Cotización de Bitcoin el 17 de febrero de 2021. Fuente: Coindesk

Bitcoin, la primera criptomoneda creada y que usa la tecnología descentralizada de blockchain, es actualmente un oligopolio de ‘minado’ y una fuente de especulación y gasto energético sin sentido.

 

Elon Musk ya nos tiene acostumbrados a sus excentricidades, pero la última, invertir 1.500 millones de dólares en Bitcoin y comenzar a aceptarlo como método de pago es una de las más significativas, teniendo además graves consecuencias para nuestro planeta, poniendo en peligro incluso el Acuerdo de París. ¿Por qué?

¿Qué es Bitcoin?

Bitcoin es una criptomoneda que utiliza la tecnología blockchain. Las criptomonedas son monedas virtuales, es decir, que no existen físicamente. Aunque muchas veces se confunden, blockchain y Bitcoin no son lo mismo. Según palabras de Ángel Zorrilla, “el primero es una tecnología que funciona como un enorme libro de registros enlazados que posibilita hacer transacciones de forma cifrada y que elimina la necesidad de intermediarios en las transacciones. El segundo es el dinero generado dentro de esta ‘cadena’, y su existencia como criptomoneda solo es posible procesando grandes cantidades de datos, lo que se conoce como minería”, en analogía con la minería de oro, pero en vez de mover grandes máquinas pesadas, la maquinaria son grandes equipos informáticos complejos que realizan cálculos computacionales.

Blockchain tiene muchas ventajas, la principal es que es muy segura, es prácticamente inhackeable gracias a su propia arquitectura. Sus aplicaciones no se limitan solo al Bitcoin, sino que son muy diversas: firma de contratos, votaciones en elecciones, guardar registros médicos y bancarios e incluso, lucha contra la pandemia de la covid-19.

La aplicación más conocida de blockchain es sin duda Bitcoin. Esta criptomoneda nació en 2008 por una entidad conocida como Satoshi Nakamoto. A día de hoy, la identidad de esa(s) persona(s) sigue sin conocerse. Las principales características del Bitcon son: que es una moneda descentralizada, es decir, no tiene una sede o servidor en particular; no puede ser intervenida y no es necesario revelar la identidad al hacer negocios. Además, tiene una alta volatilidad de su precio por su carácter especulativo.

¿Por qué está todavía más de moda el Bitcoin en estos momentos?

En mayo de 2018 ya se habló del alto consumo de energía de Bitcoin, en el que se mencionaba un artículo que estimaba consumiría el 0,5% de la electricidad mundial para finales de 2018 y un 1,8% para finales de 2019.

Aunque no se cumplieron las estimaciones, el Bitcoin sigue generando gran controversia en relación a su alto consumo eléctrico y más después del anuncio de que Tesla, empresa de la cual Elon Musk es director general, anunciase la inversión de 1.500 millones de dólares en Bitcoin, además de comenzar la aceptar la criptomoneda como método de pago. Esta inversión desencadenó que se realizasen más inversiones en la moneda virtual, llegando así a máximos históricos de cotización, superando los 50.000 dólares (41.400 euros) el 17 de febrero.

Dentro de lo que podemos llamar “la paradoja de Musk”, confluye un hombre que construye su fortuna alrededor de la fabricación de coches eléctricos que no emiten dióxido de carbono y que ofrece 100 millones de euros al mejor sistema que elimine CO2 del aire, y otro que es responsable de que se dispare el consumo energético de Bitcoin.

A día de hoy, toda la red de Bitcoin consume anualmente 123 TW·h, más que los Emiratos Árabes Unidos o la mitad del consumo español. Por otro lado, tiene una huella de carbono de 37 millones de toneladas de CO2, comparable con las emisiones de Dinamarca o Eslovaquia, las emisiones de cuatro millones de coches diésel al año o más de 10 veces o CO2 no emitido por los coches eléctricos de Tesla (3.7M de toneladas de CO2).

Cabe destacar que Tesla no solo invirtió en Bitcoins, sino que también comenzará a aceptarlo como método de pago. Lo que supone que si compras un Tesla Model 3 que consume 16 kW·h cada 100 km y lo pagas mediante Bitcoin, el simple hecho de hacer esa transacción, consumiría lo mismo que si anduvieses 4.700 km con ese coche.

Los Bitcoins (BTCs) consumen la misma cantidad de energía por unidad de tiempo independientemente de cuantas transacciones se realicen en ese mismo tiempo. Es decir, da igual que se haga una transacción de 4 o 43.000 BTCs. Es difícil estimar con precisión la cantidad de energía utilizada para minar BTCs porque depende de la ubicación, aun así, a estimación media de una transacción es de 741 kW·h lo que equivale al consumo medio de un hogar español durante más de 80 días (consumo medio diario 9 kW·h)

Pero esto no acaba aquí, un estudio publicado en la revista científica Nature en 2018, advertía que si Bitcoin se convirtiese en la principal forma de pago, el consumo energético y emisiones de la criptomoneda por sí solas, elevarían la temperatura media global por encima de los 2º C en menos de 20 años, imposibilitando así el cumplimiento del Acuerdo de París.

El Bitcoin es solo una de tantas criptomonedas que hay, y muchas de ellas con la misma problemática del consumo energético. Como afirmó Franck Leroy, en un artículo dónde también invitaba a los green hackers a actuar contra la criptomoneda: “Bitcoin es el peor desperdicio de recursos y energía de la historia de la humanidad”.

¿Pero por qué consume tanta energía?

Para entenderlo, hay que saber cómo funciona blockchain y que una transacción de Bitcoin no es cómo enviarle dinero a alguien mediante Bizum o cualquier tipo de envío de dinero digital. En el caso del Bitcoin, no hay un banco o bancos que verifiquen o certifiquen las transacciones, sino que es la propia red de usuarios la que se encarga de hacer este trabajo. Cuando una persona A le envía 1 Bitcoin a B, la red de usuarios comprueba que esa persona ‘A’ sea ‘A’ (hay que recordar que las transacciones son anónimas, no se registran nombres, sino ‘contraseñas’) y que A tenga más dinero del que quiere enviar. Si esto está bien, toda la comunidad de la red de Bitcoin anota que A tiene 1 Bitcoin menos y que B tiene 1 Bitcoin más. Hay que aclarar que no son personas las que hacen esta validación, no hay nadie leyendo números y letras en una pantalla, son ordenadores (muy potentes) los que realizan esta acción. Debido a que toda la información está encriptada (de ahí que sea una criptomoneda), es una tarea muy costosa.

 

Pero esto no acaba aquí, debido a la descentralidad de Bitcoin, es decir no hay una única persona que lleve las cuentas, sino que ‘toda la comunidad lleva las cuentas de toda la comunidad’, puede ocurrir que varios usuarios de la red ‘anoten’ las transacciones en diferente orden. Por lo tanto, es necesario que toda la comunidad se ponga de acuerdo para que todas las copias del libro de cuentas sean iguales. Es aquí cuando entra el concepto de blockchain o ‘cadena de bloques’, que se basa en empaquetar varias transacciones en un mismo bloque y escoger uno de esos bloques candidatos para añadirlo a la cadena de bloques que contienen las transacciones del pasado. Una vez que se une un bloque a la cadena, este es imposible de modificar.

Para escoger el bloque ganador, la “comunidad de verificadores de Bitcoin”, también llamados ‘mineros’ por la similitud con la minería, luchan por descifrar una contraseña. La primera persona en descifrarlo, gana el derecho de añadir el siguiente bloque oficial y el resto de la comunidad anota, por fin, ese bloque en el “libro de cuentas”.

¿Por qué alguien iba a perder tiempo y energía en hacer ese trabajo de verificación? A día de hoy, la recompensa por conseguir crear un bloque (‘minar’) es de 6.5 BTCs, 270.000 euros a 17 de febrero de 2021. Sin embargo, la recompensa por minar, se reduce a la mitad cada 210.000 bloques en un proceso que se llama halving, lo que hace que cada vez se ‘emitan’ menos Bitcoins, hasta alcanzar el total de 21 millones de Bitcoins.

Como vimos antes, solo la persona ganadora de la carrera por descifrar el encriptado, recibe la recompensa, lo que lleva a la gente a adquirir las tarjetas gráficas y procesadores de última generación para sus ordenadores. Como resultado tenemos a mucha gente (la red de minería) con ordenadores de última generación conectados a la red eléctrica 24 horas al día.

Es cierto que si esta gente utilizase electricidad procedente de fuentes renovables, la huella ecológica del Bitcoin se reduciría mucho. No obstante, la realidad es muy diferente, ya que los lugares donde más minan, usan fuentes de energía no renovable. Así, tenemos a China con el 65% del poder de minado, seguido de los Estados Unidos (7,24%) y Rusia (6,90%).

Además solo la región autónoma china de Xinjiang, concentra el 35% de la potencia de minado total. Esto se debe a la concentración de ‘granjas de minado’ (un espacio a semejanza de una granja, en el que se concentra un número considerable de ordenadores de alto rendimiento con la finalidad de minar criptomonedas) en lugares concretos. De hecho, las 22 ‘granjas de minado’ más grandes, controlan prácticamente el 100% del Bitcoin minado.

Bitcoin, la primera criptomoneda creada y que usa la tecnología descentralizada de blockchain, es actualmente un oligopolio de minado es una fuente de especulación y gasto energético sin sentido alguno, que ni tan siquiera existe.

Por Diego Ferraz Castiñeiras

Ambientólogo e oceanógrafo coordinador de Naturiza 

3 mar 2021 06:00

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Lunes, 01 Marzo 2021 05:36

¿Regreso a la normalidad?

Debra Haaland compareció el miércoles pasado en el Senado estadunidense, como parte de la nominación a secretaria del Interior. Haaland podría ser la primera indígena en liderar la dependencia que administra territorios federales y tribales. Foto Ap

“America está de vuelta”, es la consigna de política exterior del nuevo gobierno de Joe Biden con el propósito derecuperar la "autoridad moral" (si es que alguna vez existió) y el "liderazgo mundial" y, con ello, regresar a algo antes llamado "normalidad".

Aparentemente eso incluye cosas como bombardear a Siria. Fue, según la versión oficial, respuesta a un ataque por milicias respaldadas por Irán contra instalaciones estadunidenses en Irak. De hecho, era tan "normal" la acción que algunos comentaron como si era de esperarse ese rito de cada nuevo gobierno mostrando que es "duro", o como escribió con tinte sarcástico Charles Pierce en Esquire, "no eres realmente presidente de Estados Unidos hasta que has hecho que algo estalle en Medio Oriente".

El ataque estadunidense no fue autorizado por el Congreso, y su justificación era la necesidad de proteger a las tropas estadunidenses en Irak, también ahí sin autorización. O sea, todo es técnicamente ilegal, pero tan normal que sólo es una más de múltiples "operaciones antiterroristas" por las fuerzas armadas estadunidenses que se han llevado a cabo en 85 países sólo desde 2018 [https://watson.brown.edu/ costsofwar/papers/2021/US CounterterrorismOperations].

Otra guerra, la que dicen que es contra el narco, sigue llenando las prisiones y condenando a generaciones de gente pobre a la violencia en Estados Unidos, como también en Afganistán, Colombia y México, entre otros "frentes". Siguen hablando igual que cuando se inauguró, hace casi medio siglo, o sea, lo normal. Pero Virginia ya se sumó a 15 estados más en Estados Unidos en legalizar la mariguana (el primero en el sur), nutriendo la esquizofrenia entre un gobierno federal que continúa llevando a cabo sus operaciones internacionales manchadas de sangre y corrupción mientras sus ciudadanos –y nuevos empresarios– gozan cada vez más de manera legal esa droga.

En otra guerra interna, los supremacistas blancos y neonazis que siguen siendo soldados de Donald Trump están ahora amenazando "hacer estallar" al Capitolio para matar a decenas de legisladores cuando el presidente Biden se presente para su primer informe del Estado de la Unión, a principios de marzo, reveló el jefe interino de la Policía del Capitolio. Esa guerra interna, parte de la cual tiene raíces con la primera guerra americana, sigue amenazando al país.

Ah, y hablando de guerras e impunidad, resulta que el gobierno de Biden no castigará al autor intelectual, según la conclusión de fuerzas de inteligencia estadunidenses, del delito de secuestrar y descuartizar al periodista Jamal Khashoggi. Y es que el responsable es el príncipe saudita Mohammed Bin Salman y jefe de ese gran gobierno aliado y líder en democracia, derechos humanos y libertades civiles de Arabia Saudita.

Aun con cambios potencialmente significativos, siguen muy presentes ecos de lo que era "lo normal", incluyendo los más antiguos de la primera guerra americana, la que se libró contra sus pueblos indígenas. Algunos de los descendientes de los conquistadores sometieron a la congresista Deb Haaland a un interrogatorio cuestionando su "entendimiento" del manejo de los recursos naturales y acusando que era una "radical", durante audiencias en el Senado para ratificar su nombramiento como secretaria del Departamento del Interior –la primera indígena nominada para ocupar un puesto en un gabinete presidencial en la historia del país. Si es aprobada, la experta ecologista especializada sobre el impacto de los combustibles fósiles estará encargada de tierras bajo control federal (casi una quinta parte del territorio nacional) incluyendo las reservaciones indígenas.

“Una mujer indígena está por encabezar una secretaría que una vez fue encabezada por un hombre quien declaró que su misión era "civilizar o exterminar" a los pueblos indígenas. Hay gran ironía cuando republicanos ahora están describiendo [a Haaland] como una amenaza existencial a su manera de vida”, comentó Crystal EchoHawk, activista indígena y directora de IlumiNative.

Algunas cosas ya no son, nunca deberían ser, normales.

Angelique Kidjo interpreta Once in a Lifetime . https://open.spotify.com/ track/5nXXJeSf9MeDmUmEoafgOH ?si=PHWskR74Tc-5-ieC4hlLyA

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https://www.flickr.com/photos/javjavs/9307214975/

El presidente Iván Duque esbozó,en entrevista brindada el 8 de febrero a la Radio Nacional de Colombia1 los elementos base de la “Reforma Social y Fiscal” por presentar al Congreso de la República. En efecto, allí bosquejó la reforma que según la valoración económica y social del sector social que representa son necesarios para enfrentar los principales efectos que ha traído la pandemia, en especial el aumento en: i) los niveles de pobreza, ii) el número de desempleados y iii) el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento público.

En palabras del presidente Duque, “Colombia necesita enfrentar esos efectos de la pandemia, pensando en lo social, y pensando en lo fiscal”. Hay que dejar resuelto estos problemas a la nueva administración, y para ello se requiere tener como premisa “una gran capacidad para llegar a la población más vulnerable” con el fortalecimiento de los programas sociales actuales. Para ello, se va a presentar un proyecto de reforma tributaria que contenga un “poderosísimo componente social y un poderosísimo componente fiscal” que permita: “i) eliminar la pobreza extrema en el país, ii) atender las familias más necesitadas con un ingreso de manera sostenible, social y solidario, y iii) dejar resuelto un horizonte fiscal de corto, mediano y largo plazo que mantenga la confianza de los inversionistas en Colombia”.


Política social de transferencias de un ingreso social y solidario

Vale la pena precisar las implicaciones fiscales para alcanzar el objetivo planteado de eliminar la pobreza extrema en el país:

(i) De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares 2016-2017 (Enph), actualizada por el Dane para 2019, justo antes de la irrupción de la pandemia del covid-19, en Colombia había 4 millones 286 mil 296 hogares pobres (17 millones 461 mil 646 personas), de los cuales el 26.7 por ciento de los hogares se encontraban en situación de pobreza extrema (equivalente a 4 millones 686 mil 834 personas en indigencia). Teniendo presente el ingreso per cápita, así como la línea de pobreza e indigencia definida por el Dane para cada uno de los dominios geográficos, con base en una simulación de los microdatos de la Enph se estima en un aproximado de 3 billones de pesos al año (0.3% del PIB) el costo fiscal para liberar de la situación de indigencia –aunque sin superar la situación de pobreza no extrema– a cada una de las personas de esos hogares. De igual manera, liberar de la situación de pobreza a la totalidad de las personas que se encuentran en esa condición implicaría un costo fiscal cercano a los 37 billones de pesos al año (3.7% del PIB). Esto para la situación social prevaleciente antes de la pandemia.

(ii) Ahora bien, dado el impacto que la pandemia ha tenido en el mercado laboral y en los ingresos de los hogares, en especial de los ciudadanos que trabajan por cuenta propia, en su mayoría en condiciones de informalidad, existe una alta probabilidad de que incluso más de un 10 por ciento de los hogares en pobreza sufrieran un mayor deterioro en sus condiciones de vida y cayeran en pobreza extrema, por lo cual el costo fiscal de situar a estos hogares en situación de pobreza monetaria no extrema ascendería a 4.2 billones de pesos al año (0.42% del PIB).

Con un ingrediente adicional: asegurar que los hogares que en 2019 se encontraban en pobreza monetaria alcancen la línea de pobreza de su respectivo dominio geográfico, implica un costo fiscal cercano a los 37 billones de pesos al año (3.7% del PIB).

Aunque dicho costo fiscal se incrementaría debido a que con la pandemia muchos de los hogares que vivían en situación de vulnerabilidad no tuvieron cómo soportan el golpe de esta coyuntura económica y social, y fueron expulsados a la pobreza y algunos a la indigencia. En efecto, por cada millón de hogares en situación de vulnerabilidad en 2019 pero en pobreza en 2020 se aumentaría el costo fiscal en aproximadamente 9 billones de pesos al año.

Razón por la cual sería de prever un costo fiscal del orden del 4.2-4.4 por ciento del PIB al año para asegurar que en 2021 se lograra alcanzar al menos la línea de pobreza monetaria para todos los hogares en el país que en 2020 estuvieran en situación de pobreza y pobreza extrema.

(iii) Respecto al punto de “Atender las familias más necesitadas con un ingreso de manera sostenible, social y solidario” es de recalcar que de acuerdo con las estimaciones recién mencionadas un programa de transferencias monetarias que asegurara que ninguna persona u hogar tuviera un ingreso total por debajo de la línea de pobreza monetaria implicaría un costo fiscal anual equivalente a tres veces el de los actuales programas sociales de transferencias; es decir, cerca de 2.8 puntos porcentuales adicionales del PIB al año.

Ahora bien, cómo se financiaría un programa de tal naturaleza si, según se ha insinuado por diferentes medios, el Gobierno prevería un recaudo adicional neto con la reforma tributaria del orden de 1.5 por ciento del PIB al año a partir de 2022, ante los requerimientos de recursos fiscales adicionales para reducir la deuda pública, bajar el déficit fiscal estructural hacia niveles sustentables para la estabilidad macroeconómica y aumentar el gasto público en prioridades sociales y económicas. Lo que ello sugiere es que el Gobierno no estaría pensando en aplicar una política social tan ambiciosa como la mencionada sino una mucho más modesta, más asimilable a la hoy vigente!

Implicaciones de la ampliación de la base gravable del impuesto sobre la renta

Otro de los elementos esbozados por el gobierno nacional está relacionado con la ampliación de la base gravable del impuesto a la renta y complementarios de las personas naturales mediante la reducción del umbral de ingresos sujetos al impuesto, con el propósito de que cerca de un millón de personas ingresen a contribuir con el impuesto. De igual manera, se indicó con cierta vaguedad la posibilidad de aumentar en un punto porcentual las tarifas.

Como se muestra a continuación, esta medida impacta claramente a la clase media según ingresos. La tabla de liquidación del impuesto sobre la renta y complementarios para las personas naturales que actualmente rige en el país se muestra en el Cuadro 1.

Una simulación de escenarios alternativos de ampliación de la base, de acuerdo con las tarifas marginales vigentes y teniendo como fuente los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) actualizada por el Dane para 2019, permite concluir que:


(i) De aplicarse las tarifas del Cuadro 1 a los ingresos de los hogares según la Geih, el recaudo potencial podría alcanzar hasta $28.5 billones al año –sin ningún beneficio fiscal–, siendo la denominada clase media el principal conglomerado aportante, con el 51 por ciento del recaudo, seguida por la clase de altos ingresos con el 47 por ciento y el restante 2 por ciento por hogares en vulnerabilidad.

(ii) Si se excluyeran de la base a las personas naturales con un ingreso inferior a dos líneas de pobreza monetaria, el recaudo potencial alcanzaría un valor cercano a los 23 billones de pesos al año, inferior en un 18 por ciento al recaudo potencial del escenario base, pero superior al recaudo actual por impuesto a la renta de personas naturales en el país (cercano a 1.5% del PIB) debido a la erosión de la base gravable por los beneficios tributarios vigentes y por los elevados niveles de evasión y elusión tributarias.

(iii) Si se redujera la base de cotización a 500 UVT, es decir que las personas naturales con un ingreso mensual de más de un millón 428 mil 83 pesos ($1.428.083 al mes) debieran declarar impuesto sobre la renta y complementarios, con el mantenimiento de los otros rangos y de sus respectivas tarifas, se tendría que el número de personas en situación de pobreza aumentaría en 675 mil 52 personas, agravándose el nivel de pobreza monetaria, al subir de 35.7 a 37.1 por ciento, pero reduciéndose el índice de desigualdad Gini en un 6.2 por ciento, con un incremento teórico del recaudo anual potencial de un 65.8 por ciento, al subir de $28.5 billones a $47.3 billones, siendo los principales contribuyentes potenciales las personas naturales pertenecientes a la denominada clase media con el 67 por ciento del recaudo total, seguida por personas en situación de vulnerabilidad (22%), las de ingresos altos (8%) y el restante 3 por ciento del recaudo por personas naturales en situación de pobreza. Por supuesto, el recaudo potencial no se alcanzaría en la práctica por la insuficiente capacidad de pago de las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza, al punto de que el recaudo adicional solamente podría alcanzar unos $35 billones al año en vez de los necesarios $47.3 billones. Además, ante la existencia de numerosos beneficios fiscales vigentes en el país con sesgo pro rico, como han demostrado los autores en recientes libros, el impuesto a la renta de personas naturales no es redistributivo, neutralizándose la potencial reducción del índice Gini.

Las previsiones anteriores ilustran la necesidad de introducir como principio nuclear que la ampliación de la base gravable del impuesto a la renta no debería profundizar los niveles de pobreza ni vulnerabilidad monetarias, lo que lleva a plantear un escenario alternativo deseable en el que el aumento de la base gravable sea sujeta a la aplicación de una tarifa del 0 por ciento para aquellas personas naturales que pudieran caer en situación de pobreza o vulnerabilidad monetarias después del pago del impuesto a la renta, y con el incremento de las tarifas marginales impositivas en los tramos de ingreso alto (Cuadro 2 y Gráfico 1). Así, se lograría en la práctica que el recaudo potencial aumentara hasta en un 25 por ciento y disminuyera el índice de Gini de concentración hasta cerca de un 8 por ciento con respecto al escenario base.

 

 


La ampliación del IVA y la devolución a los hogares pobres

Respecto al IVA, el presidente Duque señaló que a los pobres no se les cobrará, y la manera de no cobrárselo es devolviéndoselo. En 2020 esa devolución fue para un millón de hogares, y en 2021 el objetivo será de dos millones. “Devolverle el IVA a los más pobres, sí es posible”.

De igual manera, desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se señaló en cuanto al Impuesto al Valor Agregado, “i) La tarifa del IVA no va a subir, ii) el IVA no va a cubrir toda la canasta familiar, iii) pero sí hay unos productos por los cuales sí se puede pagar un mayor IVA y iv) las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, y que están en las posiciones más debajo de la vida económica, que tengan una mayor devolución del IVA” (2). En este orden de ideas, se espera estandarizar en el 19 por ciento varios de los productos de la canasta familiar que tienen tarifas diferenciales.


De igual manera, señalaron que “la educación y los medicamentos son dos de los rubros que no tendrán el cobro de este gravamen y algunos productos de la canasta que tienen un IVA diferente al 19 por ciento serían estandarizados en este rango”.

Entre los productos alimenticios que tienen tarifas diferentes a la general del 19 por ciento y que probablemente se irían a estandarizar bajo esa tarifa se encuentran: carne de res y derivados, arroz, pollo, leche, huevos y pan. En el componente de vivienda, entre los que cuentan con una tarifa diferente a la general sobresalen: arrendamiento efectivo, arrendamiento imputado, otros gastos de ocupación, gas, energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y aseo.

Este conjunto de bienes y servicios tienen un significativo peso, aunque diferenciado entre hogares según nivel de ingresos, siendo los más afectados con una medida como la planteada por el gobierno nacional de estandarización de la tarifa, en orden descendente, los hogares en situación de pobreza, de vulnerabilidad y de la clase media (Cuadro 3).

 

 

El mito sobre el cual el Gobierno asienta su propuesta es la medida de devolución del IVA. Sin embargo, es importante señalar que la cobertura de tal devolución en 2020 fue de apenas un millón de hogares (un 23% del total de los hogares en situación de pobreza y menos del 87% de los hogares en situación de indigencia). Según el propio Gobierno, en 2021 se espera devolver el IVA a 2 millones de hogares. Este porcentaje sigue siendo insuficiente como para argumentar que con la devolución del referido gravamen se logra garantizar la progresividad del impuesto con el cual se quiere vender la intervención, ya que no llegaría a cubrir ni el 40 por ciento de los hogares en situación de pobreza en 2021. De cualquier forma, una medida de devolución del IVA para poder ser considerada razonable tendría que transferirle de manera oportuna (sin retrasos) y en cuantías suficientes a más de 5.3 millones de hogares en situación de pobreza y a no menos de otro millón y medio de hogares en situación de vulnerabilidad para poder contrarrestar buena parte de los impactos regresivos de la ampliación del IVA a bienes de la canasta familiar; esto es, una cobertura necesaria más de tres veces mayor que la prevista por el Gobierno para la devolución del IVA en el presente año 2021.

Ahora bien, no debe olvidarse que, en el marco de un verdadero Estado Social de Derecho, hay bienes y servicios esenciales a los cuales todos los hogares tienen derecho a acceder sin ningún tipo de gravamen. Este principio de actuación se aplica en varios de los países de la Ocde, donde a la primera vivienda, los servicios de agua, luz y gas, los medicamentos básicos, la ropa de trabajo, entre otros bienes y servicios, no se les aplica IVA, por lo que tampoco se considera como beneficio fiscal ni como gasto tributario al recaudo dejado de percibir por el Estado por no gravar este tipo de bienes con tal impuesto. En contraste, a los bienes de lujo se les aplica el IVA con una tarifa mayor a la tarifa general.


Nuevas exenciones del impuesto a la renta a favor de empresas

Finalmente, la administración Duque ha indicado con cierta vaguedad la posibilidad de aumentar las exenciones fiscales para las empresas que generen empleo, desconociendo el hecho de que los beneficios por el recorte del impuesto a la renta favorecen preferencialmente a las de mayor tamaño y músculo financiero, incrementándose así la heterogeneidad y la desigualdad de ingresos y patrimonios y reduciéndose la tarifa efectiva a favor de las empresas con mayores ingresos, además de no contarse con suficiente evidencia internacional de que tal tipo de medida de política tenga un efecto significativo sobre el crecimiento económico y la generación de empleo (3).

De acuerdo con su pretendido, con una política de ampliación de los actuales beneficios y exenciones fiscales a las empresas, el Gobierno estaría renunciando a un recaudo fiscal total cercano a los 27 a 30 billones de pesos al año, siendo los más beneficiados los grandes conglomerados económicos, así como determinados sectores como el financiero (4).

De esta manera, sin renunciar a sus preceptos económicos que alimentan su línea de gobierno, y sin dejar de privilegiar poderosos intereses, el gobierno no logrará las propagandeadas pretensiones de cambiar el rumbo de pobreza e indigencia que afecta a una cada vez más amplia franja de hogares colombianos y, por tanto, no alcanzará a construir una línea de justicia y equidad para nuestra sociedad. Unos y otros deben ser retos por encarar y garantizar por una sociedad actuante y un gobierno que se comprometa a concretar sus demandas.


En suma…

 

Basándose en un muy impreciso, aunque sí moderado, alcance del componente tanto social como tributario de la reforma fiscal propuesta por el gobierno nacional (como se mostró anteriormente), se busca argumentar sin debido sustento que ésta sería “justa y progresiva, pues va a beneficiar a Colombia como parte de la estrategia de mediano plazo”, aduciendo que contribuye a evitar perjudicar a los más pobres, a mantener la confianza inversionista en el país, a cerrar la brecha fiscal entre ingresos y gastos, a reducir los actuales niveles de deuda pública, así como a proteger el gasto social y de infraestructura, ya que Colombia “es vulnerable a un aumento súbito de la prima de riesgo global y otros choques externos dadas las mayores necesidades de financiamiento externo observadas recientemente y dado el contexto de elevada incertidumbre global”, siendo que el nivel de endeudamiento público ya se encuentra entre el 60 y 65 por ciento del PIB.

Infortunadamente, para poder proyectarse en esa dirección o bien se requeriría avanzar comprometidamente en un proceso sostenido de reforma alternativa como el que se resume en el siguiente recuadro, que sí podría generar mayor recaudo fiscal bajo los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, o bien satisfacerse con recaudar recursos tributarios insuficientes con una reforma del estilo a la delineada por el Gobierno, con un alcance de corto plazo y con importantes impactos regresivos e inequitativos en la distribución de ingresos, que exijiría recurrir a otras fuentes de financiación pública como la cuestionable venta de activos del Estado.

 

1 https://www.youtube.com/watch?v= xkc3kwaSQvU
2 https://www.youtube.com/watch?v=zrMRY-piI-Q
3 Hope, David y Julian Limberg. 2020. “The Economic Consequences of Major Tax Cuts for the Rich”. International Inequalities Institute de la London School of Economics and Political Science. Working Paper 55. December 2020.
4 Garay, L. J. y Espitia, J. E. 2020.Desigualdad y reforma estructural tributaria. Hacia una economía política de inclusión social.Ediciones desde abajo. Bogotá. Mayo.

Publicado enEdición Nº276
Xi Jinping declara la erradicación completa de la pobreza extrema en China

El presidentechino Xi Jinping anunció hoy que China, el país más poblado del mundo, ha obtenido una “victoria completa” en su lucha contra la pobreza.

El mandatario hizo estas declaraciones al pronunciar un discurso en una reunión en Beijing para marcar los logros del país en el alivio de la pobreza y reconocer a los modelos a seguir en dicha causa.

En los últimos ocho años, 98,99 millones residentes rurales que vivían por debajo de la línea de pobreza actual se han liberado de este flagelo. Los 832 distritos empobrecidos y 128 000 aldeas en condiciones similares también se han retirado de la lista que recoge a las localidades afectadas por la miseria.

Desde la puesta en marcha de la reforma y la apertura a finales de los años setenta, 770 millones de residentes rurales han sido sacados de la pobreza, calculando sobre la base del umbral actual.

Aseguró que China ha aportado más del 70 por ciento de la reducción de pobreza global durante este período. Con tales logros ha creado otro “milagro” que “pasará a la historia”, afirmó Xi.

25 febrero 2021

(Con información de Xinhua)

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Francia garantizará productos menstruales para estudiantes

La ministra de Educación Superior, Frédérique Vidal, adelantó que en las próximas semanas se instalarán máquinas que ofrecerán tampones, toallas sanitarias y otros artículos.

 

El Gobierno de Francia anunció que los productos menstruales serán gratuitos para la población estudiantil a partir de septiembre, con el objetivo de combatir las dificultades económicas que tienen muchas personas para afrontar aquellos gastos.  

La ministra de Educación Superior, Frédérique Vidal, adelantó que en las próximas semanas se instalarán máquinas que ofrecerán tampones, toallas sanitarias y otros artículos en residencias de estudiantes y servicios de salud universitarios. 

En ese sentido, la funcionaria agregó que el Gobierno se propuso hacer que la protección de período sea "completamente gratuita" para todos al comienzo del próximo año académico en septiembre, con la instalación de 1.500 distribuidores. 

Un estudio de la Asociación Federativa de Estudiantes de Poitiers y la Asociación Nacional de Estudiantes Parteras realizado en febrero reportó que un tercio de las estudiantes necesitan ayuda para comprar esos insumos para la menstruación.

Afectados por la crisis económica derivada del coronavirus y las restricciones de movilidad, numerosos estudiantes franceses tienen que acudir a la beneficencia de los bancos de alimentos de las ONGs y asociaciones.

En diciembre, el presidente Emmanuel Macron había prometido abordar el tema de la pobreza de época, cuando impulsó la creación de un "cheque psicólogo" para los estudiantes con dificultades y la posibilidad de comer dos veces al día por un euro en los restaurantes universitarios.

Al comentar sobre la difícil situación de las mujeres sin hogar, el máximo mandatario señaló en ese momento que "el hecho de tener su período en la calle y no poder comprar algo para protegerse y preservar su dignidad" se suma a la humillación que sufrieron.

La medida para hacer que la protección sanitaria sea gratuita para los estudiantes se produce en medio de un creciente enfoque en la pobreza juvenil luego de imágenes impactantes de bancos de alimentos inundados por estudiantes con dificultades debido a la pandemia covid-19.

Muchas y muchos jóvenes dicen que están luchando para llegar a fin de mes después de perder trabajos de medio tiempo en cafés y restaurantes que han estado cerrados durante meses debido a la crisis de salud.

La situación en otros países

En Argentina, un proyecto de ley integral de menstruación sostenible presentado por los diputados del Frente de Todos, Nicolás Rodríguez Saa y Lucas Godoy, contempla la entrega gratuita por parte del Estado, obras sociales y prepagas de insumos ecológicos y saludables para la gestión menstrual, además de antiinflamatorios, y la incorporación de la menstruación en la educación sexual.

Por su parte, la organización Economía Feminista lanzó en 2017 la iniciativa MenstruAcción, que alertó sobre el factor de desigualdad que implica la natural e inevitable llegada mensual del ciclo, un gasto que pagan las mujeres en un contexto donde ganan, en promedio, un 30% menos que los varones.

Otros países también están experimentando con la gratuidad de insumos para la menstruación. Escocia se convirtió en noviembre de 2020 en el primer país del mundo en aprobar la distribución gratuita de toallas higiénicas en los establecimientos públicos, abriendo un camino que inspiró a las feministas y activistas contra la pobreza de todo el mundo a abordar también el tema de la pobreza de época.

Asimismo, Nueva Zelanda anunció el 18 de febrero que experimentará a partir de junio, y durante tres años, la distribución de esas protecciones periódicas gratuitas en los colegios, mientras que en Inglaterra los productos de período gratuito están disponibles en todas las escuelas primarias y secundarias.

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Miércoles, 24 Febrero 2021 06:27

Los mismos beneficiados, los mismos perdedores

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El presidente Iván Duque esbozó,en entrevista brindada el 8 de febrero a la Radio Nacional de Colombia1 los elementos base de la “Reforma Social y Fiscal” por presentar al Congreso de la República. En efecto, allí bosquejó la reforma que según la valoración económica y social del sector social que representa son necesarios para enfrentar los principales efectos que ha traído la pandemia, en especial el aumento en: i) los niveles de pobreza, ii) el número de desempleados y iii) el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento público.

En palabras del presidente Duque, “Colombia necesita enfrentar esos efectos de la pandemia, pensando en lo social, y pensando en lo fiscal”. Hay que dejar resuelto estos problemas a la nueva administración, y para ello se requiere tener como premisa “una gran capacidad para llegar a la población más vulnerable” con el fortalecimiento de los programas sociales actuales. Para ello, se va a presentar un proyecto de reforma tributaria que contenga un “poderosísimo componente social y un poderosísimo componente fiscal” que permita: “i) eliminar la pobreza extrema en el país, ii) atender las familias más necesitadas con un ingreso de manera sostenible, social y solidario, y iii) dejar resuelto un horizonte fiscal de corto, mediano y largo plazo que mantenga la confianza de los inversionistas en Colombia”.


Política social de transferencias de un ingreso social y solidario

Vale la pena precisar las implicaciones fiscales para alcanzar el objetivo planteado de eliminar la pobreza extrema en el país:

(i) De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares 2016-2017 (Enph), actualizada por el Dane para 2019, justo antes de la irrupción de la pandemia del covid-19, en Colombia había 4 millones 286 mil 296 hogares pobres (17 millones 461 mil 646 personas), de los cuales el 26.7 por ciento de los hogares se encontraban en situación de pobreza extrema (equivalente a 4 millones 686 mil 834 personas en indigencia). Teniendo presente el ingreso per cápita, así como la línea de pobreza e indigencia definida por el Dane para cada uno de los dominios geográficos, con base en una simulación de los microdatos de la Enph se estima en un aproximado de 3 billones de pesos al año (0.3% del PIB) el costo fiscal para liberar de la situación de indigencia –aunque sin superar la situación de pobreza no extrema– a cada una de las personas de esos hogares. De igual manera, liberar de la situación de pobreza a la totalidad de las personas que se encuentran en esa condición implicaría un costo fiscal cercano a los 37 billones de pesos al año (3.7% del PIB). Esto para la situación social prevaleciente antes de la pandemia.

(ii) Ahora bien, dado el impacto que la pandemia ha tenido en el mercado laboral y en los ingresos de los hogares, en especial de los ciudadanos que trabajan por cuenta propia, en su mayoría en condiciones de informalidad, existe una alta probabilidad de que incluso más de un 10 por ciento de los hogares en pobreza sufrieran un mayor deterioro en sus condiciones de vida y cayeran en pobreza extrema, por lo cual el costo fiscal de situar a estos hogares en situación de pobreza monetaria no extrema ascendería a 4.2 billones de pesos al año (0.42% del PIB).

Con un ingrediente adicional: asegurar que los hogares que en 2019 se encontraban en pobreza monetaria alcancen la línea de pobreza de su respectivo dominio geográfico, implica un costo fiscal cercano a los 37 billones de pesos al año (3.7% del PIB).

Aunque dicho costo fiscal se incrementaría debido a que con la pandemia muchos de los hogares que vivían en situación de vulnerabilidad no tuvieron cómo soportan el golpe de esta coyuntura económica y social, y fueron expulsados a la pobreza y algunos a la indigencia. En efecto, por cada millón de hogares en situación de vulnerabilidad en 2019 pero en pobreza en 2020 se aumentaría el costo fiscal en aproximadamente 9 billones de pesos al año.

Razón por la cual sería de prever un costo fiscal del orden del 4.2-4.4 por ciento del PIB al año para asegurar que en 2021 se lograra alcanzar al menos la línea de pobreza monetaria para todos los hogares en el país que en 2020 estuvieran en situación de pobreza y pobreza extrema.

(iii) Respecto al punto de “Atender las familias más necesitadas con un ingreso de manera sostenible, social y solidario” es de recalcar que de acuerdo con las estimaciones recién mencionadas un programa de transferencias monetarias que asegurara que ninguna persona u hogar tuviera un ingreso total por debajo de la línea de pobreza monetaria implicaría un costo fiscal anual equivalente a tres veces el de los actuales programas sociales de transferencias; es decir, cerca de 2.8 puntos porcentuales adicionales del PIB al año.

Ahora bien, cómo se financiaría un programa de tal naturaleza si, según se ha insinuado por diferentes medios, el Gobierno prevería un recaudo adicional neto con la reforma tributaria del orden de 1.5 por ciento del PIB al año a partir de 2022, ante los requerimientos de recursos fiscales adicionales para reducir la deuda pública, bajar el déficit fiscal estructural hacia niveles sustentables para la estabilidad macroeconómica y aumentar el gasto público en prioridades sociales y económicas. Lo que ello sugiere es que el Gobierno no estaría pensando en aplicar una política social tan ambiciosa como la mencionada sino una mucho más modesta, más asimilable a la hoy vigente!

Implicaciones de la ampliación de la base gravable del impuesto sobre la renta

Otro de los elementos esbozados por el gobierno nacional está relacionado con la ampliación de la base gravable del impuesto a la renta y complementarios de las personas naturales mediante la reducción del umbral de ingresos sujetos al impuesto, con el propósito de que cerca de un millón de personas ingresen a contribuir con el impuesto. De igual manera, se indicó con cierta vaguedad la posibilidad de aumentar en un punto porcentual las tarifas.

Como se muestra a continuación, esta medida impacta claramente a la clase media según ingresos. La tabla de liquidación del impuesto sobre la renta y complementarios para las personas naturales que actualmente rige en el país se muestra en el Cuadro 1.

Una simulación de escenarios alternativos de ampliación de la base, de acuerdo con las tarifas marginales vigentes y teniendo como fuente los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) actualizada por el Dane para 2019, permite concluir que:


(i) De aplicarse las tarifas del Cuadro 1 a los ingresos de los hogares según la Geih, el recaudo potencial podría alcanzar hasta $28.5 billones al año –sin ningún beneficio fiscal–, siendo la denominada clase media el principal conglomerado aportante, con el 51 por ciento del recaudo, seguida por la clase de altos ingresos con el 47 por ciento y el restante 2 por ciento por hogares en vulnerabilidad.

(ii) Si se excluyeran de la base a las personas naturales con un ingreso inferior a dos líneas de pobreza monetaria, el recaudo potencial alcanzaría un valor cercano a los 23 billones de pesos al año, inferior en un 18 por ciento al recaudo potencial del escenario base, pero superior al recaudo actual por impuesto a la renta de personas naturales en el país (cercano a 1.5% del PIB) debido a la erosión de la base gravable por los beneficios tributarios vigentes y por los elevados niveles de evasión y elusión tributarias.

(iii) Si se redujera la base de cotización a 500 UVT, es decir que las personas naturales con un ingreso mensual de más de un millón 428 mil 83 pesos ($1.428.083 al mes) debieran declarar impuesto sobre la renta y complementarios, con el mantenimiento de los otros rangos y de sus respectivas tarifas, se tendría que el número de personas en situación de pobreza aumentaría en 675 mil 52 personas, agravándose el nivel de pobreza monetaria, al subir de 35.7 a 37.1 por ciento, pero reduciéndose el índice de desigualdad Gini en un 6.2 por ciento, con un incremento teórico del recaudo anual potencial de un 65.8 por ciento, al subir de $28.5 billones a $47.3 billones, siendo los principales contribuyentes potenciales las personas naturales pertenecientes a la denominada clase media con el 67 por ciento del recaudo total, seguida por personas en situación de vulnerabilidad (22%), las de ingresos altos (8%) y el restante 3 por ciento del recaudo por personas naturales en situación de pobreza. Por supuesto, el recaudo potencial no se alcanzaría en la práctica por la insuficiente capacidad de pago de las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza, al punto de que el recaudo adicional solamente podría alcanzar unos $35 billones al año en vez de los necesarios $47.3 billones. Además, ante la existencia de numerosos beneficios fiscales vigentes en el país con sesgo pro rico, como han demostrado los autores en recientes libros, el impuesto a la renta de personas naturales no es redistributivo, neutralizándose la potencial reducción del índice Gini.

Las previsiones anteriores ilustran la necesidad de introducir como principio nuclear que la ampliación de la base gravable del impuesto a la renta no debería profundizar los niveles de pobreza ni vulnerabilidad monetarias, lo que lleva a plantear un escenario alternativo deseable en el que el aumento de la base gravable sea sujeta a la aplicación de una tarifa del 0 por ciento para aquellas personas naturales que pudieran caer en situación de pobreza o vulnerabilidad monetarias después del pago del impuesto a la renta, y con el incremento de las tarifas marginales impositivas en los tramos de ingreso alto (Cuadro 2 y Gráfico 1). Así, se lograría en la práctica que el recaudo potencial aumentara hasta en un 25 por ciento y disminuyera el índice de Gini de concentración hasta cerca de un 8 por ciento con respecto al escenario base.

 

 


La ampliación del IVA y la devolución a los hogares pobres

Respecto al IVA, el presidente Duque señaló que a los pobres no se les cobrará, y la manera de no cobrárselo es devolviéndoselo. En 2020 esa devolución fue para un millón de hogares, y en 2021 el objetivo será de dos millones. “Devolverle el IVA a los más pobres, sí es posible”.

De igual manera, desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se señaló en cuanto al Impuesto al Valor Agregado, “i) La tarifa del IVA no va a subir, ii) el IVA no va a cubrir toda la canasta familiar, iii) pero sí hay unos productos por los cuales sí se puede pagar un mayor IVA y iv) las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, y que están en las posiciones más debajo de la vida económica, que tengan una mayor devolución del IVA” (2). En este orden de ideas, se espera estandarizar en el 19 por ciento varios de los productos de la canasta familiar que tienen tarifas diferenciales.


De igual manera, señalaron que “la educación y los medicamentos son dos de los rubros que no tendrán el cobro de este gravamen y algunos productos de la canasta que tienen un IVA diferente al 19 por ciento serían estandarizados en este rango”.

Entre los productos alimenticios que tienen tarifas diferentes a la general del 19 por ciento y que probablemente se irían a estandarizar bajo esa tarifa se encuentran: carne de res y derivados, arroz, pollo, leche, huevos y pan. En el componente de vivienda, entre los que cuentan con una tarifa diferente a la general sobresalen: arrendamiento efectivo, arrendamiento imputado, otros gastos de ocupación, gas, energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y aseo.

Este conjunto de bienes y servicios tienen un significativo peso, aunque diferenciado entre hogares según nivel de ingresos, siendo los más afectados con una medida como la planteada por el gobierno nacional de estandarización de la tarifa, en orden descendente, los hogares en situación de pobreza, de vulnerabilidad y de la clase media (Cuadro 3).

 

 

El mito sobre el cual el Gobierno asienta su propuesta es la medida de devolución del IVA. Sin embargo, es importante señalar que la cobertura de tal devolución en 2020 fue de apenas un millón de hogares (un 23% del total de los hogares en situación de pobreza y menos del 87% de los hogares en situación de indigencia). Según el propio Gobierno, en 2021 se espera devolver el IVA a 2 millones de hogares. Este porcentaje sigue siendo insuficiente como para argumentar que con la devolución del referido gravamen se logra garantizar la progresividad del impuesto con el cual se quiere vender la intervención, ya que no llegaría a cubrir ni el 40 por ciento de los hogares en situación de pobreza en 2021. De cualquier forma, una medida de devolución del IVA para poder ser considerada razonable tendría que transferirle de manera oportuna (sin retrasos) y en cuantías suficientes a más de 5.3 millones de hogares en situación de pobreza y a no menos de otro millón y medio de hogares en situación de vulnerabilidad para poder contrarrestar buena parte de los impactos regresivos de la ampliación del IVA a bienes de la canasta familiar; esto es, una cobertura necesaria más de tres veces mayor que la prevista por el Gobierno para la devolución del IVA en el presente año 2021.

Ahora bien, no debe olvidarse que, en el marco de un verdadero Estado Social de Derecho, hay bienes y servicios esenciales a los cuales todos los hogares tienen derecho a acceder sin ningún tipo de gravamen. Este principio de actuación se aplica en varios de los países de la Ocde, donde a la primera vivienda, los servicios de agua, luz y gas, los medicamentos básicos, la ropa de trabajo, entre otros bienes y servicios, no se les aplica IVA, por lo que tampoco se considera como beneficio fiscal ni como gasto tributario al recaudo dejado de percibir por el Estado por no gravar este tipo de bienes con tal impuesto. En contraste, a los bienes de lujo se les aplica el IVA con una tarifa mayor a la tarifa general.


Nuevas exenciones del impuesto a la renta a favor de empresas

Finalmente, la administración Duque ha indicado con cierta vaguedad la posibilidad de aumentar las exenciones fiscales para las empresas que generen empleo, desconociendo el hecho de que los beneficios por el recorte del impuesto a la renta favorecen preferencialmente a las de mayor tamaño y músculo financiero, incrementándose así la heterogeneidad y la desigualdad de ingresos y patrimonios y reduciéndose la tarifa efectiva a favor de las empresas con mayores ingresos, además de no contarse con suficiente evidencia internacional de que tal tipo de medida de política tenga un efecto significativo sobre el crecimiento económico y la generación de empleo (3).

De acuerdo con su pretendido, con una política de ampliación de los actuales beneficios y exenciones fiscales a las empresas, el Gobierno estaría renunciando a un recaudo fiscal total cercano a los 27 a 30 billones de pesos al año, siendo los más beneficiados los grandes conglomerados económicos, así como determinados sectores como el financiero (4).

De esta manera, sin renunciar a sus preceptos económicos que alimentan su línea de gobierno, y sin dejar de privilegiar poderosos intereses, el gobierno no logrará las propagandeadas pretensiones de cambiar el rumbo de pobreza e indigencia que afecta a una cada vez más amplia franja de hogares colombianos y, por tanto, no alcanzará a construir una línea de justicia y equidad para nuestra sociedad. Unos y otros deben ser retos por encarar y garantizar por una sociedad actuante y un gobierno que se comprometa a concretar sus demandas.


En suma…

 

Basándose en un muy impreciso, aunque sí moderado, alcance del componente tanto social como tributario de la reforma fiscal propuesta por el gobierno nacional (como se mostró anteriormente), se busca argumentar sin debido sustento que ésta sería “justa y progresiva, pues va a beneficiar a Colombia como parte de la estrategia de mediano plazo”, aduciendo que contribuye a evitar perjudicar a los más pobres, a mantener la confianza inversionista en el país, a cerrar la brecha fiscal entre ingresos y gastos, a reducir los actuales niveles de deuda pública, así como a proteger el gasto social y de infraestructura, ya que Colombia “es vulnerable a un aumento súbito de la prima de riesgo global y otros choques externos dadas las mayores necesidades de financiamiento externo observadas recientemente y dado el contexto de elevada incertidumbre global”, siendo que el nivel de endeudamiento público ya se encuentra entre el 60 y 65 por ciento del PIB.

Infortunadamente, para poder proyectarse en esa dirección o bien se requeriría avanzar comprometidamente en un proceso sostenido de reforma alternativa como el que se resume en el siguiente recuadro, que sí podría generar mayor recaudo fiscal bajo los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, o bien satisfacerse con recaudar recursos tributarios insuficientes con una reforma del estilo a la delineada por el Gobierno, con un alcance de corto plazo y con importantes impactos regresivos e inequitativos en la distribución de ingresos, que exijiría recurrir a otras fuentes de financiación pública como la cuestionable venta de activos del Estado.

 

1 https://www.youtube.com/watch?v= xkc3kwaSQvU
2 https://www.youtube.com/watch?v=zrMRY-piI-Q
3 Hope, David y Julian Limberg. 2020. “The Economic Consequences of Major Tax Cuts for the Rich”. International Inequalities Institute de la London School of Economics and Political Science. Working Paper 55. December 2020.
4 Garay, L. J. y Espitia, J. E. 2020.Desigualdad y reforma estructural tributaria. Hacia una economía política de inclusión social.Ediciones desde abajo. Bogotá. Mayo.

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Una calle en llamas en Puerto Príncipe después de una protesta contra el presidente Jovenel Moise el pasado 14 de febrero. VALERIE BAERISWYL / AFP

El mundo después de la covid

 

El máximo riesgo de crisis política es a los dos años del pico de la pandemia

 

Verano del 2022. Justo cuando los gobiernos piensan que lo peor ya ha pasado tras llevar a cabo una campaña exhaustiva de vacunas y paquetes billonarios de reactivación económica, el mundo, de repente, se enciende. Hay batallas campales en cientos de ciudades entre manifestantes y policías antidisturbios vestidos al estilo de Robocop . Imágenes de edificios en llamas se proyectan en millones de pantallas de televisión. Los gobiernos caen en elecciones tumultuosas.

No es la próxima entrega de la serie distópica Years and years sino un escenario que dibuja lo que podría pasar tras la pandemia a partir de un análisis realizado por los sesudos técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

 “Desde la plaga de Justiniano en el siglo VI y la Peste Negra del siglo XIV hasta la gripe española del 1918, la historia está trufada de ejemplos de epidemias que tienen fuertes repercusiones sociales: transforman la política, subvierten el orden social y provocan estallidos sociales”, afirman Philip Barrett y Sophia Chen en su informe Las repercusiones sociales de las pandemias (enero del 2021). Y el periodo tras la covid no tiene por que ser muy diferente.

¿Por qué? Una posible explicación es que una pandemia “pone de manifiesto las fracturas ya existentes en la sociedad: la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos”, sostienen los técnicos del FMI.

A partir de un análisis de millones de artículos de prensa publicados desde 1985 en 130 países, el FMI ha elaborado un índice de malestar social que permite cuantificar la probabilidad de una explosión de protestas como consecuencia de la pandemia. Los técnicos relacionan los casos de estallidos sociales con 11.000 diferentes acontecimientos ocurridos desde las años ochenta. Estos incluyen desastres naturales como inundaciones, terremotos o huracanes, así como epidemias.

Utilizando complejas ecuaciones algebraicas, los expertos descubren “una relación positiva y significativa” entre desastres y estallidos sociales. Concretamente, “existe una relación positiva entre los estallidos sociales y las epidemias”, afirman Barrett y Chen en su informe.

Como suele ocurrir con los estudios económicos, la relación entre desastres y protestas es algo que tal vez mucha gente, sin necesidad de ecuaciones matemáticas, entenderían intuitivamente. Pero lo interesante del análisis del FMI es la relación cronológica que identifica entre las epidemias y los estallidos sociales. Hay un importante efecto retraso. Muchos meses, hasta dos años, separan el momento álgido de la epidemia de las rebeliones.

Efectivamente, ha habido pocas protestas durante esta pandemia. Más bien, en los últimos meses “el numero de manifestaciones físicas de malestar social ha caído a su nivel mas bajo en casi cinco años”. La excepción es el movimiento Black Lives Matter tras el asesinato a manos de policías de George Floyd en Minneapolis, que desencadenó una oleada de protestas en EE.UU.

Pero mas allá de este resultado inmediato pacificador de las epidemias, “a más largo plazo, la frecuencia de estallidos sociales se dispara”, se sostiene en el informe del FMI, de tono mucho más frío y distanciado que la información que analiza sobre disturbios en millones de indignados artículos de prensa a lo largo de las décadas.

A partir de la información obtenida sobre diferentes clases de protesta, los investigadores del FMI demuestran que, con el tiempo, “el riesgo de disturbios y manifestaciones contra el gobierno va en aumento” . Es más, “sube el riesgo de graves crisis políticas (acontecimientos que pueden derribar gobiernos), que normalmente ocurren en los dos años posteriores a la epidemia grave”, resumen los técnicos de la institución multilateral de sede en Washington.

El informe llega a la conclusión de que “el malestar social era elevado antes de la covid y se ha moderado durante la pandemia pero, si la historia nos sirve de guía, es razonable esperar que, conforme la pandemia se disminuya, los estallidos sociales emergerán de nuevo”.

Otro informe del FMI titulado Cómo las pandemias conducen a la desesperación y al malestar social (octubre del 2020), de Tahsin Saadi Sedik y Rui Xu, utiliza metodología similar para determinar con precisión este efecto retraso. “Las epidemias severas que provocan elevada mortalidad aumentan el riesgo de disturbios y manifestaciones antigubernamentales”, explican. Estos “eventos pandémicos generan un riesgo de desorden civil significativamente más elevado después de 14 meses”. Cinco años después de la pandemia todavía existe un “efecto cuantitativamente significativo sobre la probabilidad de estallidos sociales”. Los brotes de ébola en el Oeste de África entre el 2014 y el 2016, por ejemplo, “provocaron un aumento de la violencia civil superior al 40% al cabo de un año y su efecto sobre el malestar social persistía varios años después”.

Aunque la chispa de la violencia no tiene por qué estar relacionada con la pandemia, el trauma social y el impacto socioeconómico de la crisis sanitaria está detrás de las
repetidas instancias de protestas.

Pero la pandemia tampoco es la causa inicial sino un catalizador. El primer eslabón del efecto dominó es la desigualdad y la percepción de injusticia, explican los analistas del FMI. “Los resultados de nuestro estudio indican que la desigualdad elevada está relacionada con más estallidos sociales (…) y el malestar social será mayor cuanto más elevada la desigualdad de renta al inicio”, sostienen.

Las pandemias detonan la bomba de relojería “porque reducen el crecimiento económico y elevan la desigualdad” y crean “un círculo vicioso en el que el crecimiento más lento, la subida de la desigualdad y el aumento de malestar social se refuerzan el uno al otro”.

 

Andy Robinson

Madrid

21/02/2021 00:02Actualizado a 21/02/2021 08:42

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Inversión extranjera, mayor producción petrolera y renegociación de deuda: Las claves del decreto de emergencia energética de Venezuela

Maduro enfatizó que está abierto a inversionistas estadounidenses en el sector hidrocarburos, en una relación "ganar-ganar".

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este viernes que su país tomará "medidas audaces" para la "recuperación integral y definitiva" de la industria petrolera, a pesar de las sanciones coercitivas impuestas por el gobierno de EE.UU.

En esa línea, Maduro recalcó que toda la industria de hidrocarburos del país está abierta a la inversión extranjera. "Con la Ley Antibloqueo vamos a buscar buenos socios internacionales que traigan capital, tecnología y mercado para la gran industria de Venezuela", sostuvo.

El mandatario indicó que ya están en marcha las negociaciones de contratos para inversionistas internacionales en Venezuela, especialmente con empresas de Turquía, India, China, Rusia y algunos países de Europa, por lo que también extendió la invitación a empresarios estadounidenses para sumarse a estas propuestas de negocio.

"Quiero decirle a los inversionistas de los EE.UU. de Norteamérica que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica del capital estadounidense, para trabajar en una sociedad ganar-ganar", manifestó. 

Asimismo, el mandatario firmó un Decreto Presidencial que extiende por 12 meses la declaratoria de la emergencia energética en el sector petrolero, gasífero y petroquímico, así como la existencia de una Comisión Presidencial, denominada "Alí Rodríguez Araque", para avanzar en la recuperación de la industria.

Negociar deudas

Este viernes, Maduro adelantó que el Ejecutivo está listo para reactivar las negociaciones con los tenedores de deuda de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que dejaron de cobrar sus participaciones debido a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a la industria por la Administración de Donald Trump.

El mandatario, que el año pasado planteó una nueva reestructuración de deuda con los acreedores, indicó que los tenedores dejaron de percibir 110.000 millones de dólares de deuda de la República y de PDVSA, a causa de las sanciones de EE.UU.

"Ratifico a todos los tenedores que estamos listos para reactivar toda relación del sistema crediticio y tenemos una oferta muy fuerte para honrar los compromisos de Venezuela con el mundo. Hago la oferta pública a tenedores de deuda de Pdvsa y de la República", reiteró Maduro.

Asimismo, el jefe de Estado venezolano denunció el bloqueo de las cuentas de PDVSA para comprar y pagar deudas, además de las restricciones financieras a la industria petrolera para acceder a créditos internacionales.

Más producción

Por su parte, el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, aseveró que durante este 2021 la industria prevé alcanzar una producción de 1.508.000 barriles día de crudo y 6 millones de pies cúbicos de gas.

El Aissami señaló que, a un año de haberse declarado la emergencia energética, se logró la desaceleración de la caída abrupta de la producción petrolera con estrategias innovadoras para estabilizar el sistema de extracción de crudo que, para el cierre de enero de este año, ya supera los 600.000 barriles diarios.

Según la autoridad petrolera, el país también avanzó la recuperación progresiva del sistema de refinación, procesando más de 250.000 barriles de crudo y realizando grandes esfuerzos para rescatar la operatividad de las refinerías afectadas por las restricciones al acceso de partes y repuestos, a raíz de las sanciones estadounidenses.

El Aissami detalló que las sanciones implicaron la paralización de actividades de socios estratégicos y la reducción del número de taladros, lo que impidió la perforación de nuevos pozos y la rehabilitación de yacimientos inactivos. Esta situación, apuntó el ministro, fue la responsable de "una brutal caída de la producción petrolera, de 2,4 millones de barriles en el año 2015, a menos de 400.000 barriles en 2020".

A principios de febrero, el gobierno informó que las sanciones aplicadas por Washington en contra PDVSA, a partir de 2019, incidieron en que Venezuela cerrara el 2020 con una producción de apenas 339.000 barriles por día. En total, las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. en contra del país suramericano han ocasionado la pérdida de ingresos brutos por el orden de los 102.000 millones de dólares, de acuerdo a los más recientes datos oficiales.

Publicado: 20 feb 2021 02:13 GMT

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Miércoles, 17 Febrero 2021 05:30

Andrés Arauz presenta su plan en  Nueva York

Arauz fue ovacionado por la comunidad ecuatoriana en Queens.  ________________________________________ Imagen: @ecuarauz2021

El candidato presidencial ecuatoriano espera la segunda vuelta electoral del 11 de abril

Se reunió con la comunidad migrante de Ecuador y planea hablar con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Ante la prensa de EE.UU. se refirió al plan económico que llevará adelante para hacerle frente a las políticas de austeridad que ha sostenido el actual mandatario Lenín Moreno

Entre decenas de banderas de Ecuador y el invierno estadounidense, la comunidad migrante en Queens, Nueva York, recibió al candidato presidencial, Andrés Arauz. El ganador de la primera vuelta en las elecciones del 7 de febrero viajó a EEUU donde también planea reunirse con inversores y la prensa estadounidense

La comunidad migrante más grande que tiene Ecuador en el exterior recibió a Arauz entre barbijos con la bandera ecuatoriana. “Estamos aquí celebrando nuestra victoria contundente en la primera vuelta” dijo el candidato de la Unión por la Esperanza a sus seguidores en Newark, Nueva Jersey, ubicada a unos 17 kilómetros de Nueva York. “Nosotros ya estamos liderando de largo las preferencias para segunda vuelta y por eso están queriendo hacer triquiñuelas en el Consejo Nacional Electoral, para evitar nuestro triunfo contundente” afirmó. La visita de Arauz también incluye reuniones con Alejandro Werner y Kirshna Srinivasan director y subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.

Arauz ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales con cerca del 33 por ciento de votos, aún resta definir con quién disputará la segunda vuelta el 11 de abril. El banquero, Guillermo Lasso y el líder indígena Yaku Pérez esperan el reconteo de votos cada uno con su 19 por ciento y una diferencia de unos pocos miles de votos todavía no resuelta. “Lo bueno es que va a ser una elección donde van a quedar contrastados claramente dos grandes planteamientos de lo que debe ser Ecuador. Uno que nos va a llevar a un país de unos privilegiados, unos pocos banqueros que quieren repartirse lo poco que le queda a la patria y otro por un país del progreso” dijo a la comunidad migrante en Newark.

El candidato de la Unión Por la Esperanza (UNES) también fue entrevistado en el programa estadounidense Democracy Now! En la entrevista Arauz se refirió a la situación actual que vive Ecuador con la crisis sanitaria por la pandemia por covid-19 y la segunda crisis económica más fuerte en la historia del país. “Nos enfrentamos a una doble crisis, por un lado, la pandemia bajo el manejo absolutamente negligente del gobierno” aseguró. Ecuador registra más de 260 mil contagios y 15.392 muertes por covid-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins. “Sólo han circulado cuatro mil vacunas para una población de más de 17 millones de personas”. Para enfrentar el escenario actual, el candidato propone un plan de inversión que incluiría una ayuda de emergencia similar a la que lleva adelante el gobierno estadounidense con cheques para la población más vulnerable. “También planeamos un programa agresivo para -en el corto plazo- poner la vacuna a disposición como un servicio público” afirmó. Además, Arauz contó que habló con el presidente argentino y habría asegurado de 4 millones de dosis de la vacuna producida en Argentina.

El candidato también se refirió a la ola de despidos que ha llevado adelante el sistema de salud en medio de la pandemia. “Más de seis mil trabajadores públicos de la salud han sido despedidos a causa de las políticas de austeridad que han impactado a la población de Ecuador, aumentando la pobreza y la inequidad” denunció. Arauz quiere ir en contra de estas políticas llevadas adelante por el actual mandatario Lenín Moreno. “Queremos implementar una política económica heterodoxa, que incremente la inversión pública, que incremente la protección social para la población. Y que en sí misma pueda crear una recuperación en el corto y mediano plazo para la población.” Entre los problemas que evidenció la pandemia de coronavirus, el candidato habló sobre la conectividad a Internet y cómo afecta a los estudiantes. “La mitad de la población estudiantil de Ecuador no ha podido continuar sus estudios por falta de conexión. También necesitamos un programa de emergencia para Internet, esto implica inversión en infraestructura para cubrir todo el territorio ecuatoriano con conexión de calidad, especialmente para los jóvenes”.

Arauz también cuestionó la agenda anti-extractivista del candidato presidencial Yaku Pérez quien aún espera el conteo final de los votos que definirán si triunfo o derrota ante el banquero del corralito ecuatoriano, Guillermo Lasso. “La agenda anti-extractivista tiene que ser un poco más sofisticada y detallada porque hay muchos temas que deben tenerse en cuenta incluyendo la industrialización de las minas y el desarrollo de las comunidades cercanas. No podemos tener una agenda extractivista neocolonial pero tal vez podemos buscar una agenda de petróleo, minería y agrícola que tenga en cuenta las necesidades de las comunidades y que las convierta en los principales actores”.

Por último, Arauz fue consultado por el caso del periodista Julian Assange, a quien el actual mandatario ecuatoriano Lenín Moreno revocó el asilo político en una de sus primeras acciones al frente del país. “Cuando le quitaron el asilo político se violaron derechos humanos y civiles incluyendo la anulación de la ciudadanía de Assange como ciudadano ecuatoriano. Eso es algo que voy a examinar y si la situación cambia veremos como accionar internacionalmente. Sin embargo, creo que los derechos humanos de Assange deben ser respetados” sostuvo sobre el fundador de WikiLeaks a quien la justicia británica negó la extradición hacia EEUU donde esperan juzgarlo por revelar al mundo los crímenes de guerra del gobierno estadounidense.

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Retroceso laboral de las mujeres por la pandemia

En 2020 se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo.

 

"El impacto en el nivel de ocupación y condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe generó un retroceso de una década en los avances logrados en materia de participación laboral en el continente", afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, durante la presentación del informe especial Covid-19 sobre la autonomía económica de las mujeres en la recuperación pospandemia

Según el documento, en 2020 se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo, La tasa de participación laboral de las mujeres (es decir, mujeres buscando trabajo) se situó en 46 por ciento en 2020, seis puntos por debajo que en 2019, cuando 52 por ciento de las mujeres en América Latina y el Caribe estaba trabajando o buscando trabajo. La de los hombres también cayó, pero sigue siendo significativamente mayor incluso que en niveles pre pandemia: 69 por ciento. 

Con este dato, el nivel de desempleo (que es un cociente entre la población desocupada y la que busca trabajo) puede llegar a dar más bajo. La Cepal calculó que el 12 por ciento de mujeres desempleadas en 2020 se elevaría al 22,2 por ciento si se asume la misma tasa de participación laboral de las mujeres de 2019. Es decir, si se asume que la cantidad de mujeres buscando trabajo disminuyó no por falta de necesidad de ingresos sino por frustración o un aumento de la demanda de las tareas de cuidado.

Por sector

Además de los efectos a nivel agregado, se esperan impactos de distinta magnitud en los sectores económicos. Desde el punto de vista de género, muchos de ellos cuentan con alta participación femenina, lo que impacta en el  vínculo con el trabajo de las mujeres. El 56,9 por ciento de las mujeres que participan del mercado laboral están expuestas por trabajar en sectores de alto riesgo como el comercio; la manufactura, sobre todo las maquilas en méxico y el Caribe; en el turismo, donde una de cada diez mujeres vivían de ese sector en el Caribe; hogares (trabajo doméstico remunerado); actividades inmobiliarias y servicios administrativos y de apoyo.

Uno de los más dañinos en términos de género, informalidad y a su vez imprescindibilidad es el trabajo doméstico remunerado. Se caracteriza por un alto nivel de precarización, y por la imposibilidad de ser realizado de forma remota, por lo que ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis. En 2019, previo a la pandemia, alrededor de 13 millones de personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado, el 91,5 por ciento mujeres. No obstante, en el segundo trimestre de 2020 los niveles de ocupación en el trabajo doméstico remunerado cayeron en la mayoría de los países, incluso por encima del 40 por ciento en el caso de Chile, Colombia y Costa Rica.

En este marco, Bárcena alentó a los gobiernos a “priorizar en sus estrategias de vacunación al personal de salud -incluidas las personas que prestan servicios asociados de limpieza, transporte y cuidados-, y a quienes se desempeñan en los sistemas educativos y en el trabajo doméstico, en su mayoría mujeres, que son un pilar fundamental para el cuidado y la sostenibilidad de la vida”.

El sector salud tampoco queda exento de la discriminación por género: un 73,2 por ciento de empleadas en el sector de la salud son mujeres que han tenido que enfrentar una serie de condiciones de trabajo extremas, como extensas jornadas laborales, que se suman al mayor riesgo al que se expone el personal de la salud de contagiarse del virus. Todo esto en un contexto regional en el que persiste la discriminación salarial, porque los ingresos laborales de las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud son un 23,7 por ciento inferiores a los de los hombres del mismo sector”, remata Alicia Bárcena.

Reactivación económica 

Ante este análisis de situación, desde la Cepal planten propuestas concretas para lograr una recuperación transformadora con igualdad de género. "Además de transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas de recuperación, se requieren acciones afirmativas en el ámbito de las políticas fiscales, laborales, productivas, económicas y sociales, que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y que enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo", afirma Bárcena. 

En este contexto, “urge promover procesos de transformación digital incluyentes que garanticen el acceso de las mujeres a las tecnologías, potencien sus habilidades y reviertan las barreras socioeconómicas que estas enfrentan, de manera de fortalecer su autonomía económica”, subrayó Alicia Bárcena. Resaltó el reducido esfuerzo fiscal del 1 por ciento del PBI regional que conlleva la propuesta de canasta básica digital de la Cepal (que incluiría una conexión básica y un dispositivo para 40 millones de hogares no conectados a Internet). El organismo calcula que podría impactar positivamente en una de cada cuatro mujeres del continente latinoamericano.

Por otro lado, aseguró que América Latina y el Caribe debe invertir en la economía del cuidado y reconocerla como un sector dinamizador de la recuperación, con efectos multiplicadores en el bienestar, la redistribución de tiempo e ingresos, la participación laboral, el crecimiento y la recaudación tributaria.

Además, destacó la importancia de “avanzar en un nuevo pacto fiscal que promueva la igualdad de género y que evite la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, la sobrecarga de trabajo no remunerado y la reducción del financiamiento de políticas de igualdad”.

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