Martes, 07 Mayo 2019 06:01

Cuba: Desafío formidable

Cuba: Desafío formidable

Las declaraciones recientes de las autoridades cubanas no dejan dudas sobre la creciente preocupación por el empeoramiento de la situación económica del país. El denominador común atribuye este proceso a factores esencialmente externos, y principalmente a las sanciones de Estados Unidos. La historia en el terreno es un poco más compleja.

Desde 2007, hace casi 12 años, el gobierno cubano emprendió una nueva etapa de transformaciones en el modelo económico cubano. En 2008 se iniciaron cambios prometedores en la agricultura. En septiembre de 2010, se flexibilizó el ejercicio del trabajo privado. En 2011, se adoptó un documento central para orientar los cambios, los Lineamientos.


No menos importantes fueron un conjunto de medidas que ampliaron los derechos individuales de los ciudadanos cubanos, como la posibilidad de comprar líneas móviles, la venta de computadoras y otros equipos de reproducción de audio y sonido, la libre compra-venta de viviendas y autos, la eliminación del permiso de salida, y la posibilidad de hospedarse en instalaciones turísticas previamente reservadas para los visitantes internacionales. Este repaso es pertinente, porque puede dar cuenta del mayoritario apoyo que tuvo este proceso, aun cuando no estuvo exento de problemas y no todos pudieron sacar igual provecho del mismo.


Entre 2009 y 2017, el sector no estatal pasó de 800 mil a 1,4 millones de trabajadores, solo un 11,5 por ciento inferior al total de empleados en las empresas estatales, a pesar de todas las restricciones que operan en contra de este sector. La historia del cuentapropismo es aún más extraordinaria. El número de cuentapropistas creció en cuatro veces (desde 147 mil a 595 mil). Los ingresos al presupuesto de este sector eran el 4 por ciento del total en 2010, en 2019 se prevé llegarán hasta el 13 por ciento, como mínimo.


Esto permitió, por ejemplo, que el empleo en el sector público disminuyera en más de una cuarta parte entre 2010 y 2018, lo que equivale a poco más de 1 100 mil puestos de trabajo. En medio de un crecimiento económico muy modesto, esto debe haber sido un factor clave en el aumento del salario medio en el período, que fue del 78 por ciento. Sin embargo, una tendencia preocupante es la informalidad. En ese mismo lapso, la proporción de personas en edad laboral con un empleo formal pasó de 73 a 64 por ciento, una trayectoria insostenible para el presupuesto y la viabilidad de las políticas sociales, además de exacerbar la desigualdad.


Los principales agregados macroeconómicos tampoco mostraron una evolución favorable. El PIB real (a precios de 1997) creció un 2,2 por ciento anual. Aunque experimentaron un incremento hasta 2013, tanto las exportaciones como las importaciones se ubican hacia 2018 en los niveles de 2010. No obstante, la situación ahora es más precaria.


Primeramente, la restructuración de la deuda externa supone nuevos compromisos de pago que no existían en aquel momento. En segundo lugar, los visitantes internacionales pasaron de 2,5 a 4,7 millones en 2018, lo que implica una demanda adicional notable. El volumen de inversiones aumentó desde 4200 a 9300 millones de pesos en 2018, con un significativo componente de equipos e insumos importados. Si bien el acceso a créditos externos ha mejorado en alguna medida, las remesas han crecido y la inversión extranjera se ha dinamizado tímidamente, estas fuentes han sido insuficientes para evitar un descalce en moneda extranjera para las obligaciones de la nación. La creciente demanda de artículos importados que no se ofertan en los mercados del país junto a la pérdida de convertibilidad del CUC vienen creando un circuito paralelo de circulación de dólares.


Algunos acontecimientos externos han agravado esta situación. El primer factor es el pronunciado declive económico venezolano. Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la economía venezolana se ha contraído más de un 50 por ciento desde 2014. La producción de petróleo pasó de 2,7 millones de barriles diarios en ese año a un promedio de solo 966 mil en el primer trimestre de 2019, una contracción del 65 por ciento, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC).


En esas condiciones, es esperable una caída en similar proporción de los envíos a Cuba, que se estimaron en algún momento entre 90 y 100 mil barriles al día. Desde agosto de 2017 dejó de existir la empresa mixta que operaba la refinería de petróleo de Cienfuegos, cuya comercialización de refinos representó una fuente significativa de ingresos externos. La elección de Jair Bolsonaro en Brasil, conllevó a la decisión cubana de terminar su participación en el programa Mais Médicos, que representaba una entrada de entre 250 y 300 millones de dólares.


A partir de septiembre de 2017, una serie de acontecimientos ha golpeado a la industria turística, el único gran sector exportador que había mostrado una trayectoria favorable en el período analizado, particularmente después de 2014. El huracán Irma, las alertas de viaje emitidas por el departamento de Estado y las nuevas regulaciones para los viajes de estadounidenses a Cuba, publicadas en noviembre de ese año, desencadenaron la tormenta perfecta que ha congelado los incrementos de visitantes, mientras los ingresos se redujeron en 2018. La activación del Título III de la Ley Helms-Burton y las recientes restricciones adicionales para viajes y remesas, aumentarán los costos de financiación, y menguarán un poco más los ya insuficientes ingresos en divisas.


Los resultados son conocidos. Una abultada lista de impagos a proveedores e inversores extranjeros que socava la posibilidad de mantener los suministros adecuados y la estrategia de atracción de capital foráneo. Estos se estiman por varias fuentes en cifras cercanas a 1500 millones de dólares. Las escaseces de productos de diverso tipo no son nuevas en el contexto cubano, pero se han agravado apreciablemente en el último cuatrimestre. No se debe esperar una mejoría a corto plazo.


A pesar de todo esto, Cuba podía haber llegado en mejor situación a este contexto. La apertura al sector privado y cooperativo fue incompleta y contradictoria, e incluso se intentó una reversión parcial. Peor aún, se hizo en el marco de una reforma lenta que no transformó los aspectos más retardatarios del modelo cubano, como el modelo de planificación.
Los cambios en la empresa estatal fueron esquemáticos, reproduciendo fórmulas del pasado, y creando nuevas estructuras que continúan drenando los escasos recursos del sector público. Los llamados a incrementar las exportaciones han sido precisamente eso, llamados. La inversión extranjera quizá ha sido la apuesta más consistente, pero enmarañada en el burocratismo y el desconocimiento de los estándares más elementales del mundo de los negocios contemporáneo. Las políticas sociales no se transformaron lo suficiente para atender los nuevos desafíos de una sociedad más desigual.


Para todo lo anterior, siempre han aparecido mil excusas: que si estamos en los inicios, sin prisa pero sin pausa, todavía es pronto para hacer una evaluación completa, vamos a usar experimentos, ahora no están creadas las condiciones, tenemos que retroceder porque los resultados no son los esperados, nos equivocamos y hay que rectificar… y un largo etcétera. Resulta doloroso decirlo, pero en vastos sectores del sector público cubano existe una ignorancia desconcertante de los principios básicos que rigen el funcionamiento de una economía.
El gobierno cubano tiene ante sí un desafío formidable. La maraña que atenaza cualquier esfuerzo de cambio es resultado de los intereses creados a lo largo de tantos años. De tratar de sustituir las relaciones monetario-mercantiles por órdenes administrativas, siempre voluntaristas, de espaldas a la realidad. De una mentalidad arcaica que asume que Cuba tiene que ser compensada por atreverse a plantar cara a Estados Unidos, que busca acuerdos ventajosos una y otra vez para esquivar los problemas del modelo en casa, cuyas soluciones se posponen indefinidamente. Que propone una interpretación del mundo desconectada peligrosamente de la realidad, con muy poca sofisticación para sobreponerse a la compleja geopolítica de esta Isla caribeña. Todavía se aspira a regresar a la burbuja social y económica en que vivía Cuba en la década del ochenta.


Las crecientes dificultades económicas afectarán desproporcionadamente a los más vulnerables. Sea esta una oportunidad única para que las autoridades encuentren el impulso definitivo que permita deshacer los nudos que atan el desarrollo de este país. Pero ahora será mucho más difícil. La Cuba que se asoma a este abismo es muy diferente a la de los años noventa. Los ciudadanos no llegan en las mismas condiciones. Su gobierno no tiene la legitimidad del liderazgo anterior. El sector público enfrenta dificultades crecientes para retener a sus mejores talentos, ahora que son más necesarios que nunca.


¿Qué se puede hacer?


Continuará…


Por Ricardo Torres
Economista. Es investigador del Centro de Estudios sobre la Economía Cubana, La Habana.

02/05/2019

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El poder en Francia vive bajo el influjo amarillo

El movimiento dejó una estela poderosa que abrió brechas de debates y cuestionamientos sobre la economía, la solidaridad colectiva y las fallas de la democracia.

Ya no importa saber si son muchos o pocos, si llegan a 50 mil o a apenas unos miles. Los chalecos amarillos se han metido por todos los intercisos de la sociedad y la habitan de forma expandida, más allá de las cifras de sus movilizaciones, los relatos de sus divisiones o la contra propaganda del gobierno y los medios que, con todas las artimañas, intentan expulsarlos de la escena social a través de procesos groseros y violentos de deslegitimación. El movimiento que surgió a mediados de noviembre de 2018 es una pesadilla de un solo color. Este sábado, en lo que fue el acto número XXV de su irrupción callejera, el movimiento reunió en París no más de 2000 personas. Pero el impacto de esa estrecha presencia callejera testimonia una suerte de tensión que rodea todo lo que ocurre en torno al color amarillo. Primero fueron un enigma social, luego un desafío al poder, después un dolor de cabeza político y un cuestionamiento de la desigualdad arraigada en el sistema liberal, más tarde una exigencia de renovación institucional y de justicia fiscal, al fin, un fenómeno cultural a través del cual se interrogan todas las injusticias pasadas y presentes de los liberalismos que gobiernas al mundo. Aún no pasó a la historia y, no obstante, el movimiento amarillo vive en un tiempo presente que se prolonga y ha atraído detrás de él una extraordinaria producción de libros, artículos y ensayos. Es hoy un vasto territorio de papel surgido desde el fondo de un país al que se creía “indiferente” ante la política.


En el libro Le fond de l’air est jaune (El Fondo del aire es amarillo), el periodista Joseph Confraveux (Mediapart) pone de relieve una dimensión fuera de lo común: durante los últimos 30 años de luchas sociales y movimientos de todo tipo, nadie logró instalar en la sociedad el tema de la “injusticia social”. Los chalecos amarillos sí. Se han convertido en una suerte de subconsciente que desvela a quienes tratan de presidir los destinos colectivos de Francia. La presidencia de la República y el gobierno llevan seis meses diseñando respuestas para contener la bronca de esa Francia que no ha perdido su encono hacia el poder. Desde diciembre de 2018, cada paso del poder sigue las huellas amarillas. A finales de abril, el presidente Emmanuel Macron inició un proceso de descontaminación de la imagen que lo persigue desde mayo de 2017 y cuyos rasgos fueron acentuados por los chalecos amarillos. Una suerte de presidente Rey que todo lo hace, todo lo puede y todo lo controla. Macron decidió “compartir” con el primer ministro Edouard Philippe la implementación de las medidas que el mismo Macron anunció unos días antes como resultado del “gran debate nacional” que el macronismo inventó como fórmula para apaciguar la revuelta amarilla cuando esta se encontraba en su máximo nivel. Todo empieza de amarillo y termina con el mismo color. Emmanuel Macron animó en persona ese debate al cabo del cual reconoció que en el país existía “un profundo sentimiento de injusticia fiscal, territorial y social. Y hay que darle una respuesta”. El mandatario decidió mejorar las jubilaciones y bajar los impuestos. No se sabe aún de donde sacará los 5000 millones de euros que ese recorte fiscal implica pero lo cierto es que es una de las respuestas directas al malestar que originó el volcán de los chalecos. Aunque las manifestaciones amarillas de los sábados atraen cada vez menos gente, estas se han institucionalizado y convertido en un “termómetro” al que se consulta como un oráculo. El movimiento dejó una estela poderosa que abrió múltiples brechas de debates y cuestionamientos sobre la economía, las finanzas, la fiscalidad, la democracia, la justicia social, la solidaridad colectiva, la igualdad, los medios de comunicación, las redes sociales, las fallas de la democracia representativa y los muchos mecanismos de sumisión de que cuenta el poder. El llamado “sistema” recibió un golpe de tales magnitudes que, incluso si no perdió el combate, sigue en medio del ring aturdido por los golpes.


Hace un par de días, el diario Libération publicó una columna firmada por más de 1500 actores de la cultura en respaldo a la revuelta amarilla. Bajo el título “Chalecos amarillos, no nos engañamos”, actores, periodistas, científicos, escritores, dibujantes y guionistas escriben que no sólo se trata de un fenómeno “sin precedentes” sino, también, de que los chalecos amarillos constituyen “un movimiento que el poder quiere desacreditar y al que reprime severamente cuando, en realidad, la violencia más amenazadora es económica y social”. Los “chalecos amarillos somos nosotros”, escribe este grupo. Los firmantes impugnan de forma muy firme el extraordinario arsenal legislativo y policial con el que el macronismo se dotó para reprimir a los chalecos amarillos y, por añadidura, a todo aquel que se le ocurra manifestar. Los autores de la columna estiman que esa represión “pisotea nuestras libertades individuales”. Basta con salir a la calle con los chalecos para comprobar la exacerbación y la violencia desmedida con la que actúa la policía. De los palos y los gases, en París, no se salva nadie: hombres o mujeres, jóvenes o de tercera edad, sanos o minusválidos, todos han vivido el violatorio privilegio de verse insultados, agredidos o maltratados por la policía. Y los que fueron arrestados incluso de forma injustificada, con falsas acusaciones policiales, experimentaron la justicia parcial y expeditiva de los tribunales de “comparecencia inmediata”.
El poder vive aún bajo el influjo amarillo, tiene miedo e incurre en una suerte de exceso autoritario que termina por empanar la ética democrática de la cual el país se prevalece ante el resto de los mundo. Sin buscar ese objetivo, los chalecos amarillos mostraron todas las contradicciones de las democracias modernas: desde su desigualdad de raíz, hasta su autoritarismo armado cuando se trata de reprimir y criminalizar a los movimientos sociales. Esa violencia, sumada a la que desparraman los Black Blocs y otros extremistas, fueron poco a poco adquiriendo el protagonismo de las marchas amarillas. Por ello, los autores de la columna publicada en el matutino Libération invitan a renovar la apuesta para resurgir:

“utilicemos nuestro poder, el de las palabras, el de la música, el de la imagen, el del pensamiento y el del arte para inventar un nuevo relato y apoyar a todos aquellos y aquellas que, desde hace meses, luchan en las calles y las rotondas”. Los chalecos amarillos ganaron una batalla objetiva y subjetiva substanciales: empujaron al poder a reflexionar, a trastornar su agenda, a mirar hacia la gente. Luego, reinstalaron temáticas de autonomía, de libertad y de justicia que parecían enterradas. Entonces no importa cuántas personas manifestarán cada sábado. Los chalecos amarillos han impregnado toda la sociedad. Llegaron a ese cielo influyente donde viven los poderes inmateriales.


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Estados Unidos y la hipótesis del bloqueo naval a Venezuela

Fracasado un nuevo intento de golpe de Estado en Venezuela, el Gobierno de Estados Unidos comienza a pensar en una nueva etapa de aislamiento contra el país suramericano.

Por un lado, amenaza a Cuba con un embargo "absoluto" si mantiene su apoyo al Gobierno venezolano, por el otro presiona al Gobierno de Malta para que prohíba a Rusia usar su territorio para llegar al país suramericano y aplica sanciones contra barcos que transportan petróleo venezolano para ahogar la economía del país.


Todo hace suponer que en El Pentágono sí que están barajando con mucho interés un bloqueo total para ahogar definitivamente al Gobierno de Nicolás Maduro y lograr su tan ansiada implosión social.


Ideólogos del bloqueo


La idea del cerco definitivo hacia Venezuela, ya había sido analizada durante una reunión secreta del 'think tank' estadounidense "Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales" (CSIS), llevada a cabo el 10 de abril de este año.


Uno de los invitados a la reunión fue Fernando Cutz, a quien el periodista Max Blumenthal ha llamado "el arquitecto del golpe de Estado en Venezuela".


Cutz, quien perteneció al Consejo de Seguridad Nacional del Grupo Cohen, asesoró estrechamente al embajador estadounidense William Brownfield, en torno a una estrategia para "dividir el círculo íntimo de Nicolás Maduro", reporta Blumenthal.


Cutz, una semana después a la mencionada reunión y sin ningún tipo de complejo, declaró al diario La Vanguardia que en el caso venezolano "No es posible una invasión, pero algo de baja intensidad, como un bloqueo naval, tal vez serviría para salir de esta situación de tablas".


La 'opción Cutz' cobra relevancia visto el fracaso del Pentágono en su intento de dividir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sin embargo, puede que no sea algo de corto plazo visto el poco consenso alcanzado en la región para apoyar una acción de corte militar en Venezuela.


Si evaluamos sus declaraciones bajo el prisma de teóricos de la geopolítica como Nicholas Spykman, al parecer han entendido que lo importante no es controlar el 'Heartland' o núcleo de Venezuela, sino cercarlo (Rimland). Al considerar que las rutas terrestres y marítimas desde y hacia Venezuela están controladas en su totalidad por EEUU o por sus aliados regionales, esto le permitiría bloquear casi instantáneamente una o todas estas rutas sin la necesidad de una invasión o movilización de flotas.


Hay que matizar el hecho de que esto no sería una decisión sencilla. Un bloqueo naval representaría una agresión militar tan importante que Rusia y China se verían obligadas a sentar posición. Por un lado intervenir para resguardar al Gobierno continental latinoamericano con el que tiene mejores relaciones o renunciar a su avance en la región y devolver su espacio de influencia a los EEUU, con hegemonía continental. No obstante, aun cuando un escenario de estas dimensiones es improbable en un corto plazo, Estados Unidos se ha preparado para él.


Antecedentes peligrosos


En el 2017 EEUU realizó unos ejercicios militares denominados Tradewings a 600 kilómetros de las costas venezolanas. Los identificaron como "una maniobra multinacional de seguridad marítima y respuestas a desastres en el Caribe". En el 2018, llevaron a cabo los ejercicios multinacionales Unitas, donde Colombia era el anfitrión y participaron más de 18 países. La razón esgrimida para hacer el despliegue de exploración radioelectrónica y fuerza aerotransportadas, era supuestamente luchar contra el crimen trasnacional y prestar apoyo durante una crisis humanitaria. Dos argumentos que constantemente usa Washington para atacar al Gobierno venezolano.


Además de estos ejercicios, por solo citar los que mayor perfil naval tienen, existe el antecedente de la Zona de Exclusión Aérea sobre Libia en el año 2011. Una zona libre de vuelos (con la excepción de vuelos de ayuda humanitaria) establecida luego de un embargo naval de armas. En la práctica, la Zona de Exclusión Aérea representó la presencia de una gran flota de la OTAN frente a las costas libias, que acabaron en cuestión de horas con todas las defensas antiaéreas del ejército libio, seguido de un intenso bombardeo aéreo sobre objetivos militares.


Estos ejercicios, como el Unitas o el Tradewings, debemos entenderlos bajo la óptica de lo que el periodista y político Thierry Meyssan, considera es la estrategia de destrucción del Caribe por parte de Estados Unidos. Es decir, usar a los países que conforman esta gran área del mundo con dos objetivos: presionándolos para reducir los aliados de Venezuela y además usarlos como plataforma logística de ataque contra el país suramericano, pero también, contra Cuba y Nicaragua.


Áreas amenazadas


La fuente más importante de recursos económicos para Venezuela es el petróleo y sus derivados, la mayor parte de su explotación se encuentra en el centro y sur del país, en lo que se ha denominado el yacimiento petrolero más grande del mundo, la faja petrolífera del Orinoco.


No obstante, esta faja cuenta con una gran desventaja geoestratégica: un rápido acceso marítimo, que por el delta del Orinoco permite la entrada y salida de materiales y medios navales, a su vez, este delta se encuentra muy próximo a Trinidad y Tobago y Guyana, ambos países muy cercanos políticamente a Reino Unido.


Por el Sur, la exclusividad de la conexión terrestre que existe entre Venezuela y Brasil es una espada de Damocles. Representa un acceso muy prolongado a una región que carece de objetivos estratégicos, con excepción obvia de la Central Hidroeléctrica del Guri, que ofrece una fácil defensa terrestre para Venezuela pero una sola vía comercial hacia el exterior, con facilidades para la obtención de inteligencia desde Brasil.


Por el Oeste, tenemos dos accesos terrestres importantes pero accidentados, por los andes, una cordillera que retrasa cualquier tipo de avance con transporte pesado y al norte una sierra que protege al estado Zulia con un solo acceso a un territorio sin objetivos militares estratégicos, que además ha sido defendido en el pasado con mucho éxito, recordemos la crisis del Caldas entre Colombia y Venezuela.


Por tanto, cuando pensamos en bloqueo naval debemos mirar al Norte de Venezuela. El frente más amplio y accesible que representa la segunda línea costera más extensa y la zona económica exclusiva más grande de la cuenca del Caribe. Además, este frente Norte es el asiento de los poderes públicos del país, posee los puertos más importantes y uno de los complejos refinadores más grandes del mundo, ubicado en la península de Paraguaná, lo cual lo hace el objetivo primario de una estrategia como esta.


Si hacemos una sumatoria, las condiciones para que se cumplan los planes de los asesores de seguridad nacional de Trump y El Pentágono en torno a un bloqueo naval, existen. Al menos en la teoría. Sin embargo, para que los planes se pongan en práctica, y más aún, tengan éxito deben suceder muchas otras circunstancias.


Una de ellas, y es a la que más deben estarle dando vueltas los militares y políticos en Washington, es: ¿Vamos a impedir que un avión o barco ruso, chino, iraní o turco entre a Venezuela con alimentos y medicinas? Y de ser positiva la respuesta, surgiría una última y muy importante cuestión ¿Cómo lo harían? No es del todo fácil, verle la cara a la tercera guerra mundial ¿verdad?

18:02 03.05.2019 (actualizada a las 09:37 04.05.2019) URL corto

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Alternativas pospetroleras para Venezuela, necesarias, urgentes, posibles

A medida que proliferan las ideas sobre las posibles alternativas para salir de la crisis en Venezuela, llamativamente hay una persistencia. Una y otra vez se parte del petróleo, esto no está en discusión y desde allí es que divergen distintas opciones sobre cómo aprovecharlo. 

Por momentos parecería que es casi imposible imaginar una alternativa que no dependa de los hidrocarburos. En cambio pasan a ser posibles las distintas opciones sobre la propiedad de los hidrocarburos, los papeles del Estado o el mercado, los esquemas tributarios y así sucesivamente (1). No sólo eso y hay quienes redoblan la apuesta reclamando profundizar todavía más el extractivismo petrolero como medio para obtener rápidamente ingresos económicos.


Por ejemplo, la cámara empresarial petrolera ya tiene un plan para aumentar la extracción en un millón de barriles (2), los sindicatos concuerdan en fortalecer ese sector (3) y hay voces académicas en el mismo sentido. Esa profundización petrolera es reclamada en todo el arco político, desde los conservadores a los progresistas (4). Solo difieren en los modos de hacerlo.


Asumir que toda opción de cambio implica la petrolización tiene muchas limitaciones. Es anticuado, no resuelve viejos problemas del desarrollo ni las nuevas exigencias del cambio climático. De alguna manera se renuncia a promover alternativas reales a la esencia del desarrollo venezolano: ser proveedora de hidrocarburos a la globalización. Aún en el mejor caso, sería aliviar la crisis actual para sembrar una crisis futura.


Las voces de alarma sobre la adicción petrolera se han repetido en Venezuela por lo menos desde la década de 1960. Posiblemente la advertencia más popular sea “el petróleo es el excremento del diablo”, de Juan Pablo Pérez Alfonzo hacia 1976 (5). Pero no han sido atendidas. En paralelo, se han sumado muchos análisis sobre lo que ha sucedido en distintos países petroleros que muestran importantes desarreglos productivos, comerciales y financieros, descalabros políticos como sociales (como derivas autoritarias o la penetración de la corrupción) y muy serios impactos ambientales (6). La metáfora lanzada en 1936 por A. Uslar Pietri, “sembrar el petróleo”, por ahora no se cristalizó en América Latina.

Cuando el rentismo es insuficiente


Como la condición petrolera es indiscutible, los debates pasan a estar enfocados en los modos de mantener ese extractivismo. Se considera, por ejemplo, si se debe nacionalizar o privatizar el sector, cuáles serían los roles de las empresas petroleras, si éstas deben ser estatales, privadas o mixtas, el nivel de tributación, cómo manejar la inversión extranjera, y así sucesivamente.


Muchos alertan de que Venezuela tiene una estructura “rentista”, de donde el problema central sería esa dependencia de la renta petrolera pero no la centralidad de esa explotación. Se dice, por ejemplo, que en “el futuro Venezuela seguirá siendo un país petrolero, pero no podrá ser en ningún caso un país rentista” (7). Dicho de otro modo, habría alternativas posrrentistas pero no asoman en el horizonte opciones pospetroleras.


Los abordajes basados en la renta son herederos de posturas económicas del siglo XIX (sean las de David Ricardo como las de Karl Marx). En sus aplicaciones prácticas actuales, la renta corresponde a la diferencia entre el valor económico de un recurso natural según lo determinan los mercados globales y los costos totales de la extracción, que denominan “producción”. Ese es el tipo de cálculo que por ejemplo realiza el Banco Mundial. El éxito o fracaso económico de un país petróleo se mide usualmente con indicadores como este.
Sin embargo esas ideas de la renta están repletas de problemas. Comencemos por precisar que no existe una “producción” de hidrocarburos, sino que en realidad es una pérdida irreversible de patrimonio. El vocablo “producción” oculta que son recursos finitos y agotables, y su dinámica es muy distinta a lo que ocurre, pongamos por caso, en la agricultura, que tiene potenciales de renovabilidad (en lo que podrían ser rentas agrícolas se pueden calcular costos de reposición de la fertilidad del suelo, pero eso es imposible para los combustibles fósiles).


Paralelamente, en los cálculos convencionales de la renta los “costos” son siempre incompletos, ya que no incorporan lo que se gasta o pierde por impactos sociales y ambientales. Dicho de modo esquemático, el precio del crudo no incluye componentes como los costos económicos de la contaminación o del daño de la salud de las comunidades locales. Ese gasto sin embargo existe, y lo que sucede es que son transferidos a la sociedad. Esta es una de las razones por las cuales al Banco Mundial, muchas corporaciones y unos cuantos académicos, les encanta ese tipo de cálculo de la renta, ya que legitima u oculta las enormes cargas en dinero y patrimonio que los extractivismos transfieren a la sociedad y el Estado.
Estos y otros componentes muestran que la categoría de rentismo y la evaluación de la renta pueden ser útiles para problemas específicos que sin duda deben ser rectificados, pero no deberían impedir abordar la cuestión de fondo que radica en la dependencia petrolera y los efectos que desencadena. Hay otros abordajes, como los que se basan en reformular el concepto de “excedente”, que permiten incorporar dimensiones sociales y ambientales que vienen siendo rutinariamente excluidas, y que sirven para acceder a alternativas más profundas (9).


Contradicciones internas y externas


En efecto, no existe una petrolización no rentista que sea social y ambientalmente benévola. Bajo cualquier organización institucional o económica, los pozos de petróleo contaminan, su expansión afecta a pueblos indígenas, y cuando sus derivados son quemados, alimentan el cambio climático. La dependencia global es inevitable por el simple hecho de tener que exportar el crudo; esas exportaciones implican sumergirse en las reglas del comercio global y de los flujos de capital. Las empresas, sean estatales, mixtas o privadas, siempre buscarán aumentar sus ganancias, y por ello externalizan todos los costos sociales y ambientales que puedan. Las comunidades protestarán, y rápidamente serán acusadas de entorpecer el “desarrollo”, y allí donde insistan se apelará a la violencia, sea estatal o no, para asegurar esas explotaciones. Todo eso resulta en violaciones a los derechos humanos, tal como se observa en los países latinoamericanos petroleros. En los momentos de altos precios globales estos impactos se disimulan, pero no se anulan.


Pero es todavía más impactante que la insistencia en seguir siendo petroleros luce anticuada porestar desacoplada de los problemas del siglo XXI. Hoy sabemos que no es posible seguir extrayendo petróleo porque no puede ser quemado si realmente se desea evitar el cambio climático. Para impedir ese desplome ecológico planetario se identificó un límite a las emisiones conocido como “presupuesto de carbono”. Simplificando al máximo el asunto, la comunidad científica entiende que las emisiones netas de CO2 deben caer a cero en los próximos años, si es que realmente se quiere evitar cruzar el umbral de un desastre climático que pondría en riesgo a la vida humana.


Ante esto, profundizar la extracción de petróleo venezolano, bajo cualquier tipo de arreglo institucional o económico, resultaría en alimentar el recalentamiento global, violaría acuerdos internacionales en esa cuestión, y contribuiría a un problema ambiental que como es planetarioregresa para golpear a los propios venezolanos y su naturaleza.

Alternativas posextractivistas


Este tipo de argumentos muestra que la condición petrolera también se debe poner en cuestión. Las reales alternativas están en abandonar la dependencia petrolera. Ya se han intentado todo tipo de arreglos políticos y económicos sin éxito; ya no hay tiempo para ensayar otras opciones ilusionadas con un extractivismo “bueno” porque ni la ecología planetaria ni la local, lo resisten.


Es más, insistir en la petrolización es también riesgoso. En la actual oposición hay planteos de buscar recursos financieros del exterior, por ejemplo el FMI, para enfrentar la crisis, pero buena parte de ellos irían a recapitalizar el sector petrolero en lugar de asegurar beneficios concretos a la población. Otra vez se caería en que el Estado termina subsidiando las actividades petroleras. O bien, está el otro riesgo de usar la excusa de la crisis para una privatización generalizada, lo que cambiaría un extractivismo estatal por uno más subordinado al capitalismo global (10).


Bajo esas y otras condiciones han surgido las propuestas y debates sobre las llamadas transiciones posextractivistas. Existen antecedentes en varios países que muestran que es posible pensar más allá del petróleo, que eso cuenta con respaldo de importantes sectores ciudadanos, y que incluso se expresan en planes de acción concretos (como ocurrió con la moratoria petrolera en la Amazonia de Ecuador). En Venezuela ya hay algunas voces (11).


El posextractivismos se plantea como un conjunto de transiciones, ya que se admite que no pueden imponerse de un día a otro. Pero a diferencia de otras posiciones, esas transiciones se expresan en medidas que sean concretas, efectivas, replicables y entendibles por la opinión pública. Su meta es una erradicación real de la pobreza, asegurar la calidad de vida de las personas y conservar la naturaleza.Apuntando a ese objetivo ya existe un marco conceptual para transiciones pospetroleras para las regiones andino-amazónicas (12) que pueden servir como un insumo para los debates.

 


Si son esas u otras las opciones transicionales a considerar, eso es parte de la discusión que debe profundizarse. A pesar de que se intenta evitar ese debate, una real alternativa está en imaginar futuros inmediatos que no sigan dependiendo de la petrolización. Esa es la verdadera y necesaria discusión sobre las alternativas. No existe ninguna imposibilidad de hacerlo y las ataduras que lo impiden deben ser rotas.

Notas:


(1) Ver por ejemplo, Industria petrolera: un mapa de propuestas, ProDavinci, Caracas, 2 abril 2019, https://prodavinci.com/industria-petrolera-en-venezuela-un-mapa-de-propuestas/
(2) Cámara Petrolera de Venezuela presenta plan para elevar producción en 1 millón de barriles, A. Rojas Jiménez, Petroguia, 25 abril 2019, Caracas, http://www.petroguia.com/pet/noticias/petr%C3%B3leo-gas-natural-petroqu%C3%ADmica/c%C3%A1mara-petrolera-de-venezuela-presenta-plan-para-elevar
(3) Trabajadores petroleros de Venezuela rechazan sanciones de EE.UU., Telesur, Caracas, 31 enero 2019, https://www.telesurtv.net/news/trabajadores-petroleros-defensa-pdvsa-sanciones-eeuu-20190131-0024.html
(4) ¿Cómo recuperar el bienestar de los venezolanos?; por Ricardo Hausmann y Miguel Ángel Santos, 25 de septiembre, 2017, Prodavinci, Caracas, http://historico.prodavinci.com/2017/09/25/actualidad/como-recuperar-el-bienestar-de-los-venezolanos-por-ricardo-hausmann-y-miguel-angel-santos/
Ministerio de Petróleo articula planes con PDVSA para potenciar producción en la FPO, Ministerio P.P. Petróleo, Caracas, 2018, http://www.minpet.gob.ve/index.php/es-es/comunicaciones/noticias-comunicaciones/29-noticias-2018/339-ministerio-de-petroleo-articula-planes-con-pdvsa-para-potenciar-produccion-en-la-fpo
(5) Hundiéndonos en el excremento del diablo, J.P. Pérez Alfonzo, El Perro y la Rana, Caracas, 2009.
(6) Un resumen con muchos ejemplos latinoamericanos en La maldición de la abundancia, A. Acosta, AbyaYala, Quito, 2009.
(7) Entrevista a M. Gerig en Revista Florencia, 22 marzo 2019, https://revistaflorencia.com/malfred-gerig-futuro-economia-venezolana/
(8) Cálculos disponibles en la base de indicadores del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.TOTL.RT.ZS
(9) El manejo del concepto de excedente de ese modo se explica en Extractivismos. Un modo de entender el desarrollo y la naturaleza, CEDIB y CLAES, La Paz, 2015.
(10) Por ejemplo, desde la política conservadora, el economista Ricardo Hausmann, que asesora a Juan Guaidó, concibe la salida de la crisis por medio de un préstamos masivo del FMI por unos US$ 60 mil millones, y que el sector energético requerirá enormes ayudas financieras. Ricardo Hausmann habla de su plan de recuperación para Venezuela, Gestión, Lima, 31 enero 2019, https://gestion.pe/mundo/ricardo-hausmann-habla-plan-recuperacion-venezuela-257347. En un razonamiento similar, Francisco Monaldo sostiene que para recuperar la extracción en 200 mil barriles/día por año, es necesaria una inyección de US$ 20 mil millones al año por una década, lo que sólo es posible con una reestructuración de las deudas del país, el apoyo del FMI y una reforma de todo el sector que permita atraer inversores. La implosión de la industria petrolera venezolana, F. Monaldo, Pro Davinci, Caracas, 15 agosto 2018, https://prodavinci.com/la-implosion-de-la-industria-petrolera-venezolana/
(11) Una biblioteca de recursos sobre transiciones posextractivistas en www.transiciones.org; debates para Venezuela en www.ecopoliticavenezuela.org
(12) Cambio climático y transiciones hacia el buen vivir en américa del sur, G. Honty y E. Gudynas, Passerelle, Paris, No 13, 2015, http://transiciones.org/transiciones-en-energia-y-cambio-climatico-en-los-andes-y-la-amazonia/
Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Una primera versión de este artículo se publicó en ALAI (Quito). Contacto Twitter @EGudynas

Publicado enMedio Ambiente
Miércoles, 01 Mayo 2019 10:54

Matar, negar…y objetar

Matar, negar…y objetar

“No tenemos ojos, ni corazón ni conciencia para mirarnos en el espejo roto de la guerra. De botas, armas, viudas y huérfanos llenaron esta tierra, que muy rápido cambió de dueños. No nos conmovieron los muertos, tampoco los mutilados ni las lágrimas que inundan los caminos del destierro y el despojo de miles de familias del campo. Crecieron las ciudades, también las injusticias, y las manos manchadas de sangre”.

Jesús Abad Colorado (retratista de la guerra)

Tan sólo dos semanas después que Iván Duque anunciara la objeción de seis artículos de la Justicia Especial para la paz (JEP) –en otro intento de desestructuración de los acuerdos suscritos para poner fin al conflicto armado con las Farc–, la Cruz Roja publicó el balance del 2018 sobre derechos humanos titulado Retos humanitarios 2019, en el que afirma que “La realidad es que en Colombia no se puede hablar de posconflicto: actualmente, no hay uno, sino al menos cinco conflictos armados en el país (cuatro de ellos entre el Estado colombiano y grupos armados organizados, a saber, el ELN, el EPL, las AGC y las estructuras de las FARC-EP del antiguo Bloque Oriental que no se acogieron al proceso de paz, y el quinto, que enfrenta al ELN con el EPL). Estos conflictos armados, sumados a la violencia ejercida por grupos de distinta naturaleza en el campo y en las ciudades, siguen marcando el día a día de millones de colombianos”. Denuncia en su informe esta entidad, asimismo, que en el último año el número de desplazados pasó de 14.594 a 27.780, así como que cada cuatro días es registrado un nuevo caso de desaparición forzada.

El anuncio presidencial, en contraste con el de la organización internacional, es muestra, una vez más, de la marcada bipolaridad que padece el país entre una realidad innegable de inusitada violencia, por un lado, y la negación de su existencia o el sabotaje a los intentos de su superación, del otro, y que ha determinado la simultaneidad y, seguramente, la complementariedad, entre una formalidad de aparente estabilidad política y un amplio espectro de cruentas y sistemáticas prácticas que incluye masacres, desplazamientos, asesinatos fuera de combate y desapariciones forzadas. En el mundo imaginario de la “normalidad” viven políticos, académicos y los sectores de la población con mejores ingresos, pues escapan a los rigores directos del conflicto; en el de la realidad del atropello, los grupos subordinados que son quienes los sufren.

“Colombia asesina”

En noviembre 20 de 1986, el conocido historiador británico Eric J. Hobsbawm publicó, en New York Review of Books, un artículo titulado ‘Colombia asesina’. El escrito fue escrito al cumplirse un año de la tragedia de Armero, en la que la negligencia oficial –algunas versiones sostienen que no fue negligencia sino un hecho criminal consciente para evitar el problema social que representaba evacuar sus 25.000 habitantes– tuvo como resultado la muerte de más de 23.000 personas, y también al año de la toma del Palacio de Justicia, que tuvo un saldo cercano a los cien muertos, incluida la plana mayor de la Corte Suprema de Justicia. En ese artículo, más allá de los reparos que puedan hacérsele a muchas de sus observaciones, Hobsbawm señala que: “La cohesión de la oligarquía y su auténtica adhesión a una constitución electoral, ha garantizado que el país no haya sido víctima, prácticamente nunca, de las usuales dictaduras o juntas militares latinoamericanas; pero el precio ha sido baños de sangre endémicos y, a veces, epidémicos”; argumentando llamativamente la existencia de una relación causal entre ‘democracia formal’ y ‘baños de sangre’, que por ser tan acentuada exige, por lo menos, un esbozo de exploración.

En ese sentido, y según el informe Basta ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre la década de los ochenta del siglo pasado –período de la publicación del artículo de Hobsbaum– y el 2012, la “normalidad” institucional fue acompañada de 1.962 masacres, 23.161 víctimas en asesinatos selectivos, 25.007 desapariciones forzadas (número que supera el de las dictaduras del Conos Sur), 6.433.115 desplazados, y más de 8 millones de hectáreas despojadas. De los episodios de violencia, en 588 eventos fueron contadas 1.530 personas víctimas de objeto de sevicia, sufriendo torturas tales como degollamiento, descuartizamiento, decapitación, evisceración, incineración, castración, violación, empalamiento o quemaduras, entre otras prácticas, perpetradas con el explícito propósito de aterrorizar la población. Estas cifras, aún para nuestros estándares de crueldad y de violencia endémica, son alucinantes, pese a lo cual, buena parte de la academia y los columnistas oficiosos de los periódicos las minimizan, cuando no es que recurren a la negación absoluta.

“Acá no pasa nada”

A raíz de la publicación del libro Paz en la república –editado por Margarita Garrido, Carlos Camacho y Daniel Gutiérrez–, en el que son contados catorce años de guerra en el país durante el período que va de 1932 a 1946, algunos académicos, incluidos los editores, buscan afirmar que es un mito decir que hemos vivido sumidos en un conflicto. Como eco de las reseñas hechas al libro, por ejemplo, el columnista Eduardo Posada Carbó (El Tiempo, 21-03-2019), inicialmente, y luego Santiago Montenegro (El Espectador, 25-03-2019), lamentan que nuestra historiografía haya hecho un lugar común de la idea que Colombia es un país violento. Se trataría tan sólo de un mito, según ellos, del que debemos desprendernos pues nuestro transcurrir, en ese sentido, es comparable con el resto de países hispanoamericanos.

Sin embargo, la comparación con las naciones de nuestro entorno luce demasiado forzada si miramos los argumentos del columnista Posada Carbó, quien escribe “José Gil Fortoul contó once revoluciones armadas en Venezuela tan solo entre 1830 y 1856. Apenas en un año, 1868, Argentina habría sufrido 117 revoluciones”, pues, 117 revoluciones armadas en un año (conflictos cuya duración promedio sería, entonces, de 3,1 días) no son, ni mucho menos, guerras, como es el caso de Colombia en el que, independientemente del tamaño de los ejércitos y la duración de los conflictos, a los enfrentamientos nadie ha dudado en calificarlos de eso, de guerras. Los golpes de Estado, que sirven para que la academia colombiana quiera decir que no somos ninguna excepción en el continente, no son confrontaciones entre ejércitos, con contadas excepciones y, por tanto, usarlas para negar nuestra particular situación no es otra cosa que negacionismo en el sentido más estricto de la palabra.

El hecho mismo que durante el 14 por ciento de un siglo haya habido enfrentamientos debería inquietarnos, pero el mensaje de los académicos es el de que debemos minimizar tal hecho. Sin embargo, las cifras sobre el siglo XIX dicen más, pues desde 1839, año en que estalló la primera guerra civil en la Colombia republicana hasta 1902, año de culminación de la última confrontación armada comenzada en dicho siglo, es decir, en el lapso de 63 años, los catorce contabilizados por esos mismos autores, representan casi un cuarto del período, ¿es esa una cifra para mirar con menosprecio? Ahora bien, cortar el estudio en 1946 le ahorra a los académicos toda una serie de problemas, pues ¿cómo caracterizar los 70 años posteriores? Si asumimos la acepción de “guerra civil no declarada” para el período que sigue al asesinato de Gaitán, de los 180 años que median entre 1839, inicio de la Guerra de los Supremos y 2019, tendríamos un total de 87 años de guerra, poco más del 48 por ciento del período, que no es algo equiparable con ningún país de nuestro entorno. Las únicas salidas para la academia negacionista son, entonces, obviar la última etapa de nuestro discurrir histórico o seguir los argumentos de los seguidores del llamado Centro Democrático y negar el conflicto.

De otro lado, impugnar las causas sociales de la guerra en Colombia, es también un ejercicio que busca imponerse. El mencionado columnista Montenegro escribe al respecto “Ya en los años 90, Fernando Gaitán Daza había planteado que Colombia no había sido un país tan violento como muchos decían y, además, había argumentado también que la violencia no tenía relación con la pobreza o con la distribución del ingreso”, es decir, que nuestras guerras son hechos sociales sin explicación social, en una paradoja sin sentido. Pretender negar el conflicto o su importancia con argumentos como el de que países con desmedidos niveles de pobreza y concentraciones elevadas del ingreso como el nuestro no han tenido guerras, o que cuando fueron fundadas las Farc y el Eln había también jóvenes que escuchaban rock o creaban el movimiento nadaísta, es una muestra abrumadora de la simpleza del negacionismo. Éste, en la academia, no es otra cosa que el correlato de la impunidad en los tribunales.

Enemigo interno, bandidos e identidad nacional

El sociólogo greco-francés Nicos Poulantzas, en su obra clásica Estado, poder y socialismo afirma que las fronteras y el territorio del Estado no son previos a su constitución, sino que uno y otro van conformándose en un proceso de retroalimentación y consolidación. Pues bien, que el territorio colombiano haya ido encogiéndose con el tiempo va más allá de la simple metáfora sobre la involución continuada en que ha ido convirtiéndose nuestro devenir histórico. En efecto, la delimitación fronteriza de los países latinoamericanos tuvo como base el llamado Utis Possidetis Juris, fundado en la demarcación territorial del imperio español durante la Colonia, que establecía para la Nueva Granada dos millones de kilómetros cuadrados, que con los sucesivos tratados fronterizos entreguistas fue reducido a los actuales poco más de millón cien mil, en una muestra que a diferencia del común de los Estados-Nación, Colombia no ha tenido en sus relaciones con los “otros transfronterizos”, el principio de su afirmación, no ha tenido en realidad fronteras, y por tanto ha carecido de cuerpo e identidad. De tal suerte que las ocho guerras civiles del siglo XIX y la guerra civil no declarada que comenzó a mediados del siglo XX –y que ahora pretenden ser negadas o minimizadas–, son un fuerte indicio que la constitución del Estado colombiano ha tenido lugar a través de la construcción del enemigo interno.

Giorgio Agamben, en su conocido Homo Sacer, recuerda cómo en el primitivo derecho germánico, contrariamente al derecho romano, el concepto de paz (fried) estaba construido sobre la exclusión del malhechor, el bandido (Friedlos), el sin paz, al que podía darse muerte sin cometer homicidio. Pues bien, el carácter sacrificial asumido por la violencia en Colombia da pistas que a los intereses económicos –en lo esencial sobre la propiedad de la tierra–, debemos sumarle un sentido simbólico en el que la eliminación del Otro adquiere un sentido fundante de la afirmación de lo propio. La paz de unos no puede existir, para ese marco ideológico y cultural, sin la existencia de los “sin paz”, los “bandidos”, cuya exclusión los convierte en sacrificables. En el capítulo noveno del libro de Fals Borda, Guzman Campos y Umaña Luna, La violencia en Colombia –titulado Tanatomía–, los autores enumeran prácticas como el descuartizamiento, la emasculación, los “cortes” entre los que enumeran el de ‘franela’, ‘corbata”, de ‘mica’, ‘francés’, que tenían en común la profanación del cadáver. Igualmente señalan como en el lenguaje de la violencia fueron expresiones comunes ‘Picar para tamal’, ‘bocachiquiar’ o ‘no dejar ni semilla’, esto último, testimonio de que el asesinato de infantes ha sido un hecho sistemático del terrorismo represivo sobre la población. Prácticas que no sólo fueron replicadas en la guerra iniciada en la década de los sesenta sino que fueron ampliadas por los paramilitares desde los años noventa del siglo XX con la conversión, por ejemplo, de las cabezas de los decapitados en pelotas de juego. ¿Lugar común? ¿Mito? No. Realidad documentada.

Otro aspecto señalado por los negacionistas en su supuesta “desmitificación de la violencia”, es el de afirmar que no existe ninguna línea de continuidad entre las guerras del siglo XIX, la etapa de la guerra civil inter-partidaria (liberal-conservadora) y la aparición de las guerrillas con ideología clasista. Pero, ¿es que acaso esos diferentes conflictos no han estado atravesados por los intereses sobre la propiedad de la tierra, de un lado, y del otro la tensión entre los poderes centrales y los poderes regionales? ¿no ha sido un lugar común que cómo agente de la violencia el latifundismo armado haya estado siempre presente? La acumulación de tierras como refugio seguro y valorizable de los excedentes ociosos de la acumulación y prueba inequívoca de la incapacidad de los sectores dominantes de generar inversiones productivas ha estado en la raíz de los despojos a bala de las tierras campesinas.

Entre enero de 2016 y marzo de 2019 fueron asesinados 500 líderes locales, testimoniando que los contradictores del patrimonio improductivo son los voceros de las comunidades que reclaman contra el despojo y luchan por su vida en los campos colombianos. Negar que en todos los conflictos enfrentados durante la vida republicana sí existe un hilo conductor que los une y que está representado por el latifundismo armado es la peor forma del negacionismo, pues al ocultar las raíces de los intereses que alimentan la violencia, bloquean los principios de su solución.

Los intentos de excluir a los militares de la JEP y las discusiones alrededor de los requisitos para aceptar los terceros civiles, muestran las complicaciones existentes en el país para alcanzar un esbozo de verdad sobre lo acontecido, pero también son indicio de cómo la llamada normalidad democrática no es más que la contracara del conflicto. Empresarios, Iglesia y academia buscan excluirse de cualquier responsabilidad, y recurren a la argucia de autonombrarse víctimas o agentes neutrales. En el reciente libro del escritor francés, Frédéric Martel, Sodoma: poder y escándalo en el Vaticano, son reeditados señalamientos contra el fallecido cardenal Alfonso López Trujillo, en los que a las acusaciones de pedofilia, son sumadas las de señalar a curas simpatizantes de la llamada Teología de la Liberación, para su persecución y ejecución. Estas acusaciones no son asunto nuevo, pues en 1996 el periodista Hernando Salazar Palacio en su libro La guerra secreta del cardenal López Trujillo, las reseñaba, así como tampoco son de reciente data ni aclaradas las afirmaciones de “Don Berna” sobre que el obispo Isaías Duarte Cancino fue uno de los ideólogos del paramilitarismo. Pero, el papel de la Iglesia en la violencia no es algo nuevo, y ha sido también común en la historia de los conflictos, para lo cual basta revisar el trabajo reciente de la Pacific School of Religion de Berkeley, Casos de implicación de la iglesia en la violencia en Colombia, donde puede revisarse una lista de intolerantes y de las razones de la intolerancia de esa comunidad religiosa. Ahora bien, dado que el director de la Comisión de la Verdad es un sacerdote jesuita ¿no parece aún más necesario que ante la JEP den confesión de verdad clérigos de esa religión?

Los saboteadores del proceso con las Farc han logrado que el acuerdo de paz entre contendientes haya sido, de hecho, convertido en texto de rendición, y buscan desesperadamente que sea rebajado aún más a “sometimiento a la justicia”, lo que coincide con el comportamiento felón del Estado colombiano, qué en los pactos con las guerrillas liberales de mediados del siglo XX, actuó de la misma forma. En Colombia, mantener la paz de unos pocos (fried), implica crear muchos sin paz (Friedlos), y quien mejor que el senador Alvaro Uribe para expresarlo tan claramente: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta” (Trino de abril 7 de 2019): Masacre de civiles “terroristas” (los indígenas de la Minga en este caso), de un lado, y del otro “autoridad firme y serena” (la represión violenta del Estado). ¿Queda duda del por qué de nuestra guerra habitual? Hobsbawm no estaba desenfocado, para nuestra desgracia tiene razón, por lo que pasar de la “normalidad” formal a una sociedad verdaderamente incluyente se constituye en la urgente tarea de los “sin paz”.

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Contundente paro en Argentina en rechazo a las políticas de Macri

Buenos Aires. Esta capital quedó paralizada este martes, como otras ciudades del interior de Argentina, en vísperas del primero de mayo, por el contundente paro general convocado por varias centrales de trabajadores organizadas en el Frente Sindical para el Modelo Nacional, organizaciones sociales y las regionales de la Confederación General del Trabajo (CGT), cuya dirigencia no se adhirió a la medida de fuerza y fue desbordada por la decisión de las bases de trabajadores de diversos gremios de participar ante la gravedad de la situación económico-social.

El Frente Sindical para el Modelo Nacional junto con las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), la Corriente Federal de Trabajadores –que está dentro de la CGT–, las organizaciones sociales agrupadas en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y otros sectores, en este caso como las pequeñas y medianas empresas (Pymes), tuvieron una participación masiva y fue clave el paro de subterráneos, un sector del transporte público y los gremios aeronáuticos, por lo cual se suspendieron más de 300 vuelos.

No tuvieron efecto las amenazas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la movilización de fuerzas de seguridad, ni la acción de los medios masivos de comunicación ligados al gobierno de Mauricio Macri, algunos de los cuales calificaron de "terroristas" a los trabajadores. Incluso Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo, advirtió que sancionaría a los trabajadores en paro, pero no se logró influir sobre la multitudinaria marchas sindical que llegó a Plaza de Mayo a mediodía. También se impuso a los intentos de grupos de encapuchados que trataron de alterar la marcha rompiendo vidrieras, hechos de los cuales se apartaron rápidamente los trabajadores, ya prevenidos sobre el envío de provocadores a lo largo de la marcha.

Sin embargo, hubo focos de represión de la policía de la ciudad, con 12 detenidos y trabajadores golpeados y maltratados por esta fuerza, ya denunciada en varias oportunidades.

El rechazo a las medidas económicas fue masivo, así como a los despidos, cuando se conocen las nuevas cifras de pobreza e indigencia que afectan a 14 millones de niños, de los cuales cinco están en condición de calle, como se denunció en las últimas horas.

Todos los dirigentes que intervinieron llamaron a la conformación de un gran frente nacional para las próximas elecciones de octubre, con el objetivo de derrotar ampliamente a la gobernante alianza Cambiemos, que hasta ahora en las internas y otros procesos electorales en siete provincias resultó en un lejano tercer lugar.

El texto final consensuado fue leído por Omar Plaini, dirigentes de los Canillitas (vendedores de diarios), quien elogió el triunfo del paro y la presencia en el lugar de las cooperativas que participaron junto a las Pymes y otros, rechazando la reforma laboral que intenta imponer el gobierno de Macri, bajo el mandato del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya presencia también repudiaron, exigiendo negociaciones salariales (paritarias), un urgente aumento de salarios, que quedaron totalmente desfasados ante la gravísima realidad que se vive en el país, advirtiendo sobre la nula sensibilidad y responsabilidad del Ejecutivo que no escucha a los trabajadores.

Se exigen también aumentos de emergencia y que las tarifas de servicios básicos y de combustibles se retrotraigan a finales de 2017, planteamiento que se ha hecho al gobierno, mientras la inflación se dispara cada día, y es imparable el aumento de los alimentos.

A su vez, Pablo Moyano, dirigente del gremio de Camioneros, destacó la unidad alcanzada entre centrales sindicales y frentes y dijo que 70 regionales de la CGT participaron en esta medida de fuerza que el gobierno estaba seguro iba a fracasar. Sin embargo, esto no termina aquí porque este miércoles, Día de los Trabajadores, paran los trenes y habrá centenares de ollas populares en esta capital y todo el país, para expresar la lucha contra el hambre y la pobreza que alcanza a más 35 por ciento de la población, y en algunas provincias casi 60 por ciento.

 

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En el centro de este mural de Diego Rivera se observa el pago de un impuesto en monedas de plata.  Una reconstrucción aproximada del peso de la fiscalidad en la vida cotidiana de Nueva España. De Wolfgang Sauber - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3965016

Los primeros brotes de inconformidad de los vasallos del Nuevo Reino de Granada, como la rebelión de las Alcabalas en Vélez (1740) y de los Comuneros de Cali (1765), tuvieron un carácter económico limitado a la queja contra el cobro desmedido de impuestos. Reprimidas ambas, y sancionados con prisión sus cabecillas, consiguieron no obstante su objetivo. Por un tiempo se suavizó la política tributaria en las colonias de Indias; pero, a finales de los años setenta, la corrupción de los funcionarios de la corte, y de las mismas colonias, y los gastos que exigía la guerra contra Inglaterra, llevaron a un endurecimiento progresivo tanto en la exacción como en el aumento del valor y la cantidad de los tributos que las colonias deberían pagar a la hacienda española. Para hacer más efectivo el cobro, la corona envió visitadores con la misión de “desocupar el bolsillo de los vasallos” a fin de recoger las cuotas que les correspondieran en los distintos ramos de tributación (alcabalas, estancos, guías y tornaguías, armada de Barlovento, gracioso donativo, etc.).

La tributación exagerada no les hizo gracia a los vasallos de América, indígenas, mestizos, mulatos y criollos (los esclavos de origen africano solo tenían valor como mercancía, y en ese sentido, valían mucho). Estallaron grandes revueltas contra los impuestos en el Alto Perú (Bolivia), Perú y El Nuevo Reino de Granada. Además del motivo económico contra el pago de impuestos, esos levantamientos incluyeron un ingrediente político: la lucha por la independencia. Mientras que en el Perú la revuelta indígena encabezada por Túpac Amaru (José Gabriel Condorcanqui) fue sangrienta y terminó con la derrota de los rebeldes, la de los criollos del Nuevo Reino de Granada , conocida como Rebelión de Los Comuneros, que movilizó a más de veinte mil hombres en la provincia de Tunja (hoy Cundinamarca, Boyacá y Santander), fue neutralizada por la intermediación ladina del arzobispo de Santafé. Al ofrecer unas Capitulaciones que concedían a los rebeldes cuanto pedían, el arzobispo Caballero y Góngora dividió el movimiento comunero. La mayoría de los alzados, satisfechos con las Capitulaciones, guardaron o entregaron las armas precarias que habían puesto a temblar a las autoridades de Santafé, no tanto por las armas (machetes, azadones, palos y unos pocos fusiles y pistolas) como por el volumen asustador de los amotinados.

Los criollos de Santafé, y varios de los del movimiento comunero de la región de Guanentá y de El Socorro, quisieron continuar la rebelión. El charaleño José Antonio Galán, que actuaba en acuerdo con los criollos ilustrados de Santafé, desconoció las Capitulaciones, pregonó la lucha de los oprimidos contra los opresores, y se lanzó a una campaña militar brillante en el alto Magdalena que lo llevó a dominar el territorio ribereño hasta Neiva, pero fue derrotado en el intento de tomar el puerto de Honda, que estaba defendido con artillería.

El fracaso del movimiento comunero de 1781 no marcó el fin, sino el principio de la lucha por la Independencia. En los años siguientes el motivo económico varía esencialmente. Los jóvenes criollos, como Antonio Nariño, Pedro Fermín de Vargas y Francisco Antonio Zea han estudiado las nuevas doctrinas económicas expuestas por el español Bernardo Ward en su Proyecto Económico (Madrid, 1762/1782, tercera impresión) y por el escocés Adam Smith en Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones (Londres, 1776). Esos libros, que sustentan la necesidad de poner fin al colonialismo y de levantar las trabas proteccionistas al comercio, y que le ponen al análisis económico una base científica, influyeron de modo decisivo en el pensamiento y en la orientación económica de la generación granadina educada de la mano y bajo el talento del sabio José Celestino Mutis, así como encontró en la Ilustración y en los enciclopedistas franceses su pensamiento político revolucionario. Antonio Nariño es quizá el primer americano que expone con claridad científica y filosófica las aspiraciones económicas de los criollos, en su artículo Los Frutos del Árbol Noble, que firma como Un Observador Amigo del País, en el Papel Periódico de Santafé (1791) cuya síntesis la encontramos en el párrafo siguiente:

“Nosotros no conocemos lo que en el mundo se llama Comercio activo, el cual consiste en la exportación de nuestros frutos, de las obras de nuestras manos, y de las de nuestras industrias: por consecuencia ignoramos sus utilidades,, sus resortes y sus relaciones: nos contentamos con el bastardo y servil Comercio a quien se da el nombre de pasivo, y que solo estriba en el indolente abandono de sufrir el escarnio y ridiculez de todas las Naciones industriosas, permitiéndoles insensatos que nos estén continuamente extrayendo el escaso jugo de nuestro dinero y dejándonos sin esta miserable sustancia, tanto más apreciable, cuanto nos cuesta más dificultad que a nadie el adquirirla”.

Después del levantamiento de Los Comuneros (1781), y hasta la revolución francesa (1789) la lucha de los criollos se concentra en lograr la libertad de comerciar sus productos sin las restricciones (comercio activo) a que han estado sujetos (comercio pasivo) desde el principio de la Colonia (1538) y que ha generado, como es natural, un constante y cuantioso contrabando hacia el exterior, especialmente en los ramos del tabaco y las harinas. En 1793, Antonio Nariño traduce, publica y divulga clandestinamente, con el apoyo de los masones, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Convención Nacional en París el 4 de agosto de 1889. Ese documento transforma las aspiraciones por una libertad de comercio en el deseo de independencia y libertad total de pensamiento y de expresión, y demás derechos incluidos en la Declaración de 1789.

Más adelante, ya en prisión (1797) Antonio Nariño su clásico y formidable Ensayo sobre un nuevo plan de Administración en el Nuevo Reino de Granada, ampliará las ideas liberales que plantea en Los Frutos del Árbol Noble. (En este Suplemento reproducimos los fragmentos cardinales de dicho Ensayo).


Aunque, en apariencia, la Corte no dio importancia al Ensayo de Nariño, remitido por el Virrey de Santafé en diciembre de 1797, no es coincidencia que, con el nuevo siglo se relajen las medidas restrictivas de todo orden que regían en las colonias, se fomente el comercio activo y se permita la circulación de nuevos periódicos como El Correo Curioso, Erudito y Mercantil de Santafé (1801-1802) o El Redactor Americano (1806-1809) con su Alternativo, en los que, por las ideas que exponen, no parece que el gobierno virreinal haya ejercido sobre ellos mayor censura. Aun así, la idea de la independencia ya está anclada en la conciencia criolla, y en consecuencia sus promotores conspiran, fomentan el desarrollo de las tertulias literarias y económicas, siguen con atención los acontecimientos en la Península, y saben que, tras la derrota de la flota aliada hispano francesa en Trafalgar por los ingleses, el poder de la metrópoli se ha debilitado. La posterior invasión de España por Napoleón, el derrocamiento de de los reyes y la instauración de un monarca francés (José I, hermano de Napoleón), apuntan que ha sonado la hora en el reloj de la Independencia. Antonio Nariño (en libertad condicional desde 1803) prepara con otros criollos, entre ellos el canónigo Andrés Rosillo, el golpe para deponer al Virrey Amar, liquidar la Real Audiencia e instaurar un gobierno criollo soberano; pero los conspiradores son delatados por un espía (1809), Nariño es preso de nuevo, junto con el canónigo Rosillo, y enviado a las mazmorras de Cartagena. Rosillo es desterrado y confinado en El Socorro.

La conspiración no se detiene. Finalmente, el 20 de julio de 1810 los criollos deponen el gobierno colonial y asumen el mando, sin declarar la Independencia, limitándose a suscribir su fidelidad al rey Fernando VII (en el exilio) siempre y cuando el monarca venga a gobernar en Santafé, propuesta que los criollos astutos asimilan a imposible. El hecho de procrastinar la declaración de independencia genera la primera división política entre los criollos. La corriente partidaria de Antonio Nariño, que no está en la élite criolla, sino entre los artesanos y la gente del pueblo, y de la que es líder el “chispero” José María Carbonell, así llamado por ser el que encendió la chispa popular del 20 de julio, se amotina, pide la prisión de los virreyes y la declaración de independencia absoluta. El presidente de la Junta criolla de gobierno, Camilo Torres, responde al clamor popular ordenando la prisión de Carbonell. Ante tamaña arbitrariedad la protesta popular, e incluso de los propios amigos del doctor Torres Tenorio, fue tan grande que lo obligó a poner en libertad al “chispero” Carbonell. La misma presión popular hizo que la Junta de Gobierno, reacia a ello, enviara a Cartagena los fondos necesarios para el viaje de regreso a Santafé de Antonio Nariño, liberado pocos días después del 20 de julio.

La vuelta de Nariño a Santafé acentuó la división política y sacó a flote las diferencias económicas. El grupo de Camilo Torres, compuesto por miembros de la alta clase criolla aristocrática y feudal terrateniente, no estaba interesado en modificar las estructuras económicas coloniales, sino en conservarlas, pero gozando ellos de los privilegios del poder. Nariño proponía en cambio la abolición completa del régimen colonial, la redistribución de la propiedad de la tierra, que debería transferirse a los campesinos que la trabajaban; la aplicación de los Derechos Humanos; y la libertad de comercio para facilitar a los campesinos productores, y a los artesanos industriales, la distribución y venta de sus productos en el interior y en el exterior de la República. Camilo Torres y sus seguidores se opusieron furiosamente a las ideas y al gobierno de Nariño, quien había sido proclamado presidente de Cundinamarca después de una inteligente campaña periodística que dio en tierra con el gobierno de Jorge Tadeo Lozano, ficha de Camilo Torres.

Para enmascarar su verdadero rostro de terratenientes feudales, los torristas proclamaron la Constitución de un gobierno federal, a semejanza de la república modelo del Norte de América, y le pusieron un nombre similar: Provincias Unidas de la Nueva Granada, desconocieron el gobierno de Nariño y trasladaron a Tunja la capital de las Provincias Unidas. Nariño, con argumentos históricos, filosóficos y económicos, sostuvo la inconveniencia, para ese momento, de un gobierno federalista. Dadas las posibilidades nada remotas de un intento de reconquista por parte de la monarquía española, que acababa de ganar la guerra de liberación contra Napoleón y repuesto en el trono a los borbones, en cabeza de Fernando VII, Nariño había previsto que la única forma de enfrentar victoriosamente a España era con un gobierno central fuerte, que aglutinara y organizara las energías de la Nación para la defensa frente a la reconquista inminente. Los federalistas no quisieron escuchar razones y declararon la guerra al gobierno de Cundinamarca, presidido por Nariño. El 9 de enero de 1813 las tropas del Congreso pusieron sitio a Santafé y atacaron la capital con un contingente de cinco mil hombres a los que el gobierno de Tunja había prometido tres días de saqueo. Ese 9 de enero los federalistas fueron derrotados aparatosamente gracias al valor de los habitantes de Santafé y a la habilidad estratégica del presidente Nariño. Tunja tuvo que rendirse y pactar la paz con Cundinamarca. El presidente Nariño aceptó de buena gana firmar la paz sin poner condiciones a los vencidos. Ahora se precisaba la unidad. Se estaba organizado en la península la expedición Pacificadora, y reductos importantes de fuerzas realistas mantenían en su poder a Pasto, Quito, Lima y La Paz, e intentaban sitiar a Caracas, donde el Libertador Simón Bolívar resistía con recursos escasos.

Nariño organizó un ejército de tres mil hombres para marchar al sur, liberar a Pasto y Quito y quitar la presión que los realistas mantenía sobre Caracas. La traición del Congreso de las Provincias Unidas provocó la derrota de Nariño cuando se disponía a tomar a Pasto, y el consiguiente fracaso de la campaña del Sur, así como la caída de Caracas en poder de los hispanos. Simón Bolívar fue acogido por el Congreso de Tunja, que le encomendó la toma de Santafé y lo nombró comandante del ejército destinado a reforzar la defensa de Cartagena, hacia donde se encaminaba la flota pacificadora al mando del generalísimo Pablo Morillo. Bolívar fue rechazado en Cartagena por el comandante de la Plaza, Manuel del castillo y Rada. Castillo le advirtió al Libertador que lo atacaría si intentaba entrar en Cartagena. El Libertador, por evitar una guerra civil, abandonó el mando de su tropa y marchó al exilio en Jamaica, y después en Haití, donde, con ayuda del presidente Petion comenzó a organizar en 1816 el ejército Libertador, que inició el mismo año la guerra de Independencia y la culminó, en su primera etapa, entre derrotas y triunfos, los días 25 de julio, y 4 y 7 de agosto de 1819 en las batallas del Pantano de Vargas, Pienta (Charalá) y Boyacá.

La guerra de Independencia había dejado en suspensos el conflicto civil y económico entre los partidos Federalista y Centralista, iniciado en 1811-1813. Al terminar la Guerra Magna, en lo concerniente a Nueva granada (aún quedaban por liberar Venezuela, Ecuador, Perú y el Alto Perú, que ocuparían la atención del Libertador en los cinco años siguientes), la discordia se reanudó en el mismo Congreso Constituyente de la República de Colombia, realizado en Cúcuta en 1821, instalado por Antonio Nariño, como vicepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo. En esta ocasión, las posiciones cambiaron paradójicamente. Los antiguos federalistas, seguidores de Camilo Torres (fusilado por Morillo en 1816) tenían por nuevo caudillo al general Francisco de Paula Santander, que respaldó una constitución centralista, más apropiada para sus intereses, entretanto que el antiguo centralista, Antonio Nariño, propuso una constitución de carácter federalista, por estimarla más útil para gobernar una nación del tamaño de la que posiblemente conformarían la Nueva Granada, ya libre, y Venezuela, Ecuador, Perú y el Alto Perú cuando concluyera la campaña del Sur emprendida por el Libertador Simón Bolívar. También los intereses económicos que dieron nacimiento a los partidos federalista y centralista, habían cambiado sus posiciones en 1821. Los artesanos y los campesinos trabajadores que antes necesitaban del libre comercio para negociar con sus productos, se vieron enfrentados a la realidad de la producción creada por la Revolución Industrial de mediados del siglo XVIII. Esa realidad era que no habiéndose incorporado la producción del país, puramente artesanal, a los adelantes fabriles que impuso la Revolución Industrial, el libre comercio se había tornado en un factor que favorecía a las naciones industrialmente desarrolladas y desfavorecía a las que se mantuvieron en la forma artesanal de producción. En otras palabras, los artesanos criollos no estaban en capacidad de competir, ni en cantidad ni en calidad, con los productos de las potencias industriales. Si el gobierno de Colombia no aplicaba una política arancelaria proteccionista, llevaría a la ruina sin remedio del sector artesanal.

Esa dicotomía entre libre comercio y proteccionismo se prolongó a lo largo del siglo XIX, generó los partidos liberal (librecambista) y conservador (librecambista disfrazado de proteccionista) y dio origen a nueve guerras civiles. Los artesanos, que eran la fuerza electoral más poderosa, engañados reiteradamente por gobiernos liberales radicales, como los de López y Obando, o conservadores como el de Ospina Rodríguez, se sintieron interpretados por la exposición económica de Rafael Núñez, con la proyección de un programa proteccionista que no se limitara a los aranceles, sino que diera las facilidades necesarias a los artesanos para comercializar sus productos, y a los campesinos para adquirir la propiedad de la tierra, tal como lo habían propuesto al principio de la revolución, y en los comienzos de la república, los libertadores Simón Bolívar y Antonio Nariño.

Núñez instauró una política proteccionista científicamente estructurada y puesta en práctica, que modernizó al país en su desarrollo industrial, pero fracasó en la parte agraria por la incapacidad de doblegar a los terratenientes. La política proteccionista implantada por Núñez se mantuvo, con las necesarias variantes circunstanciales, hasta la década de los años 70 del siglo XX, cuando se empezaron a introducirse reformas neoliberales que se mantienen hasta hoy y que han conseguido liquidar la producción nacional en aras de una globalización desastrosa.

Martes, 30 Abril 2019 17:43

Matar, negar…y objetar

Matar, negar…y objetar

“No tenemos ojos, ni corazón ni conciencia para mirarnos en el espejo roto de la guerra. De botas, armas, viudas y huérfanos llenaron esta tierra, que muy rápido cambió de dueños. No nos conmovieron los muertos, tampoco los mutilados ni las lágrimas que inundan los caminos del destierro y el despojo de miles de familias del campo. Crecieron las ciudades, también las injusticias, y las manos manchadas de sangre”.

Jesús Abad Colorado (retratista de la guerra)

Tan sólo dos semanas después que Iván Duque anunciara la objeción de seis artículos de la Justicia Especial para la paz (JEP) –en otro intento de desestructuración de los acuerdos suscritos para poner fin al conflicto armado con las Farc–, la Cruz Roja publicó el balance del 2018 sobre derechos humanos titulado Retos humanitarios 2019, en el que afirma que “La realidad es que en Colombia no se puede hablar de posconflicto: actualmente, no hay uno, sino al menos cinco conflictos armados en el país (cuatro de ellos entre el Estado colombiano y grupos armados organizados, a saber, el ELN, el EPL, las AGC y las estructuras de las FARC-EP del antiguo Bloque Oriental que no se acogieron al proceso de paz, y el quinto, que enfrenta al ELN con el EPL). Estos conflictos armados, sumados a la violencia ejercida por grupos de distinta naturaleza en el campo y en las ciudades, siguen marcando el día a día de millones de colombianos”. Denuncia en su informe esta entidad, asimismo, que en el último año el número de desplazados pasó de 14.594 a 27.780, así como que cada cuatro días es registrado un nuevo caso de desaparición forzada.

El anuncio presidencial, en contraste con el de la organización internacional, es muestra, una vez más, de la marcada bipolaridad que padece el país entre una realidad innegable de inusitada violencia, por un lado, y la negación de su existencia o el sabotaje a los intentos de su superación, del otro, y que ha determinado la simultaneidad y, seguramente, la complementariedad, entre una formalidad de aparente estabilidad política y un amplio espectro de cruentas y sistemáticas prácticas que incluye masacres, desplazamientos, asesinatos fuera de combate y desapariciones forzadas. En el mundo imaginario de la “normalidad” viven políticos, académicos y los sectores de la población con mejores ingresos, pues escapan a los rigores directos del conflicto; en el de la realidad del atropello, los grupos subordinados que son quienes los sufren.

“Colombia asesina”

En noviembre 20 de 1986, el conocido historiador británico Eric J. Hobsbawm publicó, en New York Review of Books, un artículo titulado ‘Colombia asesina’. El escrito fue escrito al cumplirse un año de la tragedia de Armero, en la que la negligencia oficial –algunas versiones sostienen que no fue negligencia sino un hecho criminal consciente para evitar el problema social que representaba evacuar sus 25.000 habitantes– tuvo como resultado la muerte de más de 23.000 personas, y también al año de la toma del Palacio de Justicia, que tuvo un saldo cercano a los cien muertos, incluida la plana mayor de la Corte Suprema de Justicia. En ese artículo, más allá de los reparos que puedan hacérsele a muchas de sus observaciones, Hobsbawm señala que: “La cohesión de la oligarquía y su auténtica adhesión a una constitución electoral, ha garantizado que el país no haya sido víctima, prácticamente nunca, de las usuales dictaduras o juntas militares latinoamericanas; pero el precio ha sido baños de sangre endémicos y, a veces, epidémicos”; argumentando llamativamente la existencia de una relación causal entre ‘democracia formal’ y ‘baños de sangre’, que por ser tan acentuada exige, por lo menos, un esbozo de exploración.

En ese sentido, y según el informe Basta ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre la década de los ochenta del siglo pasado –período de la publicación del artículo de Hobsbaum– y el 2012, la “normalidad” institucional fue acompañada de 1.962 masacres, 23.161 víctimas en asesinatos selectivos, 25.007 desapariciones forzadas (número que supera el de las dictaduras del Conos Sur), 6.433.115 desplazados, y más de 8 millones de hectáreas despojadas. De los episodios de violencia, en 588 eventos fueron contadas 1.530 personas víctimas de objeto de sevicia, sufriendo torturas tales como degollamiento, descuartizamiento, decapitación, evisceración, incineración, castración, violación, empalamiento o quemaduras, entre otras prácticas, perpetradas con el explícito propósito de aterrorizar la población. Estas cifras, aún para nuestros estándares de crueldad y de violencia endémica, son alucinantes, pese a lo cual, buena parte de la academia y los columnistas oficiosos de los periódicos las minimizan, cuando no es que recurren a la negación absoluta.

“Acá no pasa nada”

A raíz de la publicación del libro Paz en la república –editado por Margarita Garrido, Carlos Camacho y Daniel Gutiérrez–, en el que son contados catorce años de guerra en el país durante el período que va de 1932 a 1946, algunos académicos, incluidos los editores, buscan afirmar que es un mito decir que hemos vivido sumidos en un conflicto. Como eco de las reseñas hechas al libro, por ejemplo, el columnista Eduardo Posada Carbó (El Tiempo, 21-03-2019), inicialmente, y luego Santiago Montenegro (El Espectador, 25-03-2019), lamentan que nuestra historiografía haya hecho un lugar común de la idea que Colombia es un país violento. Se trataría tan sólo de un mito, según ellos, del que debemos desprendernos pues nuestro transcurrir, en ese sentido, es comparable con el resto de países hispanoamericanos.

Sin embargo, la comparación con las naciones de nuestro entorno luce demasiado forzada si miramos los argumentos del columnista Posada Carbó, quien escribe “José Gil Fortoul contó once revoluciones armadas en Venezuela tan solo entre 1830 y 1856. Apenas en un año, 1868, Argentina habría sufrido 117 revoluciones”, pues, 117 revoluciones armadas en un año (conflictos cuya duración promedio sería, entonces, de 3,1 días) no son, ni mucho menos, guerras, como es el caso de Colombia en el que, independientemente del tamaño de los ejércitos y la duración de los conflictos, a los enfrentamientos nadie ha dudado en calificarlos de eso, de guerras. Los golpes de Estado, que sirven para que la academia colombiana quiera decir que no somos ninguna excepción en el continente, no son confrontaciones entre ejércitos, con contadas excepciones y, por tanto, usarlas para negar nuestra particular situación no es otra cosa que negacionismo en el sentido más estricto de la palabra.

El hecho mismo que durante el 14 por ciento de un siglo haya habido enfrentamientos debería inquietarnos, pero el mensaje de los académicos es el de que debemos minimizar tal hecho. Sin embargo, las cifras sobre el siglo XIX dicen más, pues desde 1839, año en que estalló la primera guerra civil en la Colombia republicana hasta 1902, año de culminación de la última confrontación armada comenzada en dicho siglo, es decir, en el lapso de 63 años, los catorce contabilizados por esos mismos autores, representan casi un cuarto del período, ¿es esa una cifra para mirar con menosprecio? Ahora bien, cortar el estudio en 1946 le ahorra a los académicos toda una serie de problemas, pues ¿cómo caracterizar los 70 años posteriores? Si asumimos la acepción de “guerra civil no declarada” para el período que sigue al asesinato de Gaitán, de los 180 años que median entre 1839, inicio de la Guerra de los Supremos y 2019, tendríamos un total de 87 años de guerra, poco más del 48 por ciento del período, que no es algo equiparable con ningún país de nuestro entorno. Las únicas salidas para la academia negacionista son, entonces, obviar la última etapa de nuestro discurrir histórico o seguir los argumentos de los seguidores del llamado Centro Democrático y negar el conflicto.

De otro lado, impugnar las causas sociales de la guerra en Colombia, es también un ejercicio que busca imponerse. El mencionado columnista Montenegro escribe al respecto “Ya en los años 90, Fernando Gaitán Daza había planteado que Colombia no había sido un país tan violento como muchos decían y, además, había argumentado también que la violencia no tenía relación con la pobreza o con la distribución del ingreso”, es decir, que nuestras guerras son hechos sociales sin explicación social, en una paradoja sin sentido. Pretender negar el conflicto o su importancia con argumentos como el de que países con desmedidos niveles de pobreza y concentraciones elevadas del ingreso como el nuestro no han tenido guerras, o que cuando fueron fundadas las Farc y el Eln había también jóvenes que escuchaban rock o creaban el movimiento nadaísta, es una muestra abrumadora de la simpleza del negacionismo. Éste, en la academia, no es otra cosa que el correlato de la impunidad en los tribunales.

Enemigo interno, bandidos e identidad nacional

El sociólogo greco-francés Nicos Poulantzas, en su obra clásica Estado, poder y socialismo afirma que las fronteras y el territorio del Estado no son previos a su constitución, sino que uno y otro van conformándose en un proceso de retroalimentación y consolidación. Pues bien, que el territorio colombiano haya ido encogiéndose con el tiempo va más allá de la simple metáfora sobre la involución continuada en que ha ido convirtiéndose nuestro devenir histórico. En efecto, la delimitación fronteriza de los países latinoamericanos tuvo como base el llamado Utis Possidetis Juris, fundado en la demarcación territorial del imperio español durante la Colonia, que establecía para la Nueva Granada dos millones de kilómetros cuadrados, que con los sucesivos tratados fronterizos entreguistas fue reducido a los actuales poco más de millón cien mil, en una muestra que a diferencia del común de los Estados-Nación, Colombia no ha tenido en sus relaciones con los “otros transfronterizos”, el principio de su afirmación, no ha tenido en realidad fronteras, y por tanto ha carecido de cuerpo e identidad. De tal suerte que las ocho guerras civiles del siglo XIX y la guerra civil no declarada que comenzó a mediados del siglo XX –y que ahora pretenden ser negadas o minimizadas–, son un fuerte indicio que la constitución del Estado colombiano ha tenido lugar a través de la construcción del enemigo interno.

Giorgio Agamben, en su conocido Homo Sacer, recuerda cómo en el primitivo derecho germánico, contrariamente al derecho romano, el concepto de paz (fried) estaba construido sobre la exclusión del malhechor, el bandido (Friedlos), el sin paz, al que podía darse muerte sin cometer homicidio. Pues bien, el carácter sacrificial asumido por la violencia en Colombia da pistas que a los intereses económicos –en lo esencial sobre la propiedad de la tierra–, debemos sumarle un sentido simbólico en el que la eliminación del Otro adquiere un sentido fundante de la afirmación de lo propio. La paz de unos no puede existir, para ese marco ideológico y cultural, sin la existencia de los “sin paz”, los “bandidos”, cuya exclusión los convierte en sacrificables. En el capítulo noveno del libro de Fals Borda, Guzman Campos y Umaña Luna, La violencia en Colombia –titulado Tanatomía–, los autores enumeran prácticas como el descuartizamiento, la emasculación, los “cortes” entre los que enumeran el de ‘franela’, ‘corbata”, de ‘mica’, ‘francés’, que tenían en común la profanación del cadáver. Igualmente señalan como en el lenguaje de la violencia fueron expresiones comunes ‘Picar para tamal’, ‘bocachiquiar’ o ‘no dejar ni semilla’, esto último, testimonio de que el asesinato de infantes ha sido un hecho sistemático del terrorismo represivo sobre la población. Prácticas que no sólo fueron replicadas en la guerra iniciada en la década de los sesenta sino que fueron ampliadas por los paramilitares desde los años noventa del siglo XX con la conversión, por ejemplo, de las cabezas de los decapitados en pelotas de juego. ¿Lugar común? ¿Mito? No. Realidad documentada.

Otro aspecto señalado por los negacionistas en su supuesta “desmitificación de la violencia”, es el de afirmar que no existe ninguna línea de continuidad entre las guerras del siglo XIX, la etapa de la guerra civil inter-partidaria (liberal-conservadora) y la aparición de las guerrillas con ideología clasista. Pero, ¿es que acaso esos diferentes conflictos no han estado atravesados por los intereses sobre la propiedad de la tierra, de un lado, y del otro la tensión entre los poderes centrales y los poderes regionales? ¿no ha sido un lugar común que cómo agente de la violencia el latifundismo armado haya estado siempre presente? La acumulación de tierras como refugio seguro y valorizable de los excedentes ociosos de la acumulación y prueba inequívoca de la incapacidad de los sectores dominantes de generar inversiones productivas ha estado en la raíz de los despojos a bala de las tierras campesinas.

Entre enero de 2016 y marzo de 2019 fueron asesinados 500 líderes locales, testimoniando que los contradictores del patrimonio improductivo son los voceros de las comunidades que reclaman contra el despojo y luchan por su vida en los campos colombianos. Negar que en todos los conflictos enfrentados durante la vida republicana sí existe un hilo conductor que los une y que está representado por el latifundismo armado es la peor forma del negacionismo, pues al ocultar las raíces de los intereses que alimentan la violencia, bloquean los principios de su solución.

Los intentos de excluir a los militares de la JEP y las discusiones alrededor de los requisitos para aceptar los terceros civiles, muestran las complicaciones existentes en el país para alcanzar un esbozo de verdad sobre lo acontecido, pero también son indicio de cómo la llamada normalidad democrática no es más que la contracara del conflicto. Empresarios, Iglesia y academia buscan excluirse de cualquier responsabilidad, y recurren a la argucia de autonombrarse víctimas o agentes neutrales. En el reciente libro del escritor francés, Frédéric Martel, Sodoma: poder y escándalo en el Vaticano, son reeditados señalamientos contra el fallecido cardenal Alfonso López Trujillo, en los que a las acusaciones de pedofilia, son sumadas las de señalar a curas simpatizantes de la llamada Teología de la Liberación, para su persecución y ejecución. Estas acusaciones no son asunto nuevo, pues en 1996 el periodista Hernando Salazar Palacio en su libro La guerra secreta del cardenal López Trujillo, las reseñaba, así como tampoco son de reciente data ni aclaradas las afirmaciones de “Don Berna” sobre que el obispo Isaías Duarte Cancino fue uno de los ideólogos del paramilitarismo. Pero, el papel de la Iglesia en la violencia no es algo nuevo, y ha sido también común en la historia de los conflictos, para lo cual basta revisar el trabajo reciente de la Pacific School of Religion de Berkeley, Casos de implicación de la iglesia en la violencia en Colombia, donde puede revisarse una lista de intolerantes y de las razones de la intolerancia de esa comunidad religiosa. Ahora bien, dado que el director de la Comisión de la Verdad es un sacerdote jesuita ¿no parece aún más necesario que ante la JEP den confesión de verdad clérigos de esa religión?

Los saboteadores del proceso con las Farc han logrado que el acuerdo de paz entre contendientes haya sido, de hecho, convertido en texto de rendición, y buscan desesperadamente que sea rebajado aún más a “sometimiento a la justicia”, lo que coincide con el comportamiento felón del Estado colombiano, qué en los pactos con las guerrillas liberales de mediados del siglo XX, actuó de la misma forma. En Colombia, mantener la paz de unos pocos (fried), implica crear muchos sin paz (Friedlos), y quien mejor que el senador Alvaro Uribe para expresarlo tan claramente: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta” (Trino de abril 7 de 2019): Masacre de civiles “terroristas” (los indígenas de la Minga en este caso), de un lado, y del otro “autoridad firme y serena” (la represión violenta del Estado). ¿Queda duda del por qué de nuestra guerra habitual? Hobsbawm no estaba desenfocado, para nuestra desgracia tiene razón, por lo que pasar de la “normalidad” formal a una sociedad verdaderamente incluyente se constituye en la urgente tarea de los “sin paz”.

Publicado enEdición Nº256
Sometimiento y silencio:  Crónica sobre el código de policía

Es un día cualquiera, policivo como todos, ya tan común. Un día en el cual un ser humano termina pisoteado, avergonzado, denigrado, humillado, mortificado, vilipendiado y además golpeado por un proceder de la “autoridad” que viola sus derechos. Por un momento su vida no le fue propia. Uno de tantos casos en donde quienes deben garantizar el cumplimiento de “la ley y de la convivencia”, paradójicamente son los agresores de quién se les antoja y por la razón que mejor les convenga, amparados para ello en lo que entienden como súper poderes.

6:15 pm. El ambiente es el mismo de todos los días: igual de lleno en el sistema Transmilenio, un mar de gente tratando de embutirse a un bus que lo lleve hacia su destino. –“Manos arriba de la cabeza”, se escucha. Quien recibe la orden policiva no ha hecho nada, simplemente su cabello largo y enredado lo convierte en el sospechoso habitual entre el mar de gente que abarrota la estación. Un grupo de policías prácticamente como hienas buscan a quien violentar. La orden la recibe al momento de cruzar el torniquete, momento en el cual los “agentes del orden” buscan completar sus comparendos diarios y se lanzan sobre su víctima.

 

Sus voces de “autoridad” caen en cascada y no cesan: –“Deje las manos arriba...”. –“Voltéese y abra su maleta...”. –“Apúrese...”. –“Abra las piernas”. Luego de la esculcada y la manoseada, al terminar la requisa, le quitan una pipa. “Ya me tocó comprar otra” pensó, como la mayoría de consumidores en tal situación. Sin embargo, en su maleta por omisión cargaba una trilladora (para triturar cogollos), lo recordó en el momento exacto en el cual uno de los patrulleros decide requisar la maleta por segunda vez.

6:20 pm. El requerido, sometido a sospecha pública, para sorpresa de los policías tiene conocimiento del procedimiento legal que debe seguirse según el Código de Policía, en aplicación del artículo 13 de la Constitución Política. Sabe, por tanto, que lo que porta es un objeto que no debería incautarse pues no está establecido en el decreto 1801, por lo cual pide de manera respetuosa que desistan de incautarla. 6:22 pm. –”No me la quite, este objeto me ha costado dinero, no tiene ganja, revisen y la votan si no me creen, soy estudiante no un ladrón y usted no puede hacer esto”, dice el joven. Envalentonado y con actitud retadora el “agente del orden” responde: –“Usted podrá estar estudiando, yo también y le puedo hacer lo que yo quiera, váyase mejor”. Sin atender a esa voz de mando, el inculpado les da la razón y decide reclamar una orden de incautación, ante lo cual el policía al mando actúa con lo que entiende como el superpoder (el comparendo) y le pone una multa tipo 2 –equivalente a $213.700.

6:25 pm. Lo arrinconan en la entrada por donde personas en silla de ruedas y padres con sus coches ingresan a la estación. Ya estaba entre arrepentido y molesto, más bien frustrado, era objeto de una multa que pasaba sobre su derecho a la libre expresión, además de estar arrinconado como un delincuente pisoteaban sus argumentos. Quienes ejercen la “autoridad” no responden, solo intimidan, amenazan y violentan.

El ciudadano sigue allí tratando de rescatar sus cosas y la policía, para no escuchar, al tiempo que para demostrar quien tiene el poder, retoma la requisa del inculpado. De nuevo lo requisan de cabeza a piernas, y ahora encuentran unos tres gramos de ganja, que quien realizó la primera revisión por alguna extraña razón no había encontrado. Allí, de nuevo, es necesario para los agentes del “orden”, entre ellos una patrullera, revisar la maleta a fondo y mientras el joven discute con uno por el motivo del comparendo, otro misteriosamente encuentra una nueva bolsa hermética, también con ganja. El joven, sin creerlo, mientras recoge sus cosas tiradas al piso por uno de los uniformados sin ningún cuidado, es abordado una vez más por los seis patrulleros y requerido para entregar la cédula; bajo presión, entrega la licencia de conducir, un documento que es válido para identificarse, pero para los uniformados está negándose a identificarse debidamente y ahora lo amenazan con un nuevo comparendo.

6:30 pm. La única patrullera de los seis que lo intimidan, golpea al joven porque se sintió “irrespetada”. Segundos antes el joven les dio a entender que eran unos delincuentes uniformados (ladrones). 6:35 pm. El procedimiento de control y violencia toma nuevo rumbo; –“¿por qué me pega?” dice el agredido. –“¿Quién le pegó?, ¿dónde está la sangre?” responde la patrullera. Varios de los que se encontraban en el vagón de Transmilenio gritan ante los abusos de la policía, sin embargo no pasan de los reclamamos, pues aun teniendo la razón ninguno se arriesga a meterse ya que saben que podrían ser las futuras víctimas de abuso de autoridad.

6:40 pm. El estudiante, molesto con su agresora, cuestiona su labor y el resto de uniformados se van sobre él porque debía respetar a la dama que estaba con ellos, sin embargo, él no la había golpeado, simplemente reclama por haberle golpeado. Ordenan su traslado a una estación de policía en el Portal de la 80 donde se encuentra con un barrista detenido por el mismo “delito”: portar marihuana. Al final dejan ir al estudiante, no sin antes ponerle un nuevo comparendo por irrespeto a la autoridad.

 

Cada día trae sus sorpresas

 

9:30 am. Con tan sólo un día hábil para apelar el comparendo y dirigiéndose a la estación de policía de la localidad de Engativá, donde el policía le indicó debía dirigirse, el joven llega corriendo al punto indicado para exponer el caso. La voz del policía de turno es poco amistosa: –“déjeme ver los comparendos, no los han subido a la página y es que se equivocó de dependencia, esta es de Transmilenio, no es con nosotros”. El día apremia, no hay más tiempo que perder, la única opción que queda es acercarse a una “Casa de justicia” para hacer un curso “pedagógico” que le derogue la multa.

 

El curso


6:00 am. Se alista para salir y llegar a tiempo al primer curso, que había leído era a las 8:50 am. –“Buen día, quisiera saber…” no alcanza terminar de hablar cuando escucha –“Présteme la copia del comparendo”. El policía anota un número y le dice –“esté atento al llamado o le toca pedir un nuevo turno”.

Han transcurrido 4 días y máximo son 5 los días hábiles para hacer el curso, de lo contrario tendrá que pagar la multa en su totalidad. –“¡Turno 31!”, escucha. Se acerca al cuarto que servia de recepción, tienda y sala de espera al mismo tiempo. A su lado esperan aproximadamente 15 personas de pie, entre ellos una mujer con un bebe en brazos junto con su esposo notablemente cansado, dos venezolanos que tampoco se salvaron de recibir comparendos.

9:54 am. Empieza el curso. –“Buenos días. Los que vengan al curso pedagógico hagan una fila. Por favor bolsos abiertos”. Todas las personas entran al salón que tiene por nombre “mediación y conciliación”. Un promedio de 30 personas escuchan las instrucciones. Inicia el vídeo “Claves para ser un buen ciudadano”. Al fondo se empiezan a escuchar murmullos y algunas risas por lo que se ve en el vídeo. La escena de un joven atropellado por un Transmilenio hace que cesen las risas y en coro se escucha ‘ushhh’. El vídeo induce a la obediencia, incluso cuando se tiene la razón puesto que “hay procedimientos legales para interponer quejas y demandas”.

10:28 am. Al terminar el video entra una persona y pregunta –“¿Qué les dejó el vídeo?” y recomienda no hacer críticas, pues solo quiere escuchar lo “aprendido”. Un hombre levanta la mano y dice apresurado: –“debemos conocer la ley, es importante”. Otro dice: –“los policías también infringen la ley” y al mismo tiempo una mujer lo interrumpe para decir: –“yo no quiero llevar la contraria, así como no quería pelear con el policía, pero luego de que me dice que soy una negra y que por eso soy ladrona o venezolana, pues yo me tengo que ir contra él, me ofendió, y los cuatrocientos mil que debo pagar es por la educación que ese policía no recibió”. El instructor dice con premura, que legalmente ya sabe que hacer para tratar de buscar justicia sin morir en el intento.

10:35 am El instructor sigue con su cátedra y sostiene: –“contrario a lo que dicen muchos este código no es para reprimir, el código a nadie reprime. En todo lado hay reglas, y para la ciudad está este librito. Algunos que no han entendido el mensaje, esto (señala el libro) le evita malos comportamientos, y aunque creamos como individuos que algún comportamiento está bien ante la sociedad, la cultura y la ley, pues no lo está, no podemos pasar sobre el otro. De pronto muchos se sienten atropellados por los policías, pero pues aquí no vamos a solucionar eso, le explicamos solamente el por qué. Tenemos en nuestra cabeza la idea de que el policía es malo, pero a ¿quién no le gustaría tener al lado uno cuando nos están robando? Yo no soy policía pa’ que guarden las piedras, pero debo ser objetivo con mi tema y los policías deben hacer cumplir la ley, además si usted desafía a la policía ¿quién tiene las de ganar?”.

Tras cinco días de ires y venires, con rabias contenidas y silencios que ahogan, el curso fue superado y ahorrado un dinero con el cual el joven no cuenta. Meditabundo, camina hacia su casa, cargado de interrogantes que le deja este episodio.


Obedecer y no cuestionar

 

“Código nacional de policía y convivencia para vivir en paz”, es el título de la norma de normas que pretende el disciplinamiento de la sociedad a punta de multas y el otorgamiento de exceso de poder a los “agentes del orden” que desean una ciudadanía que obedezca y no cuestione nada. Ante esto cabe preguntarnos: ¿Qué tipo de ciudadano es el que sólo obedece? ¿Qué tipo de Estado es aquel que pretende regir sobre una población dócil, sometida, conforme con todo, impasible? ¿Será posible lograr la anhelada paz a partir de una norma que se coloca por sobre la realidad? ¿Cómo vivir en paz cuando quienes aplican la norma la interpretan como medio para darse poderes que no deberían tener? ¿Para dónde se enruta nuestro país, cuya dirigencia está convencida que la gente aprende a fuete? ¿Acaso este proceder no es lo conocido como autoritarismo?

Finalmente, para la policía la clave para ser un buen ciudadano es: obedecer y no cuestionar.

 

Publicado enEdición Nº256
Martes, 30 Abril 2019 10:41

Cúcuta: la frontera fracturada

Nolberto Roa Pulido, “Frontera cerrada”, https://www.flickr.com/photos/nolbertoroa/24719292456/

La crisis desatada en las relaciones colombo-venezolanas, más la crisis económica, social, política, militar, desatada en el país vecino, trae sus coletazos, quienes habitan Cúcuta los viven con toda crudeza.

 

Como no había sucedido en toda la historia de la relación limítrofe colombo-venezolana, la frontera entre los dos países está hoy fracturada, es pura dinamita que explota por momentos, pero que puede llegar a disolverse en un caos infinito o en una integración fructífera hacia el futuro.

Cúcuta la capital de Norte de Santander, ubicada sobre la Cordillera Oriental, es epicentro de un desastre económico-social y sicosocial. Esta frontera, con sus 2.219 kilometros, es la más prologanda entre paises surameericanos. Es un desastre de todo tipo, una verdadera fractura social, que tiene como punto de arranque el gobierno de Uribe y la prioridad que lo ideológico tomó sobre el mercado; el cierre de la frontera, luego de la evidente conspiración golpista propiciada desde Colombia, desnudó ante los ojos de todos la dependencia que tiene esta parte del país de sus vecinos.

 

El territorio

 

El área metropolitana de Cúcuta –que comprende Villa del Rosario, Los Patios, Zulia, San Cayetano y Puerto Santander– suma 1.200.000 habitantes, más San Antonio y Ureña, localidades venezolanas que hacen parte de este entramado. La capital del departamento propiamente dicha reúne 700.000 pobladores, registrando un crecimiento enorme en los últimos años, del cual se desprenden variedad de problemáticas, entre ellas económicas y sociales. Como toda ciudad fronteriza, su economía y vida cotidiana depende y/o se complementa del vecino.

Registra esta ciudad, por tanto, un crecimiento inmenso, más aun para lo limitado de su territorio –10 km2 de extensión de norte a sur y 11 km2 de oriente a occidente–, el cual está distribuido en 10 comunas, de las caules las conocidas como 1, 4, 5, 6 y 9 concentran la mayor conflictividad social. Destaca entre estas, a su vez, la comuna seis, la más pobre, descuidada y “caliente” de la ciudad, toda vez que es la que conecta con las trochas de paso de migrantes, donde operan las bandas criminales y hacen presencia grupos armados ilegales.


Dicen en Cúcuta que la realidad que hoy viven allí no siempre fue así, que todo se complicó a partir del cierre de la frontera ordenada en 2015 por el presidente Nicolás Maduro, generando el conflicto entre los dos países una grave crisis diplomática, económica y humanitaria, decretando estado de excepción en varios municipios del estado Tachira, y luego del estado Zulia.

Según la Asociación de Supermercados de Norte de Santander, en el último año, como reflejo de la crisis, 700 establecimientos están en crisis, de los cuales la mayoría estaban ubicados cerca a la frontera.

Crisis también reflejada en el negocio de cambio de divisas, el cual cayó en un 40 por ciento, y las remesas en un 90. Decaída que refleja muy bien el cambio sufrido con el cierre fronterizo, pues hasta antes de tal decisión ingresaban por día a la ciudad 40.000 venezolanos, lo que movía al mercado en todas sus variables. Ahora en la ciudad no quedan sino informales, lo que disparó en el 70 por ciento el rebusque callejero y el surgimiento de locales pequeños, los que no garantizan estabilidad económica alguna, según diagnóstico de la Federación de Comerciantes de N. de S.

La pobreza que traía desde siempre la ciudad ahora está multiplicada, también la desigualdad social y la inequidad, lo que ha propiciado el ahondamiento de la inseguridad, producto de la presencia de bandas criminales, grupos armados, policía corrupta, grupos que controlan la frontera y todo tipo de negocios ilegales. El Eln, el Epl, disidencias de las Farc y bandas criminales organizadas se disputan el territorio, los cultivos de coca, y el control de población en las comunas, entre ellos los miles de pobres de ambos países que luchan por la supervivencia y que fácilmente son cooptados por las mafias, como mulas para llevar droga a otras ciudades.

Población que habita la ciudad desde hace añós, pero también quienes quedaron atrapados después del último cierre de frontera, en total 17.000 venezolanos que no pueden regresar, entre estos 3.000 personas (entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que desertaron). Población que es una carga fiscal para la ciudad, la que según cálculos debe invertir 60.000 millones por año en mantener esa población.

 

Corredores y algo más

 

Nada puede ser peor que lo vivido hoy por miles en esta parte del país, padecimiento que, valga decirlo, se llegó al mismo por las políticas ideologizadas en relaciones internacionales impuestas por el doble gobierno de Uribe, las que llevaron a que el país perdiera un mercado de 7.000 millons de dólares, los mismos que hoy llevan al desvelo a la oligarquía que necesita recuperarlos, para lo cual conspira contra el gobierno del país vecino por y con todos los medios posibles.

Dicen, sin embargo, que “cada día trae su afán”, lo que está plenamente comprobado en los 144 kilómetros de frontera de Norte de Santander, en los cuales existen cuatro pasos formales y 39 trochas ilegales –otros dicen que hay más de cien–, las mismas que ahora el gobierno colombiano ha decidido considerar como lugares de paso legal. Son estas trochas los lugares por donde transita el contrabando de gasolina, alimentos, ganado, medicamentos, carros, personas con afán de residencia más allá de su territorio tradicional de vida, pero también de aquellas sometidas a la trata –esclavitud de diverso tipo–; así como el comercio ilegal de divisas, y el narcotráfico de un país al otro, todos los días y a toda hora. Eso sucede en Puerto Santander, la Ye de astilleros, San Faustino y la Parada. La policía fronteriza de los dos lados mira para otro lado y engorda los bolsillos.

El cruce puede ser legal, ilegal, formal e informal o también clandestino, y en él se encuentra de todo tipo de “profesiones”, unas manejadas por pequeños propietarios y otros por las bandas ubicadas a ambos lados de la frontera.

Algunas de esas bandas tienen estre sus prácticas cobrar peaje, aunque este también es un rebusque que ponen en práctica particulares en procura de unos pesos. Por ejemplo, para pasar hacia Cúcuta los migrantes deben cancelar 2.000 a ambos lados del rio, del lado venezolano a los Colectivos y del lado colombiano a grupos criminales o rebuscadores particulares, como ya fue anotado.

Este es un rebusque abierto a otras muchas “profesiones” puestas en práctica, por la aguda crisis en curso, por pobres de ambos lados de la frontera, que así buscan sus pesos diarios: lavado y secado de pies para la gente que pasa las trochas y no quiere ingresar a Cúcuta sucia, cuesta 500 pesos. Algunos prestan servicio de baño por 200 pesos y si es con ducha 1.000; el “lomotaxi” –jóvenes que cargan personas a la espalda para pasar el Táchira–: 2.000 pesos. También existe el “lomocarga”, que cobra según el peso –en algunos casos hasta $ 15.000 por ir de un punto a otro–, carga que también debe cancelar peaje: si son bultos de papa, plátano o frutas a 5.000 pesos, si son otros productos $ 3.000.

El rebusque es total. Usted puede pasar la trocha del rio por “puente de tablas” a 2.000 pesos, pero si es “puente de piedra” a 1.000. O la otra “profesión “los arrastradores” de mercancías y objetos que llevan los migrantes o quienes simplemente van de paso, cobran entre 1.000 a 2.000 pesos por servicio.

 

De todo como en bótica

 

Pero en las trochas y en las entradas a Cúcuta hay de todo: minutos a celular, cigarrillos sueltos, alquiler de botas pantaneras para el paso del río, venta de ungüentos para los callos, empanadas, desayunos, almuerzo, jugos, cambio de pañales, jeringas, cambio de moneda, y algo muy preciado por el que va a cruzar la frontera: los medicamentos, por los cuales primero se pregunta en los puestos ambulantes, por ejemplo por ibuprofeno, acetaminofén, amoxicilina, y si no los encuentran entonces ingresa a Cúcuta.

Una crisis que rompe la cohesión social y la credibildiad en el gobierno nacional, como en el local y departamental. Por ello, y con la pretensión de quebrar el 12,8 en desempleo que según el Dane registraba la ciudad en enero pasado, el gobierno colombiano plantea proyectos de emprendimiento para la clase media –que ve como su precaria estabilidad se hace añicos– lo cual queda en el vacío o las simples buenas intenciones. Entre proyectos y declaraciones de político hay que aclarar que en esta crisis las clases dominantes regionales también hacen parte del entramado de corrupción, otra forma de rebusque, una que brinda más dividendos.

Como si fuera poco, en este hervidero de pobreza, sobrevivientes de la exclusión social, transeúntes hacia el interior del país u otros destinos, rebuscadores, etcétera, Cúcuta es hoy el epicentro de trabajos de inteligencia por parte de los EEUU, Rusia, Venezuela, Cuba, Colombia; de “trabajo humanitario” destinado a poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Una crisis sin precedentes en la ciudad fronteriza, una crisis que por momentos se siente sin control alguno, y que puede llevar a un estallido social que la limpie de tanta miseria.

 

Publicado enEdición Nº256