Martes, 30 Abril 2019 10:41

Cúcuta: la frontera fracturada

Nolberto Roa Pulido, “Frontera cerrada”, https://www.flickr.com/photos/nolbertoroa/24719292456/

La crisis desatada en las relaciones colombo-venezolanas, más la crisis económica, social, política, militar, desatada en el país vecino, trae sus coletazos, quienes habitan Cúcuta los viven con toda crudeza.

 

Como no había sucedido en toda la historia de la relación limítrofe colombo-venezolana, la frontera entre los dos países está hoy fracturada, es pura dinamita que explota por momentos, pero que puede llegar a disolverse en un caos infinito o en una integración fructífera hacia el futuro.

Cúcuta la capital de Norte de Santander, ubicada sobre la Cordillera Oriental, es epicentro de un desastre económico-social y sicosocial. Esta frontera, con sus 2.219 kilometros, es la más prologanda entre paises surameericanos. Es un desastre de todo tipo, una verdadera fractura social, que tiene como punto de arranque el gobierno de Uribe y la prioridad que lo ideológico tomó sobre el mercado; el cierre de la frontera, luego de la evidente conspiración golpista propiciada desde Colombia, desnudó ante los ojos de todos la dependencia que tiene esta parte del país de sus vecinos.

 

El territorio

 

El área metropolitana de Cúcuta –que comprende Villa del Rosario, Los Patios, Zulia, San Cayetano y Puerto Santander– suma 1.200.000 habitantes, más San Antonio y Ureña, localidades venezolanas que hacen parte de este entramado. La capital del departamento propiamente dicha reúne 700.000 pobladores, registrando un crecimiento enorme en los últimos años, del cual se desprenden variedad de problemáticas, entre ellas económicas y sociales. Como toda ciudad fronteriza, su economía y vida cotidiana depende y/o se complementa del vecino.

Registra esta ciudad, por tanto, un crecimiento inmenso, más aun para lo limitado de su territorio –10 km2 de extensión de norte a sur y 11 km2 de oriente a occidente–, el cual está distribuido en 10 comunas, de las caules las conocidas como 1, 4, 5, 6 y 9 concentran la mayor conflictividad social. Destaca entre estas, a su vez, la comuna seis, la más pobre, descuidada y “caliente” de la ciudad, toda vez que es la que conecta con las trochas de paso de migrantes, donde operan las bandas criminales y hacen presencia grupos armados ilegales.


Dicen en Cúcuta que la realidad que hoy viven allí no siempre fue así, que todo se complicó a partir del cierre de la frontera ordenada en 2015 por el presidente Nicolás Maduro, generando el conflicto entre los dos países una grave crisis diplomática, económica y humanitaria, decretando estado de excepción en varios municipios del estado Tachira, y luego del estado Zulia.

Según la Asociación de Supermercados de Norte de Santander, en el último año, como reflejo de la crisis, 700 establecimientos están en crisis, de los cuales la mayoría estaban ubicados cerca a la frontera.

Crisis también reflejada en el negocio de cambio de divisas, el cual cayó en un 40 por ciento, y las remesas en un 90. Decaída que refleja muy bien el cambio sufrido con el cierre fronterizo, pues hasta antes de tal decisión ingresaban por día a la ciudad 40.000 venezolanos, lo que movía al mercado en todas sus variables. Ahora en la ciudad no quedan sino informales, lo que disparó en el 70 por ciento el rebusque callejero y el surgimiento de locales pequeños, los que no garantizan estabilidad económica alguna, según diagnóstico de la Federación de Comerciantes de N. de S.

La pobreza que traía desde siempre la ciudad ahora está multiplicada, también la desigualdad social y la inequidad, lo que ha propiciado el ahondamiento de la inseguridad, producto de la presencia de bandas criminales, grupos armados, policía corrupta, grupos que controlan la frontera y todo tipo de negocios ilegales. El Eln, el Epl, disidencias de las Farc y bandas criminales organizadas se disputan el territorio, los cultivos de coca, y el control de población en las comunas, entre ellos los miles de pobres de ambos países que luchan por la supervivencia y que fácilmente son cooptados por las mafias, como mulas para llevar droga a otras ciudades.

Población que habita la ciudad desde hace añós, pero también quienes quedaron atrapados después del último cierre de frontera, en total 17.000 venezolanos que no pueden regresar, entre estos 3.000 personas (entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que desertaron). Población que es una carga fiscal para la ciudad, la que según cálculos debe invertir 60.000 millones por año en mantener esa población.

 

Corredores y algo más

 

Nada puede ser peor que lo vivido hoy por miles en esta parte del país, padecimiento que, valga decirlo, se llegó al mismo por las políticas ideologizadas en relaciones internacionales impuestas por el doble gobierno de Uribe, las que llevaron a que el país perdiera un mercado de 7.000 millons de dólares, los mismos que hoy llevan al desvelo a la oligarquía que necesita recuperarlos, para lo cual conspira contra el gobierno del país vecino por y con todos los medios posibles.

Dicen, sin embargo, que “cada día trae su afán”, lo que está plenamente comprobado en los 144 kilómetros de frontera de Norte de Santander, en los cuales existen cuatro pasos formales y 39 trochas ilegales –otros dicen que hay más de cien–, las mismas que ahora el gobierno colombiano ha decidido considerar como lugares de paso legal. Son estas trochas los lugares por donde transita el contrabando de gasolina, alimentos, ganado, medicamentos, carros, personas con afán de residencia más allá de su territorio tradicional de vida, pero también de aquellas sometidas a la trata –esclavitud de diverso tipo–; así como el comercio ilegal de divisas, y el narcotráfico de un país al otro, todos los días y a toda hora. Eso sucede en Puerto Santander, la Ye de astilleros, San Faustino y la Parada. La policía fronteriza de los dos lados mira para otro lado y engorda los bolsillos.

El cruce puede ser legal, ilegal, formal e informal o también clandestino, y en él se encuentra de todo tipo de “profesiones”, unas manejadas por pequeños propietarios y otros por las bandas ubicadas a ambos lados de la frontera.

Algunas de esas bandas tienen estre sus prácticas cobrar peaje, aunque este también es un rebusque que ponen en práctica particulares en procura de unos pesos. Por ejemplo, para pasar hacia Cúcuta los migrantes deben cancelar 2.000 a ambos lados del rio, del lado venezolano a los Colectivos y del lado colombiano a grupos criminales o rebuscadores particulares, como ya fue anotado.

Este es un rebusque abierto a otras muchas “profesiones” puestas en práctica, por la aguda crisis en curso, por pobres de ambos lados de la frontera, que así buscan sus pesos diarios: lavado y secado de pies para la gente que pasa las trochas y no quiere ingresar a Cúcuta sucia, cuesta 500 pesos. Algunos prestan servicio de baño por 200 pesos y si es con ducha 1.000; el “lomotaxi” –jóvenes que cargan personas a la espalda para pasar el Táchira–: 2.000 pesos. También existe el “lomocarga”, que cobra según el peso –en algunos casos hasta $ 15.000 por ir de un punto a otro–, carga que también debe cancelar peaje: si son bultos de papa, plátano o frutas a 5.000 pesos, si son otros productos $ 3.000.

El rebusque es total. Usted puede pasar la trocha del rio por “puente de tablas” a 2.000 pesos, pero si es “puente de piedra” a 1.000. O la otra “profesión “los arrastradores” de mercancías y objetos que llevan los migrantes o quienes simplemente van de paso, cobran entre 1.000 a 2.000 pesos por servicio.

 

De todo como en bótica

 

Pero en las trochas y en las entradas a Cúcuta hay de todo: minutos a celular, cigarrillos sueltos, alquiler de botas pantaneras para el paso del río, venta de ungüentos para los callos, empanadas, desayunos, almuerzo, jugos, cambio de pañales, jeringas, cambio de moneda, y algo muy preciado por el que va a cruzar la frontera: los medicamentos, por los cuales primero se pregunta en los puestos ambulantes, por ejemplo por ibuprofeno, acetaminofén, amoxicilina, y si no los encuentran entonces ingresa a Cúcuta.

Una crisis que rompe la cohesión social y la credibildiad en el gobierno nacional, como en el local y departamental. Por ello, y con la pretensión de quebrar el 12,8 en desempleo que según el Dane registraba la ciudad en enero pasado, el gobierno colombiano plantea proyectos de emprendimiento para la clase media –que ve como su precaria estabilidad se hace añicos– lo cual queda en el vacío o las simples buenas intenciones. Entre proyectos y declaraciones de político hay que aclarar que en esta crisis las clases dominantes regionales también hacen parte del entramado de corrupción, otra forma de rebusque, una que brinda más dividendos.

Como si fuera poco, en este hervidero de pobreza, sobrevivientes de la exclusión social, transeúntes hacia el interior del país u otros destinos, rebuscadores, etcétera, Cúcuta es hoy el epicentro de trabajos de inteligencia por parte de los EEUU, Rusia, Venezuela, Cuba, Colombia; de “trabajo humanitario” destinado a poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Una crisis sin precedentes en la ciudad fronteriza, una crisis que por momentos se siente sin control alguno, y que puede llevar a un estallido social que la limpie de tanta miseria.

 

Publicado enEdición Nº256
Política social, conflicto de clases y Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022

Durante el taller Construyendo País, realizado el 6 de abril de 2019 en Aracataca-Magdalena, el presidente Iván Duque se refirió al acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca, en minga desde el 12 de marzo. El mandatario afirmó: “Soy consciente de que en Colombia hay muchas deudas sociales por saldar, muchas brechas con los municipios más alejados y con las minorías étnicas de Colombia” […] pero “aquí se trabaja con el Plan de Desarrollo y no con más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones. Es en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde se deben materializar los diálogos”.

Palabras, que disfrazan intereses. Cuando se ingresa al campo de la política social y el plan de desarrollo, donde están en juego tantos intereses antagónicos y diversos, los problemas cambian de matiz, lo que nos recuerda que la historia es el resultado de la lucha de clases, un perpetuo tejer y destejer de equilibrios, alianzas y enfrentamientos colectivos. Además, como lo enseña la ciencia política que todo partido digno de tal nombre se propone tomar el poder para poner el Estado al servicio de la clase cuyos intereses expresa ese partido. No es la excepción el gobierno de Duque, oligárquico y en favor de las clases dominantes.

Al analizar atentamente el proceso presupuestal, la estructura, la fuente y asignación de recursos financieros en el PND fácilmente se deduce que se trata de una lucha de clases cuidadosamente perfilada y estratégicamente planeada para reproducir las estructuras de poder y consolidar la hegemonía y dominio de clase. Este artículo analiza el conflicto de clases y la política social en el PND 2019-2022.

 

Política social y PND 2019-2022

 

Las políticas sociales (ver recuadro) de Colombia son una mezcla confusa y compleja de enfoques, fundamentaciones, instituciones, burocracias, intereses e intencionalidades. Prima, en todo caso, la esencia asistencialista de la política pública y el interés de control social de los “beneficiarios” mediante el corporativismo y el clientelismo que siempre promueven las “Leyes de pobres”. Sin importar el texto constitucional, pródigo en derechos humanos universales, la lucha contra la pobreza y la focalización de grupos humanos específicos o “rotulados” en espacios delimitados y discriminados es el común denominador de los programas sociales. A los bienes y servicios públicos en Colombia los caracteriza la insuficiencia, la estratificación y la mala calidad.

Es una política social en ejercicio, además, en un ámbito social colonizado por el gran capital y la clase política corrupta que, mediante la concepción neoliberal, todo lo privatizó y lo convirtió en mercancía. Muchos de los programas sociales son diseñados e impuestos homogéneamente por el Banco Mundial en todos los países periféricos o tercemundistas, como por ejemplo “Familias en acción” que transfiere subsidios condicionados en efectivo a las madres por cada hijo menor de edad que hayan procreado; una manera de promover la alta natalidad en los hogares pobres, y de esta manera encadenarlos y someterlos de por vida a la explotación del capital y a los grandes intereses clientelistas, ideológicos, burocráticos y fiscales del Estado. Para nuestro caso, cerca de tres millones de hogares son beneficiarios del programa “Familias en Acción”. El diagrama 1 resume la complejidad de enfoques, programas e instituciones que dan materialidad a la política social en Colombia.

 

 

En Colombia, el gasto social como porcentaje del PIB es de 12,7 por ciento. La inversión real apenas sobrepasa el 10 por ciento; los 2,7 puntos porcentuales restantes se pierden en los oscuros meandros de la corrupción. De acuerdo con la estructura porcentual por funciones, la salud, la educación y la protección social concentran el 94,3 por ciento del gasto social (Gráfico 1).

 

 

Según el artículo 4º, el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022 se estima en un valor de mil noventa y seis, coma uno billones ($1.096,1), a pesos constantes de 2018, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal y que se estima en un valor de treinta y siete coma uno ($37,1) billones, a pesos constantes de 2018.

En esta senda y según el artículo 1º, los objetivos del PND 2019-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, pretenden sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad. Los objetivos se instrumentalizan mediante pactos en pos de lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
Los pactos estructurales, según el artículo 3° del PND 2019-2022, son:

 

i) Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial.
ii) Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.
iii) Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social.

 

El gráfico 2 y el cuadro 1 ilustran las fuentes que financian el PND 2019-2022 y la distribución de los recursos por pactos. La mitad del financiamiento del Plan tiene como fuentes el Presupuesto General de la Nación y los sistemas generales de participaciones y regalías. La tercera parte de los recursos del Plan depende del aporte incierto del sector privado.


El “Pacto por la equidad”, que se sustenta, según el PND 2019-2022, en una “política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, concentra el 46,5 por ciento del total de los recursos. Once líneas programáticas integran este “Pacto por la equidad”: i) Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia; ii) Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos; iii) Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos; iv) Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos; v) Vivienda y entornos dignos e incluyentes; vi) Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva; vii) Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país; viii) Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores; ix) Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social; x) Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza; xi) Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados.

En una sociedad clasista todos los gobiernos se basan en la fuerza y el asistencialismo social. La política social lejos de ser incondicional es francamente calculadora; el análisis de costo/beneficio en términos políticos y económicos la condiciona. En todo caso, el PND en cuestión y estos pactos son en sí mismo una contradicción, pues no se proponen quebrar la triada que caracteriza el ser social excluyente dominante en la sociedad colombiana, a saber: clasista, explotador y autoritario, con los cuales se potencia formas de control como el corporativismo, a través del cual un grupo social extiende su tendencia histórica y hereditaria de estatus y privilegios. El abismo social entre la oligarquía y las clases trabajadoras, y los antagonismos a que da lugar, tiende a tramitarse mediante prácticas y negociaciones de intereses corporativistas, segmentados y particulares. En general, las clases medias y populares se sometieron a una relación de clientelismo con los partidos políticos del establecimiento y los gobiernos de turno y aceptaron las operaciones del depredador poder oligárquico.

El interés individual y el de grupos particulares domina el ambiente del Presupuesto General y del Plan Nacional de Desarrollo, ejerciendo enorme presión para tratar de apropiarse de los limitados recursos públicos que se manifiesta en una creciente demanda por servicios y subsidios del Estado y la absoluta falta de conciencia de la sociedad respecto de las prioridades y los limitados recursos disponibles para satisfacer las necesidades colectivas. Los gastos obligatorios o inflexibles concentran tres cuartas partes del presupuesto nacional; el único gasto verdaderamente discrecional es la inversión pública asociada con el PND; sobre ella recaen conflictivamente los intereses antagónicos, las mezquindades grupales y las luchas de clases.

Los pobres, los grupos de presión y los diversos poderes de facto han impuesto históricamente a las clases dominantes, a los ricos, ciertos deberes y funciones paternalistas y asistencialistas tanto como se les impone a ellos la deferencia, el sometimiento y la legitimación simbólica y electoral del régimen político. Ambas partes de la ecuación están restringidos a un mismo campo de fuerza. Esta hegemonía, corporativismo y conexión clientelar ofrece el armazón desnudo de una estructura de relaciones de dominio y subordinación. La relación recíproca entre oligarquía y plebe se reproduce desde los tiempos coloniales; por muy desigual que resulte esta relación, las clases dominantes necesitan a pesar de todo cierto tipo de apoyo de los pobres y de las clases trabajadoras, y éstos, a la vez, sienten que son necesitados para legitimar a la oligarquía*.

 

Colombia en la Ocde

 

Colombia es el pariente pobre en el club de países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (Ocde), organismo de cooperación internacional integrado por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La Ocde fue fundada en 1961 y Colombia ingresó al mismo en 2018.

De acuerdo con el último informe de esta Organización respecto al avance de América Latina en términos económicos y sociales, es posible evaluar y comparar el desempeño de Colombia en tres dimensiones: i) Ingresos y Productividad; ii) Vulnerabilidades sociales; iii) Percepción sobre las Instituciones y el Gobierno (Cuadro 2).

 

 

Si bien Colombia ha avanzado en diferentes indicadores económicos, registra graves y preocupantes vulnerabilidades sociales y políticas, entre ellas un índice alto de desconfianza en el gobierno nacional y las instituciones públicas. La corrupción y la precaria democracia vulneran los derechos humanos. La economía puede ir bien (dependiendo significativamente de las actividades extractivas: petróleo y minería), favoreciendo a unos pocos, pero la insatisfacción con la calidad de vida en el país afecta tanto a los ricos como a los pobres. El desempeño del país es mediocre respecto a la media latinoamericana y la distancia con la situación en estas tres dimensiones que registran los países desarrollados es inconmesurable. Pese a todo, la Ocde determinará junto con el Banco Mundial y el FMI las reformas que se avecinan en la institucionalidad social: pensiones, gasto público social, mercado laboral, subsidios, salud y educación.

El PND 2019-2022 pretende superar estos obstáculos estructurales, pero su concepción clasista y el anclaje de la política social en la premodernidad (“Ley de pobres”, clientelismo, asistencialismo y corporativismo), no permiten ser optimistas de alcanzar el grado de civilización deseado e idealizado en la situación actual que ostentan los países de la Ocde. La política social moderna debe fundamentarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos; pero para que florezca la dignidad humana se requiere de una sociedad pletórica de paz, democracia plena, justicia, trabajo digno, autonomía, libertad y solidaridad. Todo depende, principalmente, de la madurez de las clases trabajadoras, es decir, el desarrollo de su instinto moral y el grado de conciencia política, que impulsan la unidad, la organización y la lucha por la dignidad humana.

* Sobre los estudios históricos de las relaciones dominio y subordinación, ver: Thompson, E. P., (1979), Tradición, revuelta y conciencia de clase. Editorial Crítica, Barcelona.
** Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Política social y lucha de clases

 

El concepto de política societal comprende la esfera de la política social (la organización institucional de los bienes y servicios sociales, la garantía de los derechos y la distribución del ingreso) e incluye también la intervención social sistemática en todos los puntos del ciclo de producción y reproducción de la vida, con el objetivo de mantener y reproducir las estructuras de poder o de cambiar el sistema societal.
Las políticas sociales son producto de la modernidad, es decir del capitalismo, con el cual tomaron cuerpo dos clases fundamentales de la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado, con intereses, necesidades y cosmovisiones antagónicas.


El proletariado luchó desde su origen por el reconocimiento de su dignidad humana, expresada en reivindicaciones por la reducción de la jornada de trabajo, el alza salarial, el derecho a la organización sindical y a participar en el ejercicio del poder político. Las organizaciones socialistas libertarias, en paralelo buscaron conquistar la democracia radical, la justicia y la igualdad, en un contexto societal de planificación y organización colectiva consciente y autogestionaria de la vida social y económica.


La respuesta a estas iniciativas y luchas por parte de los estados burgueses y el gran capital fue represiva, intolerante y de enfrentamiento. Siempre ha habido una relación de simbiosis entre el gran capital privado y el poder del Estado. Además, los gobiernos conservadores intentaron atraer y cooptar a los trabajadores mediante la implementación de políticas sociales y de seguridad social. El capitalismo demostró una alta capacidad de resistencia, adaptabilidad y el grado de lealtad que inspiraba en las clases trabajadoras.


El estadista y político alemán Otto von Bismarck, artífice de la unificación alemana, fue el primero en promover un Estado Social de Derecho. El canciller alemán centró sus esfuerzos en frenar el movimiento obrero, al que ilegalizó aprobando las Leyes Antisocialistas, al tiempo que intentaba atraerse a los trabajadores con la legislación social más avanzada del momento. Alemania se convirtió en el primer país en introducir la seguridad social. La promoción del bienestar de los trabajadores –a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia– y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales, fue copiada e implementada en la mayoría de países europeos y en Estados Unidos a principios del siglo XX y unas décadas después en América del Sur. No obstante, la insurrección obrera logró triunfar en Rusia en el año 1917. El mundo quedó dividido en un campo de fuerza que enfrentaba al capitalismo y al socialismo.


En consecuencia, las políticas sociales quedaron en medio de una reñida e inflexible batalla ideológica y programática entre antagonismos irreconciliables, en un «campo de fuerza» societal. Para la burguesía, las políticas sociales (desde arriba) constituían “un acto de concesión”; para las clases trabajadoras (desde abajo) “un acto a lograr, una conquista”.


En todas las sociedades tradicionales, las “donaciones” han jugado una función central en el mantenimiento de la posición social. Prestigio, subordinación, obligación y control social entrañan una coincidencia entre las relaciones que supone el «acto de dar» y el contexto de las estructuras sociopolíticas concretas que mantienen todavía rasgos universales*. Pese a la confrontación dialéctica de las políticas sociales, éstas lograrían su síntesis en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien, esta declaración está inspirada en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el texto de 1948 representa “un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones”. Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos”. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. En resumen, las políticas sociales transitaron desde el asistencialismo y particularismo que caracteriza a las “Leyes de pobres”, pasando por los derechos ciudadanos en cada Estado-Nación, hasta alcanzar su universalidad (Diagrama 2).

 

 


Pese a este mandato, desigualdad, exclusión, violencia, pobreza, informalidad laboral, desempleo, fanatismos y corrupción son características históricas y estructurales de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se han mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica.


Más allá de una pretendida política social, lo que debe sustentar un Estado y los gobiernos que pretendan justicia, igualdad, democracia plena y dignidad humana, es una política societal fundamentada en la universalidad de los derechos humanos. Estas características y constantes históricas de América Latina y el Caribe no logran romperse con el gasto social asistencial limitado a la lucha contra la pobreza, a pesar de registrar importantes avances. Pero la tendencia es irregular, dependiendo del lugar y momento del ciclo económico.


Con todo, persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas públicas y los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados. La heterogeneidad entre los países es muy marcada: mientras que las erogaciones en políticas sociales de los países de mayor riqueza relativa alcanzan un promedio superior a 2.000 dólares de 2010 por persona al año, en los países que tienen niveles de pobreza más elevados y, por consiguiente, enfrentan mayores desafíos financieros para mejorar el bienestar social, dichas erogaciones son, en promedio, inferiores a 220 dólares por persona al año. Colombia ocupa un lugar intermedio en el concierto de países latinoamericanos y del Caribe, con un gasto social de 945 dólares de 2010 por persona y un equivalente al 12,7 por ciento del PIB (Cuadro 3).

 

 


Son realidades y contradicciones que trae toda sociedad dominada por la estructura y lógica capitalista. Por ello, mientras la política social no avance a ser societal y se fundamente en el proceso histórico y universal de conquistas y actualizaciones de los Derechos Humanos, la dinámica estructural de nuestro país –y en los otros que integran la región– continuará siendo la misma.

 

* Thompson, E.P., (2000), Agenda para una historia radical, Editorial Crítica, Barcelona, pp. 30-31.

Publicado enEdición Nº256
Los chalecos amarillos salen a la calle a desafiar a Macron y sus anuncios

Se han manifestado en contra de las medidas del Gobierno para apagar esta crisis, entre las que está la rebaja del impuesto sobre la renta a las clases medias y el progresivo restablecimiento de la indexación de las pensiones a la inflación

En esta ocasión los altercados han sido menores. En la anterior marcha, la semana pasada, hubo más de 180 detenidos



Los chalecos amarillos han salido a la calle, por vigésimo cuarto sábado consecutivo, para manifestar su rechazo a la política del presidente francés, Emmanuel Macron y muy en particular a sus anuncios del pasado jueves, según EFE. Se trata de un segundo paquete de medidas para apagar esta crisis y entre ellas está la rebaja del impuesto sobre la renta a las clases medias y el progresivo restablecimiento de la indexación de las pensiones a la inflación.


En París la manifestación más nutrida en la que han participado los chalecos amarillos, había sido convocada por el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), con el apoyo de los partidos más escorados a la izquierda, como Francia Insumisa (LFI) y el Partido Comunista Francés (PCF).


Varios miles de personas, una parte de ellas con chalecos rojos de la CGT, han desfilado de manera pacífica en la marcha entre la estación de Montparnasse y la plaza de Italia. Las autoridades habían prohibido en la capital las concentraciones en la avenida de los Campos Elíseos y en el entorno de la catedral de Notre Dame.


Ha destacado la presencia de diferentes miembros de LFI, como su líder, Jean-Luc Mélenchon, pero también algunas figuras de los chalecos amarillos como Priscillia Ludosky. Otro grupo de chalecos amarillos ha decidido recorrer sedes de algunos de los grandes medios audiovisuales, con el objetivo de quejarse de "un tratamiento parcial" de su movimiento.
Además de en París, en Estrasburgo ha habido otra convocatoria para una manifestación "nacional e internacional". La marcha arrancó en la plaza de l'Étoile de la capital alsaciana poco antes de las dos de la tarde y no se había declarado oficialmente.


Dos horas después, se produjeron enfrentamientos con las fuerzas del orden cuando los participantes intentaron entrar en el barrio de las instituciones europeas, en las que se habían prohibido de forma preventiva las concentraciones, como en la explanada de la estación y en el centro histórico.

eldiario.es - EFE
27/04/2019 - 18:37h

Publicado enPolítica
Sábado, 27 Abril 2019 06:25

Vientos de crisis en Cuba.

Cubanos hacen fila en La Habana para comprar alimentos, el 4 de abril / Foto: Afp, Yamil Lage

Desde hace meses los cubanos lidian con largas colas para adquirir artículos de primera necesidad, mientras las autoridades realizan nuevos recortes y adelantan proyectos de urgencia en el frente económico. La Habana llama a prepararse para lo peor.

A mediados de la década del 90, todos los domingos bien temprano, mi padre y yo salíamos en bicicleta rumbo a la “tumba” que cultivábamos a las afueras de mi ciudad natal. Eran casi treinta quilómetros sumando los viajes de ida y de vuelta, primero por carretera y luego siguiendo un terraplén eternamente enlodado del que partían senderos que se internaban en el monte firme de marabú.


Uno de ellos conducía a nuestra parcela (o “tumba”, en el lenguaje local). Eran sólo unas cuantas decenas de metros cuadrados arrancados a los zarzales a fuerza de hacha y machete, en los que mi padre sembraba calabazas, yuca e incluso algo de arroz; yo, desde las contadas fuerzas de mis 13 o 14 años, hacía como que lo ayudaba.


Cuba sufría la crisis económica provocada por la caída del “socialismo real” y la desaparición de la Unión Soviética. “Período Especial en Tiempo de Paz” era el nombre formal de esa etapa de carencias extremas, en la que los cortes de electricidad superaban las 20 horas diarias, el transporte funcionaba en su mínima expresión y conseguir el alimento cotidiano resultaba una odisea.


Aún no sé cómo mi familia consiguió salir adelante. Que lo lograra dependió en buena medida de aquel huerto en donde mi padre exprimía las fuerzas que le quedaban luego de trabajar durante la semana como constructor improvisado. Entre continuar enseñando topografía en un instituto politécnico y marcharse a una microbrigada con la esperanza de levantar su casa al cabo de cinco o diez años, él había tenido clara su elección. Pero mientras se convertía en realidad ese sueño, era necesario superar el día inmediato; muchas veces lo hicimos gracias a lo cosechado en nuestra “tumba”.


TIEMPOS DIFÍCILES.


El “período especial” nunca tuvo una proclamación oficial. Lo más parecido a tal acto fue un discurso pronunciado por Fidel Castro en enero de 1990 durante la clausura de un congreso sindical. En la ocasión, admitió la posibilidad de “que los problemas fueran tan serios en el orden económico (…) que nuestro país tuviera que enfrentar una situación de abastecimiento sumamente difícil”.


Meses más tarde, el 29 de agosto, una nota publicada en los principales diarios anunciaba severas restricciones en el consumo de combustible, alimentos y otros productos, y la paralización de todas las inversiones no relacionadas con el turismo o la defensa.


El desplome de la economía tuvo dramáticas consecuencias sociales, sobre todo a partir de 1993, cuando la “despenalización” del dólar abrió las puertas a la desigualdad. No por casualidad, las tiendas en divisas (N de E: que aceptan moneda extranjera) fueron el blanco predilecto de la ira popular durante el llamado Maleconazo, la inédita manifestación de habaneros a la que debió enfrentarse Fidel en agosto de 1994.


Por entonces, calor y escasez demostraron ser una combinación extremadamente peligrosa, a tal punto que por años el gobierno ha hecho lo indecible para evitar los apagones en los meses más tórridos, a la par que ha incrementado las actividades recreativas y ha estabilizado el abasto de bienes de consumo. En esas circunstancias, sólo una urgencia muy perentoria justifica decisiones como las anunciadas a comienzos de este mes por el presidente Miguel Díaz-Canel y el general de Ejército Raúl Castro, quien en su condición de primer secretario del partido sigue siendo la primera figura del poder en la isla. Aunque en sus intervenciones ante la Asamblea Nacional del Poder Popular ambos resaltaron que el país se “halla en muchas mejores condiciones para superar cualquier dificultad”, entre la ciudadanía el optimismo no alcanza cotas tan elevadas.


Desde hace meses los cubanos han vuelto a lidiar con largas colas para adquirir diversos artículos. Las mayores aglomeraciones tienen lugar ante las tiendas donde se vende el pollo congelado, principal fuente de proteína de que disponen los isleños. Pese a su elevado precio (el valor de un quilogramo supera los ingresos diarios de quienes perciben el salario estatal promedio), decenas y hasta cientos de personas pasan horas a las afueras de los establecimientos, no siempre con éxito.


Similares tensiones se registran en todo el ámbito comercial. Luego de haber iniciado 2019 con marcadas reducciones presupuestarias, a finales de marzo el Ministerio de Economía y Planificación anunció nuevos recortes en las partidas de divisas para compras en el exterior (casi dos tercios de las cuales se destinan a alimentos y combustible). Ya durante las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional, el presidente Díaz-Canel detalló la difícil coyuntura enfrentada por las finanzas nacionales y llamó a lograr el “autoabastecimiento territorial”, una suerte de autarquía criolla en la que los municipios deberían ser capaces de producir la mayoría de los alimentos que consumen. Además, convocó a elevar la eficiencia en el turismo y los servicios profesionales, y a fomentar nuevas exportaciones dentro de un programa concebido en tres etapas que se extenderán hasta 2030.


Sobre el papel, parecen respuestas lógicas a un escenario complejo y lleno de variables que escapan al control de La Habana; mas el asunto es que, casi treinta años atrás, propuestas muy similares conformaron la estrategia de los máximos dirigentes, con éxito limitado, como dan fe las circunstancias actuales.


BAJO ASEDIO.


En 1989, cerca del 85 por ciento del comercio exterior cubano tenía como contrapartes a la Unión Soviética y a las naciones de Europa oriental. Durante la década siguiente, los esfuerzos se concentraron en diversificar los intercambios, tanto con gobiernos como con corporaciones extranjeras. Sin embargo, a comienzos de los años dos mil, luego del ascenso al poder de Hugo Chávez y otros mandatarios progresistas de América Latina, esos impulsos renovadores perdieron fuelle. En sus últimos años al frente del aparato estatal, Fidel Castro volvería a apostar por una alianza estratégica con un socio preferencial (Venezuela) y vínculos especialmente estrechos con un corto número de estados afines (China y Rusia, los más importantes). Hacia 2008, Caracas y Beijing concentraban más de la mitad del comercio exterior de la isla, con la república bolivariana como principal cliente para su catálogo exportador de servicios profesionales y la nación asiática asumiendo el rol protagónico en la provisión de equipamientos y materias primas.


Consciente de la fragilidad de tal esquema de desarrollo, a partir de 2011 Raúl Castro se embarcó en una campaña de reformas agrupadas bajo el genérico nombre de “actualización”. La ampliación de los alcances del sector privado, la promulgación de una ley más liberal para la inversión extranjera y la derogación de prohibiciones arcaicas dieron un segundo aire a la economía, que tras el comienzo del “deshielo” pudo por fin renegociar su abultada deuda exterior y retomar la senda de discretos crecimientos del Pbi (con el añadido de lograrlo sin depender de nuevos créditos).


Para la especulación queda la duda de qué derroteros hubiera seguido Cuba de no haber ascendido al poder Donald Trump, firme defensor de la política de sanciones contra La Habana. Con ella retribuye el apoyo que le proporcionaron las principales fortunas de la comunidad cubanoamericana durante las presidenciales de 2016 (cuando “maniobraron” para inclinar a su favor el colegio electoral del estado de Florida, el cuarto con mayor número de compromisarios). A más largo plazo, el magnate neoyorquino busca asegurar un compromiso similar durante los comicios de 2020.


Sólo desde este punto de vista puede comprenderse la decisión de activar el problemático título III de la ley Helms-Burton (véase Brecha, 5-IV-19), al amparo del cual los tribunales norteamericanos quedarían facultados para sancionar a empresas de otros países que “trafiquen con propiedades de ciudadanos estadounidenses”, y las limitaciones impuestas al envío de remesas hacia la isla. La primera medida intenta cortar el flujo de inversión extranjera que necesita el país (al menos 2 mil millones de dólares al año, según cálculos oficiales); la segunda, hacer otro tanto con una fuente de recursos que recientemente un think tank norteamericano cifró en alrededor de 57 mil millones de dólares, de 2008 a la fecha.


Luego de perder los cientos de millones de dólares que reportaba la participación de sus especialistas en el programa Más Médicos para Brasil, con la colaboración en Venezuela operando en números rojos (los vitales pagos en combustible han llegado a interrumpirse en ocasiones, lo que ha obligado a realizar compras en Argelia y Rusia a precios de mercado) y sin conseguir que el turismo reporte los ingresos que urgen las arcas estatales, tanto Díaz-Canel como Raúl Castro son conscientes de la necesidad de “estar preparados para la peor variante (porque) la situación podría agravarse en los próximos meses”.


Tal coyuntura causa desvelos en los despachos del Palacio de la Revolución y en los del Centro Internacional de Negocios de la exclusiva barriada de Miramar, pero mucho más entre los ciudadanos comunes. Cuando días atrás un periódico provincial alertó que “si en determinado horario del día se agotara el combustible establecido para la jornada, habría que comenzar a quitar la corriente en algún circuito”, no pocos tragaron en seco. Un cuarto de siglo después, los recuerdos de la etapa más difícil del “período especial” laten con incómoda vigencia en la memoria colectiva; mi padre, incluso, sigue empleando la vieja bicicleta con la que cada domingo iba a su “tumba”.

Por Amaury Valdivia
26 abril, 2019

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Sábado, 27 Abril 2019 06:08

La vuelta del hombre del rifle

Trump se sintió como en casa en la convención del NRA en Indianápolis. Imagen: EFE

EE.UU. se baja del tratado de armas convencionales. Trump hizo el anuncio en el encuentro anual de la Asociación Nacional del Rifle, el lobby a favor de la posesión de armas.

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que revocará el estatus de su país como firmante del Tratado sobre Comercio de Armas convencionales, suscrito por más de cien naciones y que regula el intercambio global de armamento, municiones y aviones o buques de combate.


“La ONU recibirá pronto una notificación formal de que Estados Unidos rechaza este tratado”, dijo Trump durante un discurso ante el encuentro anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el mayor grupo de presión en Estados Unidos a favor de la posesión de armas.


Estados Unidos firmó ese tratado de la ONU en 2013, durante el Gobierno de Barack Obama, pero el Congreso estadounidense nunca lo ratificó, por lo que no llegó a entrar en vigor en el país, como sí ocurrió en un centenar de naciones a partir de 2014.


“Revocaremos el efecto de la firma de Estados Unidos de este tratado tan profundamente equivocado. Vamos a retirar nuestra firma”, aseguró Trump.


A continuación, el mandatario rubricó un documento en el que, según explicó, pidió al Senado “que interrumpa el proceso de ratificación del tratado” y se lo envíe “al Despacho Oval”, donde prometió “deshacerse” de él. “Bajo mi Administración, nunca entregaremos la soberanía estadounidense a nadie. Nunca dejaremos que burócratas extranjeros pisoteen la Segunda Enmienda. Y por eso nunca ratificaremos el Tratado sobre el Comercio de Armas”, subrayó.


El anuncio supone un paso más en la tendencia del Gobierno de Trump a retirarse de pactos internacionales, tras su salida del acuerdo nuclear con Irán y del de París sobre el clima, además de su plan de abandonar en agosto el tratado INF (Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio) que comprometía a Estados Unidos y Rusia a eliminar muchos de sus misiles nucleares y convencionales.


Para los partidarios de la decisión, asegurarse de que Estados Unidos no ratifique el tratado es un paso más hacia la desregulación que Trump ha defendido. En una llamada con reporteros, un alto funcionario de la administración dijo que un factor importante en su decisión fue la falta de cumplimiento del tratado por parte de otros grandes exportadores de armas convencionales, entre ellos China y Rusia. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Estados Unidos tenía su propio conjunto de controles para asegurar la venta adecuada de armas en el extranjero, y agregó que la administración de Trump se oponía a posibles enmiendas futuras al tratado para su consideración en 2020.


La NRA y otros grupos de Estados Unidos se opusieron a la firma en 2013 del Tratado sobre Comercio de Armas, por considerar que podría contravenir su derecho constitucional a la tenencia de armamento. “Este tratado amenazaba con subyugar sus derechos”, dijo Trump a los afiliados de la NRA congregados en Indianapolis, estado de Indiana.


Trump prometió a ese poderoso grupo de presión, que donó 30 millones de dólares a su campaña electoral en 2016, que “nunca les decepcionará” mientras siga en el poder.
El tratado de la ONU busca regular el comercio de equipos como tanques y aviones de combate, misiles, vehículos de guerra blindados, helicópteros para operaciones bélicas y armas cortas.


Entre otros elementos, el acuerdo también prohíbe el traslado de armas convencionales, municiones o componentes a países donde se determine, tras una evaluación de riesgos, que pudieran usarse para genocidios o crímenes de guerra. Si retira su firma del tratado, Estados Unidos se sumará a otros países que nunca llegaron a rubricarlo, como Rusia, Siria y Corea del Norte.

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Política social, conflicto de clases y Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022

Durante el taller Construyendo País, realizado el 6 de abril de 2019 en Aracataca-Magdalena, el presidente Iván Duque se refirió al acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca, en minga desde el 12 de marzo. El mandatario afirmó: “Soy consciente de que en Colombia hay muchas deudas sociales por saldar, muchas brechas con los municipios más alejados y con las minorías étnicas de Colombia” […] pero “aquí se trabaja con el Plan de Desarrollo y no con más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones. Es en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde se deben materializar los diálogos”.

Palabras, que disfrazan intereses. Cuando se ingresa al campo de la política social y el plan de desarrollo, donde están en juego tantos intereses antagónicos y diversos, los problemas cambian de matiz, lo que nos recuerda que la historia es el resultado de la lucha de clases, un perpetuo tejer y destejer de equilibrios, alianzas y enfrentamientos colectivos. Además, como lo enseña la ciencia política que todo partido digno de tal nombre se propone tomar el poder para poner el Estado al servicio de la clase cuyos intereses expresa ese partido. No es la excepción el gobierno de Duque, oligárquico y en favor de las clases dominantes.

Al analizar atentamente el proceso presupuestal, la estructura, la fuente y asignación de recursos financieros en el PND fácilmente se deduce que se trata de una lucha de clases cuidadosamente perfilada y estratégicamente planeada para reproducir las estructuras de poder y consolidar la hegemonía y dominio de clase. Este artículo analiza el conflicto de clases y la política social en el PND 2019-2022.

 

Política social y PND 2019-2022

 

Las políticas sociales (ver recuadro) de Colombia son una mezcla confusa y compleja de enfoques, fundamentaciones, instituciones, burocracias, intereses e intencionalidades. Prima, en todo caso, la esencia asistencialista de la política pública y el interés de control social de los “beneficiarios” mediante el corporativismo y el clientelismo que siempre promueven las “Leyes de pobres”. Sin importar el texto constitucional, pródigo en derechos humanos universales, la lucha contra la pobreza y la focalización de grupos humanos específicos o “rotulados” en espacios delimitados y discriminados es el común denominador de los programas sociales. A los bienes y servicios públicos en Colombia los caracteriza la insuficiencia, la estratificación y la mala calidad.

Es una política social en ejercicio, además, en un ámbito social colonizado por el gran capital y la clase política corrupta que, mediante la concepción neoliberal, todo lo privatizó y lo convirtió en mercancía. Muchos de los programas sociales son diseñados e impuestos homogéneamente por el Banco Mundial en todos los países periféricos o tercemundistas, como por ejemplo “Familias en acción” que transfiere subsidios condicionados en efectivo a las madres por cada hijo menor de edad que hayan procreado; una manera de promover la alta natalidad en los hogares pobres, y de esta manera encadenarlos y someterlos de por vida a la explotación del capital y a los grandes intereses clientelistas, ideológicos, burocráticos y fiscales del Estado. Para nuestro caso, cerca de tres millones de hogares son beneficiarios del programa “Familias en Acción”. El diagrama 1 resume la complejidad de enfoques, programas e instituciones que dan materialidad a la política social en Colombia.

 

 

En Colombia, el gasto social como porcentaje del PIB es de 12,7 por ciento. La inversión real apenas sobrepasa el 10 por ciento; los 2,7 puntos porcentuales restantes se pierden en los oscuros meandros de la corrupción. De acuerdo con la estructura porcentual por funciones, la salud, la educación y la protección social concentran el 94,3 por ciento del gasto social (Gráfico 1).

 

 

Según el artículo 4º, el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022 se estima en un valor de mil noventa y seis, coma uno billones ($1.096,1), a pesos constantes de 2018, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal y que se estima en un valor de treinta y siete coma uno ($37,1) billones, a pesos constantes de 2018.

En esta senda y según el artículo 1º, los objetivos del PND 2019-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, pretenden sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad. Los objetivos se instrumentalizan mediante pactos en pos de lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
Los pactos estructurales, según el artículo 3° del PND 2019-2022, son:

 

i) Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial.
ii) Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.
iii) Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social.

 

El gráfico 2 y el cuadro 1 ilustran las fuentes que financian el PND 2019-2022 y la distribución de los recursos por pactos. La mitad del financiamiento del Plan tiene como fuentes el Presupuesto General de la Nación y los sistemas generales de participaciones y regalías. La tercera parte de los recursos del Plan depende del aporte incierto del sector privado.


El “Pacto por la equidad”, que se sustenta, según el PND 2019-2022, en una “política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, concentra el 46,5 por ciento del total de los recursos. Once líneas programáticas integran este “Pacto por la equidad”: i) Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia; ii) Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos; iii) Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos; iv) Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos; v) Vivienda y entornos dignos e incluyentes; vi) Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva; vii) Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país; viii) Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores; ix) Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social; x) Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza; xi) Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados.

En una sociedad clasista todos los gobiernos se basan en la fuerza y el asistencialismo social. La política social lejos de ser incondicional es francamente calculadora; el análisis de costo/beneficio en términos políticos y económicos la condiciona. En todo caso, el PND en cuestión y estos pactos son en sí mismo una contradicción, pues no se proponen quebrar la triada que caracteriza el ser social excluyente dominante en la sociedad colombiana, a saber: clasista, explotador y autoritario, con los cuales se potencia formas de control como el corporativismo, a través del cual un grupo social extiende su tendencia histórica y hereditaria de estatus y privilegios. El abismo social entre la oligarquía y las clases trabajadoras, y los antagonismos a que da lugar, tiende a tramitarse mediante prácticas y negociaciones de intereses corporativistas, segmentados y particulares. En general, las clases medias y populares se sometieron a una relación de clientelismo con los partidos políticos del establecimiento y los gobiernos de turno y aceptaron las operaciones del depredador poder oligárquico.

El interés individual y el de grupos particulares domina el ambiente del Presupuesto General y del Plan Nacional de Desarrollo, ejerciendo enorme presión para tratar de apropiarse de los limitados recursos públicos que se manifiesta en una creciente demanda por servicios y subsidios del Estado y la absoluta falta de conciencia de la sociedad respecto de las prioridades y los limitados recursos disponibles para satisfacer las necesidades colectivas. Los gastos obligatorios o inflexibles concentran tres cuartas partes del presupuesto nacional; el único gasto verdaderamente discrecional es la inversión pública asociada con el PND; sobre ella recaen conflictivamente los intereses antagónicos, las mezquindades grupales y las luchas de clases.

Los pobres, los grupos de presión y los diversos poderes de facto han impuesto históricamente a las clases dominantes, a los ricos, ciertos deberes y funciones paternalistas y asistencialistas tanto como se les impone a ellos la deferencia, el sometimiento y la legitimación simbólica y electoral del régimen político. Ambas partes de la ecuación están restringidos a un mismo campo de fuerza. Esta hegemonía, corporativismo y conexión clientelar ofrece el armazón desnudo de una estructura de relaciones de dominio y subordinación. La relación recíproca entre oligarquía y plebe se reproduce desde los tiempos coloniales; por muy desigual que resulte esta relación, las clases dominantes necesitan a pesar de todo cierto tipo de apoyo de los pobres y de las clases trabajadoras, y éstos, a la vez, sienten que son necesitados para legitimar a la oligarquía*.

 

Colombia en la Ocde

 

Colombia es el pariente pobre en el club de países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (Ocde), organismo de cooperación internacional integrado por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La Ocde fue fundada en 1961 y Colombia ingresó al mismo en 2018.

De acuerdo con el último informe de esta Organización respecto al avance de América Latina en términos económicos y sociales, es posible evaluar y comparar el desempeño de Colombia en tres dimensiones: i) Ingresos y Productividad; ii) Vulnerabilidades sociales; iii) Percepción sobre las Instituciones y el Gobierno (Cuadro 2).

 

 

Si bien Colombia ha avanzado en diferentes indicadores económicos, registra graves y preocupantes vulnerabilidades sociales y políticas, entre ellas un índice alto de desconfianza en el gobierno nacional y las instituciones públicas. La corrupción y la precaria democracia vulneran los derechos humanos. La economía puede ir bien (dependiendo significativamente de las actividades extractivas: petróleo y minería), favoreciendo a unos pocos, pero la insatisfacción con la calidad de vida en el país afecta tanto a los ricos como a los pobres. El desempeño del país es mediocre respecto a la media latinoamericana y la distancia con la situación en estas tres dimensiones que registran los países desarrollados es inconmesurable. Pese a todo, la Ocde determinará junto con el Banco Mundial y el FMI las reformas que se avecinan en la institucionalidad social: pensiones, gasto público social, mercado laboral, subsidios, salud y educación.

El PND 2019-2022 pretende superar estos obstáculos estructurales, pero su concepción clasista y el anclaje de la política social en la premodernidad (“Ley de pobres”, clientelismo, asistencialismo y corporativismo), no permiten ser optimistas de alcanzar el grado de civilización deseado e idealizado en la situación actual que ostentan los países de la Ocde. La política social moderna debe fundamentarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos; pero para que florezca la dignidad humana se requiere de una sociedad pletórica de paz, democracia plena, justicia, trabajo digno, autonomía, libertad y solidaridad. Todo depende, principalmente, de la madurez de las clases trabajadoras, es decir, el desarrollo de su instinto moral y el grado de conciencia política, que impulsan la unidad, la organización y la lucha por la dignidad humana.

* Sobre los estudios históricos de las relaciones dominio y subordinación, ver: Thompson, E. P., (1979), Tradición, revuelta y conciencia de clase. Editorial Crítica, Barcelona.
** Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Política social y lucha de clases

 

El concepto de política societal comprende la esfera de la política social (la organización institucional de los bienes y servicios sociales, la garantía de los derechos y la distribución del ingreso) e incluye también la intervención social sistemática en todos los puntos del ciclo de producción y reproducción de la vida, con el objetivo de mantener y reproducir las estructuras de poder o de cambiar el sistema societal.
Las políticas sociales son producto de la modernidad, es decir del capitalismo, con el cual tomaron cuerpo dos clases fundamentales de la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado, con intereses, necesidades y cosmovisiones antagónicas.


El proletariado luchó desde su origen por el reconocimiento de su dignidad humana, expresada en reivindicaciones por la reducción de la jornada de trabajo, el alza salarial, el derecho a la organización sindical y a participar en el ejercicio del poder político. Las organizaciones socialistas libertarias, en paralelo buscaron conquistar la democracia radical, la justicia y la igualdad, en un contexto societal de planificación y organización colectiva consciente y autogestionaria de la vida social y económica.


La respuesta a estas iniciativas y luchas por parte de los estados burgueses y el gran capital fue represiva, intolerante y de enfrentamiento. Siempre ha habido una relación de simbiosis entre el gran capital privado y el poder del Estado. Además, los gobiernos conservadores intentaron atraer y cooptar a los trabajadores mediante la implementación de políticas sociales y de seguridad social. El capitalismo demostró una alta capacidad de resistencia, adaptabilidad y el grado de lealtad que inspiraba en las clases trabajadoras.


El estadista y político alemán Otto von Bismarck, artífice de la unificación alemana, fue el primero en promover un Estado Social de Derecho. El canciller alemán centró sus esfuerzos en frenar el movimiento obrero, al que ilegalizó aprobando las Leyes Antisocialistas, al tiempo que intentaba atraerse a los trabajadores con la legislación social más avanzada del momento. Alemania se convirtió en el primer país en introducir la seguridad social. La promoción del bienestar de los trabajadores –a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia– y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales, fue copiada e implementada en la mayoría de países europeos y en Estados Unidos a principios del siglo XX y unas décadas después en América del Sur. No obstante, la insurrección obrera logró triunfar en Rusia en el año 1917. El mundo quedó dividido en un campo de fuerza que enfrentaba al capitalismo y al socialismo.


En consecuencia, las políticas sociales quedaron en medio de una reñida e inflexible batalla ideológica y programática entre antagonismos irreconciliables, en un «campo de fuerza» societal. Para la burguesía, las políticas sociales (desde arriba) constituían “un acto de concesión”; para las clases trabajadoras (desde abajo) “un acto a lograr, una conquista”.


En todas las sociedades tradicionales, las “donaciones” han jugado una función central en el mantenimiento de la posición social. Prestigio, subordinación, obligación y control social entrañan una coincidencia entre las relaciones que supone el «acto de dar» y el contexto de las estructuras sociopolíticas concretas que mantienen todavía rasgos universales*. Pese a la confrontación dialéctica de las políticas sociales, éstas lograrían su síntesis en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien, esta declaración está inspirada en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el texto de 1948 representa “un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones”. Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos”. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. En resumen, las políticas sociales transitaron desde el asistencialismo y particularismo que caracteriza a las “Leyes de pobres”, pasando por los derechos ciudadanos en cada Estado-Nación, hasta alcanzar su universalidad (Diagrama 2).

 

 


Pese a este mandato, desigualdad, exclusión, violencia, pobreza, informalidad laboral, desempleo, fanatismos y corrupción son características históricas y estructurales de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se han mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica.


Más allá de una pretendida política social, lo que debe sustentar un Estado y los gobiernos que pretendan justicia, igualdad, democracia plena y dignidad humana, es una política societal fundamentada en la universalidad de los derechos humanos. Estas características y constantes históricas de América Latina y el Caribe no logran romperse con el gasto social asistencial limitado a la lucha contra la pobreza, a pesar de registrar importantes avances. Pero la tendencia es irregular, dependiendo del lugar y momento del ciclo económico.


Con todo, persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas públicas y los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados. La heterogeneidad entre los países es muy marcada: mientras que las erogaciones en políticas sociales de los países de mayor riqueza relativa alcanzan un promedio superior a 2.000 dólares de 2010 por persona al año, en los países que tienen niveles de pobreza más elevados y, por consiguiente, enfrentan mayores desafíos financieros para mejorar el bienestar social, dichas erogaciones son, en promedio, inferiores a 220 dólares por persona al año. Colombia ocupa un lugar intermedio en el concierto de países latinoamericanos y del Caribe, con un gasto social de 945 dólares de 2010 por persona y un equivalente al 12,7 por ciento del PIB (Cuadro 3).

 

 


Son realidades y contradicciones que trae toda sociedad dominada por la estructura y lógica capitalista. Por ello, mientras la política social no avance a ser societal y se fundamente en el proceso histórico y universal de conquistas y actualizaciones de los Derechos Humanos, la dinámica estructural de nuestro país –y en los otros que integran la región– continuará siendo la misma.

 

* Thompson, E.P., (2000), Agenda para una historia radical, Editorial Crítica, Barcelona, pp. 30-31.

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Jueves, 25 Abril 2019 08:12

Cúcuta: la frontera fracturada

Nolberto Roa Pulido, “Frontera cerrada”, https://www.flickr.com/photos/nolbertoroa/24719292456/

La crisis desatada en las relaciones colombo-venezolanas, más la crisis económica, social, política, militar, desatada en el país vecino, trae sus coletazos, quienes habitan Cúcuta los viven con toda crudeza.

 

Como no había sucedido en toda la historia de la relación limítrofe colombo-venezolana, la frontera entre los dos países está hoy fracturada, es pura dinamita que explota por momentos, pero que puede llegar a disolverse en un caos infinito o en una integración fructífera hacia el futuro.

Cúcuta la capital de Norte de Santander, ubicada sobre la Cordillera Oriental, es epicentro de un desastre económico-social y sicosocial. Esta frontera, con sus 2.219 kilometros, es la más prologanda entre paises surameericanos. Es un desastre de todo tipo, una verdadera fractura social, que tiene como punto de arranque el gobierno de Uribe y la prioridad que lo ideológico tomó sobre el mercado; el cierre de la frontera, luego de la evidente conspiración golpista propiciada desde Colombia, desnudó ante los ojos de todos la dependencia que tiene esta parte del país de sus vecinos.

 

El territorio

 

El área metropolitana de Cúcuta –que comprende Villa del Rosario, Los Patios, Zulia, San Cayetano y Puerto Santander– suma 1.200.000 habitantes, más San Antonio y Ureña, localidades venezolanas que hacen parte de este entramado. La capital del departamento propiamente dicha reúne 700.000 pobladores, registrando un crecimiento enorme en los últimos años, del cual se desprenden variedad de problemáticas, entre ellas económicas y sociales. Como toda ciudad fronteriza, su economía y vida cotidiana depende y/o se complementa del vecino.

Registra esta ciudad, por tanto, un crecimiento inmenso, más aun para lo limitado de su territorio –10 km2 de extensión de norte a sur y 11 km2 de oriente a occidente–, el cual está distribuido en 10 comunas, de las caules las conocidas como 1, 4, 5, 6 y 9 concentran la mayor conflictividad social. Destaca entre estas, a su vez, la comuna seis, la más pobre, descuidada y “caliente” de la ciudad, toda vez que es la que conecta con las trochas de paso de migrantes, donde operan las bandas criminales y hacen presencia grupos armados ilegales.


Dicen en Cúcuta que la realidad que hoy viven allí no siempre fue así, que todo se complicó a partir del cierre de la frontera ordenada en 2015 por el presidente Nicolás Maduro, generando el conflicto entre los dos países una grave crisis diplomática, económica y humanitaria, decretando estado de excepción en varios municipios del estado Tachira, y luego del estado Zulia.

Según la Asociación de Supermercados de Norte de Santander, en el último año, como reflejo de la crisis, 700 establecimientos están en crisis, de los cuales la mayoría estaban ubicados cerca a la frontera.

Crisis también reflejada en el negocio de cambio de divisas, el cual cayó en un 40 por ciento, y las remesas en un 90. Decaída que refleja muy bien el cambio sufrido con el cierre fronterizo, pues hasta antes de tal decisión ingresaban por día a la ciudad 40.000 venezolanos, lo que movía al mercado en todas sus variables. Ahora en la ciudad no quedan sino informales, lo que disparó en el 70 por ciento el rebusque callejero y el surgimiento de locales pequeños, los que no garantizan estabilidad económica alguna, según diagnóstico de la Federación de Comerciantes de N. de S.

La pobreza que traía desde siempre la ciudad ahora está multiplicada, también la desigualdad social y la inequidad, lo que ha propiciado el ahondamiento de la inseguridad, producto de la presencia de bandas criminales, grupos armados, policía corrupta, grupos que controlan la frontera y todo tipo de negocios ilegales. El Eln, el Epl, disidencias de las Farc y bandas criminales organizadas se disputan el territorio, los cultivos de coca, y el control de población en las comunas, entre ellos los miles de pobres de ambos países que luchan por la supervivencia y que fácilmente son cooptados por las mafias, como mulas para llevar droga a otras ciudades.

Población que habita la ciudad desde hace añós, pero también quienes quedaron atrapados después del último cierre de frontera, en total 17.000 venezolanos que no pueden regresar, entre estos 3.000 personas (entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que desertaron). Población que es una carga fiscal para la ciudad, la que según cálculos debe invertir 60.000 millones por año en mantener esa población.

 

Corredores y algo más

 

Nada puede ser peor que lo vivido hoy por miles en esta parte del país, padecimiento que, valga decirlo, se llegó al mismo por las políticas ideologizadas en relaciones internacionales impuestas por el doble gobierno de Uribe, las que llevaron a que el país perdiera un mercado de 7.000 millons de dólares, los mismos que hoy llevan al desvelo a la oligarquía que necesita recuperarlos, para lo cual conspira contra el gobierno del país vecino por y con todos los medios posibles.

Dicen, sin embargo, que “cada día trae su afán”, lo que está plenamente comprobado en los 144 kilómetros de frontera de Norte de Santander, en los cuales existen cuatro pasos formales y 39 trochas ilegales –otros dicen que hay más de cien–, las mismas que ahora el gobierno colombiano ha decidido considerar como lugares de paso legal. Son estas trochas los lugares por donde transita el contrabando de gasolina, alimentos, ganado, medicamentos, carros, personas con afán de residencia más allá de su territorio tradicional de vida, pero también de aquellas sometidas a la trata –esclavitud de diverso tipo–; así como el comercio ilegal de divisas, y el narcotráfico de un país al otro, todos los días y a toda hora. Eso sucede en Puerto Santander, la Ye de astilleros, San Faustino y la Parada. La policía fronteriza de los dos lados mira para otro lado y engorda los bolsillos.

El cruce puede ser legal, ilegal, formal e informal o también clandestino, y en él se encuentra de todo tipo de “profesiones”, unas manejadas por pequeños propietarios y otros por las bandas ubicadas a ambos lados de la frontera.

Algunas de esas bandas tienen estre sus prácticas cobrar peaje, aunque este también es un rebusque que ponen en práctica particulares en procura de unos pesos. Por ejemplo, para pasar hacia Cúcuta los migrantes deben cancelar 2.000 a ambos lados del rio, del lado venezolano a los Colectivos y del lado colombiano a grupos criminales o rebuscadores particulares, como ya fue anotado.

Este es un rebusque abierto a otras muchas “profesiones” puestas en práctica, por la aguda crisis en curso, por pobres de ambos lados de la frontera, que así buscan sus pesos diarios: lavado y secado de pies para la gente que pasa las trochas y no quiere ingresar a Cúcuta sucia, cuesta 500 pesos. Algunos prestan servicio de baño por 200 pesos y si es con ducha 1.000; el “lomotaxi” –jóvenes que cargan personas a la espalda para pasar el Táchira–: 2.000 pesos. También existe el “lomocarga”, que cobra según el peso –en algunos casos hasta $ 15.000 por ir de un punto a otro–, carga que también debe cancelar peaje: si son bultos de papa, plátano o frutas a 5.000 pesos, si son otros productos $ 3.000.

El rebusque es total. Usted puede pasar la trocha del rio por “puente de tablas” a 2.000 pesos, pero si es “puente de piedra” a 1.000. O la otra “profesión “los arrastradores” de mercancías y objetos que llevan los migrantes o quienes simplemente van de paso, cobran entre 1.000 a 2.000 pesos por servicio.

 

De todo como en bótica

 

Pero en las trochas y en las entradas a Cúcuta hay de todo: minutos a celular, cigarrillos sueltos, alquiler de botas pantaneras para el paso del río, venta de ungüentos para los callos, empanadas, desayunos, almuerzo, jugos, cambio de pañales, jeringas, cambio de moneda, y algo muy preciado por el que va a cruzar la frontera: los medicamentos, por los cuales primero se pregunta en los puestos ambulantes, por ejemplo por ibuprofeno, acetaminofén, amoxicilina, y si no los encuentran entonces ingresa a Cúcuta.

Una crisis que rompe la cohesión social y la credibildiad en el gobierno nacional, como en el local y departamental. Por ello, y con la pretensión de quebrar el 12,8 en desempleo que según el Dane registraba la ciudad en enero pasado, el gobierno colombiano plantea proyectos de emprendimiento para la clase media –que ve como su precaria estabilidad se hace añicos– lo cual queda en el vacío o las simples buenas intenciones. Entre proyectos y declaraciones de político hay que aclarar que en esta crisis las clases dominantes regionales también hacen parte del entramado de corrupción, otra forma de rebusque, una que brinda más dividendos.

Como si fuera poco, en este hervidero de pobreza, sobrevivientes de la exclusión social, transeúntes hacia el interior del país u otros destinos, rebuscadores, etcétera, Cúcuta es hoy el epicentro de trabajos de inteligencia por parte de los EEUU, Rusia, Venezuela, Cuba, Colombia; de “trabajo humanitario” destinado a poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Una crisis sin precedentes en la ciudad fronteriza, una crisis que por momentos se siente sin control alguno, y que puede llevar a un estallido social que la limpie de tanta miseria.

 

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El PND y la descarada imposición de los “pactos”

Una vez más nos vuelven a hacer la misma vieja jugada. Y en esta ocasión sí que cabe hablar por todo el país. Una vez más un gobierno aprovecha la convencional y cuatrienal presentación del Plan de Desarrollo para imponer el conjunto de reformas que de otra manera habrían tenido que seguir su curso normal en el Congreso. El documento denominado “Bases del Plan”, un ladrillo de casi mil páginas, se convierte así, como sus antecesores, en un artefacto inútil. Lo importante es el Proyecto de Ley mediante el cual supuestamente “se expide” el Plan y se presenta el mencionado documento que va como anexo (Art 2), junto con un Plan de inversiones y presupuestos plurianuales (Título II, Capítulo I). Sin embargo, el proyecto de Ley incluye, en el mismo Título II, un enorme Capítulo II que, bajo la tramposa denominación de “Mecanismos de ejecución del Plan”, introduce todo un ambicioso programa de reformas e iniciativas legislativas. Trescientos artículos en más de doscientas páginas.

Siendo generosos, diríamos que, si acaso, unas tres docenas de estos artículos corresponderían a “mecanismos de ejecución del Plan”. Incluyendo la radical y controvertida reforma institucional que consiste en trasladar el manejo de la inversión pública, del DNP, que es donde está ahora, al Ministerio de Hacienda. El resto es un verdadero programa legislativo que sólo bajo el gracioso argumento de “todo tiene que ver con todo” se relacionaría con el Plan de “los Pactos”.

Esta argucia leguleya y autoritaria, como se dijo al principio, la están utilizando en Colombia desde hace por lo menos cinco gobiernos y desde entonces se ha impugnado por ser un clásico ejemplo de violación del principio según el cual toda ley debe conservar una estricta unidad de materia. El proverbial humor colombiano ha denominado, por eso, “micos” a esos artículos que nada tienen que ver con el objeto de la ley y sin embargo se le “cuelgan” al ramaje principal. Este caso, por la cantidad y singularidad de los artículos sobrantes, raya en el descaro. Casi como una demostración de arrogancia, a través de una burla, han incluido un artículo que autoriza al Banco de la República a ¡“emitir una moneda especial en conmemoración del bicentenario”! La argucia tiene además un claro propósito antidemocrático. Es una burda imposición ya que, según está previsto en la Constitución y la ley, si el Congreso no aprueba el Plan el Presidente está facultado para expedirlo por Decreto.

 

Indefensos, inermes y confundidos

 

El problema consiste en que los movimientos y organizaciones sociales, así como las agrupaciones políticas de oposición, en lugar de enfrentar semejante engendro, se limitan a examinar si su sector está bien posicionado y prefieren reclamar su inclusión. Y algo de razón tienen si nos enfocamos principalmente en los cuadros del plan de inversiones y los presupuestos plurianuales. Observemos, a manera de ejemplo, que en el reciente acuerdo con la minga indígena del Cauca el principal logro consiste en la precisión de un plan de inversiones por un monto de $ 823.148 millones, para las organizaciones participantes, que explícitamente ubican dentro del “plan de inversiones plurianuales previsto en el proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo que se encuentra en trámite en el Congreso de la República”. Aparece entonces un agravante que ya han señalado algunos periodistas: se le regala una nueva ventaja al presidente Duque pues el acuerdo se convierte en una presión en favor del respaldo y la aprobación del proyecto de ley del Plan.

Por su parte, Fecode ya se apresuró, con el apoyo de un grupo de congresistas, a proponer una versión corregida de uno de los artículos que tiene que ver con la educación. Tampoco se enfrentan, pues, al contenido general de la colosal reforma antipopular que se plantea. Y esto para no mencionar a los diferentes defensores del Acuerdo de La Habana, limitados a exigir los recursos suficientes para la implementación. Todo sucede como si la política en Colombia se redujera a la disputa por el presupuesto público. Por cierto, son bastante peligrosas las reformas que se anuncian precisamente en estos tres temas: pueblos indígenas, educación, paz y reforma rural.

 

Toda una estrategia política y económica

 

A primera vista no es fácil orientarse en tan farragoso documento lleno de variantes jurídicas, sustantivas y de procedimiento, que sólo los especialistas de cada tema pueden entender. Sin embargo, el deliberado desorden, la extrema heterogeneidad y el fastidioso casuismo del articulado no deben engañarnos. Se trata de una clara estrategia política, institucional y jurídica, alineada en un todo con el más burdo fundamentalismo neoliberal. Es la misma filosofía que vimos en la defensa a ultranza de la rebaja de impuestos para las empresas que Duque ya había anunciado en su campaña y puso en práctica en la “ley de financiamiento”. Se supone que hay una rigidez institucional que no da confianza a los inversionistas. Los principios son entonces simples y simplistas: flexibilizar las normas, dar seguridad jurídica y ofrecer incentivos. Sobre todo, flexibilizar las normas ambientales, laborales y sociales, las normas de contratación pública, las exigencias de participación ciudadana y consultas. Así mismo se procede a la disminución de tributos, cargas y regalías, principalmente a nivel territorial, y en cambio se multiplican los incentivos económicos y se pone el Estado al servicio de la rentabilidad de la empresa privada.

Para decirlo en pocas palabras: el proyecto “tiene de todo” y parece hecho por los gremios, cada uno de los cuales puso allí sus exigencias y hasta sus caprichos. Pero ¿cuál es el propósito de semejante estrategia? En la argumentación de la tecnocracia neoliberal, que sigue siendo la eminencia gris del bloque de poder en sus diferentes formas y máscaras, es uno sólo: cortejar las grandes empresas, atraer la inversión extranjera. El modelo económico continúa siendo el mismo de hace más de veinte años: el “extractivismo”. Se le añade tal vez una nueva ilusión: la exportación de “servicios”. Por ejemplo de salud; quizás el turismo y, particularmente, la nueva golosina naranja: la cultura entendida como el negocio del entretenimiento. Es en ese sentido como pueden identificarse algunas líneas gruesas de la estrategia contenida en el famoso proyecto de ley.

Comienza de manera nada sorprendente con el sector minero energético, sector que reaparece una y otra vez en el articulado. El objetivo allí es remover todas las normas ambientales, de ordenamiento territorial, de propiedad y titulación de predios, y otras más, que supuestamente impiden la inversión. En esa misma línea aparece la facilitación del negocio de la construcción de infraestructura. Y, en cierto modo, la cuestión del desarrollo rural, el cual, aunque parece relacionarse con los acuerdos de paz, y hace mención del tema catastral y la adecuación de tierras, en realidad, está enfocado a los grandes proyectos de monocultivos, a través de la estabilidad, es decir seguridad y tranquilidad para los terratenientes. Cabe señalar, por cierto, que el tema de la seguridad, disfrazada de legalidad, ocupa un lugar extraordinariamente destacado en el proyecto.

En cambio, los trabajadores, en general, tanto los asalariados como los independientes, no deberían permanecer indiferentes ni mucho menos estar tranquilos frente a las amenazas que se anuncian. Con gran astucia se anticipan aquí importantes avances de lo que sería una reforma laboral, de “legalización” de la informalidad, y sobre todo de reforma pensional. Se habla de protección social pero todo se articula alrededor de un propósito de “saneamiento” de las finanzas públicas. Curiosamente frente a la crisis del sistema de salud lo que se puede deducir es que existe la pretensión de salvar la estructura de EPS y hacia el futuro incrementar su rentabilidad. Igual sucede con los servicios públicos que se mantienen dentro del enfoque privatista. Las nuevas normas en materia de innovación tecnológica y propiedad intelectual son igualmente preocupantes.

 

Un llamamiento

 

Tales son algunas de las líneas gruesas, pero también se encuentran centenares de pequeñas reformas, sobre muchos temas, que seguramente tienen igualmente grandes implicaciones. Ya sabemos que el diablo está en los detalles. Sería imposible y además irresponsable intentar un diagnóstico en una sola presentación. Lo único que puede recomendarse es el estudio detallado, por parte de quienes se encuentran en cada sector o área, de cada una de estas peligrosas iniciativas. Al menos sabremos de qué se trata, para, en caso de que se aprueben, organizar después la resistencia.

En todo caso, en el momento, sólo hay dos opciones. Una, que ya fracasó con los planes de Santos, consiste en que las organizaciones sociales le piden a la ínfima minoría opositora en el Congreso que trate de modificar lo mejor posible algunos de los artículos del proyecto. Otra, la más difícil, pero la única eficaz, es levantar un amplio movimiento popular de dimensión nacional que se coloque como único objetivo tumbar definitivamente el proyecto. Como mínimo, dejarlo reducido a su verdadero propósito de aprobación del Plan, obligando al Gobierno a presentar por separado cada una de las reformas que quiere hacer. Como quien dice: ¡A sacudir el árbol de los micos!

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Trump declara la guerra comercial a Cuba

En su larga lista de enemigos internacionales, Donald Trump ha puesto a Cuba en el centro de la diana y parece dispuesto a chocar con los intereses de sus aliados europeos con tal de provocar la caída del gobierno de La Habana. Washington anunció la semana pasada que desbloqueará la totalidad del título III de la ley Helms-Burton que permite denunciar en cortes de Estados Unidos a los norteamericanos o cubanoamericanos que perdieron sus propiedades tras las expropiaciones que tuvieron lugar en el inicio de la Revolución, hace casi 60 años.

La ley, de 1996, consolidó el bloqueo a la isla porque estableció que el Congreso y el Senado deberían autorizar su levantamiento. A pesar de su antigüedad, ni Clinton, ni Bush ni Obama se habían atrevido a llegar al extremo de poner en funcionamiento el título III que se iba suspendiendo cada tres meses. El principal motivo era porque atentaba directamente contra algunos países europeos -teóricamente aliados- con intereses en la isla, pero también porque las demandas potenciales oscilan entre las 75.000 y las 200.000, según el gobierno de Estados Unidos y pueden llegar a colapsar el sistema judicial.


Hace apenas un mes, Trump ya lanzó un aviso con un desbloqueo parcial del título III de la Helms-Burton pero que solo afectaba a unas 200 entidades estatales vinculadas a las fuerzas armadas que mayoritariamente cuelgan del conglomerado militar-industrial GAESA. Estas compañías ya estaban incluidas en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas que Washington sancionó hace dos años prohibiendo a sus ciudadanos realizar cualquier tipo de negocio con ellas.


En ese momento, el Departamento de Estado aseguró que la medida no afectaría a la contraparte extranjera de las empresas mixtas como por ejemplo la fábrica del ron Havana Club –con la francesa Pernord Ricard- o, en el caso de España, cadenas como Meliá o Iberostar que operan en hoteles incluidos en la lista en un régimen de explotación. Pero la semana pasada la Casa Blanca hizo extensivas las denuncias a todas las propiedades confiscadas y sin dejar al margen a los socios europeos.


La medida entrará en vigor a partir del 2 de mayo y por el momento ha generado inquietud entre el empresariado europeo que está sujeto a miles de denuncias. Hasta ahora se trataba más bien de una medida simbólica porque, aunque las cortes fallaran a favor de los reclamantes, la justicia americana no tenía forma de obligar a las autoridades cubanas a pagar las indemnizaciones. Con las empresas europeas, podrían ir contra sus activos en Estados Unidos. De aquí la contundente reacción de la Unión Europea que intentará evitar a toda costa este escenario y asegura estar preparada contra estas medidas comerciales que considera "dañinas" e "injustas".


Asimismo, para el experto en relaciones entre Cuba y Estados Unidos, Arturo López-Levy, el propósito de la administración Trump es "distorsionar el clima inversor" en la isla, muy necesitada de capital extranjero después del colapso de Venezuela su principal socio comercial y el retroceso de las relaciones con Estados Unidos. Según López-Levy, esta incertidumbre afectará más a quienes estén pensando en invertir en la isla que no a aquellas que ya llevan tiempo aquí y están acostumbradas a lidiar con este tipo de situaciones.
En declaraciones a EFE, el presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, Xulio Fontecha, afirmó que todavía es "muy difícil y muy prematuro saber qué va a pasar" y destaca que las principales compañías españolas tienen muy estudiada la situación.


Castigo por Venezuela


Washington justifica la aplicación de estas medidas como un castigo contra Cuba por la ayuda que la isla esta prestando a Nicolás Maduro para ayudarle a mantenerse en el poder. La visión de la administración republicana es que con el acercamiento de Obama el régimen se reforzó por la mejora económica que supuso la llegada de turistas americanos y las oportunidades de inversión que se generaron.


Según López-Levy, Trump está intentando dibujar en la opinión pública un nuevo enemigo exterior con Cuba y Venezuela que le ayude a crear un marco electoral favorable de cara a las presidenciales de 2020. "Si la nueva amenaza es el socialismo, una parte del centro electoral es susceptible de votar republicano solo para evitar que ganen los demócratas que tienen una posición más suave con estos países". Además, añade que algunas de las nuevas figuras del partido demócrata hablan abiertamente de 'socialismo' y que no es difícil que una parte de la población se deje asustar.


Medidas contra la población


Además de las referentes a la Helms-Burton, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, anunció restricciones que afectarán directamente al día a día de los cubanos pese a la intención declarada por Washington de ir con el gobierno y no contra el pueblo.


La más destacada y grave es la limitación del envío de remeses al país a 1.000 dólares por persona cada tres meses que puede tener un efecto devastador para una gran parte de la gente de a pie que buena parte de su bienestar depende de los ingresos que les hacen llegar sus familiares en Estados Unidos. Las remesas son el principal flujo de dinero al país por delante del comercio con Venezuela o Rusia, los principales socios comerciales. Según un informe del think tank con sede en Miami Havana Consulting Group, los cubanos el envío de remesas en efectivo de Estados Unidos a Cuba entre 2008 y 2018 fue de 30.000 millones de dólares.


Trump también ha decidido eliminar los viajes de norteamericanos a Cuba si no es por motivos familiares ya que las otras 11 categorías que permitía la ley se usaban para hacer un tipo de "turismo encubierto". Empresas que organizan visitas de americanos a la isla destacaron que todavía hay mucha "confusión" sobre cómo se llevará a cabo esta medida y que busca sobre todo desincentivar el turismo al país caribeño pero que definitivamente se trata de "una mala noticia para el sector".


El gobierno cubano respondió a estas medidas con una apelación a la soberanía nacional y rechazando el injerencismo norteamericano, pero al mismo tiempo se lanzó un mensaje a la población de que se avecinan tiempos complicados. El mismo Raúl Castro, ya expresidente, salió a la palestra para concienciar a los ciudadanos de lo que se acerca. Aún así, también lanzó un mensaje de optimismo diciendo que no se volvería a un nuevo 'Período Especial' de los años noventa gracias a la mayor diversificación de la economía.


Por el momento, las complicaciones económicas de Cuba se notan en la escasez de algunos productos de primera necesidad, pero que de alguna manera tampoco es del todo ajeno al día a día de los cubanos. El mayor efecto se nota en las perspectivas de los propios cubanos que albiran un futuro complicado, todo lo contrario al optimismo que se respiraba durante los años de la apertura de Obama.

23/04/2019 11:03 Actualizado: 23/04/2019 11:03
Por santi piñol

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Incertidumbre y malabares estadísticos

El sistema estadístico hace parte de los bienes públicos de las sociedades modernas. Como parte de ello, en Colombia los censos constituyen la fuente primaria del Sistema Estadístico Nacional. Los resultados definitivos del Censo Nacional de Población y Vivienda (Cnpv) 2018, tras más de seis meses de concluido, no se conocen aun. Los informes preliminares presentados por el Dane generaron incertidumbre. En contraste con las proyecciones oficiales, cuatro millones y medio de personas están en el “limbo”. Los marcos muestrales de las encuestas cambiaron, hay reducción en las transferencias fiscales a algunas entidades territoriales, los indicadores socio-económicos y las series históricas se ven alterados. Este artículo estudia la situación generada por este último Cnpv y analiza sus resultados preliminares publicados por el Dane.

 

 

 

Incertidumbre. ¿Cuántas personas habitan Colombia hoy día? La respuesta es incierta, lo que indica que no hay seguridad, confianza ni certeza sobre la información estadística con que ahora cuenta el país, de lo cual da cuenta esta dualidad: de acuerdo con las proyecciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), deberíamos aproximarnos a los 50 millones de personas, pero según el Cnpv 2018, estirando hasta donde dan las cifras, alcanzamos los 45,5 millones (Gráfico 1).


Así como es difícil gobernar sin medición, no hay medición sin política. Sobre la medición, comenta Angus Deaton, Premio Nobel de Economía 2015, cuán poco podemos decir sin ella y cuán importante es medir bien. No se puede discutir coherentemente el progreso sin definiciones y evidencia que lo respalde. La necesidad de hacer algo tiende a hacer creer que no es necesario comprender qué es lo que se requiere hacer. Y sin datos, cualquiera que haga algo es libre de reclamar el éxito (1).


No es casual por tanto, lo afirmado, con conocimiento de causa, por un exdirector del Dane, quien sentenció: “En el largo plazo, cuando miremos en retrospectiva la historia de Colombia de inicios del siglo XXI, encontraremos que la pérdida de balances institucionales impidió un tratamiento responsable de las cifras oficiales. Las estadísticas no fueron entendidas como un patrimonio de todos los colombianos sino como un mero instrumento de poder” (2).


 

Frente a la incertidumbre, derecho de petición

 

Los censos nacionales de población y vivienda (Cnov) permiten a la sociedad contar con información objetiva y desagregada sobre el número de habitantes, su distribución en el territorio y sus condiciones de vida. De acuerdo con el Dane, los Cnpv constituyen las operaciones estadísticas más grandes y complejas que realiza un país. Como eje articulador de la información estadística, social, económica y demográfica, sus resultados soportan la formulación y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos gubernamentales, así mismo es fundamental para el desarrollo de proyectos del sector privado a nivel nacional e internacional y para la asignación de recursos en el ámbito departamental y municipal.
Ante la incertidumbre generada por los resultados preliminares del Cnpv 2018 (publicados en noviembre de 2018) y la ausencia de cifras definitivas cinco meses después, el director del periódico Le Monde diplomatique edición Colombia, Carlos Gutiérrez, dirigió un Derecho de petición (sustentado en el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755/15) al director del Dane, Juan Daniel Oviedo Arango. La información solicitada (febrero de 2019) y las respuestas institucionales (marzo de 2019) por parte de Liliana Acevedo Arenas, Directora técnica de Censos y Demografía, se presentan de manera resumida a continuación:
- Pregunta. Resultados definitivos del Cnpv 2018. En el evento de no tener aún los resultados definitivos del Censo en cuestión, le solicito indicar la fecha en la cual está información estará disponible. Así mismo, señalar las razones por las cuales aún no se cuenta con los resultados definitivos y si la entidad dispone de una evaluación técnica de la calidad y objetividad de este Censo que dé respuesta a los cuestionamientos hechos sobre las diferencias de los resultados respecto a las proyecciones de población del mismo DANE y las inquietudes expresadas por entidades territoriales como por ejemplo, el Distrito Capital, Soacha o el Valle del Cauca.
Respuesta: “Actualmente el Dane avanza en el proceso de digitación de los formularios recolectados en papel, así como en las actividades de consolidación, depuración y validación de calidad de esta operación censal. Culminadas estas actividades y se obtenga un dictamen independiente del Comité Técnico Nacional de Expertos para la Evaluación y Análisis del CNPV 2018, se entregará al público en general la base de datos censal definitiva. Así mismo, el Dane avanza con las Secretarias de Planeación de las entidades territoriales que han manifestado inquietudes sobre el operativo censal, en los análisis de cobertura que aportan elementos técnicos para solventar las observaciones con relación a los indicadores sociodemográficos de la población residente habitual en estos territorios, como en la actualidad para tal fin, se trabaja con las entidades territoriales como Bogotá DC, Soacha o el departamento de Valle del Cauca.
Por otra parte, el Dane incluyó preguntas específicas para la evaluación de cobertura en la Encuesta de Calidad de Vida (ya finalizó la recolección en campo); el estudio temático será difundido de manera paralela con los resultados censales. Así mismo, se cuenta con elementos de seguimiento cartográfico para la verificación de cobertura geográfica del barrido censal”.
- Pregunta. Resultado definitivo del Censo 2018, referido a la población, en cada Departamento y en los municipios del país.
Respuesta: “El Dane cuenta con resultados parciales que se encuentran en proceso de consolidación y revisión de calidad. La información preliminar es la siguiente (Gráfico 1)”:

- Pregunta. De igual manera, le solicito informar ¿cómo se armonizarán las cifras del CNPV 2018 con las cifras arrojadas en las demás investigaciones estadísticas que adelante el DANE?, entre estas: Encuesta integrada de hogares, proyecciones poblacionales oficiales del DANE, PIB percápita, calidad de vida, proyecciones de población, estadísticas laborales.
Respuesta: “La operación censal es el eje de los marcos muestrales de las encuestas realizadas por la entidad, por esta razón una vez se actualice el marco censal, el Dane iniciará un proceso de transición de mediano plazo que permitirá calibrar la expansión de las encuestas para garantizar la representatividad de información; así mismo, este proceso es acompañado por análisis temáticos enfocados en los empalmes de las series de datos sectoriales en cada operación estadística que depende del marco censal y así, mediante los procesamientos y metodologías definidas en el marco de las buenas prácticas estadísticas, garantizar la comparabilidad de resultados en cada investigación”.

- Pregunta. ¿Qué ajustes técnicos o estadísticos tiene prevista la entidad para corregir las inconsistencias identificadas en los resultados del CNPV 2018?
Respuesta: “En los procesos de validación de calidad y consistencia de la información censal se aplica la técnica Hot Deck (imputación, esto es, sustitución de valores no informados en una observación por otros) para el ajuste de valores observados sin información. Así mismo, se verifica la consistencia de los resultados de la información declarada por el encuestado idóneo respecto a cada individuo para verificar que son coherentes con los filtros y flujos del cuestionario censal”.

 


 

Medición y política


El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia garantiza a toda persona “[…] informar y recibir información veraz e imparcial”. El sistema estadístico hace parte de los bienes públicos de las sociedades modernas, condición sustancial para hacer realidad el derecho antes aludido en tanto: i) la realidad tiende a entenderse y expresarse en estadísticas; estas contribuyen a la construcción de imaginarios colectivos; ii) las sociedades cambiaron, de estar centradas en la percepción cualitativa pasaron a ser cuantitativas en todos los aspectos; iii) las estadísticas ofrecen los medios para estudiar los hechos sociales y son la base para formular políticas públicas; iii) son instrumentos para evaluar los resultados de las políticas públicas y la gestión de los gobernantes; iv) los altos costos de producción de la información estadística requieren de la institucionalidad pública; además, los institutos de estadística son financiados con los impuestos pagados por la ciudadanía.


Pese a la norma constitucional y a la razón de ser del sistema estadístico, en Colombia, la clase dirigente ha sido reacia, en defensa de sus intereses y espíritu fariseo y manipulador, al desarrollo de una sólida institucionalidad y cultura estadística democrática.


La poderosa oligarquía terrateniente y su representación en el Congreso y el Ejecutivo impidió, por ejemplo, durante 45 años que se realizara un censo agropecuario (desde 1970 no se hacía uno, el que en 2015 brindó nuevas cifras) con el que se conociera la verdad del campo, esto es, precisar la tenencia y concentración de la tierra, conocer las condiciones de vida rurales y proporcionar información estadística veraz para la toma de decisiones; por esta incertidumbre la mayoría de las políticas del sector agrario fracasaron, trayendo como consecuencia un estancamiento del sector; en 2014 se llevó a cabo el Censo Nacional agropecuario (con un costo de $350.000 millones), pero sorprendentemente, cuatro años después, la administración Duque no tuvo en cuenta sus resultados para trazar los lineamientos de política agraria en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Otro tanto sucede con la producción y manejo de las cifras de empleo, pobreza, valor agregado, inversión, distribución del ingreso, producción departamental, gasto público, turismo, bienestar social, violencia y conflicto, entre otras; todas estas son arbitrariamente amañadas en sus metodologías y resultados, dependiendo de los intereses, necesidades y carácter del gobierno de turno.


Ejercicio del poder que se extiende por doquier, pretendiendo reconstituir su rostro con estadísticas que no corresponden a la realidad, como lo denunció en su momento César Caballero, exdirector del Dane (2002-2004) obligado a renunciar al rechazar las órdenes del presidente Uribe (2002-2010) que buscaban falsear las cifras que se deberían publicar sobre el tema de seguridad y orden público. En la carta de renuncia, Caballero dice: “He recibido una orden que moralmente me siento incapaz de cumplir”. En el artículo de su autoría “El poder de las cifras y las cifras del poder”, afirma: “Como nunca antes, en Colombia estamos viviendo una discusión sobre la calidad de las cifras en múltiples frentes. Decisiones improvisadas y cambios metodológicos sin justificación clara han generado dudas de sí las estadísticas oficiales reflejan la realidad de nuestro país o responden al interés concreto de quien genera los datos” (3). Todo esto sucede en contra de la experiencia internacional. (Ver recuadro, “Historia…”.).


Al fin de cuentas, ¿cuántos somos?


La población proyectada de Colombia por el Dane, para el año 2018, era de 49.834.727 personas. La población censada sumó 44,2 millones (88,7% de la proyectada); y la estimación de personas ausentes en viviendas ocupadas y rechazo en la visita censal es de 1,3 millones de personas (2,8% del resultado total del CNPV 2018). En total, el Cnpv 2018 estima la población del país en 45,5 millones (91,3% de la proyectada). El Gráfico 2 registra la población censada y las proyecciones derivadas a partir del año 1951.


Los resultados del Cnpv 2018 se vienen confrontando, cruzando y comparando con otras fuentes de datos, tales como estadísticas vitales (nacimientos y muertes), saldos de migraciones (salida y entrada de personas con fines de quedarse a vivir habitualmente) o información de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Archivo Nacional de Identificación –ANI– y Registros civiles nacionales RCN).


En el promedio 2006-2018, al año mueren en Colombia 205.121 personas, nacen 671.139 y el saldo neto de migración es negativo en 148.207 (se van del país más personas en comparación con las que llegan a residir). La media de aumento anual de la población, en cifras absolutas, es de 317.811 personas. Con base en estos datos, el economista Ricardo Bonilla calcula que a mediados del año 2018, tomando como base de proyección los resultados del Cnpv 2005, la población de Colombia suma 48,8 millones; al tomar en cuenta las estadísticas vitales el resultado ajustado es de 49 millones, y al incluir la migración neta la cifra baja a 47,3 millones (Tabla 1).


De otra parte, con el fin de cruzar los registros individuales, el Dane tomó en cuenta la información de la Registraduria (ANI y RCN) que presenta una base de datos correspondiente a 59,9 millones de personas. A esta cifra le suma los nacimientos y le resta las defunciones; además, toma en cuenta los colombianos que aparecen en la ANI y residen en el exterior (2,3 millones). El resultado es de 46,8 millones de personas habitando el país (Tabla 2).


Implicaciones


Los resultados del Cnpv 2018 alteran directamente todos los indicadores económicos, sociales y políticos; además, afectan las transferencias de recursos públicos a las entidades territoriales. En cuanto al ingreso medio por persona (PIB/Población total) para el año 2018, el resultado del indicador aumenta de 11,3 millones a 12,4 millones de pesos, esto es, un incremento de 9,5 por ciento (Gráfico 3).


Si bien, el ingreso por persona de Colombia es históricamente inferior a la media de América Latina y el Caribe (AL-C), con el ajuste se cierra la brecha en 8,5 puntos porcentuales: en 2018 el ingreso per cápita de AL-C fue de 8.999 dólares estadounidenses, de acuerdo con las estadísticas de la Cepal, y el de Colombia de 7.733 dólares tomando la población proyectada (85,6% respecto al ingreso de AL-C) y 8.470 dólares considerando el resultado del Cnpv 2018 (94,1% respecto a AL-C) (Gráfico 4).


Al considerar algunos indicadores sociales, como los índices de violencia y pobreza, el efecto es desfavorable: la situación empeora. En efecto, en 2017 fueron asesinados 12.066 colombianos y en 2018 la cifra aumentó a 12.458; con los resultados del Cnpv 2018 la tasa de homicidios por cada 100.000 personas se eleva en 2018 de 25 a 27,4. El índice de pobreza por ingresos (Número de pobres/Población total) también se incrementa en 2018 de 27,5 (con base en las proyecciones de población) a 29,8 por ciento (con base en Cnpv 2018) (Gráfico 5).

 

 


Análisis de los resultados del Cnpv 2018


Al estudiar los resultados de los Cnpv de los últimos 60 años, se observa el movimiento, cambio y transformación permanente de la sociedad colombiana. Las últimas tres generaciones de connacionales son producto de la modernización e internacionalización económica, política, institucional y tecnológica del país, del rápido proceso de urbanización, aumento en los niveles medios de educación y transformación cultural, pero también de las secuelas y cicatrices que deja una economía extractiva y el conflicto armado interno que arranca a mediados del siglo XX y aun no ceja en sus violentos impactos y en la polarización social que produce.

 

El mapa adjunto muestra que se agudiza la concentración de la población en la Región Andina. Históricamente y pese a sus posibilidades geográficas y naturales, quienes han detentado el poder en este país lo proyectaron de manera cerrada, centralista, autoritaria y jerárquica, a diferencia de las sociedades desarrolladas que tienen sus infraestructuras económicas en los puertos de cara al comercio internacional; una irracionalidad que genera alto costo para todo el país, en variedad de aspectos, sin por ello desconocer que las regiones del Caribe y Pacífica tienen también una participación importante en términos demográficos y económicos. La mitad del territorio tiende a ser despoblado a pesar de los avances de la economía extractiva (hidrocarburos, minería, madera, cultivos ilícitos y demás recursos naturales) que ha impulsado el desarrollo forzado y violento en las regiones de Orinoquía y Amazonia a partir de la década de 1970.


La población colombiana avanza sin pausa en su envejecimiento (Gráfico 6). El bono demográfico (rápido aumento de la población económicamente activa o joven en relación a la población dependiente) que favoreció a nuestra sociedad en los últimos sesenta años fue dilapidado. Las carencias crónicas y propias de un país pobre y periférico al capitalismo mundial se ven acrecentadas con una mayor población relativa de adultos mayores de clase media y pobres, sin seguridad social. De acuerdo con el Cnpv 1954, los mayores de 60 años representaban el 4,9 por ciento de la población total; según los resultados del Cnpv 2018 éste subconjunto de colombianos aumenta a 13,4 por ciento (Gráfico 7).


El cambio cultural, el aumento en los niveles medios de educación, la emancipación femenina y el desarrollo económico y político transforman las tasas de crecimiento demográfico hacia su disminución al reducirse el número de hijos por mujer. Pero también la pobreza, la insatisfacción de necesidades, la concentración del ingreso, la inseguridad y la precarización del mercado laboral son fuerzas que impulsan en la misma dirección. En Colombia el tamaño de los hogares tiende continuamente a reducirse: el resultado del Cnpv muestra que en 2018 la frecuencia dominante del tamaño de los hogares es entre una y cuatro personas (Gráfico 8); el tamaño aumenta en los estratos socio-económicos más bajos (“Exigua es la mesa de los pobres, pero prolífico su lecho”).


La violencia homicida afecta en mayor proporción a los hombres que a las mujeres; en particular en el intervalo de edad de 15 a 45 años. El comparativo de la participación porcentual de la población por sexo muestra que la relación hombres/mujeres cae de 49 a 48,6 por ciento, entre 2005 y 2018.


Un pogromo consiste en el linchamiento multitudinario, espontáneo o premeditado, de un grupo particular, étnico, religioso u otro, acompañado de la destrucción o el expolio de sus bienes. La historia de Colombia es una historia de pogromos, masacres, robo de tierras, migraciones forzosas y trasiegos territoriales. El conflicto armado de los últimos sesenta años deja hasta ahora un saldo de 8,5 millones de víctimas, pero también el despojo de 6,5 millones de hectáreas a campesinos pobres y poblaciones originarias (negros e indígenas) por parte de terratenientes y grupos que concentran el poder de facto. Actualmente, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal impulsa un proyecto para modificar la Ley de Restitución de Tierras, con el fin de legalizar el despojo de tierras. Entre tanto, el senador Uribe promueve en el Congreso una Ley que genera impunidad al blindar jurídicamente y favorecer, de una parte, a los políticos, empresarios y militares promotores de la guerra sucia paramilitar y, de otra, a los funcionarios que trabajaron durante su presidencia y que están condenados por corrupción en el manejo de los recursos públicos del programa “Agro Ingreso Seguro”.

 


Los gráficos 9 y 10 muestran el brutal impacto de la guerra durante el siglo XX y lo corrido del XXI, y de una economía fundamentada en el extracciónismo, la ganadería extensiva, la agroindustria y la explotación de recursos naturales y energéticos, sobre las poblaciones rurales de Colombia: desplazamiento forzoso y pérdida de participación de las poblaciones que habitan los campos y centros poblados del país respecto a la población total y caída en el la participación del valor agregado agropecuario en el PIB nacional.


Realidad y reto


La estadística juega un papel fundamental en la consolidación de la democracia y se constituye en la actualidad como una de sus principales herramientas. Las estadísticas contribuyen a que podamos tener mayor y mejor información y conocimiento sobre la realidad del país, su historia y las actuales tendencias socio-económicas y políticas. El derecho a la información y, consecuentemente, la transparencia y la democracia son temas que están asociados directamente al ejercicio de la ciudadanía, y el ejercicio de esta condición está asociado al freno del Estado autoritario, mendaz y excluyente.

 

 


Por todo ello, y por la incertidumbre que generan los resultados del Cnpv 2018, es importante que la ciudadanía conozca los resultados definitivos del mismo, (información oficial que debe contrastarse con las investigaciones y bases de datos de otras fuentes privadas, sociales, sectoriales y de las entidades territoriales), evalué sus implicaciones y se abra un debate público informado y democrático sobre su validez.

 

 

1. Deaton, Angus. (2015). El Gran Escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. Fondo de Cultura Económica; Chile, pp. 15-32.
2. Caballero, César. (2007). “El poder de las cifras y las cifras del poder”; en: Revista CEPA, abril 2007, Nº 3, Bogotá, p. 22.
3. Ibíd., p. 22.

* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, Edición Colombia, y desdeabajo.

 

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