Inversión extranjera, mayor producción petrolera y renegociación de deuda: Las claves del decreto de emergencia energética de Venezuela

Maduro enfatizó que está abierto a inversionistas estadounidenses en el sector hidrocarburos, en una relación "ganar-ganar".

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este viernes que su país tomará "medidas audaces" para la "recuperación integral y definitiva" de la industria petrolera, a pesar de las sanciones coercitivas impuestas por el gobierno de EE.UU.

En esa línea, Maduro recalcó que toda la industria de hidrocarburos del país está abierta a la inversión extranjera. "Con la Ley Antibloqueo vamos a buscar buenos socios internacionales que traigan capital, tecnología y mercado para la gran industria de Venezuela", sostuvo.

El mandatario indicó que ya están en marcha las negociaciones de contratos para inversionistas internacionales en Venezuela, especialmente con empresas de Turquía, India, China, Rusia y algunos países de Europa, por lo que también extendió la invitación a empresarios estadounidenses para sumarse a estas propuestas de negocio.

"Quiero decirle a los inversionistas de los EE.UU. de Norteamérica que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica del capital estadounidense, para trabajar en una sociedad ganar-ganar", manifestó. 

Asimismo, el mandatario firmó un Decreto Presidencial que extiende por 12 meses la declaratoria de la emergencia energética en el sector petrolero, gasífero y petroquímico, así como la existencia de una Comisión Presidencial, denominada "Alí Rodríguez Araque", para avanzar en la recuperación de la industria.

Negociar deudas

Este viernes, Maduro adelantó que el Ejecutivo está listo para reactivar las negociaciones con los tenedores de deuda de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que dejaron de cobrar sus participaciones debido a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a la industria por la Administración de Donald Trump.

El mandatario, que el año pasado planteó una nueva reestructuración de deuda con los acreedores, indicó que los tenedores dejaron de percibir 110.000 millones de dólares de deuda de la República y de PDVSA, a causa de las sanciones de EE.UU.

"Ratifico a todos los tenedores que estamos listos para reactivar toda relación del sistema crediticio y tenemos una oferta muy fuerte para honrar los compromisos de Venezuela con el mundo. Hago la oferta pública a tenedores de deuda de Pdvsa y de la República", reiteró Maduro.

Asimismo, el jefe de Estado venezolano denunció el bloqueo de las cuentas de PDVSA para comprar y pagar deudas, además de las restricciones financieras a la industria petrolera para acceder a créditos internacionales.

Más producción

Por su parte, el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, aseveró que durante este 2021 la industria prevé alcanzar una producción de 1.508.000 barriles día de crudo y 6 millones de pies cúbicos de gas.

El Aissami señaló que, a un año de haberse declarado la emergencia energética, se logró la desaceleración de la caída abrupta de la producción petrolera con estrategias innovadoras para estabilizar el sistema de extracción de crudo que, para el cierre de enero de este año, ya supera los 600.000 barriles diarios.

Según la autoridad petrolera, el país también avanzó la recuperación progresiva del sistema de refinación, procesando más de 250.000 barriles de crudo y realizando grandes esfuerzos para rescatar la operatividad de las refinerías afectadas por las restricciones al acceso de partes y repuestos, a raíz de las sanciones estadounidenses.

El Aissami detalló que las sanciones implicaron la paralización de actividades de socios estratégicos y la reducción del número de taladros, lo que impidió la perforación de nuevos pozos y la rehabilitación de yacimientos inactivos. Esta situación, apuntó el ministro, fue la responsable de "una brutal caída de la producción petrolera, de 2,4 millones de barriles en el año 2015, a menos de 400.000 barriles en 2020".

A principios de febrero, el gobierno informó que las sanciones aplicadas por Washington en contra PDVSA, a partir de 2019, incidieron en que Venezuela cerrara el 2020 con una producción de apenas 339.000 barriles por día. En total, las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. en contra del país suramericano han ocasionado la pérdida de ingresos brutos por el orden de los 102.000 millones de dólares, de acuerdo a los más recientes datos oficiales.

Publicado: 20 feb 2021 02:13 GMT

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Miércoles, 17 Febrero 2021 05:30

Andrés Arauz presenta su plan en  Nueva York

Arauz fue ovacionado por la comunidad ecuatoriana en Queens.  ________________________________________ Imagen: @ecuarauz2021

El candidato presidencial ecuatoriano espera la segunda vuelta electoral del 11 de abril

Se reunió con la comunidad migrante de Ecuador y planea hablar con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Ante la prensa de EE.UU. se refirió al plan económico que llevará adelante para hacerle frente a las políticas de austeridad que ha sostenido el actual mandatario Lenín Moreno

Entre decenas de banderas de Ecuador y el invierno estadounidense, la comunidad migrante en Queens, Nueva York, recibió al candidato presidencial, Andrés Arauz. El ganador de la primera vuelta en las elecciones del 7 de febrero viajó a EEUU donde también planea reunirse con inversores y la prensa estadounidense

La comunidad migrante más grande que tiene Ecuador en el exterior recibió a Arauz entre barbijos con la bandera ecuatoriana. “Estamos aquí celebrando nuestra victoria contundente en la primera vuelta” dijo el candidato de la Unión por la Esperanza a sus seguidores en Newark, Nueva Jersey, ubicada a unos 17 kilómetros de Nueva York. “Nosotros ya estamos liderando de largo las preferencias para segunda vuelta y por eso están queriendo hacer triquiñuelas en el Consejo Nacional Electoral, para evitar nuestro triunfo contundente” afirmó. La visita de Arauz también incluye reuniones con Alejandro Werner y Kirshna Srinivasan director y subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.

Arauz ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales con cerca del 33 por ciento de votos, aún resta definir con quién disputará la segunda vuelta el 11 de abril. El banquero, Guillermo Lasso y el líder indígena Yaku Pérez esperan el reconteo de votos cada uno con su 19 por ciento y una diferencia de unos pocos miles de votos todavía no resuelta. “Lo bueno es que va a ser una elección donde van a quedar contrastados claramente dos grandes planteamientos de lo que debe ser Ecuador. Uno que nos va a llevar a un país de unos privilegiados, unos pocos banqueros que quieren repartirse lo poco que le queda a la patria y otro por un país del progreso” dijo a la comunidad migrante en Newark.

El candidato de la Unión Por la Esperanza (UNES) también fue entrevistado en el programa estadounidense Democracy Now! En la entrevista Arauz se refirió a la situación actual que vive Ecuador con la crisis sanitaria por la pandemia por covid-19 y la segunda crisis económica más fuerte en la historia del país. “Nos enfrentamos a una doble crisis, por un lado, la pandemia bajo el manejo absolutamente negligente del gobierno” aseguró. Ecuador registra más de 260 mil contagios y 15.392 muertes por covid-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins. “Sólo han circulado cuatro mil vacunas para una población de más de 17 millones de personas”. Para enfrentar el escenario actual, el candidato propone un plan de inversión que incluiría una ayuda de emergencia similar a la que lleva adelante el gobierno estadounidense con cheques para la población más vulnerable. “También planeamos un programa agresivo para -en el corto plazo- poner la vacuna a disposición como un servicio público” afirmó. Además, Arauz contó que habló con el presidente argentino y habría asegurado de 4 millones de dosis de la vacuna producida en Argentina.

El candidato también se refirió a la ola de despidos que ha llevado adelante el sistema de salud en medio de la pandemia. “Más de seis mil trabajadores públicos de la salud han sido despedidos a causa de las políticas de austeridad que han impactado a la población de Ecuador, aumentando la pobreza y la inequidad” denunció. Arauz quiere ir en contra de estas políticas llevadas adelante por el actual mandatario Lenín Moreno. “Queremos implementar una política económica heterodoxa, que incremente la inversión pública, que incremente la protección social para la población. Y que en sí misma pueda crear una recuperación en el corto y mediano plazo para la población.” Entre los problemas que evidenció la pandemia de coronavirus, el candidato habló sobre la conectividad a Internet y cómo afecta a los estudiantes. “La mitad de la población estudiantil de Ecuador no ha podido continuar sus estudios por falta de conexión. También necesitamos un programa de emergencia para Internet, esto implica inversión en infraestructura para cubrir todo el territorio ecuatoriano con conexión de calidad, especialmente para los jóvenes”.

Arauz también cuestionó la agenda anti-extractivista del candidato presidencial Yaku Pérez quien aún espera el conteo final de los votos que definirán si triunfo o derrota ante el banquero del corralito ecuatoriano, Guillermo Lasso. “La agenda anti-extractivista tiene que ser un poco más sofisticada y detallada porque hay muchos temas que deben tenerse en cuenta incluyendo la industrialización de las minas y el desarrollo de las comunidades cercanas. No podemos tener una agenda extractivista neocolonial pero tal vez podemos buscar una agenda de petróleo, minería y agrícola que tenga en cuenta las necesidades de las comunidades y que las convierta en los principales actores”.

Por último, Arauz fue consultado por el caso del periodista Julian Assange, a quien el actual mandatario ecuatoriano Lenín Moreno revocó el asilo político en una de sus primeras acciones al frente del país. “Cuando le quitaron el asilo político se violaron derechos humanos y civiles incluyendo la anulación de la ciudadanía de Assange como ciudadano ecuatoriano. Eso es algo que voy a examinar y si la situación cambia veremos como accionar internacionalmente. Sin embargo, creo que los derechos humanos de Assange deben ser respetados” sostuvo sobre el fundador de WikiLeaks a quien la justicia británica negó la extradición hacia EEUU donde esperan juzgarlo por revelar al mundo los crímenes de guerra del gobierno estadounidense.

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Retroceso laboral de las mujeres por la pandemia

En 2020 se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo.

 

"El impacto en el nivel de ocupación y condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe generó un retroceso de una década en los avances logrados en materia de participación laboral en el continente", afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, durante la presentación del informe especial Covid-19 sobre la autonomía económica de las mujeres en la recuperación pospandemia

Según el documento, en 2020 se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo, La tasa de participación laboral de las mujeres (es decir, mujeres buscando trabajo) se situó en 46 por ciento en 2020, seis puntos por debajo que en 2019, cuando 52 por ciento de las mujeres en América Latina y el Caribe estaba trabajando o buscando trabajo. La de los hombres también cayó, pero sigue siendo significativamente mayor incluso que en niveles pre pandemia: 69 por ciento. 

Con este dato, el nivel de desempleo (que es un cociente entre la población desocupada y la que busca trabajo) puede llegar a dar más bajo. La Cepal calculó que el 12 por ciento de mujeres desempleadas en 2020 se elevaría al 22,2 por ciento si se asume la misma tasa de participación laboral de las mujeres de 2019. Es decir, si se asume que la cantidad de mujeres buscando trabajo disminuyó no por falta de necesidad de ingresos sino por frustración o un aumento de la demanda de las tareas de cuidado.

Por sector

Además de los efectos a nivel agregado, se esperan impactos de distinta magnitud en los sectores económicos. Desde el punto de vista de género, muchos de ellos cuentan con alta participación femenina, lo que impacta en el  vínculo con el trabajo de las mujeres. El 56,9 por ciento de las mujeres que participan del mercado laboral están expuestas por trabajar en sectores de alto riesgo como el comercio; la manufactura, sobre todo las maquilas en méxico y el Caribe; en el turismo, donde una de cada diez mujeres vivían de ese sector en el Caribe; hogares (trabajo doméstico remunerado); actividades inmobiliarias y servicios administrativos y de apoyo.

Uno de los más dañinos en términos de género, informalidad y a su vez imprescindibilidad es el trabajo doméstico remunerado. Se caracteriza por un alto nivel de precarización, y por la imposibilidad de ser realizado de forma remota, por lo que ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis. En 2019, previo a la pandemia, alrededor de 13 millones de personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado, el 91,5 por ciento mujeres. No obstante, en el segundo trimestre de 2020 los niveles de ocupación en el trabajo doméstico remunerado cayeron en la mayoría de los países, incluso por encima del 40 por ciento en el caso de Chile, Colombia y Costa Rica.

En este marco, Bárcena alentó a los gobiernos a “priorizar en sus estrategias de vacunación al personal de salud -incluidas las personas que prestan servicios asociados de limpieza, transporte y cuidados-, y a quienes se desempeñan en los sistemas educativos y en el trabajo doméstico, en su mayoría mujeres, que son un pilar fundamental para el cuidado y la sostenibilidad de la vida”.

El sector salud tampoco queda exento de la discriminación por género: un 73,2 por ciento de empleadas en el sector de la salud son mujeres que han tenido que enfrentar una serie de condiciones de trabajo extremas, como extensas jornadas laborales, que se suman al mayor riesgo al que se expone el personal de la salud de contagiarse del virus. Todo esto en un contexto regional en el que persiste la discriminación salarial, porque los ingresos laborales de las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud son un 23,7 por ciento inferiores a los de los hombres del mismo sector”, remata Alicia Bárcena.

Reactivación económica 

Ante este análisis de situación, desde la Cepal planten propuestas concretas para lograr una recuperación transformadora con igualdad de género. "Además de transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas de recuperación, se requieren acciones afirmativas en el ámbito de las políticas fiscales, laborales, productivas, económicas y sociales, que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y que enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo", afirma Bárcena. 

En este contexto, “urge promover procesos de transformación digital incluyentes que garanticen el acceso de las mujeres a las tecnologías, potencien sus habilidades y reviertan las barreras socioeconómicas que estas enfrentan, de manera de fortalecer su autonomía económica”, subrayó Alicia Bárcena. Resaltó el reducido esfuerzo fiscal del 1 por ciento del PBI regional que conlleva la propuesta de canasta básica digital de la Cepal (que incluiría una conexión básica y un dispositivo para 40 millones de hogares no conectados a Internet). El organismo calcula que podría impactar positivamente en una de cada cuatro mujeres del continente latinoamericano.

Por otro lado, aseguró que América Latina y el Caribe debe invertir en la economía del cuidado y reconocerla como un sector dinamizador de la recuperación, con efectos multiplicadores en el bienestar, la redistribución de tiempo e ingresos, la participación laboral, el crecimiento y la recaudación tributaria.

Además, destacó la importancia de “avanzar en un nuevo pacto fiscal que promueva la igualdad de género y que evite la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, la sobrecarga de trabajo no remunerado y la reducción del financiamiento de políticas de igualdad”.

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Lunes, 15 Febrero 2021 05:22

La tercera vía de Joe Biden

La tercera vía de Joe Biden

¿Qué pasará con China?

 

¿Qué hará Joe Biden con China? Se diría que es la incógnita más inquietante en la política mundial. Está descartado que imite el modus operandi de Donald Trump. También el retorno a una especie de tercer mandato de la era Obama. Las indicaciones generales parecen claras: mantener el fondo y cambiar las formas, pero incluso admitiendo esto, el marco de elasticidad es tan grande que multiplica el valor de los matices.

¿Qué datos objetivos podemos destacar en estas semanas posteriores al 20 de enero? La OMS descartó el origen de la pandemia en un laboratorio de Wuhan. Se anuncia para marzo una reunión entre Anthony Fauci y Zhong Nanshan, principales epidemiólogos respectivos. La cooperación bilateral en la lucha contra la Covid-19 tiene visos de prosperar, dejando atrás la nefasta política de Trump en tal sentido, incluida la abrupta salida de la propia OMS. Esto puede orillar los despropósitos conspiracionistas aireados por M. Pompeo y que encontraban idéntico nivel de retruque en Beijing. Otro campo factible es la cooperación climática.

Por el contrario, en el sensible asunto de Taiwán, las espadas siguen en alto, con incursiones militares de unos y otros y avisos a navegantes en todas las direcciones. Hong Kong, Tibet o Xinjiang nublan los cielos a otra escala con una retórica altisonante que no hace concesiones. Las demostraciones de inflexibilidad alcanzan también al Mar de China meridional.

Yang Jiechi, miembro del Buró Político y director de Asuntos Exteriores en el Comité Central del PCCh, ha buscado vías para recuperar la normalidad en las relaciones bilaterales sobre la base de que “China debe ser vista como es”, huyendo de errores de juicio estratégicos pues China, dice, en modo alguno tiene la intención de desafiar o reemplazar la posición de EEUU en el mundo. Para Yang, la clave está en respetar los “intereses centrales” del otro que en el caso chino son, básicamente, la soberanía, la integridad territorial, el sistema político y, ahora, los intereses de desarrollo. Son “líneas rojas”, dijo. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y Kurt Campbell, coordinador para la región del Indo-Pacífico, señalaban en Foreign Affairs en octubre del pasado año, que “el mundo debe vivir con China tal y como es” en un marco de coexistencia competitiva, alejándose del discurso de Pompeo en la Biblioteca Nixon en julio de 2020 cuando clamó por una lucha universal contra el PCCh.

Frente a la búsqueda de puntos de encuentro, la irrupción de documentos como el anónimo del Atlantic Council, abonado a la tesis de la resurrección de la guerra fría, ansía intervenir en el debate e inclinar la balanza. Otro ejemplo: bajo la dirección de Jared Cohen, ex asesor de Condoleezza Rice, y Eric Schmidt, ex director general de Google, un grupo independiente de 15 republicanos y demócratas, investigadores, empresarios, ingenieros y sinólogos, presentó recientemente un informe confidencial al gobierno de Estados Unidos en el que se aboga por una estrategia de mayor resistencia tecnológica a China. Otros firmantes del documento son Richard Fontaine, director general del “Center for a New American Security CNAS”, fundado con el citado Kurt Campbell o también Elizabeth Economy, sinóloga del Instituto Hoover de Stanford, Alexander Wang, formado en el MIT, o Marissa Giustina, ingeniera de Google. Si en el debate digital global siempre han predominado las voces que alertaban sobre los peligros de una ruptura del flujo de datos científicos abogando por compartir la investigación sin límites en consonancia con un espíritu de apertura que se resistía a los imperativos de otra naturaleza que no fuera la promoción del conocimiento, los autores sostienen que el dominio tecnológico, factor clave para la seguridad, la prosperidad y la garantía del modo de vida democrático, se ve ahora amenazado por la aparición de China como potencia que está a punto de superar a Estados Unidos en áreas sensibles. La idea principal del documento es que el “desacoplamiento”, del que muchos científicos recelaban, se ha convertido ahora en una “solución deseable”.

Biden, por otra parte, debe haber tomado buena nota de una realidad inapelable: la guerra comercial de Trump con China fue un fracaso en todos los sentidos. Ni alcanzó sus metas políticas (doblegar a China) ni frenó el déficit comercial ni alentó sus exportaciones. Veremos como ese diagnóstico repercute en los aranceles. En lo tecnológico, ha supuesto dificultades inapelables para empresas chinas pero también estadounidenses y está por ver quién puede invertir más en los próximos años en los sectores capitales, desde la inteligencia artificial a las biotecnologías o las energías verdes y otras altas tecnologías. No hay un claro ganador y si algo sorprende es el ritmo y la proyección de la innovación china.

Se dice que en EEUU hay un consenso bipartidista acerca de China, pero este podría quebrarse en la medida en que los demócratas se alejen de los postulados de Trump y sus acólitos. Y también que Biden lo tendrá más fácil que su antecesor para alargar la unidad de criterio con los países aliados, un vínculo que Trump debilitó. Pero tampoco esto debe darse por seguro si China con la UE, o Japón o Corea del Sur, etc., logra fraguar y/o desarrollar acuerdos comerciales potentes. Que la opción de seguridad para muchos de ellos es EEUU no ofrece dudas; más discutible es que fórmulas como el QUAD (EEUU, Japón, India y Australia) cuajen del todo ni tampoco que eso llegue a ser suficientemente disuasivo ante el fortísimo esfuerzo chino en defensa. En cualquier caso, no debe darse por seguro que todos seguirán a pies juntillas la política de EEUU, cualquiera que fuese, respecto a China.

El Financial Times recordaba días atrás como los flujos de inversión desmienten las tensiones geopolíticas entre ambos países. Muchas multinacionales estadounidenses recelan de los llamamientos al desacoplamiento aun reconociendo la existencia de diferentes enfoques en algunas cuestiones. Pero todas admiten haber ganado mucho dinero en China, un mercado que no es prescindible en un contexto de elevado entrelazamiento de todas las economías y con tantas incertidumbres en cuanto a la recuperación del crecimiento. Tampoco la UE, Japón o Corea del Sur pueden desprenderse de la atracción gravitatoria ejercida por China con un mero chasquido de dedos.

Estos cuatro años de presidencia Biden serán claves para concretar una posible alternativa en la relación con China, diferente a la firmeza hegemónica de Trump que ha conducido a un peligroso bloqueo de la situación. Ante la perspectiva de “cambios nunca vistos en un siglo”, no es descabellado imaginar que las tensiones estarán al orden del día, ya hablemos de la economía, el comercio, la tecnología, la diplomacia o la seguridad, campos en los que Beijing se juega el futuro de su proyecto. Beijing dice no tener prisa pero juega con algunas fechas marcadas (2027, 2035, 2049). Aun así, la ansiedad estratégica pesa más del lado estadounidense ante el temor de un irremediable declive, que tantos vaticinan (y otros relativizan). El contraste entre un país roto y otro aglutinado es reflejo también del contraste entre dos nacionalismos.

Lo que de ambas partes se exigiría es moderación en todos los sentidos, la recuperación del diálogo, la delimitación precisa de los campos en que es posible avanzar conjuntamente y su potenciación, al igual que el señalamiento de las áreas de discrepancia para ser encapsuladas y tratadas con profesionalidad. En suma, rebajar las tensiones, buscar la estabilidad y dejar que el tiempo haga su trabajo y ponga a cada cual en su lugar. La tercera debiera ser una vía en permanente construcción.

Por Xulio Ríos | 15/02/2021 

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La ONU pide levantar las sanciones a Venezuela por sus efectos devastadores

La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió este viernes levantar las sanciones económicas que varios países han impuesto a Venezuela en los últimos años, en vista de los «efectos devastadores» que han tenido estas restricciones financieras sobre la vida de los ciudadanos.

El exhorto lo hizo la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, al término de una visita de 12 días al país, en la que se entrevistó con decenas de personas para entender, dijo, una «situación muy compleja y alarmante».

Si bien las observaciones presentadas en rueda de prensa son de carácter preliminar, aclaró la relatora, estas surgieron de un «diálogo franco y abierto» en el que hubo «exhaustivas consultas con una amplia gama de interlocutores».

EL DIAGNÓSTICO

Venezuela enfrenta una carencia en categorías como maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas, mientras que los activos del país congelados en los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal representan 6.000 millones de dólares.

El informe, que la relatora leyó en primera persona frente a decenas de periodistas, estima también que desde 2015 el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor oscila entre 1 y 5 millones, si bien la propia ONU estima que son 5,4 millones de emigrantes en este momento.

Según el escrito, los servicios públicos, que presentan desde hace años numerosos fallos, han tenido una merma del 30 al 50 % de su personal, mientras que hay más de 2,5 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria severa.

«Cuatro años de hiperinflación han traído como consecuencia la total devaluación de la moneda nacional», señaló Douhan, para luego recordar que cerca del 90 % de la población recibe menos de 10 dólares mensuales, lo que alcanza para menos del 1 por ciento de la cesta alimentaria y les condena a la pobreza extrema.

Los problemas de transporte, causados entre otros por la escasez de gasolina, así como la falta de electricidad y una reducida cobertura de telefonía móvil e internet ponen en peligro el disfrute del derecho a la educación.

LAS SANCIONES

«Las sanciones unilaterales impuestas, cada vez en mayor medida, por los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países han exacerbado las calamidades (en Venezuela)», explicó Douhan, quien mencionó que el país hoy percibe menos del 1 % del ingreso que tenía antes de que comenzaran las medidas coercitivas.

Principalmente desde Estados Unidos, pero también desde otros países americanos y europeos, se han aplicado cientos de sanciones contra funcionarios de la llamada revolución bolivariana y sobre el sistema financiero nacional.

Este embargo económico incluye la prohibición de hacer negocios con la estatal petrolera Pdvsa o la congelación de activos del Banco Central de Venezuela (BCV), pero también el hecho de que EE.UU. ha tratado de impedir que Venezuela reciba combustible de Irán y de que ha habido «amenazas» y «presiones» para que terceros no suscriban contratos con Caracas.

También en el marco de las sanciones, que en su mayoría están sustentadas en el señalamiento del Gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, Venezuela, o al menos el Ejecutivo, no ha podido acceder a dinero público depositado en el extranjero.

La relatora subrayó que sancionar sectores económicos como el petróleo, oro, minería y otros, la aerolínea estatal y la industria de la televisión estatal constituyen «una violación del derecho internacional y su ilicitud no se excluye con hacer referencia a las contramedidas».

En este sentido, recordó que los activos del BCV y los bienes utilizados para funciones públicas pertenecen al Estado venezolano y no al Gobierno y, por lo tanto, la congelación de estos recursos «viola los derechos soberanos del país e impide a su Gobierno ejercer su deber de garantizar las necesidades de la población».

LAS RECOMENDACIONES

Douhan concluye que las sanciones impuestas al país «afectan al pueblo venezolano» y «han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes», lo cual «ha tenido un efecto devastador en toda la población».

Esto, además, deja a las personas cada vez más dependientes de la ayuda social de un Gobierno que tradicionalmente ha usado las importaciones para saciar las necesidades de comida y salud, y que ahora no es capaz de sufragar estas demandas, entre otras razones, por la merma casi total de su poder adquisitivo.

La relatora subrayó la «inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente» e instó al Gobierno de los EE.UU. a «reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano», así como «revisar y levantar las sanciones secundarias impuestas a terceros países», relacionadas con la tirantez entre Caracas y Washington.

El exhorto también se dirigió a todos los Estados para que revisen y levanten las sanciones selectivas «para garantizar que los funcionarios del Gobierno de Venezuela puedan representar al Estado con base al principio de igualdad soberana».

Asimismo, se exhorta al Gobierno de Maduro para que, junto a agencias de la ONU, negocie un acuerdo para «garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales sin distingos».

Douhan se dijo preocupada por la falta de personal sanitario y de medicamentos en Venezuela, por lo que lamentó que los intentos por liberar los fondos congelados del país en el extranjero hayan sido infructuosos pues, remarcó, estos serían usados para paliar esta situación.

De igual modo, se mostró alerta ante «la vigilancia y enjuiciamiento» del personal de las ONG involucradas en el trabajo humanitario y la ausencia de normas provisionales que regulen el trabajo de estas asociaciones en el país, por lo que cree necesario que se establezca un marco legal claro y no discriminatorio al respecto.

LAS REACCIONES

La oposición venezolana acusó a la relatora de seguir la narrativa del Gobierno sobre las sanciones económicas a su país, si bien Douhan aseguró en la rueda de prensa que su trabajo se rigió por un independencia total.

«Lamentamos que una relatora de ONU se preste para la propaganda y narrativa que excusa al régimen de su responsabilidad en la Emergencia Humanitaria y la violación de DDHH en el país», dijo el exparlamentario Miguel Pizarro en Twitter.

El opositor indicó que la relatora cometió imprecisiones pues, según dijo, no mencionó «temas como corrupción, ineficiencia, violencia política y uso del hambre como herramienta de control social y político».

Maduro, por su parte, reconoció que la crisis humanitaria de Venezuela es «enorme» y reiteró su denuncia de que es causada por las sanciones, pese a que la situación crítica comenzó años antes de que el país fuera sancionado.

«Hoy la relatora ha hecho un llamado al Gobierno de Estados Unidos, al Gobierno de la Unión Europea (UE) a que revisen las sanciones y levanten las sanciones contra Venezuela porque han exacerbado una crisis humanitaria gigantesca, enorme, contra el pueblo», dijo Maduro, que hasta mediados de 2019 negaba la existencia de la urgencia humanitaria.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacional/onu-pide-levantar-sanciones-venezuela-efectos-devastadores_1_7216472.html

Por | 13/02/2021

 

A continuación, el informe completo

Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales:

La Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, concluye su visita a la República Bolivariana de Venezuela

Resultados preliminares de la visita a la República Bolivariana de Venezuela

Caracas (12 de febrero de 2021), La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, visitó la República Bolivariana de Venezuela del 1 al 12 de febrero de 2021. La Relatora agradece al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por permitir y apoyar su visita al país. El propósito de la visita fue evaluar el impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en Venezuela y cualquier otra persona afectada.

Estas observaciones son de carácter preliminar, resultado de extensas consultas con una amplia gama de interlocutores. El informe completo se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.

El Relator Especial se reunió con el Presidente y el Vicepresidente de la República; los Vicepresidentes a cargo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral; los Ministros de Relaciones Exteriores, de Salud, de Educación, de Planificación, de Economía, de Finanzas, de Petróleo, de Minería, de Alimentación, de Mujer e Igualdad de Género, de Bloqueo, de Vivienda, de Trabajo Social, de Ciencia, de Tecnología, de Transporte, de Cultura y de Pueblos Indígenas; el Coordinador de los Comités Locales de Producción y Abastecimiento (CLAP); el Secretario General del Comité de Derechos Humanos; el Presidente de PDVSA; el Presidente del Banco Central, el Director de Telecomunicaciones el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General, el Procurador General; el Presidente y los miembros de la Asamblea Nacional; el Defensor del Pueblo; el Secretario Ejecutivo del ALBA; representantes de todo el espectro de partidos políticos, de la oposición y de los sindicatos; de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales; del sector privado; de la iglesia católica; así como actores no gubernamentales venezolanos que trabajan en los ámbitos de la salud, los derechos humanos, la protección de la infancia, las mujeres y los ancianos; personal médico; profesores universitarios; maestros de escuela; investigadores independientes y, lo que es más importante, víctimas de violaciones de los derechos humanos.

La Relatora Especial también se reunió con representantes del equipo de las Naciones Unidas en el país y de la comunidad diplomática. Visitó el Hospital Infantil del Corazón; la planta farmacéutica Quimbotiec; el complejo Canaimita; la escuela primaria Hugo Chávez y el preescolar Ciudad Mariche, en las afueras de Caracas. En el Estado de Carabobo, el Gobernador facilitó una reunión con los directores de las empresas públicas (agua, electricidad, gas y telecomunicaciones), la maternidad adscrita al hospital estatal, uno de los centros provinciales de salud primaria inspirados en el modelo cubano y varias organizaciones no gubernamentales.

La Relatora Especial extiende su agradecimiento y gratitud a todos estos interlocutores que han ofrecido generosamente su tiempo, información, análisis, experiencias y pensamientos para ayudarla a comprender en poco tiempo lo que ha resultado ser una situación muy compleja y alarmante.

La Relatora Especial elogia la cálida acogida y la forma constructiva y cooperativa en que el Gobierno facilitó su visita, lo que permitió un diálogo franco y abierto. Expresa su especial agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores por su eficaz colaboración con su oficina. También agradece a la oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas su apoyo y asesoramiento durante la visita.

Contexto de la visita al país

Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela desde 2005, cuando introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente implicadas en el tráfico de drogas. Impuso un embargo de armas en 2006 por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente en los esfuerzos antiterroristas.

Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos a los que se acusa, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores políticos, recortar las libertades de prensa y la corrupción. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior de Estados Unidos.

En 2017, Estados Unidos calificó de ilegítimas las elecciones legislativas venezolanas e impuso sanciones contra el Gobierno y sus entidades, incluida PDVSA, bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, tras las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endureció sus sanciones contra el gobierno, citando la mala gestión económica, la corrupción, la represión de los opositores políticos y los esfuerzos por socavar la democracia.

En enero de 2019, tras reconocer al líder legislativo Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso más sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019. Estados Unidos también dio a Guaidó el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo. Otras sanciones de Estados Unidos en 2018 y 2019 se dirigieron a los sectores del oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca. En septiembre de 2020, se impusieron sanciones estadounidenses a cinco legisladores que dirigían partidos que cooperaban con el Gobierno. Desde 2020, Estados Unidos ha tratado de bloquear a Venezuela para que no obtenga combustible de Irán mediante la inclusión en la lista de capitanes de petroleros, la prohibición del uso de puertos aéreos y marítimos venezolanos y el bloqueo de activos de Rosneft. Al parecer, funcionarios estadounidenses han proferido amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros Estados con Venezuela.

El Relator Especial toma nota de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos, de 21 de enero de 2020, de revisar las sanciones de los Estados Unidos para minimizar el impacto humanitario de la pandemia, y de la medida del Gobierno de los Estados Unidos, de 2 de febrero de 2021, de suavizar las sanciones que afectan al funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos.

La Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, entre ellas un embargo de armas, la prohibición de exportar otros bienes que pudieran utilizarse para la represión interna, la prohibición de exportar tecnología y material hecho para la vigilancia o interceptación de las telecomunicaciones, y la prohibición de viajar y la congelación de activos de personas cuyas acciones fueron consideradas por la UE como un atentado contra la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, que han sido impugnadas por Venezuela ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se informó de que 1.200 millones de dólares en fondos del Gobierno de Venezuela han sido congelados por un banco portugués en 2019. Cerca de 2.000 millones de dólares en oro propiedad del Banco Central de Venezuela y depositados en el Banco de Inglaterra también están congelados mientras avanza un caso en los tribunales británicos.

En 2017 y 2018, Canadá congeló activos y prohibió las transacciones de bienes de funcionarios venezolanos acusados de represión, graves violaciones de los derechos humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos. En 2018, México congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a 13 altos funcionarios venezolanos. En 2018 y 2019, Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela y congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a funcionarios venezolanos. En 2019, Colombia prohibió la entrada de unos 200 venezolanos vinculados al gobierno. Panamá impuso sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas en 2018 consideradas de alto riesgo de participar en el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

En 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles el acceso a sus sistemas financieros. También en 2019, la mayoría de las partes del Tratado de Río aprobaron una resolución que permitía imponer sanciones selectivas, incluida la congelación de activos, a funcionarios venezolanos presuntamente implicados en el narcotráfico, las actividades terroristas, la delincuencia organizada y/o las violaciones de derechos humanos.

El 13 de febrero de 2020, Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas coercitivas unilaterales.

Situación económica y humanitaria en Venezuela

Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del planeta. El petróleo ha sido la principal exportación del país y la principal fuente de ingresos y divisas. Desde el año 2000, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un amplio abanico de proyectos sociales en los ámbitos de la vivienda, la educación, la alfabetización, la alimentación, el suministro de electricidad y agua, la atención sanitaria, la planificación familiar, la alfabetización informática y el desarrollo de las comunas, muchos de los cuales se han ejecutado sin coste alguno para el pueblo o han sido sustancialmente subvencionados por el Estado. La economía monoorientada ha dependido en gran medida de las ventas de petróleo; la mayoría de los productos, desde la maquinaria y las piezas de repuesto hasta los alimentos y los medicamentos, se han importado principalmente de Estados Unidos y Europa. La producción interna se ha mantenido en un nivel bastante bajo y no ha podido satisfacer las necesidades del consumo interno. El declive de la economía comenzó en 2014 con la caída de los precios del petróleo. Entre otros factores que afectan a la economía de Venezuela, se han citado la mala gestión, la corrupción y los controles estatales de precios.

Las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas mencionados. Se ha informado de que los ingresos del Gobierno se han reducido en un 99% y que el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones. Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estado y a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas. Cuatro años de hiperinflación han provocado la devaluación total de la moneda nacional (1 USD = 1,8-1,9 millones de bolívares). Esto ha provocado la disminución de los salarios del sector público de 150-500 USD en 2015 a 1-10 USD en 2020, y un creciente nivel de pobreza. En 2018-2019, el Gobierno introdujo nuevas políticas económicas: se levantó el control de precios y se permitió que el sector privado volviera a entrar en la economía.

Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones a las que se enfrenta el país desde 2015 socava el posible impacto positivo de las actuales reformas, así como la capacidad del Estado para mantener las infraestructuras y ejecutar proyectos sociales. Actualmente, Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. Se informa de que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados. El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo o la reticencia de los bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluidas las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; las dificultades para obtener visados y comprar billetes; la necesidad de actuar a través de agentes de terceros países; y la necesidad de pagar costes de seguro adicionales. El refuerzo de las sanciones económicas y el creciente exceso de cumplimiento dieron lugar a la aprobación de la Ley Constitucional Antibloqueo en octubre de 2020.

Se ha informado de que las líneas eléctricas pueden trabajar hoy en día a menos del 20% de su capacidad. Se estima que el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor desde 2015 oscila entre 1 y 5 millones, y que la población se reducirá a unos 27 millones en 2021. La mayoría de los servicios públicos se han visto mermados entre un 30% y un 50% de su personal, incluido el más cualificado (médicos, enfermeras, ingenieros, maestros, profesores, jueces, policías, etc.), lo que ha provocado una desorganización interna, un aumento de la carga de trabajo para el personal restante, una reducción de los servicios y una disminución de su calidad.

Se calcula que el 90% de los hogares están conectados al sistema nacional de distribución de agua. Sin embargo, numerosos hogares denuncian cortes frecuentes debido a los cortes de electricidad que afectan a las bombas de agua y al mantenimiento de las infraestructuras, y a la escasez de personal de mantenimiento cualificado. La distribución de agua sólo puede hacerse «por turnos» para garantizar su entrega a toda la población, y la mayoría de los hogares sólo pueden acceder al agua una o dos veces por semana durante varias horas. Debido a los impedimentos comerciales, el uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua para hacerla potable se ha reducido en un 30%.

Los impedimentos a la importación de alimentos, que constituyen más del 50% del consumo de alimentos, han provocado el crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Los mecanismos para hacer frente a esta situación incluyen la disminución del número de comidas al día (1 o 2 en lugar de 3); la reducción de la cantidad y la calidad de los alimentos; la descapitalización/venta de los bienes del hogar para comer; y la reducción de los gastos en salud, ropa y educación; con un aumento correlativo de las crisis familiares, las tensiones, la violencia y las separaciones; el trabajo infantil; la participación en la economía sumergida; la actividad delictiva, incluido el tráfico de drogas y de personas; el trabajo forzoso; y la migración. El programa de cajas de alimentos CLAP, iniciado como iniciativa gubernamental en 2017 y que abarca 6 mln. de hogares en todo el país, disminuye la diversidad de artículos.

Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, mientras que la mayoría de los servicios médicos públicos eran proporcionados por el Estado de forma gratuita antes de 2016. Los impedimentos para la atención sanitaria incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer a los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene; el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos o a la negativa a venderlos o entregarlos; la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios; y la finalización de la construcción de hospitales y centros de atención primaria.

En particular, el Hospital Cardiológico Infantil de Caracas enfrenta una disminución de 5 veces el número de cirugías (de un promedio de 1.000 intervenciones anuales en el período 2010-2014 a 162 en 2020). Las plazas de personal médico en los hospitales públicos están vacantes en un 50-70%. Solo alrededor del 20% de los equipos médicos están actualmente en funcionamiento. El país se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso, según los informes, un grave aumento de la tasa de mortalidad. El desvío de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; dichos trasplantes se habrían realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado. El Relator Especial también observa el crecimiento reportado de la mortalidad neonatal y materna desde 2013, con una leve mejoría en 2019, cuando se activó la cooperación humanitaria con UNICEF, la OPS, la iglesia y otras organizaciones humanitarias.

Otros efectos nocivos de la crisis son el creciente problema de los embarazos en adolescentes, que está alcanzando un nivel de crisis con niñas de 12-13 años que se quedan embarazadas en medio de la falta de acceso a la información y al uso de métodos anticonceptivos; y el aumento del VIH/SIDA debido a las relaciones sin protección.

La educación escolar y universitaria se ha enfrentado a una grave disminución del apoyo gubernamental desde 2016, incluyendo la terminación o la reducción del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas y material de oficina; y la reducción del número de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminución de su cantidad y diversidad de alimentos o su cancelación total. La indisponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones públicas venezolanas y, a menudo, con las privadas, ha provocado la suspensión del Programa Canaima, iniciado en 2015 para ensamblar ordenadores portátiles compactos con fines educativos, de los que se han distribuido 6,5 millones a través del sistema escolar sin coste alguno. Incidentes técnicos en 2019 incapacitaron el satélite público de Venezuela, reduciendo sustancialmente la cobertura de Internet en el país y haciendo difícilmente posible el aprendizaje a distancia en el curso de la pandemia.

Ante la crisis económica y humanitaria, el gobierno venezolano activó la cooperación con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, la OPS, otras agencias internacionales, así como con la iglesia, el sector privado y las ONG humanitarias que prestan ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos. Sin embargo, los intentos de liberar los fondos congelados en el Banco de Inglaterra para la compra de medicamentos, vacunas, kits de protección y equipos médicos a través del PNUD y la OPS en 2020 han fracasado. No se han liberado fondos para la compra de COVAX a través de la OPS en 2020 – 2021. A pesar de la intensificación del trabajo con los actores humanitarios, se han reportado algunos casos de vigilancia y persecución del personal de las ONG nacionales que participan en el trabajo humanitario.

Evaluación de la base legal para la imposición de sanciones:

El Relator Especial considera que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2015 como fundamento para introducir sanciones contra Venezuela, y repetidamente prorrogado, no se corresponde con los requisitos del art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tales como la existencia de una amenaza para la vida de la nación, la limitación de las medidas a las exigencias de la situación, una duración limitada, la ausencia de discriminación, la prohibición de derogar el derecho a la vida y la prohibición de castigar una actividad que no constituya un delito, como se menciona en la comunicación de los expertos en derechos humanos de 29 de enero de 2021.

El Relator Especial subraya que las sanciones unilaterales contra los sectores petrolero, aurífero, minero y otros sectores económicos, la compañía aérea estatal y la industria de la televisión constituyen una violación del derecho internacional, y no se excluye su ilicitud con referencia a las contramedidas. El propósito anunciado de la campaña de «máxima presión» -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta a sus relaciones regionales.

Refiriéndose a las normas consuetudinarias sobre la inmunidad de los bienes del Estado, el Relator Especial recuerda que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para las funciones públicas pertenecen al Estado de Venezuela y no a su Gobierno o a cualquier individuo. Por lo tanto, la congelación de los activos del Banco Central de Venezuela por no reconocer a su Gobierno, así como la adopción de las sanciones pertinentes, viola los derechos soberanos del país e impide que su gobierno efectivo ejerza su deber de garantizar las necesidades de la población.

La Relatora Especial subraya que la inclusión de funcionarios del Estado en la lista de oficio contradice la prohibición de castigar una actividad que no constituye un delito, impide a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en los tribunales internacionales y otras instituciones internacionales, y socava el principio de igualdad soberana de los Estados. Asimismo, señala que las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección, bajo el control de organizaciones internacionales, viola el mencionado principio e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia COVID-19.

Al Relator Especial le preocupa que las sanciones selectivas unilaterales en su forma actual violen, como mínimo, las obligaciones que se desprenden de los instrumentos universales y regionales en el ámbito de los derechos humanos, muchas de las cuales son de carácter perentorio -garantías procesales y presunción de inocencia con vistas a que los motivos de su introducción no constituyan en su mayor parte crímenes internacionales ni cumplan con los fundamentos de la jurisdicción penal universal, al tiempo que toma nota del hecho de la presentación ante la Corte Penal Internacional por parte de un grupo de Estados de una remisión contra Venezuela el 27 de septiembre de 2018.

El Relator Especial subraya que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a nacionales y empresas de terceros Estados por la cooperación con las autoridades públicas, nacionales y empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a dichos terceros Estados, no se justifica en virtud del derecho internacional y aumenta los riesgos de exceso de cumplimiento de las sanciones. El Relator Especial observa con preocupación las presuntas amenazas a empresas privadas y a donantes, socios y organizaciones humanitarias de terceros países, así como la introducción de cláusulas de confidencialidad en la Ley Constitucional Antibloqueo de Venezuela en lo que respecta a la identidad de los socios correspondientes.

Impacto en el disfrute de los derechos humanos:

El Relator Especial observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias petrolera, aurífera y minera, el bloqueo económico de Venezuela y la congelación de los activos del Banco Central han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente la que se encuentra en situación de extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas o que ponen en peligro la vida, y la población indígena.

El Relator Especial subraya que las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, están sujetas a procedimientos largos y costosos, y no cubren la entrega de repuestos, equipos y maquinaria necesarios para el mantenimiento y la restauración de la economía y los servicios públicos.

Al Relator Especial le preocupa que la aplicación de sanciones secundarias extraterritoriales, así como las presuntas amenazas de sanciones, den lugar a un exceso de cumplimiento de los regímenes de sanciones existentes, impidiendo al Gobierno de Venezuela, a su sector público y a las empresas privadas adquirir maquinaria, repuestos, medicamentos, alimentos, suministros agrícolas y otros bienes esenciales, incluso dentro de las licencias concedidas por el Gobierno de los Estados Unidos. UU., y también dan lugar a un número creciente de denegaciones de transferencias bancarias, a la ampliación de los plazos de las transferencias bancarias (de 2 a 45 días), al aumento de los costes de entrega, seguro y transferencia bancaria, así como a las subidas de precios comunicadas para todos los bienes (especialmente los importados).

El Relator Especial observa con preocupación que la ausencia de recursos y la reticencia de los socios, bancos y empresas de reparto extranjeras a tratar con los socios venezolanos se traduce en la imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos necesarios, los reactivos y las piezas de repuesto para la reparación y el mantenimiento de los sistemas de electricidad, gas, agua, transporte público, teléfono y comunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas y otras instituciones públicas, lo que menoscaba el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.

A pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en Venezuela, se estima que el salario medio del sector público es de 2 a 3 dólares de los EE.UU. al mes, lo que cubre menos del 1% de la cesta básica de alimentos y hace que la población dependa cada vez más del apoyo social del Gobierno en forma de CLAP (alimentos) y de transferencias periódicas de dinero a través de la «Carta de la Patria», de múltiples subsidios para los funcionarios públicos, así como de la ayuda humanitaria extranjera.

El Relator Especial observa que esto aumenta el nivel de migración, facilita la participación de personas en la economía gris, afectando en primer lugar a especialistas de alto nivel del sector público, incluyendo médicos, enfermeras, maestros, profesores universitarios, ingenieros, policías, jueces, técnicos y muchos otros, violando sus derechos económicos, incluyendo los derechos al trabajo, al trabajo decente, a la seguridad social, incluyendo el seguro social, y a un nivel de vida adecuado. El número de vacantes entre el personal necesario para garantizar el funcionamiento normal de los servicios públicos habría alcanzado entre 1/3 y 1/2. La migración masiva en ausencia de un transporte asequible pone en peligro la vida de los migrantes e impone cargas adicionales a los países receptores. Se ha denunciado, entre otros problemas, el acceso a los alimentos, las medicinas y la asistencia médica para los migrantes venezolanos, la falta de documentos de identidad para los niños nacidos en el extranjero, la separación de las familias y la ausencia de la debida atención a los niños que se quedan con los abuelos en Venezuela.

Al Relator Especial le preocupa que la falta de gasolina, con el consiguiente aumento de los precios del transporte, viole la libertad de circulación, impida el acceso a los hospitales, las escuelas y otros servicios públicos, agrave los problemas de entrega y distribución de alimentos y suministros médicos -especialmente en las zonas remotas del país, lo que afecta, entre otras cosas, a la población indígena- y provoque retrasos en los servicios públicos, incluida la justicia penal y civil. La reportada falta de gasoil, mayormente utilizado para fines agrícolas, industriales y de transporte, tiene un potencial efecto dramático en la producción y almacenamiento de alimentos, con el riesgo de exacerbar aún más la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano que ya enfrenta un deterioro en la cantidad y calidad de los alimentos y una mayor desnutrición, aumentando por lo tanto los riesgos de salud y las amenazas a la vida.

El Relator Especial observa con preocupación que, debido a la falta de disponibilidad de maquinaria nueva, piezas de repuesto y personal competente, el pueblo de Venezuela tiene un acceso limitado a la electricidad, lo que impide, entre otras cosas, el funcionamiento de las bombas de agua, lo que da lugar a la violación del derecho al agua, incluida el agua potable y el agua para el saneamiento, aumentando los riesgos de enfermedades pertinentes.

El Relator Especial subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de material escolar, de uniformes escolares y de comida en la escuela, que solía proporcionar el Gobierno, los problemas de transporte, la ausencia de electricidad y la reducida cobertura de Internet y de telefonía móvil ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educación. Las razones anteriores, así como la reportada imposibilidad de utilizar recursos en línea con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la información y la libertad de expresión. La supuesta reticencia de los socios extranjeros a cooperar con las instituciones venezolanas, incluidas las universidades, las sociedades deportivas y las ONG, así como los impedimentos a las transferencias de dinero, las dificultades para obtener visados y la negativa a abrir y el cierre de cuentas bancarias de ciudadanos venezolanos o de empresas públicas y privadas con sede en Venezuela por temor a sanciones secundarias, afectan al derecho a la educación, a las libertades académicas y a los derechos culturales, e impiden la prestación de ayuda humanitaria.

Al Relator Especial también le preocupa que la escasez de gas, que obliga a la gente a cocinar con fuegos de leña, pueda violar el derecho a un entorno favorable. Observa que, debido a la necesidad de garantizar las necesidades humanas esenciales para la supervivencia, el Gobierno habría suspendido todos los programas destinados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los proyectos agrícolas y sanitarios, la protección del medio ambiente, la mejora de la alfabetización y la informática, la reconstrucción y otros.

La Relatora Especial subraya que el bloqueo de bienes, activos y cuentas bancarias de ciudadanos de Venezuela por parte de bancos extranjeros y corresponsales, muchas veces por exceso de cumplimiento, resulta en la violación del derecho a la propiedad. También observa con preocupación que la aplicación de sanciones unilaterales contra Venezuela afecta a los derechos de los nacionales de terceros países, en particular, la rescisión de contratos con empresas de terceros países tiene el riesgo potencial de afectar a los derechos económicos y de propiedad de sus propietarios y empleados; y la ausencia de contribuciones de Venezuela, que solía donar a proyectos de asistencia regional (por ejemplo, el ALBA), está afectando negativamente al derecho a la ayuda humanitaria de sus beneficiarios más allá de las fronteras de Venezuela.

El Relator Especial reconoce que las sanciones selectivas y secundarias violan los derechos a un juicio justo, las garantías procesales, la libertad de circulación, los derechos de propiedad y el derecho a la reputación. Las sanciones contra representantes de grupos de la oposición por su participación en las elecciones violan su derecho a tener y expresar opiniones, y a participar en los asuntos públicos. Mientras que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 275) ofrece a las personas incluidas en la lista la posibilidad de acceder al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aunque no existan garantías procesales antes de que se adopten las decisiones sobre las sanciones, el Relator Especial señala que no se garantiza el acceso a la justicia en lo que respecta a las sanciones de los Estados Unidos, especialmente en vista de las numerosas negativas denunciadas por parte de abogados estadounidenses a presentar casos ante la OFAC debido a las supuestas amenazas del Gobierno de los Estados Unidos o al temor a hipotéticas sanciones.

El Relator Especial concluye que las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a las personas de Venezuela y de fuera de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; a los nacionales de terceros países y a los empleados de empresas de terceros países afectados por las sanciones secundarias o por el temor a las mismas; a los donantes y a las ONG humanitarias internacionales; a los beneficiarios de la asistencia de las organizaciones internacionales tradicionalmente financiadas por Venezuela; mientras que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o con enfermedades crónicas o graves son los más afectados con respecto a todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.

El Relator Especial acoge con satisfacción los informes sobre el mayor compromiso del Gobierno de Venezuela con el PNUD, el UNICEF, el ONUSIDA, la OPS, otros organismos internacionales y las ONG eclesiásticas, del sector privado y humanitarias, en la prestación de ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos, ayudando así a unos 4 millones de personas. Sin embargo, al Relator Especial le preocupan los informes sobre la mala gestión en la distribución de la ayuda humanitaria, la vigilancia y la persecución del personal de las ONG nacionales que participan en la labor humanitaria, y la ausencia de un reglamento provisional para el trabajo de las ONG internacionales.

Recomendaciones del Relator Especial:

La Relatora Especial recuerda a todas las partes su obligación, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de las controversias internacionales. La Relatora Especial les insta a que resuelvan cualquier disputa a través de las instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes.

La Relatora Especial subraya que las preocupaciones humanitarias deben prevalecer siempre sobre las políticas y que las medidas unilaterales sólo pueden adoptarse teniendo en cuenta el Estado de Derecho, las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario; deben cumplir las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados y sólo pueden aplicarse en el marco de contramedidas internacionalmente lícitas. El Relator Especial recuerda que las evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario deben realizarse en el curso de cualquier actividad unilateral, ya que ninguna buena intención justifica la violación de los derechos humanos fundamentales como «daño colateral».

El Relator Especial subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones de forma extraterritorial e insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la emergencia nacional en relación con Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector público de Venezuela, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados y abstenerse de imponer sanciones al suministro de gasóleo que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.

El Relator Especial insta a todos los interlocutores (incluidos los Estados, las organizaciones internacionales, los bancos, las empresas privadas y la sociedad civil) a que eviten la coacción, las amenazas escritas u orales o cualquier otro acto que pueda provocar o dar lugar a un exceso de cumplimiento, y a que interpreten todas las limitaciones de la manera más estricta posible en el período intermedio antes del levantamiento de las sanciones unilaterales, teniendo debidamente en cuenta las Orientaciones emitidas por el Relator Especial en diciembre de 2020.

El Relator Especial pide a todos los Estados que revisen y levanten las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el Estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, que garanticen la posibilidad de que los funcionarios del Estado de Venezuela representen al Estado sobre la base del principio de igualdad soberana de los Estados, y que garanticen los derechos de las personas afectadas a la presunción de inocencia, las garantías procesales, el acceso a la justicia y otros derechos fundamentales.

El Relator Especial insta a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y los Estados Unidos y a los bancos correspondientes a que descongelen los activos del Banco Central de Venezuela para adquirir medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela y el restablecimiento de los servicios públicos en colaboración con el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas y mediante mecanismos mutuamente acordados y supervisados por ellos.

Aunque reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales en el amplio ámbito de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo, el Relator Especial pide al Gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que apliquen plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, que refuercen la presencia de la OACDH en el terreno para supervisar, entre otras cosas, el impacto de las sanciones unilaterales y que organicen visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país.

El Relator Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela, al PNUD, a otras agencias de la ONU y a la OACDH en Venezuela para que negocien un acuerdo que garantice la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y de la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales, independientemente de la raza, el género, la nacionalidad, la edad, las creencias religiosas o las opiniones políticas, teniendo debidamente en cuenta a los grupos con necesidades especiales.

La Relatora Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que, en colaboración con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y el ACNUDH en Venezuela, termine de redactar una legislación clara y no discriminatoria que permita y facilite la labor humanitaria de las ONG internacionales y nacionales en Venezuela, y garantice la seguridad e integridad de su personal. Al mismo tiempo, se refiere a la obligación de las ONG humanitarias de cumplir con las normas de la actividad puramente humanitaria.

[Fin]

Publicado enInternacional
Sábado, 13 Febrero 2021 06:35

El legado de la pandemia

El legado de la pandemia

Nadie olvidará el 2020. Nunca antes tantos saludos de cambio de año fueron a propósito de terminar, dejar atrás, salir de ese año como de la peste, literalmente. Excepto varias de las más grandes empresas farmacéuticas, los titanes tecnológicos y unas cuantas trasnacionales más que aprovecharon el desastre para cosechar ganancias en volúmenes que la mayoría de la gente no podemos ni imaginar. Basadas, además, en enormes subsidios públicos y en no pagar impuestos, especialmente las plataformas digitales.

Según el informe El virus de la desigualdad (Oxfam, 2021), los milmillonarios que vieron afectadas sus fortunas, recuperaron el nivel previo a la pandemia en apenas nueve meses, mientras la pobreza en el mundo aumentó notoriamente y se sigue profundizando. Para los miles de millones de personas de la población mundial en situación de pobreza, recuperar el escaso poder adquisitivo que tenían antes de la pandemia tomará más de una década. Algo además incierto (https://tinyurl.com/23zy6zz9).

Desde el inicio de la pandemia, los 10 hombres más ricos del planeta (siete de ellos dueños de plataformas y empresas digitales) agregaron más de 500 mil millones de dólares a sus abultadas arcas. Oxfam pone el ejemplo de Jeff Bezos, actualmente el segundo individuo más rico del mundo, fundador de la plataforma digital Amazon. Con la fortuna personal que acumuló entre marzo y agosto 2020, podría haber pagado a cada uno de sus 876 mil trabajadores un bono de 105 mil dólares y aún seguiría siendo tan rico como al inicio de la pandemia.

Se hizo patente la destrucción o falta de sistemas de atención de la salud accesibles para las mayorías en muchos países. La educación formal se realizó con grandes limitaciones y en modo virtual en todos los niveles, aumentando en estos sectores también la brecha entre pobres y ricos. La carga de trabajo para las mujeres aumentó mucho más que para los hombres, también la violencia de género.

Al aumento brutal de la desigualdad que ya existía, se sumó el hecho de que las medidas restrictivas para contener los contagios dejaron una importante huella negativa en la interacción social y una ola de contención de las luchas sociales, al no poder participar en forma presencial en protestas, reuniones, etcétera. A tono con lo mismo, se enlentecieron e hicieron más injustas (por idioma, zonas horarias, acceso a internet) las discusiones en Naciones Unidas sobre alimentación, cambio climático, biodiversidad, y se limitaron seriamente las posibilidades de participación de la sociedad civil en esos ámbitos. La tendencia de los gobiernos del G-7 hacia el resto de los países es convertir esas discriminaciones en permanentes.

Para las grandes plataformas digitales y empresas tecnológicas, las ganancias han sido indescriptibles, pero no sólo en dinero, también en poder y control. Ya están presentes en todas las industrias –incluso agricultura y alimentación– en el trabajo, educación, salud, comunicación, sistemas de gobierno, redes "sociales", sistemas financieros.

Todas y todos somos sus presas y el comercio de nuestros datos, sus principales fuentes de ganancia. Prácticamente no están reguladas en ninguna parte y apenas se ha comenzado tímidamente a intentar supervisarlas en algunos países, solo en aspectos parciales. No tiene precedente el peso y poder económico y de cabildeo de estas empresas frente a gobiernos nacionales e internacionales, sumado a que tienen control de sus datos e instrumentos.

A las medidas de Twitter de cerrar cuentas de quien considere según su criterio y conveniencia, se suma el reciente anuncio de Facebook e Instagram, de cerrar las cuentas que comenten que las vacunas podrían no ser efectivas o que el virus podría haber sido producto de una manipulación de laboratorio. Más allá de que existe mucha basura en Internet (que las plataformas alientan), de que nos alegre que cancelen los mensajes de Trump o que estemos o no de acuerdo con posiciones críticas sobre las vacunas, el fenómeno de la censura ejercida por los gigantes tecnológicos abre una batería de preocupaciones.

Mientras Facebook – cuyo fundador Mark Zuckerberg es uno de esos 10 hombres más ricos del globo– sostiene que las vacunas son la solución para la pandemia y se arroga determinar qué y quien puede hablar sobre ellas, Oxfam explica en su informe que nueve de cada 10 personas en países pobres no tendrán acceso a las vacunas en este año, aunque varios de los países más ricos han comprado dosis para inocular a toda su población tres veces. El debate de los muchos y diferentes impactos de esta industria es urgente e impostergable.

Pese a la debacle global que la pandemia ha causado, prácticamente nada se ha tocado de sus causas, lo cual afirma las bases para que sigan preparándose próximas pandemias. Por ejemplo, para parar la destrucción de la biodiversidad que aumenta con megaproyectos mineros, de transporte, energía, expansión de la frontera agrícola (https://tinyurl.com/1lydnlmh).

El panorama sin duda es sombrío. Que muchos aspectos del capitalismo hayan quedado al desnudo, también ayuda a combatirlo. Existe un creciente tejido de debates y acciones entre comunidades, organizaciones y movimientos populares que siguen actuando solidariamente, pensando, cuestionando, construyendo.

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

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¿Es el neoliberalismo la salvación para el petróleo venezolano?

Por sanciones y crisis han pasado muchos países como Irán y Rusia que no han visto debilitar de esta manera su industria petrolera. El Gobierno de Maduro se dispone a abrir las mayores reservas del mundo a las grandes multinacionales.

ara comprender la emblemática crisis que vive Venezuela hay que comprender primero lo que sucede en su industria petrolera, porque ella fue el sostén y único propulsor del bienestar económico que el país disfrutó, siempre de manera intermitente, durante varias décadas.

Hasta 2014, la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) era la quinta empresa petrolera más importante de todo el mundo, pero ya lleva siete años inmersa en una gran crisis financiera.

Venezuela, al menos por ahora, ya no es tan dependiente del petróleo. Aunque tenga las mayores reservas del mundo, su producción ha mermado de tres millones de barriles diarios a 400.000 a finales de 2020. A pesar de la crisis económica y el bloqueo, nuevos ingresos como las remesas, el oro y la criptominería, entre otros, van “asentando” a la economía a una nueva realidad nacional postpetrolera que parece tocar fondo.

En la economía nacional, el Gobierno de Nicolás Maduro está desarrollando una fase aperturista —dolarización, privatizaciones, desinversión en políticas sociales— que cualquier izquierda consideraría neoliberal y que amenaza con extenderse hacia el sector petrolero.

A pesar de todo, podría decirse que esta apertura está funcionando para enfrentar la cara más agresiva del trumpismo que apuntó hacia Venezuela y que desde 2017 aplicó sanciones contra el Gobierno para que no pudiera vender petróleo. La política de La Casa Blanca en los últimos años ha causado un profundo impacto en la economía venezolana, según reconoce la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, según sus siglas en inglés) en su informe sobre Venezuela.

Pero las sanciones no han sido el único factor del declive de la industria petrolera. De hecho, cuando se comenzaron a aplicar en 2017 ya la producción se había precipitado. También hay otros factores que llevaron a esta situación. Por sanciones y crisis han pasado muchos países como Irán y Rusia que no han visto debilitar de esta manera su industria petrolera. 

¿Cómo pudo ocurrir el declive de la industria petrolera venezolana?

Durante todo el siglo XX, Venezuela fue teniendo cada vez una mayor dependencia del petróleo y se convirtió en un país básicamente monoproductor y compulsivamente importador.

Hay varios factores que convergieron en una compleja coyuntura general que ni la petrolera estatal ni el país pudieron superar, algo que trajo una verdadera debacle petrolera que aun no culmina.

PDVSA ya estaba realmente cansada antes que Maduro asumiera el poder. La petrolera tuvo que financiar dos programas que implicaban ingentes recursos. El primero era el programa de subsidio alimentario (PDVAL), que se inició desde 2008 y distribuyó enormes cantidades de alimentos a precios irrisorios. El segundo fue la Misión Vivienda, que construyó decenas de miles de viviendas, la mayoría en zonas urbanas.

En la Venezuela chavista se fraguó una de las mayores políticas de democratización de recursos de la historia de América Latina. Pero buena parte de esa operación recayó sobre esta empresa petrolera, sin los mecanismos básicos de control y distribución del Estado. PDVSA sirvió además de gran propulsora, de caja chica, para bypassear al Estado burocrático.

Independientemente de que la empresa asumiera los costos de las políticas mencionadas, y que aumentara su deuda de manera exponencial, la capacidad de producción estaba en su tope —en torno a tres millones de barriles diarios— y el precio del petróleo seguía elevado por sobre los 100 dólares el barril. Así que nadie preveía una crisis de la magnitud que tuvo que enfrentar meses después.

El sacudón

Una vez asumida la presidencia en 2013 y con ambos programas de viviendas y alimentación activos, el nuevo presidente, Nicolás Maduro, lanzó una campaña que llamó “Sacudón” para transformar el Estado venezolano, pero que se concentró en remover a Rafael Ramírez de la presidencia de PDVSA, el hombre fuerte de la empresa durante los últimos años de Hugo Chávez.

No se conocen pruebas en su contra, pero del alto nivel de vida del ex funcionario y de su círculo cercano se desprendía una corrupción que afectaba a muchos altos cargos de la industria petrolera. La consigna de “limpiar PDVSA” era una demanda constante, especialmente desde el chavismo, y terminó generando una purga interna por su control.

Con Ramírez en el exilio, a la empresa no le fue mejor. Rápidamente fue disminuyendo su producción. En cinco años de Gobierno, Maduro nombró a tres presidentes de PDVSA. De estos, los dos primeros fueron encarcelados y el tercero fue destituido. Con todos ellos, la producción no dejaba de caer.

Mientras tenía lugar la pugna interna y sucesivos presidentes de la empresa patinaban, en EE UU se vivía la explosión del fracking, que desplomó los precios del petróleo desde mediados de 2014 hasta 2016, permitiendo a EE UU bajar a mínimos históricos su dependencia petrolera.

Así que con pobres ganancias, enorme deuda y costosas políticas sociales a cuestas, la empresa se iba debilitando y bajando sus niveles de producción y refinación. En este contexto llegaron las sanciones.

Las sanciones

Si bien la orden ejecutiva de Barack Obama en el que declara a Venezuela un país de “inusual amenaza” data de marzo de 2015, fue en agosto de 2017 cuando se declararon sanciones directas contra representantes del Gobierno. Desde finales de 2017, se impuso un cerco financiero que dificultaba la venta y el cobro de las operaciones petroleras. En 2019, las sanciones se dirigieron directamente hacia la venta de petróleo venezolano.

En ese momento, la producción de la industria petrolera se vio en caída libre. A mediados de 2018 ya llegaba a millón y medio. A comienzos de 2019, rondaba por el millón de barriles diarios y, en el peor momento de 2020, llegó a producir en torno a los 400.000 barriles.

Con el nombramiento de Elliot Abrams en 2019 como representante de la Casa Blanca para asuntos sobre Venezuela, en medio de la aventura de Juan Guaidó y el desconocimiento de 50 países al Gobierno de Maduro, se ejecutó una persecución a cualquier empresa que tuviera relaciones comerciales con PDVSA. Su oficina apuntó a varias empresas y buques petroleros,   y logró que la española Repsol y la rusa Rosneft, entre muchas otras, tuvieran que ceder y dejar de comercializar el petróleo venezolano.

La apertura petrolera

La industria petrolera ha sufrido un desmantelamiento por la falta de inversión en momentos de vacas gordas, un infarto debido al bloqueo y ahora podría sufrir un desmembramiento si la posibilidad de su salvación pasa de manera obligatoria por considerar inversiones extranjeras sin el control establecido por la Constitución, lo que es un leit motiv del chavismo.

Desde los 90 hay empresas extranjeras operando en Venezuela, pero siempre a la sombra de PDVSA. Ahora las condiciones del país son muy desfavorables y es posible que el Estado tenga que ceder mucho más en cuestiones importantes en torno a la soberanía y las leyes.

Constitucionalmente PDVSA no puede ser vendida. La estrategia pasa más bien por privatizar áreas y territorios que no puede explotar. Quizá en muchos pedazos. Un desmembramiento podría impulsar la reactivación de la industria, pero no se sabe qué impacto futuro puede tener. Además, es una medida injustificable para el chavismo, cuyo transe más complejo fue la toma de PDVSA después del paro petrolero de 2002-2003.

Sin embargo, no parece que existan otras opciones, pues el Gobierno no tiene línea de crédito con ninguna instancia de peso.

Hoy, economistas del Gobierno como Jesús Faría concuerdan con las proclamas antichavistas que, desde siempre, exigían apertura y liberalización de la economía, esto es, el fin de los controles con que gobernó Chávez durante más de un decenio. Con la nueva Ley Antibloqueo promulgada a finales de 2020, se prevé que las privatizaciones y medidas neoliberales que, paradójicamente, están permitiendo un respiro económico a todos los niveles y clases sociales, se trasladen a la industria petrolera.

A comienzos del mes de febrero, una nota de Reuters indicaba que “nuevos clientes de PDVSA” estaban impulsando la industria petrolera a comienzos de este año. La producción habría aumentado un 12% en relación a diciembre de 2020.

En febrero, Chevron y otras empresas, según Bloomberg, pidieron al nuevo Gobierno de EE UU la relajación de las sanciones contra Venezuela.

PDVSA se convierte en un laboratorio de los modelos económicos. El modelo estatista que fue tan efectivo durante décadas hoy está en franco declive y un Gobierno que se presume progresista tendrá que aplicar modelos aperturistas. Ya veremos cómo nos va.

Por Ociel Alí López

Sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela

13 feb 2021 06:00

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Fuentes: Público [Un hombre se prepara para colgar el cartel de 'Disponible' en el local de una cafetería cerrada durante la pandemia del coronavirus, en el centro de Madrid. REUTERS/Susana Vera]

Los demoledores efectos económicos de la pandemia han obligado a poner en suspenso las políticas neoliberales que se venían aplicando en los últimos cuarenta años. Hasta los acérrimos defensores de la privatización y los recortes de gasto social han reclamado intervención pública masiva, «cueste lo que cueste», para evitar un colapso que la dinámica autónoma de los mercados nunca podría evitar.

Cabe esperar que se haya aprendido algo y que en esta ocasión no haya tanta precipitación y torpeza como en la anterior crisis, cuando los recortes de 2010 provocaron una segunda recesión. Pero es seguro que, una vez que pase lo peor de la pandemia, se volverá a lo que ha venido suponiendo el neoliberalismo: la lucha para aumentar el beneficio del capital y de sus propietarios a costa de cualquier otro interés social.

El problema con el que ahora nos vamos a encontrar unos y otros es que las condiciones para recuperar el beneficio serán muy complicadas, como también será más difícil todavía imponer políticas alternativas para lograr un mejor desempeño económico y una distribución más equitativa de la riqueza.

Será así, por dos grandes razones. La primera, relacionada con las secuelas que dejará la Covid-19 sobre el conjunto de las economías y, la segunda, con las dos posibles vías para aumentar el beneficio en el capitalismo de nuestros días.

La pandemia va a dejar, al menos, cuatro grandes problemas que van a complicar cualquier tipo de estrategia económica que se quiera llevar a cabo.

– Un incremento brutal de la deuda, tanto pública como privada. La primera supondrá un aumento de entre 20 y 50 puntos del PIB en la inmensa mayoría de las economías. Eso obligará o bien a realizar amplios programas de reestructuración y quitas o a aplicar gigantescos recortes de gasto público. Lo primero, como es bien sabido, produce una urticaria fatal en el poder establecido porque atenta contra el fuero del capital financiero, aunque solo de esa manera se pueda salvar el huevo del capital en su conjunto. Por tanto, poner generalizadamente en cuestión el principio de que las deudas se pagan en su totalidad, como sería necesario hacer, no se va a consentir salvo que haya un movimiento internacional de gran fuerza que imponga la razón en todo el planeta. Si no se produce, veremos el mayor proceso de privatización y desmantelamiento del sector público de la historia y un recorte sin precedentes de los derechos sociales, ya de por sí mermados por el neoliberalismo. Lo cual, no solo producirá un incremento global del malestar social sino nuevas caídas de la actividad económica ocasionadas por falta de demanda efectiva.

El incremento de la deuda de las empresas, por su parte, va a producir una escalada de quiebras y una pérdida de solvencia de la banca que contribuirá a aumentar la debilidad de las economías si no se ponen en marcha programas de ayudas e inversión pública que sirvan de estímulo para la inversión privada y si no se disponen, al mismo tiempo, de nuevas y más seguras y efectivas fuentes de financiación de la actividad empresarial.

– La pandemia va a dejar también muchos problemas en el funcionamiento de los mercados. Se resentirá la oferta porque quedarán afectados la capacidad de producción de bienes y servicios y los canales de distribución y aprovisionamiento en muchos sectores de actividad económica. Y también la demanda si ahora ocurre lo mismo que en otras grandes crisis: una mayor tendencia al ahorro por la incertidumbre generalizada y el temor al futuro.

Es muy posible que las perturbaciones en esas dos fuerzas de los mercados se traduzcan en tensiones al alza de los precios que obliguen, por una parte, a reducir los costes salariales y, por otra, a que las autoridades suban los tipos de interés para frenar la inflación. Y si fuese así, llegaría con seguridad una nueva fase de frenazo de la actividad económica y desempleo masivo.

– Las compras masivas de títulos financieros que vienen realizando los bancos centrales está provocando burbujas impresionantes en todas las bolsas del mundo que pueden ir estallando a medida que los programas de expansión monetaria se vayan acabando, porque tendrán que acabar antes o después. La volatilidad y el peligro de otra gran perturbación financiera son la tercera dificultad a la que se enfrentarán las economías tras la pandemia.

– Finalmente, los efectos tan desiguales que tiene esta crisis en los sectores económicos y en las diferentes economías, y la recuperación tan diferenciada que se producirá van a provocar un efecto generalizado de fragmentación y desconexión entre actividades, áreas económicas, países y grupos de población que serán muy negativos para el comercio internacional y para la economía mundial en su conjunto.

Como dije, a estas dificultades de entorno se añadirá otro problema. Para aumentar el beneficio del capital solo caben dos posibilidades en nuestro sistema económico: incrementar la productividad de los factores productivos (capital, trabajo y recursos naturales) o la explotación del trabajo, es decir, intensificar el tiempo de trabajo no pagado a los asalariados.

Dicho de una forma coloquial, la primera vía permite aumentar en mayor medida el tamaño de la tarta y de esa forma es más fácil lograr una distribución más beneficiosa para el capital con menos costes asociados porque, gracias a que hay más que repartir, los salarios también se pueden ver beneficiados. Es lo que ocurrió en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, precisamente por eso llamados los «años gloriosos del capitalismo».

Es sabido que estamos viviendo ya una nueva revolución tecnológica que permitirá que la productividad se dispare en muchas actividades económicas gracias a la digitalización, el big data y la inteligencia artificial. Pero, para que se produzcan aumentos generalizados de la productividad en toda la economía y no sólo en empresas o sectores puntuales, es imprescindible que se registre un incremento muy grande y generalizado de la inversión. Algo que es muy difícil que se dé solo de la mano del capital privado, justamente por las circunstancias que he señalado antes y por el gran atractivo que sigue teniendo la especulación financiera, pues ofrece mayor y más rápida rentabilidad.

Sin una masiva inversión pública, viviremos aumentos espectaculares de productividad en algunos sectores, pero no de la forma generalizada en que sería necesaria para recuperar el beneficio sin empobrecer todavía más el trabajo en la mayoría de las actividades económicas.

Por lo tanto, nos enfrentamos a la posibilidad de vivir en los años venideros la fase de mayor precarización y pérdida de derechos laborales de la historia del capitalismo contemporáneo. Y no exagero, pues ya son muchas las voces que comienzan a reclamar el aumento de las horas de trabajo, el fin del descanso dominical, la sustitución del contrato laboral tradicional por el de «cero horas», para proporcionar el trabajo sólo en los momentos en que lo requiera la empresa, o incluso la creación de territorios de potestad empresarial con sus propias leyes e instituciones de gobierno, a semejanza de los que ahora conforman las administraciones públicas.

Para evitar un escenario como el que acabo de describir brevemente sería necesario permitir que los estados tengan manos libres para promover la inversión y el apoyo que permita la generalización del aumento de productividad. Para lo cual es imprescindible dar una solución al crecimiento de la deuda y reformar el funcionamiento de las administraciones públicas, para lograr que se gaste bien y para acabar con su servidumbre hacia las grandes empresas que dominan el mercado y las instituciones. Es imprescindible que se diseñen programas de ayudas a las empresas para que estas puedan aumentar su dotación de capital e innovación, rebajando su endeudamiento. Hay que evitar de una vez que el capital financiero imponga la deuda como motor de la actividad económica reformando el sistema bancario y acabando con el privilegio que le proporciona el sistema de reserva fraccionaria. Hay que asumir que los beneficios del incremento de la productividad deben distribuirse con equidad, llegando a pactos de rentas. Y, tal y como ha demostrado esta pandemia que no será la última, se deben mejorar los sistemas de gestión del riesgo, fortaleciendo los servicios públicos y los recursos comunes imprescindibles para dar respuesta a los males o problemas que nos afectan a todos por igual.

No hay razones, desgraciadamente, para ser muy optimista sobre la posibilidad de que se pongan en marcha estas vías alternativas que sirvan de contrapeso frente a la voracidad que los grandes grupos económicos y financieros han demostrado tener en las últimas décadas. Las derechas de todo el mundo tienen muy claro cuál es su papel para apoyarlos. Las izquierdas, sin embargo, carecen de proyecto común o, mejor dicho, han pasado a defender proyectos que satisfacen intereses cada día menos «sociales» y más reducidos y singulares, de tribu, cuando no puramente individuales. Han dejado a un lado lo que les dio sentido históricamente y lo único que les puede proporcionar fuerza y capacidad de transformación: la defensa de los intereses mayoritarios, la asunción del «sentido común» de la gente corriente.

Por Juan Torres López | 13/02/2021

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La vicepresidenta Delcy Rodríguez recordó que el 2020 "fue también el año del robo de activos, como Citgo y Monómeros", por parte de EE.UU. y el exdiputado opositor Juan Guaidó. Foto: Reuters.

Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. contra Venezuela han provocado la pérdida de ingresos brutos fijados en 102.000 millones de dólares, aseguró la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez, durante la presentación del informe de gestión del Gabinete Ejecutivo ante la Asamblea Nacional.

De acuerdo con Rodríguez, las sanciones aplicadas por Washington contra la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), a partir de 2019, incidieron en que el país cerrara el 2020 con una producción de apenas 339.000 barriles por día.

La vicepresidenta precisó que el promedio de producción petrolera del país para el año 2015 era de 2.817.000 barriles por día, pero después de las sanciones, "Venezuela tuvo una pérdida de 2.153.000 barriles de petróleo diarios. Es un daño sin precedentes".

"En el año 2020 ingresaron solamente 743 millones de dólares, contra los 65.607 millones de dólares que ingresaron en el año 2008. Es el resultado de una agresión económica que inició en el 2013. Se cortaron todos los flujos externos de financiamiento a Venezuela", detalló la vicepresidenta.

Rodríguez recalcó que asfixiar los ingresos en divisas de un país como Venezuela, que tiene un modelo económico altamente dependiente de sus exportaciones de petróleo, "va directamente contra la actividad económica".

Ese impacto negativo de las sanciones también se evidenció en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real, que experimentó una caída sin precedentes, al pasar del 0 % en el año 2017 a -23 % a finales de 2020.

La vicepresidenta también recordó que el 2020 "fue también el año del robo de activos, como Citgo y Monómeros", por parte de EE.UU. y el exdiputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó como supuesto "presidente interino" de Venezuela en enero de 2019.

2 febrero 2021

(Con información de Russia Today)

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Martes, 02 Febrero 2021 05:45

Vivir sin petróleo

Vivir sin petróleo

Cada día se manufacturan y propagan diferentes mentiras desde medios de información conocidos y hasta desde otros de apariencia informal donde las fabricaciones aparecen pegados a sitios del internet o de las redes sociales.

A partir de estas mentiras manufacturadas se construyen edificaciones falsas más complejas. Una de estas, por ejemplo, es la falacia de que el 2020, año de pandemia, ha sido el año en que el mundo occidental se encamina a prescindir (en un futuro cercano) del petróleo crudo y de sus productos, hidrocarburos y combustibles fósiles en general.

La realidad y las “relaciones públicas”

Se trata de un plan para salvar al planeta de la contaminación, nos dice la máquina de propaganda, un verdadero logro de la ciencia y tecnología que usando energías alternativas renovables reemplazará la energía fósil solucionando los problemas que enfrenta el medio ambiente -al tiempo que nos permitirá seguir consumiendo como hasta ahora. Las energías alternativas renovables son bien conocidas, sus imágenes aparecen a diario, se trata de paneles solares y gigantescos molinos de viento, o capturando la energía de las mareas para activar turbinas, o más vulgares como quemando biomasa (madera de árboles, arbustos y matorrales) para obtener energía. Todas existen porque son un negocio rentable pero que solucionen los problemas del medio ambiente es muy dudoso. Hasta la fecha todas estas energías juegan un papel minoritario, en algunos lugares ningún papel. Funcionan mayormente gracias a subsidios del estado en general en países del primer mundo que pueden pagarlos. Los vehículos eléctricos aparecen también como solución frente a los vehículos a combustibles que son parte importante del problema de contaminación. Se alardea mucho de que el combustible tiene que ser reemplazado por electricidad -cargando las baterías de los vehículos eléctricos y reemplazando a los otros que hoy dominan el mundo. Peor, se da por hecho, y se fantasea hasta con admiración, sobre el posible uso del hidrógeno como combustible limpio.

Estas afirmaciones sobre energías alternativas que están listas a reemplazar a los combustibles fósiles no son ni bien analizadas ni se muestran cifras que indiquen su uso en la actualidad. Gobiernos, instituciones, corporaciones de energía, industrias de vehículos de todo tipo, hablan de energías alternativas vagamente, parte de un discurso público que presenta una imagen favorable de futuro, una que sirve de propaganda. La realidad es diferente pues seguimos viviendo y dependiendo del petróleo y de los combustibles fósiles. Los combustibles derivados del petróleo son usados mundialmente en más del 60 por ciento para transportar gente y carga. En Canadá la cifra alcanza al 65 por ciento y en Estados Unidos al 71 por ciento. De ese total de combustibles el más común es la gasolina (incluyendo mezclas con etanol) que suman un 40 por ciento del total usado globalmente, luego el Diesel con un 37 por ciento (y que incluye los biocombustibles), sigue el combustible para aviones que suma un 12 por ciento, el propano que en décadas pasadas parecía que iba a ser más utilizado hoy es apenas un 1 por ciento. Nos queda el combustible residual o fuelóleo (o fuel oil) producto del proceso primario de una refinería, una mezcla que suma un 9 por ciento, y luego el gas natural juntos a la energía eléctrica de baterías recargables no alcanzan al 1 por ciento del total moviendo gente y carga en el mundo. 

Hay otras áreas en las que petróleo y gas son esenciales, como es el caso de los polímeros artificiales (o plásticos) que en el mundo usan 16 por ciento del total de petróleo y gas producidos. Debemos considerar además las maquinarias usadas para construir infraestructuras, plantas productoras de fertilizantes, industrias de productos químicos, oleoductos, gaseoductos, acueductos, minería, agricultura especialmente en el caso de monocultivos, calefacción y preparación de alimentos.

He observado que se confunde, o trata de confundir, el papel del petróleo en la producción de energía eléctrica. A nivel global el petróleo es usado sólo en un 5 por ciento en producir electricidad, pero algunos países lo usan más y otros menos o nada. En el Caribe, por ejemplo, Jamaica usa petróleo en la producción de electricidad en un 91 por ciento pues no tiene otro recurso. Arabia Saudita, qué si tiene petróleo en abundancia, también lo usa más, en un 55 por ciento. Estados Unidos, igual que Canadá el petróleo se usa sólo en un 1 por ciento en la producción de electricidad, y la Unión Europea también usa un porcentaje bajo, un 2 por ciento. A nivel mundial el mayor recurso en la producción de energía eléctrica continúa siendo el carbón mineral (un fósil) con un 40 por ciento, lo sigue el gas natural con un 22 por ciento, las plantas hidroeléctricas con un 16 por ciento, las nucleares con un 13 por ciento y las alternativas con apenas un 1 por ciento. Estas últimas se han desarrollado más en Alemania y España, que las usan en más de un 20 por ciento. La energía hidroeléctrica es muy importante en Paraguay que la usa en un 100 por ciento y en Uruguay, que la usa en un 63 por ciento. Sorpresivamente para muchos, países ricos en petróleo como Canadá y Venezuela usan energía hidráulica en más de un 65 por ciento cada uno. En cuanto a la energía nuclear Francia no podría vivir sin ella, la usa en un 78 por ciento para producir su electricidad.

Vehículos eléctricos ayer y hoy

Volviendo a las mentiras que se venden como información, aparece a la cabeza el supuesto éxito del auto eléctrico que en occidente los gobiernos presentan como alternativa real, incluso argumentando que para el año 2050 dejarán de producir anhídrido carbónico (CO2). Todo esto se basa en especulaciones que muchas veces los mismos gobiernos promueven para crear esperanza y confianza en un futuro que se ve ciertamente preocupante. El vehículo eléctrico, casi como una joya del transporte y usando baterías que se recargan con electricidad, intenta solucionar la polución del transporte. Nadie habla del desafío de disponer de la electricidad necesaria para recargar baterías, de las nuevas plantas generadoras de energía para sostener ese futuro, tampoco se explica cómo se va a disponer de las baterías en desuso –temas que seguramente los fabricantes de vehículos eléctricos esperan él estado resuelva, o quizás que se despachen los nuevos desechos a algún país pobre del planeta donde contribuyan a su contaminación. Tampoco se explica la dinámica económica por la que algunos países como Estados Unidos y Canadá, si bien subvencionan la prospección, explotación y transporte de petróleo y gas natural, también reciben importantes ingresos por concepto de impuestos aplicados a combustibles del petróleo. En Canadá cada litro de combustible que compramos paga entre 20 y 30 por ciento de impuestos, sumando 13 mil millones de dólares al año en entradas que se usan, en gran parte, en infraestructura y aportes a municipios. En Estados Unidos el gobierno federal recauda más de 37 mil millones de dólares en impuestos aplicados a los combustibles -a gasolina, Diesel y gasolina de aviones, sin contar lo que recaudan otros niveles de gobierno. En Europa se aplican aún más impuestos a los combustibles del transporte. Estos dineros recaudados son esenciales a los estados debido a las enormes deudas públicas que acarrean y a que no cuentan con otras entradas ya que la mayor parte de las corporaciones y los ricos no pagan impuestos sino al contrario reciben subsidios del estado y despojan a este siempre que pueden. 

El invento del auto eléctrico fue a mediados del siglo 19 y luego a principios del 20 tuvo su uso y para los años 60 volvió y ganó cierta relevancia y se fabricaron varios modelos, pero pronto no fue sino un vehículo marginal. Se usa un vehículo pequeño en lugares internos, fábricas y bodegas, campos de golf, centros turísticos, aeropuertos, existen incluso algunos pocos buses urbanos a batería en algunos países occidentales, China y República de Corea, pero hasta hoy la producción de vehículos eléctricos es limitada. Las corporaciones que los fabrican hacen mucho ruido cuando presentan su versión al mercado, pero la usan como propaganda y muestra de preocupación por el medio ambiente. Algunas compañías se dedican a producirlos, ya compactos o medianos, pero su precio elevado las obliga a vivir de la especulación bursátil y a tener futuro incierto.

Hablar del hidrógeno como combustible está de moda, el hidrógeno es casi una palabra mágica en cuanto a su uso en vehículos -ya como combustible directo o para cargar baterías. El hidrógeno es básico en los procesos químicos de refinerías de petróleo y plantas de fertilizantes, y es caro de extraer sea por electrólisis o por gas natural. Es difícil de almacenar en un tanque de alta presión además de peligroso porque tiene baja energía de ignición y alta energía de combustión. Los vehículos a hidrógeno existieron en 1959, con el Chevrolet Electrovan, cuya producción fue abandonada; el programa espacial Apollo empezó a usar hidrógeno en los años 60.

Se exagera la importancia del vehículo eléctrico que en la actualidad no es más que él 0,4 por ciento de todos los vehículos en circulación en el mundo, aunque haya países como Noruega donde son el 10 por ciento del total de vehículos o China donde son el 1 por ciento, pero en la mayoría de los países del mundo son casi inexistentes. Es posible que en una década aumenten su número y lleguen a ser el 1 por ciento del total de los vehículos que se usan en el planeta, pero esta industria tiene que demostrar rentabilidad para sobrevivir, no alcanza con la propaganda y la especulación.

La energía generada por los fósiles

Atrás de las mentiras y las especulaciones existe la realidad con respecto a la energía generada por los recursos fósiles, cada día más de 200 barcos tanques mueven más de 60 millones de barriles diarios de petróleo y combustibles alrededor del mundo para cubrir las necesidades de la humanidad que depende y seguirá dependiendo de estos recursos.                                                                                                               

En el 2020 a pesar de la pandemia, que en Occidente aún no se controla, y que desaceleró gran parte de la economía, interrumpida o parada, el consumo mundial de petróleo y gas natural bajó apenas un 3 por ciento y la de la de todos los combustibles líquidos un 9 por ciento (de 100 millones de barriles diarios en el 2019 a 91,3 el 2020). Se imaginaba un mayor impacto, pero los números muestran que incluso con una economía interrumpida y desacelerada nuestra necesidad de petróleo y gas natural continúa y que nuestra dependencia de estos recursos es enorme. Claro que muchas de las corporaciones medianas y más pequeñas dedicadas a la prospección, explotación, transporte y servicios en el terreno sufrieron pérdidas grandes debido a la caída de los precios. Por ejemplo, en áreas de prospección y explotación donde los costos son más altos, como costa afuera en el mar, más de 20 mil millones de dólares en deudas hicieron quebrar compañías como Diamont Offshore Drilling y Noble Corp. El panorama general mundial del pasado año en la industria del petróleo fue de muchas pérdidas, reducción de puestos de trabajo, y fusiones corporativas.

La situación es más crítica en la explotación de petróleo y gas natural de esquisto (shale or tight) que en Estados Unidos continúa pese a los daños serios que causa al medio ambiente ya que han sido perforados más de 300.000 pozos de fractura hidráulica, en el año 2019 se produjeron más de 7 millones de barriles diarios -más del 63 por ciento de petróleo que produce Estados Unidos (el petróleo convencional va en declive cada año) pero durante el 2020 se redujo en más de 1 millón de barriles diarios. La industria del petróleo y gas de esquisto es complicada -más de lo que se muestra, y desde hace una década en que comenzó nunca ha sido rentable pero su crecimiento, que se ha basado en inversiones a futuro y especulación bursátil, continuaba y es sólo desde el 2016 que numerosas compañías han empezado a quebrar y se vienen perdiendo miles de trabajos. Según datos de Rystad Energy, más de 100 compañías tienen deudas por 89 mil millones de dólares, estas deudas que pronto alcanzarán a ser de más de 100 mil millones de dólares. Valdría preguntarse como un producto muchas veces dejando pérdidas en algunos territorios se sigue produciendo con todo el destrozo que causa a la naturaleza, será que el agotamiento del petróleo es una pesadilla que no se puede aceptar como realidad.

Unas de las supuestas metas para proteger el planeta de la polución es el compromiso avalado por las Naciones Unidas en que más de 110 países de los 193 miembros que para el año 2050 dejarán de emitir a la atmósfera anhidrido carbónico CO2, muchos de los grandes países contaminadores ni siquiera firmaron este compromiso de muy dudoso cumplimiento. La duda ha quedado en evidencia con la incapacidad total de los países del primer mundo que se hacen líderes de las iniciativas para salvar el planeta de la contaminación, pero la desastrosa situación de la pandemia causada por el coronavirus los mostró que no solo les falta infraestructuras a sus sistemas de salud pública, sino han mostrado también inoperancia y corrupción en la gestión, en la emergencia, en las prioridades con la población y vacunación.   

No se puede confiar que los países occidentales puedan tener alguna solución para proteger el medio ambiente, los recursos naturales y las especies si sus gobiernos y élites apoyan, financian y son parte de terribles destrozos en la destrucción de países, asesinatos masivos y selectivos de miles de sus habitantes, dejando a pueblos enteros sin hogar, sin agua corriente, sin energía eléctrica, envenenando suelos y ríos con bombas, son los acarreadores del terror y muerte, es obvio que estos no pueden salvar el planeta.   

Muchos países especialmente en Europa y el continente americano tienen en gran parte una economía de turismo dando una impresión de apogeo donde se mueven millones de personas en aviones, cruceros, buses, y automóviles, entran y salen de hoteles, restaurantes y museos, toda esta economía que en el presente está muy afectada por la pandemia, pero para funcionar requiere justamente de mucha energía de combustibles derivados del petróleo.       

En todo el mundo principalmente en los países europeos, Japón, y R. de Corea que más consumen y a la vez carecen de petróleo y gas natural ocultan el pánico de pensar que se puedan agotar en un futuro no tan lejano y a la vez no paran de atacar y conspirar en su obsesivo colonialismo con el fin de despojar a los enemigos que han elegido y que poseen grandes reservas de petróleo y gas natural como Venezuela, Rusia e Irán.                                                                                                                                                                      

Una muestra más de la farsa cuando gobiernos como el de Dinamarca que hace algunas semanas anunciara que para el año 2050 sus válvulas de gas y petróleo serán cerradas para siempre, una declaración ridícula ya que este país produce apenas 100.00 barriles diarios y para ese entonces de todas maneras no le quedará nada de producción dentro de los limitados recursos del Mar del Norte.

Mientras las grandes corporaciones petroleras con toda pompa hacen declaraciones que van a invertir en energías alternativas no dejan de hacer prospecciones hasta en las reservas naturales y pronto lo harán en parques nacionales, perforarán la tierra y el mar hasta sacar la última gota de petróleo y gas, ya que este sistema dominante de vida no acepta otro paradigma de mesura y racionalidad para salvar el futuro de la humanidad y de muchas especies. 

El escenario seguirá montado para que el show continúe, donde el sistema de dominación económica y social occidental lanza sus mentiras diarias para que lleguen a cada rincón del mundo, aunque hay quienes resisten estos embustes, pero por ahora no tenemos la capacidad de detenerlos.

Por Mario R. Fernández | 02/02/2021 |

Publicado enMedio Ambiente