Artículo relacionado

"El poder mafioso puede atentar contra las negociaciones de paz", Ricardo Vargas

 "No entiendo por qué este foro no se llama "solución al problema de la economía subterránea para la guerra". Con esta frase empezó su intervención el investigador social director de Acción Andina – Colombia, Ricardo Vargas, en el foro que sobre la solución al problema de las drogas ilícitas se realizó en Bogotá durante los días 24 – 26 de septiembre, como uno de los temas de discusión acordados en La Habana entre el Gobierno y las Farc.

 

 

 

"El poder mafioso puede atentar contra las negociaciones de paz", Ricardo Vargas

"No entiendo por qué este foro no se llama "solución al problema de la economía subterránea para la guerra". Con esta frase empezó su intervención el investigador social director de Acción Andina – Colombia, Ricardo Vargas, en el foro que sobre la solución al problema de las drogas ilícitas se realizó en Bogotá durante los días 24 – 26 de septiembre, como uno de los temas de discusión acordados en La Habana entre el Gobierno y las Farc.

 

El investigador denunció que contra el proceso de paz se puede presentar atentados por parte del poder mafioso que, utiliza sus millonarios ingresos para apropiarse de inmensos terrenos y financiar ejércitos privados, bandas criminales o paramilitares.

 

Al ser entrevistado por desdeabajo, nos ratificó su propuesta al explicarnos: "desde muy temprano el narcotráfico se instaló en zonas de colonización que genera una relación directa de narcotráfico y conflicto que sirve para financiar la guerra desde todos los propósitos, volviéndose multivariable.

 

desdeabajo –da. ¿Incluido la financiación de las campañas políticas?

Ricardo Vargas –RV. También, porque el narcotráfico no es una amenaza externa, sino que vive con el Estado que financia campañas cada día más costosas, problema del que poco se habla. Es decir, resolver los problemas del narcotráfico es también solucionar las relaciones con el poder.

 

da ¿La legalización sería la medida más efectiva para solucionar el narcotráfico?

RV. Bueno, la regulación es importante, pero hay que tener en cuenta las diferentes substancias que se deben regular, así como los mecanismos de distribución. No se puede dejar que cualquier persona pueda adquirir cualquier tipo de sustancia, igual, no es lo mismo la marihuana que la cocaína o la heroína. Hay que establecer las sustancias, los espacios de distribución y establecer una relación muy estrecha con los consumidores. De todas formas, todo debe ser tratado como un tema de salud pública, sin criminalizarlos.

 

da ¿Cómo lograr que los dineros del narcotráfico no afecten la construcción de la paz?

RV. Si hay un acuerdo, yo creo que el Estado aspira a que las Farc abandonen ese vínculo y por el otro lado la guerrilla debe pedir que se aclaren las relaciones de narcos con las esferas políticas y su relación con los ejércitos privados y bandas delincuenciales que cumplen con ahondar el conflicto social en Colombia. Mientras no haya una simetría no se puede crecer en la construcción de la paz.

 

Se requieren alternativas

 

Para Marco Romero, catedrático de la Universidad Nacional, las opciones para solucionar el tema del narcotráfico deben estar encaminadas a brindarle alternativas a los campesinos que viven de estos cultivos ilícitos por ausencia del mismo Estado. Colombia es un país de dos pisos, existen regiones de amplio desarrollo, pero otras que no cuentan con las más elementales soluciones a las necesidades de sus habitantes, por ejemplo agua potable, o salud u otros servicios básicos.

 

"Esto no se resuelve con una discusión de si se debe o no legalizar el consumo, sino que el Estado debe hacer presencia civil con soluciones a los problemas que generan las diferencias sociales. Un plan que integre las regiones al desarrollo, pero con una lógica de concertación democrática. En muchas de estas regiones es necesario hacer las consultas a las comunidades afros o indígenas. No se puede llevar nuevas economías si no son consultadas con sus habitantes".

 

Otras voces


La erradicación de cultivos para elaborar drogas "es un mito del folclore". El único efecto que ha tenido es que un cocalero lleve siete años como Presidente de Bolivia, planteó la estadounidense Kathryn Ledebur.


"Colombia no puede terminar con el narcotráfico, cuando la demanda desde el exterior es lo que lo impulsa", agregó Ledebur, directora de la Red Andina de Información, entidad no gubernamental que estudia los impactos de la guerra contra las drogas promovida por Estados Unidos y que tiene como sede la ciudad boliviana de Cochabamba.


Las conclusiones del "Foro nacional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas", realizado bajo la tutoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la estatal Universidad Nacional, se harán llegar a las partes citantes.


Los que faltaron

 

Respecto del desaire empresarial, el coordinador residente de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, prefirió subrayar que se trató de una "oportunidad perdida para contribuir con soluciones. El empresariado no asistió al foro, evidenciando su descontento con la ONU, por su apoyó a la protesta campesina en Catatumbo, región limítrofe con Venezuela, y su mediación en el subsiguiente paro nacional de actividades de los trabajadores agropecuarios y mineros".


"El tema de drogas ilícitas, queramos o no, es muy relevante para la seguridad en el campo y el desarrollo agrario", dijo Hochschild.
"Estuvieron más de 1.000 personas presentes, 800 de las cuales son de esas regiones (de cultivos ilegales) y hubiera sido una gran oportunidad para los gremios empresariales de explicar sus puntos de vista y proponer soluciones y escuchar otras opiniones", añadió.

 

"Para llegar a buenas soluciones es muy importante tener intercambios con diferentes puntos de vista, no boicoteando o evitando eventos. Eso no nos lleva a ninguna parte", expresó.

 

Por su parte Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia –SAC– y de la mesa directiva del Consejo Gremial Nacional, a través de un comunicado de prensa rechazó que la ausencia empresaria se califique de boicot. "Simplemente no asistimos", dijo Mejía, pues solo fueron contactados por la ONU con ocho días de anticipación.

 

Mejía discutió dos días con otros gremios sobre la asistencia, pero entonces la huelga se agudizó en distintas regiones y la ONU intervino como mediadora. "Sea justo o injusto, legal o ilegal, la institucionalidad se irrespetó", cuestionó.

 

Además, "esos paros son organizados por las Farc, aparentemente. Es lo que nos ha informado Inteligencia militar", comentó.

 

 

La coca no es cocaína

 

Para Ledebur, no se debería "confundir el narcotráfico, un negocio multinacional de miles de millones de dólares, con la gente que tiene alguna conexión por necesidad, por alimentar a su familia, por ser excluidos", sostuvo.


La experta cuestionó, al igual que el general retirado Rafael Colón, la forma de medir los resultados de la lucha antidrogas. "El éxito se mide no en la cantidad de hectáreas erradicadas, ni en droga incautada, ni en gente detenida ni procesada, sino más bien en indicadores de servicios básicos como el bienestar social, acceso a la salud, la educación, la nutrición de la población", señaló.

 

Según el estadounidense Adam Isacson, experto de la no gubernamental Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, "hay que dejar de fumigar y sí seguir la pista del dinero, que es la mejor manera de desmontar las redes criminales".

 

En el foro se realizaron llamados a distinguir entre la coca –vegetal andino de consumo tradicional con importantes propiedades alimenticias– y la cocaína, la droga elaborada con procesos químicos a partir de esa planta.

 

Si se piensa en sustituir la producción por otros cultivos, es clave contar con la participación del productor en las alternativas e, incluso, considerar que se mantengan las plantaciones para drogas mientras se consolidan otras cosechas.

 

El próximo paso para escuchar otras voces sobre esta problemática se dará en San José de Guaviare, este 1, 2 y 3 de octubre.

Publicado enColombia
Propone la OEA despenalizar el consumo de mariguana en la región

"La guerra antinarco es equivocada; hay que atacar el poder económico de cárteles"El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, dijo ayer en el Senado que la estrategia para combatir el narcotráfico en la región ha sido equivocada, ya que se enfoca sólo a la represión de la oferta de enervantes, pero no se ataca el poder económico de los cárteles de la droga, lo que deviene en una creciente violencia.

 

Se pronunció por la despenalización del consumo de mariguana, y advirtió que poner atención sólo a la venta de estupefacientes, sin acciones institucionales enfocadas a atacar las estructuras financieras y el lavado de dinero, será una guerra sin fin.

 

Al participar en el foro De la prohibición a la regulación: nuevos enfoques en política de drogas, detalló que, de acuerdo con un informe elaborado por especialistas de la OEA, el negocio del narcotráfico genera 154 mil millones de dólares al año, de los cuales 77 mil millones se lavan en el sistema financiero mundial.

 

También en el Senado, pero en otro foro, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, sostuvo que pese al intenso debate en Estados Unidos sobre la despenalización de drogas, como la mariguana, la violencia que genera no va a cambiar radicalmente en la región en los próximos años.

 

Por separado, Insulza detalló que en ese informe –que jefes de Estado y de gobierno reunidos en Cartagena de Indias el año pasado le encargaron elaborar a la OEA– se insiste en abrir el debate sobre la despenalización del consumo de drogas. Detalló que 45 por ciento de la cocaína que se trafica en el mundo, la mitad de la heroína y la cuarta parte del total de mariguana se consumen en el continente americano, donde también se incrementó el uso de las anfetaminas.

 

Recalcó que de acuerdo con ese estudio, en lugar de disminuir, el negocio del comercio ilegal de drogas crece y ha dado origen a un conjunto importante de grupos económicos y organizaciones criminales que siempre dejan un rastro de dinero y de violencia.

 

Durante ese foro, legisladores de PRD y PAN sostuvieron que la discusión sobre legalizar o no la mariguana en México no puede esperar. El perredista Mario Delgado detalló que en el Senado se trabaja en la revisión de la Ley General de Salud, con el propósito de facilitar el uso científico y medicinal de esa droga.

 

El panista Roberto Gil Zuarth indicó que la discusión sobre el consumo y la legalización de esa droga es un tema que no puede esperar más, pero tiene que contar con un régimen diferente que termine o que contenga el efecto de la violencia.

 

Sin embargo, Campa Cifrián puso en duda que la despenalización de la mariguana en Estados Unidos reduzca la violencia. Durante la instalación de la mesa de trabajo de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, del Parlamento Latinoamericano, el funcionario afirmó que este problema tiene un conjunto de razones estructurales, que básicamente están definidos por nuestra ubicación geográfica.

 

Tenemos una frontera de tres mil kilómetros con un país que ofrece muchas ventajas, pero que, además, es el principal consumidor de drogas en el mundo y eso implica un tráfico y tránsito permanente de estupefacientes, armas, dinero ilegal y de personas.

Publicado enInternacional
Arranca debate sobre drogas en la OEA; EU descarta legalización

La 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) comenzó hoy un debate en el que países latinoamericanos abogan por nuevas estrategias en la guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos, que durante años ha dejado decenas de miles de muertos, y la postura de Washington que, de entrada, descartó la legalización del consumo como la “solución mágica”.

 

La Asamblea General que comenzó esta noche y que se extenderá hasta el jueves, plantea como punto de partida abordar el tema de las drogas como una cuestión de salud pública y no sólo de seguridad, con el lema “Por una política integral al problema mundial de las drogas en las Américas”.

 

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al inaugurar el encuentro en una finca cafetalera de Antigua, 45 kilómetros al suroeste de Guatemala, dijo que se trata de “uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos de las Américas” y uno de los desafíos “más graves” que enfrentan las democracias en la región.

 

“El carácter histórico de esta asamblea radica en que se inicia un debate que antes no se podía realizar. La fuerza de su convocatoria y del informe de drogas de la OEA es que acaba con un tabú de numerosas décadas”, dijo el secretario general del organismo.

 

“Hoy legitimamos ese debate en forma transparente”, añadió. “Un enfoque de salud pública y la reducción de la violencia del narcotráfico son las principales orientaciones que queremos seguir”.

 

Insulza subrayó que “el problema de las drogas es un desafío a nuestras políticas de salud pública, insuficientes para enfrentar el drama de la drogadicción, lo cual permite que aún se trate a las personas que sufren de esa adicción como delincuentes y no como enfermos que requieren de atención especializada”.

 

Guatemala, el país anfitrión de la 43 asamblea, que se celebra en la ciudad colonial de Antigua, ha logrado congregar a 14 naciones de la región en su iniciativa de superar la visión de la seguridad que ha primado en las últimas décadas y buscar “alternativas”. Incluso ha pugnado por la legalización o la regularización de la venta de ciertas drogas.

 

La representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Carmen Lomellin, ratificó poco antes de la inauguración de la asamblea que su gobierno sigue en contra de la despenalización o regularización de la venta de ciertas drogas para terminar con los mercados ilícitos, aunque sin entrar en la discusión del alto impacto de muertes violentas que el problema acarrea en muchos países.

 

“Estados Unidos da la bienvenida a un debate honesto y abierto sobre el tema, pero debe estar basado en hechos y en la ciencia”, dijo. Si bien afirmó que su país no pretende tener el “monopolio” de la política antidrogas, sostuvo que el marco internacional actual es resultado de “años y años de cuidadosas consideraciones”.

 

La funcionaria argumentó que “las áreas comunes de interés son mucho más que las de disenso”. No obstante, Lomellin indicó que “cada gobierno debe decidir su propia ruta y cómo cumplir con sus obligaciones dentro de las leyes internacionales para proteger a sus ciudadanos de los daños causados por las drogas ilícitas”.

 

La delegación estadunidense está encabezada por el secretario de Estado, John Kerry, acompañado por la subsecretaria para la región, Roberta Jacobson; el subsecretario de la lucha antinarcóticos, William Brownfield; el zar antidrogas Gil Kerlikowske, y Lomellin.
Brownfield advirtió con anterioridad que “nadie va a dictar la legalización a Estados Unidos”.

 

La cita tiene como base para el análisis un informe presentado en mayo por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en el cual se plantean diversos escenarios y rutas de acción, elaborado ante un mandato de la Cumbre de las Américas del año pasado en Colombia.

 

Con la asistencia de los 34 países miembros de la OEA, los cancilleres negociaron en las horas previas a la inauguración de la asamblea el texto final de la Declaración de Antigua Guatemala, que cerrará la reunión el jueves y marcará la ruta futura que tomará el diálogo regional en materia de drogas. Sin embargo, trascendió que las propuestas de Guatemala y otros países sobre regularización de ciertos mercados se han “desvanecido” o de plano han desaparecido.

 

A la inauguración asistió el presidente anfitrión, Otto Pérez Molina, quien desde hace un año impulsa este debate al considerar que la actual lucha antidrogas ha fracasado. Estuvo flanqueado por su par costarricense, Laura Chinchilla, y el mandatario dominicano, Danilo Medina. En total participan además 26 cancilleres, tres viceministros y cinco embajadores permanentes ante la OEA.

 

“Se trata de un debate largamente esperado que nuestros países necesitan para buscar soluciones a un fenómeno que afecta a todos, aunque no por igual. Los más vulnerables pagan la cuota más pesada de la violencia”, afirmó el chileno Insulza. Confió en que esta asamblea sea un punto de partida, al aclarar que “no es para sacar conclusiones”.

 

Aunque la despenalización parecía ganar terreno, aún no hay consenso. Al menos 14 países latinoamericanos están interesados en impulsar una nueva política, entre ellos los de América Central, Uruguay, Colombia y México, a decir del canciller guatemalteco Fernando Larrea.

 

En México, la guerra entre el gobierno y los cárteles del narcotráfico dejaron cerca de 70 mil muertos entre 2006 y 2012. En Centroamérica, de acuerdo con reportes conocidos aquí, cada año se contabilizan unos 20 mil muertos, sobre todo en el triángulo norte que integran El Salvador, Guatemala y Honduras.

 

Con motivo de la reunión, Human Rights Watch abogó por que los países de la región despenalicen el consumo de drogas para reducir la violencia y los abusos de las fuerzas de seguridad contra la población. La organización estimó que la “guerra contra las drogas” ha tenido efectos “nefastos” en materia de derechos humanos.

 

El Informe Sobre Seguridad Ciudadana 2012 de la OEA indica que en el Caribe 68 por ciento de los homicidios son cometidos con armas de fuego; en Centroamérica, 78 por ciento; en América del Norte, 55 por ciento, y en América del Sur, 83 por ciento.

 

De la cocaína confiscada en Estados Unidos, 95 por ciento es de origen colombiano, según analistas, y el flujo promedio hacia el país del norte es de 400 a 600 toneladas anuales. En la actualidad, 80 por ciento de la cocaína destinada a Estados Unidos pasa por Centroamérica y México en rutas aéreas, marítimas y terrestres.

 

Un estudio de la ONU indica que la venta de cocaína mueve cerca de 84 mil millones de dólares en el mundo, el cannabis 141 mil millones de dólares y la heroína unos 55 mil millones.

 

Según el Informe Anual 2011 de ONU, en 2010 unos 230 millones de personas en el mundo consumieron alguna droga ilícita, y entre 75 y 80 por ciento de ellas consumieron mariguana.

 

Afp y Dpa

Publicado enInternacional
La OEA recomienda despenalizar el consumo de drogas en América

La Organización de Estados Americanos recomienda despenalizar el consumo de drogas en el continente como base de cualquier estrategia de salud pública en su Informe sobre el Problema de las Drogas en la región, que este viernes ha sido entregado al presidente de Colombia, José Manuel Santos, por el secretario general de la entidad, José Miguel Insulza. Además de hacer un balance sobre las consecuencias de las actuales políticas antidrogas aplicadas en la región, el estudio plantea varios escenarios que reflejan la potencial evolución de este problema en el caso de que se optara por la legalización de determinadas sustancias, se pusiera el énfasis en la prevención, se mantuviera la preeminencia de la seguridad, pero incluyendo un refuerzo de las instituciones judiciales, o cada Estado optara por aplicar de manera individual la estrategia más conveniente a sus particularidades nacionales.

 

"Tal vez el problema es que definimos de manera distinta el problema de las drogas y por lo tanto queremos actuar de manera diversa, y esto es un intento de busca de síntesis y sinergia para poder avanzar", ha explicado Insulza. Hasta ahora, en América, el problema de las drogas había sido tratado principalmente desde el ángulo de la seguridad antes que como un problema de salud pública. El informe de la OEA aboga por abordar el problema del consumo desde esta última perspectiva, en lugar de poner el énfasis en la penalización y el la represión del adicto. “El cambio fundamental en esta materia radica en la consideración del usuario como una víctima, un adicto crónico, y no como un delincuente o un cómplice del narcotráfico”, se indica en el estudio. “La despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública”. Las políticas que defiende la OEA al respecto, que pasan por una reducción de las penas por consumo, la preferencia de la rehabilitación y tribunales específicos para este tipo de delitos van en sintonía con la estrategia antidroga que la Administración Obama viene impulsando desde 2010.


 
Además del problema de la adicción, el estudio de la OEA también presenta distintos escenarios para atajar la violencia y la inseguridad asociadas al consumo de la droga. “El informe no impone soluciones, presenta pronósticos ajenos a cualquier tipo de prejuicios, basados en informes analíticos. Son alternativas que nos ayudarán a resolver un problema común a toda América”, ha indicado Santos. El presidente colombiano ha sido el principal promotor del informe de la OEA. En la Cumbre de las Américas de Cartagena de Indias (Colombia), el mandatario encargó a la Organización la elaboración del estudio “sin sesgos políticos” para abordar, a partir de él, el problema de la droga y otras opciones más allá de la fallida guerra contra el narcotráfico. El documento de la OEA constituye la base de la agenda política que se debatirá a principios de junio en la Asamblea General de la OEA, cuyo tema central de discusión será política integral de la lucha contra las drogas en las Américas.


 
Los cuatro escenarios


 
En ningún otro lugar como en el continente americano el cultivo, la producción, el tráfico, la venta y el consumo de drogas se desarrollan de una manera tan integral. El narcotráfico en la región, y delincuencia y corrupción que lleva aparejadas, es, junto con la desigualdad social, una de las principales amenazas a la estabilidad democrática de muchos de los Estados.


La OEA baraja cuatro contextos. En uno de ellos se aborda el escenario de la regulación de la venta de determinadas sustancias, “iniciando con el cannabis”. Entre los problemas que plantea esta alternativa, la OEA recoge “las tensiones intergubernamentales, como resultado de las diferencias de regímenes entre jurisdicciones” y “los riesgos de la experimentación”, que se derivarían.


 
En los últimos meses, varios países de la región, con Colombia, Guatemala y Uruguay a la cabeza, han abierto el debate de la legalización. En EE UU, los Estados de Washington y Colorado han aprobado la regularización del consumo, producción y venta de determinadas cantidades de marihuana. Su presidente, Barack Obama, se opone a la legalización y muchos otros Estados de la región lo secundan.


 
Otro de las alternativas que plantea la OEA pone el énfasis en la prevención y en la integración de los esfuerzos del Gobierno, los empresarios y la sociedad civil para “fortalecer las comunidades” y “mejorar la seguridad y la salud pública”. En los últimos años, varios países en América Latina están impulsando un cambio en la aproximación de las políticas antidroga, centrando su estrategia en políticas integrales que primen la prevención y rehabilitación frente a las de seguridad. Guatemala, Colombia, EE UU, Canadá y México -tras el cambio de estrategia en la lucha contra el narcotráfico impulsada por su anterior presidente, Felipe Calderón, que provocó 60.000 muertos durante su mandato- han optado por esta aproximación


Un tercer escenario pasa por mantener, como hasta ahora, la prevalencia de las políticas de seguridad pero fortaleciendo las instituciones judiciales y policiales para “lograr una mejor seguridad ciudadana y una mayor credibilidad” en las autoridades. El problema de este supuesto, para la OEA es el inconveniente de una “cooperación internacional dispersa y vacilante”. El embajador de El Salvador en EE UU, Rubén Zamora, indica que uno de los principales problemas de esa coordinación transnacional “son las dificultades en el intercambio de información entre las diferentes agencias antidroga estatales”.


 
El cuarto escenario, y el que se percibe como el más pesimista, es que cada uno de los Estados de la región implemente de manera individual sus propias políticas para hacer frente a los problemas específicos que provocan la droga -no son iguales en los países productores, los de tránsito o lo de consumo- sin coordinar su estrategia a nivel hemisférico.


 
"Aquí no se defiende ninguna postura, ni la legalización, ni la guerra a cualquier precio", ha advertido Santos. Lo que pretende el informe de la OEA es impulsar el diálogo para trazar una estrategia común en todo el continente que enfrente este problema. La presentación oficial del informe tendrá lugar el lunes que viene en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA (CICAD). Allí los países ofrecerán sus primeras opiniones sobre el estudio, cuyo tratamiento general se abordará en la Asamblea General entre el 4 y el 6 de junio.

 

Eva Saiz Washington 17 MAY 2013 - 21:34 CET

Publicado enColombia
Una reforma a la política de drogas para el siglo XXI

Al reunirse con el presidente Barack Obama y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, durante la pasada Cumbre de las Américas en Cartagena, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo una importante declaración sobre el futuro de las políticas sobre las drogas en nuestro hemisferio: “Tenemos la obligación de ver si estamos haciendo lo mejor que podemos o si existen otras alternativas que puedan ser mucho más eficaces. Una solución podría ser: ‘todos los consumidores irán a la cárcel’. En el otro extremo está la legalización. En un punto medio, podemos encontrar políticas más prácticas”.


No podríamos estar más de acuerdo con el presidente Santos. Hoy sabemos mucho más que hace una década sobre la complejidad de nuestro problema común de las drogas. Las distinciones entre países “productores” y “consumidores” están desapareciendo: el consumo de cocaína ha disminuido considerablemente en Estados Unidos, mientras la demanda por esta droga se está incrementando en muchas naciones de América Latina.


Los innovadores avances en el campo de la neurociencia han contribuido significativamente a un mejor conocimiento sobre el tema de la drogadicción, que es el motor de gran parte de la violencia, inestabilidad y criminalidad en nuestro hemisferio, en el sentido de que se trata de una enfermedad crónica del cerebro que se puede prevenir y tratar con resultados positivos. Aunque el indiscutible éxito del Plan Colombia demuestra que la aplicación efectiva de la ley y los esfuerzos en materia de interdicción juegan un papel crucial en la lucha contra el crimen organizado y en la protección de la seguridad pública, también sabemos que no podemos solucionar el problema de la droga a punta de arrestos.


Existe un punto medio.


El presidente Obama ha dejado muy en claro que cualquier decisión que afecte la salud pública y la seguridad ciudadana debe basarse en ciencia y evidencia, y no obedecer a ideologías ni dogmas. Por esta razón, el mes pasado el gobierno de Estados Unidos anunció una nueva estrategia, que aborda el desafío común de las drogas como un tema de salud pública y no sólo como una cuestión de orden público. Más importante aún es que la nueva política del gobierno de Estados Unidos rechaza las estrategias simplistas que han dominado las discusiones sobre las drogas en nuestro hemisferio.


La nueva estrategia hace énfasis en la prevención y el tratamiento, en lugar del encarcelamiento. Pero no se trata sólo de un cambio retórico: el presidente Obama solicitó más de 10 mil millones de dólares en el nuevo presupuesto para destinarlos a prevenir y disminuir el consumo de drogas en Estados Unidos. Esta suma representa, en el periodo de un año, más de lo que se ha invertido en el Plan Colombia y programas sucesivos desde 2000.


A partir del reconocimiento de que la drogadicción puede ser tratada, la nueva estrategia también ofrece apoyo para la mayor ampliación que se ha dado en toda una generación en cuanto a acceder a tratamientos contra adicciones. La ley de reforma a la salud brindará cobertura de seguro médico, incluyendo casos de problemas por abuso de sustancias, a cerca de 60 millones de estadunidenses.


Al ampliar programas innovadores como las cortes que se especializan en tratar a los adictos, enviaremos a centros de tratamiento a más de 100 mil individuos responsables de cometer delitos no violentos relacionados con drogas, en vez de encarcelarlos.
Por último, el nuevo plan también señala que como el consumo de drogas no es algo exclusivo a Estados Unidos, y con el fin de ayudar a tratar el creciente índice de consumo de drogas en muchos países de América Latina, vamos a compartir las más recientes investigaciones en materia de prevención y tratamiento con nuestros aliados alrededor del mundo.


La evidencia demuestra que la legalización de las drogas no es una solución viable para nuestro problema mundial con ellas. Las organizaciones criminales trasnacionales que trafican drogas son empresas muy diversificadas que también obtienen importantes ingresos por secuestros, trata de personas, extorsiones y corrupción. Es más, cuando las drogas están más fácil y ampliamente disponibles al público, los retos a la sociedad, a la salud y a la calidad de vida son monumentales. Debemos guiarnos por la neurociencia y la evidencia basada en las investigaciones científicas más recientes. Esta es la esencia de la política de Estados Unidos contra las drogas para el siglo XXI.


Por R. Gil Kerlikowske, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca y asesor del presidente Barack Obama en política contra las drogas


Exclusivo para La Jornada

Publicado enInternacional
Página 4 de 4