Lunes, 15 Marzo 2021 05:59

El negocio

El senador Bernie Sanders (al centro) escucha el Plan federal de rescate anunciado por el presidente Joe Biden el viernes, en la Casa Blanca. En opinión de Sanders, "no se puede tolerar más que multimillonarios como Bezos, Zuckerberg y Musk se vuelvan obscenamente ricos en momentos de dolor y sufrimiento económico sin precedente". Foto Ap

Al marcarse el primer aniversario oficial de la pandemia en Estados Unidos más de medio millón de personas han perecido por el virus, millones se quedaron desempleados, otros millones más perdieron sus hogares, sus comercios y sus ahorros, se incrementó el hambre, sobre todo entre niños, lo anterior mientras la riqueza combinada de los 664 estadunidenses más ricos se incremento en 44 por ciento. La noticia más básica para entender la coyuntura en Estados Unidos es ésta: los ultra ricos se hicieron más ricos mientras las mayorías pasaron el año más difícil y trágico en décadas.

Durante la peor pandemia en un siglo en Estados Unidos y tal vez la peor crisis económica desde la Gran Depresión, los 664 multimillonarios (aquellos con fortunas mayores a mil millones) del país gozaron un incremento de 1.3 billones de dólares en sus fortunas combinadas en los últimos 12 meses para acumular un total 4.3 billones de dólares, según los análisis del proyecto inequality.org del Institute for Policy Studies.

Para los dueños de empresas privadas de salud –farmacéuticas hospitales, biotecnología, etcétera– la pandemia ha sido un negociazo. Las fortunas de 27 de los multimillonarios estadunidenses provienen de ese sector, y uno de ellos, la familia Thomas Frist, los accionistas más grandes de la cadena de hospitales HCA, vieron su fortuna personal duplicarse de 7.5 mil millones de dólares a 15.6 mil millones de dólares entre marzo del año pasado y ahora.

Nueve multimillonarios en el sector tecnológico ganaron más de 360 mil millones de dólares durante la pandemia, reporta el Washington Post. "En mi opinión, no podemos tolerar más que multimillonarios como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Elon Musk se vuelvan obscenamente ricos en momentos de dolor y sufrimiento económico sin precedente", comentó el senador Bernie Sanders al Post.

La familia Walton, dueños de Wal-Mart, es la más rica del país con una fortuna combinada de mas de 200 mil millones de dólares –incluyendo 50 mil millones de dólares que ganaron durante la pandemia– equivalente a la riqueza combinada de 40 por ciento de la población más pobre del país. Más de la mitad de sus trabajadores han reportado que sus familias han batallado con el hambre, pero la empresa rechaza elevar el salario mínimo de sus trabajadores.

No están solos: un intento este mes en el Senado para aprobar un incremento del salario mínimo federal de 7.25/hora a 15 dólares, lo cual beneficiaría a más de 32 millones de trabajadores, fracasó con ocho demócratas sumándose a 50 republicanos para derrotar la iniciativa. Casi dos tercios de los senadores (incluyendo los demócratas que votaron en contra de esta iniciativa) son millonarios, según el Center for Responsive Politics.

El sistema ha funcionado perfectamente bien, para los más ricos. Más aún, tanto en la actual crisis económica como la anterior (las dos están relacionadas) en 2008 cuando la avaricia sistémica ha llevado al sistema al borde del colapso, el gobierno ha intervenido para subsidiar y rescatar a empresas emborrachadas de poder en lo que algunos han llamado "socialismo para los ricos, capitalismo salvaje para los demás".

Ahora es revelador que la clase empresarial –con algunas excepciones– no se opuso al masivo paquete de 1.9 billones de dólares para el rescate económico promulgado por Joe Biden la semana pasada. Algunos ricos entienden que no hay negocio cuando los consumidores no tienen con qué comprar o pagar sus cuentas. El programa federal de rescate económico es calificado como uno de los mayores de la historia moderna de Estados Unidos, pero su valor total es sólo poco más que el incremento en la riqueza de los 664 multimillonarios en el último año.

Sin embargo, como señalan por separado los intelectuales liberales Joseph Stiglitz y Robert Reich, este nuevo paquete por primera vez en décadas reconoce que el gobierno tiene una responsabilidad con el bienestar social básico de las mayorías y podría marcar el fin de la era neoliberal introducida por Ronald Reagan en 1980. Tal vez, pero por ahora esta tragedia para millones sigue siendo un gran negocio para unos cuantos.

Oscar Chávez, Amparo Ochoa: El angelito. https://open.spotify.com/ track/2QwR6NSQBZCyqL6nxJodyQ? si=s5cWjlZ4TZ2--_BdwnUd9A

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Lunes, 15 Marzo 2021 05:35

El poder del litio boliviano

El poder del litio boliviano

Los enormes yacimientos de litio boliviano constituyen dos vertientes opuestas: una bendición para profundizar el desarrollo económico futuro del país, o una constante amenaza debido a la ambición de compañías transnacionales y gobiernos imperiales por tratar de controlar esos recursos.

El expresidente Evo Morales Aima ha denunciado en repetidas ocasiones que su gobierno fue víctima de un “golpe de Estado del litio” cuando fuerzas de la oligarquía derechista, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Estados Unidos lo sacaron del poder en noviembre de 2019.

Un año antes de esos sucesos, en octubre de 2018, Morales había firmado un convenio con la empresa alemana ACI Systems para la explotación del salar de Uyuni, pero la oligarquía criolla, encabezada por el expresidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari, inició una virulenta campaña desinformativa al catalogar el convenio como “entreguista”.

La desinformación engañó a parte de la población que comenzó protestas bajo la dirección de elementos de la derecha respaldada por militares afines y por la OEA que alegó fraude en las elecciones de noviembre de 2019.

Aunque Evo anuló el acuerdo con ACI Systems, el golpe de Estado quedó consumado una semana después de los comicios.  

En el denominado Golpe del Litio actuaron influyentes transnacionales y hasta el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, propietario de las compañías SpaceX y Tesla (autos y equipos eléctricos). Este multimillonario estadounidense  al ser consultado en twitter por un internauta sobre si tenía algo que ver con los sucesos de Bolivia declaró que no le molestaba derrocar a quien sea, con tal de alcanzar sus objetivos empresariales.

Tras las altisonantes declaraciones de Musk, Morales declaró que el principal móvil del Golpe fue haber dejado fuera a Estados Unidos del proyecto de industrialización del litio que se llevaba a cabo en el país en conjunto con Alemania y China.

Con la empresa Xinjiang Tbea Group-Baocheng se habían rubricado acuerdos por alrededor de 2 000 millones de dólares para edificar ocho usinas, cuatro en el salar de Uyuni y cuatro en los salares de Coipasa y Pastos Grandes, pero quedaron inconcluso por la imposición del régimen de facto de Jeanine Añez y los desastrosos efectos de la pandemia de Covid-19.

Recientemente se anunció que el presidente Luís Arce reflotará el plan para convertir el salar de Uyuni en la capital mundial del litio, cuyas reservas son las mayores del orbe. Hasta el 2030 se prevén instalar 41 plantas de procesamiento en los departamentos de Potosí y de Oruro.

En declaraciones a la prensa, el nuevo presidente ejecutivo de la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Marcelo González señaló que el país tiene el inmenso desafío de reactivar esa industria tras un año de semi paralización que impidió la comercialización a gran escala del producto.

González aseguró que cuentan con recursos humanos calificados para entrar a la etapa de industrialización y entre las principales acciones está la construcción de otras plantas industriales como las de ión litio y cátodos en los departamentos de Oruro y Potosí.

Actualmente, Bolivia puede producir 12 000 toneladas de carbonato de litio al año y en la planta de Uyuni se procesan entre 700 y 1 000 toneladas mensuales de ese producto.

Asimismo, en la Planta Piloto de Baterías se construyen las 5V, similares a las utilizadas por los teléfonos móviles pero aún el país no logra satisfacer la alta demanda externa, por lo cual se busca la asociación con otra nación que colabore con transferencia tecnológica.

Para González resulta importante que se complete la cadena del litio dentro de Bolivia, es decir, se extraiga la materia prima y se procese para darle valor agregado. Argumentó que hasta ahora han cerrado la cadena del litio a nivel de laboratorios y pilotaje con la planta de materiales catódicos así como la de baterías que está produciendo para la venta en el mercado interno, y se realizan gestiones con la empresa de autos eléctricos Quantum, con sede en Cochabamba para proveerles acumuladores.

Bolivia posee 21 millones de toneladas de litio, mineral muy preciado por gobiernos desarrollados y compañías trasnacionales por su utilización en laptops, celulares, tabletas, otros equipos móviles y acumuladores para vehículos, por lo que han denominado a ese mineral como el “Oro blanco”.

Expertos indican que con la continuación del desarrollo de las baterías con base a sales de ión litio, ese producto movería unos 46 000 millones de dólares en 2022 y 220 000 millones de dólares en diez años.

Esas baterías pueden acumular en los aparatos móviles gran energía con mínimo peso y espacio para las personas y en los autos eléctricos son capaces de mantener un máximo de 3 000 ciclos de carga y descarga sin perder las propiedades de almacenaje y voltaje.

Un estudio del Servicio Geólico de Estados Unidos (USGS) estima que el 60 % del “oro blanco” mundial se haya en Argentina, Chile y Bolivia por lo que esas naciones están destinadas a impulsar su desarrollo económico en los próximos años.

Pero Argentina y Chile tienen la desventaja de que su explotación está en manos de empresas transnacionales que dejan pocas remuneraciones monetarias, mientras en Bolivia está controlada por el Estado, que según lo establecido, el 51 % de las ganancias permanecerá en el país.

Si el nuevo gobierno encamina al país por la senda política-económico-social que logró llevarlo el expresidente Evo Morales, los enormes yacimientos de litio que posee Bolivia pueden acabar de revertir la historia de pobreza de esta nación, aunque siempre debe estar alerta con las artimañas de la oligarquía criolla y de las compañías estadounidenses interesadas en hacerse del control del “oro blanco”.

Por Hedelberto López Blanch | 15/03/2021

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano

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Estudio revela que Colombia importa el 30 por ciento de sus alimentos

Según Greenpeace, este es un porcentaje alarmante que afecta las redes de producción local de las que se benefician los campesinos.

 

Según la organización no gubernamental (ONG) Greenpeace, Colombia importa el 30 por ciento de los alimentos que consumen sus habitantes, lo que significa que la dependencia del país en este sector está bastante comprometida. Este dato representa que, al menos 12 millones de toneladas de alimentos son traídas del exterior, entre los que destacan los que son a base de maíz, trigo y azúcar de caña. Esta información fue revelada y sustentada por la entidad en un informe sobre comida y sostenibilidad, titulado ‘Nueva Cultura Alimentaria’, publicado este 4 de marzo.

“La dependencia alimentaria de Colombia, y especialmente Bogotá, a alimentos importados es alarmante, más aún en crisis sanitarias como la actual que ponen en primera plana a la vulnerabilidad en las cadenas de abastecimiento”, asegura Tatiana Céspedes, miembro del equipo de campañas de Greenpeace Colombia.

La ONG explica que en estos momentos, cuando el mundo ha llegado a colapsar por la pandemia del covid-19, se evidencia el problema que representa importar alimentos. Las fronteras entre países se han visto afectadas en varias oportunidades, hecho que impacta la comercialización de los productos. Además, señala que para que la comida llegue desde otros países, incluso otros continentes, debe recorrer kilómetros en transportes contaminantes que ponen en riesgo la salud.

Otro de los argumentos que expone Greenpeace, y que señala como el más fuerte para disminuir los índices e importación de comida tiene que ver con la afectación que sufre la producción local, sobre todo campesina.

Según el informe, solo en Bogotá hay más de 3.000 familias campesinas productoras de alimentos. Y, teniendo en cuenta cifras de la Encuesta de Cultura Política del Departamento Administrativo Nacional de Estadística realizada en 2019, al menos el 31,8 por ciento de la población se identifica como campesina. En el departamento del Cauca esta cifra llega casi a la mitad (48,7 por ciento), mientras que en la región Oriental es del 44.3 por ciento, en el Pacífico del 34 por ciento, en la región Central del 36.4 por ciento y en el Caribe del 32.2 por ciento.

A pesar de estos porcentajes, Greenpeace asegura que la economía de esta población no está protegida. El promedio de intermediarios por los que pasa un alimento antes de entrar a la ciudad es de tres personas o entidades, lo que significa que los productores venden muy barato su producto y los consumidores lo compran mucho más caro.

En Colombia se conocen más de 400 especies de plantas nativas comestibles y el 10 por ciento de la biodiversidad del mundo está albergada en el país. Además, solo Bogotá cuenta con más de 16.000 productores locales, pero la tasa de importación es elevada debido al fenómeno que explica la organización. Esto crea una falsa percepción de que el producto local es más costoso que desincentiva el consumo de estos alimentos.

Greenpeace asegura que, la agricultura campesina, familiar y comunitaria juega un papel fundamental en el abastecimiento alimentario de la población global, pero aún faltan medidas que la protejan y potencien. Teniendo esto en cuenta, la organización pidió al Gobierno que implemente mejores estrategias que permitan fortalecer el sector.

“El país está en mora de diseñar políticas públicas y programas específicos para impulsar este modelo de agricultura, que más allá de ser la principal fuente de producción de alimentos, contribuye a la protección de la biodiversidad agrícola, al uso sostenible de los recursos naturales, a la salvaguarda de las tradiciones culturales, a la generación de empleo y a la construcción de tejido social”, explica Céspedes.

Como una forma de contribuir a ese cambio, Greenpeace lanzó un ‘Manifiesto por una Nueva Cultura Alimentaria’, que busca renovar la manera como los ciudadanos se relacionan con los alimentos, para que entiendan que esto no está desvinculado de las personas que lo producen. La propuesta contiene ocho puntos y cada uno de ellos está relacionado a la compra de productos campesinos, el fortalecimiento del comercio local, la mitigación del impacto ecológico, la disminución de desperdicios, entre otros.

5 de Marzo de 2021

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Cotización de Bitcoin el 17 de febrero de 2021. Fuente: Coindesk

Bitcoin, la primera criptomoneda creada y que usa la tecnología descentralizada de blockchain, es actualmente un oligopolio de ‘minado’ y una fuente de especulación y gasto energético sin sentido.

 

Elon Musk ya nos tiene acostumbrados a sus excentricidades, pero la última, invertir 1.500 millones de dólares en Bitcoin y comenzar a aceptarlo como método de pago es una de las más significativas, teniendo además graves consecuencias para nuestro planeta, poniendo en peligro incluso el Acuerdo de París. ¿Por qué?

¿Qué es Bitcoin?

Bitcoin es una criptomoneda que utiliza la tecnología blockchain. Las criptomonedas son monedas virtuales, es decir, que no existen físicamente. Aunque muchas veces se confunden, blockchain y Bitcoin no son lo mismo. Según palabras de Ángel Zorrilla, “el primero es una tecnología que funciona como un enorme libro de registros enlazados que posibilita hacer transacciones de forma cifrada y que elimina la necesidad de intermediarios en las transacciones. El segundo es el dinero generado dentro de esta ‘cadena’, y su existencia como criptomoneda solo es posible procesando grandes cantidades de datos, lo que se conoce como minería”, en analogía con la minería de oro, pero en vez de mover grandes máquinas pesadas, la maquinaria son grandes equipos informáticos complejos que realizan cálculos computacionales.

Blockchain tiene muchas ventajas, la principal es que es muy segura, es prácticamente inhackeable gracias a su propia arquitectura. Sus aplicaciones no se limitan solo al Bitcoin, sino que son muy diversas: firma de contratos, votaciones en elecciones, guardar registros médicos y bancarios e incluso, lucha contra la pandemia de la covid-19.

La aplicación más conocida de blockchain es sin duda Bitcoin. Esta criptomoneda nació en 2008 por una entidad conocida como Satoshi Nakamoto. A día de hoy, la identidad de esa(s) persona(s) sigue sin conocerse. Las principales características del Bitcon son: que es una moneda descentralizada, es decir, no tiene una sede o servidor en particular; no puede ser intervenida y no es necesario revelar la identidad al hacer negocios. Además, tiene una alta volatilidad de su precio por su carácter especulativo.

¿Por qué está todavía más de moda el Bitcoin en estos momentos?

En mayo de 2018 ya se habló del alto consumo de energía de Bitcoin, en el que se mencionaba un artículo que estimaba consumiría el 0,5% de la electricidad mundial para finales de 2018 y un 1,8% para finales de 2019.

Aunque no se cumplieron las estimaciones, el Bitcoin sigue generando gran controversia en relación a su alto consumo eléctrico y más después del anuncio de que Tesla, empresa de la cual Elon Musk es director general, anunciase la inversión de 1.500 millones de dólares en Bitcoin, además de comenzar la aceptar la criptomoneda como método de pago. Esta inversión desencadenó que se realizasen más inversiones en la moneda virtual, llegando así a máximos históricos de cotización, superando los 50.000 dólares (41.400 euros) el 17 de febrero.

Dentro de lo que podemos llamar “la paradoja de Musk”, confluye un hombre que construye su fortuna alrededor de la fabricación de coches eléctricos que no emiten dióxido de carbono y que ofrece 100 millones de euros al mejor sistema que elimine CO2 del aire, y otro que es responsable de que se dispare el consumo energético de Bitcoin.

A día de hoy, toda la red de Bitcoin consume anualmente 123 TW·h, más que los Emiratos Árabes Unidos o la mitad del consumo español. Por otro lado, tiene una huella de carbono de 37 millones de toneladas de CO2, comparable con las emisiones de Dinamarca o Eslovaquia, las emisiones de cuatro millones de coches diésel al año o más de 10 veces o CO2 no emitido por los coches eléctricos de Tesla (3.7M de toneladas de CO2).

Cabe destacar que Tesla no solo invirtió en Bitcoins, sino que también comenzará a aceptarlo como método de pago. Lo que supone que si compras un Tesla Model 3 que consume 16 kW·h cada 100 km y lo pagas mediante Bitcoin, el simple hecho de hacer esa transacción, consumiría lo mismo que si anduvieses 4.700 km con ese coche.

Los Bitcoins (BTCs) consumen la misma cantidad de energía por unidad de tiempo independientemente de cuantas transacciones se realicen en ese mismo tiempo. Es decir, da igual que se haga una transacción de 4 o 43.000 BTCs. Es difícil estimar con precisión la cantidad de energía utilizada para minar BTCs porque depende de la ubicación, aun así, a estimación media de una transacción es de 741 kW·h lo que equivale al consumo medio de un hogar español durante más de 80 días (consumo medio diario 9 kW·h)

Pero esto no acaba aquí, un estudio publicado en la revista científica Nature en 2018, advertía que si Bitcoin se convirtiese en la principal forma de pago, el consumo energético y emisiones de la criptomoneda por sí solas, elevarían la temperatura media global por encima de los 2º C en menos de 20 años, imposibilitando así el cumplimiento del Acuerdo de París.

El Bitcoin es solo una de tantas criptomonedas que hay, y muchas de ellas con la misma problemática del consumo energético. Como afirmó Franck Leroy, en un artículo dónde también invitaba a los green hackers a actuar contra la criptomoneda: “Bitcoin es el peor desperdicio de recursos y energía de la historia de la humanidad”.

¿Pero por qué consume tanta energía?

Para entenderlo, hay que saber cómo funciona blockchain y que una transacción de Bitcoin no es cómo enviarle dinero a alguien mediante Bizum o cualquier tipo de envío de dinero digital. En el caso del Bitcoin, no hay un banco o bancos que verifiquen o certifiquen las transacciones, sino que es la propia red de usuarios la que se encarga de hacer este trabajo. Cuando una persona A le envía 1 Bitcoin a B, la red de usuarios comprueba que esa persona ‘A’ sea ‘A’ (hay que recordar que las transacciones son anónimas, no se registran nombres, sino ‘contraseñas’) y que A tenga más dinero del que quiere enviar. Si esto está bien, toda la comunidad de la red de Bitcoin anota que A tiene 1 Bitcoin menos y que B tiene 1 Bitcoin más. Hay que aclarar que no son personas las que hacen esta validación, no hay nadie leyendo números y letras en una pantalla, son ordenadores (muy potentes) los que realizan esta acción. Debido a que toda la información está encriptada (de ahí que sea una criptomoneda), es una tarea muy costosa.

 

Pero esto no acaba aquí, debido a la descentralidad de Bitcoin, es decir no hay una única persona que lleve las cuentas, sino que ‘toda la comunidad lleva las cuentas de toda la comunidad’, puede ocurrir que varios usuarios de la red ‘anoten’ las transacciones en diferente orden. Por lo tanto, es necesario que toda la comunidad se ponga de acuerdo para que todas las copias del libro de cuentas sean iguales. Es aquí cuando entra el concepto de blockchain o ‘cadena de bloques’, que se basa en empaquetar varias transacciones en un mismo bloque y escoger uno de esos bloques candidatos para añadirlo a la cadena de bloques que contienen las transacciones del pasado. Una vez que se une un bloque a la cadena, este es imposible de modificar.

Para escoger el bloque ganador, la “comunidad de verificadores de Bitcoin”, también llamados ‘mineros’ por la similitud con la minería, luchan por descifrar una contraseña. La primera persona en descifrarlo, gana el derecho de añadir el siguiente bloque oficial y el resto de la comunidad anota, por fin, ese bloque en el “libro de cuentas”.

¿Por qué alguien iba a perder tiempo y energía en hacer ese trabajo de verificación? A día de hoy, la recompensa por conseguir crear un bloque (‘minar’) es de 6.5 BTCs, 270.000 euros a 17 de febrero de 2021. Sin embargo, la recompensa por minar, se reduce a la mitad cada 210.000 bloques en un proceso que se llama halving, lo que hace que cada vez se ‘emitan’ menos Bitcoins, hasta alcanzar el total de 21 millones de Bitcoins.

Como vimos antes, solo la persona ganadora de la carrera por descifrar el encriptado, recibe la recompensa, lo que lleva a la gente a adquirir las tarjetas gráficas y procesadores de última generación para sus ordenadores. Como resultado tenemos a mucha gente (la red de minería) con ordenadores de última generación conectados a la red eléctrica 24 horas al día.

Es cierto que si esta gente utilizase electricidad procedente de fuentes renovables, la huella ecológica del Bitcoin se reduciría mucho. No obstante, la realidad es muy diferente, ya que los lugares donde más minan, usan fuentes de energía no renovable. Así, tenemos a China con el 65% del poder de minado, seguido de los Estados Unidos (7,24%) y Rusia (6,90%).

Además solo la región autónoma china de Xinjiang, concentra el 35% de la potencia de minado total. Esto se debe a la concentración de ‘granjas de minado’ (un espacio a semejanza de una granja, en el que se concentra un número considerable de ordenadores de alto rendimiento con la finalidad de minar criptomonedas) en lugares concretos. De hecho, las 22 ‘granjas de minado’ más grandes, controlan prácticamente el 100% del Bitcoin minado.

Bitcoin, la primera criptomoneda creada y que usa la tecnología descentralizada de blockchain, es actualmente un oligopolio de minado es una fuente de especulación y gasto energético sin sentido alguno, que ni tan siquiera existe.

Por Diego Ferraz Castiñeiras

Ambientólogo e oceanógrafo coordinador de Naturiza 

3 mar 2021 06:00

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Lunes, 01 Marzo 2021 05:36

¿Regreso a la normalidad?

Debra Haaland compareció el miércoles pasado en el Senado estadunidense, como parte de la nominación a secretaria del Interior. Haaland podría ser la primera indígena en liderar la dependencia que administra territorios federales y tribales. Foto Ap

“America está de vuelta”, es la consigna de política exterior del nuevo gobierno de Joe Biden con el propósito derecuperar la "autoridad moral" (si es que alguna vez existió) y el "liderazgo mundial" y, con ello, regresar a algo antes llamado "normalidad".

Aparentemente eso incluye cosas como bombardear a Siria. Fue, según la versión oficial, respuesta a un ataque por milicias respaldadas por Irán contra instalaciones estadunidenses en Irak. De hecho, era tan "normal" la acción que algunos comentaron como si era de esperarse ese rito de cada nuevo gobierno mostrando que es "duro", o como escribió con tinte sarcástico Charles Pierce en Esquire, "no eres realmente presidente de Estados Unidos hasta que has hecho que algo estalle en Medio Oriente".

El ataque estadunidense no fue autorizado por el Congreso, y su justificación era la necesidad de proteger a las tropas estadunidenses en Irak, también ahí sin autorización. O sea, todo es técnicamente ilegal, pero tan normal que sólo es una más de múltiples "operaciones antiterroristas" por las fuerzas armadas estadunidenses que se han llevado a cabo en 85 países sólo desde 2018 [https://watson.brown.edu/ costsofwar/papers/2021/US CounterterrorismOperations].

Otra guerra, la que dicen que es contra el narco, sigue llenando las prisiones y condenando a generaciones de gente pobre a la violencia en Estados Unidos, como también en Afganistán, Colombia y México, entre otros "frentes". Siguen hablando igual que cuando se inauguró, hace casi medio siglo, o sea, lo normal. Pero Virginia ya se sumó a 15 estados más en Estados Unidos en legalizar la mariguana (el primero en el sur), nutriendo la esquizofrenia entre un gobierno federal que continúa llevando a cabo sus operaciones internacionales manchadas de sangre y corrupción mientras sus ciudadanos –y nuevos empresarios– gozan cada vez más de manera legal esa droga.

En otra guerra interna, los supremacistas blancos y neonazis que siguen siendo soldados de Donald Trump están ahora amenazando "hacer estallar" al Capitolio para matar a decenas de legisladores cuando el presidente Biden se presente para su primer informe del Estado de la Unión, a principios de marzo, reveló el jefe interino de la Policía del Capitolio. Esa guerra interna, parte de la cual tiene raíces con la primera guerra americana, sigue amenazando al país.

Ah, y hablando de guerras e impunidad, resulta que el gobierno de Biden no castigará al autor intelectual, según la conclusión de fuerzas de inteligencia estadunidenses, del delito de secuestrar y descuartizar al periodista Jamal Khashoggi. Y es que el responsable es el príncipe saudita Mohammed Bin Salman y jefe de ese gran gobierno aliado y líder en democracia, derechos humanos y libertades civiles de Arabia Saudita.

Aun con cambios potencialmente significativos, siguen muy presentes ecos de lo que era "lo normal", incluyendo los más antiguos de la primera guerra americana, la que se libró contra sus pueblos indígenas. Algunos de los descendientes de los conquistadores sometieron a la congresista Deb Haaland a un interrogatorio cuestionando su "entendimiento" del manejo de los recursos naturales y acusando que era una "radical", durante audiencias en el Senado para ratificar su nombramiento como secretaria del Departamento del Interior –la primera indígena nominada para ocupar un puesto en un gabinete presidencial en la historia del país. Si es aprobada, la experta ecologista especializada sobre el impacto de los combustibles fósiles estará encargada de tierras bajo control federal (casi una quinta parte del territorio nacional) incluyendo las reservaciones indígenas.

“Una mujer indígena está por encabezar una secretaría que una vez fue encabezada por un hombre quien declaró que su misión era "civilizar o exterminar" a los pueblos indígenas. Hay gran ironía cuando republicanos ahora están describiendo [a Haaland] como una amenaza existencial a su manera de vida”, comentó Crystal EchoHawk, activista indígena y directora de IlumiNative.

Algunas cosas ya no son, nunca deberían ser, normales.

Angelique Kidjo interpreta Once in a Lifetime . https://open.spotify.com/ track/5nXXJeSf9MeDmUmEoafgOH ?si=PHWskR74Tc-5-ieC4hlLyA

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https://www.flickr.com/photos/javjavs/9307214975/

El presidente Iván Duque esbozó,en entrevista brindada el 8 de febrero a la Radio Nacional de Colombia1 los elementos base de la “Reforma Social y Fiscal” por presentar al Congreso de la República. En efecto, allí bosquejó la reforma que según la valoración económica y social del sector social que representa son necesarios para enfrentar los principales efectos que ha traído la pandemia, en especial el aumento en: i) los niveles de pobreza, ii) el número de desempleados y iii) el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento público.

En palabras del presidente Duque, “Colombia necesita enfrentar esos efectos de la pandemia, pensando en lo social, y pensando en lo fiscal”. Hay que dejar resuelto estos problemas a la nueva administración, y para ello se requiere tener como premisa “una gran capacidad para llegar a la población más vulnerable” con el fortalecimiento de los programas sociales actuales. Para ello, se va a presentar un proyecto de reforma tributaria que contenga un “poderosísimo componente social y un poderosísimo componente fiscal” que permita: “i) eliminar la pobreza extrema en el país, ii) atender las familias más necesitadas con un ingreso de manera sostenible, social y solidario, y iii) dejar resuelto un horizonte fiscal de corto, mediano y largo plazo que mantenga la confianza de los inversionistas en Colombia”.


Política social de transferencias de un ingreso social y solidario

Vale la pena precisar las implicaciones fiscales para alcanzar el objetivo planteado de eliminar la pobreza extrema en el país:

(i) De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares 2016-2017 (Enph), actualizada por el Dane para 2019, justo antes de la irrupción de la pandemia del covid-19, en Colombia había 4 millones 286 mil 296 hogares pobres (17 millones 461 mil 646 personas), de los cuales el 26.7 por ciento de los hogares se encontraban en situación de pobreza extrema (equivalente a 4 millones 686 mil 834 personas en indigencia). Teniendo presente el ingreso per cápita, así como la línea de pobreza e indigencia definida por el Dane para cada uno de los dominios geográficos, con base en una simulación de los microdatos de la Enph se estima en un aproximado de 3 billones de pesos al año (0.3% del PIB) el costo fiscal para liberar de la situación de indigencia –aunque sin superar la situación de pobreza no extrema– a cada una de las personas de esos hogares. De igual manera, liberar de la situación de pobreza a la totalidad de las personas que se encuentran en esa condición implicaría un costo fiscal cercano a los 37 billones de pesos al año (3.7% del PIB). Esto para la situación social prevaleciente antes de la pandemia.

(ii) Ahora bien, dado el impacto que la pandemia ha tenido en el mercado laboral y en los ingresos de los hogares, en especial de los ciudadanos que trabajan por cuenta propia, en su mayoría en condiciones de informalidad, existe una alta probabilidad de que incluso más de un 10 por ciento de los hogares en pobreza sufrieran un mayor deterioro en sus condiciones de vida y cayeran en pobreza extrema, por lo cual el costo fiscal de situar a estos hogares en situación de pobreza monetaria no extrema ascendería a 4.2 billones de pesos al año (0.42% del PIB).

Con un ingrediente adicional: asegurar que los hogares que en 2019 se encontraban en pobreza monetaria alcancen la línea de pobreza de su respectivo dominio geográfico, implica un costo fiscal cercano a los 37 billones de pesos al año (3.7% del PIB).

Aunque dicho costo fiscal se incrementaría debido a que con la pandemia muchos de los hogares que vivían en situación de vulnerabilidad no tuvieron cómo soportan el golpe de esta coyuntura económica y social, y fueron expulsados a la pobreza y algunos a la indigencia. En efecto, por cada millón de hogares en situación de vulnerabilidad en 2019 pero en pobreza en 2020 se aumentaría el costo fiscal en aproximadamente 9 billones de pesos al año.

Razón por la cual sería de prever un costo fiscal del orden del 4.2-4.4 por ciento del PIB al año para asegurar que en 2021 se lograra alcanzar al menos la línea de pobreza monetaria para todos los hogares en el país que en 2020 estuvieran en situación de pobreza y pobreza extrema.

(iii) Respecto al punto de “Atender las familias más necesitadas con un ingreso de manera sostenible, social y solidario” es de recalcar que de acuerdo con las estimaciones recién mencionadas un programa de transferencias monetarias que asegurara que ninguna persona u hogar tuviera un ingreso total por debajo de la línea de pobreza monetaria implicaría un costo fiscal anual equivalente a tres veces el de los actuales programas sociales de transferencias; es decir, cerca de 2.8 puntos porcentuales adicionales del PIB al año.

Ahora bien, cómo se financiaría un programa de tal naturaleza si, según se ha insinuado por diferentes medios, el Gobierno prevería un recaudo adicional neto con la reforma tributaria del orden de 1.5 por ciento del PIB al año a partir de 2022, ante los requerimientos de recursos fiscales adicionales para reducir la deuda pública, bajar el déficit fiscal estructural hacia niveles sustentables para la estabilidad macroeconómica y aumentar el gasto público en prioridades sociales y económicas. Lo que ello sugiere es que el Gobierno no estaría pensando en aplicar una política social tan ambiciosa como la mencionada sino una mucho más modesta, más asimilable a la hoy vigente!

Implicaciones de la ampliación de la base gravable del impuesto sobre la renta

Otro de los elementos esbozados por el gobierno nacional está relacionado con la ampliación de la base gravable del impuesto a la renta y complementarios de las personas naturales mediante la reducción del umbral de ingresos sujetos al impuesto, con el propósito de que cerca de un millón de personas ingresen a contribuir con el impuesto. De igual manera, se indicó con cierta vaguedad la posibilidad de aumentar en un punto porcentual las tarifas.

Como se muestra a continuación, esta medida impacta claramente a la clase media según ingresos. La tabla de liquidación del impuesto sobre la renta y complementarios para las personas naturales que actualmente rige en el país se muestra en el Cuadro 1.

Una simulación de escenarios alternativos de ampliación de la base, de acuerdo con las tarifas marginales vigentes y teniendo como fuente los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) actualizada por el Dane para 2019, permite concluir que:


(i) De aplicarse las tarifas del Cuadro 1 a los ingresos de los hogares según la Geih, el recaudo potencial podría alcanzar hasta $28.5 billones al año –sin ningún beneficio fiscal–, siendo la denominada clase media el principal conglomerado aportante, con el 51 por ciento del recaudo, seguida por la clase de altos ingresos con el 47 por ciento y el restante 2 por ciento por hogares en vulnerabilidad.

(ii) Si se excluyeran de la base a las personas naturales con un ingreso inferior a dos líneas de pobreza monetaria, el recaudo potencial alcanzaría un valor cercano a los 23 billones de pesos al año, inferior en un 18 por ciento al recaudo potencial del escenario base, pero superior al recaudo actual por impuesto a la renta de personas naturales en el país (cercano a 1.5% del PIB) debido a la erosión de la base gravable por los beneficios tributarios vigentes y por los elevados niveles de evasión y elusión tributarias.

(iii) Si se redujera la base de cotización a 500 UVT, es decir que las personas naturales con un ingreso mensual de más de un millón 428 mil 83 pesos ($1.428.083 al mes) debieran declarar impuesto sobre la renta y complementarios, con el mantenimiento de los otros rangos y de sus respectivas tarifas, se tendría que el número de personas en situación de pobreza aumentaría en 675 mil 52 personas, agravándose el nivel de pobreza monetaria, al subir de 35.7 a 37.1 por ciento, pero reduciéndose el índice de desigualdad Gini en un 6.2 por ciento, con un incremento teórico del recaudo anual potencial de un 65.8 por ciento, al subir de $28.5 billones a $47.3 billones, siendo los principales contribuyentes potenciales las personas naturales pertenecientes a la denominada clase media con el 67 por ciento del recaudo total, seguida por personas en situación de vulnerabilidad (22%), las de ingresos altos (8%) y el restante 3 por ciento del recaudo por personas naturales en situación de pobreza. Por supuesto, el recaudo potencial no se alcanzaría en la práctica por la insuficiente capacidad de pago de las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza, al punto de que el recaudo adicional solamente podría alcanzar unos $35 billones al año en vez de los necesarios $47.3 billones. Además, ante la existencia de numerosos beneficios fiscales vigentes en el país con sesgo pro rico, como han demostrado los autores en recientes libros, el impuesto a la renta de personas naturales no es redistributivo, neutralizándose la potencial reducción del índice Gini.

Las previsiones anteriores ilustran la necesidad de introducir como principio nuclear que la ampliación de la base gravable del impuesto a la renta no debería profundizar los niveles de pobreza ni vulnerabilidad monetarias, lo que lleva a plantear un escenario alternativo deseable en el que el aumento de la base gravable sea sujeta a la aplicación de una tarifa del 0 por ciento para aquellas personas naturales que pudieran caer en situación de pobreza o vulnerabilidad monetarias después del pago del impuesto a la renta, y con el incremento de las tarifas marginales impositivas en los tramos de ingreso alto (Cuadro 2 y Gráfico 1). Así, se lograría en la práctica que el recaudo potencial aumentara hasta en un 25 por ciento y disminuyera el índice de Gini de concentración hasta cerca de un 8 por ciento con respecto al escenario base.

 

 


La ampliación del IVA y la devolución a los hogares pobres

Respecto al IVA, el presidente Duque señaló que a los pobres no se les cobrará, y la manera de no cobrárselo es devolviéndoselo. En 2020 esa devolución fue para un millón de hogares, y en 2021 el objetivo será de dos millones. “Devolverle el IVA a los más pobres, sí es posible”.

De igual manera, desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se señaló en cuanto al Impuesto al Valor Agregado, “i) La tarifa del IVA no va a subir, ii) el IVA no va a cubrir toda la canasta familiar, iii) pero sí hay unos productos por los cuales sí se puede pagar un mayor IVA y iv) las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, y que están en las posiciones más debajo de la vida económica, que tengan una mayor devolución del IVA” (2). En este orden de ideas, se espera estandarizar en el 19 por ciento varios de los productos de la canasta familiar que tienen tarifas diferenciales.


De igual manera, señalaron que “la educación y los medicamentos son dos de los rubros que no tendrán el cobro de este gravamen y algunos productos de la canasta que tienen un IVA diferente al 19 por ciento serían estandarizados en este rango”.

Entre los productos alimenticios que tienen tarifas diferentes a la general del 19 por ciento y que probablemente se irían a estandarizar bajo esa tarifa se encuentran: carne de res y derivados, arroz, pollo, leche, huevos y pan. En el componente de vivienda, entre los que cuentan con una tarifa diferente a la general sobresalen: arrendamiento efectivo, arrendamiento imputado, otros gastos de ocupación, gas, energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y aseo.

Este conjunto de bienes y servicios tienen un significativo peso, aunque diferenciado entre hogares según nivel de ingresos, siendo los más afectados con una medida como la planteada por el gobierno nacional de estandarización de la tarifa, en orden descendente, los hogares en situación de pobreza, de vulnerabilidad y de la clase media (Cuadro 3).

 

 

El mito sobre el cual el Gobierno asienta su propuesta es la medida de devolución del IVA. Sin embargo, es importante señalar que la cobertura de tal devolución en 2020 fue de apenas un millón de hogares (un 23% del total de los hogares en situación de pobreza y menos del 87% de los hogares en situación de indigencia). Según el propio Gobierno, en 2021 se espera devolver el IVA a 2 millones de hogares. Este porcentaje sigue siendo insuficiente como para argumentar que con la devolución del referido gravamen se logra garantizar la progresividad del impuesto con el cual se quiere vender la intervención, ya que no llegaría a cubrir ni el 40 por ciento de los hogares en situación de pobreza en 2021. De cualquier forma, una medida de devolución del IVA para poder ser considerada razonable tendría que transferirle de manera oportuna (sin retrasos) y en cuantías suficientes a más de 5.3 millones de hogares en situación de pobreza y a no menos de otro millón y medio de hogares en situación de vulnerabilidad para poder contrarrestar buena parte de los impactos regresivos de la ampliación del IVA a bienes de la canasta familiar; esto es, una cobertura necesaria más de tres veces mayor que la prevista por el Gobierno para la devolución del IVA en el presente año 2021.

Ahora bien, no debe olvidarse que, en el marco de un verdadero Estado Social de Derecho, hay bienes y servicios esenciales a los cuales todos los hogares tienen derecho a acceder sin ningún tipo de gravamen. Este principio de actuación se aplica en varios de los países de la Ocde, donde a la primera vivienda, los servicios de agua, luz y gas, los medicamentos básicos, la ropa de trabajo, entre otros bienes y servicios, no se les aplica IVA, por lo que tampoco se considera como beneficio fiscal ni como gasto tributario al recaudo dejado de percibir por el Estado por no gravar este tipo de bienes con tal impuesto. En contraste, a los bienes de lujo se les aplica el IVA con una tarifa mayor a la tarifa general.


Nuevas exenciones del impuesto a la renta a favor de empresas

Finalmente, la administración Duque ha indicado con cierta vaguedad la posibilidad de aumentar las exenciones fiscales para las empresas que generen empleo, desconociendo el hecho de que los beneficios por el recorte del impuesto a la renta favorecen preferencialmente a las de mayor tamaño y músculo financiero, incrementándose así la heterogeneidad y la desigualdad de ingresos y patrimonios y reduciéndose la tarifa efectiva a favor de las empresas con mayores ingresos, además de no contarse con suficiente evidencia internacional de que tal tipo de medida de política tenga un efecto significativo sobre el crecimiento económico y la generación de empleo (3).

De acuerdo con su pretendido, con una política de ampliación de los actuales beneficios y exenciones fiscales a las empresas, el Gobierno estaría renunciando a un recaudo fiscal total cercano a los 27 a 30 billones de pesos al año, siendo los más beneficiados los grandes conglomerados económicos, así como determinados sectores como el financiero (4).

De esta manera, sin renunciar a sus preceptos económicos que alimentan su línea de gobierno, y sin dejar de privilegiar poderosos intereses, el gobierno no logrará las propagandeadas pretensiones de cambiar el rumbo de pobreza e indigencia que afecta a una cada vez más amplia franja de hogares colombianos y, por tanto, no alcanzará a construir una línea de justicia y equidad para nuestra sociedad. Unos y otros deben ser retos por encarar y garantizar por una sociedad actuante y un gobierno que se comprometa a concretar sus demandas.


En suma…

 

Basándose en un muy impreciso, aunque sí moderado, alcance del componente tanto social como tributario de la reforma fiscal propuesta por el gobierno nacional (como se mostró anteriormente), se busca argumentar sin debido sustento que ésta sería “justa y progresiva, pues va a beneficiar a Colombia como parte de la estrategia de mediano plazo”, aduciendo que contribuye a evitar perjudicar a los más pobres, a mantener la confianza inversionista en el país, a cerrar la brecha fiscal entre ingresos y gastos, a reducir los actuales niveles de deuda pública, así como a proteger el gasto social y de infraestructura, ya que Colombia “es vulnerable a un aumento súbito de la prima de riesgo global y otros choques externos dadas las mayores necesidades de financiamiento externo observadas recientemente y dado el contexto de elevada incertidumbre global”, siendo que el nivel de endeudamiento público ya se encuentra entre el 60 y 65 por ciento del PIB.

Infortunadamente, para poder proyectarse en esa dirección o bien se requeriría avanzar comprometidamente en un proceso sostenido de reforma alternativa como el que se resume en el siguiente recuadro, que sí podría generar mayor recaudo fiscal bajo los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, o bien satisfacerse con recaudar recursos tributarios insuficientes con una reforma del estilo a la delineada por el Gobierno, con un alcance de corto plazo y con importantes impactos regresivos e inequitativos en la distribución de ingresos, que exijiría recurrir a otras fuentes de financiación pública como la cuestionable venta de activos del Estado.

 

1 https://www.youtube.com/watch?v= xkc3kwaSQvU
2 https://www.youtube.com/watch?v=zrMRY-piI-Q
3 Hope, David y Julian Limberg. 2020. “The Economic Consequences of Major Tax Cuts for the Rich”. International Inequalities Institute de la London School of Economics and Political Science. Working Paper 55. December 2020.
4 Garay, L. J. y Espitia, J. E. 2020.Desigualdad y reforma estructural tributaria. Hacia una economía política de inclusión social.Ediciones desde abajo. Bogotá. Mayo.

 

 

Para suscripción:

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Publicado enEdición Nº276
Xi Jinping declara la erradicación completa de la pobreza extrema en China

El presidentechino Xi Jinping anunció hoy que China, el país más poblado del mundo, ha obtenido una “victoria completa” en su lucha contra la pobreza.

El mandatario hizo estas declaraciones al pronunciar un discurso en una reunión en Beijing para marcar los logros del país en el alivio de la pobreza y reconocer a los modelos a seguir en dicha causa.

En los últimos ocho años, 98,99 millones residentes rurales que vivían por debajo de la línea de pobreza actual se han liberado de este flagelo. Los 832 distritos empobrecidos y 128 000 aldeas en condiciones similares también se han retirado de la lista que recoge a las localidades afectadas por la miseria.

Desde la puesta en marcha de la reforma y la apertura a finales de los años setenta, 770 millones de residentes rurales han sido sacados de la pobreza, calculando sobre la base del umbral actual.

Aseguró que China ha aportado más del 70 por ciento de la reducción de pobreza global durante este período. Con tales logros ha creado otro “milagro” que “pasará a la historia”, afirmó Xi.

25 febrero 2021

(Con información de Xinhua)

Publicado enInternacional
Francia garantizará productos menstruales para estudiantes

La ministra de Educación Superior, Frédérique Vidal, adelantó que en las próximas semanas se instalarán máquinas que ofrecerán tampones, toallas sanitarias y otros artículos.

 

El Gobierno de Francia anunció que los productos menstruales serán gratuitos para la población estudiantil a partir de septiembre, con el objetivo de combatir las dificultades económicas que tienen muchas personas para afrontar aquellos gastos.  

La ministra de Educación Superior, Frédérique Vidal, adelantó que en las próximas semanas se instalarán máquinas que ofrecerán tampones, toallas sanitarias y otros artículos en residencias de estudiantes y servicios de salud universitarios. 

En ese sentido, la funcionaria agregó que el Gobierno se propuso hacer que la protección de período sea "completamente gratuita" para todos al comienzo del próximo año académico en septiembre, con la instalación de 1.500 distribuidores. 

Un estudio de la Asociación Federativa de Estudiantes de Poitiers y la Asociación Nacional de Estudiantes Parteras realizado en febrero reportó que un tercio de las estudiantes necesitan ayuda para comprar esos insumos para la menstruación.

Afectados por la crisis económica derivada del coronavirus y las restricciones de movilidad, numerosos estudiantes franceses tienen que acudir a la beneficencia de los bancos de alimentos de las ONGs y asociaciones.

En diciembre, el presidente Emmanuel Macron había prometido abordar el tema de la pobreza de época, cuando impulsó la creación de un "cheque psicólogo" para los estudiantes con dificultades y la posibilidad de comer dos veces al día por un euro en los restaurantes universitarios.

Al comentar sobre la difícil situación de las mujeres sin hogar, el máximo mandatario señaló en ese momento que "el hecho de tener su período en la calle y no poder comprar algo para protegerse y preservar su dignidad" se suma a la humillación que sufrieron.

La medida para hacer que la protección sanitaria sea gratuita para los estudiantes se produce en medio de un creciente enfoque en la pobreza juvenil luego de imágenes impactantes de bancos de alimentos inundados por estudiantes con dificultades debido a la pandemia covid-19.

Muchas y muchos jóvenes dicen que están luchando para llegar a fin de mes después de perder trabajos de medio tiempo en cafés y restaurantes que han estado cerrados durante meses debido a la crisis de salud.

La situación en otros países

En Argentina, un proyecto de ley integral de menstruación sostenible presentado por los diputados del Frente de Todos, Nicolás Rodríguez Saa y Lucas Godoy, contempla la entrega gratuita por parte del Estado, obras sociales y prepagas de insumos ecológicos y saludables para la gestión menstrual, además de antiinflamatorios, y la incorporación de la menstruación en la educación sexual.

Por su parte, la organización Economía Feminista lanzó en 2017 la iniciativa MenstruAcción, que alertó sobre el factor de desigualdad que implica la natural e inevitable llegada mensual del ciclo, un gasto que pagan las mujeres en un contexto donde ganan, en promedio, un 30% menos que los varones.

Otros países también están experimentando con la gratuidad de insumos para la menstruación. Escocia se convirtió en noviembre de 2020 en el primer país del mundo en aprobar la distribución gratuita de toallas higiénicas en los establecimientos públicos, abriendo un camino que inspiró a las feministas y activistas contra la pobreza de todo el mundo a abordar también el tema de la pobreza de época.

Asimismo, Nueva Zelanda anunció el 18 de febrero que experimentará a partir de junio, y durante tres años, la distribución de esas protecciones periódicas gratuitas en los colegios, mientras que en Inglaterra los productos de período gratuito están disponibles en todas las escuelas primarias y secundarias.

Publicado enInternacional
Miércoles, 24 Febrero 2021 06:27

Los mismos beneficiados, los mismos perdedores

https://www.flickr.com/photos/javjavs/9307214975/

El presidente Iván Duque esbozó,en entrevista brindada el 8 de febrero a la Radio Nacional de Colombia1 los elementos base de la “Reforma Social y Fiscal” por presentar al Congreso de la República. En efecto, allí bosquejó la reforma que según la valoración económica y social del sector social que representa son necesarios para enfrentar los principales efectos que ha traído la pandemia, en especial el aumento en: i) los niveles de pobreza, ii) el número de desempleados y iii) el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento público.

En palabras del presidente Duque, “Colombia necesita enfrentar esos efectos de la pandemia, pensando en lo social, y pensando en lo fiscal”. Hay que dejar resuelto estos problemas a la nueva administración, y para ello se requiere tener como premisa “una gran capacidad para llegar a la población más vulnerable” con el fortalecimiento de los programas sociales actuales. Para ello, se va a presentar un proyecto de reforma tributaria que contenga un “poderosísimo componente social y un poderosísimo componente fiscal” que permita: “i) eliminar la pobreza extrema en el país, ii) atender las familias más necesitadas con un ingreso de manera sostenible, social y solidario, y iii) dejar resuelto un horizonte fiscal de corto, mediano y largo plazo que mantenga la confianza de los inversionistas en Colombia”.


Política social de transferencias de un ingreso social y solidario

Vale la pena precisar las implicaciones fiscales para alcanzar el objetivo planteado de eliminar la pobreza extrema en el país:

(i) De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares 2016-2017 (Enph), actualizada por el Dane para 2019, justo antes de la irrupción de la pandemia del covid-19, en Colombia había 4 millones 286 mil 296 hogares pobres (17 millones 461 mil 646 personas), de los cuales el 26.7 por ciento de los hogares se encontraban en situación de pobreza extrema (equivalente a 4 millones 686 mil 834 personas en indigencia). Teniendo presente el ingreso per cápita, así como la línea de pobreza e indigencia definida por el Dane para cada uno de los dominios geográficos, con base en una simulación de los microdatos de la Enph se estima en un aproximado de 3 billones de pesos al año (0.3% del PIB) el costo fiscal para liberar de la situación de indigencia –aunque sin superar la situación de pobreza no extrema– a cada una de las personas de esos hogares. De igual manera, liberar de la situación de pobreza a la totalidad de las personas que se encuentran en esa condición implicaría un costo fiscal cercano a los 37 billones de pesos al año (3.7% del PIB). Esto para la situación social prevaleciente antes de la pandemia.

(ii) Ahora bien, dado el impacto que la pandemia ha tenido en el mercado laboral y en los ingresos de los hogares, en especial de los ciudadanos que trabajan por cuenta propia, en su mayoría en condiciones de informalidad, existe una alta probabilidad de que incluso más de un 10 por ciento de los hogares en pobreza sufrieran un mayor deterioro en sus condiciones de vida y cayeran en pobreza extrema, por lo cual el costo fiscal de situar a estos hogares en situación de pobreza monetaria no extrema ascendería a 4.2 billones de pesos al año (0.42% del PIB).

Con un ingrediente adicional: asegurar que los hogares que en 2019 se encontraban en pobreza monetaria alcancen la línea de pobreza de su respectivo dominio geográfico, implica un costo fiscal cercano a los 37 billones de pesos al año (3.7% del PIB).

Aunque dicho costo fiscal se incrementaría debido a que con la pandemia muchos de los hogares que vivían en situación de vulnerabilidad no tuvieron cómo soportan el golpe de esta coyuntura económica y social, y fueron expulsados a la pobreza y algunos a la indigencia. En efecto, por cada millón de hogares en situación de vulnerabilidad en 2019 pero en pobreza en 2020 se aumentaría el costo fiscal en aproximadamente 9 billones de pesos al año.

Razón por la cual sería de prever un costo fiscal del orden del 4.2-4.4 por ciento del PIB al año para asegurar que en 2021 se lograra alcanzar al menos la línea de pobreza monetaria para todos los hogares en el país que en 2020 estuvieran en situación de pobreza y pobreza extrema.

(iii) Respecto al punto de “Atender las familias más necesitadas con un ingreso de manera sostenible, social y solidario” es de recalcar que de acuerdo con las estimaciones recién mencionadas un programa de transferencias monetarias que asegurara que ninguna persona u hogar tuviera un ingreso total por debajo de la línea de pobreza monetaria implicaría un costo fiscal anual equivalente a tres veces el de los actuales programas sociales de transferencias; es decir, cerca de 2.8 puntos porcentuales adicionales del PIB al año.

Ahora bien, cómo se financiaría un programa de tal naturaleza si, según se ha insinuado por diferentes medios, el Gobierno prevería un recaudo adicional neto con la reforma tributaria del orden de 1.5 por ciento del PIB al año a partir de 2022, ante los requerimientos de recursos fiscales adicionales para reducir la deuda pública, bajar el déficit fiscal estructural hacia niveles sustentables para la estabilidad macroeconómica y aumentar el gasto público en prioridades sociales y económicas. Lo que ello sugiere es que el Gobierno no estaría pensando en aplicar una política social tan ambiciosa como la mencionada sino una mucho más modesta, más asimilable a la hoy vigente!

Implicaciones de la ampliación de la base gravable del impuesto sobre la renta

Otro de los elementos esbozados por el gobierno nacional está relacionado con la ampliación de la base gravable del impuesto a la renta y complementarios de las personas naturales mediante la reducción del umbral de ingresos sujetos al impuesto, con el propósito de que cerca de un millón de personas ingresen a contribuir con el impuesto. De igual manera, se indicó con cierta vaguedad la posibilidad de aumentar en un punto porcentual las tarifas.

Como se muestra a continuación, esta medida impacta claramente a la clase media según ingresos. La tabla de liquidación del impuesto sobre la renta y complementarios para las personas naturales que actualmente rige en el país se muestra en el Cuadro 1.

Una simulación de escenarios alternativos de ampliación de la base, de acuerdo con las tarifas marginales vigentes y teniendo como fuente los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) actualizada por el Dane para 2019, permite concluir que:


(i) De aplicarse las tarifas del Cuadro 1 a los ingresos de los hogares según la Geih, el recaudo potencial podría alcanzar hasta $28.5 billones al año –sin ningún beneficio fiscal–, siendo la denominada clase media el principal conglomerado aportante, con el 51 por ciento del recaudo, seguida por la clase de altos ingresos con el 47 por ciento y el restante 2 por ciento por hogares en vulnerabilidad.

(ii) Si se excluyeran de la base a las personas naturales con un ingreso inferior a dos líneas de pobreza monetaria, el recaudo potencial alcanzaría un valor cercano a los 23 billones de pesos al año, inferior en un 18 por ciento al recaudo potencial del escenario base, pero superior al recaudo actual por impuesto a la renta de personas naturales en el país (cercano a 1.5% del PIB) debido a la erosión de la base gravable por los beneficios tributarios vigentes y por los elevados niveles de evasión y elusión tributarias.

(iii) Si se redujera la base de cotización a 500 UVT, es decir que las personas naturales con un ingreso mensual de más de un millón 428 mil 83 pesos ($1.428.083 al mes) debieran declarar impuesto sobre la renta y complementarios, con el mantenimiento de los otros rangos y de sus respectivas tarifas, se tendría que el número de personas en situación de pobreza aumentaría en 675 mil 52 personas, agravándose el nivel de pobreza monetaria, al subir de 35.7 a 37.1 por ciento, pero reduciéndose el índice de desigualdad Gini en un 6.2 por ciento, con un incremento teórico del recaudo anual potencial de un 65.8 por ciento, al subir de $28.5 billones a $47.3 billones, siendo los principales contribuyentes potenciales las personas naturales pertenecientes a la denominada clase media con el 67 por ciento del recaudo total, seguida por personas en situación de vulnerabilidad (22%), las de ingresos altos (8%) y el restante 3 por ciento del recaudo por personas naturales en situación de pobreza. Por supuesto, el recaudo potencial no se alcanzaría en la práctica por la insuficiente capacidad de pago de las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza, al punto de que el recaudo adicional solamente podría alcanzar unos $35 billones al año en vez de los necesarios $47.3 billones. Además, ante la existencia de numerosos beneficios fiscales vigentes en el país con sesgo pro rico, como han demostrado los autores en recientes libros, el impuesto a la renta de personas naturales no es redistributivo, neutralizándose la potencial reducción del índice Gini.

Las previsiones anteriores ilustran la necesidad de introducir como principio nuclear que la ampliación de la base gravable del impuesto a la renta no debería profundizar los niveles de pobreza ni vulnerabilidad monetarias, lo que lleva a plantear un escenario alternativo deseable en el que el aumento de la base gravable sea sujeta a la aplicación de una tarifa del 0 por ciento para aquellas personas naturales que pudieran caer en situación de pobreza o vulnerabilidad monetarias después del pago del impuesto a la renta, y con el incremento de las tarifas marginales impositivas en los tramos de ingreso alto (Cuadro 2 y Gráfico 1). Así, se lograría en la práctica que el recaudo potencial aumentara hasta en un 25 por ciento y disminuyera el índice de Gini de concentración hasta cerca de un 8 por ciento con respecto al escenario base.

 

 


La ampliación del IVA y la devolución a los hogares pobres

Respecto al IVA, el presidente Duque señaló que a los pobres no se les cobrará, y la manera de no cobrárselo es devolviéndoselo. En 2020 esa devolución fue para un millón de hogares, y en 2021 el objetivo será de dos millones. “Devolverle el IVA a los más pobres, sí es posible”.

De igual manera, desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se señaló en cuanto al Impuesto al Valor Agregado, “i) La tarifa del IVA no va a subir, ii) el IVA no va a cubrir toda la canasta familiar, iii) pero sí hay unos productos por los cuales sí se puede pagar un mayor IVA y iv) las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, y que están en las posiciones más debajo de la vida económica, que tengan una mayor devolución del IVA” (2). En este orden de ideas, se espera estandarizar en el 19 por ciento varios de los productos de la canasta familiar que tienen tarifas diferenciales.


De igual manera, señalaron que “la educación y los medicamentos son dos de los rubros que no tendrán el cobro de este gravamen y algunos productos de la canasta que tienen un IVA diferente al 19 por ciento serían estandarizados en este rango”.

Entre los productos alimenticios que tienen tarifas diferentes a la general del 19 por ciento y que probablemente se irían a estandarizar bajo esa tarifa se encuentran: carne de res y derivados, arroz, pollo, leche, huevos y pan. En el componente de vivienda, entre los que cuentan con una tarifa diferente a la general sobresalen: arrendamiento efectivo, arrendamiento imputado, otros gastos de ocupación, gas, energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y aseo.

Este conjunto de bienes y servicios tienen un significativo peso, aunque diferenciado entre hogares según nivel de ingresos, siendo los más afectados con una medida como la planteada por el gobierno nacional de estandarización de la tarifa, en orden descendente, los hogares en situación de pobreza, de vulnerabilidad y de la clase media (Cuadro 3).

 

 

El mito sobre el cual el Gobierno asienta su propuesta es la medida de devolución del IVA. Sin embargo, es importante señalar que la cobertura de tal devolución en 2020 fue de apenas un millón de hogares (un 23% del total de los hogares en situación de pobreza y menos del 87% de los hogares en situación de indigencia). Según el propio Gobierno, en 2021 se espera devolver el IVA a 2 millones de hogares. Este porcentaje sigue siendo insuficiente como para argumentar que con la devolución del referido gravamen se logra garantizar la progresividad del impuesto con el cual se quiere vender la intervención, ya que no llegaría a cubrir ni el 40 por ciento de los hogares en situación de pobreza en 2021. De cualquier forma, una medida de devolución del IVA para poder ser considerada razonable tendría que transferirle de manera oportuna (sin retrasos) y en cuantías suficientes a más de 5.3 millones de hogares en situación de pobreza y a no menos de otro millón y medio de hogares en situación de vulnerabilidad para poder contrarrestar buena parte de los impactos regresivos de la ampliación del IVA a bienes de la canasta familiar; esto es, una cobertura necesaria más de tres veces mayor que la prevista por el Gobierno para la devolución del IVA en el presente año 2021.

Ahora bien, no debe olvidarse que, en el marco de un verdadero Estado Social de Derecho, hay bienes y servicios esenciales a los cuales todos los hogares tienen derecho a acceder sin ningún tipo de gravamen. Este principio de actuación se aplica en varios de los países de la Ocde, donde a la primera vivienda, los servicios de agua, luz y gas, los medicamentos básicos, la ropa de trabajo, entre otros bienes y servicios, no se les aplica IVA, por lo que tampoco se considera como beneficio fiscal ni como gasto tributario al recaudo dejado de percibir por el Estado por no gravar este tipo de bienes con tal impuesto. En contraste, a los bienes de lujo se les aplica el IVA con una tarifa mayor a la tarifa general.


Nuevas exenciones del impuesto a la renta a favor de empresas

Finalmente, la administración Duque ha indicado con cierta vaguedad la posibilidad de aumentar las exenciones fiscales para las empresas que generen empleo, desconociendo el hecho de que los beneficios por el recorte del impuesto a la renta favorecen preferencialmente a las de mayor tamaño y músculo financiero, incrementándose así la heterogeneidad y la desigualdad de ingresos y patrimonios y reduciéndose la tarifa efectiva a favor de las empresas con mayores ingresos, además de no contarse con suficiente evidencia internacional de que tal tipo de medida de política tenga un efecto significativo sobre el crecimiento económico y la generación de empleo (3).

De acuerdo con su pretendido, con una política de ampliación de los actuales beneficios y exenciones fiscales a las empresas, el Gobierno estaría renunciando a un recaudo fiscal total cercano a los 27 a 30 billones de pesos al año, siendo los más beneficiados los grandes conglomerados económicos, así como determinados sectores como el financiero (4).

De esta manera, sin renunciar a sus preceptos económicos que alimentan su línea de gobierno, y sin dejar de privilegiar poderosos intereses, el gobierno no logrará las propagandeadas pretensiones de cambiar el rumbo de pobreza e indigencia que afecta a una cada vez más amplia franja de hogares colombianos y, por tanto, no alcanzará a construir una línea de justicia y equidad para nuestra sociedad. Unos y otros deben ser retos por encarar y garantizar por una sociedad actuante y un gobierno que se comprometa a concretar sus demandas.


En suma…

 

Basándose en un muy impreciso, aunque sí moderado, alcance del componente tanto social como tributario de la reforma fiscal propuesta por el gobierno nacional (como se mostró anteriormente), se busca argumentar sin debido sustento que ésta sería “justa y progresiva, pues va a beneficiar a Colombia como parte de la estrategia de mediano plazo”, aduciendo que contribuye a evitar perjudicar a los más pobres, a mantener la confianza inversionista en el país, a cerrar la brecha fiscal entre ingresos y gastos, a reducir los actuales niveles de deuda pública, así como a proteger el gasto social y de infraestructura, ya que Colombia “es vulnerable a un aumento súbito de la prima de riesgo global y otros choques externos dadas las mayores necesidades de financiamiento externo observadas recientemente y dado el contexto de elevada incertidumbre global”, siendo que el nivel de endeudamiento público ya se encuentra entre el 60 y 65 por ciento del PIB.

Infortunadamente, para poder proyectarse en esa dirección o bien se requeriría avanzar comprometidamente en un proceso sostenido de reforma alternativa como el que se resume en el siguiente recuadro, que sí podría generar mayor recaudo fiscal bajo los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, o bien satisfacerse con recaudar recursos tributarios insuficientes con una reforma del estilo a la delineada por el Gobierno, con un alcance de corto plazo y con importantes impactos regresivos e inequitativos en la distribución de ingresos, que exijiría recurrir a otras fuentes de financiación pública como la cuestionable venta de activos del Estado.

 

1 https://www.youtube.com/watch?v= xkc3kwaSQvU
2 https://www.youtube.com/watch?v=zrMRY-piI-Q
3 Hope, David y Julian Limberg. 2020. “The Economic Consequences of Major Tax Cuts for the Rich”. International Inequalities Institute de la London School of Economics and Political Science. Working Paper 55. December 2020.
4 Garay, L. J. y Espitia, J. E. 2020.Desigualdad y reforma estructural tributaria. Hacia una economía política de inclusión social.Ediciones desde abajo. Bogotá. Mayo.

Publicado enEconomía
Una calle en llamas en Puerto Príncipe después de una protesta contra el presidente Jovenel Moise el pasado 14 de febrero. VALERIE BAERISWYL / AFP

El mundo después de la covid

 

El máximo riesgo de crisis política es a los dos años del pico de la pandemia

 

Verano del 2022. Justo cuando los gobiernos piensan que lo peor ya ha pasado tras llevar a cabo una campaña exhaustiva de vacunas y paquetes billonarios de reactivación económica, el mundo, de repente, se enciende. Hay batallas campales en cientos de ciudades entre manifestantes y policías antidisturbios vestidos al estilo de Robocop . Imágenes de edificios en llamas se proyectan en millones de pantallas de televisión. Los gobiernos caen en elecciones tumultuosas.

No es la próxima entrega de la serie distópica Years and years sino un escenario que dibuja lo que podría pasar tras la pandemia a partir de un análisis realizado por los sesudos técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

 “Desde la plaga de Justiniano en el siglo VI y la Peste Negra del siglo XIV hasta la gripe española del 1918, la historia está trufada de ejemplos de epidemias que tienen fuertes repercusiones sociales: transforman la política, subvierten el orden social y provocan estallidos sociales”, afirman Philip Barrett y Sophia Chen en su informe Las repercusiones sociales de las pandemias (enero del 2021). Y el periodo tras la covid no tiene por que ser muy diferente.

¿Por qué? Una posible explicación es que una pandemia “pone de manifiesto las fracturas ya existentes en la sociedad: la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos”, sostienen los técnicos del FMI.

A partir de un análisis de millones de artículos de prensa publicados desde 1985 en 130 países, el FMI ha elaborado un índice de malestar social que permite cuantificar la probabilidad de una explosión de protestas como consecuencia de la pandemia. Los técnicos relacionan los casos de estallidos sociales con 11.000 diferentes acontecimientos ocurridos desde las años ochenta. Estos incluyen desastres naturales como inundaciones, terremotos o huracanes, así como epidemias.

Utilizando complejas ecuaciones algebraicas, los expertos descubren “una relación positiva y significativa” entre desastres y estallidos sociales. Concretamente, “existe una relación positiva entre los estallidos sociales y las epidemias”, afirman Barrett y Chen en su informe.

Como suele ocurrir con los estudios económicos, la relación entre desastres y protestas es algo que tal vez mucha gente, sin necesidad de ecuaciones matemáticas, entenderían intuitivamente. Pero lo interesante del análisis del FMI es la relación cronológica que identifica entre las epidemias y los estallidos sociales. Hay un importante efecto retraso. Muchos meses, hasta dos años, separan el momento álgido de la epidemia de las rebeliones.

Efectivamente, ha habido pocas protestas durante esta pandemia. Más bien, en los últimos meses “el numero de manifestaciones físicas de malestar social ha caído a su nivel mas bajo en casi cinco años”. La excepción es el movimiento Black Lives Matter tras el asesinato a manos de policías de George Floyd en Minneapolis, que desencadenó una oleada de protestas en EE.UU.

Pero mas allá de este resultado inmediato pacificador de las epidemias, “a más largo plazo, la frecuencia de estallidos sociales se dispara”, se sostiene en el informe del FMI, de tono mucho más frío y distanciado que la información que analiza sobre disturbios en millones de indignados artículos de prensa a lo largo de las décadas.

A partir de la información obtenida sobre diferentes clases de protesta, los investigadores del FMI demuestran que, con el tiempo, “el riesgo de disturbios y manifestaciones contra el gobierno va en aumento” . Es más, “sube el riesgo de graves crisis políticas (acontecimientos que pueden derribar gobiernos), que normalmente ocurren en los dos años posteriores a la epidemia grave”, resumen los técnicos de la institución multilateral de sede en Washington.

El informe llega a la conclusión de que “el malestar social era elevado antes de la covid y se ha moderado durante la pandemia pero, si la historia nos sirve de guía, es razonable esperar que, conforme la pandemia se disminuya, los estallidos sociales emergerán de nuevo”.

Otro informe del FMI titulado Cómo las pandemias conducen a la desesperación y al malestar social (octubre del 2020), de Tahsin Saadi Sedik y Rui Xu, utiliza metodología similar para determinar con precisión este efecto retraso. “Las epidemias severas que provocan elevada mortalidad aumentan el riesgo de disturbios y manifestaciones antigubernamentales”, explican. Estos “eventos pandémicos generan un riesgo de desorden civil significativamente más elevado después de 14 meses”. Cinco años después de la pandemia todavía existe un “efecto cuantitativamente significativo sobre la probabilidad de estallidos sociales”. Los brotes de ébola en el Oeste de África entre el 2014 y el 2016, por ejemplo, “provocaron un aumento de la violencia civil superior al 40% al cabo de un año y su efecto sobre el malestar social persistía varios años después”.

Aunque la chispa de la violencia no tiene por qué estar relacionada con la pandemia, el trauma social y el impacto socioeconómico de la crisis sanitaria está detrás de las
repetidas instancias de protestas.

Pero la pandemia tampoco es la causa inicial sino un catalizador. El primer eslabón del efecto dominó es la desigualdad y la percepción de injusticia, explican los analistas del FMI. “Los resultados de nuestro estudio indican que la desigualdad elevada está relacionada con más estallidos sociales (…) y el malestar social será mayor cuanto más elevada la desigualdad de renta al inicio”, sostienen.

Las pandemias detonan la bomba de relojería “porque reducen el crecimiento económico y elevan la desigualdad” y crean “un círculo vicioso en el que el crecimiento más lento, la subida de la desigualdad y el aumento de malestar social se refuerzan el uno al otro”.

 

Andy Robinson

Madrid

21/02/2021 00:02Actualizado a 21/02/2021 08:42

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