Lunes, 30 Julio 2012 06:59

Privatización de países

Privatización de países
Pasados ya cuatro años del estallido de la crisis económica mundial, los bancos privados y públicos de Europa y Estados Unidos están fuertemente cargados de deudas de otros bancos dudosos, de títulos públicos en deterioro y de derivados financieros aún más volátiles. También las personas y las empresas están fuertemente endeudadas, y no pueden reducir los compromisos que comprimen sus capacidades de consumo e inversión.


Todas las perspectivas de crecimiento bajan, mientras la crisis se prolonga sin soluciones reales a la vista. Las deudas públicas crecen sin poder ser contenidas.


A diferencia de la caída de 2009, en donde se apeló a una mezcla de mega-salvataje financiero con una gigantesca operación de marketing global de “ya llega la recuperación”, la declinación actual está lastrada por la caída en la actividad real, el reforzamiento de las políticas neoliberales duras, la evaporación de los pronósticos optimistas superficiales y la conciencia general del agotamiento de los instrumentos utilizados hasta el momento.


Una de las características llamativas de la crisis es que no se resuelve ningún problema de los que van surgiendo, y simplemente se amontonan desequilibrios y nuevos conflictos.


En Estados Unidos el desempleo sigue alto, y si algo ha bajado en relación con los peores momentos, es por el desaliento y abandono de quienes hace un tiempo buscaban algún puesto de trabajo. Las ventas se mantienen en un estado de languidez, mientras los mercados inmobiliarios no se recuperan. La dura puja partidaria en torno al “techo” de endeudamiento público no ha terminado. Los “mercados” –o sea, los capitales especulativos– demandan a la Reserva Federal una nueva “relajación cuantitativa”, eufemismo de una tercera emisión masiva de fondos para estimular el mercado accionario. Y allí se agota el repertorio de políticas públicas anticrisis.


La caída del precio del petróleo en los últimos meses está mostrando tanto el nivel de actividad decreciente a nivel global como las expectativas sombrías sobre el escenario próximo. Ni China ni India están pudiendo evitar los impactos contractivos y América del Sur deberá reforzar aceleradamente sus políticas defensivas y de estímulo de la actividad interna para mitigar el impacto de esta nueva contracción del escenario global.


Los réditos de la inseguridad


Cada punto que se incrementa el costo de la deuda de los países que dependen del financiamiento internacional es un punto de ganancia adicional para el capital financiero. Cuanto más se degradan las deudas soberanas, más rentabilidad tienen los prestamistas. Luego del escandaloso episodio con el banco Barclays, uno de los mayores de Gran Bretaña, que ha manipulado nada menos que la tasa Libor –referencia para múltiples operaciones financieras a nivel global–, sería interesante indagar sobre qué significa y qué funcionalidad tienen las sucesivas rondas de “incertidumbre” que aquejan a “los mercados” y los llevan a incrementar sin pausa las tasas que les cobran a casi todos los Estados, incluido Estados Unidos. Es claro que hay una circularidad en todo este proceso, y que es necesario dejar de pensar a los “mercados” como actores pasivos y objetivos de una realidad sobre la que no intervienen. Son actores principales, y responsables centrales del drama económico mundial.


Así como la incertidumbre y el miedo incrementan la ganancia de los “mercados”, también se acentúa el poder político de Alemania en la Eurozona, al constituirse en el único dador de seguridad simbólica, aunque generador de inseguridad material por las políticas que impone a los países avasallados.


Soluciones que no solucionan


Es difícil resumir la cantidad de cumbres y reuniones de los últimos meses en las que se estuvo por arribar a soluciones “definitivas” que concluyeron en la nada. La ilusión más importante que sobrevuela Europa es la “mutualización” de las deudas, o sea, que el conjunto de las deudas públicas de la Zona Euro sean asumidas por todas las economías de esa zona, o dicho más crudamente, por Alemania y otros países ricos del norte. Es claro que, en el corto plazo, la emisión de “eurobonos” en reemplazo de los títulos de deuda individual de los países de la Zona Euro bajaría la fiebre especulativa contra España, Italia y otros países, proporcionando un nuevo motivo de algarabía transitoria a los mercados. Pero no solucionaría el problema, y sobrecargaría con costos financieros más elevados y exigencias contractivas a los países que menos han estado sometidos a los “mercados” financieros. Alemania se niega a eso, y reclama que Bruselas controle rigurosamente –en su nombre– la política monetaria y fiscal de toda la Eurozona, haciendo cirugía institucional en los países del área, como paso previo a considerar alguna solución más convincente. Los nuevos controles previstos por la tecnocracia europea incluyen nuevos recortes presupuestarios y desestímulos a la economía real en toda la región. Si bien Francia ha intentado recientemente introducir un discurso más expansivo, políticas de estímulo serias no aparecen. La morosidad para adoptar las medidas que se van acordando contribuye a que sucesivos países pasen a ser hostigados por los prestamistas y puestos en dirección de la cesación de pagos. Para evitar el “peligro”, se introducen reformas neoliberales de largo alcance, sin que se supere el problema original.


Países residuales


En Grecia ya no tiene sentido hacer análisis económicos. La economía griega simplemente no puede aguantar las medidas que le impuso la tríada UE-BCE-FMI. La muy alta votación en las recientes elecciones del frente antiajuste Syriza lo coloca como un claro protagonista político en el corto plazo. Es característico de esta coyuntura que ese frente de “izquierda radical”, como trata de estigmatizarlo la prensa, haya representado la sensatez económica y social, mientras que los partidos “moderados” representen hoy el fundamentalismo del mercado, que no acepta soluciones realistas que afecten sus “derechos de propiedad”. La trabajosa victoria de los partidos que aceptan el “memorándum” no ha despejado el camino hacia la salida de la crisis del país. Es tan sólo el comienzo de una serie interminable de problemas que irán surgiendo a medida que se acentúen los daños económicos y sociales, y no se aporte ningún alivio concreto.


En España, la situación patrimonial de la banca es sumamente endeble, dado que una parte significativa de sus activos se ha evaporado debido al derrumbe de la cotización de las propiedades inmobiliarias, y los deudores hipotecarios muestran crecientes dificultades para el pago de las cuotas. El préstamo de 100 mil millones de euros que ha otorgado la UE alejará la posibilidad de impagos por parte de la banca española... a los bancos de los países del norte de Europa. Es por ese “salvataje” que el gobierno español admitió la cesión a la Eurozona de instrumentos clave de su política económica. La tecnocracia europea ya tiene enfocados diversos “costos” a suprimir en la economía española, entre los que figuran los de las “autonomías” y el seguro de desempleo. Quieren avanzar en reducir los gastos de las administraciones regionales en las que se ha basado el equilibrio político español de la etapa pos-franquista. Para viabilizar los pagos externos, pondrían políticamente en crisis al país. También reducirán las prestaciones por desempleo, haciendo más precario y dramático el cuadro social. La UE exige que las entidades financieras pasen a pérdida las deudas con decenas de miles de pequeños ahorristas españoles, que verán drásticamente recortado su patrimonio. Los consumidores, a su vez, observarán un salto en los precios producto del aumento del IVA, mientras se contraen sus ingresos, especialmente los de los funcionarios públicos.


La fundamentación técnica de las medidas es insostenible, pero no cabe duda de que es el sueño de ingeniería social más retrógrado que la derecha española y europea pudieran imaginar. Y sienta precedentes para nuevas rondas de degradación en otros próximos países a ajustar.


Conclusiones


Los países que reciben el “rescate” quedan con su economía intervenida por una tecnocracia externa, sometidos a severos planes de recortes presupuestarios, de reducción de derechos sociales y a políticas de contracción económica permanente. Deben limitarse a administrar ordenadamente el estancamiento, cuando no la decadencia. Se provoca la degradación de las condiciones materiales de la mayoría de la población y los jóvenes son despojados de un horizonte de progreso, aunque sea mínimo.


Hoy, la política de la UE transforma a sociedades vitales en países residuales. Los países dejan de existir como entidades políticas soberanas para transformarse en máquinas recaudatorias para tranquilizar a los financistas.


En el nuevo esquema de poder que se está ejecutando en Europa, los países intervenidos por las autoridades europeas dejan sus principales políticas en manos de la burocracia de Bruselas, que a su vez responde especialmente a los principales gobiernos del norte, que están tomando como causa nacional las necesidades de los bancos y los capitales acreedores. En esa región, las políticas públicas se están privatizando a través de una extendida y difusa cadena de mandos. El crecimiento, el Estado de Bienestar y la propia esencia de la democracia –el autogobierno de la sociedad– están siendo derogadas hasta nuevo aviso.


El experimento ultraconservador europeo está contribuyendo a estancar la economía global y a crear desafíos mayores para las regiones no subordinadas a esa lógica de dominación. Las perspectivas globales son de una creciente conflictividad social, renovada incertidumbre económica y una mayor tensión sistémica, que inducirá a nuevas rupturas y configuraciones que hoy sólo son juegos de política ficción.


Por Ricardo Aronskind, economista.


El presente artículo fue desarrollado en el marco del Programa Interdisciplinario para el Seguimiento de la Crisis del Orden económico mundial (Pisco), que el autor coordina en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

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Lunes, 30 Julio 2012 06:49

La economía voluble

La economía voluble
Bastó apenas una declaración de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, hace unos días, para que el índice de la bolsa de valores de España subiera 6 por ciento en la jornada, con la mayor alza en dos años, y bajara la prima de riesgo de los bonos de deuda estatal que tiene a ese país contra las cuerdas desde hace muchas semanas. Un entusiasmo similar se provocó en Italia.


Lo que dijo Draghi fue: “El BCE hará todo lo necesario para sostener el euro. Y, créanme, eso será suficiente”. Hay que admitir que es poco el contenido, no es más que un ofrecimiento, como si de un oráculo se tratara. ¡Hay que creer!


Lo que me interesa destacar aquí no es si podrá o no cumplir con su objetivo de salvar al euro, en qué condiciones y cuál será la durabilidad de su intervención. El elemento que me parece relevante en el marco de lo dicho por el funcionario concierne al modo de operación de los mercados financieros o, dicho sin eufemismos, de los poderosos fondos privados e institucionales de inversión y los grandes bancos.


El asunto tiene que ver con la manera en que se toman las decisiones de inversión. La cuestión se resolvía entre los economistas ortodoxos y los operadores hasta antes de la crisis de 2008, asumiendo que las decisiones se basaban en esquemas de racionalidad casi perfecta y que, por lo tanto, los mercados se ajustaban en un nivel de equilibrio óptimo. Este esquema está quebrado.


La racionalidad impuesta a los agentes económicos es el cimiento sobre el que está construida la economía tal y como se enseña convencionalmente en las escuelas y que crea a las teorías y modelos para actuar en los mercados, sean de productos, trabajo, dinero o capital.


Al parecer fue demasiado tibia la advertencia de Keynes cuando, tras la crisis de 1929-33, apuntó: “Aun haciendo a un lado la inestabilidad debida a la especulación, hay otra … que resulta de las características de la naturaleza humana: que gran parte de nuestras actividades … dependen más del optimismo espontáneo que de una expectativa matemática, ya sea moral, hedonista o económica. Quizá la mayor parte de nuestras decisiones de hacer algo … sólo pueden considerarse como el resultado de los espíritus animales … y no como consecuencia de un promedio ponderado de los beneficios cuantitativos multiplicados por las probabilidades cuantitativas”.


Los modelos de racionalidad perfecta, en cambio, generaron la llamada hipótesis de los mercados eficientes, predominante en el entorno financiero. Esta sostiene que los mercados de capitales son tan eficientes que incorporan toda la información relevante para tomar las decisiones y que, por ello, todos los precios de los valores son justos en un sentido económico.


De tal suerte, la única forma de obtener ganancias más altas es comprando títulos de mayor riesgo. Súmese esto al entorno institucional con una regulación más laxa de las transacciones y una fuerte innovación en los productos financieros para crear el entorno de una crisis como la de 1981 y, sobre todo, la de 2008.


La información completa y la existencia de una amplia competencia son la base de modelos económicos y financieros, también de la creación de nuevos productos para administrar los mayores riesgos, como ocurre con los “derivados”.


Pero ni una ni la otra existen. La información no está contenida toda en los precios, como se ve ahora con los arreglos para fijar la tasa Libor, ni la competencia provoca los ajustes que se le atribuyen, como recientemente se ve en la magnitud de las pérdidas del banco J. P. Morgan por la especulación con derivados. Hay control de la información y concentración en el mercado. Hay grados de monopolio y estructuras de poder, esa es la realidad del sistema económico y social.


Tampoco penetró el trabajo de los economistas la aportación de la psicología, precisamente en el campo de la toma de decisiones bajo condiciones de riesgo. Los criterios en este caso no son compatibles con la supuesta racionalidad de los agentes económicos. Los juicios se forman, en cambio, con la consideración de las situaciones externas, sobre todo en un entorno de gran incertidumbre.


Esto ha creado la base para proponer una economía basada en el comportamiento. No es claro aún cómo podría desarrollarse la disciplina sobre estas bases, pero se abre un espacio muy distinto de análisis al que ha predominado en las últimas décadas englobado en la existencia de las expectativas racionales.


Pues ante lo dicho por Draghi, los operadores financieros reaccionaron modificando instantáneamente sus expectativas y sus decisiones de inversión. Esa declaración no cambió para nada la situación de la deuda española, ni las exigencias derivadas del déficit fiscal, la presión sobre los bancos o el gran desempleo que hoy existe. Cambió la estimación de los riesgos de muy corto plazo y las perspectivas de ganancias financieras.


El estado de las expectativas en un marco de incertidumbre forma los juicios y define la toma de decisiones. Lo que hay es un mercado de alto riesgo donde las tasas de interés en los países más ricos están prácticamente en cero y en el otro extremo son elevadas para compensar un alto nivel de riesgo. Draghi no es un mago y lo que haga, como comprar deuda de los países en crisis, no será una operación suficiente sin un arreglo político de fondo en la Unión Europea y la zona euro. Estas condiciones políticas pueden dejar mal parado al BCE y agravar aún más la situación regional.

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Domingo, 29 Julio 2012 06:54

Humala

Humala
Llega a un año de gobierno en Perú Ollanta Humala con algunos ruidos en Cajamarca, donde un conflicto minero se desbordó y terminó desnudando serias fallas de gestión, y con ruidos en palacio, con dos cambios de gabinete que reflejan la tensión entre el sector tecnócrata neoliberal que maneja la economía y una izquierda que duda entre pasarse a la oposición o luchar por más protagonismo dentro del oficialismo. Con un planteo similar al de Lula, sin resultados espectaculares como le pasó a Lula en los primeros años, y con un presidente que no es Lula, y una base política que no es el PT de Lula y un electorado que tampoco es el de Lula.


Pero llega a su primer año de gobierno con índices de popularidad razonables, mayoría parlamentaria gracias a una serie de acuerdos con partidos de centro y de derecha, con resultados macroeconómicos envidiables, con un frente social en el que la mayoría de los conflictos están siendo negociados y los demás no parecen articularse en un frente opositor consolidado, con un nuevo acercamiento a los sectores de izquierda que, más allá de algunos gestos, nunca terminó de irse del gobierno, y una convivencia razonable con un fujimorismo reducido a poco más que un discurso de mano dura.


Humala es difícil de encasillar. Militar, tomó un curso en la Escuela de las Américas y en el 2000 encabezó un levantamiento en contra de Fujimori. Cuatro años después pidió el retiro con rango de comandante y se volcó a la política, fundó el Partido Nacional y se hizo fuerte en los mismos sectores populares que apoyan al fujimorismo. Se alió con la izquierda y lo vincularon con Hugo Chávez. Perdió con Alan García las elecciones presidenciales del 2006 y volvió a la carga en el 2011 con mejor suerte. Pasó a la segunda vuelta con un programa político llamado La Gran Transformación, de corte muy estatista.


Pero al llegar al ballottage, Humala confirmó que el programa que él proponía no era del agrado de amplios sectores de la población, que preferían la continuidad del modelo neoliberal que en los últimos veinte años había atravesado las administraciones de Fujimori, Toledo y Alan García. Entonces lanzó un segundo programa de gobierno, Hoja de Ruta, con el que involucra a sectores de centro, parte de ellos comprometidos con el gobierno de Toledo (2001-2006). Con ese programa, que a diferencia del programa original garantiza la continuidad del modelo económico al respetar compromisos adquiridos con la inversión y mantener el equilibrio macroeconómico. Humala gana las elecciones. Su jefe de campaña en el 2011, el mismo que financió su campaña en el 2006, es un empresario de izquierda llamado Salomón Lerner. Lerner estuvo de acuerdo con la Hoja de Ruta, ya que además continuidad económica incorporaba un fuerte componente de inclusión social. De hecho, una de las promesas de campaña que Humala cumplió fue la de crear el Ministerio de Inclusión Social para manejar los planes del gobierno. Cuando asumió en julio del año pasado, Humala nombró a Lerner como su primer jefe de gabinete. Ese primer gabinete incluyó figuras de izquierda o centro progresistas en algunas carteras como Relaciones Exteriores, Educación, Medio Ambiente y el Ministerio de la Mujer. Pero los ministerios vinculados con la economía fueron en otra dirección. Ahí, el presidente peruano siguió el consejo de Lula de dejar las finanzas en manos de los neoliberales. En Economía, Humala nombró a Luis Miguel Castilla, el viceministro de Hacienda de Alan García. Otros nombramientos en las áreas de planeamiento y producción recayeron en figuras alineadas con Castilla. Y en el Banco Central, Humala selló la continuidad de Julio Velarde Flores, un ex consultor del Banco Mundial que venía presidiendo el Central desde el 2006, designado por García.


En sus primeros meses de gobierno, Humala cumplió con algunas de las promesas de campaña que emanaban de su discurso de priorizar la inclusión social. Además de crear el nuevo ministerio aumentó el salario mínimo, renegoció los contratos mineros con ganancias para el Estado estimadas entre mil quinientos y tres mil millones de dólares e hizo aprobar en el Congreso una ley de consulta previa a las comunidades amazónicas para proyectos de explotación de recursos naturales, una vieja demanda de los movimientos sociales. También hizo algunas reformas al código laboral e impulsó algunos programas sociales. Pero en un país con una enorme tasa de desigualdad y exclusión social, acumuló un importante superávit fiscal y sus socios en la izquierda lo acusan de no haber sabido repartir bien los recursos obtenidos por la renegociación con las mineras.


En el verano la tensión latente en el gobierno peruano estalló por un conflicto en la mina de oro de Yanacocha en Cajamarca, a partir de una gran inversión y proyecto de explotación que anuncia Newmont, la minera estadounidense con sede en Denver. Se trata de una mina con antecedentes de mala relación con una población en la que predomina la prédica antiminera. Se hace un estudio de impacto ambiental y el proyecto se aprueba, pero con gran oposición de la población, encabezada por el presidente de la región, un izquierdista duro que entabla una alianza con los indígenas y los ambientalistas para frenar el proyecto. Para destrabar el conflicto Lerner, el entonces jefe de ministros de Humala, contrata a un equipo de peritos internacionales para revisar el estudio de impacto ambiental. Pero la oposición a la mina rechaza el peritaje. Lerner va a Cajamarca a conversar, pero las negociaciones son caóticas, con decenas de interlocutores para el sector antiminero: aborígenes, ambientalistas, líderes sociales, funcionarios del gobierno regional cada cual con sus demandas y su particular agenda política. Las negociaciones se estancan y Humala empieza a pensar en un plan B. Entonces Humala pierde la paciencia y decreta el estado de emergencia y manda a los gendarmes a repartir palos. Todo esto ocurre mientras Lerner todavía estaba negociando. Sintiéndose desautorizado, el jefe de ministros presenta su renuncia en diciembre. Con él se va buena parte de los cuadros de izquierda que ocupaba cargos en el gobierno. Se van el ministro de Energía y Minas, el de Medio Ambiente y la de la Mujer, amén del equipo de gestión de la jefatura de gabinete y las diversas direcciones y oficinas que dependen de ella. La sangría se traslada al Congreso, donde Humala perdió por izquierda a ocho miembros de su bancada, pérdida que el oficialismo supo compensar con creces a través de acuerdos parlamentarios con los sectores más republicanos del centro y el centroderecha que son visceralmente antifujimoristas, como los socialdemócratas que lidera Toledo y los liberales que se referencian en Mario Vargas Llosa.


Buscando una actitud más dura con los manifestantes en Cajamarca, el presidente nombra como sucesor de Lerner a su ministro de Interior, un ex militar que había sido instructor de Humala llamado Oscar Valdez. Se trata de un funcionario con muy poca experiencia política y menos representatividad, cuyas políticas de mano dura terminan con diecisiete muertos en protestas sociales en lo que va del año, seis en Cajamarca. Entonces entra en juego la primera dama, Nadine Heredia, protagonista fundamental del gobierno de su marido. Hace un mes nombró a un obispo y a un sacerdote para que negocien con los antimineros de Cajamarca, puenteando al primer ministro Valdez. A la semana siguiente Humala le comunicó a Valdez que debía renunciar para facilitar una segunda renovación del gabinete. El recambio ministerial ocurrió la semana pasada. Otra vez no involucró al sector económico, que sigue firme bajo el timón de Castilla. El nuevo primer ministro, Juan Jiménez Mayor, era el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Humala. Profesor de Derecho Constitucional, había sido funcionario del gobierno provisorio de Valentín Paniagua, que fue muy elogiado por sus políticas de derechos humanos durante la transición del fujimorismo a la democracia. Jiménez Mayor promete retomar el diálogo con los sectores sociales y encarar políticas preventivas a través de la inversión pública para evitar estallidos, sin dejar de tener una actitud firme a la hora de encararlos.


En el nuevo gabinete el sector de Castilla gana espacio con la nueva designación en Agricultura, pero también queda confirmado el referente del sector progresista, el canciller Rafael Roncagliolo. Más aún, Humala reflotó su vieja amistad con Lerner y volvió a convocarlo, esta vez para que represente a Perú en la Unasur, bajo la órbita de Roncagliolo. Lerner aceptó con la esperanza de que la recuperada actitud dialoguista del gobierno y el reencuentro con Humala sirvan para retomar la agenda redistributiva de la Hoja de Ruta, que quedó pendiente o se demora demasiado. Lerner no dice que hay que cerrar Yanacocha ni que hay que olvidarse de la minería. “Es una lástima que toda la atención se concentre en Cajamarca cuando hay dos o tres proyectos mineros en marcha que son igual de importantes y no generan tanta oposición,” comentó el otro día, de paso por Buenos Aires, camino a una misión en Paraguay.


Para el analista Ricardo Uceda, director ejecutivo del Instituto de Prensa y Sociedad con sede en Lima, Humala no puede prescindir de la minería. “Es cierto que hay problemas y conflictos sociales por la minería. Pero para Humala es muy importante porque financia su programa de inclusión social. Hay mucha desigualdad y una necesidad muy grande de recursos para cubrir esa de-sigualdad. En la visión del gobierno hay que favorecer las inversiones para cerrar la brecha social.”


Así llega Humala al primer año de su gobierno. Con una economía que crece a un saludable cinco y pico por ciento, con los famosos superávit gemelos, con Perú firmemente anclada en el eje económico derechista del Pacífico que integra con Chile, Colombia y México y que fundamentalmente mira al Asia, a esos grandes compradores que son China e India. Llega también con idas y vueltas y errores varios de gestión, con la carga de diecisiete muertos por la protesta social y una prometida agenda de inclusión social que parece postergarse cuando entra en contradicción con el afán fiscalista del ala económica del gobierno.


Pero llega bastante entero, con no pocas promesas cumplidas, con un marco de alianzas que le permite cierto margen de acción dentro del frágil sistema político peruano, con el crédito todavía abierto de buena parte de la izquierda y la derecha, con un modelo inspirado en la experiencia exitosa de Lula en Brasil y la esperanza de alcanzar los mismos resultados.


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Domingo, 29 Julio 2012 06:42

"Me voy. Me avergüenza el FMI"

"Me voy. Me avergüenza el FMI"
Reproducimos a continuación la carta de dimisión del economista Peter Doyle, hasta la fecha responsable de Suecia, Dinamarca e Israel en el Departamento Europa del Fondo Monetario Internacional. Como señala en su carta al Comité Ejecutivo, desde la dimisión en 2004 del alemán Horst Koehler, se han sucedido al frente del Fondo: Rodrigo Rato, que abandonó a mitad de su mandato en 2007 para ponerse al frente de la ahora quebrada Bankia; Dominique Strauss-Kahn, que tuvo que dimitir tras ser detenido por violación; y el año pasado, la ex-ministra de economía francesa Christine Lagarde –imputada en un escándalo de corrupción con el empresario francés Bernard Tapie. Todo eso, en medio de las protestas de los países emergentes por la sucesión ininterrumpida al frente del Fondo de candidatos de la UE.


Doyle señala que el control político del Fondo por EE UU y la UE contamina toda la labor profesional del mismo, hasta el punto de bloquear el cumplimiento de sus objetivos básicos. Como ha señalado el Premio Nobel de economía Stiglitz -que en su día dimitió de la vicepresidencia del Banco Mundial por razones similares-, las instituciones financieras internacionales, inicialmente creadas bajo un esquema keynesiano de impulso de la economía mundial mediante transferencias norte-sur, han sido secuestradas desde los años 80 por la élite neoliberal como instrumento central de aplicación de unas demenciales políticas de ajuste que priorizan el pago de la deuda externa a los acredores del norte.


La carta de Doyle tiene el interés de ser un documento interno de gran valor que pone una vez más de manifiesto todas estas contradicciones de las instituciones internacionales del catastrófico capitalismo contrarreformado de nuestro tiempo. Redacción de SinPermiso.


Departamento Europa


Washington DC


18 de junio 2012


Al Dr. Shaalan, Decano del Comité Ejecutivo del FMI,


Me dirijo hoy por última vez al Comité Ejecutivo porque abandono el FMI.


En primer lugar quiero expresar formalmente mi más profundo agradecimiento a las autoridades de Suecia, Israel y Dinamarca, con las que he trabajado en el último período, así como con todas con las que he trabajado con anterioridad, por su extraordinaría generosidad conmigo.


Asimismo, quiero aprovechar esta oportunidad para explicar porque me voy.


Después de veinte años de servicio, me avergüenza toda relación con el FMI.


No solo por su incompetencia ante la crisis global, expuesta solo parcialmente por el informe de la OIA, así como por el informe TSR en relación con el seguimiento previo a la crisis de la zona euro. Sino sobretodo porque los problemas sustanciales de estas crisis, como los de otras, fueron identificados mucho antes de que se produjeran, pero fueron negados en el FMI. Dados los largos períodos de gestación y la lentitud en el proceso de toma de decisiones internacionales para hacer frente a estos desafíos globales, era esencial advertir a tiempo y de manera sistemática y continuada sobre estos peligros. En este sentido, el fracaso del FMI a la hora de hacerlo supone un fracaso de primer orden, incluso si esas advertencias no hubieran sido tenidas en cuenta. Las consecuencias implícitas suponen sufrimientos para muchos (y lo peor aún esta por venir) incluyendo Grecia, que la segunda divisa de reserva global esté al borde del precipicio, y que durante los últimos dos años el FMI haya fracasado a la hora de seguir y jugado un papel meramente reactivo en los esfuerzos desesperados para salvar al euro en última instancia.


Es más, los factores probables que han causado estos fallos en la tarea de vigilancia del FMI (rechazo al riesgo analítico, prioridades bilaterales y prejuicios europeos) se están reforzando a pesar de las iniciativas para corregirlos. Ello es especialmente evidente por lo que se refiere al nombramiento de los Directores Gerentes, que durante la última década han sido todos desastrosos a todas luces. Ello afecta incluso a la actual Directora Gerente, porque ni el hecho de ser mujer, ni su integridad ni su impulso dirigente pueden compensar la ilegitimidad esencial del proceso de selección. En una institución jerárquica como esta, las consecuencias implícitas de estas designaciones se transmiten en cadena a otros puestos administrativos vía nombramientos, contratos por tiempo definido y planificación de la renovación del personal de dirección, hasta contaminar a la organización en su conjunto, a pesar de todos los esfuerzos para evitarlo. La opción del Comité Ejecutivo es un FMI tullido, limitado en su capacidad de acción por las mismas causas estructurales que han provocado los fallos de vigilancia descritos. Ojala hubiera entendido hace veinte años que así era.


Hay mucha gente buena y sabia en esta institución. Pero el abajo firmante se marcha para siempre. Quizás no quieran perder al resto.


Sinceramente,


Peter Doyle


ATT:

Sra. Nemat Shafik

Sr. Stanley Fischer

Sr. Stephan Ingves

Sr. Benny Andersen

Sr. Alex Gibbs

Sr. Eric Meyer

Sr. Amit Friedman

Sr. Martin Holmberg

Sr. Reza Moghadam

Sr. Mark Plant

Sr. Brad McDonald


Por Peter Doyle
Sin Permiso


Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster

Peter Doyle, economista del FMI durante los últimos veinte años, era actualmente responsable del seguimiento de Suecia, Dinamarca e Israel en el Departamento Europa.


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FMI: España no tiene esperanzas de crecimiento a mediano plazo
Madrid, 27 de julio. El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja sus previsiones para España, esperando ahora un retroceso del producto interno bruto (PIB) de 1.7 por ciento en 2012 y de 1.2 por ciento en 2013, a causa de las nuevas medidas de rigor, y también advirtió contra las tensiones que sufre el país en los mercados.


En tanto, fuentes europeas revelaron que por primera vez España reconoció que podría necesitar un rescate de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional para el conjunto de su economía por 300 mil millones de euros (366 mil millones de dólares) si sus costos de endeudamiento siguen siendo insostenibles, según dijo un funcionario de la zona euro.


“Las tensiones del mercado podrían acentuarse aún más y amenazar el acceso al mercado”, escribió el FMI en su informe anual sobre España. Aunque señaló que el nuevo plan de rigor del jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, que incluye un alza del IVA de tres puntos, a 21 por ciento, “está globalmente en línea con las recomendaciones”, serán necesarias a partir de 2014 “medidas adicionales”.


Hasta ahora el FMI preveía un retroceso del PIB español de 1.5 por ciento en 2012 y de 0.6 por ciento en 2013. Ahora, la cifra del organismo supone una contracción de más del doble de la pronosticada por Rajoy la semana pasada, cuando reconoció que España seguirá en recesión el año próximo, pero calculó en 0.5 por ciento la contracción de la economía.


Según el FMI, este empeoramiento de las perspectivas para 2013 es directamente atribuible al impacto inmediato del duro ajuste anunciado por el gobierno español y prevé que, como consecuencia, la recesión se agrave en España.


“Todas las políticas de ajuste de gasto que se están tomando son restrictivas y van en contra del crecimiento”, afirmó Alberto Roldán, de Inverseguros. “Subir la presión fiscal en un país con 25 por ciento de paro es absolutamente regresivo”, criticó. Esta austeridad desata un descontento social que crece cada día. Por lo pronto, para el 15 de septiembre próximo está convocada una gran manifestación en Madrid.


España planteó a Alemania pedir rescate


El anuncio de los programas de recortes y aumento de impuestos no había bastado para calmar a los mercados y fue necesario que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, afirmara el jueves que la institución hará “todo lo necesario para salvar al euro” para que las tensiones por fin se relajasen.


Aunque las palabras tranquilizadoras del presidente del BCE relajaron el jueves la tensión en los mercados, la hipótesis de un rescate global de la economía española, lastrada por la recesión y el desempleo, gana terreno, pese a los desmentidos del gobierno.


“No va a haber un rescate, ni el rescate es una opción”, insistió hoy la vicepresidenta y portavoz del gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.


Sin embargo, en declaraciones a la agencia Reuters un funcionario de la zona euro dijo que el ministro de Economía español, Luis de Guindos, planteó la posibilidad de un rescate soberano a su par alemán, Wolfgang Schaeuble, durante un encuentro en Berlín el martes, cuando los costos de endeudamiento de España trepaban por encima de 7.6 por ciento, dijo la fuente.


De ser necesario, el dinero se sumaría a los 100 mil millones de euros ya acordados para apuntalar a los bancos españoles, llevando los recursos de la zona euro a un punto de quiebre.


Schaeuble le respondió a De Guindos que no estaba dispuesto a considerar un rescate antes de la entrada en operaciones del fondo de rescate Mecanismo Europeo de Estabilidad, que se producirá antes de fin de año.


“De Guindos habló sobre 300 mil millones de euros en el caso de un programa completo, pero Alemania no estaba cómoda con la idea de un rescate ahora mismo”, dijo el funcionario a Reuters.


Mientras Schaeuble y De Guindos se reunían el martes, los costos de endeudamiento de España alcanzaban su nivel más alto desde que el país adoptó el euro, alcanzando 7.64 por ciento para los bonos a 10 años, nivel al que España no puede pedir prestado a los mercados en forma sostenible.


Sin embargo, el presidente del BCE, Mario Draghi, dijo el jueves que el banco central está listo para actuar para reducir los intereses que debe pagar España y el rendimiento del bono a 10 años bajó a 6.88 por ciento.


Los mandatarios de Alemania, Angela Merkel, y de Francia, Francois Hollande, se movilizaron para tratar de evitar un colapso en los mercados. Ambos tuvieron que salir a reforzar el anuncio del jefe del BCE, y señalaron que sus países (las mayores economías de la eurozona) “están profundamente apegados a la integridad de la zona euro” y decididos a hacer todo para proteger a la unión monetaria.


Afp, Reuters y Dpa

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La integración sudamericana y los conflictos socio-ambientales
Los procesos de integración regional en Sudamérica han dado importantes pasos en la construcción de una comunidad política en base a valores y expectativas comunes. La defensa de la democracia, la resolución de conflictos mediante la diplomacia, el resguardo de la paz y la reivindicación conjunta de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ante los diferendos con el Reino Unido han sido algunos de campos en donde se logró alcanzar un inédito dinamismo y convergencia regional. Muchos de estos consensos acompañaron el surgimiento de nuevas formas institucionales como la UNASUR, ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericana y Caribeños (CELAC).

No obstante tales avances, existe otra dimensión del proceso regional en la que es menos evidente que consensos se expresan. Las dinámicas de la región, como espacio socio-político en construcción, actualmente está regida por los patrones de conflictos y cooperación entre gobiernos, empresas y actores sociales en torno a la utilización de los recursos naturales para fines de exportación y de insumos para la industria. Este es el caso de los recursos minerales y del agua de ríos para la generación de energía hidroeléctrica. A diferencia de las avances alcanzados en materia de construcción política regional en otros campos, el lugar que hoy ocupan los recursos naturales en la integración es más inquietante y potencialmente una fuente de tensiones.

Las políticas de utilización de tales recursos, y los conflictos socio-ambientales que se producen por las mismas, en su mayoría son de carácter nacional o sub-nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se despliegan algunas iniciativas de carácter regional impulsadas por gobiernos o por actores sociales que regionalizan sus disputas como estrategias de acción frente a la orientación extractivista de algunos proyectos. Es decir que las dinámicas socio-políticas de construcción de un espacio político regional en Sudamérica van más allá de las distintas iniciativas intergubernamentales que se puedan emprender desde los estados. Los recursos naturales constituyen un eje de articulación tanto para iniciativas de cooperación interestatal como también para la movilización social transfronteriza.

La propuesta de este articulo es la de pensar las dinámicas de la construcción política regional desde ésta perspectiva, en la que las interacciones de cooperación y conflicto entre actores públicos, empresariales y sociales moldean el escenario regional, sus posibilidades y limitaciones.

La minería en zonas de frontera es una de las formas que se redefine el escenario social y político regional. El caso más paradigmático de ello es la frontera entre Argentina y Chile. Tradicionalmente, las fronteras internacionales eran zonas en donde no se permitía emprendimientos productivos (o extractivos) dado que constituían lugares sensibles a la defensa del territorio nacional. Los procesos de democratización e integración económica llevados a cabo en la región permitieron desactivar las hipótesis de conflicto que fundamentaron el imaginario geopolítico de gobiernos y sociedades nacionales durante gran parte del siglo veinte. Sin embargo, estos cambios estuvieron asimismo signados por la orientación neoliberal que marcó las políticas de integración durante la década del 90. Una de las características de ello fue el establecimiento de nuevas mecanismos institucionales para atraer y resguardar inversiones. La minería de frontera entre Argentina y Chile es producto de ello, y su expresión más acabada es el acuerdo binacional minero que fuera firmado en 1997 y ratificado en los parlamentos en el 2000.

El territorio comprendido por el acuerdo binacional cubre un área sobre la cordillera de los Andes de más de 200.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 95% de la frontera internacional de ambos países. El acuerdo concede a las empresas la disponibilidad de minerales y agua para sus procesos de extracción, así como poder de control fronterizo. Pascua Lama es el proyecto binacional de megaminería que fue posible con este acuerdo. Las empresas que desarrollan el proyecto son: Barrick Exploraciones Argentina y Exploraciones Mineras Argentinas, en la Republica Argentina, y Compañía Minera Nevada en Chile. Otros proyectos mineros ya han sido aprobados, amparados en el tratado binacional, se encuentran actualmente en diferentes etapas de desarrollo. Entre ellos, está el proyecto El Pachón en la provincia de San Juan.

El acuerdo minero binacional consiste en un modelo de integración territorial y representa un hito internacional, considerando la extensión del área cubierta, los volúmenes de minerales e inversiones que potencialmente se verían implicados y la posible replicabilidad de este modelo en otras zonas de frontera con comparables condiciones geológicas. Evidentemente, la replicabilidad de este enfoque para la explotación conjunta de depósitos minerales en zonas de jurisdicción nacional compartida está expuesta también a los vaivenes de las presiones sociales frente al extractivismo y al creciente grado de concientización sobre la necesidad de fundar nuevos paradigmas del desarrollo con criterios de sostenibilidad.

La tendencia de minería de frontera se confirma asimismo en otros países latinoamericanos sin que exista necesariamente ningún acuerdo entre los países. Este es caso de los proyectos de exploración minera que actualmente tienen lugar en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, de El Salvador y Guatemala y de Perú y Ecuador en la llamada Cordillera del Cóndor – región que en 1995 fue epicentro de un conflicto bélico entre ambos países. En este ultimo caso, desde la resolución del conflicto bélico han habido grandes inversiones mineras atraídas por la riqueza de de yacimientos de oro de este lugar. Incluso sin un acuerdo minero entre ambos países, entre 2005 y 2010 se han triplicado el número de concesiones de exploración a empresas interesadas, en su mayoría del lado peruano de la frontera. Las empresas transnacionales mineras sin duda constituyen actores de creciente influencia en la redefinición del espacio regional y es de suponer que asimismo constituyen factores de influencia en los gobiernos para promover acuerdos mineros internacionales (los gobiernos de Alan García en Perú y Correa en Ecuador habían comenzado a explorar esta posibilidad).

La minería en zonas de frontera contribuye a regionalizar conflictos que se suscitan desde hace años en toda América Latina. Son conocidas las expresiones de resistencia a proyectos mineros llevados a por comunidades rurales en distintas provincias argentinas como Chubut, San Juan, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Sin embargo, éstos no son casos aislados sino que se enmarcan en una tendencia generalizada de creciente conflictividad en zonas de exploración minera. Evidencia de ello es que actualmente existen 155 conflictos relacionados a esta actividad en todo Latinoamérica y el Caribe, en las que se ven implicadas 205 comunidades en relación a 168 proyectos mineros. Asimismo, según un informe a cargo del ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie, las industrias extractivas representan el 28 % de los casos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos con complicidad de las empresas. Esta tendencia global se profundiza en América Latina. Un elemento común a tales conflictos es la ausencia de debate público sobre los cuáles son los beneficios y costos de estos proyectos – definidos en términos económicos, sociales y ambientales – así de cómo arbitrar equitativamente los derechos y responsabilidades de los principales beneficiarios y damnificados de los mismos. Las comunidades tampoco son consultadas previamente, según lo establece el Convenio 169 de la OIT, sin bien algunos cambios en esta dirección comienzan a promoverse en Bolivia, Perú y Ecuador.

Las resistencias sociales a la minería a cielo abierto, y especialmente en zonas de frontera, se traducen crecientemente en la búsqueda de estrategias de incidencia mediante la movilización transnacional. Ejemplo de ello es la realización de tribunales de opinión, en donde comunidades afectadas por la minería pueden denunciar simbólicamente los estragos de la minería en el ambiente y su impacto sobre los derechos de las poblaciones. Se realizó el primer “Tribunal Ético de Minería de Frontera” organizado por el Observatorio de Conflictos Minero de América Latina en Chile en el 2010. También el “Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales” sesionó en Austria 2006, Perú/Colombia 2008 y España 2010 para denunciar la complicidad de empresas transnacionales en casos de violación de derechos humanos en Latinoamérica. Muchos de los casos denunciados están relacionados con la minería, además de la explotación de hidrocarburos, agronegocios, etc. Asimismo, se han creado redes de acción global para el intercambio de información y coordinación de campañas conjuntas. Estas son algunas de las formas que adquiere el activismo transnacional en respuesta a la minería y demás instancias de violaciones de derechos humanos en los que estados y empresas se ven acusados. En este sentido, la minería de frontera actúa como catalizador tanto de nuevos relacionamientos entre empresas y gobiernos, así como también de nuevas formas de resistencias sociales que intervienen en la redefinición del debate regional sobre los vínculos entre desarrollo sustentable y derechos humanos.

Además de la minería de frontera, las dinámicas de la integración regional en Sudamérica están regidas también por una serie de proyectos de infraestructura para la generación y transporte de energía hidroeléctrica. La abundancia de agua en la cuenca del Amazonas hace de esta zona el epicentro de una serie de redes interconectadas de represas y líneas de transmisión que se proyecta vincularán lugares de producción y consumo. La creciente demanda de energía esta dada por el crecimiento económico en las economías de los países sudamericanos, y especialmente del sector industrial brasileño y minero (esta actividad es gran demandante de agua para sus procesos de extracción del mineral). Estos cambios están dando lugar a nuevos patrones de la cooperación regional internacional en el que las empresas brasileñas juegan un papel clave como las concesionarias principales de los proyectos de infraestructura de energía hidroeléctrica.

La Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), establece la financiación para estos proyectos. IIRSA es un mecanismo institucional creado en 2000 para la coordinación de las organizaciones intergubernamentales acciones con el objetivo de "promover el proceso de integración política, social y económica de América del Sur, incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y el desarrollo de las regiones aisladas de los subsistemas. IIRSA cuenta una cartera 524 proyectos de infraestructura en las áreas de transporte, energía y las comunicaciones, que se agrupan en 47 grupos de proyectos que representan una inversión estimada de dólares EE.UU. 96,119.2 millones de dólares. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) es también un actor regional clave en la movilización de recursos para los proyectos patrocinados por la IIRSA, tanto en territorio brasileño como también en países vecinos.

El Complejo Hidroeléctrico rio Madeira es uno de los proyectos más emblemáticos y la principal iniciativa hidroeléctrica del IIRSA. Una vez terminado, contará con cuatro represas interconectadas y será el de mayor tamaño de la cuenca del Amazonas. El BNDES provee parte del financiamiento para su construcción. Dos de las represas estarán emplazadas en Brasil mientras que una de ellas estará en territorio boliviano y la última en un río que demarca la frontera internacional entre Bolivia y Brasil.

Además, Brasil y Perú procuran la construcción de un mega-complejo hidroeléctrico en la Amazonía peruana financiado por Brasil. El objetivo de esta iniciativa es para generar electricidad en Perú para ser transportada sobre a Brasil para satisfacer su creciente demanda de energía. Para ello, ambos gobiernos negociaron un Acuerdo Energético que establece que Perú se compromete a exportar el 70% de la energía que produzcan sus centrales hidroeléctricas a Brasil durante un plazo de 50 años. Su construcción tendrá un costo de 4.000 millones de dólares e incluye también una línea de 357 kilómetros para tener la electricidad a la frontera brasileña. Una vez terminada la construcción del complejo, este será el mayor proyecto de energía hidroeléctrica en Perú y el quinto más grande en América Latina. Este proyecto y acuerdo energético ha sido objeto de grande críticas en Perú. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Alan García y de Ignácio Lula da Silva en 2010, pero actualmente está pendiente la ratificación del congreso peruano.

El acuerdo y proyecto ha sido objeto de serios cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales de estas obras. En octubre de 2011 la principal concesionaria de este proyecto, la brasileña Odebrecht, decidió retirarse de la construcción de dos des las represas proyectadas como consecuencia de la oposición que este mega-proyecto genera en las poblaciones locales, sobre todo de pueblos originarios. El interés del gobierno brasileño por asegurar un acuerdo que le permita proveerse de energía a costos rentables se mantiene. Seguramente veremos nuevos intentos por reflotar el debate sobre este acuerdo, tal vez tomando en consideración las más recientes resistencias sociales que se han manifestado en repudio al mismo. Evidencia de ello es el proceso de revisión que emprenden los ocho países amazónicos de los mecanismos nacionales de consulta a grupos étnicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica.

En la medida que avanzan las iniciativas de integración sudamericana se pone en evidencia la ausencia de consensos sobre ciertas áreas sensibles como es el caso de los recursos naturales. Muchos cuestionamientos comienzan a aflorar en el debate regional, como las tensiones entre visiones productivistas del desarrollo y de ecología política en las que se propician formas de desarrollo sustentable, vinculadas a los derechos humanos, la armonía ambiental y formas de producción y consumo más inclusivas. Asimismo, se manifiesta la necesidad de nuevos mecanismos de toma de decisión en materia de recursos naturales, no sólo a nivel nacional sino especialmente en lo relacionado a proyectos regionales que involucran acuerdos entre estados e instrumentos de financiamiento regionales. Es fundamental abordar en profundidad las nuevas asimetrías que genera este tipo de integración, no solo entre economías de mayor y menor tamaño, perfiles productivos especializados como industriales y proveerdores de materias primas, sino también en la necesidad de formular marcos regionales regulatorios y de políticas específicamente sobre recursos naturales (coordinación fiscales, normas de protección ambiental, derecho a de consulta a las poblaciones, eficiencia energética, entre otras).

En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía.

Nota: Las ideas que aquí se exponen están desarrolladas en un artículo recientemente publicado como: Saguier, Marcelo (2012) ‘Socio-environmental regionalism in South America: tensions in the new development models’, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America, Pia Riggirozzi and Diana Tussie, eds., Series United Nations University Series on Regionalism, Springer.


- Dr. Marcelo Saguier es profesor de estudios internacionales e investigador CONICET/FLACSO
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Grecia afuera, Italia y España con rescate
El presente de Europa es oscuro y los augurios son peores. En un plazo máximo de 18 meses, Grecia abandonará el euro y España e Italia pedirán un rescate financiero, pronosticó ayer el banco Citi, mientras Atenas anunciaba un nuevo ajuste, que afectará sobre todo a los jubilados, para satisfacer las demandas de organismos internacionales de crédito. En un informe difundido por mail, el banco norteamericano sostuvo que existe un 90 por ciento de posibilidades de que Grecia se desprenda de la moneda única, medida que, seguramente, empujaría al país heleno a caer inevitablemente en cesación de pagos. El Citi agregó que, junto con la crisis griega, se esperaba que tanto España como Italia terminarán pidiendo formalmente un rescate financiero a la Unión Europea (UE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar las deudas que mantienen con la banca europea.


“Durante los próximos años, el final del juego para la Zona Euro probablemente sea una mezcla de salida de la Unión Económica y Monetaria Europea (por parte de Grecia), una cantidad significativa de deuda soberana y reestructuración de deuda bancaria (Portugal, Irlanda y, eventualmente, tal vez Italia, España y Chipre), con sólo una carga fiscal limitada compartida”, indicó el banco. “Seguimos pesimistas sobre la crisis del euro”, subrayó en su informe. El Citi explicó que la ruptura de Atenas con el euro sería la mayor expresión de la debilidad económica que se registra en la Eurozona, sobre todo en su área periférica. Mientras los pronósticos del Citi daban la vuelta al mundo, el banco español Santander, número uno en la Zona Euro por capitalización, anunciaba haber sacrificado su beneficio neto en el segundo trimestre –que cayó un 92,8 por ciento, a 100 millones de euros– para generar las importantes reservas exigidas por el gobierno español.


La cifra es muy inferior a las expectativas del mercado, que anticipaba beneficios de 1404 millones de euros (unos 1702 millones de dólares), según estimaciones de seis analistas interrogados por la agencia Dow Jones Newswires. Su producto neto bancario registró un alza de 6,3 por ciento, a 7678 millones de euros (unos 9313 millones de dólares). En el primer semestre, el beneficio cayó un 51 por ciento, a 1704 millones de euros, para un producto neto bancario de 15.499 millones de euros (+8,4 por ciento). Sin tener en cuenta las reservas creadas, el beneficio hubiese sido de 12.503 millones de euros, un aumento de 6 por ciento, indicó Santander en un comunicado.


El banco explicó que había hecho provisiones por 6504 millones de euros para afrontar los riesgos de insolvencia y 2780 millones para cubrir el riesgo inmobiliario en España. La Bolsa de Madrid recibió positivamente estos datos y la acción de Santander subía 4,15 por ciento a 4,244 euros, en un mercado en ligera alza (+1,44 por ciento). Las autoridades españolas obligaron a los bancos del país a crear reservas por 80.000 millones de euros en 2012 para sanear sus cuentas de activos inmobiliarios tóxicos. Santander dijo haber cumplido con más del 70 por ciento de su programa de provisiones (de un total de 8800 millones de euros) en el marco de la nueva normativa del gobierno.


Los bancos españoles quedaron muy expuestos a la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008, lo que empujó al Eurogrupo a acordar una ayuda financiera al sector que podría alcanzar 100.000 millones de euros. Santander aseguró sin embargo que no necesita esa ayuda europea. El banco continúa reforzando su capital para hacer frente a la crisis, particularmente virulenta con España: a fines de junio, su nivel de capital principal (también conocido como core capital, recursos que los bancos tienen siempre disponibles para poder hacer frente a los imprevistos) alcanzó el 10,10 por ciento, frente al 9,20 por ciento de hace un año.


Pero su tasa de morosidad (hipotecas que probablemente no serán devueltas) siguió subiendo hasta un 4,11 por ciento frente al 3,78 por ciento del año precedente. En Latinoamérica, Santander sigue creciendo, aunque su beneficio neto semestral en la región bajó un 8,8 por ciento hasta alcanzar los 2240 millones de euros debido a la ventas de activos. Ahora la región representa el 50 por ciento de su beneficio (26 por ciento en Brasil), frente al 44 por ciento de hace un año. En Europa continental, el beneficio neto del banco bajó un 23,3 por ciento, a 1211 millones de euros, mientras que en el Reino Unido se disparó al alza (48,6 por ciento, a 566 millones de euros).

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Jueves, 26 Julio 2012 06:52

La crisis avanza en la zona euro

La crisis avanza en la zona euro
Berlín, 25 de julio. La zona euro enfrenta un desastre económico, de proporciones incalculables, a menos que sus países financieramente fuertes y su banco central asuman una mayor parte de la carga de deuda de la región, dijeron importantes economistas, mientras el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, advirtió que la crisis europea representa “el mayor riesgo para la economía” de ese país.


“Europa va sonámbula hacia un desastre de proporciones incalculables. La sensación de una crisis sin fin, con un dominó cayendo tras otro, debe revertirse”, escribió el estadunidense Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico (INET).


Los economistas demandaron más esfuerzos de los gobiernos para evitar el colapso económico en Europa. Urgieron a todos los países de la Unión Europea a asumir de forma conjunta y con mayor contundencia la lucha contra la crisis.


Los 17 economistas que elaboraron el reporte, entre ellos Lars Feld y Peter Bofinger del panel de “sabios” que asesora a Berlín en política económica, recomendaron medidas urgentes a corto plazo. Indicaron que las autoridades deben combatir dos problemas por separado: lidiar con los costos legados del “diseño defectuoso” de la zona euro y arreglar la estructura del bloque.


Entre sus recomendaciones, los economistas llamaron a una mutualización temprana y parcial de la deuda de la región, idea que rechaza Alemania, el mayor contribuyente de la zona, y a la eventual creación de un organismo supervisor financiero con autoridad sobre los reguladores nacionales.


Exhortaron al Banco Central Europeo (BCE) a convertirse en un prestamista de último recurso a largo plazo para países que cumplan con metas presupuestarias o permitir que el fondo de rescate MEDE tenga un papel y darle licencia bancaria. También consideraron imprescindible un mecanismo para permitir la salida del espacio monetario de países que no cumplan los requisitos del pacto fiscal.


Medidas adicionales para compartir la carga podrían encontrar fuerte resistencia en Berlín, el mayor contribuyente a los programas de rescate de la zona euro y que enfrenta otro fuerte golpe si Atenas no honra sus deudas.


Por su parte, el secretario del Tesoro estadunidense, Timothy Geithner, afirmó que la crisis europea representa el mayor riesgo para la primera economía mundial. “La recesión económica en Europa está perjudicando el crecimiento económico en todo el mundo, y el actual estrés financiero causa un endurecimiento generalizado de las condiciones financieras, exacerbando la desaceleración global”, sostuvo Geithner en su declaración a un comité del Congreso.


En los últimos dos años las instituciones financieras en Estados Unidos “redujeron significativamente” su exposición a las economías más vulnerables de Europa, según Geithner.


Reuters y Dpa



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Miércoles, 25 Julio 2012 06:31

“La mano dura agrava el delito”

“La mano dura agrava el delito”
Las políticas de “mano dura” aplicadas en algunos países de América latina, en lugar de aportar soluciones “agravaron la violencia” porque para poder aplicar esos planes “se restó apoyo a las medidas de prevención del delito”, expresaron en forma coincidente dos informes presentados por la ONU y la OEA en Tegucigalpa, Honduras. “La falta de una adecuada respuesta del Estado ante la violencia y el delito en ocasiones ha conducido a (...) la estigmatización de personas o grupos”, favoreciendo “la aparición de grupos de ‘limpieza social’, como ‘escuadrones de la muerte’ o grupos parapoliciales y paramilitares”, dijo la ONU en un documento titulado “Seguridad ciudadana y derechos humanos”. En ese marco de violencia institucional, en América latina y el Caribe “siete de cada diez víctimas de homicidio son jóvenes”, dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su documento “Justicia Juvenil y DD.HH.”.


En el encuentro se puso de manifiesto que en los últimos años, para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado –sobre todo el narcotráfico–, se aplicaron “políticas represivas”, como la baja de la edad de punibilidad o la militarización de las grandes ciudades.


La paraguaya Rosa María Ortiz, relatora sobre derechos de la niñez de la CIDH, lamentó que países de América latina, en especial los del triángulo norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) hayan registrado “los índices de criminalidad más altos en el mundo”. Según datos incluidos en los informes, mientras la media mundial es de unos ocho asesinatos por cada 100.000 habitantes, en algunos países de América latina las tasas promedio oscilan entre 20 y 30 por cada 100.000.


El asesor de DD.HH. de la ONU en Honduras, Antonio Maldonado, comentó que las medidas de “mano dura” no llevaron a la reducción de la criminalidad, sino al “agravamiento de los problemas”, por el aumento de la intolerancia y “la limitación de libertades”. Por esas razones, los informes señalaron “la necesidad urgente de priorizar la prevención de la criminalidad y la violencia sobre aquellas políticas de exclusiva represión”.


Según Ortiz, la violencia en América latina “puede y debe ser revertida comenzando por asegurar los estándares de protección que requieren aquellas personas en especial situación de vulnerabilidad ante la violencia y el delito, como son los niños y adolescentes”. Además del costo en vidas humanas, la violencia impacta significativamente sobre la economía, al punto que se ha estimado que el gasto de la aplicación de políticas represivas fluctúa entre el 2 y el 15 por ciento del PBI.


Ortiz resaltó que un “ejemplo palpable” de violencia y desigualdad es que “la población joven” en la región “muere en cantidad de 40 por cada 100.000, cuando la tasa mundial es de ocho por cada 100.000 habitantes”. Agregó que a pesar del avance que significó la Convención sobre los Derechos del Niño, “hay muchas debilidades (...) por la distancia entre el discurso normativo y la realidad que enfrentan los niños”.


Los informes denuncian que la policía “trata a menudo de forma discriminatoria a la infancia y adolescencia”, arrestando de manera selectiva “a quienes son más pobres, pertenecen a minorías, o a quienes por su apariencia son considerados miembros de ciertos grupos” asociados al delito. Recomiendan a los Estados miembros de la CIDH disponer medidas administrativas o legislativas para garantizar la seguridad de los niños y jóvenes que “no son responsables de la violencia que algunos sectores pretenden atribuirles, sino que más bien son víctimas”.

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Lecciones de historia: la política de austeridad en Europa
El mundo está ya en lo que deberíamos ir llamando la Segunda Gran Depresión. Mientras Estados Unidos entra de lleno en una nueva recesión, la crisis en Europa va de mal en peor. La economía china pierde velocidad y los mal llamados mercados emergentes comenzarán a sufrir las consecuencias de la crisis dentro de pocos meses.


La política de austeridad que hoy se aplica en Europa está hundiendo el continente en una profunda recesión. En un escenario tan sombrío es bueno echar un vistazo a las lecciones de la historia. Después de todo, no es la primera vez que se recurre a los dogmas de corte ortodoxo para buscar la salida en una crisis. En lo que sigue, los lectores pueden apreciar los paralelismos con la crisis actual y la política de austeridad en Grecia, España, Italia y Portugal.


Una referencia pertinente es el libro de Peter Temin, historiador de la economía y del cambio técnico. En su libro Lecciones de la Gran Depresión Temin examina la evolución de los gobiernos de la alemana República de Weimar (1919-1933) y sus esfuerzos por enderezar una economía devastada por la guerra y los altos costos de las reparaciones impuestas por los aliados en el Tratado de Versalles. Tal y como había anunciado Keynes, las reparaciones impuestas sobre Alemania resultaron ser impagables. En 1921 Francia y Bélgica enviaron 70 mil tropas para ocupar el valle del Ruhr en represalia por la falta de pago y los efectos fueron desastrosos. En reacción, el gobierno alemán hizo un llamado a una huelga general. La resistencia fue sofocada con lujo de violencia por las tropas francesas.


La economía se colapsó. La producción se redujo drásticamente y el desempleo se disparó (a más de 23 por ciento). La recaudación se desplomó y el gobierno recurrió a financiar su déficit a través de la monetización. Estaban dadas todas las condiciones para el episodio de hiperinflación que dejó una profunda cicatriz en las percepciones del pueblo alemán.


Para 1923 era evidente que la economía alemana estaba a punto de explotar. Estados Unidos e Inglaterra presionaron para aliviar la situación. En 1924 el famoso comité Dawes presentó sus recomendaciones para retirar las tropas francesas del Ruhr, recalendarizar el pago de reparaciones y restructurar el banco central. El objetivo era dar un respiro a la economía alemana para que pudiera recuperar un ritmo de crecimiento aceptable. La prosperidad (algo artificial) de los años veinte le brindaba a Estados Unidos suficiente margen de maniobra para intervenir en la reconstrucción de la economía alemana: Washington comprometió una cantidad importante de recursos para invertir en la economía alemana.


Todo esto implicaba que cualquier descalabro en Estados Unidos significaría el colapso de la economía de la república de Weimar. Por otra parte, las recomendaciones del comité Dawes eran de corto plazo y la carga de las reparaciones siguió siendo un gravamen muy pesado. En 1929, poco antes del colapso en Wall Street, se estableció otro mecanismo para aligerar el peso de las reparaciones. El resultado fue el llamado plan Young, anunciado en 1930. Pero ya era demasiado tarde pues era claro que Estados Unidos ya no podría proporcionar el oxígeno que necesitaba la maltrecha economía de Weimar y Alemania nunca podría pagar las reparaciones.


Las autoridades en Berlín se manejaban dentro del marco de referencia de las finanzas ortodoxas y del sistema de pagos internacionales que imponía el patrón oro. Tuvieron que responder a las restricciones que este entorno internacional imponía con una fuerte depresión interna. Hjalmar Schacht, presidente del Reichsbank y su sucesor, Hans Luther, aplicaron políticas restrictivas y mantuvieron la tasa de descuento muy por arriba de las tasas de Londres y Nueva York con el fin de reducir la pérdida de oro. Las autoridades fiscales fueron aún más agresivas en su afán deflacionario: desde principios de 1930 el canciller Heinrich Brüning mantuvo recortes fiscales brutales y una política deflacionaria (reducciones salariales y de la ayuda por desempleo) para restablecer un “equilibrio” en el contexto del patrón oro.


En vista de que Alemania tenía que pagar sus cuentas externas con poder de compra equivalente al patrón oro, el ajuste debía pasar por la deflación en el plano interno hasta alcanzar ese objetivo. Las políticas deflacionarias y el revanchismo cristalizado en las reparaciones de guerra acabaron por hacer añicos la república de Weimar. Entre 1929 y 1932 el partido nacional socialista pasó de 12 a 107 diputados.


Los dogmas de la ortodoxia en materia financiera y fiscal carecen de sentido económico. Se apoyan en algunas ideas que suenan lógicas pero que son falsas. Y cuando se les traduce en política macroeconómica, el resultado es un desastre: no sólo son capaces de hundir una economía en la depresión más profunda, sino que conducen a destruir el tejido social y a un paisaje de violencia desoladora. En México y en Europa las lecciones de la historia no deben olvidarse.

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