del ébola, el CADTM había reaccionado a través de varios llamados pidiendo la anulación de las deudas de los países que la habían sufrido (4)

Reacciones y propuestas del FMI en la gestión de la actual epidemia del covid-19.

El 4 de marzo de 2020 con oportunidad de una rueda de prensa compartida con el Banco Mundial, el FMI presentó en grandes las líneas las intervenciones que tenía previstas en el marco de la epidemia de covid-19. Las medidas enunciadas eran de dos tipos; 1) el aumento de su capacidad de préstamos a los países del Sur y 2) la movilización de las subvenciones con el propósito de aliviar el servicio de la deuda de los países más pobres del Sur con relación al FMI (5). Desde entonces el FMI ha puesto en marcha la maquinaria y ha anunciado varias medidas concretas.

  1. El anuncio que más han destacado el FMI y la mayoría de los medios consiste en el alivio del pago de la deuda por parte de 25 países pobres, de los cuales 19 son africanos, por un monto de 500 millones de dólares. Esta medida debe permitir cubrir durante seis meses los reembolsos adeudados al FMI y a los países “dedicar una mayor cantidad de sus escasos recursos a las urgencias médicas y de ayuda” (6). En la práctica el FMI será ampliamente reembolsado a través de sus fondos fiduciarios de asistencia y respuesta a las catástrofes especialmente apoyado por los Países Bajos, China, el Reino Unido y Japón. Así, el FMI no cancela las deudas de los países con problemas y (i) mantiene su poder de presión sobre los gobiernos para reclamar en el futuro políticas de austeridad manteniendo el vínculo deudor-acreedor y (ii) no hace que esas donaciones permitan a los países pobres hacer frente a la situación sanitaria, por ejemplo, para comprar equipo médico y contratar personal.
  2. Se han concedido préstamos de emergencia a varios países africanos, como Costa de Marfil. Así, este país ha conseguido un desembolso de 295,4 millones de dólares en el marco de Servicio de Crédito Rápido, es decir, en forma de préstamo a tasa cero reembolsable en 10 años, y un desembolso de 590,8 millones de dólares en el marco del Instrumento Financiero Rápido, un crédito reembolsable en un plazo de entre tres y cinco años (7). En consecuencia, el FMI aprovecha la crisis para fortalecer y aumentar su poder de presión sobre los países africanos volviendo más pesado el fardo de la deuda ya de por sí tremendamente dura para muchos países. Además Mitsuhiro Furusawa, director general adjunto del FMI, ha declarado que una vez controlada la epidemia de covid 19 será “importante que el déficit presupuestario vuelva a la situación anterior a la crisis para preservar al mismo tiempo lo adquirido en el marco del programa del FMI y la viabilidad de la deuda a medio plazo”. Esta declaración anticipa una vuelta con fuerza del FMI luego de la crisis, como ocurrió después de la crisis el 2008.

Una asistencia siempre muy política

El pasado 16 de abril 102 países habían pedido oficialmente un préstamo al FMI, que los aprobó en su mayor parte, incluidos los de Nigeria, Pakistán Ghana, Túnez, Senegal y Albania. Sin embargo, es de notar que el gobierno venezolano en conflicto con los EEUU ha visto rechazado su pedido (8). Opuesto al caso venezolano está el “buen alumno” chileno. Para este país, en el que la población se manifestó durante meses contra las políticas de austeridad de los últimos meses, se ha desbloqueado una línea de crédito flexible de 24.000 millones de dólares. La línea de crédito flexible “es un instrumento que permite al país el acceso a montos importantes en cualquier momento. Más allá de los fondos disponibles inmediatamente en caso de necesidad, constituye también una muestra de confianza del Fondo hacia la política económica del beneficiario y una excelente señal para el acceso a otras fuentes de financiamiento”. Este ejemplo de Chile causa gran inquietud a los pueblos y a los movimientos sociales latinoamericanos, como Argentina, fuertemente marcados por las políticas de austeridad impuestas por el FMI en los últimos decenios.

En otros lugares del mundo, como Líbano, luego de meses de manifestaciones debidas a las medidas de austeridad, el gobierno no encontró nada más original que acordar con el FMI la puesta en marcha de un plan quinquenal. Adoptado a fines de abril su objetivo es reducir el déficit público y prevé una suba de impuestos, un congelamiento del empleo en el sector público, un aumento del precio de la electricidad y la reducción de las subvenciones a dicho sector. Prevé igualmente una reestructuración de la deuda y del sector bancario. Hasta ahora ha sido rechazado por la Asociación de Bancos del Líbano.

El FMI se mantiene igualmente activo en el Norte. En Ucrania, país asistido desde la guerra civil que estallara en 2014, el FMI y el gobierno negociaron el 21 de mayo un acuerdo a propósito de un nuevo programa de ayuda de 5.000 millones de dólares en 18 meses “para ayudar a Kiev a superar la epidemia del coronavirus”. Este “acuerdo de confirmación” esta avalado a cambio de un programa de reformas. Se tardó muchas semanas en llegar a este acuerdo porque había que votar la ley llamada “anti Kolomoiski” (cuyo objeto es impedir que los antiguos propietarios bancarios puedan recuperar sus empresas si fueron nacionalizadas, aunque hubiera habido vicios de procedimiento, y reconocerles como máximo una compensación financiera por el perjuicio sufrido) y, sobre todo, la ley relacionada con la eliminación de la moratoriasobre la venta de tierras agrícolas. El límite de superficie que puede poseer una persona física era de 100 hectáreas, a partir del 1° de enero de 2024 las sociedades podrán comprar tierras agrícolas hasta un máximo de 10.000 hectáreas. (9)

La alternativa DTS

El 14 de abril de 2020 Gordon Brown, exministro de Finanzas y primer ministro del Reino Unido y Lawrence H. Summers, profesor de economía de la Universidad de Harvard y exministro de finanzas de los EEUU, opinaban en el Washington Post que debían fortalecerse los poderes intervencionistas del FMI, especialmente mediante el uso de los DTS, derechos especiales de emisiones: se trata de un sistema pilotado por el FMI que permite completar sus reservas a los países miembros.

Dominique Strauss-Khan propone además recurrir a los DTS combinado con un alivio de las deudas de los países en desarrollo. Según el antiguo director del FMI, si no se hace Occidente se expone sobre todo a una crisis migratoria sin precedentes… Voces de la izquierda (y no de centro, como las neoliberales precedentemente mencionadas) reclaman también DTS y paralelamente la anulación de las deudas. Se olvidan, sin embargo, que los DTS también son préstamos del FMI que implican su reembolso bajo ciertas condiciones y tasas de interés.

Por Robin Delobel, Adrien Péroches | 23/09/2020

Traducido del francés para Rebelión por Susana Merino

Artículo tomado del AVP n.º78 « Dette, coronavirus et alternatives », revista semestral del CADTM gratuitamente disponible en pdf, en venta a 5 euros o por abono anual.

Notas:

(1) Toussaint E. (2019), « Retour sur la crise de 1982 ». AVP Dettes aux Suds, tercer trimestre de 2019, 1 p.

(2) Le Monde (2014), « Des chercheurs pointent une responsabilité du FMI dans l’épidémie d’Ebola. », publicado on line el 22 de diciembre de 2014, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/12/22/les-exigences-du-fmi-ont-affaibli-les-systemes-de-sante-des-pays-africains-frappes-par-ebola_4544492_3212.html

(3) Kentikelenis et al. (2014), « The International Monetary Fund and the Ebola outbreak, », The Lancet Global Health Vol. 3(2), pp. 69-70.

(4) https://www.cadtm.org/Le-CADTM-France-demande-l

(5) FMI & Banque Mondiale (2020), Réponse du Groupe de la Banque mondiale et du FMI au Covid-19, transcripción de la rueda de prensa de Mme Georgieva & M, Malpass, 4 de marzo de 2020.

(6) Le Figaro (2020), « Le FMI accorde des fonds à 25 pays très pauvres pour alléger leur dette », publicado on line el de abril de 2020, https://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-fmi-accorde-des-fonds-a-25-pays-tres-pauvres-pour-alleger-leur-dette-20200414

(7) Fualdes N. (2020), « La Côte d’Ivoire obtient près de 900 millions de dollars du FMI pour faire face au coronavirus », Jeune Afrique, publicado on line el 22 de abril de 2020, https://www.jeuneafrique.com/932004/economie/la-cote-divoire-obtient-pres-de-900-millions-de-dollars-du-fmi-pour-faire-face-au-coronavirus/

(8) https://www.lesoir.be/287999/article/2020-03-17/le-venezuela-demande-au-fmi-une-aide-de-5-milliards-de-dollars

(9) www.farmlandgrab.org/post/view/29555-lukraine-leve-le-moratoire-sur-la-vente-des-terres-agricoles-contre-laide-du-fmi

Fuente: http://www.cadtm.org/Quand-le-FMI-profite-de-la-covid-19-pour-augmenter-son-emprise-sur-les-pays-du

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Ecuador alcanza un nuevo acuerdo con el FMI a cambio de ajuste y reformas estructurales

El préstamo permite cerrar el proceso de reestructuración de la deuda con acreedores privados. El Fondo pide a cambio ajustar cuentas fiscales.

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzó este viernes un acuerdo con Ecuador para otorgar un préstamo de 6.500 millones de dólares, que se utilizará para sostener el plan de reestructuración de bonos y financiar su presupuesto para 2020.

El préstamo, anunciado hoy en Twitter por el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, permite cerrar el proceso de reestructuración de deuda por 17.400 millones de dólares encarado por el Gobierno con los acreedores privados antes de la fecha límite fijada para el 1 de septiembre.

”El nuevo acuerdo complementa un canje de deuda exitoso de 17.400 millones de dólares en bonos globales entre las autoridades y sus tenedores de bonos, y se espera que catalice apoyo financiero adicional bilateral y multilateral”, dice un comunicado del FMI en el que se dio a conocer el resultado de lo que llama un “diálogo franco y constructivo”, una frase muy usada por el organismo para evitar hablar de las exigencias que impone para este tipo de acuerdos.

A cambio del crédito, el Fondo espera que el Gobierno ecuatoriano aplique un plan para “reducir el gasto relacionado con la crisis el próximo año e implementar un paquete de reforma fiscal que incluye una moderación del gasto corriente y de capital, una reforma tributaria inteligente e integral, y una mejor gobernanza del gasto público”. El pronóstico económico para el país no es bueno, se calcula un decrecimiento del 11% del PIB y un aumento del déficit fiscal debido al impacto económico del parón provocado por la pandemia de la covid-19 y al arrastre de los bajos precios de petróleo.

El ajuste de las cuentas fiscales, como pide el FMI, tiene un antecedente reciente en el país. Las protestas contra el gobierno en Octubre del 2019 se dieron por el intento de imponer una serie de medidas para achicar el gasto público. Tras 12 días de movilizaciones callejeras y una violenta represión, el Gobierno de Lenín Moreno anunció la derogación del decreto de aumento de los combustibles.

Ni el FMI ni Ecuador dieron detalles de las metas fijadas para el ajuste de gasto, de la inversión, ni en qué consistirá la reforma tributaria exigida. En su escueto mensaje presidencial, Lenín Moreno agradeció al equipo negociador y a Kristalina Georgieva, directora general del Fondo.

El Gobierno ecuatoriano buscaba renovar el acceso a financiación desde que el programa de rescate anterior fue oficialmente suspendido en mayo de este año. En marzo de 2019, se había pactado un préstamo de 4.200 millones de dólares, aparejado de 6.000 millones de dólares más de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial.

Este nuevo pacto, obtenido centralmente para pagar la deuda a los acreedores privados, se da a poco de las elecciones que determinarán el cambio de Gobierno, que llegará el próximo año de unas elecciones presidenciales en las que no participará Lenín Moreno y el oficialismo no tiene un candidato claro.

Por Diego Sacchi

@sac_diego

Viernes 28 de agosto 

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Lunes, 17 Febrero 2020 05:53

Vaticano, FMI y opio para el pueblo

Vaticano, FMI y opio para el pueblo

En el taller “Nuevas formas de solidaridad”, convocado por la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, el papa Francisco sostuvo que la deuda no se debe pagar con “sacrificios insoportables”. “Las personas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas abrumadoras y recortes de los servicios sociales, mientras sus gobiernos pagan deudas contraídas que son insostenibles”, precisó. Citó a Juan Pablo II, quien afirmaba que no es lícito exigir el pago de las deudas cuando ese pago “vendría a imponer de hecho opciones políticas que llevaran al hambre y la desesperación a poblaciones enteras”. Luego, dirigiéndose “a los líderes financieros y expertos económicos del mundo, que conocen cuáles son las injusticias de nuestra economía”, Francisco les pidió trabajar juntos “para poner fin a las desigualdades globales”.

Asentían, Kristalina Georgieva, titular del FMI; Martín Guzmán, ministro de Economía argentino; Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía; además de varios ministros de Economía, cancilleres, presidentes de organismos internacionales y bancos públicos.

En su intervención Georgieva habló de la creciente desigualdad y polarización de la riqueza que se está operando en el capitalismo. Dijo que desde 1980 el 1% más rico de la población mundial se quedó con el doble de las ganancias del crecimiento que obtuvo el 50% más pobre; que crecen las diferencias de ingresos al interior de los países; que la brecha entre los países más ricos y más pobres está creciendo; y que “la actual estructura económica está dañando nuestro planeta”. Para hacer frente a estos males propuso “la cultura de la solidaridad”; la “globalización de la esperanza”; y el cuidado del planeta. Lo cual vino a reforzar la idea, adelantada por analistas políticos y defensores del gobierno de Fernández, de que “este es otro FMI, preocupado por los pobres, y distinto del que presidía Lagarde y trataba con Macri”. Según estos enfoques, estaríamos ante cambios fundamentales: al frente del Vaticano hay un Papa progresista, crítico del capitalismo; y al frente del FMI una economista “sensible a los problemas sociales”.

El discurso del Vaticano y el desarrollo del capitalismo

Con respecto al supuesto cambio introducido por Francisco en el discurso vaticano sobre el capitalismo, debemos decir que no es novedoso. De hecho, en 1931, en plena depresión económica, Pío XI había criticado este sistema económico en el que “no solo se acumulan riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos pocos” (citado por B. Pérez Andreo, “¿Iglesia vs Globalización?” Veritas, vol. III,  Nº 18, 2008; también las citas que siguen). Pero más todavía, después del Concilio Vaticano II (en 1959) el señalamiento de algunos de los males del capitalismo pasó a ser parte de la “Doctrina social de la Iglesia” y del discurso más o menos estándar de los papas.

Así, Pablo VI (fue Papa entre 1963-78) decía que “en mala hora se ha estructurado un sistema en que el provecho se considera como el motor esencial del progreso económico, la concurrencia como ley suprema de la economía, la propiedad privada de los medios de producción sin límites y obligaciones sociales que le correspondieran. Ese liberalismo sin freno conducía a la dictadura, justamente denunciada por Pío XI como generadora del imperialismo internacional del dinero. Nunca se condenarán bastante semejantes abusos, recordando una vez más solemnemente que la economía se halla al servicio del hombre.

Juan Pablo II (1978-2005) sostenía que “si la globalización se rige por las meras leyes del mercado aplicadas según las conveniencias de los poderosos, lleva a consecuencias negativas. Tales son, por ejemplo, la atribución de un valor absoluto a la economía, el desempleo, la disminución y el deterior de ciertos servicios públicos, la destrucción del ambiente y de la naturaleza, el aumento de las diferencias entre ricos y pobres, y la competencia injusta que coloca a las naciones pobres en una situación de inferioridad cada vez más acentuada. La Iglesia, aunque reconoce los valores positivos que la globalización comporta, mira con inquietud los aspectos negativos derivados de ella”. La globalización debía “orientarse al bien de las personas, y no a la explotación de los recursos naturales y de la fuerza laboral”. El ser humano debía ser la meta.

Benedicto XVI (2005-13) incluso sostuvo que la relación entre el capital y el trabajo “se ha convertido en la cuestión decisiva” y que, dado que los medios de producción y el capital “eran el nuevo poder, que estando en manos de pocos comportaba para las masas obreras una privación de derechos contra la cual había que rebelarse”.

Y por supuesto, también Francisco; por ejemplo: “… estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. En el centro de todo sistema económico debe estar el hombre y lo demás debe estar a su servicio. Pero nosotros hemos puesto al dinero en el centro. Hemos caído en un pecado de idolatría. La economía se mueve por el afán de tener más y, paradójicamente, se alimenta una cultura del descarte” (Clarín, 14/06/2014). De manera que son ya muchas décadas con la misma cantinela, sin que por ello se hayan alterado las cosas.

FMI, ¿qué cambió tanto?

 Tampoco parece correcto decir que el FMI ha cambiado sustancialmente su orientación. Por ejemplo, el discurso sobre la desigualdad atraviesa gran parte de las intervenciones de Christine Lagarde, por lo menos desde 2013. Así, por caso, en el Foro Económico de Davos, de 2017, la por entonces titular del FMI pidió a los líderes políticos que actuaran para frenar el aumento de la desigualdad; y que las desigualdades excesivas dificultaban conseguir un crecimiento sustentable.

De la misma manera, al menos desde 2012 Lagarde alertaba que el mundo enfrentaba el riesgo de ingresos en baja, daño ambiental y descontento social a menos que los países adoptaran un enfoque para el crecimiento económico más sustentable. Y agregaba que “los ricos deberían restringir sus demandas de mayores ingresos mientras todavía hay 200 millones de personas en el mundo buscando un trabajo y la pobreza está en alza” (The Guardian, 12/06/2012). Aunque este tipo de declaraciones no impidió que el FMI apoyara los programas de ajuste aplicados en Portugal, España, Irlanda o Grecia, cuando la crisis económica.

Discursos y leyes del capitalismo

Pero por encima de los discursos, lo que decide son las leyes naturales –en el sentido de socialmente objetivas- del capitalismo, y los conflictos y luchas de las clases sociales, o de las fracciones de clase. Las actitudes morales, o éticas, no cambian las tendencias de fondo. Así, la brecha creciente en las desigualdades de riqueza e ingresos no se cierra proclamando que el ser humano debe ser la meta del crecimiento económico; o lanzando condenas morales “a los banqueros y los especuladores” (al pasar, discurso preferido también de la mayor parte de la izquierda argentina).

Lo central es que el capitalismo es un modo de producción de plusvalía. La propiedad privada de los medios de producción determina una relación de dominio sobre los que solo poseen su fuerza laboral. Y la concentración de la riqueza es inevitable en la medida en que se genera plusvalía que se reinvierte para explotar más trabajo, que genera más plusvalía (véase la discusión sobre Piketty, aquí y siguientes). Este impulso tenderá a sostenerse en la medida en que las relaciones capitalistas se hagan más puras. Por eso también las frustraciones de los reformismos “a lo Stiglitz”, y diversas expresiones del socialismo burgués. Frente a la concentración del capital, a la lógica mercantil y de la ganancia penetrando todos los poros de la visa, hablar de “globalizar la esperanza” o “la cultura de la solidaridad”, es palabrerío vacío.

Para verlo más en concreto, recordemos que en su intervención Georgieva dijo que en las últimas cuatro décadas el flujo global de capitales se multiplicó por 13, y el comercio global aumentó 11 veces. Esto significa que los países son cada vez más dependientes del mercado mundial, y están más condicionados por la competencia entre los capitales. Pero por esto mismo, la amenaza de huelgas de inversiones, y de crisis provocadas por el retiro rápido y violento de capitales, pone presión sobre gobiernos y políticas económicas. Lo cual explica que, por encima de reclamos morales, termine imponiéndose la lógica de la valorización del capital. Así, cuando en el Vaticano se discurseaba sobre el amor a la humanidad del “nuevo FMI”, los tenedores de bonos emitidos por Buenos Aires exigían el pago completo del capital vencido, bajo amenaza de desatar un proceso de default cruzado. ¿Los discursos del Papa? ¿Los de Giorgeva? Bien gracias, muy bonitos para que “la gilada” siga tragando los sapos del ajuste (y diga, además, que los sapos están buenísimos, faltaba más). Pero en temas de dinero, capital e intereses, las cosas son un poco más “concretas”. En ese mundo “sin corazón”, las razones del corazón cuentan poco y nada.

Por supuesto, no se trata solo de Argentina y los tenedores de sus bonos. Existen muchas experiencias al respecto. Por caso, recordemos lo que ocurrió durante la crisis griega: En 2015 el gobierno de Syriza convocó a un referéndum acerca de las condiciones que imponían el FMI, el BCE y la UE para renovar los créditos y mantenerse en el euro. La mayoría rechazó esas condiciones, y mucha gente, entusiasmada, saludó el “triunfo del pueblo”. Pero a los acreedores –y a los organismos- les importó poco y nada ese resultado, y mantuvieron su exigencia “de la libra de carne”. Sobre el asunto, escribí: “Las relaciones sociales ejercen una coerción objetiva que, en situaciones de crisis capitalistas, solo se vencen con la fuerza. … no hay referéndum griego [tampoco discurso papal] que obligue a un banquero alemán o francés a poner euros en un banco griego, si no está decidido a hacerlo. Y no hay forma de enfrentar una crisis del nivel de la griega con papeletas electorales” (aquí).

En este punto, la diferencia fundamental entre el análisis marxista y el análisis del reformismo burgués o pequeñoburgués pasa por el hecho de que el primero hace eje en las relaciones sociales imperantes, y en los límites que imponen a las buenas intenciones de los amigos de la humanidad y aledaños. El segundo, en cambio, pone el acento en lo subjetivo, en las personas y sus intenciones. Así, por ejemplo, la reciente renuncia de David Lipton, el número dos del FMI, y el funcionario que más apoyó el otorgamiento del crédito al gobierno de Macri por 56.300 millones de dólares, es interpretado como señal de cambios fundamentales en el Fondo. El mensaje que se transmite desde algunas usinas del pensamiento “nacional” es que “ahora sí” se puede acordar y colaborar con el FMI, porque “está en ascenso el ala productivista, en contra de los banqueros de Wall Street” (no falta quien ubica a Trump en esa corriente renovadora). De manera que el “nuevo FMI, productivista y preocupado por los pobres” encajaría a la perfección con un Papa “nacional y popular”. Con relatos de este tipo se busca entretener y confundir a la opinión pública.

Por supuesto, no podemos negar que haya matices y acentos diferentes en las políticas económicas. Sin embargo, los lineamientos fundamentales no cambian, y esto es lo que deberían tener presente militantes y activistas progresistas o de izquierda. En última instancia, lo que estoy planteando es la necesidad de romper con el criterio “frentepopulista”, aplicado ahora al FMI, o al Vaticano (el frentepopulismo no tiene límites). Esto es, la idea de andar siempre distinguiendo entre el ala “progresista”, sea en el Vaticano (Bergoglio es muy distinto, y está a la izquierda de Ratzinger), sea en el FMI (Giorgeva es muy distinta y está a la izquierda de Lagarde). Pero la realidad es que tanto el FMI, como el Vaticano modifican aspectos de superficie, para conservar lo esencial. Incluso en el caso de la renuncia de Lipton, hay que señalar que su sucesor será designado por Trump. Como si Trump hiciera alguna diferencia cualitativa en lo que atañe a las leyes de la generación de plusvalor y de la acumulación de capital, o el bienestar de las masas trabajadoras.

Contención, opio para el pueblo y políticas reaccionarias

En su discurso en el Vaticano la presidenta del FMI también se refirió al creciente descontento de buena parte de la población con el estado de cosas existente. Dijo que en un estudio global reciente más de la mitad de los que respondieron afirmaron que el capitalismo “hace más mal que bien”. Agregó: “Las implicaciones son alarmantes: de la caída de la confianza en las instituciones tradicionales al aumento de la polarización política y de las tensiones sociales” (véase aquí sobre las luchas sociales en el último año).

Este creciente descontento y elevación de las “tensiones sociales” ayudan a explicar el rol ideológico y político del discurso papal que hemos criticado. Se trata de efectos de contención y consuelo. Es que, como afirmaba Marx en “Crítica de la filosofía del derecho de Hegel”, “la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de una situación carente de espíritu. Es el opio del pueblo”. El opio sirve para mitigar dolores; en este caso, para soportar los males de la explotación, la opresión, la marginación. Y sirve también para que los pueblos, con humildad ovejuna, acepten las instituciones establecidas. ¿No es acaso el Vicario de Dios en la Tierra quien condena a los capitalistas “sin corazón”, pero elogia el “corazón” de la sensible Georgieva? ¿Por qué no confiar entonces en las intenciones de todos los que peregrinan a Roma para ayudar a los pobres? ¿Quién dijo que en cuestiones de dinero el FMI no pueda tener su “corazón”, y llenar los espíritus de esperanza?

Resumiendo: autoridad papal + FMI + gobiernos capitalistas comprometidos con los sufrimientos “soportables” (al pasar, y sin molestas “cláusulas gatillo” para las discusiones salariales). El camino de la liberación nacional parece despejado. Con un último elemento: el discurso “social” del Papa legitima y potencia su defensa de posturas extremadamente reaccionarias en temas como el aborto, la sexualidad o el matrimonio entre homosexuales. ¿No es el mejor de los mundos?

Rolando Astarita

Profesor de economía de la Universidad de Buenos Aires.

16/02/2020

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 La directora designada del FMI, Kristalina Georgieva, el miércoles en Washington con el ministro de Economía de Argentina, Hernán Lacunza. @KGeorgieva

Las obligaciones en divisa representan el 58% del PIB y condicionan al Gobierno que surja de las elecciones de octubre

 

La deuda externa es lastre muy pesado para la economía argentina. Según datos oficiales, los vencimientos en dólares se duplicaron desde 2017, hasta representar el 58% del Producto Interior Bruto (PIB) del país sudamericano. Con los mercados de crédito cerrados, la subida de la deuda corresponde en su mayor parte al rescate de 57.000 millones de dólares que el FMI dio a Argentina el año pasado. El peso de la deuda será el principal condicionante del Gobierno que asuma el 10 de diciembre próximo.

Según las estimaciones del INDEC, la oficina de estadísticas oficiales, la deuda en dólares representaba hace dos años el 30,4% del PIB; en 2018, esa relación subió hasta el 43,2% y al 58% en junio de este año, hasta los 283.500 millones de dólares. La CEPAL ya había advertido a mediados del año pasado que sumados los vencimientos en moneda local la deuda pública argentina superaba el 80% del PIB. Desde entonces, esa relación ha empeorado.

El escenario no puede ser más complicado. La subida de la deuda coincidió con una bajada de la actividad económica (este año el PIB argentino caerá más de 2%) y la pérdida de valor del peso frente al dólar. En septiembre de 2017 se necesitaban 17,7 pesos para comprar un dólar, contra 59 de la última cotización del mercado. Días después del triunfo del peronismo en las elecciones primarias del 11 de agosto, un ensayo general de las presidenciales del 27 de octubre, el Gobierno de Mauricio Macri asumió que no podría pagar los vencimientos inmediatos de la deuda y pidió más tiempo al FMI. Lo llamó “reperfilamiento”.

La estrategia ha chocado hasta ahora con los técnicos del FMI. Tras una serie de reuniones en Nueva York y Washington con los enviados argentinos, el director interino del organismo, David Lipton, dijo que cualquier renegociación deberá esperar al resultado de las elecciones. El Fondo quiere saber con quién tendrá que negociar durante el año próximo. Ese hombre será, casi con seguridad, el peronista Alberto Fernández, ganador de las primarias con más de 4 millones de votos de ventaja sobre la candidatura de Macri.

Fernández limitó hasta ahora sus referencias a la deuda externa como un lastre que deberá cargar desde el primer día de su eventual Gobierno. Dijo además que cumplirá con los compromisos, pero sin dar detalles. Algo de su plan se develó el jueves, durante un discurso que dio ante los integrantes de la Fundación Mediterránea, un grupo de pensamiento creado por el exministro de Economía Domingo Cavallo, padre en la década del 90 de la convertibilidad del peso con el dólar. El escenario elegido fue todo un dato político.

El candidato peronista dijo que buscará para la deuda argentina una salida “a la uruguaya”, esto es con extensión de plazos pero sin la quita de capital que caracterizó al canje de bonos impuesto durante el kirchnerismo. "No va a ser tan difícil hacer lo que hizo Uruguay” en 2003, dijo Fernández. “He hablado con varios fondos de inversión: es ganar tiempo y no hacer quitas (…) Necesitamos ganar tiempo para crecer”, explicó. Para Fernández, Argentina se encuentra en “default”, como insisten las calificadoras de riesgo, aunque se lo quiera ocultar detrás de un “reperfilamiento”. “En el fondo, lo que decimos es que no podemos pagar”, dijo.

Uruguay estaba en 2003 muy golpeado por el colapso económico de Argentina. Su deuda en dólares y en moneda local ascendía entonces al 100% de su PIB y el Gobierno del presidente Jorge Batlle consiguió posponer durante cinco años todos los vencimientos del 40% de los bonos, al mismo interés y sin quita de capital. A cambio realizó un ajuste durísimo, con devaluación de la moneda, déficit fiscal cercano a cero y hasta un impuesto del 10% a los salarios públicos y privados. El plan logró ordenar las cuentas a largo plazo, pero en el corto le costó el poder al partido Colorado, que sólo un año después perdió las elecciones ante el Frente Amplio de Tabaré Vázquez. El debate en Argentina es hasta donde el país está preparado para algo semejante.

Buenos Aires 27 SEP 2019 - 13:50 COT

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Kyriakos Mitsotakis, durante un mitin de campaña. / AFP / LOUISA GOULIAMAKI

Los 158 escaños alcanzados por Nueva Democracia en la Cámara sobre un total de 300 suponen su mejor resultado de los últimos doce años. Kyriakos Mitsotakis será el próximo presidente de Grecia.

 

 

El conservador Kyriakos Mitsotakis será el próximo presidente de Grecia. El país heleno ha apoyado masivamente la propuesta de Gobierno del partido que provocó la gran crisis económica que terminó en el rescate draconiano por parte de la Unión Europea. Cuatro años después del referéndum en el que la mayoría del país gritó "oxi" ("no" en griego) a la troika, hoy le han dicho "no" a Alexis Tsipras

Nueva Democracia consiguió algo más del 39% mientras que Syriza superó el 31%, seguidos de lejos por el partido de centro Kinal, sucesor del histórico Pasok, que rozó el 8%. Los 158 escaños alcanzados por Nueva Democracia en la Cámara sobre un total de 300 suponen su mejor resultado de los últimos doce años.

Syriza se quedó 8 puntos por detrás, pero obtendrá tan solo 86 escaños, una distancia que surge del bonus de 50 escaños que la ley electoral griega otorga al partido ganador -en teoría por última vez en estas elecciones-.

"Pedí un mandato fuerte y me lo han dado con generosidad. No defraudaré sus esperanzas", declaró Mitsotakis antes de acudir a la sede de su partido para darse un baño de masas.

Tsipras: "Nos vamos con la cabeza alta"

Tsipras describió su derrota como "el coste político" de las difíciles decisiones que tuvo que tomar durante estos años. Felicitó a Mitsotakis y le pidió que no desmantele los avances sociales que ha conseguido durante su mandato.

"Nos vamos con la cabeza alta. Hace cuatro años nos encargamos de un país al borde de la quiebra. Hoy dejamos un país libre (de rescates), en crecimiento y con reservas en sus cajas, con el interés de la deuda al mínimo histórico", afirmó Tsipras.

Vástago de una de las mayores dinastías políticas del país, Mitsotakis recoge así los frutos de una campaña en la que tildó a Tsipras de "traidor" y "mentiroso", dando fuelle al desencanto acumulado durante estos años.

Ahora se ha alzado como la nueva esperanza de la clase media con un programa que orbita en torno a la reducción de impuestos y el crecimiento de la economía.

Por su parte, Tsipras ha intentado demostrar en los últimos meses que, a pesar de haber claudicado ante los acreedores y haber suavizado algunas de sus posturas más radicales, aún tiene una agenda social de izquierdas.

Especialmente tras la derrota en las recientes elecciones europeas y locales, Syriza ha intentado convencer a los griegos de que gracias a su gestión la crisis humanitaria no llegó a más y que, tras tanto esfuerzo, se merecen la oportunidad de gobernar sin corsés.

Este domingo el indignado pueblo heleno ha demostrado que no comparte esta opinión y ha confiado mayoritariamente en un hombre que, entonces ministro, aplicó el segundo programa de rescate.

Participación muy baja

La participación, con un 57 %, fue una de las más bajas de la historia de la democracia griega, aunque superó ligeramente la de las elecciones de septiembre de 2015, tras el referéndum y la fractura de Syriza.

Muchos ciudadanos decidieron huir a la playa de la ola de calor que asoló Grecia hoy, lo que afectó a la participación en una jornada electoral que por lo demás fue tranquila.

Aunque la victoria de Nueva Democracia era de esperar -todos los sondeos indicaban una amplia ventaja-, la sorpresa del día la han dado la extrema derecha y el pequeño partido del exministro de Finanzas Yanis Varufakis.

Sorpresas de la extrema derecha y de Varufakis

Los neonazis de Amanecer Dorado quedaron sin representación en el Parlamento por primera vez desde su irrupción en 2012 tras quedarse por debajo del mínimo necesario del 3 %.

MeRA25, que bebe directamente de las ideas y personalidad de Varufakis y se presenta como un "frente griego patriótico de europeístas", consiguió entrar en el Parlamento con 9 escaños.

Syriza llegó al poder en 2015 como una alternativa a los anquilosados partidos tradicionales y una salida de izquierdas para los decepcionados con el Partido Socialista. La izquierda europea la adoptó como estandarte hasta que su evolución a alumno ejemplar de la Unión Europea se convirtió en un lastre.

Hoy, sin embargo, el líder de la formación de izquierdas Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, uno de los mayores aliados de Tsipras al comienzo de su mandato, mandó un mensaje de apoyo en el que resaltó "el coraje de gobernar con todos los poderes griegos y europeos en contra".

ATENAS

07/07/2019 18:59 Actualizado: 08/07/2019 08:25

AGENCIAS

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Ecuador pacta un rescate financiero con el FMI a cambio de más reformas estructurales

Lenín Moreno celebra la llegada de un total de 10.200 millones en préstamos de organismos multilaterales, entre ellos el FMI y el Banco Mundial

Ecuador accederá a un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 4.200 millones de dólares y a 6.000 millones más de un grupo de organismos multilaterales —Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros— para sanear sus cuentas públicas. El presidente del país sudamericano, Lenín Moreno, confirmó este miércoles por la noche que las negociaciones de las últimas semanas con el FMI han concluido con un acuerdo que permitirá a la economía ecuatoriana afrontar con más holgura la brecha fiscal, que ha ido agrandándose año tras año. Rompe así, además, con la década de distanciamiento que mantuvo el expresidente Rafael Correa ante el organismo internacional.

Con un tono de celebración, el mandatario latinoamericano compartió en cadena nacional televisada con sus ciudadanos la “gran noticia” del crédito logrado. “Hemos recuperado la confianza y la credibilidad. Por eso, las más importantes organizaciones mundiales han decidido sumarse al camino que estamos construyendo. Han decidido respaldar el Plan de Prosperidad de nuestro Gobierno, por eso vamos a recibir más de 10.000 millones de dólares”, anunció.


Sin dar detalles específicos sobre las condiciones y los tramos de los préstamos, el líder ecuatoriano puso en valor que el nuevo financiamiento tendrá mejores condiciones que la deuda adquirida hasta ahora por su país. Las tasas de interés estarán en el entorno del 5% y el plazo de devolución será de hasta 30 años. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, compareció este jueves para ampliar la información sobre el programa crediticio acompañado con representantes de los prestamistas multilaterales. El que fuera líder del gremio empresarial aclaró que no se trata de un crédito stand-by, sino de Servicio Ampliado (IFF, por sus siglas en inglés) que garantiza tener un mayor plazo para aplicar reformar profundas. Del préstamo total, 6.700 millones de dólares son de libre disponibilidad y 3.500 millones de dólares están atados a proyectos de inversión.


“No se trata solo de resolver problemas de orden fiscal sino de aplicar reformas estructurales para transformar la economía hacia un modelo más moderno. Este tipo de acuerdo permite el acompañamiento para que esa transición no afecte a los más pobres”, explicó Martínez. El representante del FMI para América Latina, Alejandro Werner, y la jefa de la misión en Ecuador, Anna Ivannova, precisaron que hay cuatro pilares principales que regirán la ejecución de esas reformas. El primero, impulsar la competitividad y la creación del empleo; el segundo, proteger a los más pobres y vulnerables con aumentos presupuestarios en el gasto social; en tercer lugar, favorecer la sostenibilidad fiscal haciendo más eficiente el sistema fiscal y el tributario y, por último, fortalecer la estabilidad del banco central ecuatoriano. Además, todo se debe enmarcar en una agenda de transparencia y combate a la corrupción.


No obstante, ninguna de las partes del acuerdo de rescate concretó qué medidas de ajuste deberá aplicar Ecuador a cambio de la ayuda financiera. Como avance, solo se indicó que la llegada de recursos se materializará en los próximos tres años acompañando al proceso de reforma. “La periodicidad del apoyo financiero integral es: 4.600 millones de dólares, en 2019; 3.100 millones de dólares en 2020; y 2.500 millones de dólares en 2021”, apuntó el ministro de Finanzas ecuatoriano. “El acuerdo crediticio garantiza una previsibilidad en el manejo de la caja. En los próximos días, limpiaremos los atrasos del 2018 y regularizaremos los pagos de devolución de IVA para los Gobiernos Autónomos Descentralizados”, añadió.
Se trata de un acuerdo de staff, lo que en la jerga financiera significa que el equipo negociador del Fondo ha encontrado un punto de encuentro con las autoridades ecuatorianas tras las reuniones de las últimas semanas con representantes del Gobierno y del sector privado. Ese contrato inicial está sujeto ahora al visto bueno formal de la cúpula del FMI antes de que se empiecen a desembolsar los 4.200 millones pactados.


Los otros 6.000 millones de dólares apalabrados llegarán del BID, del Banco Mundial, de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, del Banco Europeo de Inversiones (BEI), del Fondo Latinoamericano de Reservas y de la Agencia Francesa de Desarrollo. La directora general de este último organismo lanzó un mensaje de felicitación minutos después del anuncio presidencial. “Felicidades a Lenín Moreno por estructurar un sólido plan de reformas. Nosotros, desde el Banco Mundial, estamos a la expectativa de desarrollar una relación de colaboración más fuerte y apoyar a Ecuador con sus esfuerzos de ajuste”, agregó la presidenta interina y directora general del Banco Mundial, Kristalina Georgieva.


El ministro ecuatoriano de Finanzas, Richard Martínez, también alabó en primera instancia el acuerdo alcanzado, que definió como un “momento histórico” que abre “las puertas a un futuro mejor para todos”. En la misma línea se pronunció el presidente latinoamericano en su anuncio televisado: “No me interesa el poder, me interesa el bienestar de todos; me interesa el presente y futuro de Ecuador, me interesa el país en el que vivirán nuestros hijos y nietos, el futuro de nuestros mayores. Tu futuro, ecuatoriano. Me interesa, sobremanera, dejarle al próximo gobierno y al país, un mejor Ecuador, que no les pase lo que a mí”.


La difícil situación de las arcas públicas ecuatorianas, golpeadas por el excesivo endeudamiento heredado del Gobierno de Correa, es el factor determinante que ha conducido a Quito a abrir las miras en el universo de prestamistas. Pero el objetivo, según los planes de la nueva dirección económica de tendencia liberal, es acceder a un programa más flexible y barato que no conlleve un ajuste drástico.


Pese al rescate que, previsiblemente, acarreará nuevas medidas de ajuste a las ya adoptadas por Ecuador —como la eliminación de subsidios a los combustibles y el despido de miles de empleados públicos—, Moreno no abandonó su discurso social. “Hemos acordado con Naciones Unidas su apoyo para monitorear que los recursos del Estado se destinen, prioritariamente, a la inversión social”, aclaró. El presidente ecuatoriano apostilló, además, que el dinero que se recibirá de los multilaterales permitirá crear más oportunidades de trabajo, entregar más vivienda social, aumentar el número de policías o pagar a los proveedores del Estado.

Por Sara España
Guayaquil 21 FEB 2019 - 13:18 COT

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